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LOS RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO

Alejandra Córdoba Vázquez César Mateo Torres Gutiérrez

México D.F., 2014


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Índice Capítulo 1

LOS RECURSOS 1.1. Nociones generales de los recursos................................................... 9 1.2. Noticia histórica de los recursos en el juicio de amparo................... 11 1.2.1. Ley de Amparo de 1882........................................................ 11 1.2.2. Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908............... 12 1.2.3. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de 18 de octubre de 1919................ 13 1.3. Los recursos previstos en la Ley de Amparo abrogada (creada en 1936) y en la vigente a partir del 3 de abril de 2013......................... 14 1.4. Distinción entre el amparo uni-instancial y bi-instancial.................. 17

Capítulo 2

EL RECURSO DE REVISIÓN 2.1. Supuestos de procedencia................................................................. 19 2.2. Sustanciación del recurso de revisión................................................ 36 2.2.1. Capacidad para interponer el recurso de revisión.................. 36 2.2.2. Órganos competentes para conocer del recurso de revisión... 45 2.2.3. Escrito de agravios................................................................ 49 2.2.4. Plazo para interponer el recurso de revisión y ante quién debe presentarse............................................................................ 50 2.2.5. Remisión de los autos y del recurso...................................... 51 2.3. Revisión adhesiva............................................................................. 51

Capítulo 3

EL RECURSO DE QUEJA 3.1. Supuestos de procedencia................................................................. 58 3.2. Sustanciación del recurso de queja................................................... 75 3.2.1. Competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer del recurso de queja.................................................................... 75 3.2.2. Capacidad y plazos para interponer el recurso de queja........ 81 3.2.3. Tramitación del recurso de queja.......................................... 87 3.3. Sanciones......................................................................................... 89


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Índice

Capítulo 4

EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 4.1. Procedencia del recurso de reclamación............................................ 90 4.2. Sustanciación del recurso de reclamación (artículo 103 de la Ley de Amparo abrogada y 104 de la Ley de Amparo vigente).................... 90 4.3. Sanciones......................................................................................... 93 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 95


Capítulo 1

LOS RECURSOS 1.1. NOCIONES GENERALES DE LOS RECURSOS El justiciable tiene derecho a recurrir las determinaciones que el juzgador emite dentro del procedimiento y ello lo logra a través de los recursos; pero ¿qué son los recursos? Éstos son, genéricamente hablando, medios de impugnación de los actos procesales. Así una vez realizado el acto, la parte agraviada por éste tiene, dentro de los límites que la ley confiera, poderes de impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual modificación (Couture, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. 2005. 277). En su concepción clásica, el recurso es el medio por el que la misma jurisdicción u otra de esa naturaleza, aunque de grado superior, revisa una providencia y la confirma, modifica o revoca. En el recurso no se inicia una contienda entre la parte inconforme y la autoridad que dictó la providencia; mediante la interposición de éste, el superior jerárquico de aquélla se avoca al conocimiento de la controversia iniciada entre los particulares y la resuelve lisa y llanamente (León Orantes, Romeo. El juicio de amparo. 1941. 28). En la obra Nociones generales de derecho procesal civil, se establece que el recurso se trata de un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso a cualquier título, como partes iniciales o intervinientes, sean principales o secundarios, permanentes o incidentales y transitorios. Su finalidad es obtener la revisión de las providencias judiciales, para que se corrijan los errores que en ellas se hayan cometido y que perjudican al recurrente, dentro de los límites que la ley fija según la clase de recurso, según la persona que lo interpone y el juez que lo resuelve (Devis Echandía, Hernando. 2009. 783 y 784). El recurso es entendido también como el medio que la ley concede a las partes para obtener, mediante la impugnación de una resolución judicial, que ésta sea modificada sin efecto.


