Revista WOUMAIN

Voz indígena del pueblo wayúu que significa

NUESTRA TIERRA

Boletín del Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias “Luciano Romero Molina” N.º 17 • Octubre del 2018

Programa Asturiano de Atencion a Víctimas de la Violencia en Colombia

EN ESTA EDICIÓN: página

Editorial: ......................................................................... 3 Visita asturiana una acción solidaria, internacionalista ........................................................... 5 Soberanía popular vs. minería .............................. 7 Exterminio impune de la dirigencia social ...... 9 La mujer en el conflicto colombiano ............. 11 Sembrar paz en el campo ..................................... 13 ONU aprueba Derechos campesinados ...... 15 Pueblo wayúu en crisis humanitaria, social, cultural y ambiental ................................... 17 Comunicado de la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca: Territorio del Gran Pueblo ................................. 19 El exterminio de la Unión Patriótica, UP ..... 21 Duque hace trizas la paz ............................. 22 Tribuna: ......................................................................... 23 Colombia: es el momento de actuar por la paz duradera. Amnistía Internacional ...... 23 Con el pueblo en lucha de Colombia.

Comisiones Obreras de Asturias ..................... 25 Sr. Duque: pare el exterminio.

Soldepaz Pachakuti .................................................. 26 Colombia a superar el conflicto armado.

Unión General de Trabajadores, UGT Asturias ............................................................. 27 Por la paz y los derechos humanos en Colombia. Comité de Solidaridad con América Latina, COSAL .................................... 28 Alegría y voluntad, ladrillo a ladrillo.

Asamblea Moza d’Asturies, AMA ................ 29 Colombia en situación insostenible.

Ingeniería Sin Fronteras Asturias, ISFA ..... 30 La nuesa tierra, la vuesa tierra.

Corriente Sindical d’Izquierda, CSI .............. 31 Edita: Colectivo de Colombianos/as Refugiado/as en Asturias “Luciano Romero Molina” Imprime: Gráficas Ápel D.L.: AS-03037/2008

Voz indígena del pueblo wayúu que significa NUESTRA TIERRA Boletín del Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias “Luciano Romero Molina” N.º 17 • Octubre del 2018

Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia AGRADECIMIENTOS: A las gentes y al gobierno de Asturias, a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, a los ayuntamientos de Gijón, Oviedo y Langreo, a Protect Defenders, a las organizaciones sociales asturianas que acompañan al Programa de Derechos Humanos y a las personas perseguidas: Soldepaz, Amnistía internacional, CEAR, SUATEA, CCOO, UGT, CSI, COSAL, ISFA, AMA, CSCA, CODOPA A las organizaciones que conforman el Comité de Selección de casos del Programa Asturiano en Colombia: CUT-DDHH, CPDH, ANDAS, ONIC, FCSPP, CAJAR, FENSUAGRO, MOVICE, CNA. A los centros educativos, partidos políticos, asociaciones culturales y a quienes sacan tiempo en su lucha diaria para ayudar a conquistar los Derechos Humanos y la Paz de Colombia.

COLECTIVO DE COLOMBIANOS/AS REFUGIADOS/AS EN ASTURIAS “Luciano Romero Molina” Correo: programasturias@gmail.com Teléfono 687003737 Calle Manuel Llaneza, 42 bajo C.P. 33208. Xixón-Asturies

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Editorial:

No más muertes, no más impunidad N

uestra Tierra vuelve a circular gracias al apoyo de Protect Defender para compartir realidades de Colombia que son ocultadas por los monopolios de la información.

Las gentes de Colombia siguen padeciendo los horrores de la guerra y de la exclusión que afectan al campesinado, a los pueblos indígenas, a las comunidades

4 afros y de manera grave a las mujeres y a la niñez.

La antigua alianza de miembros de la fuerza pública, sectores del empresariado y grupos narco paramilitares están persiguiendo a muerte a la dirigencia social.

Más de 320 líderes y lideresas han sido asesinadas en los últimos 30 meses, 184 en el 2018, decenas de miles de personas han sido desplazadas este año, obligadas a refugiarse o están amenazadas por defender los Derechos Humanos, por exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con las FARC, por exigir diálogos con el ELN y el EPL. Miles de personas están siendo perseguidas por el denunciar el terrorismo de Estado y el exterminio impune de quienes se oponen a los planes de inversión de la mafia criolla y de las empresas multinacionales minero-energéticas.

Este horror cotidiano impune debe cesar. Sus autores y beneficiarios deben ser castigados.

Las organizaciones sociales colombianas han lanzado un SOS para que se respete el derecho a la vida y a la paz con justicia social, exigen del gobierno colombiano que otorgue garantías efectivas, que pare ya de matar, de desplazar, de despojar. Nuestra presencia transitoria en Europa y esta publicación buscan concitar el apoyo informado de quienes defienden el derecho a la vida y la protección de la Madre Tierra.

Desde aquí gritamos ¡No más impunidad. No más muertes para beneficio del capital internacional. No más violencia contra las mujeres y la niñez!

Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias “Luciano Romero Molina”

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Visita asturiana una acción solidaria, internacionalista C

omo parte del Programa Asturiano de atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, desde hace catorce años una Delegación Asturiana visita a Colombia y observa de manera sistemática la evolución de los Derechos Humanos.

