El trabajo en colombia, 100 momentos decisivos

El trabajo en Colombia

Momentos Dirigido y escrito por: Rafael Pardo Rueda Edición y revisión histórica:

Beethoven Herrera, Carlos Eduardo Jaramillo & José Vidal una publicación del

El trabajo en Colombia

Momentos Dirigido y escrito por: Rafael Pardo Rueda Edición y revisión histórica:

Beethoven Herrera, Carlos Eduardo Jaramillo & José Vidal una publicación del

Rafael Pardo Rueda Ministro del Trabajo José Noé Ríos Ministro del Trabajo [E] Viceministro de Relaciones Laborales Juan Carlos Cortés Viceministro de Empleo y Pensiones Gloria Lucía Ospina Sorzano Secretaria General Coordinadora Ejecutiva: Juliana Ramírez Agradecimiento especial al proyecto OIT-Mintrabajo bajo el cual se financia la publicación Director Editorial: Camilo Jaramillo Rengifo Diseño: Studiovisual.co Armada Digital: Nancy Cuéllar C. Tráfico Editorial y Audiovisual: Luisa López / Pablo de Narváez Edición: Marcela Giraldo / Lariza Pizano Prensa e Impresión: La Imprenta Editores Impreso en Colombia - Printed in Colombia © Todos los derechos reservados Ministerio del Trabajo Bogotá D.C., agosto de 2014 ISBN 978-958-8717-43-2 Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso escrito.

El siguiente es el índice de los 100 momentos decisivos del trabajo en Colombia: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Historia del trabajo [5] Las Encomiendas y las haciendas de los jesuitas [8] Fray Bartolomé de las Casas [9] Las Leyes de Indias [10] La Mita, la Minga y la Encomienda [11] La protesta del Hato de Lemos [12] José Antonio Galán [13] Insurrección de los Comuneros [14] La colonización antioqueña [16] Ambrosio López [18] La Sociedad de Artesanos [19] Libertad de los esclavos [20] Sociedad Democrática “Culebra Pico de Oro” [22] Huelga de bogas y el ferrocarril [23] Constitución política de 1886 [24] Las pensiones militares [26] El motín bogotano de 1893 [27] La conspiración de 1894 [28] La fiebre del caucho [30] Asociación de Tipógrafos de Bogotá [32] La Sociedad de Artesanos de Sonsón [33] María Cano [34] La identidad obrera [35] Huelga de los braceros [36] Unión Nacional de Industriales y Obreros. La UNIO [37] Creación de la Unión Obrera [38] Primera conmemoración del Día del Trabajo [39] Sistema de reparación a accidentes de trabajo [40] Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja [41] El alzamiento de los trabajadores ferroviarios y estibadores [43] La primera norma en Salud Ocupacional [44] Creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT [45] Congreso Nacional Obrero [46] Protesta de sastres en Bogotá [47] La huelga como derecho [48] Betsabé Espinal [49] Huelga de las obreras textileras [50] Raúl Eduardo Mahecha [51] Fundación de la Unión Obrera, USO [52] Creación de la Oficina General del Trabajo [53] Huelgas de los trabajadores petroleros [54] Ley contra el trabajo infantil [55] Creación de la Confederación Obrera Nacional [56] El descanso dominical [56] La Ley Heroica [57] Huelga de las bananeras [58] Ratificados primeros Convenios con la OIT [59] Derecho de los trabajadores a la asociación sindical [60] Jornadas de ocho horas [61] La Revolución en Marcha [62] La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC [64]

51 Fundación y disolución de Fedenal [65] 52 Protección a la mujer trabajadora y licencia de maternidad [66] 53 Creación del Ministerio del Trabajo [67] 54 El Decreto de Asuntos Sociales de López Pumarejo [67] 55 Fundación de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI [68] 56 Creación del ICSS [69] 57 Fundación de la UTC [70] 58 Suspensión de la personería de la CTC y la huelga de 1947 [71] 59 Jorge Eliécer Gaitán [72] 60 Sindicalismo político vs sindicalismo económico [73] 61 Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas [73] 62 Salario mínimo legal obligatorio [74] 63 Expedición del Código Sustantivo del Trabajo [75] 64 Creación de Comfama y el sistema de Compensación Familiar [76] 65 Creación del SENA [77] 66 Las mujeres y su derecho al voto [78] 67 Creación de la CSTC [79] 68 Ratificación del Convenio 99 de la OIT [80] 69 José Raquel Mercado [80] 70 Conciliación directa y arbitramento obligatorio [81] 71 La Confederación General del Trabajo, CGT [82] 72 Secuestro y asesinato del presidente de la CTC [83] 73 Creación de Fenaltrase y del Comité Intersindical de Trabajadores del Estado [84] 74 Ratificación de los Convenios 87 & 98 de la OIT [85] 75 Paro Cívico Nacional [86] 76 Creación del CNS. Consejo Nacional Sindical [87] 77 Creación de la Superintendencia de Subsidio Familiar [87] 78 Central Unitaria de Trabajadores, CUT [88] 79 Reforma al Código Sustantivo del Trabajo [89] 80 La Constituyente de 1991 [91] 81 La Constitución de 1991 [92] 82 Ley 100 de 1993 [93] 83 Comisión permanente de concertación de políticas laborales y pensionales [93] 84 Misión de contactos directos de la OIT [94] 85 Reforma laboral de 2002 [96] 86 El nuevo Ministerio de Protección Social [97] 87 Inclusión de Colombia en la lista de rendición de cuentas ante la OIT [97] 88 Acuerdo Laboral Tripartito [98] 89 Sobre la competencia para declarar ilegalidad de huelgas [98] 90 Hacia los acuerdos laborales en el marco del TLC con EUA [99] 91 Firma del TLC con EUA [101] 92 Los movimientos sindicales y reparación colectiva [102] 93 Creación del Nuevo Ministerio del Trabajo [103] 94 Capítulos laborales en los Tratados de Comercio [105] 95 Igualdad de condiciones laborales en el servicio doméstico [107] 96 Acuerdo Laboral Tripartito [108] 97 Misión de Alto Nivel de la OIT [109] 98 Negociación colectiva en el sector público [110] 99 Nuevo Modelo de Protección a la Vejez [111] 100 Protección al desempleado [115]

El trabajo en Colombia

Momentos Dirigido y escrito por: Rafael Pardo Rueda Edición y revisión histórica: Beethoven Herrera, Carlos Eduardo Jaramillo & José Vidal y los aportes del: Viceministerio de Empleo y Pensiones Juan Carlos Cortés la Oficina de Cooperación Internacional Gloria Gaviria, Ana María Lara, Marcela Arteaga, el Observatorio de Conflictos Sociolaborales Mintrabajo Óscar Mauricio Silva, Iván Rodríguez Torres, Viviana Marcela Barón Barrera, Levinson Niño Leal la Oficina de Comunicaciones y Prensa Mintrabajo & Andrés Mauricio Ramírez, Secretario Técnico Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales Mintrabajo Diana Cárdenas, Directora de Movilidad y Formación para el Trabajo Eduardo Bejarano Hernández, Director de Derechos Fundamentales María del Pilar González, Superintendente de Subsidio Familiar Luis Ernesto Gómez, Director Servicio Público de Empleo Apoyo Fotográfico Alicia Vargas Armando Hernández Nelson Cárdenas Mario Madrid - Malo Garizábal Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC Instituto María Cano - Ismac Museo Nacional: Samuel Monsalve Presidencia de la República

4 Historia del trabajo en Colombia

i

n

t

r

o

d

u

c

c

i

ó

n

Historia del trabajo Rafael Pardo Rueda ministro deL trabajo 2011-2014

v

La historia del trabajo en Colombia es la historia del país.

A lo largo de esta historia han ocurrido momentos especiales, procesos sociales, protestas de trabajadores, decisiones normativas y leyes, que han moldeado las condiciones de los trabajadores y sus familias.

L

a organización política de lo que fue el territorio del Nuevo Reino de Granada, la Nueva Granada, y la República de Colombia está íntimamente ligada a la estructura del poder político y a la división social del trabajo.

A comienzos del siglo XX, la industrialización por un lado, la inversión norteamericana por otro, y las presiones sobre la tierra, fueron tres propulsores de conflictos y de cambios en las relaciones laborales del país.

Las leyes de Indias, que establecían las divisiones de clases, el papel asignado a la población originaria y los privilegios de los peninsulares, así como la asignación de la tierra, de las minas y de la fuerza de trabajo indígena, fueron las primeras regulaciones de la división social del trabajo en tiempos coloniales.

La creación de sindicatos en empresas, ya no de artesanos sino de trabajadores dependientes, las huelgas en empresas, la represión violenta a las protestas y la normatividad que, siguiendo modelos internacionales se empezó a aplicar tímidamente en Colombia en las primeras dos décadas del siglo XX, fueron las notas dominantes en este periodo.

La importación de esclavos africanos y la protección a la población nativa, que desde los inicios de la conquista sufría un genocidio, marcaron otro gran hito en este trayecto de la historia del trabajo.

Durante los trescientos años que duró el régimen colonial se presentaron múltiples eventos y protestas, y tal vez, el acto revolucionario más significativo relacionado con condiciones laborales fue la rebelión comunera en 1780 y 1781.

En el periodo republicano, la creación de las sociedades de artesanos en el medio siglo XIX como expresión inicial concreta de la organización de trabajadores en defensa de sus intereses, así como la abolición de la esclavitud fueron tal vez, y toda interpretación histórica está sujeta a controversias, los eventos originarios más significativos en cuanto a la división del trabajo y a la organización social de artesanos trabajadores.

La Ley 78 de 1919 que reguló la negociación sindical y la huelga, y la protesta de los sastres también en ese año, sumadas la huelga de las bananeras en 1928 y que concluyeron en violencia y represión, fueron movilizaciones que a la larga fortalecieron el espíritu de lucha con miras al reconocimiento de derechos laborales.

Desde 1930, la llamada República Liberal fue prolífica en la expedición de normas en defensa de los trabajadores. El reconocimiento de asociaciones sindicales, el derecho de huelga, la jornada laboral de ocho horas, la cesantía, el salario mínimo, entre otras grandes reformas que junto con la creación de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la primera central sindical del país, fueron la marca de este período.

Entre 1946 y 1958 se destacaron la creación de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) con base conservadora y cristiana,

100 Momentos decisivos

5

6 Historia del trabajo en Colombia

y del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), luego la expedición del Código Sustantivo del Trabajo y la creación de las Cajas de Compensación Familiar, del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y de la aprobación del voto y los derechos de la mujer.

Durante el Frente Nacional y hasta los noventa se dio una profunda intensificación de la confrontación social-laboral que llevó al paro nacional de 1977, la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), al asesinato del presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) José Raquel Mercado, por parte del M-19 y por la creación de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En 1986 se creó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dentro de un proceso de unidad sindical que integró la UTC, la CSTC, y se reformó casi integralmente el Código Sustantivo del Trabajo con la Ley 50 de 1990.

La Constitución Política de 1991 significó cambios trascendentales en términos del reconocimiento a derechos de la población colombiana. En lo laboral, el mayor impacto estuvo dado por los cambios que generó la Ley 100 en el sistema de aseguramiento en salud y pensiones.

Se eliminó el ISS y se creó Colpensiones. Se creó el Seguro de Desempleo, se creó el Servicio Público de Empleo y se puso en marcha el mecanismo de protección a la vejez, Colombia Mayor y el programa de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, para trabajadores informales que estaban por fuera del sistema de pensiones.

Estos momentos fueron decisivos en la historia del trabajo. A lo largo de cinco siglos de historia la división social del trabajo ha tenido profundas transformaciones, que comenzaron con la encomienda y con la asignación a la población indígena de la producción de la tierra mientras los peninsulares y sus descendientes disfrutaban de los excedentes de este trabajo.

La introducción de mano de obra esclava traída de África fue otro momento determinante. El trabajo en las minas y en otros oficios que requierían de gran esfuerzo físico fueron asignados a los esclavos. En el siglo XVIII la artesanía o el trabajo manual empezaron a desarrollarse y la provincia del Socorro, donde se gestó la Rebelión Comunera. La economía exportadora de materias primas en el siglo XIX generó nuevas formas de relacio-

Además se constituyó la comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en desarrollo de la Constitución, la cual ha sido punto focal en diálogo social en un escenario tripartito.

nes laborales y nuevos desarrollos portuarios y de ferrocarriles

En el siglo XXI la reforma del Estado fusionó el Ministerio del Trabajo con el de Salud. La adaptación a los convenios de la OIT y a los tratados de libre comercio llevó a la adopción de una reforma al Código Sustantivo de Trabajo al establecer que la declaratoria de ilegalidad de la huelga correspondía a tribunales judiciales y no al Ministerio del Trabajo. Otra reforma al Código Sustantivo de Trabajo modificó el régimen de horas extras y pagos nocturnos, se escindió el ISS dividiéndolo entre salud, riesgos y pensiones y se estableció el acto legislativo número 1 de 2005 que modificó el régimen pensional.

zos del siglo XX trajo aparejado el crecimiento de las formas de

El TLC con Estados Unidos impulsó el acuerdo laboral tripartito de 2011 y el acuerdo laboral Obama - Santos que comprendió varias líneas de acción tales como el fortalecimiento del sistema de inspecciones laborales, la protección de sindicalistas y el impulso a las investigaciones por crímenes contra sindicalistas. En 2011 se volvió a crear el Ministerio del Trabajo.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras estableció el proceso de reparación colectiva al sindicalismo como víctima en el proceso de violencia de tres décadas. Además por vía del decreto 1092 de 2012 y del 160 de 2014, se abrió camino para la negociación colectiva en el sector público, se establecieron negociaciones en más de 400 entidades y se concertó por primera vez un acuerdo global unificado con todas las centrales y las federaciones de servidores públicos, el cual incluyó un acuerdo salarial con vigencia de dos años.

y otros medios de transporte.

La industrialización, que inició en Antioquia en los comientrabajo dependiente asalariado y de la urbanización y aglomeración de población en urbes donde se concentraba principalmente el trabajo en las fábricas.

En este tiempo, los desarrollos de la tecnología de información y comunicación TIC van a generar nuevos cambios en las relaciones de trabajo y en la localización de los trabajadores. El Teletrabajo, o sea la labor asalariada que se desarrolla por fuera de la empresa o de la fábrica, es una respuesta al trabajo en los nuevos tiempos.

La globalización y la migración de trabajadores entre distintas naciones ha provocado que numerosos contingentes de empleados hayan pasado su vida laboral entre varios países. Por ello, la protección social a la vejez debe adaptarse a estas tendencias. Lo mismo sucede con los tratados de pensión compartida, los cuales han sido una respuesta a la protección en los nuevos tiempos.

Los cambios tecnológicos y los desarrollos en la estructura productiva seguirán exigiendo retos en nuevas legislaciones, impulsando la progresiva lucha por los derechos y se reflejarán en nuevos cambios en la división social del trabajo. Por eso, la historia del trabajo, es la historia de la nación. t

100 Momentos decisivos

7

Las Encomiendas y

las haciendas de los jesuitas 1503. La consolidación del proceso de conquista trajo consigo La Encomienda, un sistema de retribución al indio por un trabajo tasado por los españoles, un intento por la organización de la mano de obra para la producción rural en el Nuevo Reino.

Las haciendas jesuitas establecieron formas de trabajo concertado.

L

a Real Provisión del 20 de diciembre de 1503 estableció la figura de la Encomienda, como una institución necesaria para consolidar el proceso de conquista y conseguir el establecimiento definitivo del proceso de colonización en las Américas. Con la Encomienda se buscaba agrupar y someter a tributo a la población indígena, lo que supuso la designación de un encomendero, español, quien no sólo se encargara de recaudar el tributo, sino que además tenía la misión de gestionar el adoctrinamiento de los pueblos indígenas en los preceptos de la fe católica, sirviéndose para ello de alguna de las órdenes religiosas presentes en las Américas.

Aunque se establecieron ciertos lineamientos para evitar abusos, la Encomienda finalmente terminó siendo una institución orientada a la explotación y sometimiento de la población indígena y al enriquecimiento de unos pocos encomenderos.

La gradual abolición de la Encomienda llevó a mayores controles para evitar la esclavitud. Así en 1612 se expidieron las Ordenanzas de Alfaro, que establecieron entre otras cosas la supresión del trabajo servil de los indios, la prohibición de la compraventa de indios, el otorgamiento de libertades para que el indio pudiera elegir patrón, el establecimiento del pago de una tasa anual de cinco pesos y la reglamentación de la mita remunerada en moneda en lugar de en especie.

Aunque las órdenes religiosas, como Jesuitas, Dominicos, Capuchinos, etc, recibían constantes negativas a las solicitudes

8 Historia del trabajo en Colombia

Escudo de la Compañía de Jesús (orden de los jesuitas) de la portada del libro de Alain Woodrow, “Los Jesuitas, Historia de un Dramático Conflicto” Ed. Planeta, Barcelona, 1985.

para para otorgarles Encomiendas, las órdenes, en especial los Jesuitas, gozaban de importantes prerrogativas a la hora de disponer de mano de obra de las Encomiendas cercanas a sus haciendas.

Durante el siglo XVII en la medida en que la Encomienda decae, la figura del concertaje, como mecanismo para reclutar mano de obra para las haciendas cobra fuerza. Con ello se produjo un repunte importante de las haciendas jesuitas, que a diferencia de las demás, contaba siempre con mano de obra abundante.

La explicación estuvo en el tipo de trabajo concertado en las haciendas jesuitas, donde, a diferencia de los tradicionales métodos de retención del trabajador indígena a través de endeudamiento (tienda de raya), se aplicó la figura del “situado”, que le permitía al indio contar con una parcela de tierra para su sustento, algunos animales y el pago correspondiente por su trabajo, o con participaciones en el producido de la hacienda. El pago de salarios se hacía “mes cumplido, mes pagado” y no mediante adelantos que generaban endeudamiento. t

Fray Bartolomé de las Casas Religioso español que estudió derecho canónico y defendió los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Su acción humanitaria desbordó la Nueva Granada y llegó a Cuba, Perú y Guatemala.

Grabado antiguo, Del libro “La historia de la Iglesia” alrededor de 1880. Shutterstock / Bocman 1973

100 Momentos decisivos

9

Las Leyes de Indias 1512. Durante el reinado de Carlos I de España, Fray Bartolomé de las Casas inspeccionó la legislación colonial vigente.

Las Nuevas Leyes que se expidieron buscaban proteger la población indígena.

E

n este año fueron expedidas las Leyes de Burgos, como primer intento de conciliar el derecho a la conquista del territorio americano por parte de los peninsulares, con la prevención de los abusos que pudiesen cometerse con la población nativa. Estas leyes contenían una orientación evangelizadora que era llevada a cabo por el encomendero de cada zona.

No fue sino hasta el reinado de Carlos I de España cuando, gracias a la influencia del dominico Fray Bartolomé de las Casas, se revisó la legislación colonial. De las Casas identificaría que la Encomienda era una de las instituciones que más contribuía a la degradación de los indios, ya que estos se veían forzados a abandonar sus lugares de vivienda tradicionales para instalarse en zonas de producción agrícola y minera. Esto no sólo rompía los lazos sociales que sustentaban a las culturas indígenas sino que suplantaba sus valores, al inculcarse el lucro material por la realización de actividades.

Por ello, el 20 de noviembre de 1542, se promulgaron en Barcelona las Leyes Nuevas, en las cuales se abolía esta institución y se promulgaba por un mejor trato para los indígenas que contribuían al mantenimiento económico de las colonias. Sin embargo, esta abolición tardó mucho tiempo pues se dio de manera paulatina, dado que solo a medida que iban muriendo o desistiendo los encomenderos, es que se iban eliminando las Encomiendas.

Mapa de los grandes sectores de la trata de esclavos en Jean Meyer, “Esclavos y Negreros”, Ed. Aguilar, Madrid, 1989, p. 43.

10 Historia del trabajo en Colombia

Pese a que muchos problemas de malos tratos, trabajos forzados y violencia persistieron, la promulgación de estas leyes configuró un hito importante para el inicio del reconocimiento de las poblaciones nativas como seres dignos e iguales al resto de la población. Este fue un aspecto trascendental en futuras reivindicaciones de los pueblos indígenas de América y determinante en el posterior reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia. t

La Mita, la Minga y la Encomienda La Encomienda era una figura feudal trasplantada de España. La Mita, que en quechua quiere decir “turno de trabajo”, era una institución indígena; y la Minga, “trabajo para la comunidad”, una forma de organización de trabajo solidaria.

E

n el periodo colonial, la Corona Española, mientras ampliaba sus territorios de ultramar, tuvo la necesidad de introducir instituciones que ayudaran a administrar la vida social, económica y política de la Nueva Granada. No en vano, la extensión de las tierras y las enormes distancias, hacían necesario poner en marcha aparatos burocráticos eficientes en el recaudo de impuestos y que permitieran llevar un control adecuado de las economías y poblaciones locales.

Se instauraron dos tipos de instituciones que cumplían con estos objetivos. Por un lado la Encomienda, una institución de carácter jurídico que se implantó en el Imperio Español en América para regular las relaciones entre los españoles y los indígenas. La Encomienda consistía en la merced (permiso) que el Rey otorgaba en favor de un español, para que este, en sustitución de la Corona, pudiera cobrar un tributo o usufructuar el trabajo de los indios que habitaban en cierta porción de territorio. A cambio de ello, el encomendero se obligaba a procurar la instrucción y evangelización a sus encomendados y a defender el territorio en el que estaba enclavada la Encomienda. Inicialmente, el encomendado; es decir, aquel que tenía que pagar el impuesto al encomendador, pagaba en oro, pero a medida que pasaba el tiempo se incluía otro tipo de productos como lana, maíz, animales, etc.

La Encomienda conservaba la estructura del poder feudal característica de la España de la época, mantenía el usufructo del trabajo en favor de los encomenderos, que a su vez proporcionaban la evangelización a

Los españoles preservaron esta institución y la implantaron en el resto de los territorios, buscando regular el trabajo obligatorio de los indios en labores que les eran beneficiosas a los colonos. Este servicio debían prestarlo indígenas, principalmente en las minas, bajo unas condiciones muy exigentes y de verdadera explotación.

En algunos casos, los trabajos no eran remunerados, por lo cual algunos estudiosos del tema hablan de la Mita de Esclavitud, en otros casos, las actividades podían ser remuneradas en especie.

Última página de la Real Provisión de Valladolid de Felipe II sobre la condición jurídica de los indios en Francisco Gil Tovar, “El arte en la España de los conquistadores” en “Historia del Arte Colombiano”, Ed. Salvat, Barcelona, 1977, Tomo 3, p. 662

los indígenas con el fin de robustecer el poder de la iglesia católica y la corona española, y al mismo tiempo, le permitía homogeneizar la cultura y las creencias aborígenes.

La Mita fue una institución indígena que los españoles consideraron provechosa para sus intereses y por esta razón la conservaron.

La palabra Mita proviene de la lengua Quechua y significa turno de trabajo. Era un sistema de trabajo utilizado en el imperio Inca, por medio del cual se obligaba a los varones de cada comunidad a trabajar por turnos, durante un determinado periodo de tiempo a favor del estado incaico.

Las sociedades indígenas sometidas por los españoles eran complejas y tenían diferentes formas de organización social. Los indígenas estaban acostumbrados al trabajo agrícola y por lo regular habitaban tierras propicias para el desarrollo de esta actividad, por medio de la cual podían mantener a sus pueblos y disponer de excedentes que les permitieron construir complejas estructuras habitacionales y obras de infraestructura y culto. Es por esta razón que para los españoles fue provechoso preservar instituciones indígenas como la Mita, que utilizaron a su favor para percibir más tributos.

Incluso se conservaron ciertas funciones políticas de la organización propia de las comunidades, como la figura del cacique, por medio de la cual conseguían un mayor dominio sobre sus súbditos.

La Minga, también Quechua, (mink´a o trabajo para la comunidad), es una figura que se ha conservado hasta nuestros días en las comunidades indígenas y se estructura como un cierto número de días al mes o a la semana que son laborados para obras de uso para la comunidad. t

100 Momentos decisivos 11

La protesta del Hato de Lemos 1781. Los estancos eran monopolios de producción o de venta de algún bien concesionado en el recaudo tributario a particulares. La protesta contra el estanco de tabaco y aguardiente en el Hato de Lemos, hoy la Unión, Valle.

D

urante la segunda mitad del siglo XVIII, se establecieron una serie de instituciones y figuras organizativas por parte de la corona española que buscaban mantener el orden económico y social de los territorios. Entre ellas se encontraban los estancos, que eran monopolios establecidos por la corona para la producción o venta de determinados bienes, los que eran cedidos a particulares a cambio de una renta constante pagada al fisco. Generalmente los estancos controlaban la producción de tabaco, licores y sellos postales, pero también podían cobijar el dominio de otros productos comercializados en las colonias.

y dejaron constancia de ello a las autoridades. Estaban rebelados pero no eran ladrones era su mensaje.

En el año de 1781, ocurrió un levantamiento contra el estanco del Hato de Lemos (actual poblado de La Unión, Valle) donde se habían endurecieron al extremo las medidas fiscales que regulaban la producción y el comercio de tabaco y aguardiente.

Estas protestas no se pueden catalogar como manifestaciones contra el sistema colonial ni en contra del monarca español, pese a que manifestaban un claro desacuerdo con la manera en que se estaba gobernando la región. La violencia y contundencia que tuvieron estas protestas, donde participaron campesinos, mulatos y poblaciones afrodescendientes, entre otros, se dieron en un ambiente permeado por el suceso de la revolución comunera acaecida en El Socorro, hoy Santander, por los mismos días, lo que agregó más tensión en el ambiente. t

Los campesinos de la zona tenían que pagar cada vez más impuestos. El tabaco y el aguardiente no sólo eran valorados por su alta demanda, sino que también eran las únicas formas productivas de la población local, debido a que sus territorios estaban centrados en el cultivo de caña y de tabaco. Los levantamientos no se hicieron esperar. Los pobladores dieron inicio a una sublevación masiva.

Pese a que no se conocen los detalles de los incidentes que ocurrieron aquellos días en Hato de Lemos, se sabe, por informes realizados por autoridades de la época, que se presentaron dos motines contra las administraciones de rentas que recolectaban lo correspondiente a los estancos de tabaco y aguardiente. Los campesinos indignados ingresaron de manera violenta, tomaron los productos que se hallaban allí como tributo en especie (tabaco y aguardiente) y los destruyeron. Los amotinados se abstuvieron completamente de tomar dinero correspondiente a los impuestos 12 Historia del trabajo en Colombia

Los campesinos comprendían la imposibilidad de exigir la eliminación de los estancos, razón por la que propusieron el pago por “encabezonamiento”. El “encabezonamiento” era una figura fiscal por medio de la cual una comunidad entera pagaba un tributo, en lugar de cobrar a cada uno de sus habitantes; es decir, el impuesto era calculado sobre la producción global y no sobre la individual. Pese a que la propuesta de los manifestantes fue aceptada y las protestas se dieron por terminadas, las autoridades coloniales no cumplieron cabalmente con los acuerdos.

Moros, “Popayán. Puente del Molino” en “Papel Periódico Ilustrado”, Edición facsimilar, Carvajal y Cia, Cali, 1977, T. III, p. 196

José Antonio Galán Líder santandereano de la insurrección de los Comuneros en 1781. Es uno de los personajes más recordados de la historia nacional, ejecutado por las autoridades españolas, símbolo de la lucha de los grupos sociales más débiles de la sociedad colombiana.

José Antonio Galán. Ilustración de Alberto Ortíz inspirada en la obra de Moreno Otero Domingo

100 Momentos decisivos 13

Insurrección de los Comuneros 1781. Este movimiento es un símbolo de las luchas del pueblo colombiano y es, quizás, la semilla del fuerte sentimiento nacional que se cristalizaría más tarde en la lucha por la Independencia. Fue la primera gran expresión de protesta organizada de la clase trabajadora.

A

finales del siglo XVIII escaseaban los recursos en la corona española. En espera de incrementar sus ingresos con capitales y bienes provenientes de sus colonias de ultramar, el rey se vio forzado a cambiar la manera en la que venía administrándolas y para ello dictó un conjunto de medidas que se denominaron las Reformas Borbónicas, que estipulaban, entre otras, la necesidad de aumentar los impuestos en algunos productos.

El cambio de gravámenes en productos como el tabaco y el aguardiente, junto a las tensiones entre las élites coloniales criollas y las masas populares, ocasionaron un malestar general en el territorio del Nuevo Reino de Granada. Esto se expresó en regiones como la provincia de El Socorro (hoy los Santanderes) que era la región más industriosa y más poblada del Nuevo Reino.

Para 1781, con las reformas, estas situaciones crearon fricciones importantes en El Socorro y Girón, y se produjeron los primeros levantamientos. La búsqueda de ingresos fiscales terminó en la resurrección del antiguo impuesto de la Armada de Barlovento (impuesto a las ventas), el cual perjudicaba a los artesanos. Para marzo de ese año, Manuela Beltrán, quien trabajaba en la manufactura de tabacos, rompió el edicto que anunciaba las nuevas contribuciones mientras gritaba: “viva el rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la Armada de Barlovento”.

A inicios de la movilización, los protagonistas más visibles eran mujeres y

14 Historia del trabajo en Colombia

hombres del común; pero luego las revueltas fueron dirigidas por comerciantes, carniceros y pequeños agricultores, entre otros. La presión social consiguió que algunas personas de prestigio se comprometieran con la lucha, e involucró adicionalmente a indígenas liderados por el cacique muisca Ambrosio Pisco.

Juan Francisco Berbeo, regidor del cabildo de Socorro, fue elegido como general de los insurrectos en asocio con otros ilustres ciudadanos santandereanos, como Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo. Todos ellos constituyeron la junta llamada “El Común” –de donde nació el nombre de “comuneros”–, y reunieron en El Socorro a cerca de cuatro mil hombres que marcharon hacia Santafé. Llegaron hasta el desde entonces llamado puente del Común sobre el río Bogotá mientras negociaban con los delegados del Virrey en Zipaquirá.

En mayo de 1781, el arzobispo Caballero y Góngora (quien después sería virrey), a nombre de la corona firmó el documento pactado con los Comuneros: las capitulaciones de Zipaquirá. Este incluía puntos como la derogación o disminución de impuestos no consultados con la población; la eliminación del tributo de la Armada de Barlovento; la disminución en las tarifas sobre el tabaco y el aguardiente; la devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas; la reducción de la tarifa de sus tributos, y la derogación del diezmo.

Las capitulaciones también acordaban la restitución de los criollos en algunos cargos públicos (ocupados por españoles

después de las reformas) y la eliminación del tributo que debían pagar los negros libres.

La mayor parte del movimiento, representada por los criollos, aceptó las capitulaciones. Sin embargo, algunos miembros de la revuelta, en cabeza de José Antonio Galán, desconfiaron de la celeridad con que fueron aceptadas las condiciones por parte del virrey, y prosiguieron

Homenaje al comunero. Liévano Aguirre, Indalecio, “Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia”, Ed. Intermedio, Bogotá, 2002, p.384.

la movilización. La negociación finalizó con un juramento ante los Evangelios y una misa solemne presidida por el arzobispo, quien convenció a los insurrectos de marcharse a sus hogares.

El virrey Manuel Antonio Flórez, quien estaba en Cartagena de Indias, desconoció las capitulaciones al decir que se habían firmado bajo amenaza y envió al Regimiento Fijo desde esa ciudad hasta Santafé.

Un grupo de comuneros, al mando de José Antonio Galán, decidió levantarse de nuevo. En represalia, recibieron castigos ejemplares: Galán, junto con los otros tres jefes comuneros, fueron condenados a muerte.

Los resultados de este levantamiento popular podrían no haber sido los esperados por los comuneros, pero los hechos de 1781 evidenciaron el malestar ante la

Ilustración inspirada en el óleo Manuela Beltrán en conmemoración al levantamiento comunero.

Artista I. Castillo Cervantes

injusticia y la desigualdad de la sociedad colonial del momento.

Además, estos se produjeron años antes de la Revolución Francesa, y las peticiones de los habitantes del Virreinato no distaban mucho de las contenidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. t

100 Momentos decisivos 15

La Colonización Antioqueña El proceso de ocupación de las tierras de la cordillera central a partir del centro de Antioquia ha sido el proceso de movilización social más importante de la historia colombiana. Se formó una clase media rural, propietaria de sus tierras, productiva y educada que ha sido columna vertebral del país.

A

finales del siglo XVIII se inició uno de los procesos migratorios más importantes en la historia de Colombia dados los importantes cambios en la dinámica social, económica, política y cultural del país.

Para ese entonces, la cordillera central del país y el sur de Antioquia constituían un territorio inhabitado e inexplorado que se convertía en un horizonte de posibilidades para una serie de familias antioqueñas que veían limitadas sus capacidades económicas ante la predominancia de latifundios en sus territorios, a lo cual se sumaba una escasa vocación agrícola en las pocas tierras disponibles. Esta configuración social del territorio antioqueño daba pie a que estas familias no se dedicaran a labores agrícolas o de pastoreo, sino más bien a que se volcaran a la explotación minera, principalmente de oro, por la abundancia del metal y su rentabilidad económica. Sin embargo, con el paso del tiempo, la explotación de este mineral fue haciéndose cada vez más competida, lo que generó fricciones entre la población que, sumadas a la escases de tierras no tituladas y a la proliferación de bocas que alimentar, le dieron un empuje decisivo al proceso migratorio.