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Tal medio tiene las características siguientes (Noriega, Alfonso. Lecciones de Amparo. 1975. 868): 1. Son instancia de parte, esto es, que únicamente las partes pueden interponerlos. 2. Pertenecen a la categoría de las pretensiones en general y su objeto es reformar mediante ellos una resolución judicial. 3. La reforma consiste en cambiar la materia de la resolución, sustituyendo a ésta por otra diversa que se ajuste a la ley. 4. Los recursos no tienen por objeto declarar la nulidad de la resolución, sino reformarla. 5. Han de deducirse los recursos en el mismo proceso, para que tengan el carácter de verdaderos recursos. Precisado lo anterior, se puede considerar que existen ciertos elementos que sirven de base para el estudio de los recursos en el juicio de amparo, las cuales son: a. Los recursos tienen por objeto una resolución judicial. b. El recurso es un acto procesal, de acuerdo a su naturaleza. c. Las partes en el proceso son las únicas que pueden hacer uso de los recursos, o los terceros que se encuentren debidamente legitimados para ello. d. Sólo pueden hacer uso de los recursos las partes o quien se encuentre legitimado para ellos. e. La ley exige como requisitos esenciales que los recursos se interpongan dentro del plazo que la misma determina específicamente, el cual es siempre perentorio; así como que tenga una expresa y específica fundamentación en la que se consignen los agravios que cause a quien hace valer esta forma de impugnación, la resolución judicial de que se trate. Así, como se dice en el libro Curso de amparo, se tiene que los recursos en el juicio de amparo son medios de impugnación que la Ley de Amparo concede a quienes tienen interés legítimamente reconocido en el proceso de amparo (partes o extraños), para impugnar los autos y las sentencias, interlocutorias o definitivas, que le sean desfavorables, ante el órgano que en cada caso lo determine la ley (generalmente el superior jerárquico del que emitió la resolución), mediante la


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sustanciación de una nueva instancia, cuya tramitación responde a la necesidad de que se examinen nuevamente los fundamentos del auto o sentencia combatido (Hernández, Octavio A. 1983. 314).

1.2. NOTICIA HISTÓRICA DE LOS RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO 1.2.1. Ley de Amparo de 1882 En esta ley se tiene la primera noticia de la aparición de los recursos, ya que se prevén el recurso de revisión y el recurso de queja.

Recurso de revisión En relación al recurso de revisión, tal legislación disponía, en su artículo 33, que una vez dictada la sentencia de amparo y notificada ésta a las partes, el juez de distrito remitiría los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la revisión de la sentencia. Esto es, tal recurso operaba por ministerio de ley, de manera obligatoria y automática. Incluso, fue la primera legislación que determinó la forma de tramitación de dicho recurso y la extensión de éste, como facultad de la Corte. En cuanto a la tramitación del recurso, la ley determinó que una vez recibidos los autos, la SCJN examinaría el asunto en acuerdo del Pleno, sin nueva sustanciación ni citación, cuya resolución sería emitida en un plazo de 15 días, contados desde la vista. El recurso de revisión se hizo extensivo a las resoluciones dictadas en materia de suspensión del acto reclamado (ya sea que se hubiera concedido o negado). Quienes podían interponerlo eran el quejoso, el promotor fiscal (artículo 17). Tal ley previó que el recurso de revisión sería procedente en contra de los autos de sobreseimiento.

Recurso de queja Tal recurso era procedente cuando el quejoso o el promotor fiscal o la autoridad ejecutante estimaran que el juez de distrito, por exceso o defecto, no cumplió con la ejecutoria de la Suprema Corte (artículo 52).


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Se determina también el trámite del recurso, al exponer que con el informe justificado del juez de distrito, la Corte podía confirmar o revocar la providencia respectiva, procurando no alterar los términos de la ejecutoria.