La visita asturiana –realizada entre febrero y marzo del presente año– visitó territorios de Arauca, Casanare, La Guajira, Cauca, la zona de Urabá y las ciudades de Buenaventura, Tumaco, Apartadó, Cali, Yumbo y Bogotá D.C. Realizó 11 audiencias a las que asistieron organizaciones sociales y víctimas, sindicatos de obreros de la agroindustria del banano y de la caña

de azúcar, pueblos indígenas, comunidades negras, sectores populares, ambientalistas, organizaciones campesinas, Ongs de desarrollo y Derechos Humanos, colectivos culturales, religiosos, ambientales, partidos políticos, además de reunirse con instituciones públicas, la embajada de España y organismos de la ONU. DE SUS OBSERVACIONES CONCLUYÓ: Colombia continúa afectada por el conflicto armado interno y por violaciones graves de los Derechos Humanos y del

6 DIH sobre todo en las áreas dejadas por las FARC, y en los territorios con presencia de los grupos paramilitares, y de las guerrillas ELN y EPL. La implementación de los Acuerdos suscritos con las FARC sufren incumplimientos por parte del Estado: atraso en infraestructuras, falta de garantías de seguridad para los indultados, amnistiados y familiares, aumento de la presencia paramilitar, incumplimientos de la ley de amnistía e indulto, falta de reglamentación e implementación de la ruta de atención de los menores desvinculados/as de las FARC-EP, inseguridad jurídica con amenazas de extradición de exguerrilleros a EUA renunciando el gobierno a aplicar la Jurisdicción Especial para la Paz. El paramilitarismo continúa existiendo, aumentó su control territorial y mantiene vínculos con el Estado y con grandes empresas. Los financiadores y los beneficiados por el paramilitarismo no han sido investigados, juzgados ni sancionados.

La desaparición forzada de personas continúa a pesar de las medidas humanitarias contempladas en el Acuerdo de paz.

La identificación de restos y su entrega a los familiares avanza muy lentamente.

En las cárceles la situación sigue siendo ilegal. El hacinamiento aumentó a 50,1% en 2017 y las medidas adoptadas para disminuirlo no han sido efectivas. Hay denuncias de trato cruel, inhumano y degradante.

No está garantizado el derecho a la protesta social que no tiene cauces institucionales efectivos de solución y es señalada, estigmatizada desde el alto gobierno de estar infiltrada por insurgentes o de estar financiada por el narco. La protesta social es penalizada y recibe tratamiento de guerra.

La impunidad continúa siendo un problema estructural, especialmente la relacionada con investigaciones penales por ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, desaparición forzada y torturas.

Junto con la desmovilización de las FARC-EP, se reconfiguraron y expandieron grupos paramilitares, las guerrillas del ELN y del EPL, los grupos de guerrilleros de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz, y otros con diversas denominaciones.

Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, además se incrementa la brecha urbano - rural. Los territorios habitados por población afrocolombiana e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida.

Se incrementó el asesinato de la dirigencia social y comunitaria, configurándose como una práctica sistemática e impune orientada a desestructurar las organizaciones sociales.

Más de treinta pueblos indígenas están al borde la extinción por el acoso de terratenientes, paramilitares y multinacionales.

Los territorios de las comunidades afrocolombianas siguen sometidos al control y al despojo paramilitar del que se benefician empresarios nacionales e inversionistas extranjeros.

El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo.

Continúan presentándose casos de violencia sexual cometidos según las denuncias el 43,7% por la fuerza pública y otros actores, 30,1% por grupos paramilitares y 26,2% por las guerrillas. Se incrementaron los feminicidios y no hay mecanismos de protección efectiva para las mujeres agredidas en espacios públicos o domésticos. Hay violencia selectiva contra la población LGBTI.

Persiste la desigualdad en la propiedad y la tenencia de la tierra aumentada por el despojo violento de propiedades de campesinos y colonos en las últimas décadas, configurándose una contra-reforma agraria de enormes proporciones.

Las condiciones laborales son precarias y continua la persecución al movimiento sindical. Prolifera el trabajo informal, la contratación sin derechos.

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Soberanía popular vs. minería L

a llegada de las empresas transnacionales a Colombia se presenta –desde hace al menos 30 años– como el motor para darle solidez a la economía Colombia y como un remedio eficaz contra la desigualdad y la pobreza extrema que afectan a una parte importante de la población.

nocultivos propiedad de Indupalma (palma aceitera para “bio combustibles”, cosmética y alimentación), en las enormes plantaciones de banano de Chiquita Brands, en todas las regiones petroleras, o en las selvas y bisques húmedos tropicales en los que Hardwood arrasa con los arboles maderables.

Pero la realidad es que la “locomotora minero-energética” basada en la extracción de materias primas y en el uso de grandes extensiones de tierra para monocultivos con destino al mercado internacional, incrementó la inequidad, el desplazamiento masivo y forzado de millones de personas y los asesinatos contra los opositores del modelo minero, la pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria. Este modelo puso en resigo de extinción a la economía campesina y a los recursos naturales.

Las empresas transnacionales –en nombre del desarrollo– están imponiendo actividades económicas que acaban con la soberanía de los pueblos. La constitución política y las leyes acaban siendo papel mojado, artículos de adorno, sin efectividad frente a los capitales extranjeros que ocultan el dolor humano y la destrucción del medio ambiente, profundizan la exclusión histórica de los pueblos indígenas, las comunidades afro y campesinas, condenadas a padecer el saqueo y el ocultamiento de esa realidad en los medios masivos de comunicación.

Eso se aprecia en el gran impacto humano y ambiental de minas como la de El Cerrejón (carbón que llega al puerto de El Musel en Gijón), o en las regiones de mo-

El campesinado colombiano es muy valiente y está organizado. Ha expresado desde

8 hace décadas que quiere auto determinarse y usar los suelos para garantizar la vida en el planeta, por eso no acepta los métodos y objetivos de empresas como Coca cola, Nestlé, Glencore Xtrata, Anglo Gold Ashanti, Pacific Rubiales, Emgesa, ENDESA, Enel, Monsanto, Chiquita Brands, Drummond y muchas más que están salpicadas con la sangre de gente humilde y digna, sindicalistas, campesinas, defensoras de derechos humanos, ambientalistas, indígenas, afro, opositoras de estos proyectos de muerte que niegan derechos como el de la vida, el territorio y la justicia.