De esta manera, la migración de familias antioqueñas hacia el sur del país fue creando las condiciones para la fundación de nuevas poblaciones. La ocupación de las nuevas tierras se fue dando de forma espontánea y cada colono ocupaba la tierra que veía disponible. La tierra ya desmontada permitía dar empleo a las familias que requerían acoplar esos nuevos espacios a sus necesidades. Esto trajo consigo un nuevo arraigo por la tierra y una nueva vinculación social y cultural al contribuir a la creación de la pequeña propiedad campesina, lo cual era dificultoso en la topografía Antioqueña. Los exploradores empezaron a emigrar hacia el sur, hacia los territorios situados entre el río Aures y la quebrada de Arma. Allí, primero fue fundado el pueblo de Sonsón, en Antioquia, luego Abejorral y después Aguadas. En lo que ahora es Caldas, los colonizadores se encontraron con la concesión Aranzazú, que incluía las tierras situadas al oriente del río Cauca, entre las quebradas Arma y Chinchiná.

En 1825 fue fundada Salamina; en 1843 Neira; en 1844 Santa Rosa de Cabal; en 1848 Manizales y en 1863 Pereira. Lo que hoy conocemos como eje cafetero, región que incluye desde el norte del Valle del Cauca, el occidente del Tolima, los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda y el sur occidente de Antioquia fueron los destinos de miles de familias antioqueñas que fundaron ciudades y fincas en todo ese territorio.

16 Historia del trabajo en Colombia

Los territorios occidentales, aparte de su potencial económico y geográfico, tenían consigo el atractivo de ser un refugio en las guerras civiles que azotaban el país, por lo cual, muchos historiadores no dudan en calificar esto como una gran ventaja para explicar el importante desarrollo económico que esta región tendría años más tarde. Otro factor a tener en cuenta, es que a diferencia de la colonización del sur, realizada por campesinos pobres y aventureros, en ésta colonización fueron más las familias ricas y poseedores de capital quienes se dieron a la tarea de explorar. Se fundaron poblaciones como Filandia en 1878, Armenia y Circasia en 1889, Montenegro en 1892, Sevilla en 1903 y La Tebaida y Caicedonia en 1905. Estos nuevos colonos se preocuparon por comunicar los nuevos asentamientos, aumentado el desarrollo vial a través de la construcción de caminos y ferrocarriles.

Es en este proceso donde se consolidó el café como producto preferido por los colonos, pues se hizo evidente que estos nuevos territorios permitirían su cultivo dadas las buenas condiciones ambientales, situación que para ese entonces solo era factible en el hoy departamento Norte de Santander, donde este producto se había arraigado con anterioridad.

Con el paso del tiempo, el café no solo sería un producto destacado a nivel regional sino que sería una producción estratégica para la economía colombiana en el mercado internacional. Es del comercio del café que vendrían la mayor parte de los ingresos que sustentarían el proceso de creación de la nueva nación y su posterior proceso de industrialización.

No solamente se trató de la ocupación de territorios baldíos, la incorporación de tierras a la producción fue la consecuencia de este proceso. La siembra del café a partir de este proceso se convirtió en el primer producto de exportación del país. Pero además de eso, era producido por pequeños productores con sus familias. La colonización antioqueña generó una clase media rural estable y con ingresos permanentes por el café que formaron una nueva clase campesina.

Por todo lo anterior, la colonización antioqueña representa un hito fundamental para la comprensión de la historia y la geografía de Colombia, elemento sin el cual sería dificil dar cuenta de la configuración socioeconómica y cultural actual de nuestro país. t

Arrieros en proximidades de Sons贸n Antioquia.

An贸nimo. Biblioteca de la Universidad de Antioquia

100 Momentos decisivos 17

Ambrosio López Artesano y activista político quien fuera el primer Director de la Sociedad de Artesanos de Bogotá. Nació pocos meses antes de que en Santafé se diera el grito de Independencia.

Mutero (Ambrosio López Pinzón) Director de la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá. Foto cortesía Museo Nacional de Colombia.

Autor: Espinoza Prieto, José María 1796 - 1883.

Acuarela (Acuarela-Papel) 15,1cm x 9,6cm

18 Historia del trabajo en Colombia

La Sociedad de Artesanos 1847. La primera organización de artesanos de Colombia (entonces República de la Nueva Granada), buscó dar marcha atrás al librecambio como política de gobierno por medio de la acción política organizada. Tensiones entre el librecambio y los artesanos dividieron al naciente Partido Liberal.

E

l país se debatía entre las ideas del proteccionismo y el librecambio. El general Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de la República, era partidario del librecambio e intentaba facilitar la entrada de mercancías del exterior bajando los aranceles aplicables a los bienes importados (principalmente a los textiles y confecciones). Además, su ministro de Hacienda, Florentino González, liberal manchesteriano, era un convencido de que la prosperidad de la nación estaba ligada a la importación de bienes manufacturados y a la exportación de productos agrícolas y mineros.

proteccionismo y recibiendo apoyo de los gobiernos liberales.

Los artesanos se convirtieron en los aliados del partido, y en defensa de sus ideales estos llegaron hasta el uso de las armas.

Esta fue la primera división del partido, pues González era el máximo exponente del liberalismo manchesteriano, y el general Mosquera luego sería unos de sus más destacados gobernantes.

El choque entre el proteccionismo y el librecambio fue tan profundo que llegó hasta escindir al Partido Liberal, que terminó bifurcándose en dos alas: la de los Draconianos, defensores del proteccionismo, y la de los Gólgotas, defensores del librecambio.

Ante esta situación, los artesanos Ambrosio López y Emeterio Heredia juntaron un grupo y fundaron en Bogotá la Sociedad de Artesanos, con el propósito de pedir al Gobierno “un alza de derechos en las manufacturas que se pudieran hacer en el país”.

La fuerza que tomó esta sociedad y el carácter político predominante de sus acciones fue el núcleo de organización popular del naciente Partido Liberal.

Luego su nombre fue cambiado por el de Sociedad Democrática.

Estas fueron replicadas en gran número de municipios. Si bien con el tiempo sus objetivos se ampliaron más allá de la defensa del artesanado, lo que iniciara como Sociedad de Artesanos continuó luchando por el

Facsimilar de la Contestación al cuaderno titulado “El Desengaño o Confidencias de Ambrosio López etc.”

Imp. de Morales y Compañía, 1854

La Sociedad de Artesanos fue pionera de la organización obrera en Colombia, y en su compromiso por mantener vigente las normas que amparaban al gremio de la competencia externa, consiguió que las Sociedades Democráticas se convirtieran en los pilares fundamentales de las fuerzas políticas. Estas, con el tiempo, llevaron a que el general José María Melo diera un golpe de cuartel que desembocó en guerra civil en 1854. Los artesanos no solo fueron la columna vertebral de esta empresa bélica, sino que fueron los últimos en rendirse cuando fueron derrotados. Con artesanos perseguidos, deportados o muertos, terminó este primer ensayo de organización de la clase obrera colombiana. t

100 Momentos decisivos 19

Libertad de los esclavos 1851. Pese a las discusiones que generó la esclavitud, incluso entre las mismas autoridades coloniales, esta se mantuvo hasta entrado el siglo XIX. El 21 de mayo de 1851 se decretó la libertad de los esclavos, Ley que firmó el entonces presidente José Hilario López. La liberación total de los esclavos y su prohibición absoluta, implicaron un cambio trascendental en la división social del trabajo al eliminar su carácter forzado.

20 Historia del trabajo en Colombia

D

esde la llegada de los españoles a América, el sometimiento a las poblaciones indígenas fue una constante en el proceso de exploración, explotación e incorporación de estas tierras a los dominios de la Corona Española. Las comunidades indígenas fueron completamente sometidas a los designios de España, despreciando de paso su cultura y negándoseles, prácticamente, su condición de seres humanos. Pocas décadas fueron necesarias para que, tanto en Europa como en América, empezaran a surgir voces en defensa de la población aborigen y en contra de las condiciones en que era explotada su mano de obra.

Fray Bartolomé de las Casas y algunos miembros de la Escuela de Salamanca, realizaron alegatos y escritos en los que reclamaban un mejor trato para con ellos. La situación de dicha población se veía agravada por la llamada “catástrofe demográfica”, generada por el maltrato y las enfermedades traídas por los conquistadores españoles y desconocidas en América, situación que llevó al exterminio de gran parte de la población aborigen.

Ante la escasez de mano de obra indígena, las autoridades coloniales apelaron al ingreso de esclavos africanos, en un momento en el que las Ordenanzas de Burgos aceptaban a los aborígenes como súbditos libres de la Corona, aunque sometidos a su tutela, por lo cual tenían derecho a la libertad individual, a la posesión de bienes, y se les permitía trabajar.

Situación que consolidó el comercio de esclavos de África a América, generando un posterior auge, particularmente en el siglo XVII. El aumento de la población esclava, de origen africano, principalmente proveniente de África Occidental, fue acompañado de una visión sociocultural que consideraba a los africanos y sus descendientes como seres inferiores, sin alma y sin derechos, reducidos a la condición de mercancías.

A pesar de las discusiones que generó la esclavitud, incluso entre las mismas autoridades coloniales, esta se mantuvo en la Nueva Granada hasta entrado el siglo XIX. A lo largo del periodo colonial se presentaron varias rebeliones de esclavos que fueron rápidamente reprimidas y ocasionalmente grupos de esclavos se fugaban y formaban comunidades libres, en especial en cercanías del principal puerto de entrada de los esclavos que era Cartagena, como fueron los pueblos libres de San Basilio de Palenque o Barú.

En 1810 se dio una insurrección en Mompox, un levantamiento llevado a cabo, tanto por las élites criollas como por los esclavos. Así mismo, en el efímero Estado Libre de Cartagena, entidad administrativa y territorial de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811-1815), que fue el primer territorio del Virreinato que se declaró en total independencia de España y la prohibición de comercio y trata de negros. En 1814 Juan del Corral en Antioquia ordenó la libertad a los hijos de los esclavos nacidos en la provincia de Antioquia.

En 1816 Simón Bolívar promovió el enrolamiento de esclavos al ejército independentista, con la promesa de libertad inmediata si se lograba la independencia de España.

Una vez alcanzado este objetivo de independencia y libertad, en el Congreso de Cúcuta (1821) se dio inicio, por iniciativa de José Félix Restrepo, a un proceso político en busca de la abolición definitiva de la esclavitud, cuyo primer logro fue la ley de libertad de vientres, o sea la libertad de los hijos de las esclavas y la prohibición total del comercio de esclavos en 1823.

Finalmente, junto con otras discusiones unificadoras de la naciente República, el 21 de mayo de 1851 se decretó la libertad de los esclavos, Ley que firmó el presidente José Hilario López, y que tuvo vigencia a partir del 1 de enero de 1852. t Ilustración Esclavos en América Latina. Anónimo

100 Momentos decisivos 21

Sociedad Democrática

“Culebra Pico de Oro” 1864. Las sociedades democráticas fueron fuente de crecimiento del Partido Liberal. Más de 70 se crearon en el país, entre ellas ‘Pico de Oro’ en Santander. Las medidas proteccionistas que enfrentaban a artesanos y comerciantes. Se abolieron en la Constitución de 1886.

E

l origen de las Sociedades Democráticas tiene un claro arraigo en las ideas republicanas derivadas de la Revolución Francesa, que fueron importadas por las élites criollas y permearon a la sociedad granadina, especialmente a comienzos del siglo XIX. Ello explica también, porqué muchas de las sociedades democráticas fundadas por los liberales radicales, terminaron resistiéndose a las medidas librecambistas impulsadas por los mismos gobiernos liberales. Se fundaron más de 70 sociedades democráticas según refiere Jaime Jaramillo Uribe, con base en su revisión de la Gaceta Oficial.

La Sociedad Democrática ´Pico de Oro´, llamada por sus contradictores “Culebra Pico de Oro”, se funda en 1864 en Bucaramanga, y afiliaba artesanos dedicados a la producción de manufacturas en la región de Santander. Pronto las políticas de libre comercio adoptadas durante los gobiernos liberales de la época dividieron a la sociedad de aquellos años, poniendo a los alemanes, migrantes industriosos en Santander, del lado de los comerciantes, todos beneficiados con

la posibilidad de importar bienes y manufacturas, frente a unos artesanos de larga tradición, castigados fuertemente por este tipo de medidas.

Eso llevó a un fuerte sentimiento de animadversión hacia los europeos por parte de la población que trabajaba en las artesanías.

Así las acciones adelantadas por la “Culebra Pico de Oro”, generaron la percepción de una lucha entre la élite asociada con los comerciantes, y de otro lado, los artesanos alienados con la gente del común y con los trabajadores.

Con motivo de las elecciones al Cabildo Municipal el 7 de septiembre de 1879, el enfrentamiento entre comerciantes y artesanos se escala al punto de generar movilizaciones y asonadas con la muerte de varios líderes de ambos bandos, entre ellos los ciudadanos alemanes Hermann Hederich y Christian Goelkel. El Estado colombiano, bajo amenaza, fue obligado a indemnizar a las familias de los alemanes asesinados y a realizar una ceremonia de desagravio en la plaza principal de la ciudad de Bucaramanga.

Si bien las Sociedades Democráticas fueron abolidas con la constitución de 1886, son un referente obligado para entender los antecedentes de las organizaciones de trabajadores y artesanos que surgirían en años posteriores, no solo por sentar una posición en torno a la defensa del trabajo, sino también por su participación política en una sociedad precapitalista y en transición hacia el inicio del proceso de industrialización. t

Parque García Rovira, Bucaramanga. Foto Gayassa

22 Historia del trabajo en Colombia

Huelga de bogas y el ferrocarril 1878. Tras el anuncio de la construcción del Ferrocarril del Pacífico, 115 bogas del Río Dagua, remeros de transporte por el río, se organizaron en protesta por sentir amenazada su situación laboral. Fue la primera huelga de trabajadores ante la pérdida de empleos debido a cambios tecnológicos.

E

n enero de este año, los bogas de raza negra del río Dagua, en el Valle del Cauca, se declararon en huelga. Los trabajadores maniobraban los champanes, que eran canoas con una cubierta de madera en forma de arco en el centro de la embarcación para proteger la carga de las lluvias, y que fueron inventadas en 1550 para transporte en los ríos del Nuevo Reino. En la medida en que se robustecían las actividades económicas, el número de champanes y de cargas crecía, pero con el anuncio de la construcción del Ferrocarril del Pacífico, los bogas protestaron por sentir seriamente amenazado su sustento económico.

Este nuevo negocio desmotivó el uso del transporte fluvial, generando conflictos con los dueños de las embarcaciones y sus tripulaciones.

Desde que se reglamentó por primera vez como una actividad asalariada, el trabajo como boga atrajo a muchos trabajadores debido a la baja calificación requerida. Los únicos requisitos a cumplir por quienes quisieran trabajar en este oficio eran condiciones físicas aptas para soportar el trabajo riguroso y los conocimientos del río en el que se laboraría. Este era un trabajo fuerte, de doce horas diarias continuas, en canoas en las que catorce bogas alcanzaban a cargar diez toneladas de peso en sus embarcaciones.

De la huelga se pasó al amotinamiento: los bogas se reunieron para sabotear la construcción del nuevo ferrocarril, ocasionando choques con las autoridades y los defensores de los intereses de las élites financiadoras del tren.

El malestar llegó hasta el eslabón menos fuerte de la cadena: los trabajadores remeros o bogas, quienes fueron perdiendo oportunidades de trabajo. Dicha situación generó una movilización de los bogas, quienes, aglomerados, pactaron un cese de actividades en protesta por la situación, demandando solución inmediata. La protesta fue apoyada por más de 115 bogas, quienes en una de las peticiones decían: “que se nos trate como a ciudadanos de una República y no como a esclavos de un sultán”.

El movimiento terminó con el sometimiento de los remeros por parte de las fuerzas del Gobierno. t

La construcción del ferrocarril tuvo impactos socioeconómicos importantes en las poblaciones que habitaban a lo largo de las vías fluviales y que se encargaban del transporte de mercancías y pasajeros. Por un lado, el transporte de carga por rieles se presentó como una manera ágil de suplir el transporte de mercancías al interior de país, el cual venía siendo realizado, en parte, por los bogas. El ferrocarril permitiría transportar grandes cantidades de productos, de manera más rápida, a distancias más lejanas y a menores costos.

Cortesía: Museo Nacional de Colombia. Dibujo. Lápiz compuesto 1850.

100 Momentos decisivos 23

Constitución política de 1886 La Constitución escrita por Miguel Antonio Caro, en el Gobierno de Rafael Núñez mostró tanto su voluntad de fortalecer la libertad y el bienestar de los trabajadores, como la represión y la fuerte vigilancia sobre las formas asociativas de los mismos.

Este fue el primer reconocimiento a la libertad de trabajo.

Rafael Wenceslao Núñez Moledo. Óleo de autor anónimo del siglo XIX, Museo Nacional, Bogotá.

24 Historia del trabajo en Colombia

L

os enfrentamientos entre liberales y conservadores dominaban el panorama histórico de la Colombia del momento. Dicha polarización se materializó muchas veces en conflictos bélicos regionales y nacionales (como las guerras civiles de 1876 y de 1885), y en los ámbitos políticos, en donde se hacía uso de la legislación federal para favorecer intereses particulares.

En medio de este ambiente de tensiones, después de la Guerra de 1885 cuando las fuerzas de Núñez derrotaron la insurrección liberal se dio inicio al periodo conocido como la Regeneración, se desarrolló un nuevo proyecto de constitución que era funcional para los ideales del conservatismo. Esta fase también se conoció como La Hegemonía Conservadora.

Si bien la Constitución de 1886 convirtió a la naciente república en un estandarte del conservatismo, con esta también se dieron pasos importantes en cuanto a los deberes y derechos de los trabajadores colombianos. Por ejemplo, mediante el Artículo 44 del Título III se eliminó la tradición asociativa de los gremios propia de la época colonial: “toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores. Las autoridades inspeccionarán las industrias y procesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas”. Este artículo además de permitir mayor libertad en el momento de adoptar un oficio, mostraba una mayor preocupación por la seguridad de los empleados y de la calidad de los servicios prestados por ellos.

Por otra parte, los artículos 46, 47 y 49 del Título III rezaban respectivamente: “toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas”, “Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal. Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente. Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, con autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica”, y “Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas, y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este Título, con las limitaciones generales que establezcan las leyes, por razones de utilidad común”. Estos apartes demuestran, paradójicamente, la voluntad del Gobierno de Núñez de fortalecer la libertad y el bienestar de los trabajadores por una parte, y la represión y la fuerte vigilancia sobre las formas asociativas de trabajadores por la otra.

La Constitución Política de Colombia de 1886 reunió los derechos, los deberes y las normas que rigieron la vida constitucional desde los últimos años del siglo XIX hasta el año de 1991, cuando esta fue derogada y reemplazada por la promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente. t

Foto cortesía Museo Nacional de Colombia.

Mosaico del Consejo Nacional de Delegatorios, reunión en Bogotá el 11 de noviembre de 1885 Autor: Racines Bernal, Julio 1848-1913

Foto cortesía Museo Nacional de Colombia.

Constitución política de Colombia. Edición Oficial República de Colombia - Imprenta de Echeverría.

100 Momentos decisivos 25

Las pensiones militares La Ley 50 de 1886 es la primera ley que establece diferencia entre pensión remuneratoria de la gratuita. Establece tope a las pensiones gratuitas. Incluye las pensiones a militares por guerra de Independencia. Desde la Independencia las pensiones a los militares que participaron en la causa libertadora fueron motivo de diversas leyes.

L

a Ley 50 de 1886 fijaba reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones. Los primeros artículos tienen disposiciones varias sobre los montos de las pensiones, quienes las pueden recibir, los requisitos para recibir estas mesadas pensionales y sus características. La ley declaraba que una pensión proveniente del “Tesoro Nacional”, es la merecida recompensa por grandes logros o largos periodos de servicio a la Patria. En el artículo 5º, se aclaraba que las pensiones son personales y por lo tanto, no pueden ser hereditarias.

Eran pensiones gratuitas las concedidas por cualquier título distinto de los mencionados anteriormente. Toda pensión gratuita previamente concedida que excediera la suma de ochenta pesos ($ 80) mensuales, se reduciría a esta suma.

La Ley 50 de 1886 fue uno de los primeros esfuerzos gubernamentales por recompensar a los trabajadores retirados después de una vida de trabajo para el Estado, con el fin de permitirles una vejez en condiciones dignas. t

El personal militar fue el principal acreedor de las pensiones ofrecidas por el Estado, especialmente aquellos que sirvieron en las batallas de Independencia. De acuerdo a los artículos 11, 12 y 13, también eran merecedores de pensión de jubilación los empleados civiles que hubieran desempeñado labores en los ámbitos judiciales o políticos por veinte años por lo menos y los empleados en la “Instrucción Pública”, siempre que cumplieran con requisitos como una intachable moral y aptitudes de trabajo, hallarse imposibilitados para ganarse la vida y carecer de medios para vivir, o ser mayor de sesenta años y presentar los comprobantes de sus servicios al Estado.

El magisterio privado también quedaba cobijado por los mismos beneficios si los maestros cumplían con los requisitos antes mencionados. Las pensiones concedidas pueden ser revocadas ante las siguientes situaciones: “Si el agraciado observa conducta notoriamente inmoral, si toma armas contra el Gobierno y/o si tiene un capital libre de diez mil pesos”.

De acuerdo al artículo 17 de la Ley 50, las pensiones concedidas hasta el año 1886 se dividían en remuneratorias y gratuitas.

De ese año en adelante, las pensiones que se concedían sólo eran remuneratorias. El artículo 18 explica que las pensiones remuneratorias se concedían a los militares de la Independencia por servicios prestados a esta causa desde 1810 a 1826 y también a quienes prestaron servicios en la Marina de Guerra hasta 1827 o a título de jubilación o retiro en pago por servicios clasificados en leyes preexistentes, “siempre que en su cuantía y términos la concesión se haya ceñido a la promesa legal”. Las mencionadas pensiones remuneratorias, no podían disminuirse bajo ninguna circunstancia y eran pagadas mensualmente en moneda legal.

26 Historia del trabajo en Colombia

Alberto Urdaneta, “El corneta” (grabado por Moros) en “Papel Periódico Ilustrado”, Edición facsimilar, Carvajal y Cia, Cali, 1979, p. 188

El motín bogotano de 1893 Las calumnias contra el gremio de los artesanos publicadas en una serie de cuatro artículos titulados “La miseria”, produjeron importantes manifestaciones en contra de la prensa y del Gobierno. Si bien la protesta se tornó violenta, y tuvo que ser reprimida mediante Estado de Sitio, sentó un importante precedente al cuestionar a las instituciones. Primera asonada del gremio artesanal en defensa de su clase.

D

ebido en parte a las políticas fiscales de La Regeneración liderada por el Gobierno de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, a partir de 1880 la calidad de vida de muchos colombianos disminuyó. Para la mayoría de trabajadores, los salarios eran muy bajos, siendo insuficientes para pagar alquileres y artículos de primera necesidad.

Dicha situación agravó las tensiones sociales, particularmente la de los artesanos, quienes estaban sometidos a la creciente presión de las importaciones extranjeras. En 1893, este gremio fue protagonista de un motín provocado por la publicación de una serie de cuatro artículos titulados “La miseria”, escritos por Ignacio Gutiérrez en el periódico Colombia Cristiana. Los textos tenían como objetivo explicar la causa de la miseria de los artesanos, la cual a juicio del autor, era consecuencia del consumo de chicha y del poco interés por el ahorro y la previsión de obreros y trabajadores.

y destruyendo puertas y ventanas. También arremetieron contra las instalaciones policiales –impidiendo que la Policía controlara el disturbio–, las viviendas de altos funcionarios, y varios edificios públicos (la Alcaldía y el Palacio Presidencial, entre otros).

Ante esta situación, se decretó el Estado de Sitio en la capital del país durante cuarenta días (del 16 de enero al 24 de febrero de 1893) para evitar el recrudecimiento de la protesta y proteger a la Policía.

La Sociedad Filantrópica fue suspendida, acusada de haber incitado al desorden con carteles subversivos. El Decreto 390 prohibió sus reuniones, secretas o públicas, so pena de la aplicación de la Ley Marcial durante la vigencia de Estado de Excepción, y posteriormente las disposiciones del Código Penal.

A pesar de que este levantamiento popular no tuvo el éxito esperado, se sentó un precedente importante en el que la autoridad y sus instituciones fueron fuertemente cuestionadas. t

Los artesanos de la Sociedad Filantrópica, bajo la presidencia de José Leocadio Camacho, rechazaron tajantemente el escrito por considerarlo una calumnia. En grupo, expresaron su inconformidad al sentirse discriminados por el desempeño de sus oficios y la falta de reconocimiento social y del Gobierno.

La Sociedad insistía en que Gutiérrez debía retractarse de sus comentarios, pero ninguna demanda fue admitida.

El 15 de enero de 1893, los artesanos atacaron verbalmente a Gutiérrez y antes de que algunos funcionarios del Gobierno calmaran a la muchedumbre, la Policía arrestó a gran parte de los manifestantes.

Al día siguiente, aún indignados por las afirmaciones del periodista y por el arresto de varios trabajadores, algunos artesanos promovieron una protesta pacífica encabezada por Félix Valois Madero. Los protestantes recurrieron al ministro de Gobierno, General Antonio B. Cuervo, a pedirle la liberación de los artesanos arrestados la noche anterior y la imposición de la Ley de Prensa contra Gutiérrez.

Como el General se negó a sus peticiones, la muchedumbre regresó a la casa de Gutiérrez, que para entonces era custodiada por la Policía. Los amotinados atacaron la casa, apedreándola

Ignacio Gutiérrez Vergara Autor: Anónimo 1868 S. XX Foto cortesía Museo Nacional de Colombia.

Pintura (Óleo-Tela)

100 Momentos decisivos 27

La Conspiración de 1894 Los artesanos de la protesta espontánea pasan a la conspiración: acción armada, programa de comunicación y cronograma del alzamiento. Plan para tomarse el gobierno del presidente Caro.

D

espués de los motines de 1893, la semilla de la rebelión quedó sembrada en varios liberales. Para agosto de ese año, varios miembros del partido en la capital y el General Avelino Rosas en el exilio, prepararon un complot para tomar cautivos al presidente Caro y a varios miembros del Gobierno. Aunque la conspiración fracasó, y varios conspiradores fueron detenidos y enviados a otras regiones, quienes quedaron libres mantuvieron firme su intención.

En 1894, varios artesanos de Bogotá inconformes orquestaron una nueva conspiración. En grupo, publicaron un Manifiesto Popular en el que señalaban que los promotores eran tanto conservadores como liberales, y le pedían al Gobierno modificar sus medidas económicas, en especial las emisiones del papel moneda (a las que atribuían efectos negativos en el nivel de precios y la reducción de las ventas de sus productos).

El Manifiesto, del que se imprimieron diez mil copias, denunciaba actos de corrupción oficial y exceso de gastos públicos.

“No se nos oculta[n] las graves consecuencias del paso que hoy damos, pero él se impone como una necesidad no habiendo ningún otro medio de acción, anulada como está la prensa y cerradas como están las urnas en los días de elecciones a los que tienen candidatos distintos de los que predominan en las regiones oficiales”. El documento, más que un pronunciamiento político, trataba de mantener el secreto para que la sorpresa fuera la base del éxito.

El líder de la conspiración era Antonio Cárdenas, sastre de profesión, y la base de la organización era la Junta Liberal del barrio Las Nieves. Cárdenas había recolectado cuatrocientos pesos para comprar algunas armas y, por primera vez en las conspiraciones colombianas, cierta cantidad de dinamita.

El plan de acción era preciso. El reglamento de los conspiradores se imprimió y distribuyó entre sus integrantes. El texto, en el que se señalaban al detalle las tareas a desarrollar, era un formato con espacios en blanco para ser llenados con nombres de responsables y objetivos. El documento aclaraba que era “obligación de todo jefe de guerrillas organizar veinticinco hombres bajo su mando que tengan las cualidades siguientes: viveza, valor, honradez y subordinación. Con esas condiciones será todo lo anterior cumplido y obedecido, como también hacer todo esfuerzo de proveerse, hasta donde le sea posible, de

28 Historia del trabajo en Colombia

las armas necesarias para su guerrilla”. Además, como en varias regiones se quería reproducir el movimiento, la comunicación se estableció a través de telegramas cifrados.

Con las consignas de “¡Abajo el agiotismo [sic]! ¡Viva el trabajo! ¡Abajo los monopolios! ¡Abajo las contribuciones!”, el plan consistía en tomarse los cuarteles del Ejército y la Policía, y el Palacio Presidencial; interrumpir el correo y los telégrafos, y cortar las líneas de teléfonos mientras grupos especiales detenían al vicepresidente Caro y al ministro de Gobierno. Los demás ministros debían ser capturados en sus casas. El objetivo final era que el vicepresidente conformara un gabinete con participación liberal.

Las acciones estaban a cargo del peluquero Félix Pérez y del dueño de la chichería Patio Bonito, Manuel Martínez Navarrete.

La fuerza de los conspiradores comprendía tres grupos de doscientas personas en Bogotá y cuatrocientos jinetes suministrados por el hacendado de Sesquilé, Ramón Soto (general liberal que participó en la guerra de 1985).

La fecha planeada era el Día de Pascua, primero de abril, por considerar que los policías estarían ocupados cuidando las procesiones. Ese día, los conspiradores debían llegar al atrio de la catedral, “en pequeños grupos, para no llamar la atención. Todos portarían divisas y los jefes vestirían de negro”. Pero a las cuatro de la tarde, cuando el plan estaba listo para ejecutarse, se dio una contraorden para suspenderlo. La noche anterior, la Policía había detenido al ebanista Bernardino Rangel, responsable justamente de la toma de la sede de esa institución. Rangel conocía los escondites de la mayor parte de las armas.

Aunque Cárdenas dio la contraorden, era tarde porque muchos telegramas ya se habían enviado a provincias con luz verde para iniciar el plan. La Policía, en sobre aviso, detuvo a varios conspiradores y, en los días siguientes, la institución bajo la conducción del comisario francés Marcelino Gilibert, detuvo a más de sesenta personas. Muchas confesaron detalles del plan.

En julio de ese año, el Gobierno dictó un decreto especial de gracia y liberó a carpinteros, tapiceros, ebanistas, dulceros, zapateros, chicheros, tipógrafos, albañiles y sastres. Cárdenas, el líder, no fue capturado y no se pudo probar que la conspiración fuera responsabilidad del Partido Liberal. t

Miguel Antonio Caro GutiĂŠrrez, Felipe Santiago (1824-1904) Pintura (Ă“leo-Tela) S. XIX Museo Nacional de Colombia

100 Momentos decisivos 29

La fiebre del caucho 1900 - 1930. La explotación del caucho generó una creciente demanda mundial, y la única fuente de este producto era la alta selva amazónica. Grandes grupos de población indígena de diferentes comunidades de la región fueron literalmente esclavizados para trabajar en esta labor.

L

a savia del árbol de caucho se relaciona con uno de los episodios más crueles de la historia de la Amazonia colombiana, en un periodo comprendido entre las últimas décadas del siglo XIX y los años 30 del siglo XX.

La del caucho, sin embargo, no fue la primera bonanza en la cuenca amazónica. Entre 1850 y 1882, en diversas regiones del piedemonte llanero y amazónico de Colombia, inversionistas y comerciantes explotaron la quina, que era entonces la única cura contra fiebres. La casa Elías Reyes y Hermano, entre otras, de la que el presidente Rafael Reyes era socio, se dedicaba a la explotación y exportación de la corteza de árboles de quina para la industria farmacéutica europea.

Pero, como suele ocurrir en las bonanzas, en 1884 el precio internacional de la quina se cayó al suelo y el negocio se acabó.

30 Historia del trabajo en Colombia

Eugenio Robuchón rodeado de indios huitotos en plantación

Entonces apareció la demanda del caucho en Estados Unidos, materia prima en la producción de neumáticos para el creciente mercado del automóvil.

Por toda la región amazónica, empresarios caucheros, con mano de obra de indígenas en condiciones de esclavitud, explotaron el material. Desde Manaos en Brasil, e Iquitos en el Perú se controlaban las expediciones que surcaban las cuencas de todos los ríos amazónicos. En la década de 1910, los departamentos colombianos del Putumayo y Caquetá eran territorios dominados por caucheros peruanos. Esta situación provocó un primer conflicto con ese país.

En 1911, el Gobierno de Colombia decidió instalar un contingente militar en la localidad de La Pedrera, en el río Caquetá, y otra en Puerto Córdoba, al otro lado de ese río, en lo que era

la indefinida triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú.

