Tec Review No. 23 Cobots, los (nuevos) mejores amigos

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denunciado que estos escándalos entrañan un escarnio para la “meritocracia”, lo que, a su vez, sería un obstáculo para el buen funcionamiento de la democracia al extender la desconfianza en sus instituciones. En estas denuncias deberíamos detenernos, ya que se da por sentado que tendría que existir un vínculo inherente entre meritocracia y democracia. Ahora bien, ¿cómo adentrarnos en un tema tan complejo y que, incluso, puede herir susceptibilidades de tantos buenos profesionales que se han esforzado por conseguir un puesto de trabajo acorde con su formación? En primer lugar, nos toca desvelar la falacia que atribuye una conexión íntima entre democracia y meritocracia. Para ello citaré a una maestra de la teoría democrática, Hannah Arendt, quien ya en la década de 1960 alertaba de esta peligrosa deriva para los regímenes democráticos: la creencia en una meritocracia abogaría por “el establecimiento de una oligarquía, en este caso no basada en la riqueza o en el apellido sino en el talento”. Esto podría considerarse una ventaja para la toma de decisiones en una comunidad política, ya que supondría que los más dotados intelectualmente serían también los “mejores” para gobernarla. Sin embargo, la pensadora alemana advierte de que esto último “de ningún modo constituye una certeza”. Los más talentosos pueden estar, como cualquier otra persona, movidos por intereses personales muy alejados de una ética pública, por no mencionar las pasiones y afectos que nos mueven a todos: haríamos bien en reconocer, a partir de la experiencia, que el ser humano no es una máquina inteligente y desapasionada. Afortunadamente, añado. De esta manera, podemos concluir con Arendt que “la meritocracia contradice el principio de igualdad, el de una democracia igualitaria, no menos que cualquier otra oligarquía”. Por lo tanto, no es que exista un vínculo por el cual, a mayor meritocracia, mayor calidad democrática, sino que, por el contrario, toda pretensión de meritocracia equivale a una disminución del principio

“LA MERITOCRACIA CONTRADICE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, EL DE UNA DEMOCRACIA IGUALITARIA, NO MENOS QUE CUALQUIER OTRA OLIGARQUÍA”

democrático. Para evitar malentendidos, aclaro que no estoy despreciando la formación académica. Nada más lejos de mi intención. Al fin y al cabo, me dedico a enseñar, a investigar y, en definitiva, a despertar en mis alumnos el placer del conocimiento. Sólo que, como demócrata, considero que ningún experto debe tener por sí mismo el privilegio de gobernar, sino que nuestra labor consiste en poner la ciencia a disposición de la sociedad para contribuir a la emergencia de una ciudadanía informada y crítica. Desde un enfoque más sociológico, no obstante, el problema es otro. La meritocracia podría justificarse partiendo de una supuesta “igualdad de oportunidades”. Pero en el caso mexicano, y perdonen el exabrupto, esto es un chiste. Un chiste de mal gusto, además. No puede defenderse la realidad de una meritocracia en un país con una movilidad social tan escasa. De acuerdo al informe Desigualdades en México 2018 de El Colegio de México, de los nacidos entre los más pobres, sólo cuatro de cada 100 llegarán a tener una posición económica desahogada. Esa inmovilidad social afecta el doble a las mujeres pobres respecto de los hombres. Con una desigualdad de clase y género tan marcada, hasta el punto de que podríamos hablar de una situación de violencia económica estructural, apelar al discurso de la meritocracia funciona realmente como una suerte de coaching para privilegiados con mala conciencia. Lo que se agrava en el caso de los menos favorecidos en el México de hoy, a quienes inocularles estas ideas acerca del mérito o el talento constituye, en mi opinión, una forma de pedagogía de la crueldad.

Juan Dorado Romero es doctor en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “Fantasías de omnipotencia en la ciencia y la política” (2015). Actualmente es investigador posdoctoral en la Cátedra UNESCO de Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

MAYO / JUNIO 2019

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