Estamos resistiendo al extractivismo y al saqueo de las multinacionales usando la movilización social y la consulta popular contenida en el Convenio 169 de la OIT. Nueve municipios anti mineros lograron auto determinarse y frenar megaproyectos en sus territorios. Las consultas populares contra planes de inversión del capital internacional han frenado proyectos en municipios como: Piedras, Tauramena, Cabrera, Cajamarca, Cumaral, Arbeláez, Pijao, José María y Sucre, cuyas poblaciones votaron masivamente en defensa legitima de su territorio.

UN EJEMPLO EN EL CENTRO DE COLOMBIA La defensa del territorio del Sumapaz y de Arbeláez se basa en la Constitución Política de Colombia que contempla las consultas populares regladas con un procedimiento que incluye la aprobación por el concejo y el alcalde municipal, el tribunal superior de Cundinamarca y la Registraduría Nacional. La población vota y se pronuncia sobre la aceptación o no de megaproyectos mineros en su territorio.

Arbeláez-Cundinamarca (provincia del Sumapaz), es un municipio ubicado a 82 km de Bogotá D.C., es un pueblo de vocación agrícola, rico en biodiversidad por estar situado entre los 200 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Forma parte del ecosistema del páramo del Sumapaz, uno de los condensadores de agua más grandes del mundo, amenazado por tres proyectos de extracción de petróleo, dos de ellos mediante fractura

hidráulica y con un consumo diario previsto de al menos diez millones de litros de agua.

En el casco urbano y en las zonas rurales de Arbeláez se realizó un despliegue organizativo comunitario con información sobre los motivos de la consulta popular. Desde el 2014 Guacaná - Colectivo Socio Ambiental de Arbeláez, integrado por 22 jóvenes, se propuso sensibilizar y ejecutar acciones para evitar la explotación de hidrocarburos. Realizó jornadas de trabajo en 43 juntas de acción comunal poniendo de presente el impacto ambiental de este tipo de minería. Los colegios e institutos municipales se sumaron y se realizó capacitación puerta a puerta, se hicieron foros, y se definió una estrategia jurídica. El 9 de julio de 2017 se realizó la consulta popular.

Según la Registraduría se recibieron 4.350 votos, de los cuales el SI a la minería obtuvo 38 votos (0,87%), y el NO a la minería recibió 4.312 votos (98,54%).

La consulta popular logró blindar a Arbeláez - Cundinamarca legalmente de cualquier tipo de explotación de hidrocarburos y/ o minería a gran escala, pero los ecosistemas no reconocen fronteras.

El páramo del Sumapaz –fuente hídrica de país– sigue siendo amenazado en los municipios vecinos por estos bloques petroleros. El gobierno de manera arbitraria ha decidido quitar las facultades a las consultas populares en relación a lo minero energético, supeditando el bien general al interés particular de las multinacionales.

Insistiremos en que el pueblo es el soberano y en el carácter vinculante de las consultas relacionadas con su territorio, y nos afirmamos en que el desarrollo no puede implicar la muerte y el destierro.

Cuando las gentes votan y expresan su rechazo a los planes de las empresas mineras viene la violencia. Nos preguntamos: ¿Si no son las leyes las que otorgan derechos, queda legitimada la violencia de las multinacionales como principio de vida?

Diego Rojas Fonseca Colectivo Socioambiental Guacaná, Arbeláez, Cundinamarca

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Exterminio impune de la dirigencia social T

reinta años después los colombianos estamos siendo testigos de una historia similar al exterminio de movimientos políticos como la Unión Patriótica (UP), el Frente Popular y A luchar.

El asesinato sisemático e impune de la dirigencia social colombiana (más de 319 personas en los últimos 30 meses) es obra material de los grupos paramilitares y su autoría intelectual se sitúa en la vieja y maca-

10 bra alianza de agentes de la fuerza pública, latifundistas, empresarios y narcotraficantes. Atacan a toda persona que se enfrente al modelo de acumulación de capital por despojo.

El Senador y excandidato presidencial GUSTAVO PETRO exigió acciones concretas contra los autores materiales e intelectuales de éstos asesinatos sistemáticos. El sacerdote FRANCISCO DE ROUX presidente de la COMISIÓN DE LA VERDAD dijo que los líderes y defensores de derechos humanos eran personas extraordinariamente frágiles porque no creían en las armas. “En otros países, en otros lugares de la tierra estas las mujeres y hombres serian héroes nacionales y aquí los matamos”.

Las dificultades actuales del proceso de paz exigen nuevas respuestas frente

a las agresiones que se han venido presentando en contra de los líderes y de las comunidades en los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos. Las organizaciones sociales y de Derechos estamos exigiendo medidas efectivas de prevención y de protección individual y colectiva porque no tenemos garantías para el derecho a la vida en Colombia.

En pleno posconflicto con las FARC Colombia es atravesada por el río de sangre de la dirigencia social masacrada con impunidad. Le exigimos al presidente Ivan Duque que detenga este genocidio, que deje de asesinarnos.

Amparo Forero Hernández y Anny Vera

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La mujer en el conflicto colombiano E

n el 2016 se firmó en Colombia el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que le ponía fin al conflic-

to armado entre los dos actores principales: gobierno y FARC EP. Una guerra que ha durado más de medio siglo, siendo Colombia el país del mun-

12 do con mayor número de desplazadas y desplazados internos, 8 millones de personas.

Las mujeres hemos sufrido en todos los escenarios, políticos y domésticos. Nos hemos convertido en el botín de guerra incluso en tiempos de supuesta paz.

No sólo parimos y criamos a los hijos que nos arrebata la guerra, si no que a algunas tuvieron que coger un fusil, en contra de todos los roles establecidos, para luchar por los derechos de todos y los nuestros propios pues no han despojado de las tierras y seguimos más violentadas económicamente, más silenciadas y aún más invisibilizadas.

La mujer es víctima dentro del conflicto armado. Sin exagerar podemos decir que las mujeres somos quienes más padecemos los horrores de la guerra, las violaciones, el despojo territorial, las torturas, las amenazas.