1.2.2. Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 El legislador reunió en este cuerpo normativo toda la jurisprudencia elaborada por la Suprema Corte hasta principios del siglo XX. Establece a la autoridad responsable como parte. En tales circunstancias, la legislación del amparo, le impone a esta parte, el deber de rendir su “informe justificado”, a manera de contestación de demanda. Hecho que da nacimiento a una verdadera contienda jurídicoprocesal en la institución del amparo. Tarea que le venía correspondiendo al “promotor fiscal”, órgano dependiente de la “secretaría de justicia” de aquéllos tiempos. (Padilla, José R. Sinopsis de Amparo. 2013, 107-108). En dicha legislación se mantuvo el recurso de revisión contra las resoluciones del juez de distrito que concedieran, negaran o revocaran la suspensión, previéndose por primera vez el trámite por cuerda separada del incidente respectivo y era la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resolvía si confirmaba, revocaba o reformaba la determinación del juez federal. Se conservó también la revisión oficiosa de las sentencias de primera instancia, para lo cual se remitía el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez notificada la sentencia o el auto de sobreseimiento, incluso se advierte que ese Alto Tribunal podía mandar practicar las diligencias que estimara necesarias; además la revisión se extendió a todos los procedimientos del inferior, pues tal recurso lo conocía con plenitud de jurisdicción. En relación al recurso de queja, su procedencia se conservó para los casos de exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo dictada por un juez de distrito, cuyo conocimiento correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el derecho del tercero perjudicado para interponer tal recurso por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia, cuyo conocimiento correspondía al juez de distrito, cuando se tratara de la autoridad responsable.


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Esto es, en el primer supuesto se trataba de exceso o defecto en la ejecución por parte del juez de distrito y en el otro supuesto de exceso o defecto en la ejecución por parte de la autoridad responsable. Un dato importante y esencial que trascendió en materia de recursos en el juicio de amparo fue que, en términos del artículo 684 del código referido se determinó de una manera tajante que los autos pronunciados en los juicios de amparo no admiten más recursos que los que esa ley expresamente concede, salvo en los casos en que se tratara de actos de naturaleza trascendental y grave, se podía pedir el informe con justificación por parte del juez y revisar dicho acto, es decir, constituyó un caso general de revisión a juicio de la Suprema Corte.

1.2.3. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de 18 de octubre de 1919 Por lo que se refiere al recurso de revisión, esta ley reglamentó la procedencia de dicho medio de impugnación contra los autos de improcedencia, sobreseimiento y suspensión dictados por los jueces de distrito, a instancia de cualquiera de las partes, cuyo expediente era remitido a la Suprema Corte de Justicia. Lo trascendental sobre el recurso de revisión que previó dicha ley fue que se determinó que si el sobreseimiento fue dictado por el juez de distrito en la audiencia de ley, después de que las partes hubieran podido rendir sus pruebas y alegatos, la Suprema Corte, en caso de que revocara el sobreseimiento, entraría al fondo y resolvería lo que correspondiera, ya sea concediendo o negando el amparo. Esto es, por primera vez se da la facultad a la Suprema Corte jurisdicción y competencia para resolver sobre el fondo de las violaciones constitucionales alegadas en el juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió a un juez de distrito. Otra innovación en materia de suspensión fue que el recurso de revisión lo podía interponer el Agente del Ministerio Público cuando la resolución perjudicara los intereses de la sociedad y del fisco. Además, por primera vez se determinó que quien interpusiera el recurso de revisión debía de formular en su escrito respectivo, con la separación debida, los agravios que el recurrente estimara le causaba


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la sentencia. Es decir, anteriormente la revisión de las resoluciones emitidas por el juez de distrito oficiosamente eran revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que las partes eran quienes lo interponían, pero no se disponía la obligación a aquéllas de expresar agravios y es a partir de esta ley en donde ya se decreta esa carga procesal de expresarlos (lo que continua rigiendo hasta nuestro días, a través de las demás legislaciones en materia de amparo que le precedieron a la ley que se comenta en este punto). Por lo que se refiere al recurso de queja se conserva su procedencia contra actos del juez de distrito por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Su conocimiento correspondía a la Suprema Corte, quien confirmaría o revocaría la providencia, quien debía de abstenerse de alterar los términos de la ejecutoria. En la ley referida se especificó la procedencia de tal recurso contra la autoridad responsable en los amparos de que conociera la Corte en única instancia. En dicha ley se previó el recurso de súplica, cuya procedencia era contra las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los tribunales federales o locales con motivo de las controversias sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales, como alternativa al juicio de amparo directo, que podía conocer la Suprema Corte de Justicia, quien tenía facultades amplias para nulificar el procedimiento y mandarlo reponer, cando se hubiera cometido una violación sustancial del mismo y para confirmar, revocar o modificar la sentencia de segunda instancias. Cuando el tribunal de segunda instancia desechara tal recurso, el recurrente podía solicitar la revisión del asunto, el cual se sustanciaba como el trámite del recurso de revisión interpuesto en contra de los autos de suspensión en el juicio de amparo.