La expedición, de no más de doscientos hombres venidos de Puerto Colombia, Atlántico, se instaló en La Pedrera en medio de las protestas peruanas y brasileras. Del 10 al 12 de julio de ese año, soldados peruanos atacaron la guarnición colombiana y la obligaron a retirarse de Puerto Córdoba. Colombia perdió 180 hombres y Perú, 44. Luego se firmaría un acuerdo según el cual los peruanos no atacarían La Pedrera y los colombianos no atacarían a los caucheros peruanos del Caquetá, sin que implicara ninguna aceptación de soberanía de las dos partes.

Once años después, se firmó el Tratado de Límites entre Colombia y Perú llamado Lozano-Salomón. Colombia tendría acceso al Amazonas en el trapecio de Leticia y el límite entre los dos países sería el río Putumayo.

La explotación del caucho atrajo muchos trabajadores del interior de Colombia para trabajar con las casas caucheras de la cuenca del Amazonas. El sistema de trabajo era inhumano, y a cambio de alimentos, vestido y herramientas entregadas por el patrón –a precios exorbitantes–, los trabajadores pagaban con su mano de obra y material extraído. Así, los obreros quedaban atados por las deudas con sus patrones casi de por vida. En el caso de la población indígena, este modo de vinculación era una extensión tardía del sistema esclavista. Los caucheros desplazaban comunidades enteras, separaban familias y mantenían un régimen de trabajo forzado.

En las cuencas de los ríos Caraparaná, el alto Cahuinarí e Igaraparaná se construyeron grandes campamentos de extracción del material y barracas para trabajadores y patrones. Las grandes casas caucheras, como la Casa Arana de Perú, contaban en miles

el número de trabajadores que a diario cosechaban la leche del árbol de caucho en las selvas colombo peruanas, al tiempo que los trabajadores contraían enfermedades tropicales y morían debido a estas o por las precarias condiciones presentes en los campamentos, los castigos físicos y las extenuantes jornadas de trabajo.

A raíz de los informes de viajeros europeos que visitaron la región a comienzos del siglo XIX, llegaron noticias a Europa sobre los abusos de los empresarios y las casas caucheras. Esto despertó un escándalo internacional y llamó la atención de diferentes gobiernos sobre la actuación de la Casa Arana, entre otras caucheras.

En 1912, una comisión del Parlamento británico abrió una investigación pública para determinar el grado de responsabilidad de los directivos de la Peruvian Amazon Company (compañía que reemplazó a la Casa Arana cuando Julio César Arana vendió acciones de su compañía, que fueron compradas en su mayoría por ingleses). El informe reportó un número de muertos y desaparecidos de la población indígena Huitoto que fluctuó entre las treinta y cincuenta mil personas.

Los resultados de esta investigación hicieron que el gobierno inglés forzara la disolución de la empresa, la cual volvió a tomar el nombre Casa Arana y a ser conducida por Julio César. Dieciocho años después, debido a la crisis del precio por las grandes plantaciones de látex en Asia que negociaban un menor precio, la fiebre del caucho terminó.

Las imágenes de la selva amazónica y del cruel destino de muchos de los que en ella se adentraron, quedaron inmortalizadas en La Vorágine, novela monumental de José Eustasio Rivera. t

Casa Julio Cesar Arana. Facsímil de la fotografía de Melitón Rodríguez. 1905

100 Momentos decisivos 31

Asociación de Tipógrafos de Bogotá 1907. Esta organización, creada para defensa de un gremio de artesanos, fue la primera organización sindical reconocida en Bogotá.

D

Operarias de Tipografía de Velásquez Toro, Magdala en “Condición jurídica y social de la mujer, “Nueva historia de Colombia”. Ed. Planeta, Bogotá, 1989, Vol. IV, p. 33.

urante los primeros años del siglo XX, las organizaciones de artesanos, sastres, carpinteros, ebanistas, tipógrafos, zapateros, etc. se fortalecieron dando origen en 1907, a varias asociaciones artesanales como la de Sonsón, en el departamento de Antioquia y la Asociación de Tipógrafos de Bogotá.

A principio del siglo XX, la tipografía, entendida como el arte y la técnica de manejar “tipos”, fundamentalmente de plomo, para imprimir en papel mensajes y textos, había adquirido gran fuerza en la sociedad capitalina, y sus operarios ocupaban un lugar destacado entre los gremios de artesanos de la época. Su posición se vio fortalecida por la creciente importancia tomada por la prensa escrita, la literatura y la publicidad.

32 Historia del trabajo en Colombia

El alfabetismo creciente, aumentó la demanda de los materiales impresos en la vida política e intelectual del país, y las agremiaciones de tipógrafos se convirtieron en organizaciones necesarias para la formación de los ciudadanos y el desarrollo de las ideologías políticas y el comercio.

Como resultado de las innovaciones tecnológicas de la era digital, este oficio ha cedido su lugar de importancia a los ordenadores. Sin embargo, la Asociación de Tipógrafos de Bogotá tiene el importante título de haber sido la primera organización sindical obrera reconocida oficialmente en la capital del país. Su historia está ligada a la de las demás agremiaciones de artesanos urbanos surgidas en la primera década del siglo XX, y que configuran el núcleo primigenio del sindicalismo colombiano. t

La Sociedad de Artesanos de Sonsón 1909. Esta Sociedad marca una pauta importante en la historia laboral de Colombia, pues fue la primera organización en luchar por los derechos de los trabajadores. Primera organización de trabajadores en ser legitimada por el Estado.

L

os primeros años del siglo XX marcaron una tendencia importante en la lucha por los derechos laborales en Colombia. Después de la Guerra de los Mil Días, con nefastas consecuencias para el país (como la separación de Panamá), el nuevo siglo demandó reformas políticas y económicas urgentes para la nación.

En ese entonces, Colombia realizaba un esfuerzo importante orientado hacia la transición de una economía agrícola de autoconsumo, con el café que sostenía la economía exportadora, hacia una industria orientada al mercado interno. Este proceso generó incertidumbre en la población, puesto que se sabía que ocasionaría cambios en la estructura social.

Ante este panorama, las asociaciones de carácter mutualista que venían del siglo anterior y que agrupaban artesanos y trabajadores de distintas áreas, se convirtieron en el principal referente para la creación de sindicatos para luchar por la mejora de las condiciones laborales de la clase obrera en la naciente industria nacional y en sus relaciones con las también nacientes empresas extranjeras instaladas en el país.

El 31 de agosto de 1909, en el noroeste de Colombia, quinientos sastres, zapateros y otros artesanos conformaron la primera agrupación sindical reconocida por el Estado. La Sociedad de Artesanos de Sonsón ya había sido creada seis años atrás, con el apoyo de la Iglesia Católica. Esta institución había alentado a los “picapiedreros” con el fin de que se unieran para trabajar en la búsqueda de su bienestar mientras construían la catedral de la localidad.

La filosofía inicial de la Sociedad no estaba permeada por las ideas revolucionarias que recorrían el mundo en ese entonces. Sin embargo, en el naciente medio industrial que demandaba mano de obra sumisa y mal paga, la agrupación entendió que al unirse les sería más viable luchar por sus derechos como ciudadanos.

La Sociedad de Artesanos de Sonsón fue la primera organización en luchar por los derechos de los trabajadores y en ser legitimada por el Estado. Como organización marca una pauta importante en la historia laboral de Colombia. Por eso, el día de su fundación ha sido tomado como referencia para conmemorar el día del sindicalismo en el país. t

Calle de Sonsón (Antioquia), Patricia Londoño y Santiago Londoño, “Vida diaria en las ciudades colombianas” en “Nueva Historia de Colombia”, V. Iv., Ed. Planeta, Bogotá, 1989, p. 375.

100 Momentos decisivos 33

María Cano Mujer pionera en participar en la actividad política de Colombia. Nació en Medellín el 12 de agosto de 1887. Dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población y los derechos de los trabajadores y encabezó importantes huelgas obreras.

María Cano.

Facsímil de la foto de Melitón Rodríguez.

Cortesía del instituto María Cano. Ismac

34 Historia del trabajo en Colombia

La identidad obrera 1909 - 1918. El nacimiento de nuevas organizaciones sindicales dio paso a la búsqueda de una identidad trabajadora.

Las movilizaciones sociales se incrementaron, mientras la discusión sobre los derechos laborales se mantuvo vigente.

E

l inicio del siglo XX trajo una serie de cambios en la vida del país. Pasar de la agricultura y el autoconsumo a la industrialización –aunque incipiente–, y al nacimiento de la urbanización empezaron a generar debates sobre las precarias condiciones socioeconómicas del campo y la dificultad de acceso a la tierra.

En esos años, las huelgas, paros, motines y marchas eran cada vez más frecuentes en Colombia. Las fricciones sociales acentuadas en las ciudades junto con la falta de reglas en el novel sector industrial producían manifestaciones por parte de los trabajadores, quienes hacían públicas sus inconformidades.

Si bien desde finales del siglo anterior ya existían movilizaciones gremiales incipientes, y en la primera década del siglo XX las luchas fueron aún más habituales (fortalecidas además por la aparición de algunas organizaciones obreras), en el periodo de 1909 a 1918 se dio una transición importante en la historia laboral.

Ese periodo quedó marcado por las iniciativas de organización obrera y la búsqueda de una identidad trabajadora. Si bien es difícil hablar de la existencia de un movimiento obrero para la época, es claro que este periodo de luchas y de aparición de nuevas organizaciones dio paso a mayores movilizaciones de trabajadores de diversas actividades y regiones en la década de 1920.

Líderes como María Cano e Ignacio Torres, con el impulso de las ideas socialistas, la Revolución Bolchevique y la agitación comunista en toda Europa, fueron los detonantes del auge de estas organizaciones obreras.

De otro lado, se agudizaron los enfrentamientos por la tierra y las movilizaciones campesinas e indígenas, como la liderada por Manuel Quintín Lame (1910) en los departamentos de Tolima y Cauca. t

En esa década muchas organizaciones gremiales, artesanales y de mutuo auxilio siguieron el ejemplo de la Sociedad de Artesanos de Sonsón, y formalizaron sus asociaciones en los registros gubernamentales al constituir sindicatos de diverso orden. La mayoría de estos grupos se relacionaba con industrias o sectores productivos en particular, como el manufacturero y el de vías de comunicación (ferroviarios, fluviales y de carreteras). Sin embargo, la fuerza que estos movimientos habían tomado –al ganar batallas legales y reconocimiento de derechos–, desembocó en la inspiración a otros sectores que, para ese entonces, eran ajenos a la lucha laboral. Tal fue el caso del sector campesino.

Ejemplo de dicha inspiración fue el nacimiento del Sindicato Agrícola de Fresno en Tolima (1910), que agrupaba labriegos de la producción de arroz; y el Sindicato de Profesores y Maestros del Tolima (1918), que agremió a educadores y directivos de diversos centros educativos de ese departamento.

Otros sindicatos fueron creados en ese periodo, como la Unión de Obreros y Artesanos de Medellín (1914), el Círculo de Obreros de Popayán (1914), la Sociedad de Obreros de Ipiales (1916), el Sindicato Central Obrero de Bogotá (1917), la Liga Obrera de Bucaramanga (1917) y la Unión Obrera de Ciénaga (1918).

Manuel Quintín Lame Chantre y Lucila Galindo Salazar, en el día de la boda del dirigente. Copia con gelatina (Emulsión fotográfica-Papel) 1928 S. XX Museo Nacional, Bogotá.

100 Momentos decisivos 35

Huelga de los braceros 1910. Los braceros de Barranquilla consiguieron desarrollar la primera huelga laboral del país. Esta vez el llamado de atención no sería contra el Gobierno, sino una empresa particular. Primera huelga dentro de una empresa.

P

ara una economía que despuntaba en el mercado internacional, las comunicaciones y el transporte eran fundamentales para el flujo adecuado de las mercancías de importación y exportación. En ese entonces, Barranquilla era el puerto marítimo más importante del país, lugar de salida de productos como café, tabaco, quina y demás materias primas que sustentaban la economía colombiana. Allí llegaban, a su vez, productos de importación requeridos por los consumidores.

El cargue y descargue de los barcos mercantes y su transbordo a los barcos del río Magdalena se hacía mediante braceros, trabajadores responsables de llevar grandes cargas en sus hombros. Debido a malos salarios, exigentes jornadas laborales y la inexistencia de contratos (por lo que solo recibían el pago por el día trabajado), el 16 de febrero 1910 los braceros del puerto barranquillero se levantaron en protesta.

Cuando el conflicto se desató, el puerto se paralizó por varios días, alterando fuertemente la economía del país. No solo los empresarios del puerto sino los del interior del país, se vieron en problemas, llegando incluso a presionar a la empresa de

transporte, Pineda y López, con el fin de que abriera espacios de diálogo para conciliar la situación.

Esta huelga tuvo repercusiones sociales importantes. Por un lado, se trató de la primera huelga enfocada contra una empresa en particular, porque no fue como las protestas previas en las que trabajadores o algún sector productivo reclamaban al gobierno ciertas medidas. Por otro lado, la huelga en esa empresa se extendió en la región y fue creando una ola de indignación general de obreros contra sus patrones, transformando a este movimiento en la primera huelga general del país.

La condición de puerto de Barranquilla, desde donde no solo llegaban y partían mercancías sino también personas, junto con la influencia en los trabajadores de las ideas socialistas y anarquistas en auge en Europa, impulsó su movilización y les dio soportes político e ideológico. Los obreros portuarios eran conscientes de su poder como una parte importante en el engranaje de la economía del país y, así, consiguieron inclinar la balanza a su favor. t

Cortesía Instituto María Cano-ISMAC

36 Historia del trabajo en Colombia

Unión Nacional de Industriales y Obreros.

La UNIO

1910. Las organizaciones de artesanos empiezan a representar intereses de obreros. La UNIO nació distanciada de los partidos políticos.

L

a industrialización y el influjo de ideas socialistas fueron generando transformaciones en las organizaciones de artesanos. Estas, creadas a mediados del siglo XIX fueron pasando por las organizaciones mutualistas, hasta tomar forma como las primeras organizaciones políticas como la Unión Nacional de Industriales y Obreros, UNIO, de 1910.

Ya en ese año, algunos líderes de los trabajadores pugnaban por tomar distancia de los partidos tradicionales, y de la vocación de

Desfile en Barranca. Foto de Floro Piedrahita . Cortesía del instituto María Cano. Ismac

las organizaciones mutualistas, para adoptar una posición diferente desde la visión socialista, y empieza a ser recurrente el llamado a conformar un partido obrero.

La UNIO, fue entonces uno de estos primeros intentos, que no obstante, seguía reflejando una clase trabajadora con una mezcla de distintos intereses y características particulares, que se reflejan en el mismo nombre de la organización que incluía además de los obreros, a los industriales, haciendo referencia a los artesanos particularmente. t

100 Momentos decisivos 37

Creación de la Unión Obrera 1913. Al proponer una acción política de los trabajadores, que más allá de las luchas políticas entre liberales y conservadores, se centraran en los derechos, la Unión Obrera generó una dinámica determinante en la política laboral. Así fue la primera federación nacional de sindicatos obreros.

E

n este año, durante el gobierno del presidente Carlos E. Restrepo, Colombia se había visto beneficiada por el alza en los precios internacionales del café. Esto, sumado a las intervenciones en las políticas fiscales que buscaban un Estado más austero, produjo un superávit fiscal y una relativa prosperidad poco habitual hasta entonces en la historia del país.

En ese entonces, el gobierno de Restrepo se enfocó en evitar los conflictos entre los partidos Liberal y Conservador, en promulgar la libertad de cultos y la tolerancia entre ellos, y también en dar un giro en la mirada respecto a las minorías existentes en un momento en el que a la par de las luchas obreras empezaban a gestarse movilizaciones de comunidades indígenas y de otras poblaciones que exigían el derecho a la tierra.

Las exigencias de los trabajadores acumuladas en la corta historia industrial del país –en busca de dignidad, mejores

condiciones salariales, calidad de vida y sobre todo, respeto de sus derechos ciudadanos–, se cristalizaron en 1913 con la creación de la Unión Obrera en la ciudad de Bogotá.

Esta organización, que congregó obreros y trabajadores de distintos gremios del país, buscaba promover entre sus asociados un sentimiento que impulsara el desarrollo de su propia individualidad sin perder de vista la búsqueda de intereses comunes. De esta manera, la Unión Obrera se convirtió en un referente importante en la historia de Colombia, pues es considerada como la organización originaria de otras agrupaciones sindicales posteriores, reuniendo en su seno, sindicatos de distintas ciudades y de diversos gremios.

El éxito de la Unión Obrera fue casi inmediato. Cada año se vincularon más sindicatos a la Unión, se dispuso el camino para las asambleas y congresos obreros de los años posteriores, y esta se vinculó con otras confederaciones sindicales del mundo. t

Detalle facsimilar periódico “La Unión Obrera” No. 1, septiembre 20 de 1919, pág. 1.

38 Historia del trabajo en Colombia

Primera conmemoración del Día del Trabajo 1 de mayo de 1914. La celebración en el país tenía un carácter diferente a la de otros países, pues no se había constituido una clase obrera como tal. En ese año se realizó por primera vez en Bogotá la celebración del Primero de mayo, convocada por la Unión Obrera de Colombia.

S

i bien en otros países del continente, como Argentina, el día del trabajo se venía celebrando desde años antes, en Colombia solo hasta el primero de mayo de 1914, previa convocatoria de la Unión Obrera de Colombia, se realizó por primera vez en Bogotá la conmemoración de tan significativa fecha para los trabajadores de todo el mundo. El acto principal de este primer día del trabajo fue un desfile desde la Plaza de Bolívar hasta el barrio “La Perseverancia, en el que se enarbolaron banderas blancas, mientras se entonaba el Himno Nacional”. Una vez finalizado el desfile, se dio lugar al acto en el que se colocó la primera piedra de un monumento conmemorativo al trabajo.

Sin embargo son varios los elementos que caracterizan esta primera celebración, y que diferencian de manera muy clara el sentido que inicialmente tuvo la fecha para los trabajadores colombianos.

La influencia de las ideas socialistas y anarquistas que habían llegado a otros destinos del continente de la mano de los flujos migratorios, no tenían aun en Colombia mucha trascendencia. Por ello, en contraste con las movilizaciones que en torno al 1 de mayo se daban en otros países, en las que el discurso giraba en torno a la reafirmación de una identidad de clase de carácter revolucionario, en el país el Primero de mayo fue inicialmente una celebración de carácter regional mediante la cual los artesanos se visibilizaban como un elemento social fundamental para el progreso de la República. Esto fue así porque a comienzos del siglo XX, en Colombia aún no se había constituido plenamente una clase obrera como tal. Aparte de unas cuantas fábricas, la mayoría de las manufactureras producidas en el país aún estaban en manos de artesanado.

Mientras en el resto del mundo se realizaban actos para rendir tributo a los mártires de Chicago, en Colombia se conmemoraba a los mártires de la Independencia con una clara influencia religiosa, en la que se invocaba a la caridad con “ancianos, indigentes, fallecidos, abandonados y niños desamparados”. t

José Vicente Concha, Museo Nacional de Colombia. Detalle del lienzo.

100 Momentos decisivos 39

Sistema de reparación a accidentes de trabajo 1915. Los albores de la Salud ocupacional en Colombia. Asistencia médica a trabajadores y definición inicial de riesgos laborales.

E

l discurso higienista, que partía de los avances científicos disponibles en ese entonces en la medicina, promulgaba una serie de disposiciones específicas para eliminar la propagación de enfermedades tropicales y enfermedades de transmisión frecuentes en las ciudades. La población de Colombia era aun mayoritariamente rural, pero el desarrollo industrial iba atrayendo cada vez más personas a los espacios urbanos, lo cual requería de intervenciones directas para disminuir los riesgos del aumento de la densidad demográfica. Estas disposiciones fueron también impulsadas por empresas extranjeras, que vieron la necesidad de tomar medidas de control ante las enfermedades tropicales desconocidas para ellas. Como ejemplo reciente estaba la construcción del Canal de Panamá donde la fuerza de trabajo fue diezmada por epidemias de fiebre amarilla y malaria. El enfoque de aseguramiento, de origen alemán, iba tomando fuerza dentro de las organizaciones obreras de tipo socialista, pues en él se definía la manera en la que los trabajadores debían realizar sus labores de forma segura, sin extralimitaciones ni riesgos.

Los conceptos de la protección del trabajador frente a riegos laborales fueron aspectos desconocidos en Colombia hasta el inicio del siglo XX. Rafael Uribe Uribe fue el primer líder político en tratar el tema de seguridad en el trabajo y la protección de los obreros en general en Colombia en el año 1904.

Así en 1915 nace la Ley 57 que promovía una reglamentación en relación con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pues el desarrollo de una actividad laboral puede conllevar una serie de riesgos.

La Ley 57 obligaba a las empresas a otorgar asistencia médica y farmacéutica, pagar indemnizaciones en caso de incapacidad o muerte y a sufragar los gastos de entierro.

Esta Ley instaba una serie de responsabilidades de los empleadores cuando se presentaban estos eventos, como lo eran la necesidad de otorgar prestaciones económicas y sociales al trabajador, sean pensiones, indemnizaciones, el permitir los tiempos de recuperación necesarios, acompañamiento para su ayuda y el asumir los gastos que esto suponga.

En esta Ley se definía accidente de trabajo como “… un suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y que produce, en el organismo de quien ejecuta un trabajo por cuenta ajena, una lesión o una perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa del obrero”. Además diferenciaba qué es un patrono y qué es un obrero y cuáles son las responsabilidades y derechos de ambos. De acuerdo con esta Ley un patrono es: “…toda persona, natural o jurídica, dueña de las industrias, obras o empresas en que por sí o por interpuesta persona, se esté verificando un trabajo” y un obrero es “… toda persona cuyo salario no exceda de seis pesos oro semanales, que ejecute trabajo por cuenta del patrono”. t

Detalle facsimilar imagen de la Revista El Gráfico de 1922, No. 626, tomada del libro “Historia del Hospital San Juan de Dios”, 2007, Instituto de Patrimonio Cultural, pág. 35.

40 Historia del trabajo en Colombia

Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja 1917. Las mutuales o sociedades de ayuda mutua entre obreros eran mecanismos de apoyo ante las deficiencias de la legislación en protección social. La iglesia fue impulsora de muchas mutuales que prestaban créditos, instrucción y apoyo mutuo.

D

urante la segunda década del siglo XX se observaron importantes cambios en el panorama laboral y social del país. El crecimiento de los principales centros urbanos unido a la naciente industrialización, generó un ambiente de tensión social expresado en constantes fricciones entre la emergente clase obrera y los patronos y dueños de las fábricas. El gobierno de Carlos E. Restrepo (1910-1914) abrió escenarios de participación política para las minorías, lo que impulsó escenarios de visibilización de nuevos sectores al interior de esta clase obrera.

En este contexto, surgieron las sociedades de ayuda mutua, como respuesta de algunos sectores sociales a la falta de apoyo del Estado. Estas sociedades se enfocaban en instruir a los trabajadores, apoyar su capacitación y fomentar el ahorro entre los obreros y sus familias. Las sociedades de ayuda mutua, en su mayoría, pregonaban su independencia del Estado y de los partidos políticos y se encargaban de la capacitación de los trabajadores. Así mismo, en caso de enfermedad grave o muerte repentina, prestaban labores de auxilio al obrero asociado y a su familia. Las sociedades de ayuda mutua eran organizadas o apoyadas por la iglesia.

En las directrices de ahorro e instrucción, los sacerdotes se encargaban también de la guía espiritual de los obreros asociados.

Un ejemplo de este tipo de sociedades de ayuda mutua dirigidas por sacerdotes fue el Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja. Este sindicato fue formado en 1917 por mujeres dedicadas al oficio de la costura que residían y laboraban en Bogotá. Fue el sacerdote Ignacio Posada quien tomo bajo su dirección a este grupo de mujeres, con el objetivo de fomentar el ahorro y darles instrucción propia de su labor a través de los valores católicos.

La experiencia del Sindicato de Obreras de la Aguja fue un hito fundamental en la apertura de espacios de participación política para la mujer. Casos como este, al igual que las huelgas de trabajadoras textiles en Antioquia ocurridas en la misma década, sirvieron como escenario previo para la reivindicación de las libertades y los derechos de las mujeres colombianas, que se materializarían años después con la promulgación de su derecho al voto y su ingreso a las labores del sector público. t

shutterstock

100 Momentos decisivos 41

Construcci贸n del ferrocarril de Puerto Wilches. An贸nimo, 1882.

42 Historia del trabajo en Colombia

El alzamiento de los trabajadores ferroviarios y estibadores 1918. Un paro de braceros en Barranquilla se extendió por otros puertos y ferrocarriles. Los trabajadores fueron reprimidos por la fuerza pública pero luego los gobernadores intervinieron para lograr concertación con empresarios.

L

os trabajadores portuarios de la Costa Atlántica, los obreros del ferrocarril y los artesanos de las ciudades de esta zona, fueron de los primeros trabajadores del país en organizarse para impulsar sus demandas sociales. Estas organizaciones buscaban las condiciones de seguridad de la fuerza de trabajo, una mínima estabilidad, el reconocimiento del descanso dominical, la reducción de la jornada de trabajo, la eliminación del trabajo a destajo, el pago en dinero y la provisión de servicios básicos de salud y educación, entre otros.

Los conflictos laborales de braceros, tripulantes, cargueros y demás trabajadores portuarios se remontaban a finales del siglo XIX, pero es a principios del siglo XX cuando estos eventos comienzan a visibilizarse como reivindicaciones de los trabajadores.

El primero de enero de 1918, Barranquilla fue escenario de un paro que se prolongó por cuatro días cuando las autoridades, empresarios y trabajadores acordaron un aumento salarial. La demanda de aumento de jornales para los trabajadores barranquilleros incentivó protestas obreras parecidas en otras ciudades de la región, como Cartagena y Santa Marta. El 7 de enero de 1918, la actividad portuaria y empresarial de Cartagena suspendió sus actividades, como consecuencia de una huelga de trabajadores del puerto, organizada por la sociedad de Artesanos y Obreros de la ciudad.

Del al 7 al 9 de enero de ese mismo año los braceros que movilizaban la carga en el ferrocarril (Cartagena-Calamar), junto con los carreteros y cargueros del muelle La Bodeguita, dejaron de laborar por tres días exigiendo aumentos en el jornal y reducción de la jornada laboral de nueve a ocho horas diarias, petición inicialmente dirigida a la compañía United Fruit Company y luego extendida al resto de las empresas navieras e industrias de la ciudad. Para evitar la parálisis del puerto, los empresarios trajeron varios empleados de Turbaco para suplir las necesidades de carga y descarga; la iniciativa acrecentó aún más las inconformidades de los trabajadores.

Para no prolongar el cese de actividades en Cartagena, gobernantes e industriales convocaron a una reunión a los obreros manifestantes, en la cual acordaron un aumento salarial que sería mayor para aquellos trabajadores que recibían los jornales más bajos. Adicionalmente, se reduciría la jornada laboral de nueve a

ocho horas. No obstante, en muchas empresas no se cumplieron los acuerdos pactados y esta situación incitó de nuevo una protesta por parte de los trabajadores portuarios de Cartagena. Dicha protesta fue violenta y la policía intervino, sin embargo, los obreros no se rindieron y se enfrentaron a la fuerza pública. El resultado del choque entre trabajadores y la policía fue de cuatro muertos (tres civiles y un policía) y varios heridos.

Esto llevó al Gobierno a expedir un decreto del Estado de Sitio bajo el cual se promulgó el Decreto 2º de 1918 que prohibía la representación de los trabajadores por personas ajenas a las empresas, aunque aceptaba, de manera parcial, la huelga como derecho.

Después de los disturbios, los trabajadores y empresarios se reunieron una vez más y luego de una larga deliberación finalmente se llegó a un acuerdo en el aumento de salarios.

Además, se pactó que las horas de trabajo se reducirían a ocho por día. Después de haber alcanzado estos acuerdos, el comercio y la industria de las ciudades costeras volvieron a la normalidad.

La capacidad de negociación que tuvieron los trabajadores obedeció a que iniciaron los ceses de actividades en un momento de congestión de carga en el puerto, lo cual hacía más vulnerables a los empresarios que necesitaban el transporte rápido de las mercancías.

El éxito de este movimiento sirvió de ejemplo para que los obreros de otras regiones del país utilizaran la huelga como medio para presionar al Gobierno y a los empresarios para que les fueran concedidas sus peticiones salariales y otras demandas.

La determinación y fuerza de los trabajadores portuarios fue un ejemplo que sirvió de incentivo para que los gobernantes y trabajadores concertaran pacíficamente sus diferencias y lucharan por la dignificación del trabajo en el país. t

100 Momentos decisivos 43

La primera norma en Salud Ocupacional Antes de la Ley 57 de 1915, los trabajadores eran considerados como una fuerza de trabajo barata, porque no existía una normatividad laboral que obligara a los empleadores a asumir sus responsabilidades.

L

a consolidación de la economía exportadora de materias primas trajo consigo un flujo de ideas y conocimientos que movilizaron debates públicos. Las ideas socialistas llegaban al país con más fuerza, las organizaciones obreras iban abriéndose cada vez más espacio en el espectro político, y las propuestas modernizantes y progresistas de corte liberal iban llenando agendas. En simultánea, el discurso higienista de la salud y las fórmulas del aseguramiento de condiciones básicas fundamentales para la población trabajadora se materializaban en ciertas políticas públicas.

Con el estudio de la higiene se buscaban medidas específicas para controlar la propagación de enfermedades tropicales y de transmisión frecuentes en las ciudades. Entonces, aunque la población colombiana todavía era en su gran mayoría rural, el desarrollo industrial traía consigo cada vez más personas a las urbes, demandando intervenciones directas que permitieran disminuir los riesgos relacionados con el aumento de población.

Vale la pena anotar que estas disposiciones fueron impulsadas por las empresas extranjeras, que vieron la necesidad de tomar medidas de control ante las enfermedades tropicales desconocidas para ellos. Como lo ocurrido durante la construcción del

Canal de Panamá, en la que muchos de los trabajadores resultaron afectados por epidemias de fiebre amarilla y malaria. Algunos de ellos incluso murieron.

El discurso del aseguramiento, de origen alemán, fue tomando fuerza en las organizaciones obreras de tipo socialista. Este estipulaba la manera en que los trabajadores debían realizar sus labores de una manera más segura, sin extralimitarse en sus tareas ni afectar su vida personal.

Dicho discurso, junto con las experiencias previas de movimientos obreros, hizo que en 1915 naciera la Ley 57, que promovía una reglamentación en relación con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, entendiendo que el desarrollo de una actividad laboral puede conllevar una serie de riesgos en sí misma, más aún en el desarrollo de actividades físicas y mecánicas.

Es de destacar que la Ley no solo consagra una definición de los riesgos, sino que inserta toda una serie de responsabilidades de los empleadores en caso de presentarse estos eventos (prestaciones económicas y sociales al trabajador, como pensiones, indemnizaciones, tiempos de recuperación, acompañamiento para su ayuda y el asumir los gastos que esto suponga para su labor). t

Se establece primeramente la Ley 57 de 1915 (La salud ocupacional en Barrancabermeja) en la empresa Ecopetrol. Fotografías archivo Ecopetrol.

44 Historia del trabajo en Colombia

Creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT 1919. Bajo la bandera de la justicia social y la protección de los derechos y los intereses de los trabajadores, se funda la Organización Internacional del Trabajo como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial.

E

n el preámbulo del documento constitutivo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del 11 de abril de 1919, se puede leer:

“Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social; considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnicas... Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”.

La OIT se creó en el marco de las negociaciones de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial. Se creó como organización autónoma e independiente, ligada a la Liga de Naciones creada ese mismo año, la equidad, el bienestar social y la paz, la reivindicación de los derechos de los trabajadores.

El contexto de esta organización en la cual se dio poder decisorio a los tres componentes de la división social de trabajo, los empleadores, los trabajadores y los gobiernos, era por un lado la Revolución Bolchevique y el ascenso de un gobierno obrero y en la derrotada Alemania el ascenso de tendencias socialistas y socialdemócratas.

El antecedente era la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. La Comisión del Trabajo constituida por la Conferencia de Paz de 1919, y que fue liderada por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (American Federation of Labor, AFL), buscó dar respuesta a lo que se conocía como la Cuestión Social, resultado de la Revolución Industrial del siglo XIX, y que se expresaba en una creciente inequidad acompañada de injusticias sociales intolerables.

La OIT fue entonces el resultado de un esfuerzo por acercar el modelo capitalista al objetivo de lograr un creciente bienestar para las mayorías, y ya no solo para unos cuantos privilegiados, sobre la base del diálogo social. Por ello su carácter de organización tripartita con representación de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos, le dan un carácter singular y la convierten en un referente a nivel mundial. t

100 Momentos decisivos 45

Congreso Nacional Obrero 1919. El Congreso Obrero es el escenario de creación del Partido Socialista. Confluencia del grueso de las organizaciones de trabajadores asalariados.