Otras luchamos con la palabra o con el ejemplo y aún así nos matan. Un informe de la fundación PAZ & RECONCILIACIÓN (Pares) revela que 31 mujeres han sido asesinadas en Colombia en los últimos dos años a causa de su liderazgo social. Entre ellas: campesinas, indígenas, afrocolombianas, sindicalistas, amas de casa, profeso-

ras, estudiantes, defensoras de derechos humanos a quienes se les ha quitado la vida sin derecho alguno, a pesar de que las mujeres tenemos menos oportunidades de representar a nuestras comunidades.

A estos asesinatos se suman más de 500 victimizaciones relacionadas con amenazas recientes y más de medio millón de mujeres que han sido violadas sexualmente en los últimos 20 años.

Las mujeres somos de los grupos humanos que más hemos padecido los horrores de la guerra y de la impunidad, al no establecerse la responsabilidad de los agentes del Estado en crímenes de lesa humanidad contra la población femenina.

La pretendida Paz con Justicia Social requiere de la igualdad entre mujeres y hombres. Es necesaria una Paz Feminista y para eso hace falta que las mujeres participemos activamente en el proceso y estemos representadas en todos los espacios de poder y decisión y eso pasa por el cumplimiento de lo que ya fue acordado con las FARC en el 2016.

Anny Vera Ravelo ANDAS

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Sembrar paz en el campo E

l acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –firmado el 24 de noviembre de 2016– es un paso importante para la terminación del conflicto social y armado de más de cincuenta (50) años.

Fueron seis (6) acuerdos los que se discutieron, analizaron y se firmaron: Hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural

Integral; Participación política, Apertura democrática para construir la paz. Fin del conflicto, Cese bilateral y definitivo del fuego y de las hostilidades, dejación de las armas por las FARC; solución al problema de drogas ilícitas; Acuerdo sobre las víctimas: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”; Implementación, Verificación y Refrendación.

14 No es casual que el primer punto de estos acuerdos de paz se refiera al problema de tierras y territorios. El acuerdo sobre Reforma Rural Integral, hacia un nuevo campo colombiano, responde al hecho de que la causa del conflicto social y armado tiene que ver con la concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocas familias y monopolios. En este momento el 90% de las tierras productivas de Colombia están en manos del 4% de la población, en su mayoría terratenientes, narcotraficantes y multinacionales, unidos en la estrategia narco-paramilitar que genera despojo y la expulsión masiva de población mediante el terror.

En este primer acuerdo se definió el “acceso al uso de las tierras improductivas, formalización de la propiedad, cierre de la frontera agrícola y protección de las Zonas de reserva Campesina”. De este punto crucial que contiene 23 disposiciones sobre acceso y uso de la tierras, doce no arrancan y solo una se ha implementado: el establecimiento de una comisión de expertos que debe presentar un informe con recomendaciones.

Hay seis Zonas de Reserva Campesina constituida y hay siete en proceso de constitución. Dos años y medio después de la firma de los Acuerdos de Paz no se ha constituido la primera.

A esto se suma el problema de las políticas agrarias anticampesinas que agravan las consecuencias de la apertura económica impuesta en 1990 que implicó la reducción del aporte de la agricultura al PIB de un 22,30% a un 6,30%, y los efectos perniciosos de ocho (8) Tratados de Libre Comercio, además de los impactos humanos y ambientales de la “locomotora minero energética” impulsada durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos.

A la fecha no hay inversión del estado en programas agropecuarios con destino al campesinado y proliferan los grupos paramilitares que se apropian de las tierras y de los territorios generando un nuevo ciclo de violencia que está sembrando semillas de las guerras futuras.

El presente de la economía campesina es difícil a pesar de la enorme lucha y resistencia desplegada por el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades negras en todo el país. Una parte de las soluciones para salvar la economía campesina y al país depende del cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, pero todas requieren de la solidaridad internacional y de la más amplia movilización de la sociedad colombiana.

Néstor Díaz Bustos SINTRAPAZ/FENSUAGRO-CUT

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ONU aprueba Derechos campesinos El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprueba la resolución relativa a la Declaración sobre los derechos de las y los campesinos en Ginebra

LA VÍA CAMPESINA

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ras 17 años de largas y arduas negociaciones, los y las campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales se encuentran a un solo paso de lograr una De-

16 claración de las Naciones Unidas que podría defender y proteger sus derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad, los mercados locales y mucho más.

El viernes 28 de septiembre los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobaron una resolución sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. En noviembre de 2018, la Declaración podrá ser votada y aprobada por todos los Estados Miembros y se convertirá en una poderosa herramienta para que las personas que trabajan en las zonas rurales puedan reclamar justicia y políticas nacionales favorables en materia de alimentación, agricultura, semillas y tierras, teniendo en cuenta los intereses de millones de productores de alimentos rurales, sin distinción de género o edad.

Tras un proceso de varias rondas de consultas internacionales, La Vía Campesina –un movimiento mundial de campesinos, pueblos indígenas, pastoralistas y trabajadores migrantes– aprobó en 2008 una Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos.

La Declaración de las Naciones Unidas puede proporcionar un marco mundial para que las legislaciones y políticas nacionales: • protejan mejor los derechos de los y las campesinas y mejoren los medios de vida en las zonas rurales; • refuercen la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad; • adopten medidas para aplicar reformas agrarias amplias y una mejor protección frente al acaparamiento de tierras; • realicen el derecho de los y las campesinas a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas; • aseguren precios remunerativos para la producción campesina y los derechos de los trabajadores agrícolas; • reconozcan los derechos de las campesinas y contribuyan a la justicia social para todas las personas, sin discriminación por razón de origen, nacionalidad, raza, color, ascendencia, sexo, lengua, cultura, estado civil, propiedad, discapacidad, edad, opinión política o de otra índole, religión, lugar de nacimiento o condición económica, social o de otro tipo.

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Pueblo wayúu en crisis humanitaria, social, cultural y ambiental El carbón de la mina a cielo abierto de El Cerrejón llega importado de Colombia al puerto El Musel de Gijón, dejando atrás desolación y muertes por hambre y sed.