1.3. LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA (CREADA EN 1936) Y EN LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 En la Ley de Amparo de 1936, sobre la materia de los recursos se determina que en el juicio de amparo, los únicos recursos procedentes son la revisión, la queja y la reclamación.


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En relación al recurso de revisión, lo que se pretende con tal medio de impugnación es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise los actos y procedimientos de los jueces de distrito, en una segunda instancia, esto es, un recurso a través del cual el juez de distrito devuelva a la Suprema Corte la jurisdicción que tuvo al dictar la resolución respectiva; pero únicamente en la medida en que el recurrente perjudicado por la sentencia, pretende que el organismo supremo la confirme, modifique o revoque. Es decir, la materia de la revisión es la resolución recurrida, vista y examinada a través de los agravios y su objeto consiste en la revocación o modificación de la resolución impugnada, o en su caso la confirmación de la sentencia ante la falta de agravios o su improcedencia. De ahí que no se trate de un juicio nuevo, sino únicamente de una revisión, de un examen de la sentencia dictada por el juez federal, para corregir los posibles errores que el recurrente alegue a través de sus agravios. Por su parte, el recurso de queja se trata de una verdadera queja, esto es, de una reclamación u oposición en contra del juez de distrito por la forma en que éste ejecuta una sentencia; es decir, se reclama ante el tribunal superior el error o la negligencia en que incurre el órgano ejecutor de la sentencia de amparo. Así, a través de la queja se reclama una conducta indebida de la autoridad, por lo que no implica una solicitud de que se revoque o modifique la resolución recurrida, sino que se revise si en la actuación del juez al ejecutar la sentencia existió defecto o exceso en tal actuar. El recurso de reclamación se crea en la Ley de Amparo de 1936, con la finalidad de combatir los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte, los Presidentes de la Salas y los Presidentes de los Tribunales Colegiados. En la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, igualmente prevé como recursos a la revisión, la queja y la reclamación. Lo novedoso en esta ley es que algunos de los supuestos contemplados para la procedencia del recurso de queja, principalmente sobre el tema del exceso o defecto en el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, tanto en el juicio de amparo indirecto y del directo desaparecen, para crear el recurso de inconformidad en contra de tales actos. Además, algunos supuestos que se consideraban como procedentes


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para la revisión, actualmente son materia de la queja, como es el desechamiento de las demanda de amparo indirecto. Ahora bien, cabe precisar que los recursos previstos en la Ley de Amparo cumplen con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, cumplen con los requisitos de ser un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues tales medios de impugnación tienen como finalidad que, por ejemplo, se revisen las sentencias que dictan los jueces de distrito, determinar si las sentencias emitidas por las autoridades responsables en cumplimiento a las ejecutorias de amparo no incurren en un exceso o defecto, revisar los acuerdos de trámite dictados por los Presidentes de la Suprema Corte, de las Salas y de los Tribunales Colegiados, entre otros supuestos; pero el hecho de que tales recursos prevean ciertas formalidades para su tramitación y resolución no implica que tal situación no haga efectivos los recursos, pues el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, tal como se señala en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en diciembre de 2012 misma que dispone: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha


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incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. IUS 2002286, 1, S.J.F. 525 (Diciembre de 2012, Tesis Aislada).