E

l Congreso Nacional Obrero celebrado el 1 de mayo de 1919, convocado por el Sindicato Central Obrero, resulta importante en el marco del desarrollo de la historia laboral colombiana, por cuanto es un punto de inflexión entre la movilización obrera fundada en el artesanado como expresión más representativa de los trabajadores en Colombia, para dar paso a una movilización compuesta mayoritariamente por obreros asalariados, lo cual a su vez viene acompañado de la irrupción de los idearios socialistas, avivados por los recientes eventos derivados de la Revolución Bolchevique en Rusia.

La expresión más clara de esto es el carácter de la celebración del 1 de mayo de ese año. Existía un evidente clima de agitación y las tensiones sociales eran crecientes, como resultado de los hechos acaecidos el 15 de marzo de ese mismo año cuando alrededor de tres mil artesanos, en especial sastres, protestaron frente a la decisión del Gobierno nacional de importar los uniformes para el ejército, recibiendo en respuesta del Gobierno de Marco Fidel Suárez represión y violencia con el resultado de siete muertos y quince heridos. Este hecho dio paso a un nuevo

periodo de movilizaciones sociales, liderado por una creciente clase trabajadora que tuvo en la economía cafetera y en la incipiente industria ligada a ella, su mayor impulso.

Los sectores del transporte fluvial y la expansión del ferrocarril empiezan también a concentrar una importante cantidad de trabajadores abiertos a las ideas socialistas y anarquistas provenientes de Europa, llegando a convertirse en verdaderos baluartes del socialismo en Colombia. No extraña entonces que hacia finales de 1919 y comienzos de 1920 la actividad huelguista se multiplicara llegando a niveles sin precedentes.

El Congreso Nacional Obrero de 1919 se convirtió además en el escenario de fundación del Partido Socialista, que no obstante el nombre, es en realidad una mezcla de distintos idearios, pues en este primer “experimento” socialista participaron tanto anarquistas, liberales radicales, socialistas, cristianos e incluso masones.

El Congreso Nacional Obrero hizo un llamado para que en adelante, el 1 de mayo conmemorara y rindiera homenaje a los mártires del trabajo, no solo a los de Chicago, sino también a los artesanos y sastres fallecidos en marzo de 1919. t

Marchas obreras en Barranca. Foto Floro Piedrahita. Cortesía del instituto María Cano. Ismac

46 Historia del trabajo en Colombia

Protesta de sastres en Bogotá 1919. Como reclamo por las medidas de Palacio por importar los trajes que vestirían a los soldados en las celebraciones de la Batalla de Boyacá, el 6 de marzo se realizó una manifestación de los modistas rolos para exigir su derogatoria.

C

on motivo de las celebraciones del centenario de la Batalla de Boyacá, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Marco Fidel Suárez, determinó que los uniformes de los soldados que desfilarían ese día debían ser importados de los Estados Unidos. La decisión generó un profundo malestar entre los sastres bogotanos que esperaban ser llamados a confeccionar los nuevos uniformes. Convocaron entonces, para el 6 de marzo de 1919, una manifestación frente al palacio presidencial para exigir la derogatoria de la medida. El Gobierno, ante el clima de malestar generado, y agudizado por Manrique Páramo, activista socialista director de “La Gaceta Republicana”, decidió revocar su decisión el 5 de marzo, un día antes de la protesta convocada.

Sin embargo, los organizadores de la manifestación no se enteraron de la nueva medida y protestaron airadamente frente al palacio de gobierno el 6 de marzo como estaba programado. Ni el Gobierno se aseguró de hacerles conocer la contramedida, ni Manrique Páramo, quien al parecer sí tuvo conocimiento, les informó.

En medio de la airada y multitudinaria protesta el presidente Suárez salió al balcón a reiterar que no se importarían los uniformes de la discordia. Pero su voz no fue escuchada y, por el contrario, los manifestantes se enardecieron más.

Ante la situación y aduciendo un inminente peligro sobre el palacio presidencial, el ejército disparó sobre los manifestantes varias ráfagas de ametralladora. El saldo reportado fue de al menos siete manifestantes muertos y 18 heridos.

Si bien este acontecimiento fue un antecedente de tipo laboral, no puede considerarse una huelga, puso de relieve el clima de agitación entre los artesanos y pequeños productores. Estos hechos, sumados a varias protestas de corte laboral, precipitaron el reconocimiento del derecho a la huelga en Colombia en noviembre de 1919. t

Uniformes de la Policía en 1911, facsimilar de la imagen en “Historia de la Policía Nacional de Colombia”, Ed. Planeta, pág. 129.

100 Momentos decisivos 47

La huelga como derecho Con las leyes 78 de 1919 (derechos a la huelga y a la negociación colectiva) y la 21 de 1920 (disponía las etapas de negociación a agotar ante la ocurrencia de un conflicto laboral), Colombia caminó con determinación hacia la discusión de los derechos laborales en el país. Primeras normas que regulaban la negociación colectiva.

A

l terminar la Primera Guerra Mundial, en Europa la economía global se recuperaba y la exportación de café tuvo un auge en su precio, lo que impulsó el desarrollo de ferrocarriles y de movimiento portuario.

Por esa época, los acuerdos interamericanos impulsaron en el país una ola de inversión norteamericana, principalmente en petróleo, como la Concesión Barco en Norte de Santander y la Concesión de Mares en Santander (Barrancabermeja). Además, los servicios públicos, el transporte y el cultivo de banano para exportación trajeron nuevas prácticas laborales, también con participación de compañías norteamericanas. De otro lado la indemnización de 25 millones de dólares pagada por Estados Unidos a Colombia, por la pérdida de Panamá, inyectó recursos para infraestructura en un proceso que López Pumarejo calificó como “la danza de los millones”.

El 19 de noviembre de 1919, mediante la Ley 78, se establecieron los derechos a la huelga y a la negociación colectiva, y se crearon tribunales de arbitramento en los que las situaciones laborales podían ser analizadas para ser negociadas de la mejor manera entre las partes que estuviesen en disputa.

La Ley 78 de 1919 representó un cambio sustancial en las negociaciones colectivas que llevaban a cabo los trabajadores con sus

patronos, pues nunca se había dispuesto de un espacio ni de una prerrogativa para que estas se dieran en buenos términos, sino que siempre eran negociaciones directas en las que los patronos aprovechaban su poder e influencia para doblegar a los reclamantes.

Esta medida, a su vez, estimuló el desarrollo de una organización bien estructurada en los sindicatos, pues la declaración de huelga implicaba el desarrollo de votaciones y de asambleas informativas en las que se ponían en juicio los elementos a negociar que debían presentarse al Gobierno para contar con su aval.

En el año siguiente, 1920, se promulgó la Ley 21, que establecía la prohibición de las huelgas de los funcionarios del Estado. Esa Ley contenía algunos elementos importantes, como la disposición de etapas de negociación a agotar ante la ocurrencia de un conflicto laboral (arreglo directo, conciliación y arbitramento).

Ambas Leyes, la 21 y la 78, fueron un avance en los derechos laborales en el país. Tantas luchas, movilizaciones y desarrollos internacionales, como la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, se constituyen en hitos importantes en la historia laboral de Colombia, pues implicaron el reconocimiento de los trabajadores y la incorporación de los derechos ciudadanos en la legislación que cobija las relaciones obrero-patronales. t

Grupo de obreros del ferrocarril durante su huelga de noviembre de 1919, facsimilar de la imagen en “Nueva Historia de Colombia”, Tomo III. Ed. Planeta.

48 Historia del trabajo en Colombia

Betsabé Espinal Líder obrera y campesina, encabezó la protesta de la Fábrica de Tejidos de Bello, Antioquia, el 20 de febrero de 1920 que duró 21 días, y en la que participaron alrededor de 400 mujeres obreras, el mayor porcentaje de trabajadores, pues no requerían fuerza física ni educación. Reivindicó por vez primera los derechos humanos y sociales de las mujeres en el país.

Ilustración por David Jiménez + davegrafico@gmail.com

100 Momentos decisivos 49

Huelga de las obreras textileras 1920. En Bello, Antioquia, se efectúa la primera huelga de obreras para reclamar derechos de las mujeres en las fábricas.

El eslabón que superaron apenas comenzaron fue la incomprensión de los obreros hombres que no las apoyaron.

E

l 12 de Febrero de 1920 en el municipio de Bello, Antioquia, obreras de la industria textil, vinculadas a la Fábrica de Tejidos de Bello, iniciaron un levantamiento que no tenía antecedentes en la historia del país y de sus movilizaciones obreras.

En esa época, la posibilidad de voto femenino aún era una ilusión, las doctrinas católicas iban de la mano de la política y de los ideales sociales de lo que debía ser un comportamiento y papel social de la mujer como ama de casa. Socialmente era inaceptable que las mujeres trabajaran en fábricas. Sin embargo, con el paso del tiempo estas valoraciones culturales fueron modificándose.

La creación de la Policía de Fábricas, organismo de control creado en 1918 en la ciudad de Medellín para vigilar el cumplimiento de la moral dentro de estos espacios, es un ejemplo de esta situación. A la vez, surgieron los Patronatos, instituciones dirigidas por la iglesia católica donde se brindaba hospedaje, alimentación y educación a las a mujeres y niñas del campo, para facilitar su ingreso a las industrias, dentro de los patrones morales de la institución. Los Patronatos, comúnmente, funcionaban en las propias instalaciones de las fábricas.

Para la época la legislación laboral existente no tenía reglamentaciones que evitaran la contratación de mujeres y niños, contrataciones que se hacían con evidente desventaja frente a los salarios que se le pagaban a los hombres.

Las mujeres devengaban un salario menor por el desarrollo de las mismas actividades cumplidas por los varones y con frecuencia eran acosadas sexualmente por parte de sus patrones. 400 obreras, encabezadas por Betsabé Espinal, trabajadora de 24 años quien tomó el liderazgo del grupo de las obreras textileras de Bello, que realizaron la primera huelga reconocida en el país y quizás la primera sublevación femenina en ámbitos laborales.

Durante 21 días estas mujeres se plantaron en las instalaciones de la fábrica, cruzadas de brazos y de pie, clamando por igualdad de salarios y por el respeto a su condición de mujer.

50 Historia del trabajo en Colombia

Al inicio, como era de esperarse, encontraron mucho rechazo, tanto de sus jefes como de los 110 compañeros de trabajo hombres, a los que se les impidió el acceso a las instalaciones dado que estos no estaban de acuerdo con las exigencias de sus compañeras.

Pese a los constantes ataques verbales y amenazas de los patronos, las obreras permanecieron en huelga sin ceder, por lo cual, después 21 días, a las trabajadoras se les reconocieron sus demandas y se hicieron los ajustes necesarios para que la empresa pudiera retornar a la normalidad laboral. Este resultado hizo de la movilización un éxito, no solo en los términos de la lucha obrera, puesto que se efectuó sin el recurso de la violencia, y centrada en exigencias puntuales y pertinentes.

Sin duda, la huelga de las textileras de Bello abonó el camino para la realización de cambios en la estructura social y en los valores culturales de la población colombiana, que más adelante darían cabida a la igualdad de derechos y al reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas. t

Lucy Tejada “Mujeres sin hacer nada” en Germán Rubiano Caballero, “La figuración tradicionalista” en “Historia del Arte Colombiano”, Ed. Salvat, Barcelona, 1977, T. 7, p. 1554.

Raúl Eduardo Mahecha Fue el líder obrero y antiimperialista colombiano más importante de los años veinte, figura central en el nacimiento del movimiento obrero nacional, comparable con figuras latinoamericanas de la talla de Farabundo Martí o Augusto César Sandino.

Facsimilar de la foto de Floro Piedrahita. Cortesía del instituto María Cano. Ismac

100 Momentos decisivos 51

Fundación de la Unión Obrera, USO 1922. De la clandestinidad al reconocimiento social, la historia de la USO habla de la lucha organizada y sirve de ejemplo para otros sindicatos y asociaciones del país. Fundación de sindicato existente más antiguo del país.

D

urante la presidencia de Marco Fidel Suárez (1918–1921) se negociaron las concesiones petroleras más importantes del país: la Concesión Barco en Norte de Santander y la Concesión de Mares en Santander (Barrancabermeja). Allí se cedieron los derechos de explotación a las compañías norteamericanas, Colpet y Standard Oil Company, respectivamente. Esta última empresa adoptó el nombre de Tropical Oil Company (conocida popularmente como Troco).

Desde su establecimiento en Colombia, hubo conflictos con los trabajadores, quienes no se acoplaban a las exigencias que les hacía la empresa para el desarrollo de sus funciones, por la baja remuneración económica, y por la falta de higiene en los alojamientos para los obreros (aspecto vital en una zona de selva tropical húmeda).

Sólo algunas de las quejas de los trabajadores de la Tropical Oil Company tuvieron eco por fuera de la compañía, ya sea por algunas incursiones de la prensa del interior del país o por visitantes ocasionales quienes se informaban de lo que sucedía. Por esta razón, de manera clandestina se funda en 1922 la Sociedad Unión Obrera, organización sindical que inició con reuniones y asambleas secretas, en las que los participantes discutían sobre cómo podían hacer respetar sus derechos. La sociedad después cambiaría su nombre a Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).

En un inicio, la organización creó una publicación semanal con noticias de sus conflictos laborales, y su distribución llegaba hasta la población de Barrancabermeja. Esto generó gran alerta en los dirigentes de la compañía, quienes prohibieron la divulgación del semanario desde su primer número.

52 Historia del trabajo en Colombia

La represión y el control de la compañía eran intensos. En 1922, junto con la policía, la empresa desterró de la zona a José Calixto Mesa, un líder de los trabajadores, por haber intentado realizar un paro. Dicha situación se convirtió en una bandera de lucha para los trabajadores quienes multiplicaron sus adhesiones a la organización, haciéndola crecer en poco tiempo pero manteniendo su carácter clandestino.

En ese mismo año llegó a la región el líder obrero Raúl Eduardo Mahecha, quien contaba con experiencias previas de movilización en diversos lugares del país, en especial en la región del Magdalena. Mahecha ofreció sus servicios como abogado para solucionar los problemas de los trabajadores de la USO mediante recursos legales del Estado. De esta manera, la organización consiguió salir de la clandestinidad y se dio un giro importante en el proyecto de la organización, pues la compañía, ante las exigencias legales que la organización hacía en cabeza de Mahecha, tuvo que buscar espacios de conciliación.

Sin embargo, muchos de los grandes problemas se mantuvieron por un par de años, por lo cual en 1924 los trabajadores de la compañía declararon una huelga general ante los incumplimientos de los acuerdos logrados. Esta huelga fue repelida por la fuerza, lo que generó un sentimiento de indignación entre los trabajadores por las agresiones de la compañía extranjera. Así se reforzó el sentimiento de identidad de los trabajadores de la industria del petróleo no sólo de la zona, sino de otras regiones de Colombia. De esta manera se fortaleció la lucha por los derechos laborales y civiles.

Con el tiempo, pese a las persecuciones por los líderes, la organización pudo posicionarse tanto de manera legal como en el imaginario popular, siendo tomada como un ejemplo de la lucha organizada para otros sindicatos y asociaciones del país. t

Creación de la Oficina General del Trabajo 1923. Esta dependencia del Ministerio de Industrias velaba por los derechos de los contratantes y los trabajadores simultáneamente. Con un carácter mediador, empezó a cambiar las prácticas de “concertación” que daban prioridad al uso de la fuerza en la solución de conflictos laborales.

P

ara 1923, los sindicatos existentes en el país operaban dentro de la estructura legal del Estado. Sin embargo, las pocas leyes existentes en materia laboral aún no conformaban un bloque unificado, sino que eran resultados dispersos con origen en una necesidad de tipificar situaciones repetitivas que, por su complejidad, requerían de la intervención estatal.

que los trabajadores se comportaran de una manera acorde a lo requerido por su contratante, mientras realizaba un seguimiento a la seguridad y a la salubridad dentro de las instalaciones de las compañías en pro del bienestar real de los trabajadores.

Entonces, se creó una oficina de inspección laboral denominada Oficina General del Trabajo.

Así mismo, la oficina incorporaba funciones acordes con las normativas existentes en materia de convenciones colectivas, declaraciones de huelgas y etapas de conciliación entre patrones y trabajadores. También hacía seguimientos a conflictos particulares en empresas e intervenía cuando era necesario.

En sus inicios, esta oficina era una dependencia del Ministerio de Industrias y su objetivo era el de “velar por el fiel cumplimiento de las leyes que tienden a desarrollar la acción social, a mejorar las condiciones de las clases laboriosas y a impulsar el desarrollo y prosperidad de ellas”. La oficina pretendía vigilar

Su carácter intermediador, haciendo uso de espacios legales y de negociación, produjo cambios en la manera oficial de abocar la solución de conflictos laborales, evitando favorecer el uso de la fuerza en la solución de los mismos. Esta práctica tomaría muchos años en instaurarse. t

Sede de la Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja fundada el 12 de febrero de 1923, bajo la orientación de Raúl Eduardo Mahecha y centro del más grande movimiento de masas en los años 20. Museo Nacional.

100 Momentos decisivos 53

Huelgas de los trabajadores petroleros 1924 y 1927. La expansión de la producción petrolera generó una nueva clase trabajadora en zonas insalubres y sin servicios Las compañías petroleras norteamericanas eran las destinatarias de las protestas obreras.

E

l presidente general Rafael Reyes dictó las primeras reglamentaciones en materia petrolera con la expedición de la Ley 30 de 1903, se estableció que “Ningún contrato que el Gobierno celebre para la enajenación o explotación de las minas de carbón, depósitos de asfalto y petróleo o gas natural perteneciente a la misma, será válido sin la aprobación del congreso”.

Colombia en 1917 expidió el decreto 1255, sobre el derecho al subsuelo, y en 1919 se traspasó la concesión restablecida en la presidencia de José Vicente Concha a la compañía Tropical Oil Company, subsidiaria del gigante petrolero Standard Oil Company. En 1922 se dio inicio a la producción la Tropical Oil Company, Troco, de la Concesión de Mares en el Magdalena Medio, hoy Barrancabermeja.

El primer gran conflicto laboral se dio con la huelga de octubre de 1924 en Barrancabermeja, con el apoyo de la recién fundada Unión Sindical Obrera-USO, por los trabajadores de la Troco.

Los trabajadores de la empresa petrolera declararon una huelga general en donde exigieron mejoras en las medidas higiénicas, de salud y de protección social en la empresa, la finalización del enganche de obreros extranjeros (antillanos), mejoras en la remuneración, entre otras cosas. La huelga fue declarada ‘fuera de la ley’ el 11 de octubre de 1924 y se generaron enfrentamientos entre los trabajadores y el ejército. La huelga fue controlada por el Gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926).

No obstante, otros sectores económicos realizaran sus propias huelgas (bananeros, de los ferrocarriles y braceros del puerto de Santa Marta). Ante el número de huelgas el Gobierno empieza a negociar conjuntamente con las empresas.

El incumplimiento del acuerdo firmado en 1924, generó otra huelga en enero de 1927 dirigida por Raúl Eduardo Mahecha y la Confederación Obrera Nacional. La huelga fue controlada a través de un decreto de Estado de Sitio que ocasionó la detención de sus dirigentes.

En el Gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) se expidió la Ley 37 de 1931 o ‘Ley del Petróleo’, ampliando las ventajas para las empresas extranjeras. t

54 Historia del trabajo en Colombia

Ignacio Torres arenga a los trabajadores petroleros de Barrancabermeja en Mauricio Archila, “La clase obrera colombiana” (1886-1930) en “Nueva Historia de Colombia, III, Ed. Planeta, Bogotá, 1989, p. 235. Facsimilar de la imagen.

Ley contra el trabajo infantil 1925. El desplazamiento de la población rural hacia las zonas urbanas, replanteó el papel de niños y niñas en la manutención familiar. La Ley 15 de 1925 estableció los parámetros de protección para esta población, priorizando la educación y la alfabetización sobre el trabajo.

E

l proceso de transición en la población colombianade un estilo de vida ligado a los trabajos agrícolas y artesanales a uno urbano relacionado con el desarrollo de labores industriales llegó acompañado de una serie de cambios sociales y culturales.

Antes era tradición, por ejemplo, que las familias del campo enfocaran su trabajo en el logro del sustento diario y que pocas veces quedaran excedentes de producción para destinar a la comercialización. En caso de existir excedentes, en el mejor de los casos, éstos se disponían para la realización de trueques entre conocidos, para generar diversidad en los recursos disponibles para el consumo.

de beneficencia pública si perdían el apoyo familiar. El documento también establecía seguimientos y controles con lo que se buscaba castigar a aquellos que cometieran delitos. De manera simultánea, la Ley dictó medidas para el control de la tuberculosis y enfermedades venéreas, cuya propagación aumentaba en las ciudades; y determinó medidas para la organización de hospitales, servicios pediátricos y de emergencias.

Pese a los problemas existentes y a la dificultad de implementar estas medidas, esta Ley fue un primer avance en el reconocimiento de los derechos de los menores de edad y en su protección contra la explotación laboral. t

Además, estas labores agrícolas suponían el trabajo conjunto del grupo familiar, por lo cual, no era extraño ver a niños, niñas y mujeres realizando estas actividades. El trabajo era visto como un símbolo de valoración para la persona que lo desarrollaba y la ociosidad era mal vista. La premisa consistía, básicamente, en que quien no trabajaba no tenía con qué comer.

Al consolidarse el trabajo asalariado, estos valores prevalecieron y por esta razón, en las primeras fábricas, el trabajo infantil era frecuente.

En el campo el trabajo representaba alimento, y la pobreza monetaria no significaba hambre.

Sin embargo, con el paso del tiempo y con el desarrollo de la educación pública, se impulsó la necesidad de vincular a los niños y niñas en estos escenarios alejándolos de los espacios productivos.

Dicha práctica iba en sentido contrario al de los valores culturales del trabajo y de su realización conjunta en núcleos familiares, principalmente rurales, por lo que esta trasformación fue difícil de asimilar.

En este contexto se expidió la Ley 15 de 1925 que instaba a los inspectores laborales de la Oficina General del Trabajo, y a los miembros efectivos de la Subdirección de Higiene y Asistencia Pública a proteger a los menores de edad.

La Ley estipulaba, por ejemplo, que niños y niñas debían vincularse a las instituciones educativas o en su defecto, a las entidades

Julio Esteban Mazo - 10 años en “Sobre Hombros de Gigantes”, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, 2008, p. 71.

100 Momentos decisivos 55

Creación de la

Confederación Obrera Nacional

1925. La CON fue la primera Confederación de organizaciones obreras nacida del Partido Socialista, y afiliada a la Internacional Comunista. Ignacio Torres Giraldo fue su Secretario General.

F

inalizando el periodo presidencial de Pedro Nel Ospina, el país registraba los mayores índices de crecimiento económico hasta ese momento como resultado del buen precio del café y la afluencia de capitales externos invertidos en obras públicas.

Bajo este contexto los trabajadores fueron conformando la organización gremial pues el Partido Socialista, al que pertenecían inicialmente nueve asociaciones artesanales, dos sociedades de beneficencia y tres agrupaciones sindicales obreras, no era el escenario propicio para la representación de los gremios del trabajo.

Internacional Comunista. Y fue en la primera reunión del Congreso Obrero que se pusieron como prioridad varios temas como la lucha por la jornada de ocho horas, la exigencia de mayor legislación y cumplimiento de la existente, la problemática de la vivienda obrera, el aumento de las fuentes de trabajo, y se planteó la necesidad de crear una organización nacional para la defensa gremial.

Durante el Segundo Congreso Obrero de julio de 1925, se concretó la creación de la Confederación Obrera Nacional (CON); el primer intento de confederación de las organizaciones de resistencia obrera existentes, nombrando a Ignacio Torres Giraldo como Ignacio Torres Giraldo. Cortesía del Instituto María Cano. Ismac secretario y al periódico obrero “La HumaniEn mayo de 1924 se celebraron paralelamente dos eventos importantes para la clase obrera colombiana: la dad” como órgano oficial. La CON pretendía que los sindicatos Conferencia Socialista Nacional y el Primer Congreso Obrero. En la no sólo lucharan por las reivindicaciones económicas, sino que Conferencia se aprobó por mayoría la adhesión de la asamblea a la enfrentaran políticamente al Estado y los patronos. t

El Descanso Dominical 1926. El Estado se veía como monitor de las actividades laborales pero no como agente de concertación. Se expidió la Ley que hace obligatorio para los empleadores el descanso dominical remunerado.

D

urante el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez el orden público se vio gravemente afectado, entre otras razones porque las actividades sindicales fueron perseguidas y reprimidas, como lo fue en 1928 la masacre de las bananeras. Adicionalmente la política estatal del momento promulgaba el laisse faire económico. La función del Estado era la de promulgar algunas leyes laborales y mantener a la Oficina del Trabajo dedicada a informar al ejecutivo sobre la situación, mas no

56 Historia del trabajo en Colombia

se tenía la concepción de que el Estado actuara como agente facilitador entre empleadores y trabajadores.

Fue durante este gobierno que la Ley número 57 publicada en noviembre de 1926, se estableció un día de descanso después de seis días de trabajo o cada seis días, para todo empleado u obrero de un establecimiento industrial o comercial y sus dependencias, cualquiera que fuera la naturaleza del establecimiento público o privado. t

La Ley Heroica 1928. Legislación para contener la protesta social y laboral y las publicaciones que apoyaran causas obreras. La Ley Heroica fue antecedente directo a la masacre de las bananeras.

E

n el ocaso de la Hegemonía Conservadora, en 1928, y ante el acenso de las demandas de libertades civiles, políticas y laborales; el Gobierno presidido por Miguel Abadía Méndez solicitó al Congreso facultades extraordinarias para modificar el régimen de sanciones penales aplicables a quienes atentaran contra las disposiciones que garantizaban el régimen de propiedad y el orden social. El proyecto fue presentado por un grupo de senadores conservadores pero no prosperó la solicitud.

Presentaron entonces un proyecto de Ley, con el apoyo del ministro de Guerra, Ignacio Rengifo, quien se convirtió en el vocero del Gobierno en los debates y en el mayor defensor del proyecto, que fue bautizado por el Gobierno como la Ley Heroica.

El 12 de noviembre de 1928, los trabajadores de la compañía bananera United Fruit Company, en el departamento de Magdalena, iniciaron una huelga al no lograr un acuerdo para que la empresa aboliera el sistema de contratistas, aumentara los salarios, remunerara el descanso dominical e indemnizara a los trabajadores accidentados. Amparado en la “Ley Heroica” que prohibía el uso de huelgas o medios de fuerza para buscar concesiones de las empresas, el Gobierno Nacional desplegó al ejército en la zona, declaró el Estado de Sitio y con la excusa de proteger la propiedad privada y la vida de los directivos de la compañía bananera, el 6 de diciembre el contingente al mando del General Carlos Cortés Vargas, disparó contra la multitud reunida en la plaza de Ciénaga. t

El proyecto de ley prohibía las organizaciones que desconocieran la legitimidad del derecho de propiedad, que promovieran huelgas no sujetas a la ley, o que fomentaran la lucha de clases, entre otras medidas. También prohibía y castigaba las publicaciones de cualquier tipo que promovieran o apoyaran cualquier acto declarado ilícito en el proyecto y, además, le entregaba a la Policía la facultad de juzgar a los sindicados.

El debate en el Congreso fue intenso. La bancada liberal protagonizó enconadas discusiones a favor de las libertades civiles que el proyecto evidentemente limitaba. Estas discusiones fueron apoyadas por algunos conservadores que veían el proyecto como inconstitucional. El debate trascendió a los medios de comunicación que, dependiendo de la filiación política, se parcializaron a favor o en contra del articulado propuesto.

El trámite logró algunos cambios importantes, principalmente en lo que se refería a las atribuciones judiciales que le entregaba a la Policía; los delitos serían juzgados por Jueces Especiales de Policía, que debían ser abogados nombrados por la Corte Suprema de Justicia para evitar que dependieran del Ejecutivo.

Finalmente fue aprobada como la Ley 69 de 1928 y sancionada por el presidente el 30 de octubre de ese año. La bancada liberal y unos pocos conservadores votaron en su contra.

Esta Ley se configuró como la última medida del régimen conservador para enfrentar la creciente crispación política y social, fruto de la crisis. Sus efectos no se hicieron esperar.

Miguel Abadía Méndez

100 Momentos decisivos 57

Huelga de las bananeras 1928. Ante las adversas condiciones laborales cerca de 20.000 trabajadores bananeros de la United Fruit Company iniciaron una huelga general en 1928, la que culminó en diciembre en ‘la masacre de las bananeras’. Fue el primer conflicto laboral con repercusión nacional.

P

ara finales de los años veinte, la United Fruit Company, había consolidado un monopolio en la distribución de banano en Estados Unidos y controlaba también el transporte y la producción de la fruta, con cultivos en varios países de América Latina como Costa Rica, Honduras, Guatemala. En Colombia operaba en una amplia región del departamento del Magdalena conocida como la zona bananera. Allí la compañía funcionaba como una típica economía de enclave, con su ferrocarril particular, telégrafo, tiendas e incluso con su propio sistema de salud. En ciudades como Ciénaga y Aracataca había barrios cerrados y almacenes exclusivos para los directivos norteamericanos, mientras los trabajadores vivían en condiciones precarias.

Su posición monopólica le permitió actuar como una virtual república independiente. Los más de veinte mil trabajadores empleados en sus plantaciones tenían condiciones laborales y de vida difíciles, lo que condujo a su levantamiento.

Vargas y sus tropas enviadas desde el interior, tras la lectura del decreto de Estado de Sitio, y la exigencia de su cumplimiento, procedieron a accionar sus armas para despejar la plaza central del municipio de Ciénaga, que había sido copada por una multitud de trabajadores que se manifestaban en apoyo a la huelga.

Los hechos subsiguientes aún son confusos, pues luego de los disparos de las tropas se presentó una asonada que terminó con el saqueo y destrucción de varios de los edificios de la compañía.

Si bien oficialmente se reportaron cerca de 42 muertes, El Espectador del 13 de diciembre de 1928 calculaba en 100 el número de muertos y en más de 230 los heridos. También se mencionaba la captura de 54 trabajadores, que fueron juzgados rápidamente en Consejos de Guerra, con penas que llegaron en algunos casos a 24 años de prisión.

La prensa liberal registró los hechos y en el Congreso se realizó un gran debate en el que el representante Jorge Eliécer Gaitán presentó una profunda investigación de la ‘masacre de las bananera’s.

En 1928, durante el Gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez, y ante la negativa de la emLa huelga y la masacre presa a negociar el pliego hicieron enormemente de peticiones presentado impopular al régimen por la Unión Sindical de conservador, y esto conTrabajadores del Magdatribuyó a su caída, pero lena, el 11 de noviembre además permitió el florede ese año se declaró la cimiento de los idearios huelga general. Ante la socialistas y comunistas, negativa de la empresa a que junto al anhelo por negociar con el argumencambios sociales importo que los trabajadores tantes, se constituyeron dependían de contratisen elementos relevantes tas y de terceros, y el respara el fortalecimiento Huelga de las bananeras “Muerte al imperialismo Yanqui” de Clemencia Lucena. paldo de esa decisión por de los sindicatos, que parte del Gobierno Nagracias al apoyo político brindado por el Partido Liberal tras su cional, las acciones de parte y parte fueron escalando en nivel de regreso al poder en 1930, pudieron vivir una nueva etapa de creviolencia. El 6 de diciembre de 1928, luego de la declaración de cimiento y consolidación. t Estado de Sitio por parte del gobierno, el General Carlos Cortés 58 Historia del trabajo en Colombia

Ratificados primeros Convenios con la OIT 1931. Con la llegada del Gobierno Liberal se aprueban los 26 primeros convenios de la OIT. La Ley 129 de 1931 ratifica los Convenios.

C

olombia, durante los años 1920, firmó varios de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sin embargo, solo con la expedición de la Ley 129 de 1931, se dio vía libre a la ratificación de los primeros 26 Convenios. Si bien su aprobación había sido recomendada desde 1928 por la Oficina General del Trabajo y el Ministro de Industrias ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, solo tras la aprobación de la Ley 83 de 1931 se aceleró el proceso.

En lo que se puede considerar como un proceso de ajuste a la normatividad internacional, Colombia se pone al día en la adopción y observancia de los elementos normativos que regulan las relaciones laborales en temas como el trabajo femenino,

trabajo infantil, jornadas laborales, trabajo nocturno, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y salarios, lo cual complementa en buena medida lo que ya había quedado estipulado con la expedición de la Ley 83 de 1931.

La intencionalidad que acompaña estos cambios en la legislación que acompaña el ejercicio del trabajo en Colombia, no solo tiene que ver con la necesidad de responder a los efectos sociales de la crisis económica derivada de la recesión que vivía el mundo desde 1929, sino también para lograr una normalización de las relaciones obrero-patronales y para tener una mayor homogenización del mercado laboral.

No obstante esta nueva legislación tardaría varios años en poder ser llevada plenamente a la práctica. t

Manifestación obrera del 1 de Mayo en Bogotá. Museo Nacional

100 Momentos decisivos 59

Derecho de los trabajadores a la asociación sindical 1931. La Ley 83 de 1931 reconoce el derecho de los trabajadores a la asociación sindical, reglamentó la personería de los sindicatos, clasificó sindicatos de gremio y de industria y autorizó contratos colectivos.