L

a población Wayuu es la mayor etnia viva de Colombia, localizados en el departamento de la Guajira, en cuyos territorios han desarrollado su cultura, cosmovisión, cosmogonía y economía desde mucho antes de la llegada de los españoles.

Durante los últimos cuarenta años, la actividad de la minería de carbón El Cerrejón,

explotada por las multinacionales Glencore, Anglo American, y BHP Billinton, ha venido causando un fuerte rompimiento del tejido social, económico, cultural y ecológico de la etnia, dejando como saldo resultante: más de 26 arroyos secados, 67.000 hectáreas expropiadas a indígenas, y afrodescendientes; contaminación del aire, del agua, y del suelo debido a las explosiones.

18 Sumado a lo anterior, la crisis más intensa se viene viviendo en los últimos 8 años. Desde el 2010 se construyó la represa El Cercado, en el río Ranchería, cuyo objetivo era llevar acueducto a 9 municipios de la región. La segunda parte de la represa jamás se construyó y ahora sirve para áreas de riego de arroz (Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Rural), cuando al mismo tiempo las comunidades indígenas alrededor viven con menos de un litro de agua al día por persona, la mayoría de veces contaminada, o de difícil acceso.

Desde el año del 2015, con el soporte periodístico del documental “El río que se robaron” de Gonzalo Guillén, se presentaron medidas cautelares al Estado colombiano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se garantizara el derecho al acceso mínimo vital de agua a las comunidades afectadas por la represa. En el mismo documental el periodista denunciaba el uso del agua de la represa por parte del Cerrejón. Siendo agosto del 2018, la situación continúa igual y las personas siguen muriendo de sed y de desnutrición.

Se reportaban por parte de la Defensoría del Pueblo y de las comunidades en 2014, más de 5.000 niños muertos en los últimos 8 años y más de 37.000 en estado de desnutrición. En marzo de 2018, tras informe de la Defensoría, se observa cómo la situación sigue permaneciendo.1

Existen dos tutelas claves que manifiestan la relación causal entre la desnutrición y la ausencia del agua, y solicitan al Estado evaluar la responsabilidad de la empresa El Cerrejón. Ellas son la ST 704-16, y la Sentencia de la Corte Constitucional ST 302-17. Por otro lado, El Cerrejón comenzó una mesa de diálogo para la concertación en marzo pasado, pero pasados seis meses, no se ha avanzado, y no ha habido voluntad en el cumplimiento por parte de la empresa.2 Por parte de las comunidades, estas se han debilitado por las múltiples amenazas, atentados y secuestros que se han presentado en este tiempo, además por la ausencia de recursos económicos que impiden emprender una acción conjunta por parte de las 200 autoridades tradicionales.3 Nuestro propósito ahora es hacer visible esta situación, y encontrar apoyo en organizaciones con peso internacional para generar en los movimientos indígenas la fuerza necesaria para exigir al Estado y a la empresa El Cerrejón, cumplir con la responsabilidad de retornar el agua represada y reparar los daños ambientales, sociales y económicos por la actividad minera, como lo exigen las sentencias antes mencionadas.

Por Olga Mendoza kanuliaa Jieru

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialguajira11.pdf (2014) http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7152/Ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-de-LaGuajira-necesitan-acciones-urgentes-del-Estado-para-garantizar-sus-derechos-Defensor-del-Pueblo-La-Guajira-PAE-desnutrici%C3%B3n-CIDH.htm (2018)

1

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-302-17.htm https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2011/08/sentencia-t-704-2016.pdf https://www.servindi.org/actualidad-opinion/18/03/2018/instalacion-oficial-de-la-mesa-de-dialogo-ynegociacion-cerrejon

2

http://www.acnur.org/noticias/noticia/colombia-acnur-pide-proteccion-a-indigenas-de-la-guajira/ https://www.wola.org/es/analisis/las-comunidades-en-colombia-continuan-enfrentando-incidentes-de-seguridad/ https://www.rcnradio.com/internacional/acnur-denuncia-patron-asesinatos-lideres-indigenas-afrocolombianoscolombia https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313305+ https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/report-colombia/

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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA:

Territorio del Gran Pueblo ANTE LA VIOLENCIA, LA PALABRA

nicadores comunitarios y a la organización Cxhab Wala Kiwe en general.

E

Aunque en reiteradas ocasiones hemos sido objeto de amenazas e intimidaciones por distintos actores armados, este hecho representa una situación de extrema gravedad, pues el contexto nacional de asesinatos

l día de ayer se conoció por medio de redes sociales la existencia de un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras donde amenazan de muerte a varios comuneros liberadores de la madre tierra, comu-

20 reiterados y sistemáticos de líderes sociales nos ha demostrado que no hay mucho trecho entre la amenaza y la consumación del hecho. Unido a esto, hace tan solo quince días se presentó el encuentro internacional de liberadores y liberadoras de la madre tierra en el territorio ancestral de López Adentro, un evento que fue hostigado e intimidado por las fuerzas militares.

El ejercicio de liberación de la madre tierra es un mandato espiritual que las comunidades cumplen con legitimidad, liberando a Uma Kiwe del yugo opresor del extractivismo y el secuestro criminal del gran capital. La liberación afecta el modelo de despojo de manera directa y en ese sentido entendemos por qué los violentos pretenden acallar el sentir de las comunidades. Por eso, así como el panfleto nombra directamente a los liberadores y a la organización, aquí nombramos a los expresos responsables de cualquier acción violenta sobre nosotros: el señor Ardila Lulle y los ingenios azucareros. No pueden seguir ocultando que las

amenazas reiteradas sobre nuestros procesos encuentran su correlato en sus intereses económicos en nuestros territorios ancestrales.

Con señalamientos de este tipo siempre han buscado silenciar nuestras voces, pero no nos dejaremos intimidar.

Es por todo esto que hoy reiteramos nuestro llamado urgente a los organismos de Derechos Humanos, a los demás procesos sociales y a las instituciones nacionales de Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación a permanecer alerta y a actuar frente a estas amenazas de muerte.

