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con el beneplácito de sindicatos del PRI como la CTM, CROC, STPRM, SUTERM, STFRM, FSTSE, SNTE y otros que más, que lejos de protestar apoyaron esa medida y otras, como los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CCPP), la caída salarial y la creciente debilidad sindical, frente a las cada vez más poderosas organizaciones patronales de México (1982 a 2018).

La reforma laboral sobre el outsourcing o subcontratación fue promovida por el Senador Napoleón Gómez Urrutia; pero tanto los patrones como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena la metieron al “congelador”. El apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador revivió la iniciativa y finalmente fue aprobada. El debate en el Senado lo dirigió el líder de Los Mineros y Presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT).

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Óscar Alzaga Sánchez, abogado laboralista e integrante del Departamento Jurídico del Sindicato Nacional de Mineros, así lo reseña como ponente en la Escuela de Cuadros Sindicales, con el Tema VIII: Outsourcing, que se imparte a los trabajadores mineros de las Secciones y Fracciones de nuestro organismo sindical.

Sin duda, afirma el ponente, 20 abril 2021 es una fecha históri- ca, pues fue con 118 votos a favor y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó, en lo general, el proyecto que reforma diversas leyes para regular la subcontratación laboral, fortalecer el empleo y eliminar las prácticas que han afectado los derechos de las y los trabajadores.

El dictamen modifica las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como el Código Fiscal de la Federación, fortalecen el empleo y eliminan prácticas que han afectado los derechos de las y los trabajadores.

Alzaga Sánchez externa que la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012, de Felipe Calderón, fue un regalo y legalizó lo ilegal en beneficio de los patrones del país. Califica la subcontratación como un cáncer laboral que existía en los hechos, impulsado por los patrones más prominentes, la complicidad de autoridades del Trabajo,

Reseña que a partir de 2012 creció como nunca el cáncer de la subcontratación, multiplicando sus efectos y daños negativos, en primer lugar, para los trabajadores y sus familias y, en segundo, para las instituciones del Estado como IMSS, ISSSTE, INFONAVIT y SAT, entre otras.

Hasta el año 2018 se tenía a 8 millones de personas trabajadoras bajo condiciones ilegales por la reforma calderonista de 2012: empleos eventuales, sin justificación y, aunque subsistiera la materia de trabajo, seguía siendo eventual y autorizado por las juntas tanto Federal como las estatales.

Alzaga resalta que hoy la principal base del derecho al trabajo es la estabilidad en el empleo o planta, porque sin ésta solo hay salarios bajos, empleo precario, despidos fáciles y baratos, abusos patronales, intermediación simulada; pero lo más grave era que a los trabajadores eventuales se les impedía su defensa, organizar un sindicato, verificar un contrato colectivo y acudir a la huelga. Les era imposible formar una organización para la defensa de sus derechos e intereses, de ellos y sus familias, pues al menor intento eran despedidos. De aquella población afectada de 8 millones de obreros, con la desaparición de outsourcing, hoy se ha beneficiado a más de 5 millones de trabajadores y a sus familias.

El licenciado Alzaga, integrante también de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, afirma que los empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres, entre otros, estaban conscientes de que ellos crearon esas prácticas e impulsaron la reforma de 2012 que proliferó los empleos eventuales y sin derechos laborales como IMSS, pago de utilidades, esquilmando a sus empleados.

Asimismo, los gobiernos y autoridades apoyaron el crecimiento sin medida de ese cáncer laboral: Pemex, CFE, FFCC y las secretarías de los gobiernos de Miguel de la Madrid a Enrique Peña se convirtieron junto con sus empresarios favoritos en los campeones del outsourcing, en tanto que las centrales y sindicatos adheridos al priísmo apoyaban las medidas de explotación laboral, y debilitar a los pocos sindicatos independientes a cambio de una mayor corrupción.

La reforma laboral de 2019 dejó intacta la subcontratación aceptando su contenido y apoyando a los patrones, beneficiarios en todos los sentidos: económicos, sociales y políticos, al tener a trabajadores sin sindicatos e indefensos.

Después de mayo de 2019, la STPS dirigida por Luisa María Alcalde, promovió mesas de trabajo con los representantes sindicales sobre la implementación de la Reforma, en ellas se opuso a reformar y cambiar la subcontratación. Posteriormente, a pesar de la llamada a cuentas del Presidente López Obrador, se opuso a la iniciativa de reforma del Senado encabezada por el líder de Los Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, logrando junto con la patronal y Monreal mandar a la congeladora la iniciativa todo el año 2020.

Ahí es cuando el Presidente López Obrador retoma la iniciativa de Gómez Urrutia y la impulsa para frenar la descarriada subcontratación, obligando a Luisa María Alcalde a asumir su postura y el panorama cambió en esperanza para los trabajadores.