P

ara 1931 habían pasado ya siete años desde la presentación a la Cámara de Representantes de un primer proyecto de Ley que pretendía reglamentar los sindicatos profesionales en las empresas del país, pero esta materia no había sido atendida directamente en años anteriores. En ese momento se encontraba en la Presidencia de la República el liberal Enrique Olaya, el liberalismo había obtenido una victoria electoral en ese año debido a la división entre dos candidatos conservadores, Guillermo Valencia y el General Vázquez Cobo, y la situación fiscal del país atravesaba momentos difíciles, pues golpeaba muy fuerte la recesión internacional. Como resultado de esta situación, en departamentos como Antioquia, Atlántico y aún en Bogotá se presentaron despidos masivos de trabajadores y protestas por parte de obreros y ciudadanos en general por las precarias condiciones de vida en las que se encontraba la población de varias ciudades.

Con ese telón social de fondo, la Cámara de Representantes retomó las discusiones sobre las organizaciones sindicales y finalmente en 1930 el Representante José Joaquín Caicedo presentó formalmente el proyecto de ley sobre organizaciones sindicales que daría origen a la Ley 83. Según el mismo Caicedo, el objetivo de este proyecto era “fomentar y estimular el espíritu de asociación entre los diversos gremios, oficios y profesiones. Porque ello traerá un progreso manifiesto para la sociedad, desde luego que organizados los gremios, sus intereses estarán mejor defendidos; sus miembros procurarán su mayor perfeccionamiento moral e intelectual, y también lucharán por obtener su bienestar económico”.

A partir de los debates generados por este proyecto, la Ley 83 fue aprobada el 23 de junio de 1931. Uno de sus aspectos

más importantes fue la oficialización del derecho de los trabajadores a la asociación sindical, lo que hasta ese momento no existía. Es interesante señalar que esta Ley incluso se adelantó al reconocimiento del derecho de asociación y la libertad sindical consagrado en 1948 y 1949 así como de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro de los puntos importantes de esta Ley es que estableció en su primer artículo una definición oficial de la figura del sindicato, como “la asociación de trabajadores de una misma profesión, (…) constituida exclusivamente para el estudio, desarrollo y defensa de los intereses comunes de su profesión, sin repartición de beneficios”. Así mismo, reglamentó la personería jurídica para los sindicatos, los autoriza para la celebración de contratos colectivos y prohíbe su participación en política (aspectos que serían ratificados posteriormente en el Código Sustantivo del Trabajo).

Finalmente, la Ley realizó una primera clasificación entre sindicatos gremiales y sindicatos industriales (confundiéndolos con los de empresa), aunque las primeras negociaciones en dicho periodo se hicieron por rama industrial en el río Magdalena y los ferrocarriles. Además se establecieron normas sobre la declaración de huelgas, controles del Estado, funciones detalladas y limitaciones a la composición de los sindicatos.

La Ley 83 otorgó el reconocimiento legal a los sindicatos en Colombia, convirtiéndose así en una de las bases más importantes para el fortalecimiento de la organización gremial de los trabajadores y la plataforma legal para la garantía de condiciones dignas de trabajo para la clase obrera colombiana. Estas garantías, ratificadas muchas de ellas en la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, han sido desde entonces fundamentales en las reclamaciones que hacen los sindicatos sobre los derechos de sus afiliados en la actualidad. t shutterstock

60 Historia del trabajo en Colombia

Jornadas de ocho horas 1934. Se discutió por primera vez el uso del tiempo libre en el país. Varios decretos regularizaron las horas laborales diarias y semanales. El Decreto N. 1 de 1934 estableció la jornada laboral de ocho horas.

E

n la década de 1930 Colombia impulsaba una serie de cambios políticos con los que buscaba mejorar la calidad de vida de la población asalariada. Ante la frecuente inexistencia de contratos o definiciones claras de lo pactado entre trabajadores y empleadores, el uso del tiempo libre no estaba demarcado en la política laboral.

Como consecuencia, el ocio no era aceptado socialmente ya que se propendía por la productividad.

El Decreto 1 de 1934, que dio vigencia a la jornada laboral de ocho horas en el país, no solo representó un cambio político importante sino una nueva percepción de los trabajadores como sujetos que tenían el derecho y la oportunidad de desarrollar sus intereses particulares más allá de las fábricas.

una gran transformación en las relaciones obrero patronales y se constituyó como un logro del movimiento sindical, y como un hito para la República Liberal.

La disposición permaneció vigente hasta 1944 cuando por medio del Decreto 2350 se redujeron las excepciones a la jornada establecida, se fijó la sobre remuneración a las horas suplementarias y se estableció el pago del trabajo nocturno. Así se estableció un aumento del 25% para las horas suplementarias diurnas y un 50% para las nocturnas.

Esta jornada mixta desapareció con la Ley 6 de 1945, que en su artículo 3 dispuso que: “Las horas de trabajo no podrán exceder de ocho al día, ni de cuarenta y ocho a la semana, salvo las excepciones legales. Sin embargo, la duración máxima de las La medida fue respallabores agrícolas, ganadedada y legalizada por el ras o forestales, sería de Decreto 895 de ese mismo nueve horas diarias o de año, el cual tuvo como ancincuenta y cuatro a la setecedente la ratificación mana. Las actividades disde los convenios con la continuas o intermitentes, OIT en 1931. Este estableasí como las de simple vició en ocho horas diarias gilancia, no podrían excey 48 semanales el tiempo der las doce horas diarias, de trabajo en los establea menos que el trabajador cimientos industriales, Representantes del movimiento obrero y el fotógrafo Floro Piedrahita con bandera y dispuso gran cantidad alusiva a la jornada de las ocho horas laborales. Cortesía Instituto María Cano - Ismac resida en el sitio de trabajo. El Gobierno podría orde excepciones que abarcaban los trabajos intermitentes y discontinuos; las labores denar la reducción de las jornadas de trabajo en las labores que agrícolas; las tareas de los criados domésticos; y los oficios de sean especialmente peligrosas o insalubres, de acuerdo con dicvigilancia y de dirección. Estos podían extenderse máximo a támenes técnicas al respecto y previa audiencia de comisiones doce horas. La medida, no obstante las excepciones, significó de patronos y trabajadores”. t

100 Momentos decisivos 61

La Revolución en Marcha 1934 - 1936. La reforma a la Constitución de 1936 contempló importantes reflexiones respecto al derecho a la propiedad. La Ley de Tierras de ese año contribuyó a la discusión de las relaciones socio-laborales del campo en el país y a la redefinición de la división social del trabajo en el campo.

A

lfonso López Pumarejo asumió su primer periodo presidencial (1934-1938) en un contexto social y económicamente desfavorable como consecuencia de la Gran Depresión de 1929 en los países industrializados, que implicó el desplome de los precios del café (entonces producto estrella de la economía nacional). Además, el crédito internacional estaba interrumpido; la moneda, devaluada; y la inflación, disparada. En resumen, Colombia vivía una profunda crisis.

El planteamiento de la República Liberal como eje para superar la situación de crisis económica fue parte del discurso de campaña de López Pumarejo. Por esta razón, las reformas no se hicieron esperar. En su Gobierno se reformó la Constitución Política, se expidió una nueva Ley tributaria en la que se cobraron impuestos a las clases pudientes mediante el gravamen a la renta directa y al patrimonio; se legisló sobre la propiedad de la tierra; se le dio derecho al campesino para poseer la tierra que trabajaba; se creó la Universidad Nacional, y se reformó la educación al pasar de un modelo confesional a un sistema de educación abierto y universal.

Así mismo, López Pumarejo reorientó el gasto público hacia los sectores sociales, permitiendo la presencia activa de los trabajadores en la vida nacional y pasando de un Estado clerical y autoritario a uno laico e intervencionista.

La reforma de 1936 contempló importantes transformaciones sobre la concepción de la propiedad. Esta era entendida originalmente por la Constitución como un derecho natural, y en la reforma se la redefinió en su artículo décimo, como “una función social que genera obligaciones”. Los avances en la transformación del régimen de tenencia de tierras quedaron finalmente consignados en la Ley 200 de 1936, conocida como Ley de Tierras.

Si bien los esfuerzos por acabar con el latifundio y permitir que la tierra se vinculara al proceso productivo parcialmente se frustraron, la Ley de Tierras constituyó un precedente fundamental en los desarrollos subsiguientes en la historia de las relaciones socio-laborales del campo en Colombia.

No cabe duda acerca de la cercanía que tuvo el Gobierno Liberal con las clases populares y en especial con los trabajadores, situación que se potenció con la llegada de Alfonso López Pumarejo al poder en 1934. Y el liberalismo, claro, se sirvió del apoyo de los trabajadores para poder desarrollar sus programas políticos.

62 Historia del trabajo en Colombia

Cortesía Instituto María Cano - Ismac

Es por ello que en la reforma constitucional de 1936, con la cual se sentaron las bases constitucionales y jurídicas necesarias para la implementación de la llamada “Revolución en Marcha”, se contempló un apartado sobre el carácter del trabajo y a la regulación de las relaciones laborales. La reforma contempla 35 artículos que tocaron temas diversos desde aspectos relacionados con límites geográficos a elementos propios del régimen de propiedad privada, el sistema educativo y normas ciudadanas.

En lo que corresponde al tema laboral, para el Partido Liberal era claro que “para obtener un mayor nivel de cultura en las masas y una cultura más sólida en las fuerzas dirigentes es necesario modificar los modos de producción actuales y alcanzar previamente

formas superiores y más variadas de trabajo”. Más adelante en su programa, se puede leer también que “El Partido reconoce el derecho al trabajo. El Partido Liberal lucha por el establecimiento de una legislación que determine los derechos del trabajo transformando las actuales relaciones sociales, con un sentido de protección en favor de los trabajadores”.

La reforma exalta el carácter del trabajo como derecho, al estipular que éste “es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado”, a lo cual se suma el reconocimiento de la huelga como derecho constitucional, con la única excepción de los servicio públicos. t

100 Momentos decisivos 63

La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC 1935. La fundación de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) fue la culminación de las luchas obrero-campesinas de inicios del siglo XX en el país. La Confederación Sindical de Colombia, CSC, luego llamada Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, fue la primera central sindical del país.

L

a fundación de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) se dio en una época en la que los dirigentes obreros reclamaban el reconocimiento de los derechos de asociación, contratación y huelga que sistemáticamente habían sido reprimidos de forma violenta por los gobiernos de la hegemonía conservadora. De estas represiones sobresalen la que sufrió el movimiento de artesanos y sastres en Bogotá en 1919, cuando se congregó una multitud frente al palacio presidencial con el resultado de veinte muertos y decenas de heridos, y las masacres de los obreros petroleros de la Tropical Oil Company en Barrancabermeja (Santander) en 1924, y de los trabajadores de las bananeras en el departamento del Magdalena en 1928.

CONFE DE

El 10 de agosto de 1935 se realizó el Primer Congreso Obrero Campesino, en el que se fundaron las bases de la Confederación.

N DE TRA Ó I BA C A R

CTC DE

Convocados por el sindicato del diario El Tiempo, se reunieron en la Asamblea de Cundinamarca delegados liberales, uniristas (del movimiento político Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR, fundado por Gaitán), comunistas y anarco sindicalistas, que representaban 23 sindicatos de Bogotá y doce del resto del país (la mayoría agrupaba artesanos y sindicatos de ferroviarios y de braceros del río Magdalena).

En sus primeros años, la Confederación consiguió importantes logros para los trabajadores, especialmente con la aprobación de la Ley 6 de 1945. En dicha Ley se resumieron veinte años de lucha y demandas sindicales: la contratación colectiva; el auxilio de paro o desempleo (cesantías); la jornada laboral de ocho horas; la definición de un salario mínimo, la seguridad social; el pago de horas extras, vacaciones y dominicales; la reglamentación del trabajo nocturno; el descanso dominical remunerado; el pago de primas; la indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; la jurisdicción especial del trabajo; el fuero sindical; la reafirmación del derecho de huelga, la presunción del contrato de trabajo, las prestaciones a los trabajadores agrarios y del servicio doméstico y la protección a colonos. t

COLO M BIA

La primera central obrera colombiana fundada en dicho congreso fue bautizada con el nombre de Confederación Sindical de Colombia (CSC).

64 Historia del trabajo en Colombia

El congreso fundacional de 1935 y su primera década de existencia no fueron ajenos a las tensiones políticas y partidistas que caracterizaron esos años. Desde el primer día, la dirección de la nueva organización sindical fue objeto de pugnas partidistas. En sus inicios, la CTC tuvo dos comités directivos: uno elegido por liberales, socialistas e independientes, y el otro definido por los comunistas. Esta división duró un año, hasta su segundo congreso en Medellín, en el que liberales y comunistas sellaron la unión y repartieron entre sus filas los cargos directivos de la incipiente central obrera. En los años subsiguientes la CTC acompañaría las luchas liberales y respaldaría políticas como la Revolución en Marcha del presidente Alfonzo López Pumarejo.

RES DO JA

Si bien los avances industriales y la constante movilización de los trabajadores en las primeras décadas del siglo XX ya permitían demarcar el camino del movimiento obrero en Colombia, las confederaciones de sindicatos aún no tomaban fuerza.

Sin embargo, el 21 de diciembre de 1937 en el quinto congreso realizado en Bucaramanga en 1943, la central adquirió su personería jurídica y adoptó el nombre definitivo de CTC.

Fundación y disolución de Fedenal 1937. Los trabajadores de los puertos y de los buques del río Magdalena confluyen en un sindicato único, Fedenal. Como resultado de una huelga general se suscribió el primer gran contrato colectivo con un sindicato, figura que en el Código Sustantivo de Trabajo sería reconocida como Contrato Sindical.

Alto Río Magdalena en Papel Periódico Ilustrado, No. 67, p. 300.

Edición Facsimilar, Carvajal S.A., Cali, 1979, Tomo III.

A

finales de la década de los treinta, mientras Europa entraba en la Segunda Guerra Mundial, Colombia continuaba su proceso de industrialización y fortalecimiento de los gremios productivos del país.

El transporte fluvial por el río Magdalena era la arteria central de la economía colombiana tanto para actividades de importación como para la exportación de café.

De este sector surgió la Federación Nacional del Trasporte, Fedenal, adscrita a la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, que incluía no solo a los trabajadores del río Magdalena, sino también a operarios, navegantes y braceros de los puertos.

En 1937, Fedenal, en el marco de la protesta de los trabajadores de los puertos fluviales, recibió el apoyo del Presidente López y así logró que los capitanes y pilotos de las embarcaciones que circularan por el río fueran elegidos entre el personal

sindicalizado. Fue el primer contrato colectivo de trabajo suscrito con un sindicato, y así la organización sindical obtuvo el monopolio de la oferta laboral por el río Magdalena.

Para 1942, Fedenal empezó a sufrir un proceso de debilitamiento, debido a tensiones internas entre las diferentes vertientes ideológicas de sus miembros. En 1945 declaró una huelga general que fue declarada ilegal por el Gobierno Nacional, dejando a los líderes de la protesta sin protección legal. Simbranave, sindicato afilado a Fedenal, levantó la huelga autónomamente, y a partir de allí la federación perdió unidad y la huelga terminó el primero de enero de 1946. Como resultado, Fedenal se disolvió y la CTC perdió una de sus organizaciones más importantes. Fedenal fue en su corta historia una de las experiencias sindicales más relevantes de la historia laboral del país. t

100 Momentos decisivos 65

Protección a la mujer trabajadora y

licencia de maternidad

1938. Se adoptan medidas para proteger la mujer trabajadora: licencia de maternidad y prohibición de despido durante el embarazo o lactancia.

E

n la década de los treinta en la legislación laboral se dieron hechos trascendentales.

En 1938, mediante la expedición de la Ley 53 de 1938, se consagraron como derechos para la mujer la licencia remunerada de 8 semanas; la prohibición de despido de su trabajo por motivos de lactancia o embarazo; la indemnización correspondiente a 90 días para la empleada u obrera que fuese despedida sin justa causa, dentro de períodos de tres meses anteriores y posteriores al parto y, por último, la licencia remunerada de 2 a 4 semanas, en caso de aborto o parto prematuro, de acuerdo con el dictamen médico. Estas medidas se ratificarían los convenios aprobados en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Washington por los Estados Unidos el 29 de octubre de 1919, en la cual se establecieron directrices en torno a derechos humanos y derechos para la mujer.

barazo o lactancia. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar sin el concepto favorable de las autoridades respectivas…”. En 1950, mediante la Ley 50, se reconoció la licencia de maternidad de 12 semanas, se le permitió al padre disfrutar de una semana para estar con su hijo, se incluyó la protección para la madre o el padre adoptante, se ratificó, del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, la prohibición del despido de mujeres en estado de embarazo y se estableció la indemnización por despido sin autorización del Gobierno,

En 1991, los principios encaminados a dar especial protección a la familia, a la niñez y a la mujer embarazada, fueron consagrados en la Constitución Política de Colombia. El artículo 13 que establece igualdad real y efectiva entre todos los colombianos, el 42 que establece que el Estado y la Sociedad deben garantizar la protección integral de la familia y el 43, que instituye que durante el embarazo y después del parto gozará la mujer de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de éste subsidio alimentario, si entonces estuviere desempleada o desamparada.

Más recientemente se han desarrollado estos principios en especial mediante la Ley 1257, que establece la eliminación de cualquier forma de violencia contra la mujer y el consecuente reglamento de equidad laboral expedido en 2011. t

Así mismo, con el decreto 2350 de 1938 se determinó que: “Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de em-

“Maternidad”, de Pedro Nel Gómez en Rubiano Caballero, Germán en “Aproximación a la crítica de arte en Colombia”, “Historia del arte colombiano”.

Ed. Salvat, Bogotá, 1977, Tomo 6, p. 1367.

66 Historia del trabajo en Colombia

en 60 días de salario, adicionales a la permanencia en el sistema de seguridad social y al reconocimiento del empleador de licencia de maternidad de 12 semanas con base en el salario devengado.

Creación del Ministerio del Trabajo 1938. El Ministerio de Trabajo se crea para dar mayor entidad a los temas laborales, fortalece la protección al trabajo y las garantías obtenidas durante la ‘revolución en marcha’.

P

Alfonso López Pumarejo

ara el final del primer periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, en el Partido Liberal se empezó a dar un resquebrajamiento que trajo como consecuencia la desaceleración de la llamada ‘revolución en marcha’ planteada por López Pumarejo. En efecto, la facción del Partido Liberal cercana a Eduardo Santos, de vocación moderada, ganó en 1937 más escaños que la facción más radical representada por López Pumarejo.

Mientras el presidente López perdía apoyo al interior de su mismo partido, la división liberal tuvo también efectos en los

apoyos de las clases trabajadoras, que también sufrieron una división, por cuanto las fidelidades se dividían entre el apoyo al Partido Liberal y el apoyo a la figura personal de López.

Si bien la normatividad laboral había registrado avances importantes, y no obstante la existencia de la Oficina General del Trabajo adscrita al Ministerio de Industrias, aun no existía una institución de orden ministerial que pudiera direccionar las políticas laborales, para darle al trabajo, su lugar dentro de las preocupaciones sociales y la política nacional.

Es por ello que la expedición de la Ley 96 del 6 de agosto de 1938, un día antes de la posesión del nuevo Gobierno, y mediante la cual se crea el Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social, ministerio que consigue darle mayor entidad a la política laboral, fue un momento crucial. Mediante el Decreto 996 se le dieron a este ministerio facultades para la vigilancia de las leyes laborales y la inspección del trabajo, con lo cual se fortalecieron algunos de los elementos de protección del trabajo y garantías que habían sido conseguidas en el marco de la ‘revolución en marcha’. t

El Decreto de Asuntos Sociales de

L

a CTC había apoyado las reformas sociales impulsadas por el presidente Alfonso López Pumarejo y, en consecuencia, obtuvo una importante conquista para los trabajadores. Entre ellas, el Decreto 2350 del 30 de septiembre de 1944, denominado de ‘asuntos sociales’, que como parte de un paquete de decretos dispuso medidas favorables a los trabajadores en aspectos como las convenciones de trabajo, las jurisdicciones especiales del trabajo y los contratos sindicales entre otros.

El Decreto 2350 se correspondía con la división de modernización social que defendía el gobierno de López, y que le mereció el apoyo de las organizaciones de trabajadores y en especial a la CTC. El incremento en los salarios, amparado en el

López Pumarejo

Decreto 2350 y el resto del contenido del Decreto, encontró oposición y críticas por parte de los opositores del Gobierno, y también en los sectores ligados a la industria.

Si bien el Decreto atenuó los alcances del fuero sindical y limitó su representación en los tribunales del trabajo, sentó las bases para la reafirmación de derechos como el de contratación colectiva, cesantías, seguridad social, pensión de jubilación, pensión por accidente de trabajo, vacaciones remuneradas, pago de primas especiales, indemnización por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, descanso dominical remunerado entre otros.

Los empresarios sentaron su voz de protesta, especialmente por el tema del fuero sindical, el salario mínimo y la jornada de

8 horas. Pronto varios de los más importantes industriales del país se unirían a la oposición al Gobierno López, sostenido apenas por el apoyo popular y el respaldo del movimiento obrero. López renunció a la presidencia a principios de 1945 y fue reemplazado por Alberto Lleras Camargo.

El presidente Lleras Camargo, en los últimos días de gobierno, expidió el Decreto 2313 con el fin de ejercer control sobre las garantías dadas al sindicalismo. Mediante este Decreto, el Estado establece que podrá intervenir en las reuniones que se llevan a cabo por parte de los sindicatos, constituye los libros que deben llevar los mismos, se prohíbe el paralelismo sindical, establece claramente cuáles son las funciones sindicales, y se define qué es el fuero sindical, entre otros. t

100 Momentos decisivos 67

Fundación de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI 1944. Nació la primera organización nacional de empleadores. La industria antioqueña tomó la iniciativa.

E

l 11 de septiembre de 1944 se reunieron en Medellín un grupo de 25 gerentes de empresas que decidieron conformar una corporación sin ánimo de lucro para representar y defender los intereses industriales del país, fomentar el desarrollo, crear empresas y aportar a la industrialización del país. Así nació la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI). La ANDI no se ha limitado a defender los intereses de los industriales colombianos, sino que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo socioeconómico del país al preocuparse por problemáticas nacionales, que en principio parecían lejanas a los intereses propios de los empresarios, como el paradigma de que no podía haber una industria próspera con una agricultura precaria, con una ganadería en decadencia, con un comercio arruinado o con una minería agonizante.

En abril de 1945 se crearon las seccionales de la ANDI en Barranquilla (con 16 empresas) y en Cali (con 14 compañías). En julio de 1949 la de Manizales (con empresas de Manizales y de Armenia), en agosto de 1958 la de Bucaramanga (con 33 empresas de la región) y en 1961 la de Pereira (con 17 empresas).

Posteriormente, se constituyeron las Seccionales Cartagena en noviembre de 1962 (con 24 compañías) y la de Ibagué en enero de 1989 (con 45 empresas). Más recientemente, la Seccional Cauca (con 24 empresas) y sede en Santander de Quilichao, respondiendo al auge industrial de esa región.

La ANDI nació con la gran industria antioqueña, pero su rápido crecimiento en el país demuestra su vinculación histórica con

68 Historia del trabajo en Colombia

el desarrollo industrial, social y económico del país en general.

La ANDI ha realizado notorios aportes a la salud, la educación y el bienestar de la clase trabajadora. Fue fundadora del Hospital Pablo Tobón Uribe, que inicialmente se llamó Hospital ANDI, y se financió con aportes de las mismas empresas afiliadas. Allí sus obreros recibían atención médica y hospitalaria. Colaboró además con la fundación de instituciones tan importantes como la Universidad Eafit (que nació en 1960 como Escuela de Administración, Finanzas y Tecnologías), del Incolda (Instituto Colombiano de Administración) y del Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior).

Asimismo, cooperó con la fundación la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), como primera iniciativa de subsidio familiar y Caja de Compensación en el país, así como varias otras Cajas de Compensación que incluso hoy en día llevan el nombre de ANDI. Esta asociación apoyó la fundación del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) en diciembre de 1946 y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 1957. La ANDI también ha cumplido labores de representación internacional del sector industrial colombiano y en general de los empleadores colombianos en instituciones como: la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Consejo Empresarial Andino (CEO), entre otras.

Por todo lo anterior, el aporte de la ANDI a la industrialización y a la dignificación del trabajo ha sido determinante en el desarrollo del país. t “Campaña de divulgación sobre lo que representa la industria en la economía colombiana” ANDI, 1950. Foto Sady, Bogotá.

Creación del ICSS 1946. La creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS, dotó de elementos de protección social a los trabajadores. Primera iniciativa consolidada para ofrecer seguridad social universal contributiva y con aportes del trabajador, del empleador y del Estado.

E

n 1945 Colombia pasaba momentos políticos difíciles. Sumado a esto, la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial imposibilitó la creación de nuevos sectores industriales y frenó el crecimiento económico del país. El presidente Alfonso López Pumarejo estaba en su segundo mandato (1942-1945), el ambiente político estaba alterado. Un intento de golpe de Estado ocurrido en Pasto, muestra lo difícil de la situación. López renunció a la presidencia en agosto de ese año y fue reemplazado por el designado Alberto Lleras Camargo.

En medio de este ambiente socio laboral, surgió la idea de crear el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), una entidad que buscaría el bienestar de los trabajadores y sus familias a través de la gestión de servicios médicos, pensionales y de riesgos laborales.

La institución nació bajo la influencia de las ideas del modelo de Estado de Bienestar, que postulaba la intervención activa del Estado en la economía y la sociedad con el objetivo de complementar el funcionamiento del mercado, garantizando un mínimo de bienestar básico a toda la sociedad. Así mismo, el ICSS recogía la filosofía del Sistema de Seguridad Social Universal desarrollada en Alemania por Otto Von Bismarck, quien postulaba como principios fundamentales para el bienestar ciudadano los seguros contra enfermedad (1883), contra accidentes de trabajo (1884) y contra invalidez y vejez (1889). Este sistema, con buenos resultados sociales, se extendió por Europa y, desde allí, a otras partes del mundo.

Para el momento de la creación del ICSS, en Colombia ya se habían hecho algunos avances, como la Ley 57 de 1915 (pionera en materia de seguridad social para los trabajadores del sector privado), la Ley 37 de 1921 (seguro obligatorio de vida), la reforma constitucional de 1936 (cambios social y de política laboral), y la Ley 53 de 1938 (protección a la maternidad).

Sin embargo, fue hasta 1945 cuando con la Ley 6, se creó la Caja Nacional de Previsión Social para luego, en 1946 dar el paso a la Ley 90 con la que nació el ICSS. Este fue un primer esfuerzo consolidado para brindar un sistema de seguridad social incluyente y universal, basado en la prevención y el aseguramiento constante de la clase trabajadora. t

Primer logo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales

100 Momentos decisivos 69

Fundación de la UTC 1946. La Unión de Trabajadores de Colombia fue el esfuerzo de sindicatos del sector manufacturero por construir su organización. Los principios estaban fundados en la Doctrina Social de la Iglesia.

L

Manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Cortesía Confederación de Trabajadores de Colombia. Revista Liberación Obrera

a CTC había representado hasta el momento un sindicalismo político, pero además concentrado en el sector público, y en este sentido, desde el empresariado antioqueño, se sentía la necesidad de una relación directa con los trabajadores en lo que se empezó a conocer como sindicalismo de empresa o de base. Adicionalmente, existían reparos frente al papel que el comunismo jugaba en la CTC, y por ello desde sectores importantes del conservadurismo, pero además con el apoyo en pleno de la Iglesia Católica, se buscó contrarrestar los avances de las ideas comunistas entre la clase trabajadora.

Tras la unión de Utran (Unión de Trabajadores de Antioquia), de la que hacían parte los trabajadores de las principales textileras antioqueñas, con Utrabo (Unión de Trabajadores de Boyacá), el 11 de junio de 1946 en la ciudad de Bogotá se creó la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) a la cual se unieron sectores sindicales independientes y algunos disidentes de la CTC.

70 Historia del trabajo en Colombia

Esta organización surgió entonces como una alternativa al sindicalismo liberal y comunista promoviendo la autonomía plena de las empresas y los sindicatos frente al Estado y los partidos políticos. Su carácter quedó claramente establecido cuando se lee en su formulación de principios que su inspiración es la “Doctrina Social Católica”, y que sus actuaciones estarán sujetas a la Ley, sin ninguna aspiración política.

Su estrategia resulta particularmente exitosa pues se concentró en impulsar la negociación colectiva en las empresas, agrupando a los sindicatos de base ya existentes y fomentando la creación de otros, especialmente en el sector manufacturero en el que la CTC no tenía mucha presencia. Su independencia política, su contraposición a los ideales del sindicalismo desarrollado por la CTC y el respaldo de la Iglesia, le permitieron tener cierta simpatía del gobierno conservador, y lograr importantes avances, ya no solo en la industria antioqueña, sino en la del resto del país, convirtiéndose en un referente importante en el desarrollo del sindicalismo durante los siguientes años. t

Suspensión de la personería de la

CTC y la huelga de 1947

1947. Diversas protestas llevaron a la declaratoria de una huelga general en mayo de ese año. Un juez revocó la personería de la CTC.

E

n las elecciones presidenciales de 1946 el Partido Liberal se dividió entre las candidaturas de Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán. Dicha división facilitó la elección como presidente del conservador Mariano Ospina Pérez. El nuevo gobierno recibió un país con un alto y continuo incremento del costo de vida, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación dio pie para numerosas peticiones de organizaciones sindicales en todo el país, que al no ser atendidas convergen en varias huelgas y agitación en todo el Territorio Nacional, desatacando las huelgas de los trabajadores petroleros en octubre y noviembre de 1946 en la Tropical Oil, Shell y Colombian Petroleum, todas apoyadas de manera decisiva por la CTC. Comenzaron los despidos de trabajadores, se incrementó la represión sindical y el 3 de mayo de 1947 la CTC presentó al

Gobierno Nacional un pliego de peticiones que se resumieron en: defender el nivel de vida de los trabajadores, el cese de los despidos de trabajadores sindicalizados, la defensa del derecho de huelga en las entidades públicas, y protección para los trabajadores del campo, entre otras. Estas peticiones no fueron atendidas por el Gobierno. La protesta siguió. Se levantan los estudiantes, se paralizaron carreteras y los ferrocarriles de Antioquia, por lo que la CTC decide la huelga general que se realiza el 13 de mayo de 1947.

Pero, a pesar de que paralizó el país, la huelga no obtuvo los resultados esperados. No obstante, por cuenta de la misma, fueron suspendidos y destituidos un número considerable de trabajadores de las empresas públicas y privadas y un juez decretó la disolución jurídica de la CTC, lo que fue un duro golpe a esa organización y al movimiento obrero en general. t

Barco de la Tropical Oil Company en dique seco en el río Magdalena. Reproducción de la foto archivo Glenbow

100 Momentos decisivos 71

Jorge Eliécer Gaitán

Fue líder político del Partido Liberal y jurista colombiano que se desempeñó como Ministro del Trabajo en la década de los cuarenta. En 1944 se lanzó con la intención de ser presidente, carrera que fue detenida por su asesinato.

Archivo del Partido Liberal

72 Historia del trabajo en Colombia

Sindicalismo político vs sindicalismo económico 1948 - 1949. El gobierno conservador buscó contrarrestar el monopolio de la CTC, que era considerada como sindicato político. Se estimuló el sindicalismo de base o de empresa.

E

l regreso al poder del conservatismo con Mariano Ospina Pérez en 1946, marcó también el inicio de una estrategia que buscó debilitar el papel político que tenía la CTC, dada su clara filiación con el Partido Liberal y que tuvo dos componentes: por un lado se buscó generar división en el movimiento sindical, mediante el desmonte de la prohibición del paralelismo sindical, con lo cual a partir de 1949 se le otorgó personería jurídica a la recientemente fundada Unión de Trabajadores de Colombia, UTC. De otro lado, y como un segundo componente, se brindó a los sindicatos garantías y normas de protección para estimular el sindicalismo de base.

Medidas como el Decreto 2474 de 1948 mediante el cual se obliga a los empresarios a hacer partícipes de las utilidades de la empresa a los trabajadores así como a brindarles una dotación mínima, y el Decreto 3871 de 1949 que reglamentó el salario mínimo en las zonas urbanas, son ejemplos de una clara estrategia frente al sindicalismo político que encarnaba la CTC. t

Mariano Ospina Pérez

Participación de los trabajadores en las

utilidades de las empresas

1948. Por medio de decreto de Estado de Sitio se obligó a las empresas a dar participación a los trabajadores en las utilidades. Dos años después esta norma se eliminó y se sustituyó por la prima de servicios.

E

l Gobierno de Mariano Ospina dictó el Decreto 2474 de 1948, en ejercicio del Estado de Sitio vigente en el país recientemente como consecuencia de los acontecimientos del 9 de abril por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán.

Este Decreto intentó establecer una participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y que obligaba a los

empresarios a participar de las utilidades de las empresas con sus trabajadores y también a suministrar gratuitamente overoles y calzado.