En un momento en que se acaba de instalar a nivel nacional la Mesa de Protección de la Vida, es preciso apuntar hacia estas problemáticas que no dan espera. Para estos momentos, estamos recibiendo una amenaza casi cada dos días, lo cuál ya es insostenible.

Hoy reiteramos nuestras profundas convicciones de paz: Çxhab Wala Kiwe – ACIN 17 de julio de 2018

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El exterminio de la Unión Patriótica, UP

A

propósito del actual asesinato sistemático de la dirigencia social colombiana y para no repetir la historia, damos a conocer uno de los genocidios más aterradores de la historia colombiana.

En 1984 las FARC, tras las negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur, buscaron un escenario político y conformaron un partido legal llamado Unión Patriótica, UP. En 1985 se firmó una tregua que buscaba la paz mediante una salida política negociada al conflicto armado con esta guerrilla que diseñó una estrategia de participación política y de reincorporación a la vida civil recibiendo el apoyo de diversos sectores de la sociedad, clase obrera, sindicalistas, campesinado, intelectuales y un número muy importante de simpatizantes en todo el país.

En 1986 la Unión Patriótica se presentó con éxito a las elecciones obteniendo 24 diputados departamentales, 275 concejales, 4 representantes al Congreso entre Representantes a la Cámara y 3 Senadores. Estos resultados fueron recibidos con violencia: durante el primer año de existencia de la UP 300 de sus integrantes entre ellos candidatos presidenciales y regionales, militantes y dirigentes fueron asesinados por la

operación de exterminio conocida como “el baile rojo“, cometida por grupos paramilitares conocidas en la época como “autodefensas” en alianza con sectores de la fuerza pública. El exterminio continúo durante los siguientes años.

En 1988, 5.000 paramilitares incursionaron en el Castillo, departamento del Meta y zona de influencia de la UP. Asesinaron a 17 de sus miembros.

El 4 de marzo 1987 en la ciudad de Arauca fue asesinado por miembros de la policía y paramilitares el dirigente de la UP LEONEL FORERO HERNANDEZ y dos de sus hermanos siguen desaparecidos: BENEDICTO y ALCIDES. Ese mismo año fue asesinado el ex candidato presidencial de la UP Jaime Pardo Leal.

En la década de los 80 y parte de los 90 fueron torturadas, desaparecidas o asesinadas cerca de 6.500 personas de la UP. El delito del genocidio político fue tipificado en el año 2012, pero sólo hasta el 2016 el gobierno colombiano reconoció en público la responsabilidad del Estado en este genocidio por razones políticas.

Gloria Amparo Forero Hernández

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Duque hace trizas la paz E

l Presidente colombiano Iván Duque busca la manera de romper el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Exige que esta guerrilla cese de manera previa y unilateral su actividad insurgente, e intenta expulsar a Venezuela como uno de los países garantes de los diálogos acordados durante conversaciones a lo largo de seis años con el gobierno anterior.

A la falta de voluntad política del actual gobierno para negociar con el ELN se suman los incumplimientos del Estado

de los Acuerdos de paz firmados con las FARC. Nos pronunciamos por el cumplimiento de los Acuerdos que el Estado firmó con las FARC. Exigimos que se continúen los diálogos con el ELN en La Habana.

Rechazamos la política exterior del gobierno de Estados Unidos que está detrás de la continuidad del conflicto interno colombiano y repudiamos su pretensión de generar una guerra entre Colombia y el pueblo hermano de Venezuela.

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Tribuna: Colombia: es el momento de actuar por la paz duradera D

esde hace más de sesenta años, la historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto armado, cuyas raíces están arraigadas en territorios donde el Estado parece inexistente.

En noviembre de 2016, esta historia dio un giro de esperanza para las comunidades que han padecido la violencia. Se abrió una puerta para que el país iniciara un proceso encaminado a escribir una nueva historia.

El mundo entero celebró (y celebra aún) la intención de terminar negociadamente el conflicto armado más largo de América Latina. El silenciamiento de los fusiles podía significar un gran avance para la garantía de los derechos humanos en Colombia.

más de doce entidades relacionadas con su implementación, entre ellas la Comisión de la Verdad.

Estos avances han significado el inicio de un proceso largo y no debería perderse de vista lo que millones de víctimas exigen: garantías de no repetición.

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP (que no está exento de falencias), se han logrado salvar vidas. Las cifras apuntan a una disminución considerable de las muertes en combate en este año y medio.

Por otra parte, el panorama actual es preocupante y la crisis de derechos humanos continúa siendo una constante en Colombia. Tan sólo en el primer semestre de este año, la Defensoría del Pueblo ha registrado que más de 17.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en el país como consecuencia del reacomodo de actores armados en sus territorios. El desplazamiento forzado –que es un crimen de derecho internacional– y el despojo de tierras continúan afectando principalmente a los Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, bajo la mirada impávida de un Estado sin respuestas.

No obstante, para las víctimas de este conflicto el verdadero triunfo será no repetir la historia de sangre, dolor y ausencias que ha marcado sus vidas. En tal sentido, se entregaron más de 9.000 armas y se ha logrado iniciar el proceso de desminado humanitario en 188 municipios. Se han creado

Al tiempo, las cifras de asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos en el país son desgarradoras. Día a día continúa la matanza de personas que ejercen liderazgo en sus comunidades, especialmente de aquellas que defendieron la implementación del Acuerdo de Paz o que

24 acompañan procesos de restitución de tierras y derechos de las víctimas del conflicto armado. Las respuestas integrales aún no llegan. La violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual ejercida por actores armados, ha aumentado bajo un manto de silencio e impunidad.

Más allá de las discusiones políticas actuales, el Estado colombiano se debe concentrar en garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, las reparaciones y a las medidas de no repetición.