1.4. DISTINCIÓN ENTRE EL AMPARO UNI-INSTANCIAL Y BI-INSTANCIAL De acuerdo al jurista mexicano Ruiz Torres, el amparo indirecto tiene dos instancias bien diferenciadas: la primera que básicamente consta de la demanda, contestación de la demanda, etapa probatoria, alegatos, y sentencia; en tanto que la segunda es una etapa de revisión de la sentencia dictada en primer grado. En ese sentido, es que podemos considerar al amparo indirecto como “bi-instancial”. Ahora bien, por lo que respecta al amparo directo suele constar de una sola instancia en la que se analiza la legalidad (a la luz del texto constitucional) de la resolución que pone fin al juicio o de la sentencia emitida por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Es lo que se conoce como amparo “uni-instancial”; no obstante, en algunos


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supuestos puede tener también una segunda instancia, limitada a que el litigio verse sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un artículo de la Constitución. (Ruíz Torres, Humberto Enrique. Curso general de Amparo. 2012, 81).


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EL RECURSO DE REVISIÓN Tal recurso es el de mayor trascendencia en el juicio de amparo, porque lo que se pretende es abrir la segunda instancia en el juicio de amparo indirecto y, excepcionalmente, en el de amparo directo, en el que se reclaman algunas de las resoluciones estimadas como importantes, tales como las sentencias definitivas dictadas por los jueces federales y los tribunales unitarios de circuito.

2.1. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA Tanto en la Ley de Amparo abrogada (de 1936)1 como en la ley vigente a partir del 3 de abril de 2013 está prevista la procedencia del recurso de revisión, en los supuestos siguientes: Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente; c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos; d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.

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Artículo 83, fracción I. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo. Fracción II. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva. b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva. c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior.


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II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.

Tales resoluciones se refieren solamente a las emitidas por los jueces de distrito o por el superior del tribunal responsable en materia de suspensión; ello en razón, a que los autos de desechamiento o de no interposición de la demanda de amparo indirecto afectan directamente la acción de amparo, al imposibilitar al quejoso a que continúe actuando en el proceso. Las causas por las que se da el desechamiento —y que es precisamente la materia de la revisión— es por la actualización de un motivo manifiesto de improcedencia, en términos del artículo 73 y 145 de la Ley de Amparo abrogada, o porque no se llenaron los requisitos exigidos por el artículo 116 de dicho ordenamiento legal, o no se suplieron o aclararon las faltas o lagunas, en conformidad con el numeral 146 de la ley referida. Como podemos observar, en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013 ya no se prevé el supuesto del desechamiento de la demanda de amparo como un motivo de procedencia para el recurso de revisión, sino que actualmente se encuentra regulado como procedencia del recurso de queja, como se verá más adelante. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los criterios siguientes, en virtud de los cuales se precisa la procedencia de los recursos de revisión y de queja en los casos de libertad caucional, aceptación de la fianza así como del auto de suspensión y la improcedencia de ésta última: LIBERTAD CAUCIONAL, QUEJA IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE LA. Si el Juez de Distrito en la interlocutoria sobre suspensión, concedió al agraviado la definitiva de los actos reclamados, y en un punto resolutivo le negó su libertad caucional, como conforme al artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo, es procedente el recurso de revisión contra las resoluciones de los Jueces de Distrito en las que conceden la