Esta nueva prestación, que se denominó “prima de beneficios” enfrentó dificultades muy grandes para su aplicación y fue sustituida dos años más tarde por la “prima de servicios”. t

100 Momentos decisivos 73

Salario mínimo legal obligatorio 1950 - 1955. Desde los años 30 aparece en la legislación el concepto de salario mínimo. Solo hasta 1955 se creó un mecanismo para fijarlo en distintas regiones y actividades y en 1983 se unificó para todo el Territorio Nacional.

E

n el país con la Ley 10 de 1934 se introdujo en la legislación el concepto de sueldo, entendido como la remuneración por labor realizada. Este concepto lo dejaba a libre negociación entre empleador y trabajador. La Ley 6 de 1945, en su artículo 4 mencionaba: “El Gobierno podrá señalar, por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique, los salarios mínimos para cualquier región económica o cualquier actividad profesional, industrial, comercial, ganadera o agrícola de una región determinada, de conformidad con el costo de vida, las modalidades del trabajo, la aptitud relativa a los trabajadores, los sistemas de remuneración o la capacidad económica de las empresas, previo concepto de comisiones paritarias de patronos y trabajadores”.

Esta norma tardó varios años en hacerse efectiva, ya que no se crearon mecanismos estatales para definir la medición de esta remuneración, por lo cual no tuvo repercusiones en un corto plazo.

Durante el Gobierno del Presidente Mariano Ospina Pérez se intentaron responder varios anhelos laborales, que, más allá de ser una respuesta a la crítica situación social, hacían parte de la concepción cristiana de justicia social que él proclamaba.

A partir de la Ley 6 de 1945, el Gobierno colombiano tenía la potestad de establecer los salarios mínimos por medio de decretos, para cada región o actividad económica. La ley se hizo efectiva cuatro años después en 1949 mediante decreto 3871, fijando por primera vez un salario mínimo legal de 2 pesos diarios. Un año después, en 1950, comenzó a regir la prima de beneficio en las áreas urbanas.

edad de los trabajadores, y un salario mínimo para los trabajadores menores de dieciséis años.

En 1983 se unificó el salario mínimo para todo el Territorio Nacional, esto como resultado de la presión de los trabajadores rurales que consideraban vulnerados sus derechos frente a los trabajadores de las zonas urbanas, quienes devengaban un salario mínimo más alto.

En 1987, con la Ley 54 se creó el “Consejo Nacional Laboral” conformado por representantes del Gobierno y agremiaciones de trabajadores, con la idea de crear un mecanismo de concertación entre sus intereses económicos y sociales. Este consejo, además, realizaba funciones de asesoría para ayudar al Gobierno a determinar cuál podría ser el valor del salario mínimo. En este sentido, era un organismo de consulta más que delegatario de una obligación.

Esta filosofía del Consejo se reforzaría en 1991 con la Constitución, en la que se define a Colombia como un Estado Social de Derecho, en el cual es el Estado el garante del bienestar de los ciudadanos, así como el proveedor de los mecanismos necesarios para un correcto ejercicio de la democracia. Así se hacen obligatorias las discusiones anuales entre entes estatales, gremios económicos y representantes de los trabajadores a fin de tratar de acordar, por consenso, los nuevos valores del salario mínimo.

Desde 1996 la función de fijar el salario mínimo legal la tiene la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Pensionales. Si no llega a concertarse en este escenario, el Gobierno lo fija autónomamente por Decreto. t

Con el Decreto 1156 de 1955, se crearon comisiones de patronos y trabajadores por departamentos para definir el valor del salario mínimo. Estas comisiones tenían en cuenta una escala de salarios de acuerdo al tipo de actividad desarrollada y el grado de profesionalización de la actividad. Sin embargo, era posible encontrar dentro del país notables diferencias en los valores calculados para un mismo sector productivo entre distintas regiones, lo que causaba malestar en los trabajadores.

Hasta 1963, hubo una variedad de salarios mínimos decretados según la zona del país, tamaño de la empresa, sector económico y

74 Historia del trabajo en Colombia

Facsimilar del billete de un peso oro, agosto de 1947

Expedición del

Código Sustantivo del Trabajo 1950. La expedición del Código Sustantivo del Trabajo (CST) significó la materialización de aspectos que marcaron un derrotero importante en la historia laboral de Colombia. Varios de sus principios generales recibieron reconocimiento constitucional en 1991 como derechos fundamentales.

A

mediados del siglo XX, Colombia estaba inmersa en un periodo de violencia interna entre liberales y conservadores. Las guerrillas rurales proliferaban en el centro y oriente del país, en tanto que el deterioro del orden público se extendía por toda la geografía nacional. En términos laborales, la gran mayoría de la población económicamente activa estaba vinculada a la agricultura y un sector mucho menor a la industria y a los servicios urbanos.

El Congreso Nacional había sido cerrado un año atrás por el Presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) y el Gobierno había asumido poderes legislativos. Durante estos años, y en la primera mitad de la década de 1950, el contexto económico del país era favorable por el alza del precio del café en el mercado internacional.

En este contexto se llevaron a cabo las discusiones que dieron origen al Código Sustantivo del Trabajo (CST) promulgado mediante los Decretos 2663 y 3743 de 1950. El CST compiló una gran cantidad de normas expedidas en las décadas anteriores producto de una normatividad dispersa sobre las actividades laborales y los derechos de los trabajadores.

El Código se enfocaba en tres líneas básicas: el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, y la vigilancia y control de las leyes sociales.

shutterstock

En términos generales, el CST contenía directrices nacionales en aspectos como: el contrato de trabajo individual; el establecimiento y la definición del salario mínimo; el reconocimiento al derecho a asociarse libremente y a conformar sindicatos en las empresas; las convenciones colectivas; y el derecho a huelga para los empleados de los servicios públicos.

El punto más importante del CST era, probablemente, el establecimiento de una definición general del trabajo: “El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”, y del contrato de trabajo: “(...) es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración”.

Así mismo, el CST consigna como fundamentales la libertad de trabajo y la igualdad de los trabajadores ante la Ley colombiana, lo que convierte al Código en un logro fundamental en materia de beneficios para las actividades laborales del país. t

100 Momentos decisivos 75

Creación de Comfama

y el sistema de Compensación Familiar 1957. Con el Decreto 118 de 1957 se abrió la puerta en Colombia a la creación de las cajas de compensación familiar.

Confama, Caja de Compensación Familiar de Antioquia fue pionera. Estas entidades se crearon con el objetivo de ayudar a los empleados en su desarrollo familiar, laboral y social.

L

as Cajas de Compensación Familiar son entidades privadas sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores mediante la gestión y entrega en subsidios y servicios de parte de los aportes de seguridad social que hacen los empleadores.

La principal función de estas entidades es la de ayudar a los empleados en su desarrollo humano, familiar, laboral y social, y contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad en general. Las cajas solo existen en Colombia dentro del régimen obligatorio de seguridad social.

En 1954, del 26 de febrero al 1 de marzo, se llevó a cabo en Medellín el Quinto Congreso de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). La UTC adoptó como principio de lucha la Doctrina Social de la Iglesia Católica contenida en las encíclicas y en los mensajes pontificios. Por esta razón, el subsidio familiar era una meta de la UTC y le recomendó a sus sindicatos afiliados plantear esta petición en los pliegos salariales.

Durante este Congreso se preparó una ponencia bajo el liderazgo del escritor, periodista y humanista Jaime Sanín Echeverri, quien un año atrás había escrito el documento ¿Es posible en Colombia el salario familiar? En el encuentro, la UTC aprobó por unanimidad la ponencia y se entregaron las conclusiones a Aurelio Caicedo Ayerbe, Ministro de Trabajo del Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, solicitando que se estableciera el subsidio familiar. Este se logró formalmente a través del Decreto 118 de 1957.

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), fue la primera que se creó en el país en 1954. La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) realizó los estudios preliminares e hizo las respectivas encuestas entre las empresas interesadas en ingresar a la Caja. El modelo de Comfama fue seguido por

76 Historia del trabajo en Colombia

las demás Cajas que se crearon posteriormente en el país gracias a los Decretos 118 y 1521 de 1957, que fijaron los requisitos legales para fundar estas instituciones.

En la primera normatividad, quienes estarían obligados a cubrir el subsidio fueron los empleadores y los establecimientos públicos descentralizados con capital no inferior a cien mil pesos o aquellos que ocuparan como mínimo a veinte trabajadores permanentes. Comfama inició sus labores con 45 empresas afiliadas-fundadoras, y su cobertura geográfica se extendió a 64 ciudades y pueblos de Colombia donde laboraban los catorce mil trabajadores beneficiados de los empleadores afiliados.

En junio de 1955 se reunió la Primera Asamblea General de la Caja y se discutieron asuntos de interés para los trabajadores y el bienestar de sus familias, como el logro de una mayor unidad familiar; la regularización de las uniones libres; el reconocimiento de hijos extramatrimoniales; el aumento de la escolaridad; la mayor responsabilidad del trabajador como jefe de familia, y la estabilización de los trabajadores a las empresas.

En la actualidad, Comfama es una empresa social de carácter privado, autónoma y vigilada por el Estado colombiano, que cubre con sus acciones a un millón y medio de personas en el departamento y que presta anualmente servicios de salud –a través de la EPS mixta Savia Salud–, así como educación, crédito, vivienda, recreación y cultura. También hoy tiene una agencia de empleo.

La experiencia en la prestación de servicios sociales y en alianzas público-privadas, hicieron de Comfama un ejemplo de cooperación, solidaridad y desarrollo no solo nacional sino internacional. Así, la Caja se convirtió en el primer caso de estudio colombiano en ser presentado a los estudiantes de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. t

Creación del SENA 1957. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, asume la formación profesional como entidad tripartita. El gobierno de la Junta Militar dio vida a esta entidad fundamental desde entonces en el mundo del trabajo.

E

Facsimilar de imagen del primer curso de Secretariado - SENA

n 1957 Rodolfo Martínez Tono, abogado y economista y con estudios en París relacionados con la formación profesional, se empeñó en impulsar un proyecto que se convertiría en la obra de su vida: el desarrollo de un instituto que brindara capacitación laboral y técnica a la población. El proyecto recogía, en parte, el anhelo de las clases trabajadoras, quienes años atrás a través de las organizaciones sociales constituidas en ese entonces (como la UTC y la CTC) plantearon la necesidad de que el país contara con un instituto de enseñanza.

solo formaba técnicos, sino también empresarios y promovía las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto tomó forma y fue expuesto ante el entonces Ministro de Trabajo, Raimundo Emiliani Román. La iniciativa, defendida en un intenso debate ante el Consejo de Ministros y revisada por un comité asesor, fue aprobada. Así, durante el Gobierno de la Junta Militar -que reemplazó en la dirección del Estado al general Gustavo Rojas Pinilla- nació el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Esta entidad tripartita, en la que participarían trabajadores, empleadores y Gobierno, fue creada mediante el Decreto-Ley 118 del 21 de junio de 1957.

El comienzo fue difícil, como en todo nuevo proyecto. Las primeras clases se dictaron en las aulas del Politécnico Central y de la Universidad Nacional de Colombia. También se impartió formación en improvisadas carpas de circos levantadas en ciudades y municipios, con el fin de ampliar la cobertura. La institución atendió las demandas de la empresa privada en sus planes de expansión; del Gobierno, con sus políticas de arbitraje y planificación de los recursos; y de los trabajadores, que exigían más capacitación, bienestar y calidad de vida.

Las funciones del SENA, definidas en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, consistían en ofrecer formación profesional a los jóvenes y adultos trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. La naciente entidad no

Para la ejecución efectiva de las labores del Servicio, en el primer organigrama se estableció la División de Mano de Obra, la de Formación Profesional y la Administrativa. Esta última para planificar la construcción y dotación de los centros de formación profesional. Ese mismo año también nacieron las seccionales de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Atlántico, Bolívar, Nariño, Cauca y Magdalena. Los departamentos restantes tuvieron sus seccionales al siguiente año.

El 23 de agosto de 1957 sesionó por primera vez el Consejo Nacional de la entidad y se definieron dos tareas a realizar: el estudio, codificación y sistematización de la oferta y demanda de mano de obra y la capacitación profesional. t

100 Momentos decisivos 77

Las mujeres y su derecho al voto 1957. La lucha por la igualdad de derechos de las mujeres en el país tardó un tiempo no solo en ser incluido en la legislación sino en ser implementado. Colombia fue de los últimos países de la región en aprobar el derecho al voto femenino en 1954, y en ejecutarlo efectivamente en 1957.

L

a herencia histórica de conformación familiar y doméstica del país a comienzos del siglo XX mostraba aún un panorama de subordinación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y nacional. La exclusión femenina de los temas políticos y de los espacios de participación ciudadana era lo usual en ese momento.

Desde 1932 se había reconocido por medio de la Ley 28, la igualdad de derechos civiles a las mujeres colombianas, pero durante los años siguientes su participación en escenarios de protesta social en los que reivindicaban el derecho al voto y el acceso a cargos públicos no había tenido mayores alcances. Sin embargo, la Ley sí había generado un ambiente de reflexión, de tal forma que en 1936 les fue autorizado a las mujeres ocupar cargos públicos que llevaran jurisdicción y mando.

Un año después, el proyecto con el que se buscaba autorizar el voto para las mujeres volvió a presentarse al Congreso, pero debido a la agitación social atravesada por el país ese año, la atención se enfocó en otros aspectos y el proyecto fue archivado de nuevo.

En el contexto latinoamericano, Colombia se mantenía como uno de los pocos países en los que aún no se había hecho oficial el derecho al voto para las mujeres, aun cuando en 1946 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había hecho un llamado de atención a los gobiernos del continente para establecerlo como fundamental.

Durante el mandato de Rojas Pinilla (1953-1957) se realizaron varias reformas a la participación política de las mujeres en el gobierno, y finalmente en 1954, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el derecho al voto femenino. Sin embargo, este no sería ejercido sino hasta tres años después.

Entre 1945 y 1946 hubo un periodo de movilización sufragista de las mujeres El primero de dien el país. Gracias a ciembre de 1957 la numerosas estrateJunta Militar, que gias que iban desde había recibido el conversaciones y poder después de la acuerdos privados renuncia de Rojas con representanPinilla, convocó a tes políticos, hasta un plebiscito naciomanifiestos difunnal para someter a didos ampliamente votación importana través de periótes reformas constidicos y programas tucionales entre las de radio, en 1946 el que se encontraban Congreso de la Reel marco para el espública incluyó en tablecimiento de un una serie de reforgobierno compartimas planteadas a do entre liberales y la Constitución, el conservadores y la reconocimiento de confirmación defilos derechos ciudanitiva del derecho al Mujer ejerciendo el derecho al voto. Cortesía Confederación de Trabajadores de Colombia. danos de este secRevista liberación Obrera. voto femenino. Esta tor de la población. fue la primera vez que las mujeres colombianas ejercieron su dereSin embargo, la reforma final no consignó el derecho al voto cho al voto, curiosamente para aprobarlo definitivamente y, entre femenino, manteniendo su exclusión de la política nacional. otras cosas, darle vida al Frente Nacional. t 78 Historia del trabajo en Colombia

Creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC 1964. El resurgimiento de la CTC luego de la dictadura de Rojas llevó a contradicciones insalvables entre dirigentes liberales y comunistas. La Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia nació en 1964 para agrupar las tendencias sindicales comunistas y fomentar sindicatos agrarios.

E

n los últimos años de la década de los años cuarenta el movimiento sindical liberal y de izquierda fue fuertemente reprimido y después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) fue declarada ilegal por el Gobierno de Mariano Ospina Pérez, llevándola a la clandestinidad. Después del Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla en 1957, miembros del Partido Liberal apoyaron el resurgimiento de la CTC. Es así como esta organización recuperó parte de su fuerza y representatividad.

Sin embargo, en este proceso se presentaron desacuerdos entre los integrantes de la CTC de filiación liberal y aquellos de orientación comunista. Lo anterior desembocó en la separación definitiva de estos últimos de la CTC, quienes pasaron a conformar la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) en 1964. Pero no fue sino hasta 1974, diez años después, durante el Gobierno de López Michelsen que la CSTC recibió finalmente reconocimiento oficial y personería jurídica.

Esta organización agrupó a importantes dirigentes sindicales de orientación comunista, vinculados mayoritariamente a la producción agrícola. Como resultado, en el seno de la CSTC se fortalecieron sindicatos campesinos como la Federación Agraria (Fenagric), que nunca llegó a tener personería jurídica, y la Federación Sindical Agropecuaria (Fensa), con una plataforma de reivindicaciones sociales enfocadas en la lucha por la tierra y en contra del latifundio.

La CSTC participó activamente durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen, en el Paro Cívico Nacional de 1977.

Luego, dicha organización se vinculó al proceso de conformación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en febrero de 1986. La CSTC contribuyó de manera significativa en todos los esfuerzos realizados por los trabajadores en procura de mejorar sus derechos y condiciones laborales. t shutterstock

100 Momentos decisivos 79

Ratificación del

Convenio 99 de la OIT 1968. Este Convenio fue esencial para consolidar la defensa de los trabajadores del campo.

D

esde 1945, año en el que fue constituido legalmente el salario mínimo legal (SML), la historia de éste se puede dividir en tres etapas: i) 1945 a 1963, ii) 1964 a 1983 y iii) 1984 a la fecha. En la etapa correspondiente al periodo comprendido entre los años 1964 a 1983, el SML se determinaba por actividad económica (comercio, manufacturera, servicios, transporte, construcción, etc.) y por sector (urbano y rural), hasta el año 1983 cuando se logró la unificación del salario mínimo para la totalidad de los trabajadores colombianos.

En este contexto es que a través de la Ley 18 de 1968 publicada en el Diario Oficial No 32.529 del 17 de junio de 1968, se aprobó el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a los métodos para la fijación de salarios mínimos en la agricultura, adoptado por la Trigésimacuarta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, 1951).

La Ley aprobó el convenio adoptado en esta reunión, que dio paso a buscar contar con un instrumento que diera el marco para la fijación de los salarios mínimos en el sector agrícola. t

José Raquel Mercado Luchó por la reivindicación de los derechos de los obreros. Fue presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC y conformó el Frente Nacional en 1957. El 19 de abril de 1976 fue asesinado en Bogotá. En ese entonces se desempeñaba como presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

José Raquel Mercado durante un congreso de la CTC. Cortesía Confederación de Trabajadores de Colombia. Revista liberación Obrera

80 Historia del trabajo en Colombia

Conciliación directa y arbitramento obligatorio 1968. La Ley 48 del 68 estableció reglas en la negociación, en el arbitramento y el la huelga. Fue producto de un clima de agitación social que encontró en este instrumento un procedimiento útil para buscar solución a conflictos laborales.

A

finales de los sesenta el mundo era testigo de movilizaciones sociales que propendían por nuevos modelos de sociedad, y en Colombia se fortalecían sectores políticos de izquierda y de los movimientos estudiantiles y sindicales. La Alianza Nacional Popular, Anapo, partido fundado por Rojas Pinilla, tomaba fuerza como opositor al Frente Nacional.

En este escenario, en 1968, el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo promulga la Ley 48, la cual determinó cambios al Código Sustantivo del Trabajo. Su mayor aporte, en este sentido, viene dado por el reconocimiento al Derecho a la Huelga por parte de los Trabajadores bajo una serie de pautas institucionalizadas de arbitramento que buscaban resolver los conflictos laborales para los trabajadores y para las empresas. La Ley determinaba que los trabajadores organizados en sindicato debían buscar primero escenarios de conciliación directa con las empresas para tratar las reclamaciones que se presenten, y cuando esto no fuere factible, debía presentarse un pliego de peticiones que será revisado por un tribunal de arbitramento.

La Ley 48 mencionaba que los trabajadores han de decidir, mediante voto, si estaban de acuerdo o no con que se realice este tribunal, para que hubiera intervención de los organismos del Estado. El tribunal de arbitramento obligatorio, debe estar compuesto por tres miembros: uno dispuesto por la empresa; otro por el sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en su defecto, por los trabajadores en asamblea general; y un tercero, escogido de común acuerdo por los dos árbitros antes señalados. En caso de que estos árbitros no se pusieran de acuerdo para elegir el tercero, dicho árbitro sería designado por el Ministerio del Trabajo, de lista integrada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Con estas medidas se buscaba que los conflictos laborales no se convirtieran en obstáculos que puedieran alterar la economía del país. Esta Ley fue el producto de una serie de procesos de lucha impulsados por movimientos sociales de trabajadores, y consecuencia de un mecanismo útil promovido por el Gobierno para hacer efectivas las reclamaciones de obreros y patronos y para que no hubiere conflictos indefinidos. t

48 arbitramento

100 Momentos decisivos 81

La Confederación General del Trabajo, CGT 1971. La Acción Sindical Colombiana en 1964 fue el antecedente de la CGT. El pluralismo político y religioso fue uno de sus principios.

P

ara los sesenta, en el marco de la guerra fría, era clara la polarización existente. Y el escenario sindical era uno más de los muchos en los que se libraba esta batalla entre los ideales comunistas y aquellos que defendían el modelo capitalista imperante. En 1964, la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, con sede en Caracas y que se definía a sí misma como humanista y latinoamericanista, impulsa la creación en Colombia de la Acción Sindical Colombiana (Asicol) como una alternativa a las posiciones políticas en confrontación. Así, se propuso desde esta visión la organización, ya no del movimiento sindical, sino del movimiento de los trabajadores buscando con ello sustraer el carácter político que llegó a tener la palabra sindicato.

Tras su victoria en 1970 sobre Rojas, Misael Pastrana inició su periodo de gobierno caracterizado por la mano dura contra los movimientos sociales. En 1971 se dió una movilización reprimida fuertemente, en la que participan la UTC y la CSTC, quedando al margen la CTC y es en este contexto que con la anuencia de algunos elementos de la corriente democrática y cristiana de la UTC, y la acción organizativa de Asicol, que se crea en 1971 la Confederación General del Trabajo CGT; que sólo hasta 1975 recibe su reconocimiento jurídico.

De manera estatutaria la CGT estableció como principio fundacional, la posibilidad de que toda persona trabajadora pudiera “afiliarse, sin pensar en sector económico, o estrato social, cultural, político partidista o religioso, al que pertenezca”. t

Trabajadores Sindicalizados durante una huelga a principios de los años 70 en Bogotá. Cortesía CGT.

82 Historia del trabajo en Colombia

Secuestro y asesinato del presidente de la CTC 1976. El mayor atentado contra la libertad sindical fue cometido por un grupo armado ilegal. El M-19 copió los métodos de terror de grupos del cono sur. El asesinato del presidente de la CTC es el punto de partida en la Reparación Colectiva al movimiento sindical.

E

Misael Pastrana, José Raquel Mercado, Tulio Cuevas, Antonio Beltrán en diciembre de 1970. Facsimilar cortesía Confederación de Trabajadores de Colombia

n 1976 el Presidente Alfonso López Michelsen había logrado frenar la crisis financiera del país apoyado, en parte, en la declaratoria de una emergencia económica y en la posterior realización de una reforma tributaria.

Esto en un momento en el que Colombia vivía una tensa situación política donde la polarización partidista se hacía cada vez más compleja e incentivando la confrontación armada.

El Movimiento M-19, conformado oficialmente dos años antes, ya era bien conocido por sus notorias acciones en la ciudad de Bogotá, como el robo de la espada de Bolívar. Este movimiento nació como movimiento político y luego como movimiento armado a partir del supuesto fraude electoral ocurrido en las elecciones de 1970.

En febrero de 1976, el M-19 sorprendió al país con el secuestro de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Mercado provenía de las organizaciones sindicales portuarias de Cartagena y se había desempeñado en varios cargos administrativos de la organización sindical, y para el momento de su secuestro llevaba 16 años como presidente de la CTC. El M-19 acusaba a Mercado de traicionar las luchas por la reivindicación de los derechos de los obreros, por malos manejos

desde la dirigencia de la CTC y por la recepción de dineros provenientes de Estados Unidos. Después de varios meses, en los que el movimiento sometió la vida del dirigente a un supuesto “veredicto popular”, como ellos mismos llamaron la farsa de juicio al que fue sometido, el 6 de abril de 1976, el M-19 anunció que Mercado había sido condenado a muerte. Para completar la farsa sangrienta el grupo dijo que podría conmutarse si el Gobierno restituía a sus puestos a maestros y trabajadores bancarios despedidos recientemente y garantizaba la estabilidad laboral de los diferentes gremios. El Gobierno no se pronunció al respecto y el cuerpo de José Raquel Mercado fue hallado sin vida en la madrugada del 19 de abril en inmediaciones del parque El Salitre, Bogotá.

El asesinato del presidente de la Confederación Sindical más antigua de Colombia por parte de un grupo guerrillero se convirtió en un atentado contra la libertad sindical sin precedentes en el país. Las condiciones de humillación de su secuestro y la farsa del supuesto juicio contra el líder sindical hace más repudiable este homicidio a sangre fría y en condición de indefensión de la víctima. Para efectos de la reparación colectiva al movimiento sindical y sobre todo de no repetición, este hecho atroz debe ser el punto de partida del proceso de reparación colectiva al sindicalismo colombiano. t

100 Momentos decisivos 83

Creación de Fenaltrase y del Comité Intersindical de Trabajadores del Estado Los trabajadores del Estado tenían condiciones críticas al no estar cobijados por la negociación colectiva. Fenaltrase en 1960 y Comité Intersindical de Trabajadores del Estado en la mitad de los 70 fueron organizaciones líderes y representativas de las luchas de los trabajadores del Estado.

A

finales de los años sesenta en Colombia el movimiento sindical estaba fraccionado. Para los trabajadores del Estado la situación era más crítica por cuanto no contaban con los mismos derechos que cobijaban a los demás trabajadores, en especial, el derecho a la negociación colectiva.

De la unión de cuatro sindicatos estatales, el de los Ministerios de Trabajo y Educación; el de la Imprenta Nacional; el de la Universidad Nacional y el del Hospital Santa Clara, resultó la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, Fenaltrase, constituida en 1960. Para los años setenta, se iniciaron una serie de cambios estructurales a nivel económico que escalonaron las movilizaciones de trabajadores. Y esto fue observable en el sector privado como en el público. Así, Fenaltrase se fortaleció en estos años y fue uno de los principales animadores de paros cívicos de 1969 y 1970.

84 Historia del trabajo en Colombia

Entre 1974 y 1976 se consolidó el Comité Intersindical de Trabajadores del Estado (CITE), que surgió como factor de unión de las organizaciones sindicales del sector estatal. La primera acción de este Comité fue el impulso del paro nacional de 24 horas el 10 de marzo de 1977, que precedió al gran paro cívico nacional del 14 de septiembre de ese año, el cual fue apoyado con firmeza por el CITE y Fenaltrase, organizaciones que terminaron sellando su unidad al año siguiente, en el marco del Octavo Congreso Unitario.

Esta unión se dio sobre la base la agrupación de sindicatos de todas las afiliaciones confederales y sindicatos no confederados, sin discriminación alguna. Fenaltrase quedó entonces conformado por 78 sindicatos que representaban a 290 mil trabajadores. t

Ratificación de los

Convenios 87 & 98 de la OIT 1976. La certificación de estos dos convenios fundamentales se continuaron construyendo los pilares de la libertad sindical.

E

l Convenio 87 adoptado por la OIT el 17 de junio de 1948 consagra la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, en tanto que el Convenio 98, adoptado el 8 de junio de 1949 se ocupa de reivindicar los principios del derecho de sindicalización, pero además consagra la negociación colectiva como elemento fundamental para el ejercicio de este derecho.

Estos derechos funcionan en conjunto y, si bien durante los años sesenta Colombia avanzó en la armonización de su legislación laboral interna y la laboral internacional, los elementos relacionados con el derecho de sindicalización aun resultaban contradictorios. No en vano, el Código del Trabajo, aunque establecía las condiciones necesarias para la creación de un sindicato, y enumeraba los elementos asociados al ejercicio de la huelga, no hacía mención específica de la protección al derecho

shutterstock

de los trabajadores a crear sus organizaciones sin injerencia de terceros. Esto, en la práctica, se expresaba en una marcada resistencia a la creación y al acción de los sindicatos.

El Gobierno de López Michelsen avanzó en su propósito de involucrar al país en un mayor número de escenarios de integración y discusión de políticas, lo cual implicó la adopción de ciertos estándares como Convenios de la OIT, y en particular los relacionados con los derechos de sindicalización y negociación colectiva.

Es por ello que el Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, sobre derechos humanos; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; son antecedentes inmediatos de la ratificación en Colombia de los Convenios 87 y 98 en 1976, mediante la expedición de las Leyes 26 y 27 respectivamente. t

100 Momentos decisivos 85

Paro Cívico Nacional 1977. Un movimiento obrero que desembocó en expresiones de protesta barrial y popular. Este ha sido un hito en la movilización popular y social en el país.

T

Representantes sindicales con el presidente Alfonso López Michelsen durante el paro de 1977. Cortesía CGT.

res años después de que Alfonso López Michelsen asumiera la Presidencia del país, los índices económicos mejoraban pero no ocurría lo mismo con el complejo panorama político, la seguridad social y el reconocimiento de libertades sociales. El Estado de Sitio continuaba operando y la vigilancia del Gobierno sobre las expresiones de movilización social era estricta. De otro lado, se habían fortalecido grupos guerrilleros que actuaban en el campo, como había sido lo usual, y espacios urbanos como el M-19 y el ELN. El Consejo Nacional Sindical, conformado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), convocaron a una jornada de huelga general en las principales ciudades del país para agosto de 1977. El Gobierno calificó esta convocatoria de subversiva y como respuesta, las Confederaciones de trabajadores llamaron a un paro general para el 14 de septiembre de ese año.

Los puntos principales que reclamaban los manifestantes abarcaban temas de diferentes sectores como el aumento general de salarios, la suspensión del Estado de Sitio, el respeto a las libertades políticas y sindicales, la reapertura , la desmilitarización y un mayor presupuesto para las universidades y la entrega de tierras para los campesinos. Con fuegos artificiales lanzados desde varias azoteas de Bogotá en la noche del 13 de

86 Historia del trabajo en Colombia

septiembre, se dio inicio al paro cívico, uno de los más grandes en la historia del país.

En la protesta en Bogotá participaron obreros, empleados independientes y estudiantes, quienes pusieron barricadas en diferentes vías de las principales ciudades, apedrearon edificios gubernamentales y las empresas de servicios públicos. Durante dos días se presentaron fuertes enfrentamientos de los manifestantes y la fuerza pública.

En otros lugares del país marcharon trabajadores petroleros, cementeros, agricultores y docentes. En Bogotá, los resultados de la protesta fueron inciertos, se habló de numerosos muertos y heridos, así como de varios miles de detenidos recluidos en la plaza de toros.

El paro cívico de 1977, más que un movimiento obrero, terminó siendo una expresión de protesta barrial y popular.

Como consecuencia del paro, el Gobierno de Julio César Turbay implementó el Estatuto de Seguridad con el que vigilaba y aplicaba la Ley sobre cualquier escenario de movilización social.

Sin embargo, la amplia participación de la ciudadanía y el evidente clima de inconformidad social que se materializó en el paro de 1977, ha hecho de este uno de los hitos más importantes de la movilización laboral y social en la historia del país. t

Creación del CNS.

Consejo Nacional Sindical 1977. Se creó un esquema de coordinación de las centrales sindicales, que sirvió para el paro cívico de 1977. Su proyección fue mucho más allá y se convirtió en una importante iniciativa de unidad de acción intersindical.

D

urante el Frente Nacional, después de una década de postración del movimiento sindical durante la dictadura de Rojas Pinilla y el Gobierno de Laureano Gómez, vino un auge de movilizaciones y huelgas de carácter nacional. La caída de Rojas Pinilla fue impulsada por un paro nacional en 1957. En 1965 el Gobierno de Guillermo León Valencia afrontó un paro nacional contra la carestía y la represión laboral; en 1969 el Gobierno de Carlos Lleras contra el alza del transporte, por mejoras laborales; y en 1971 en el Gobierno de Misael Pastrana, contra la pérdida del poder adquisitivo del salario.

El último de ellos fue el paro nacional del 14 de septiembre de 1977, durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen. En el ‘paro del 77’ se unieron las cuatro confederaciones existentes: Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CGT) y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), las que crearon el Consejo Nacional Sindical (CNS) para que lo organizara.

Cortesíade la Confederación de Trabajadores de Colombia

El paro constituyó el punto máximo del ascenso del movimiento sindical durante ese período. La conformación del CNS sería, además, el punto de partida de los nuevos procesos de coordinación y de unidad sindical. t

Creación de la Superintendencia de

Subsidio Familiar

E

n 1979 dos iniciativas legislativas fueron presentadas al Congreso de la República: el proyecto de Ley por el cual se creaba la Dirección General del Subsidio Familiar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por el cual se reformaba el régimen de la prestación familiar.