Lo fundamental es, y seguirá siendo, no permitir que la violencia se recicle y continúe afectando una y otra vez a las mismas

personas y comunidades. Lo fundamental es, y seguirá siendo, reconocer que el Estado ha fallado en proteger a las personas defensoras de derechos humanos y que debe avanzar hacia una respuesta de protección colectiva y preventiva. Lo fundamental es, y seguirá siendo, proteger los derechos de las mujeres y las niñas que una y otra vez experimentan violencia en sus vidas.

El nuevo gobierno, las autoridades locales, las instituciones estatales y la sociedad colombiana deben comprometerse en cambiar la historia de sangre y despojo. No pueden seguir fallando a aquellas poblaciones Indígenas y afrodescendientes que históricamente han sido olivadas y abandonadas por el Estado. Es el momento de actuar.

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Con el pueblo en lucha de Colombia E

l compromiso de los hombres y mujeres de Comisiones Obreras es inequívoco: Ya en el artículo 1 de nuestros estatutos se orienta nuestra actividad, entre otras cuestiones a “la solidaridad internacional con los trabajadores y trabajadoras de todos los países”.

Para cooperar en el desarrollo económico y social, en la lucha contra la pobreza y en la promoción de los derechos humanos, laborales y sindicales, para fortalecer los sindicatos de clase, representativos y democráticos… CCOO creó en 1989 la Asociación Paz y Solidaridad que colabora, concretamente desde Asturies, en múltiples frentes, y de manera específica con la militancia social de Colombia. Porque, como decía Ernesto Guevara: “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.

El país hermano lleva décadas sumido en una violencia desgarradora. Y aunque se ha abierto una oportunidad para la paz, sigue habiendo fuerzas reaccionarias que tratan de anegar ese camino: lo que algunas ONG califican ya como un “plan de exterminio en curso” le ha costado la vida al menos a 110 dirigentes sociales en lo que va de 2018. No lo podemos consentir.

Gracias al empuje de un puñado de organizaciones sociales asturianas, se consiguió impulsar el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, creado en 2001 y pionero en nuestro país, desde entonces 113 personas han vivido en periodos de seis meses bajo protección en Gijón. Entre ellas estaba Luciano Romero, sindicalista, a quien tuve el honor de conocer durante mi militancia juvenil en el Comité de Solidaridad con América Latina, y que sería cruelmente asesinado, al poco de volver a su país, por policías y paramilitares, en un caso considerado crimen de lesa humanidad. Trece años después, el pasado 10 de septiembre le recordábamos durante una concentración de protesta en la ciudad que lo acogió.

Y ahí seguiremos, al lado de nuestros hermanos y hermanas, apoyando la lucha por la paz y los derechos humanos, estrechando vínculos con el pueblo colombiano.

Porque vuestra lucha por la justicia social es la nuestra.

José Manuel Zapico Secretario general de CCOO de Asturias

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Sr. Duque: pare el exterminio E

stimamos al colectivu d’abelugu Luciano Romero Molina que nos caltenga convocaes na referencia de Memoria y Solidaridá. #DuquePareElExterminio Les distintes etapes de l’andadura asturiana del colectivu, que de forma elemental anuévase cada añu con nuevos componentes, amuésennos un camín colectivo y unitario de Resistencies, y de construcción de comunidá, frente a una oligarquía tan poderosa, tan ambiciosa, tan violenta y tan ausente de valores nacionales.

Les Soberaníes auspiciadas dende el defensores/ye de Derechos, que faen parte

del colectivu d’abelugu temporal, suponen un acerbo esencial para cualquier ruta que dignamente pueda contruirse en Colombia o n’Asturies. Soberaníes y Dignidaes que dende l’añu 2001 hasta’l presente fueron referente de les 113+1 persones que pasaron pela nuesa tierra n’esiliu temporal alcordáu, y que volvieron tratar de conformar coles sos organizaciones territorios de democracia social frente a l’avaricia de Corporaciones y la maldita Impunidá en qu’escuenden los sos grandes crímenes.

Gracies, Saludos, Fuerza y Solidaridá para siguir na llucha digna.

Soldepaz Pachakuti

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Colombia a superar el conflicto armado

Unión General de Trabajadores, UGT Asturias

L

a UGT como sindicato de clase de orientación socialista y vocación internacionalista aboga por la cooperación internacional como el único camino para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que enmarcan la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Trabajo Decente. Todo ello con la finalidad última de alcanzar un mundo más pacífico, próspero, igualitario y justo.

Desde la UGT que este año cumple 130 años de historia, ese compromiso lo desarrollamos a través de ISCOD (Instituto Sindical para la cooperación al desarrollo) y con la dedicación del 0,7% de las cuotas de afiliadxs; la solidaridad como herramienta frente a las desigualdades y para la universalización del trabajo decente, con el objetivo último de que “nadie se quede atrás”.

Y en esta tarea tenemos presente cada día la realidad de lxs compañerxs colombianxs defensores de derechos humanos y representantes sindicales, en muchos casos, a quienes el ejercicio de esa actividad les hace poner en riesgo su propia existencia, la vida, como el bien más preciado y esencial del ser humano. No parece creíble que en un país supuestamente en paz, cuyos acuerdos firmados hace apenas 30 meses han repor-

tado todo un premio Nobel a su ex Presidente, se hayan producido ya más de 320 asesinatos a manos de grupos paramilitares y centenares de compañerxs integrantes de la dirigencia social sigan siendo amenazadxs diariamente.

La UGT seguirá, pues, prestando su colaboración, a través de escritos de apoyo, cartas dirigidas a los organismos oficiales, presencia en movilizaciones, etc. para que el pueblo colombiano, más pronto que tarde, pueda salir de esta situación de conflicto armado en la que lleva instalado por más de 50 años.

Y queremos tener un recuerdo especial, porque como en todo conflicto armado las mujeres y niñas sufren doblemente, para los cientos de mujeres, víctimas de violencia sexual (frecuentemente utilizada como táctica de guerra) que han sido secuestradas, torturadas y violadas por paramilitares, guerrilleros y agentes de estado. Porque “No es hora de callar” y en la reparación que han de traer los acuerdos de paz, las mujeres deben ser tenidas especialmente en consideración.