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suspensión, debió el recurrente interponer el recurso de revisión, y no de queja, en contra de dicho punto resolutivo pues no sería jurídico que contra la misma resolución procedieran dos recursos, el de revisión, en la parte por la que se concedió la suspensión, y el de queja, contra la parte por la que se negó la libertad caucional. IUS 304373, LXXXVII, S.J.F., 165 (Quinta Época, Tesis Aislada). QUEJA, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE, CONTRA LA ACEPTACIÓN DE LA FIANZA. Si la suspensión se concedió con el requisito de que los quejosos otorgaran fianza para responder del daño y de los perjuicios que con esa medida pudieran ocasionarse a los terceros perjudicados, el hecho de que se haya aceptado extemporáneamente el otorgamiento de esa garantía, de ninguna manera implica la modificación del acuerdo primitivo; en esa virtud, es indudable que la improcedencia del recurso de revisión es manifiesta, porque el artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo establece, si no se trata de la interposición de ese recurso contra las resoluciones de una Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión definitiva, o en que modifiquen o revoquen el auto en que la hayan concedido o negado, y en las que se niegue la revocación solicitada. Si en el caso no se ha alterado para nada el acuerdo en que se concedió la suspensión con fianza, y lo único que se reclama, es que se reciba esa fianza fuera del término de cinco días que la ley fija al quejoso para otorgarla, la resolución que la acepte con cualquiera irregularidad y que se dice posteriormente, no es materia de revisión sino de queja, según lo ha fijado la jurisprudencia de esta Corte. IUS 348252, LXXXVII, S.J.F., 1137 (Quinta Época, Tesis Aislada). REVISIÓN CONTRA EL AUTO DE SUSPENSIÓN. De acuerdo con el artículo 83, fracción II de la Ley de Amparo, la revisión sólo procede contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión definitiva o que modifiquen o revoquen el auto en que la hayan concedido o negado, así como las en que se niegue la revocación solicitada, pero esto no quiere decir que cualquiera revocación que se solicite del auto en que se conceda o niegue una suspensión, amerite la procedencia de la revisión, pues coordinado el precepto citado con los artículos 133 y 140 de la Ley de Amparo, sólo en los casos a que dichos preceptos se refieren, permite la ley a los Jueces de Distrito, revocar sus propias determinaciones y establece también los únicos casos en que procede la revisión. IUS 307287, LXXVII, S.J.F., 2966 (Quinta Época, Tesis Aislada). REVISIÓN NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Si una resolución dictada en un juicio de amparo, no es de las que motivaron el auto en


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que se haya concedido la suspensión definitiva, único caso en que procedería el recurso de revisión, de conformidad con el artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo, es indudable que el Juez de Distrito obra legalmente si no da curso a una revisión a todas luces improcedente, pues aunque la Corte ha establecido jurisprudencia en el sentido de que no corresponde a los Jueces de Distrito resolver si el recurso de revisión ha sido bien o mal interpuesto, también ha resuelto como excepción a esta regla, que cuando es a todas luces improcedente un recurso que alguna de las partes haga valer, los Jueces de Distrito pueden desecharlo, sin que ello cause agravio reparable a quien lo intentó, porque en todo caso, queda expedito su derecho para reclamar en vía de queja la providencia judicial. IUS 330000, LXI, S.J.F., 2134. (Quinta Época, Tesis Aislada). Artículo 81, fracción I, incisos d) y c). Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos. (Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013)2.

El supuesto del sobreseimiento se puede actualizar contra los autos en que se decrete éste fuera de la audiencia constitucional, o al momento del dictado de la sentencia del juicio de amparo. La fracción indicada se refiere al primer supuesto, cuando se decreta el sobreseimiento en cualquier momento procedimental. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los criterios siguientes: SOBRESEIMIENTO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA REVISIÓN DE AUTO DE. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS Y NO A LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE. De acuerdo con los artículos 83, fracción III, 84 y 85, fracción I, de la Ley de Amparo, y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el auto de sobreseimiento del amparo que dicta el Juez de Distrito fuera de audiencia, no constituye sentencia dictada en la audiencia constitucional como lo exigen los artículos antes citados, para que se surta la competencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte. En consecuencia, al tratarse del recurso de revisión interpuesto en contra de un auto de sobreseimiento y no de una sentencia dictada en la audiencia constitucional, la competencia para conocer de dicho recurso radica en el

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Artículo 83, fracción III. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos. (Ley de Amparo de 1936 abrogada).


Los recursos en el juicio de amparo

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Tribunal Colegiado que corresponda, en los términos del artículo 72 bis, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. IUS 238471, 84, S.J.F., 39 (Séptima Época, Jurisprudencia). SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. IUS 184572, XVII, S.J.F., 386 (Novena Época, Jurisprudencia). Artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 20133. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia.

La sentencia que se dicta en la audiencia constitucional es la materia para la procedencia del recurso de revisión, cuyo sentido podrá ser conceder el amparo, negarlo o sobreseer en el juicio, en la cual no necesariamente se resuelve en un solo sentido, sino que puede ser mixta. Así, la parte de la sentencia que sea contraria a los intereses del quejoso permite a éste interponer el recurso de revisión.

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Regulado en el artículo 83, IV de la Ley de Amparo de 1936 abrogada.

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