Después de varios debates, el primero derivó en la Ley que creaba la Superintendencia del Subsidio Familiar y fue finalmente aprobado en diciembre de 1980, convirtiéndose en la Ley 25 de 1981. El segundo fue aprobado en diciembre de 1981 y se convirtió en la Ley 21 de 1982 que regula el sistema

de subsidio familiar. La superintendencia quedó adscrita al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Hoy existen 43 Cajas que manejan recursos por aportes superiores a los cuatro billones de pesos. La Ley le suministró a la Superintendencia del Subsidio Familiar las herramientas legales necesarias para vigilar adecuadamente a las entidades e incluso intervenirlas en casos graves o de reiterada violación de las normas legales o estatutarias, así como para decretar la suspensión o cancelación de la personería jurídica del ente vigilado. t

100 Momentos decisivos 87

Central Unitaria de Trabajadores,

CUT

1986. La creación de la CUT es el más importante esfuerzo de unidad sindical que se ha dado en el país. Confluyeron sectores conservadores, comunistas, liberales y cristianos.

A

finales de los años 70 y comienzos de los 80, la CTC expulsó de sus filas a los dirigentes comunistas más radicales y combativos, la afinidad de esta central con la UTC, la central de orientación cristiana y patronal más representativa, se hizo más evidente.

Esto generó una creciente división del sindicalismo, entre lo que el Gobierno Nacional denominó sindicalismo democrático y el sindicalismo comunista.

A su vez, los trabajadores sindicalizados empezaron a sentir que las cúpulas directivas de las principales centrales sindicales, se ocupaban más de asuntos de política y de negociación de sus propios privilegios que de las problemáticas propias de los trabajadores, todo lo cual llevaría a una crisis institucional sin antecedentes en el movimiento sindical.

Para febrero de 1986 la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, citó al sindicalismo independiente a una reunión de la cual surgió la Coordinadora Nacional de la Unidad Sindical, que nacía con el objeto de reflexionar sobre

88 Historia del trabajo en Colombia

Primero de mayo en los años 80. Cortesía Central Unitaria de Trabadores CUT

las problemáticas del movimiento sindical, pero también para impulsar la unidad sindical en torno a un nuevo paradigma de organización sindical.

En el transcurso de ese año, de la UTC se desafiliaron 15 federaciones y 14 sindicatos, en tanto que de la CTC se apartaron siete federaciones, todas las cuales conformaron lo que se denominó el Comando de Unidad Sindical, que luego de algunos acercamientos con la Coordinadora Nacional de la Unidad Sindical terminaría por impulsar la creación en noviembre de 1986 de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que en su momento llegó a reunir cerca de 45 federaciones y 600 sindicatos, constituyéndose entonces en la central sindical más grande del país.

La nueva Central se declaró unitaria, progresista, clasista, democrática y pluralista y en ella convergen varias tendencias que van desde el liberalismo y comunismo hasta cristianas, pero todas con un sentimiento en común en torno a la necesidad de un sindicalismo independiente y unido. t

Reforma al

Código Sustantivo del Trabajo Ley 50 de 1990. Las modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo abarcaron aspectos como los contratos a término fijo y la flexibilización de la jornada laboral. La flexibilización laboral fue el propósito de esta reforma.

P

ara finales de la década de los ochenta, la globalización económica era un fenómeno de escala mundial. En el ámbito latinoamericano, países como México y Argentina ya se encontraban muy cercanos a la expedición de nuevas legislaciones enfocadas en la flexibilización de los esquemas laborales nacionales para facilitar la competitividad de sus empresas en el ámbito internacional. Similar fue el caso de Colombia, en donde las políticas gubernamentales de apertura económica hicieron necesarias varias reformas en los ámbitos industrial y laboral.

de César Gaviria (1990-1994), la legislación colombiana tuvo trascendentales modificaciones tendientes a adaptar la economía del país y el funcionamiento de sus instituciones a los lineamientos propuestos por el Fondo Monetario Internacional y la OIT. Tales lineamientos apuntaban a la reducción en los costos de producción local para atraer la inversión extranjera al país, a generar competitividad frente a la nueva realidad de eliminación del proteccionismo arancelario, y a promover la rentabilidad de la industria a partir de la flexibilización de las modalidades de contratación de mano de obra y la disminución en los gastos laborales.

Durante los ochenta, el crecimiento de la economía nacional se había estancado y el Gobierno estaba enEl texto de la Ley consignaba lo focado en buscar soluciones para siguiente en relación con la justipromover la inversión extranjera en Primera edición de la Reforma al código de 1990 ficación de su promulgación: “el el país y generar divisas internas. El proyecto de Ley responde a una necesidad de reajuste estrucinterés creció cuando se empezaron a ver los resultados de las re- tural que permita adecuar los principios y normas de esta formas en otros países en los que se observaban empresas más materia a la realidad contemporánea y a la modernización e competitivas en la economía global y más altos crecimientos de internacionalización de la economía colombiana (…) esa molas economías. dernización de la economía hace necesario que se torne más El proteccionismo que había adoptado Colombia a fines de los cuarenta en la misma línea que el resto de América Latina, fue la base del impulso a la industrialización por sustitución de importaciones. Pero el modelo estaba agotado y la competitividad de las empresas para participar en mercados internacionales era muy limitada.

Durante la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990) se creó una comisión preparatoria encargada de revisar la legislación laboral existente en el país y de redactar el texto base y la exposición de motivos de lo que más tarde se convertiría en la Ley 50 de 1990. En la apertura económica del país, iniciada por la presidencia de Virgilio Barco y sostenida durante el periodo presidencial

flexible el régimen laboral para darle mayor competitividad a nuestros productos, para promover la inversión e incrementar la generación de empleo (…)”.

La Ley 50 hizo importantes modificaciones al instrumento legislativo que durante cuarenta años reglamentó las relaciones laborales del país: el Código Sustantivo del Trabajo promulgado en 1950. Dichas modificaciones abarcaban aspectos como los contratos a término fijo y la flexibilización de la jornada laboral, así como la ratificación de los Convenios con la OIT y la eliminación de la prohibición sindical de participar en política. Adicionalmente, reglamentó los fondos de cesantías y creó el salario integral para contratos de más de diez salarios mínimos legales. t

100 Momentos decisivos 89

90 Historia del trabajo en Colombia

La Constituyente de 1991 Presidentes de la Constituyente firman la Nueva Constitución de 1991. Horacio Serpa Uribe, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf.

Foto cortesía de Luz Elena Castro

100 Momentos decisivos 91

La Constitución de 1991 1991. La Constitución de 1991 supuso la integración de una serie de avances producto de las luchas obreras, la apertura de espacios políticos de debate y el impulso a los derechos humanos y ciudadanos. El origen democrático de la Constitución y su integración pluralista son fundamento de su legitimidad.

E

l presidente Virgilio Barco inauguró su Gobierno en medio de un escenario de crisis y desconfianza hacia el proceso de paz iniciado por Belisario Betancur. Por esta razón, el Gobierno Nacional reestructuró la política de paz y logró consolidar el proceso de paz con las guerrillas del M-19 (1990). Luego se hicieron acuerdos con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Quintín Lame (1991) a través de la política de reconciliación, normalización y rehabilitación. Estos hechos de paz propiciaron el ambiente social para intentar transformar el país por las vías política y jurídica.

para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

A la vez, se fortaleció el movimiento estudiantil universitario “Todavía podemos salvar a Colombia”, que nació como expresión La Ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no de protesta e indignación por el asesinato pueden menoscabar la libertad, la dignidad de Luis Carlos Galán en agosto de 1989, fue humana ni los derechos de los trabajadores”. autor de la propuesta llamada Séptima PapeArtículo 93: “los tratados y convenios inleta, en la práctica una convocatoria ciudaternacionales ratificados por el Congreso, dana, con la que se consiguió que se contara que reconocen los derechos humanos y que extraoficialmente con una papeleta más en prohíben su limitación en los estados de exlas elecciones parlamentarias de 1990 para cepción, prevalecen en el orden interno”. convocar a una Asamblea Nacional ConstiArtículo 94: “la enunciación de los deretuyente. La Corte Suprema de Justicia avaló chos y garantías contenidos en la Constitula convocatoria, y durante las elecciones preción y en los convenios internacionales visidenciales de ese año, se consultó sobre la gentes, no debe entenderse como negación Cortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas aprobación de la Asamblea, la cual fue avalade otros que, siendo inherentes a la persona da por más del 86% de los electores. humana, no figuren expresamente en ellos”.

En diciembre 9 de ese año se convocaron los comicios para En materia laboral el bloque de constitucionalidad está comelegir a los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente.

Esta sesionó durante el primer semestre de 1991 y en junio pro- puesto por: el Preámbulo, los Artículos 1, 25, 26, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 64 y 125 de la Constitución Política de 1991 y por los núcleos mulgó la nueva Constitución. esenciales de los Convenios de la OIT números 87, 98 y, por últiLa Constitución de los Derechos, como se le conoce, fue el pun- mo, y en virtud del Artículo 94, por cualquier otra norma interto de partida de la incorporación del derecho laboral internacional nacional obligatoria, aun cuando esta no haya sido ratificada por en Colombia. En esta se reconoció expresamente la internaciona- Colombia, en lo relativo a materia laboral. Además, hacen parte lización del derecho al trabajo, mediante los Artículos 53, 93 y 94 del llamado ‘bloque de constitucionalidad’, por tratarse de dereque confieren a los tratados internacionales o principios universa- chos humanos y fundamentales, los Convenios 87 y 98 de la OIT les de derecho en materia laboral un estatus equivalente a normas sobre libertad de asociación y derecho de asociación sindical, de rango legal o constitucional: derecho de negociación colectiva y huelga, eliminación de traArtículo 53: “el Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La bajo forzado, protección laboral para niños, niñas y jóvenes y Ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes eliminación de discriminación laboral. t principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades 92 Historia del trabajo en Colombia

Ley 100 de 1993 1993. La ley 100 modificó el sistema de salud que se transformó, de un servicio de oferta a un sistema de aseguramiento.

Modificó también el sistema de pensiones al establecer un régimen de ahorro individual administrado por entidades financieras en coexistencia con el régimen de reparto, llamado de prima media con prestación definida.

E

l sistema de salud en Colombia se fundaba en el principio de oferta del servicio de salud, oferta que conllevaba un subsidio implícito mediante la transferencia de recursos del Estado para el sostenimiento de la red de instituciones públicas hospitalarias. Este sistema no era suficiente para llegar a las poblaciones vulnerables, y una parte muy importante de la población colombiana seguía sin la posibilidad de acceder a la salud en condiciones dignas.

La Constitución de 1991 elevó la salud al rango de servicio público y más aún, estableció el derecho a la vida como un derecho fundamental e inviolable. De igual forma se estipuló que la Seguridad Social es “un servicio público de carácter obligatorio” y por ende “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”.

En consecuencia, la Ley 100, en principio, buscó implementar un sistema de salud basado en el aseguramiento y que permitiera

la provisión de servicios de salud incluyendo el subsidio del aseguramiento para los más pobres. Como resultado, la ley 100 introdujo por un lado un régimen contributivo, financiado por los aportes obligatorios efectuadas por los empleadores y los empleados o pensionados; y, por otro, un segundo régimen, de carácter subsidiado, con el que se buscó llegar a la población más pobre y vulnerable previa identificación por parte del Estado de los beneficiarios (Sisben), y cuya financiación se haría con recursos corrientes de la nación.

El sistema pensional también se modificó con la ley 100. Estaba basado en sistemas de reparto, régimen de prima media con prestación definida, variados según regímenes especiales para funcionarios públicos y en uno aplicable a los empleados del sector privado. Se introdujo un segundo régimen basado, no en reparto, sino en ahorro individual con solidaridad. Esto permitió crear las administradores de fondos de pensiones, AFP, que empezaron a administrar la cuentas individuales de ahorro pensional. t

Comisión Permanente de Concertación de

Políticas Laborales y Pensionales La Ley 278 de 1996 es la creación de un mecanismo permanente de carácter tripartito. Fue un avance frente al Consejo Nacional Laboral que tenía como alcance la fijación de salarios.

A

partir de la Constitución de 1991, se estableció la creación de una comisión de carácter tripartito para dar solución de los conflictos laborales y concertar las políticas laborales y salariales. La comisión tuvo como antecedente a la Ley 50 de 1990, que asignó al Consejo Nacional Laboral creado en 1987 la tarea de fijar los salarios. La misma Ley estableció además que de no existir consenso sobre la fijación del salario, esta se haría por parte del Gobierno Nacional mediante decreto.

Con estos antecedentes, la Ley 278 de 1996, fijó la composición y las reglas de funcionamiento de la nueva Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

La Comisión es el escenario para la discusión y la búsqueda del consenso de las políticas que tengan efectos salariales y laborales y que en su dinámica tiene un alcance mucho más amplio que el de fijación del salario mínimo. t

100 Momentos decisivos 93

Misión de contactos directos de la OIT 2000. La cadena de asesinatos contra sindicalistas en la década anterior, denunciada por las centrales sindicales colombianas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, motivó una Misión de Contactos Directos. La Misión emitió un conjunto de recomendaciones para otorgar protección y reducir la impunidad en las investigaciones de crímenes contra sindicalistas.

shutterstock

94 Historia del trabajo en Colombia

E

n 2000, la violencia en contra de los sindicalistas llegó a niveles tan alarmantes que motivó que el Comité de Libertad Sindical de la OIT pidiera la conformación de una Misión de Contactos Directos, la cual se efectuó en ese mismo año. Esta fue motivada por la denuncia por parte de las centrales sindicales de más de 2500 sindicalistas asesinados en los 90. Como resultado de esta visita se produjo el nombramiento de un Representante Especial del Director General de la OIT para la Cooperación en Colombia, quien desempeñó su labor hasta 2001.

Con 60 carpetas de denuncias sobre violación de derechos sindicales, la Misión de Contactos Directos de la Organización Internacional del Trabajo OIT visitó al país del 7 al 16 de febrero de 2000. La Misión resaltó que el Gobierno había adoptado medidas para evitar asesinatos y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales. El vocero de la Misión, Alberto Pérez y Pérez, hizo la salvedad de que la violencia generalizada en el país afectaba a todos los sectores de la sociedad, en lo cual coincidió con las explicaciones que dio la ministra de Trabajo, Gina Magnolia Riaño, quien aseguró que no existía una política estatal en contra de la dirigencia sindical colombiana.

El Gobierno, según la Misión, se comprometió a completar los trámites para ratificar los Convenios celebrados con la OIT relacionados con la negociación colectiva de los empleados públicos.

Los cuatro expertos de la OIT se entrevistaron durante 13 días con miembros del Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, las Centrales Obreras, Defensa y Justicia, las Cortes, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Banco Agrario, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y algunas empresas de servicios públicos.

A partir del informe de la Misión, el Comité de Libertad Sindical emitió los siguientes anuncios: a) El Comité toma nota de que una Misión de Contactos se dirigió al país del 7 al 16 de febrero de 2000 y agradece a los profesores Sr. Mesquita Barros y Sr. Pérez Pérez su informe de Misión; Violencia en contra de dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados b) El Comité deplora profundamente los numerosísimos asesinatos y actos de violencia contra sindicalistas mencionados en el presente informe y observando que el Gobierno y las centrales sindicales ofrecen cifras divergentes sobre el número de víctimas, el Comité pide al Gobierno que tome medidas, eventualmente convocando a un grupo de trabajo de representantes independientes aceptados por ambas partes, para esclarecer las divergencias enormes en el número de dirigentes y trabajadores sindicalizados asesinados en los últimos 10 años y que le mantenga informado al respecto; c) En cuanto a la participación de agentes públicos, en particular de agentes de las fuerzas armadas, en la conformación de grupos de autodefensa o paramilitares y a los casos de pasividad, connivencia o colaboración de tales agentes por acción u omisión

con esos grupos que desembocan en violaciones de los derechos humanos en general, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que, con carácter urgente, se inicien investigaciones globales a nivel institucional contra estas prácticas con fines sancionatorios. El Comité pide asimismo al Gobierno que adopte medidas radicales y sistemáticas para el desmantelamiento de los grupos de autodefensa en todas las áreas donde actúan y para neutralizar y reprimir al conjunto de sus líderes, integrantes y financiadores, particularmente en relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, en cuya desarticulación no se han producido avances realmente efectivos. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto; d) En cuanto a la protección de los dirigentes sindicales, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para reforzar la asignación presupuestaria que el Gobierno habría asignado a un programa de protección de dirigentes sindicales y para adoptar otras medidas suplementarias en consulta con las organizaciones sindicales para garantizar la vida de los dirigentes sindicales amenazados; e) El Comité expresa su grave preocupación ante los hechos alegados en las nuevas comunicaciones de las organizaciones querellantes (el asesinato de seis dirigentes sindicales y 19 trabajadores sindicalizados, amenazas de muerte contra dirigentes sindicales, agresiones físicas contra manifestantes y una detención) y pidió al Gobierno que de inmediato tome medidas para que se inicien investigaciones con el fin de esclarecer estos hechos de violencia y sancionar a los culpables y que comunique sus observaciones al respecto; f) En lo que respecta a la impunidad, observando con preocupación que en lo que se refiere a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas los resultados de los procesos en términos de condenas son prácticamente inexistentes y que sólo excepcionalmente se consigue esclarecer los hechos, identificar a los culpables y aplicarles el rigor de la Ley, el Comité pide al Gobierno que se realicen esfuerzos de carácter sustancial para luchar contra la gravísima e intolerable situación de impunidad, que es una de las principales causas de la violencia y que le mantenga informado al respecto; g) En lo que respecta a los alegatos relativos a actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas (asesinatos, desapariciones, agresiones físicas, secuestros y amenazas de muerte) que figuran en anexo sobre los que el Gobierno ha anunciado que se están llevando a cabo investigaciones e informa del estado de las mismas, el Comité, al tiempo que expresa su preocupación y deplora profundamente todos estos hechos, pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de la totalidad de las investigaciones en curso; (…) l) El Comité pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre la totalidad de los nuevos alegatos presentados recientemente por la Ciosl, la CUT, la CTC, la CGTD, la USO y la Asodefensa. t

100 Momentos decisivos 95

Reforma laboral de 2002 Varios bloques de medidas buscaban reducir los gastos de las empresas y así incrementar los puestos de trabajo.

L

a recesión que se inició en 1999 se prolongó por tres años largos y llevó a las tasas de desempleo a alrededor de 20 por ciento. Las tasas de inflación llegaron a rondar el 30 por ciento y la tasa de intereses se elevó casi a 50 por ciento. Miles de familias perdieron sus viviendas financiadas con el sistema de valor constante UPAC. En este contexto, la Ley 789, junto con la 797 de 2003, hizo parte de un paquete de reformas tendientes a dinamizar el mercado laboral y a introducir una mayor competitividad de cara a los procesos de integración económica que se visionaban en el mediano plazo. También, buscaba crear condiciones más atractivas para la inversión extranjera y fomentar con ello la generación de empleo.

En cuanto a su contenido, la Ley 789 de diciembre de 2002, contempló un primer bloque de medidas que apuntaron hacia un cambio en la destinación de los recursos provenientes de los parafiscales, en especial los administrados por las Cajas de Compensación con el fin de dar un primer esbozo de apoyo a quien perdía su trabajo en momentos en que el desempleo llegaba a rondar la cifra de 20 por ciento.

96 Historia del trabajo en Colombia

Cortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas

Otro grupo de medidas tuvieron como fin reglamentar todo lo referente a los contratos de aprendizaje y la vinculación laboral de los aprendices. En este sentido, la Ley estableció que la remuneración de los aprendices puede ser el 50% de un salario mínimo en la fase lectiva y hasta 75% en la fase práctica. Se estipulaba además la obligatoriedad en la contratación de aprendices para empresas con más de quince trabajadores, pudiendo en caso de no contratar aprendices, cancelar una cuota monetaria, destinada al fondo para la promoción empresarial, que maneja el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El último bloque buscaba flexibilizar la contratación laboral ampliando la jornada de trabajo ordinario, con lo cual se reducía el pago por horas extras, A ello se sumó la reducción en los pagos por trabajo en festivos y dominicales. En lo relacionado con los despidos, se redujo la indemnización por despido sin justa causa en el caso de trabajadores de diez o más años, y se establecieron indemnizaciones diferenciales de acuerdo con el nivel salarial de cada trabajador. t

El nuevo

Ministerio de Protección Social 2002. La crisis económica llevó al congreso a aprobar una Ley que reducía el número de Ministerios así como muchas entidades públicas. Los Ministerios de Salud y Trabajo se fusionaron en el Ministerio de Protección Social.

U

no de los programas de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de la crisis económica de esos años, fue la reducción en el tamaño y costo del aparato estatal para reducir el déficit fiscal y alcanzar mayor eficiencia por la vía de reducciones importantes en los trámites y por ende, en la burocracia estatal. Mediante facultades extraordinarias que el Congreso de la República le entregó, el Ejecutivo decidió fusionar el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud para dar paso a lo que se conoció desde entonces como el Ministerio de la Protección Social.

Como resultado, se fusionaron ocho Ministerios, desaparecieron 35 entidades y otras 120 fueron reestructuradas. Un total de cerca de 30 mil trabajadores fueron desvinculados. t

Juan Luis Londoño fue nombrado Ministro de la Protección Social en 2002 por el Gobierno de Álvaro Uribe.

Inclusión de Colombia en la lista de

rendición de cuentas ante la OIT 2006. La continuidad de la violencia contra sindicalistas y la escasa adopción de las recomendaciones de la Misión de Contactos Directos de 2000, llevó a que en la OIT se plantearan medidas más fuertes para contrarrestar el problema. No es adoptada ni una Comisión de Investigación ni una Comisión de Encuesta.

E

n noviembre de 2002 el Comité de Libertad Sindical recomendó al Consejo de Administración de la OIT el establecimiento de una Comisión de Investigación y Conciliación para Colombia, órgano alterno al Comité. Frente a esta recomendación Colombia, por conducto del Vicepresidente de la República, hizo la reserva de rigor y en consecuencia, dicha Comisión no fue constituida.

A petición del Consejo de Administración y con el respaldo del Gobierno, los Empleadores y los Trabajadores colombianos, se diseñó un Programa Especial de Cooperación para Colombia que se desarrolló entre 2002 y 2005, facilitando el diálogo social y promoviendo una mayor sensibilización acerca de los derechos fundamentales de los trabajadores y las libertades sindicales.

A pesar del espíritu constructivo con el que las tres partes acogieron el Programa de Cooperación, organizaciones sindicales internacionales presentaron la propuesta de conformar una Comisión de Encuesta para el país. Esta propuesta se discutió y llevó

a votación en el Consejo de Administración de la OIT de junio de 2003. La votación arrojó los siguientes resultados: a favor: 14 representantes de los Trabajadores; en contra: la totalidad de los miembros Empleadores (14). En el grupo de los gobiernos la moción contó con el voto favorable del Gobierno de Sudáfrica y la abstención de Bulgaria y Noruega; Nigeria no tomó ninguna posición y 22 países votaron en contra, de esta manera el Consejo no formuló comisión de encuesta para el país.

En junio de 2006, de manera consecuente con el compromiso de avanzar en la garantía de derechos de los trabajadores, especialmente lo relacionado con la situación de los sindicalistas y dirigentes sindicales, se inició una etapa significativa en las relaciones laborales en el país con la firma del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia por parte de los representantes del Gobierno, los Empleadores y los Trabajadores colombianos en el marco de la 95 Conferencia Internacional del Trabajo. t

100 Momentos decisivos 97

Acuerdo Laboral Tripartito 2006. Acercamiento de Trabajadores, Empleadores y Gobierno en el marco de la 95 Conferencia de la OIT. Acuerdo para fortalecer el diálogo social.

L

as reiteradas quejas por la violación de los Convenios 87 y 98 de libertad sindical, sumadas a la recurrente violencia en contra de líderes sindicalistas, generó una actitud de acercamiento entre Trabajadores, Gobierno y Empleadores, quienes en el marco de la 95º Conferencia Internacional del Trabajo, se reunieron para dar cuerpo al “Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia”. En su momento, dicho acuerdo fue presentado ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia.

En él se estipularon los siguientes compromisos: • Garantizar y brindar toda la logística necesaria para que la OIT tenga presencia permanente en el país, mediante la apertura de una oficina, encargada de “la cooperación técnica que promueva el trabajo decente y que incluya la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, de sus dirigentes sindicales y de sus organizaciones” • Garantizar recursos para desarrollar la cooperación técnica con la OIT. A su vez, la OIT se comprometió a gestionar recursos a través de la cooperación internacional para avanzar en los programas planteados por el acuerdo.

• Fortalecer el diálogo social y a trabajar por mejorar el desempeño del sistema judicial, en lo referido al tratamiento de los casos de violencia en contra de sindicalistas mediante la creación de la Subunidad OIT, como dependencia de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, dedicada especialmente al seguimiento de las violaciones contra los derechos humanos de los sindicalistas.

• Diseñar y desarrollar una agenda para ser desarrollada por la Comisión permanente de concertación de políticas laborales y salariales en la que se dé prioridad a la defensa de los derechos laborales y a la aplicación de las disposiciones formuladas por la OIT. Este acuerdo resultó fundamental para el acercamiento de los actores tripartitos y para el fortalecimiento del diálogo social. El Acuerdo permitió avanzar en la solución de algunas de los problemas más relevantes en el ámbito laboral.

El acuerdo tripartito de 2006 explica, en buena medida, los esfuerzos posteriores para garantizar una mayor protección de los derechos laborales. t

Sobre la competencia para declarar

ilegalidad de huelgas

2010. La declaratoria de si una huelga era o no ilegal la definía el Ministerio de Trabajo, en ese entonces de Protección Social. El Ministerio era juez y parte y, por ello, esa facultad se la trasladó a los jueces de la República.

L

a Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT, CEAR, había realizado en diversas oportunidades observaciones en relación con el Código Sustantivo del Trabajo que daba la facultad al Ministerio del Trabajo, en ese entonces de Protección Social, a declarar la ilegalidad de la huelga. Las organizaciones sindicales y las Centrales Obreras, en diversas quejas ante el Comité de Libertad Sindical y a la Comisión de expertos señalaban que la facultad de la declaratoria de la ilegalidad de la huelga no debía hacerla el Ministerio del Trabajo, porque de acuerdo con su análisis el Ministerio era juez y parte.

98 Historia del trabajo en Colombia

Todas estas razones hicieron que el Gobierno Nacional llevara al Congreso de la República a desarrollar un proyecto de Ley para modificar el Código Sustantivo del Trabajo. De esta forma se expidió la Ley 1210 del 14 de julio de 2008 por medio de la cual se modificaron parcialmente los Artículos 448 (Numeral 4) y 451 del Código Sustantivo del Trabajo y el Artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y se creó el Artículo 129 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad. A partir de esta Ley el Ministerio del Trabajo ya no realiza la declaratoria de ilegalidad de las huelgas, sino que esta facultad está en cabeza de los jueces de la República. t

Hacia los acuerdos laborales en el marco del

TLC con EUA

Un largo camino de negociación y un debate centrado en los derechos laborales. Sólo con un Plan de Acción con medidas específicas se abrió camino la aprobación del TLC en el Congreso de los Estados Unidos.

E

shutterstock

l Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ha sido uno de los instrumentos comerciales más debatidos en los primeros años del siglo XXI. Empresarios, trabajadores y partidos políticos tuvieron intensos debates en el largo proceso de negociación de texto del tratado. Se expresaron posiciones muy opuestas según el sector económico y de parte de los trabajadores hubo un rechazo casi unánime.

constitucional por la Corte en julio de 2008. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Tratado que presentó el presidente Bush en 2006 se estancó y la Cámara de Representantes de Estados Unidos no aprobó su ratificación y congeló la votación, argumentando que durante esa época en Colombia no se respetaban los derechos laborales y sindicales. Se advirtió que de no haber cambios importantes en la legislación colombiana y su aplicación, el acuerdo comercial se vería gravemente comprometido.

El proceso se inició cuando el 18 de noviembre de 2003, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos notificó al Congreso norteamericano la intención de la Administración de comenzar negociaciones de libre comercio (como alternativa para paliar los nocivos efectos del tráfico de drogas) con países beneficiarios de la Ley de Preferencias Arancelarias: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Solo hasta 2011 fue aprobado. El debate en Estados Unidos por parte de quienes se oponían, que eran los miembros del partido Demócrata y de la Confederación Sindical AFL-CIO, se centraba en la deteriorada situación laboral y las dificultades para ejercer el derecho de asociación en el país por la violencia imperante. Solamente hasta la llegada al Gobierno de Barack Obama fue posible retomar la posibilidad de aprobación del tratado pero para ello se estableció un Plan de Acción Laboral acordado por ambos gobiernos como requisito para el paso por el Congreso norteamericano.

El 18 de mayo de 2004 comenzaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) o Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia. Después de trece rondas de negociación, el 27 de febrero de 2006 ambos países produjeron el documento final. El texto tardó 21 meses y más de cien reuniones entre las partes. El 22 de noviembre de 2006 los presidentes George Bush y Álvaro Uribe lo oficializaron.

El paso por el Congreso de Colombia fue muy controvertido, pero finalmente se aprobó en julio de 2007 y fue declarado

El 6 de abril de 2011, los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama acordaron el Plan de Acción relacionado con los derechos laborales que, además de mejorar la calidad de vida de los colombianos, facilitaría el camino para una nueva presentación del TLC Colombia-Estados Unidos al Congreso norteamericano.

100 Momentos decisivos 99

El mencionado acuerdo tuvo un objetivo claro: aminorar la violencia antisindical y la impunidad, y fortalecer las normas laborales. En resumen, los compromisos del Gobierno colombiano en esta materia fueron: • Antes del 22 abril: expandir los niveles de protección a líderes sindicales.

• Antes del 22 de abril: revisar el programa de reubicación y protección de docentes, para asegurar su protección.

• Junio 15: tener una reforma al Código Penal para penalizar acciones y amenazas contra derechos de los trabajadores.

• Antes del 30 de julio: eliminar el retraso en solicitudes de protección de sindicalistas.

• Para diciembre: instruir a la Policía para que asigne a 95 policías judiciales de tiempo completo para que apoyen a los fiscales que manejan crímenes contra sindicalistas.

• Reuniones mensuales con las centrales obreras y la Escuela Nacional Sindical para conciliar la lista de casos pendientes de homicidio.

• Mejorar la capacitación de la Policía y los fiscales con la asistencia de Estados Unidos.

• Junio: adelantar la entrada de disposiciones antes previstas para julio de 2013, que incluyen multas importantes, para prohibir el uso indebido de las cooperativas en intermediación laboral.

• Antes del 15 de junio: mejorar la inspección y observancia para impedir el uso de servicios temporales que burlen derechos de los trabajadores.

• 15 de junio: iniciar un régimen para perseguir el uso de pactos colectivos usados para socavar el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.

• Diciembre: tener 100 de los 480 inspectores laborales que se deben contratar para duplicar el número de estos funcionarios.

• Comenzar las inspecciones preventivas en aceite de palma, azúcar, minas, puertos y flores.

100 Historia del trabajo en Colombia

En cumplimiento de lo acordado, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 1228 de 2011, por medio del cual se crearon cien cargos de inspectores laborales en el Ministerio de la Protección Social. En materia de prevención y castigo de la violencia contra los sindicalistas, el Congreso colombiano aprobó la reforma al Código Penal, que en su Artículo 26 estableció penas de hasta dos años y multas de hasta 200 salarios mínimos para todos aquellos que impidan reuniones lícitas o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales; tomen represalias con motivos de huelga, reunión o asociación legítimas, y promuevan pactos colectivos a los trabajadores no sindicalizados.

De manera adicional, en junio del mismo año, el Gobierno expidió el Decreto 2025 que regula el Artículo 63 de la Ley 1439 y establece que serán penalizadas las instituciones o empresas que contraten procesos o actividades misionales permanentes con cooperativas de trabajo asociado. El mencionado Decreto estableció multas que oscilan entre mil y cinco mil salarios mínimos, y que en caso de aplicarse, se destinarán al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En junio de 2011 la Oficina de Comercio de Estados Unidos anunció que Colombia había cumplido anticipada y satisfactoriamente con las metas del Plan de Acción y el TLC se materializó con la ratificación por parte del Congreso norteamericano en octubre de ese año.

El acuerdo Obama-Santos surgió como una formulación que pretende generar estándares en materia laboral en Colombia como parte de los acuerdos para la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Este modelo de incluir un capítulo laboral o un acuerdo laboral paralelo al tratado comercial ha sido reproducido en tratados comerciales suscritos posteriormente con Canadá y la Unión Europea.

La firma del TLC con Estados Unidos se convirtió en un referente para la legislación laboral colombiana por cuanto involucra un mayor grado de exigibilidad, no solo en los contenidos, sino también en su cumplimiento. Y es en esto último en lo cual Colombia había presentado mayores vacíos. t

Firma del TLC con EUA 2011. El Tratado de Libre Comercio de Colombia con la economía más grande y tecnificada del planeta, Estados Unidos, fue firmado el 12 de octubre de 2011, el mismo día que se celebraban 519 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. El TLC es considerado un referente para legislación laboral colombiana.