Como ha señalado recientemente la Ministra Margarita Robles, “conviene no olvidar que sin mujeres no habrá paz duradera”.

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Por la paz y los derechos humanos en Colombia E

l Comité de Solidaridad con América Latina de Asturias (COSAL) muestra su repulsa y condena los asesinatos a las y los defensores de derechos humanos y a los líderes y lideresas sociales de Colombia.

Más de 350 líderes populares han sido asesinados en los últimos meses por grupos paramilitares ligados al poder oligárquico.

Una ofensiva criminal de exterminio y terror ha sido lanzada contra el movimiento democrático y popular con el objetivo de borrar del mapa el liderazgo de base que se ha formado a lo largo de décadas de lucha y resistencia.

Reaparecen igualmente las amenazas a comunicadores, periodistas e integrantes de los medios alternativos y populares de comunica-

ción, buscando, de esa manera, limitar la participación de los diferentes sectores sociales.

Que este tipo de actos sigan sucediendo, solo demuestran la resistencia que ponen quienes históricamente han detentado el poder y se han opuesto a las transformaciones sociales y la construcción de una paz con justicia social.

El proceso de paz vuelve a estar en grave riesgo; el gobierno actual amenaza con revertir el contenido de los Acuerdos de La Habana con las FARC y pone todo tipo de trabas en las conversaciones con el ELN. Desde el COSAL nos sumamos a los esfuerzos de colombianos y colombianas por una PAZ con mayúsculas.

Uviéu 16/09/18

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Alegría y voluntad, ladrillo a ladrillo D

esde la Asamblea Moza d’Asturies (AMA Asturies) queremos dar un fraternal saludo a las y los compañeros del Colectivo Luciano Romero Molina. Son muchos años ya de relación y colaboración entre miembros de AMA y este colectivo.

Desde el surgimiento de AMA, uno de nuestros objetivos principales fue ser, además de herramienta de construcción de red y organización juvenil en Asturies, altavoz entre nuestra juventud de aquellos pueblos que son sistemáticamente silenciados y oprimidos, con especial énfasis en el caso Colombiano. Esto se debe, principalmente, a la presencia en Asturies de este colectivo de líderes y lideresas sociales colombianas.

Para nosotras, acompañar y visibilizar este colectivo, así como hacer parte del comité de apoyo y de la Delegación Asturiana de Verificación de los DDHH en Colombia (en el año 2018 y seguro en el 2019 y siguientes), es un honor. A lo largo de la historia Asturies, y especialmente su juventud combativa, han dado ejemplo de solidaridad internacional y lucha por la justicia social, así como también la ha recibido

en numerosas ocasiones por otros pueblos del mundo. Para nosotras continuar con ese legado es una obligación moral, más si cabe con el pueblo colombiano, con el cual hay una relación de amistad y solidaridad ya de décadas.

La situación de los DDHH en Colombia, es alarmante, siendo silenciada y acallada por la mayoría de medios de comunicación, silenciando un genocidio político en curso contra la dirigencia social colombiana, una desigualdad de récord en el continente y una vergonzosa violación de los acuerdos de Paz con las FARC por parte del Gobierno colombiano. Sin embargo, la juventud asturiana no será cómplice de ese bloqueo, estando junto al pueblo colombiano y su dirigencia, desarmando con alegría y voluntad internacionalista ladrillo a ladrillo cualquier barrera que quieran poner al libre desarrollo de los pueblos y de la solidaridad entre ellos.

Asamblea Moza d’Asturies Septiembre 2018

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Colombia en situación insostenible “C

olombia se encuentra en una situación insostenible. Líderes sociales, activistas y personas defensoras de Derechos Humanos siguen sufriendo ataques sistemáticos que van desde las amenazas a los asesinatos.

El camino hacia la paz, tras la firma de los acuerdos de la Habana, se está viendo imposibilitado por las violaciones de los DDHH que se siguen dando en el país por parte del paramilitarismo, y en muchas ocasiones con participación innegable de empresas multinacionales. El gobierno de Colombia no está respondiendo; la mayoría de los ataques no son investigados o quedan

impunes, lo que está agravando la situación y le convierte en cómplice de la misma.

El colectivo Luciano Romero y su Programa de Atención a las Víctimas de la Violencia en Colombia que este año acoge a 5 personas en Asturias (y ya van 113) es ahora más importante que nunca para el movimiento social colombiano. Por ello, Ingeniería Sin Fronteras Asturias apoya y colabora con el mismo para dar a conocer a la sociedad asturiana la realidad de este país que lleva más de 50 años en guerra.”

Un abrazo.

Ingeniería Sin Fronteras Asturias

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La nuesa tierra, la vuesa tierra D

ende la Corriente Sindical d’Izquierda queremos mandar un afectuosu abrazu internacionalista y de clase al Coleutivu Luciano Romero Molina, y deseavos el mayor de los éxitos nesta nueva andadura del boletín Woumain, la nuesa tierra.

Como yá sabéis, nesti sindicatu tenéis una organización hermana cola que podéis cuntar, como dende l’aniciu del vuesu coleutivu, siempre que necesitéis un gabitu a la

hora de denunciar les graves violaciones a los Drechos Humanos que de diario se dan na vuesa tierra a manes del Estáu colombianu, y na llucha del pueblu colombianu pol fin de la impunidá estatal y en defensa de la Xusticia Social.

Dende Asturies a Colombia, una mesma llucha, una mesma clase. Que viva la llucha de la clase obrera Corriente Sindical

Con el apoyo de

“Entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año han sido asesinados 311 personas colombianas dedicadas a ser líderes sociales y defensoras de derechos humanos…

Hemos dicho basta ya, ni un líder social más asesinado en Colombia porque lo que requerimos es paz y tranquilidad.”

Carlos Negret, Defensor del Pueblo