Cortesía Presidencia de la República

100 Momentos decisivos 101

Los movimientos Sindicales y

Reparación Colectiva

2011. Como un proceso sin antecedentes se ha considerado la Reparación Colectiva al movimiento sindical. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es el marco para la Reparación Colectiva.

L

a Reparación Colectiva al movimiento sindical colombiano se adelanta en virtud de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Esta se constituye en un proceso sin antecedentes que implica un reconocimiento de las afectaciones sufridas por el movimiento sindical y sus miembros, en el marco del conflicto armado en las últimas tres décadas. A su vez, tiene implícita la obligación del Estado de reparar integralmente y prevenir la repetición de los hechos victimizantes.

Por ello, este proceso parte de un supuesto fundamental: la reivindicación del movimiento sindical colombiano como un actor político trascendental para la construcción y fortalecimiento de la democracia a través de la divulgación y protección de los derechos laborales de los colombianos y las colombianas.

Con la dificultad de reconstruir tres décadas de violencia, el proceso de Reparación Colectiva al Sindicalismo inició una investigación sobre homicidios de trabajadores sindicalizados. Las cifras consolidadas entre Cinep, ENS y Observatorio de DDHH, Presidencia, muestran 2883 homicidios entre 1984 y 2009 (Cinep) de los cuales 963 víctimas fueron de Fecode, 649 de Sintrainagro, 154 de Sintrabanano, 116 de la USO, siendo estos los sindicatos con mayores homicidios entre sus afilados. Antioquia, Santander, Valle, Magdalena y Cesar fueron los departamentos con mayor violencia anti sindical durante estas décadas.

Desde 2012 el Ministerio del Trabajo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria y las Centrales Obreras CUT, CTC, CGT y la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, iniciaron trabajos conjuntos para definir el Plan Integral de Reparación Colectiva del movimiento sindical. De acuerdo con las fases concebidas en el Capítulo VII de la Ley 1448 de 2011, el mencionado plan requiere de la participación de las víctimas, la entrega de información clara, oportuna y precisa, y la identificación de las necesidades y expectativas de reparación. Para esto se han dispuesto reuniones regionales con las bases sindicales. Se desarrollaron tres encuentros regionales en Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Arauca, Bogotá, Santa Marta, Cali, Neiva y Pereira en 2013 y 2014. Las conclusiones obtenidas en estos espacios constituirán el insumo más significativo para la construcción de las medidas de reparación colectiva al movimiento sindical.

En el marco de la reparación colectiva, el Ministerio del Trabajo desarrolló, de manera concertada con el movimiento sindical, una estrategia integral de comunicación que va más allá de una campaña publicitaria, en la medida en que abarca diversos medios y escenarios que contribuyen a crear una transformación cultural del tema sindical. En este orden de ideas, se busca un aumento en el ingreso de personas al sindicalismo, entendiéndolo como la plataforma idónea para el desarrollo social del país. Así mismo, se busca que la ciudadanía comprenda que varios de los derechos laborales que hoy tienen, vienen de luchas dadas por los sindicatos. Estos logros se han transformado en derechos de los que hoy todos gozamos.

Con esta campaña se buscan los siguientes objetivos: • Eliminar el estigma que se le ha impuesto al sindicalismo colombiano • Evidenciar la victimización de la que ha sido sujeto el movimiento sindical por parte de diversos actores en el marco del conflicto armado • Difundir la importancia del sindicalismo para una sociedad democrática • Dar a conocer los logros históricos del sindicalismo y su impacto positivo en la vida de los ciudadanos • Presentar al movimiento sindical como una organización indispensable para la democracia, protector y garante de los derechos laborales; que defienden los derechos humanos, el trabajo decente, el desarrollo humano, el avance social y la igualdad de oportunidades entre muchas otras misiones. t

Cortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas

102 Historia del trabajo en Colombia

Creación del

Nuevo Ministerio del Trabajo 2011. Ese año, con la Ley 1444 el Ministerio de la Protección Social se reorganizó y le dio paso nuevamente al Ministerio del Trabajo, a parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

L

a primera iniciativa de fundar un ministerio que regulara el empleo y sus condiciones en Colombia se denominó Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social, y el ente administrativo se creó en el año 1938 mediante la Ley 96 durante el Gobierno de Eduardo Santos, con el fin de velar por el bienestar y los derechos de los asalariados.

Tiempo después, en el primer mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), mediante facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República para renovar la administración pública, se decide fusionar el Ministerio del Trabajo junto con el Ministerio de Salud, dando paso al Ministerio de la Protección Social.

Pero más adelante, en mayo del año 2011, el Congreso de la República otorgó facultades extraordinarias al Presidente Juan Manuel Santos para modificar la estructura de la administración pública.

Mediante la Ley 1444 de 2011 se decide escindir y reorganizar el Ministerio de la Protección Social, dando paso nuevamente a un Ministerio del Trabajo y un Ministerio de Salud y Protección Social. El Presidente, además, integró el Sector Administrativo del Trabajo integrado por las siguientes entidades:

Colpensiones, SENA, Superintendencia del Subsidio Familiar y Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con el Ministerio de Trabajo a la cabeza.

Adicionalmente, se modificaron los objetivos del nuevo Ministerio del Trabajo formulando los siguientes: formular, adoptar y orientar políticas públicas en materia laboral con el fin de garantizar empleos de calidad y velar por los derechos laborales de los colombianos; llevar a cabo acuerdos entre Gobierno, Empleadores y Trabajadores que permitan alcanzar una paz laboral duradera; cooperar en la capacitación y formación de talento humano y hacer del trabajo un eje fundamental en el desarrollo socio económico del país. Esta nueva concepción difiere mucho de la anterior, en la cual las labores del Ministerio tenían más que ver con el arreglo de confrontaciones y la autorización de despidos masivos, entre otras.

Es importante notar que uno de los principales obstáculos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, fue la serie de críticas que recibió Colombia en materia de derechos laborales y los problemas de seguridad que enfrentan sindicalistas y centrales de trabajadores en el país. Con los argumentos del no respeto a los derechos laborales y sindicales,

Cortesía Presidencia de la República

100 Momentos decisivos 103

Cortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas

el acuerdo fue dilatado en reiteradas ocasiones. Con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por el Congreso norteamericano, el Presidente Juan Manuel Santos planteó una hoja de ruta que buscó reedificar las relaciones con los trabajadores, hacer cumplir a cabalidad los derechos laborales y acatar, además, los requerimientos solicitados por el Gobierno estadounidense. Puede afirmarse que el instrumento gubernamental que se creó para estos propósitos fue el Ministerio del Trabajo. Con el fin de dar cumplimiento a los mencionados requerimientos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos, las políticas y labores desarrolladas por el nuevo Ministerio se han basado en los siguientes pilares: •

•

Trabajo digno y de calidad para todos. Para impulsar este eje el Ministerio del Trabajo promovió la Ley del Primer Empleo, mediante la cual las personas con problemas para conseguir empleo formal tienen más oportunidad de obtener un trabajo digno. También promovió la creación del Servicio Público de Empleo, fortaleció las alianzas del SENA con la empresa privada y ha prestado especial atención al trabajo infantil.

Ni un trabajador sin protección social. El Ministerio ha venido promoviendo la protección social para trabajadores y pensionados, con o sin contratos laborales.

104 Historia del trabajo en Colombia

•

Puentes para el encuentro de trabajadores y empleadores.

El Ministerio se ha propuesto cambiar la relación de confrontación del Gobierno con los trabajadores a una relación de construcción colectiva; para esto, ha promovido la concertación y negociación laboral, la libertad sindical, se ha involucrado con los organismos internacionales que velan por los derechos laborales, ha fortalecido el sistema de inspección y vigilancia, y creó el Observatorio de Conflictos Sociolaborales como apoyo en el monitoreo para el análisis y solución de los problemas que puedan afectar los derechos de los trabajadores.

•

De la calidad del trabajador depende la calidad del trabajo.

Se fortaleció el SENA como institución adscrita al Ministerio, para impulsar la formación, educación y capacitación de los futuros trabajadores.

•

La idea del trabajo en los nuevos tiempos. El trabajo debe adaptarse a las nuevas dinámicas sociales, para esto el Ministerio promueve la equidad laboral y el teletrabajo como estrategia para mejorar las condiciones de los empleados en Colombia.

Los líderes de los sindicatos más importantes del país acogieron de manera positiva la idea de la creación de un Ministerio que se ocupe únicamente de los asuntos laborales, como respuesta a la afirmación por parte del Gobierno, de su voluntad de promover el empleo decente, el diálogo social y la construcción de acuerdos con los trabajadores colombianos. t

Capítulos laborales en los

Tratados de Comercio 2012. El modelo que se acordó con Estados Unidos que el TLC incluyera los temas laborales se convierte en un referente para otros tratados. El TLC con la Unión Europea y con Canadá incluyen acuerdos laborales.

U

shutterstock

nión Europea, Colombia y Perú negociaron con la Unión Europea un Acuerdo Comercial con compromisos en todas las áreas del comercio.

Este Acuerdo se enmarcó en la política de internacionalización de la economía colombiana y está enfocado en lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico mediante una relación preferencial y permanente con un actor fundamental en la economía mundial, con el fin de generar la inclusión de Colombia en oportunidades de empleo, mejorar la calidad de vida de la población, aumentar su bienestar y contribuir al desarrollo del país.

Santos mediante la Ley 1669 del 16 de julio de 2013. Sin embargo, el Acuerdo continúa su trámite ante la Corte Constitucional.

Los acuerdos comerciales entre Colombia y Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, fueron firmados en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012. Por parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo el 11 de diciembre de 2012, y posteriormente notificó la culminación de sus trámites internos para la aplicación provisional del Acuerdo el 27 de febrero de 2013.

Si bien no existe un capítulo laboral como tal, el Título IX - Comercio y Desarrollo Sostenible versa sobre los asuntos laborales.

Sobre el particular, el texto señala que las Partes acuerdan promover el comercio internacional con el fin de contribuir al desarrollo sostenible, resaltando los beneficios de los asuntos laborales y ambientales relacionados con el comercio como parte de un enfoque integral. El Artículo 269 reconoce las normas y acuerdos laborales multilaterales y señala el respeto por el derecho de los trabajadores bajo los principios de los derechos fundamentales.

Por el lado de Colombia, el trámite interno para su aprobación en el Congreso de la República inició en el mes de noviembre de 2012, finalizando con la sanción del Presidente Juan Manuel

El Presidente de la República, mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013 dio aplicación provisional al Acuerdo Comercial y se notificó a la Unión Europea el cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para tal efecto. Adicionalmente, mediante el mismo Decreto se tomó la determinación de dar aplicación provisional al Acuerdo a partir del 1 de agosto de 2013. El 31 de julio de 2013 mediante el Decreto 1636 se implementaron los compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo Comercial.

100 Momentos decisivos 105

shutterstock

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y “el canje de notas que corrige el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Canadá” el 18 y 20 de febrero de 2010. El acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso colombiano.

El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se complementó el 24 de julio de 2010, cuando la Corte Constitucional mediante sentencia C-608/10, encontró acorde al ordenamiento constitucional del país a este Acuerdo, así como la Ley 1363 de 2009, aprobatoria del mismo. De igual manera, el Acuerdo fue aprobado en consenso por el parlamento canadiense el 21 de junio de 2010, y posteriormente firmado por la Gobernadora General de este país. El acuerdo entró en vigor el 15 de agosto de 2011.

El 21 de noviembre de 2008 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, el cual consolida una iniciativa de mayor integración comercial alcanzada tras cinco rondas de negociación que se llevaron a cabo desde julio de 2007. En la misma ceremonia se dio lugar a la firma del Acuerdo de Cooperación Laboral y del Acuerdo de Cooperación Ambiental.

El Acuerdo de Cooperación Laboral suscrito con Canadá refuerza las garantías que a nivel Constitucional y mediante

106 Historia del trabajo en Colombia

Tratados Internacionales se les ha reconocido a los trabajadores colombianos, especialmente las relacionadas con los Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Acuerdo impulsa a los gobiernos a reforzar sus sistemas de inspección, vigilancia y control de la normatividad laboral, con el fin de evitar que se configuren las causales de incumplimiento en los Tratados, las cuales implican sanciones gravosas tanto para las naciones como para los sectores privados que incumplan.

Colombia y Canadá asumieron Obligaciones Generales comprometiéndose a incluir efectivamente en su legislación interna los principios y derechos fundamentales de los trabajadores internacionalmente reconocidos en la Declaración de la OIT de 1998. Esto es, la libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva (incluyendo la protección del derecho a organizarse y el derecho de huelga); la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil (incluyendo protección a niños y jóvenes); la eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación; así como derechos relacionados con el programa de Trabajo Decente de la OIT, tales como condiciones aceptables de trabajo con respecto a salario mínimo, horas de trabajo y salud y seguridad ocupacional; y otorgar a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de la Parte, respecto a las condiciones de trabajo. t

Igualdad de condiciones laborales en

el Servicio Doméstico

El Gobierno suscribió el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadores domésticos.

L

a igualdad en condiciones laborales significó la obligación de los empleadores para afiliar los empleados domésticos a Cajas de Compensación, así como la posibilidad de afiliación a seguridad social a trabajadores por períodos inferiores a un mes.

El Gobierno presentó en 2012 el proyecto de Ley para la ratificación del Convenio 189 de 2011 de la OIT. El Congreso de la República expidió la Ley No. 1595 de 2012 por medio de la cual se aprobó el “convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.

formal y quienes lo realizan tienen iguales derechos que los demás trabajadores • Establecer un horario de trabajo, que se respeten las horas tal como se hace frente a otros trabajadores, e incluso se cuenten sus horas de espera sin trabajo asignado como horas reales de trabajo • Regular el uso de agencias temporales de empleo • Crear un marco que permita garantizar la seguridad social, así como la salud y seguridad en el trabajo

Por años en muchos países han sido conocidos los riesgos de trato discriminatorio y de explotación hacia personas contratadas para cumplir labores domésticas, como aseo, cocina, lavado y planchado de ropa y demás actividades propias de un hogar.

En estos trabajos se había reproducido la segregación social y las diferencias en las condiciones laborales.

• Crear un marco para la protección de las y los trabajadores migrantes

• Reconocer el trabajo doméstico como contribuyente a la economía nacional y mundial, por lo cual es un trabajo

Familiar en Colombia. t

En Colombia, con el Decreto 2616 del 20 de Noviembre de 2013, se reguló la cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, para lograr la formalización laboral de los trabajadores informales. Con este Decreto se establece un nuevo régimen por medio del cual los traEn Colombia esta situación ha bajadores del servicio doméstico, venido cambiando, toda vez que jardineros, jornaleros, meseros, el Estado, con el fin de proteger personas que atienden bares o apolos derechos que tienen los trabaCortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas yan al comercio, y que trabajan por jadores, ha incorporado en su ledías, deban ser afiliados a Segurigislación normas que regulan las dad Social y puedan sumar semanas para acceder a una pensión. condiciones de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Parte de estos derechos han sido reconocidos gracias a la Jurisprudencia La disposición la hace el Gobierno para facilitar la cotización de trabajadores dependientes que laboren menos de un mes y ganen de la Corte Constitucional. menos de un salario mínimo. Con esta medida se busca que estos La legislación Colombiana garantiza en igualdad de condicio- trabajadores puedan y deban ser afiliados a los sistemas de pennes a los demás trabajadores una remuneración y prestaciones siones, riesgos laborales y Cajas de Compensación, permitiéndoles sociales, tales como seguridad social, licencia de maternidad y que entren a disfrutar de las prestaciones de los sistemas pagando enfermedad, descanso semanal y vacaciones pagadas. en proporción al número de días trabajados.

El Convenio de la OIT sobre trabajo decente para los trabajadoEl Decreto 0721 de 2013 reglamentó y reguló la afiliación de los res y trabajadoras del servicio doméstico tiene cinco propósitos: trabajadores del servicio doméstico al Sistema de Compensación

100 Momentos decisivos 107

Acuerdo Laboral Tripartito 2011. Se actualiza el Acuerdo Laboral Tripartito que había sido suscrito en 2006. De impulso a las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT de febrero de 2011.

E

l 26 de mayo de 2011 se decidió actualizar el Acuerdo Tripartito de junio 2006 suscrito por el Gobierno de Colombia, las Centrales Obreras y los empleadores.

El “Acuerdo Laboral” se suscribió entre el Gobierno de Colombia, representado por el señor Ministro de la Protección Social; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General de la Nación; la CGT; los Empleadores y la Confederación Nacional de Pensionados. El Acuerdo de 2011 recoge importantes preocupaciones de los trabajadores. El objetivo del Acuerdo fue promover el trabajo decente y fortalecer la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales y de la libre empresa para los empleadores en el marco del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia firmado en junio de 2006.

El Acuerdo tuvo entre sus referentes la intención de manifestar su voluntad de promover la aplicación efectiva y lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos laborales, sindicales y empresariales adquiridos por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón. Entre ellos: 1. El Acuerdo Tripartito suscrito en el mes de junio de 2006 con motivo de la Conferencia Internacional del Trabajo, suscrito por el Gobierno, las Centrales de Trabajadores y los empleadores, por el Derecho de Asociación y la Democracia, cuyo objetivo está orientado al fortalecimiento de: a) Lucha contra la impunidad;

c) La renovada presencia de la oficina de la OIT en Colombia para el desarrollo de los proyectos técnicos, a través de un Coordinador Nacional de Proyectos, y d) Cooperación técnica entre la OIT y el Gobierno de Colombia para el desarrollo de proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los postulados de los Convenios Intencionales ratificados por el país.

2. La Misión Tripartita de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó al país en febrero de 2011, por invitación que le cursó el Gobierno Nacional para analizar la aplicación del Acuerdo Tripartito por el derecho de asociación y la democracia de 2006.

3. El Plan de Acción definido con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica acordado durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio; el Acuerdo de Cooperación laboral suscrito con el Gobierno de Canadá y el capítulo laboral contenido en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, así como en los demás Tratados y Acuerdos Comerciales en los cuales se han incorporado capítulos laborales que reconocen de manera explícita la determinación de los países firmantes de proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los trabajadores, además de refinar la obligación de Colombia con el apoyo a la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. t

b) Fortalecimiento de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales;

Cortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas

108 Historia del trabajo en Colombia

Misión de Alto Nivel de la OIT Por invitación del Gobierno de Colombia, la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT (la Misión) visitó el país del 14 al 18 de febrero de 2011 para analizar la aplicación del Acuerdo Tripartito por el derecho de asociación y la democracia firmado en junio de 2006 en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo.

L

uego de entrevistas con el Presidente de la República, altos funcionarios del Gobierno y representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Misión presentó un informe final que se estructuró en torno a estos temas:

Diálogo social: en consideración de la importancia atribuida a la promoción de la confianza entre los mandantes, la Misión instó con fuerza a que una acción prioritaria sea tomada para fortalecer el diálogo social, cuyo papel principal lo tiene la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. También recomendó que la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, Cetcoit, lograra un acuerdo previo sobre una personalidad independiente aceptable para todas las partes que presidiría la Cetcoit.

Gracias a cada una de las recomendaciones de la Misión, hoy Cetcoit goza de la confianza de las partes, impulsada por la OIT como ejemplo de buenas prácticas en la región.

Buscar la justicia y luchar contra la violencia: se identificaron tres principales motivos que empujan con fuerza a que la lucha contra la impunidad se desarrolle con gran vigor para que exista justicia con las víctimas de la violencia y con sus familias, una responsabilidad fundamental de nuestra sociedad. En este sentido, el Estado colombiano ha desarrollado varias iniciativas, reforzando los espacios de diálogo social con todos los interlocutores. La Fiscalía General de la Nación continuó reforzando la subunidad de delitos contra sindicalistas.

Actos de discriminación antisindical y otros obstáculos al ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva: también se identificaron varias áreas clave en donde se precisa para una renovación de las medidas legislativas y las acciones de control para acabar con la intermediación laboral llevada a cabo por las cooperativas de trabajo asociado, así como todos los demás obstáculos legales y prácticos a la libertad sindical y negociación colectiva que puedan resultar de la existencia de dichas cooperativas. Actualmente se han expedido varias medidas legislativas y reglamentarias como la Ley 1429 de 2010, que en su Artículo 63

reglamentó esta materia; el Decreto reglamentario del Artículo 63 de la Ley 1429 sobre cooperativas de trabajo asociado.

Medidas legislativas y acciones prácticas adicionales eficaces para asegurar que los pactos colectivos firmados por empleadores con los trabajadores no sindicalizados no sean utilizados contra el ejercicio de la libertad sindical y de la negociación colectiva: al respecto se expidió la Ley 1453 de 2011 (de Seguridad Ciudadana), que aumenta la pena por violación al derecho de asociación y penaliza a quien celebre pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados.

Mayores esfuerzos para fortalecer la inspección de trabajo, los mecanismos de control y las sanciones para asegurar que los actos de discriminación antisindical, incluidos los despidos y las intimidaciones, sean objeto de prevención y, en caso de que se hayan producido, den lugar a procedimientos ágiles, accesibles que conduzcan a sanciones eficaces. Sobre este aspecto, el procedimiento administrativo laboral para el trámite de visitas en inspección, vigilancia y control se ha reestructurado en función de una escala de priorización y calidad de decisión; los sectores sobre los cuales se ha centrado el mayor interés son: portuario, palmero, flores, azucarero y minero. Además, se fortaleció el Ministerio del Trabajo, se amplió la planta de inspectores y se crearon 480 nuevos cargos. Allí laboran aproximadamente 904 personas. Además, el Ministerio del Trabajo implementó el Centro de Orientación y Atención Laboral, Colabora, mediante la línea 120.

Capacitación en colaboración de la OIT: actualmente, Colombia trabaja conjuntamente con la OIT en el proyecto “Promoción del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en Colombia”, financiado con recursos de cooperación internacional del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y ejecutado por la OIT, entidad que ha valorado los esfuerzos del Gobierno Nacional por avanzar en diversos aspectos, como en la lucha contra la impunidad y la violencia, los avances en diálogo social y negociación colectiva. Gracias a esta alianza se han capacitado todos los inspectores de trabajo.

Tanto la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones (CEACR), como el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Aplicación de Normas han valorado los esfuerzos del Gobierno Nacional por avanzar en estos frentes. t

100 Momentos decisivos 109

Negociación Colectiva en el Sector Público Decreto 1092 de 2012. Por primera vez el Gobierno Nacional regula el proceso de negociación colectiva en el sector público tanto en entes del orden nacional como territorial, y se abrió un proceso unificado de negociación de temas de carácter nacional. Además, se firmó un acuerdo con dos años de vigencia incluyendo aumentos salariales.

E

n marzo de 2013 se firmó el primer acuerdo colectivo de la historia colombiana con las centrales obreras y federaciones que agrupan a los empleados públicos.

El Gobierno Nacional ratificó mediante la Ley 411 de 1997 el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con la protección al derecho de sindicalización y con los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Esta Ley dio origen al Decreto Reglamentario 535 de febrero de 2009, modificado por el Decreto 1092 de mayo de 2012, el cual estableció el trámite de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.

Expedido el Decreto, el Gobierno y las Federaciones de Empleados Públicos desarrollaron un proceso conjunto de socialización de su contenido y alcance en todo el país, con el ánimo de estimular la creación de sindicatos y promover la realización de asambleas mediante las cuales los trabajadores de todos los niveles –nacional, departamental y municipal– podrían presentar los respectivos pliegos de solicitudes. Este proceso concluyó con la presentación de un pliego nacional y un sinnúmero de solicitudes de carácter departamental o municipal.

Después de cumplir las etapas del proceso de negociación en el ámbito nacional, se llegó a un acuerdo con tres resultados fundamentales: (i) el aumento salarial para los años 2013 y 2014, (ii) los elementos básicos para estimular y promover la carrera administrativa, y (iii) significativas garantías y mejoras que redundarán en el bienestar de estos trabajadores. En el nivel regional se han alcanzado a la fecha, 196 Acuerdos.

Es de señalar que la negociación alcanzada, la primera con empleados públicos, tuvo tres características que deben ser resaltadas: primero, las centrales y federaciones de empleados públicos trabajaron con unidad de criterio y ánimo de conciliación y entendimiento; segundo, el Gobierno Nacional abordó todos los puntos del pliego, sin excepción, y en todos se llegó a un acuerdo. Y, por último, se logró pasar a una etapa de buenas relaciones entre los dirigentes de la administración pública y sus servidores.

Los fundamentos legales de la negociación en el sector público y el modelo de negociación adoptado por el Gobierno colombiano, se han convertido en un ejemplo de buenas prácticas para varios países latinoamericanos y de otros continentes, algunos de los cuales han solicitado la asesoría colombiana en esa materia. t Cortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas

110 Historia del trabajo en Colombia

Nuevo Modelo de

Protección a la Vejez 2012. Con este modelo todo peso contribuido a pensión, en cualquier época de la vida revertirá luego del retiro del trabajador. Se ofrece la alternativa de un ingreso vitalicio, BEPS, a quien cotizó pero no cumplió requisitos y a quien no ha podido entrar al sistema pensional.

L

a solidaridad entre quien está en el sistema pensional y quien no pudo estarlo financia el programa Colombia Mayor, cuya cobertura pasó de 20 por ciento de los adultos mayores de Sisben 1 y 2 a 50 por ciento entre 2012 y 2014, cubriendo a cerca de 1.3 millones de personas.

Las políticas del Ministerio del Trabajo se enfocan en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores colombianos, a través de la promoción y generación de empleo decente. En particular, uno de los pilares centrales de las políticas de empleo se basa en la protección de los trabajadores en todas las etapas de su vida mediante la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, lo que permite que en la vejez se aplique mayor cobertura. Más y mejor empleo implica la posibilidad de contar con más adultos mayores protegidos. Pero igualmente, es preciso

atender las necesidades de quienes en el pasado estuvieron por fuera de la seguridad social, lo mismo que de quienes estándolo no alcanzan a consolidar una pensión.

Por ello se construyó el Nuevo Modelo de Protección a la Vejez el cual fortalece el sistema pensional actual y brinda otras alternativas, de manera que todos los trabajadores y trabajadoras cuenten con una protección durante la etapa de retiro, aún si no cuentan con pensión. El propósito es lograr que todos los trabajadores, formales e informales, puedan contar con un ingreso al llegar a la edad de jubilación, bien sea mediante una pensión, la alternativa de una pensión familiar, su ahorro incrementado por recursos públicos o por un apoyo del Estado. Igualmente se trata de ampliar los servicios sociales para los adultos mayores en Colombia.

Cortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas

100 Momentos decisivos 111

En la foto, de izquierda a derecha: Efraín “el caimán” Sánchez, Senén Mosquera, Juan Carlos Torres, Luis Montaño, Arturo Segovia, Rafael Pardo,

La necesidad de una evolución y modernización del Instituto de Seguros Sociales (ISS), así como del modelo que se ejecutaba en el país para la administración del Régimen de Prima Media (o de reparto con beneficio definido), llevaron a que el Gobierno Nacional tomara la decisión de generar un cambio fundamental en el sistema de pensiones, creando una entidad que ofreciera todas las garantías administrativas y que respondiera a los criterios de eficiencia, rentabilidad social y sostenibilidad para la consolidación de un sistema de pensiones eficiente.

Así, desde la Ley 1151 de 2007 se creó la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, entidad que tiene como finalidad garantizar los derechos y otorgar los beneficios establecidos por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a través de un servicio más humano y eficiente. La modernización y la mejora de este han sido claves para la transformación del sistema. Tal es el progreso que para el año 2013, 112 Historia del trabajo en Colombia

a poco más de un año de su entrada en funcionamiento, se dio la cifra más alta de nuevos pensionados de las dos últimas décadas, cumpliéndose con la meta de responder más de 300.000 solicitudes represadas.

Dentro de la visión de inclusión y fomento al progreso social inherente a la transformación del Sistema, surgen retos para la protección de aquellos colombianos que por diversas circunstancias no logran cumplir los requisitos para acceder a los derechos del sistema pensional. Como respuesta a las realidades del mercado laboral, donde el limitado ingreso de un importante porcentaje de trabajadores no les permite realizar las cotizaciones mínimas al sistema pensional, se puso en marcha el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), mecanismo de ahorro flexible y voluntario para la vejez, focalizado en población informal que devenga menos de un salario mínimo.

Rolando Serrano, Hernando “el mono” Tovar, Luis Bedoya, Alfonso Cañón, Marcos Coll, Herman “el cuca” Aceros.

Los trabajadores ahorran voluntariamente cuando pueden y lo que pueden, y al momento de su retiro el Estado premia ese esfuerzo de ahorro con un subsidio sobre el mismo (del 20% de lo ahorrado), para con estos recursos otorgar un ingreso vitalicio.

De esta forma, se garantiza la protección para la vejez para colombianos que no logran ahorrar lo suficiente para una pensión.

Pero así mismo entra a funcionar el esquema de pensión familiar en Colombia, por el cual los cónyuges o compañeros permanentes que individualmente no cumplan los requisitos de cotización o las condiciones de ahorro, podrán sumar sus esfuerzos de cotización y ahorro, para acceder a una pensión por familia.

En paralelo se promueven otras políticas que buscan brindar una protección a aquellas poblaciones más vulnerables que no logran ningún tipo de ahorro para su vejez ni pensión.

Cortesía Ministerio de Trabajo. Fotógrafo Nelson Cárdenas

Es así como por medio del programa Colombia Mayor, financiado con la solidaridad de los colombianos de mayores ingresos, se fortalece la atención a los adultos mayores que se encuentran en una situación de extrema pobreza. Colombia Mayor busca otorgarles a todos los adultos mayores de 65 años, pertenecientes a las poblaciones más vulnerables, un aporte monetario del Estado que les permita financiar sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

De otro lado, se ha abierto la posibilidad para que los pensionados accedan a las Cajas de Compensación Familiar, para que, sin realizar cotización alguna puedan beneficiarse de los servicios de recreación, cultura y deporte, si voluntariamente desean aportar sobre su mesada pensional, puedan ser beneficiarios de todos los demás servicios que ofrecen aquellas, excepto el de cuota monetaria. Más servicios sociales para los pensionados, un reto prioritario para el Miniterio del Trabajo. t

100 Momentos decisivos 113

114 Historia del trabajo en Colombia

Protección al desempleado 2013. Creación del Mecanismo de Protección al Trabajador Cesante. Creación del Seguro de Desempleo que cubre la seguridad social del trabajador formal que pierde el empleo. Creación del Servicio Público de Empleo como red de centros y agencias para atención a quien busque empleo o busque trabajadores. Creación del estímulo al ahorro de la Cesantía para periodos de desempleo.

D

ada la importancia de generar integralidad y modernizar las políticas de empleo, surge la necesidad de garantizar condiciones de estabilidad y bienestar no sólo para los trabajadores activos o que cuentan con un empleo formal, sino además para aquellos que pierden su empleo y entran en la búsqueda de una oportunidad laboral.

Las repercusiones de la pérdida de empleo se ven reflejadas tanto en la caída del ingreso de estas familias, como en la pérdida de acceso a los servicios de seguridad social integral tales como salud, pensión, riesgos laborales y subsidio familiar.

Con el fin de contrarrestar la condición de vulnerabilidad de los y las colombianas que pierden su empleo, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Trabajo, creó en 2013 el Mecanismo de Protección al Trabajador Cesante. Este mecanismo permite a las personas que han perdido su empleo, mantener unos mínimos de estabilidad y garantías sociales, además de brindarle alternativas reales para la consecución de un nuevo empleo.

Este mecanismo se constituye a partir de tres elementos fundamentales, a saber: (i) Seguro de Desempleo. Mantener la seguridad social del desempleado, (ii) Servicio Público de Empleo. Consecución de un nuevo empleo, y (iii) Ahorro para periodos de desempleo. Incentivos al ahorro de cesantías cuando se está desempleado.

shutterstock

El primer elemento le permite a los trabajadores formales que pierden su empleo, seguir contando con una protección social en Salud, Pensiones y Subsidio Familiar durante los 6 meses siguientes a la pérdida de su empleo. El segundo le proporciona servicios de capacitación general para su reinserción laboral a través de la articulación de una ruta hacia la búsqueda de empleo, en la que los servicios de un nuevo Sistema de Empleo son fundamentales en la armonización de la oferta y demanda laboral.

El Servicio de Empleo es una plataforma institucional de orden nacional y local diseñada para lograr el encuentro entre la oferta y la demanda laboral de manera transparente, ágil y eficiente. Es una iniciativa que les permite a los trabajadores contar con opciones reales para conseguir empleo formal, así como también facilitar a los empleadores el hallazgo de talento humano de acuerdo con sus necesidades, esto a favor de la productividad y competitividad.

El tercer elemento crea un incentivo al ahorro para los trabajadores formales que destinen voluntariamente sus cesantías en sus períodos de desempleo: por cada peso ahorrado el Gobierno otorgará al afiliado un incentivo al ahorro.

Con este mecanismo se pretende cumplir con el compromiso que tiene el Ministerio del Trabajo de velar por un trabajo digno y de calidad para todos los colombianos y colombianas, brindándoles garantías y tranquilidad para que su reintegración a la vida laboral sea lo más fácil y armónica posible. t

100 Momentos decisivos 115

116 Historia del trabajo en Colombia