Hipócritamente, en una conferencia “mañanera” del Presidente, tanto Alcalde, la patronal y la CTM afirmaron estar del lado de las y los trabajadores y, radical- mente, Carlos Salazar Lomelí, a nombre del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigió que no hubiera simulación en la aplicación de la nueva reforma, aunque aún a la letra se viola ésta y faltan acciones a concretar. ¿Se les podrá creer a los empresarios que cambiaron? “Pues parece que no”, porque aún no se aplica en la realidad algunos de sus principios, como la total libertad sindical; elecciones por voto secreto en todos los sindicatos del PRI.

Y Alzaga se pregunta y expone: ¿Se podrá implementar la nueva reforma en los hechos?, pues su aplicación depende de la STPS, la Junta Federal, las estatales, la patronal, las centrales y sindicatos del PRI, para que se realice.

Eliminar Outsourcing Fue Un Gran Avance

Alzaga dice que “los buenos aires” apuntan hacia la libertad sindical y los cambios siguen, así lo demuestra, y nos sorprende, la Suprema Corte de Justicia de la Na- ción (SCJN ) con sus 12 nuevas jurisprudencias sobre la libertad sindical (26-III-21): van más allá que la reforma laboral de 2019, la apuntalan y la fortalecen, justo en su tema central.

El abogado laboralista recuerda que las centrales y sindicatos del PRI se lanzaron contra la reforma de 2019 e interpusieron amparos para echarla abajo, “pero les salió el tiro por la culata”, dado que la Corte les desechó más de 500 amparos y sólo tomó en serio 60 de ellos, para formular resoluciones a favor de la libertad sindical en varios aspectos claves y, por supuesto, en contra de los viejos charros, hoy más bien patronales.

Por su parte, la Cámara de Diputados acordó, en el pleno del 21 de abril de 2021, la iniciativa de la diputada Anita Sánchez Castro a favor de la libertad sindical en el ámbito de los trabajadores al servicio del Estado, que no se había tocado por la STPS. La reforma al artículo 123, Apartado B de la Constitución y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, atacando las viejas reglas corporativas del PRI que daban el control sindical a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y todas las dependencias de gobierno se alineaban en esa postura, que ahora se rompe para abrir cauces a la democracia y libertad sindical de casi 4.5 millones de burócratas.

Alzaga Sánchez destacó otros logros alcanzados en el Senado por el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, como la aprobación de la igualdad salarial entre mujeres y hombres, bajo el principio de “a trabajo igual salario igual”; las vacaciones dignas para los trabajadores; el ingreso de las y los trabajadores domésticos al IMSS ; reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Aviación Civil, así como de la Reforma Minera entre otras muy importantes.

Y apunta Alzaga: como ningún otro líder sindical, el Senador Napoleón Gómez Urrutia se ha destacado en su labor legislativa como un auténtico promotor de nuevas leyes que benefician y protegen a los trabajadores de México y a sus familias.

Antes de la disertación de Alzaga Sánchez y la participación del Delegado Auxiliar de la Secretaría General del Sindicato Minero, Isidro Méndez Martínez, el compañero José Luis Alvarado Torres, Secretario de Organización, Propaganda, Estadística y Educación del CEN minero, con un fraterno abrazo del Senador Napoleón Gómez Urrutia a los asistentes, dio inicio al Tema VIII: Outsourcing. ¢

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Nuestra historia

La ex Hacienda de San Antonio Xala fue fundada en el siglo XVI por Don Álvaro de la Cruz, quien la recibió como premio a su lealtad a la Corona, durante la Conquista de México.

La hacienda fue construida con grandes bloques de piedra y un pozo de almacenamiento de agua. Sus principales actividades fueron la agricultura con la siembra del maguey para la explotación del pulque y el pastoreo, de gran importancia para la época, la acción evangelizadora que estuvo a cargo de fray Juan de Ramones, celador del convento de Otumba.

Por testamento de Don Álvaro pasó a ser propiedad de los monjes franciscanos a mediados del siglo XVIII y posteriormente fue vendida al conde de Xala, hasta la época independiente.

El conde de Xala, firmante del Acta de Independencia de México, donó la hacienda a la viuda del coronel Don Eugenio María de Montaño, héroe de la insurgencia, en reconocimiento a las valerosas contiendas que al lado de Don José María Morelos y Pavón, librara en Oaxaca y en Apan. La viuda de Montaño, vendió la finca y finalmente en la Revolución los zapatistas la ocuparon y repartieron las 25 mil hectáreas que tenía en propiedad.

Una vez que pasó la Revolución, la hacienda fue comprada por Don Joaquín del Olmo Martínez y por Don Salvador Maldonado, quienes dotaron de lotes a sus trabajadores campesinos en lo que ahora es el poblado de Xala. Posteriormente, la hacienda fue comprada por la familia Díaz de León, siendo el licenciado Genaro Díaz de León, quien en 1983 vendió las 92 hectáreas y el casco de la finca al Sindicato Nacional de Mineros, que a la fecha es el propietario.

La hacienda fue convertida en pequeña propiedad y subdividida en pequeños lotes rústicos. Conserva la paz y tranquilidad campirana que inspiró a sus dueños en un principio, aunque el ferrocarril México–Veracruz conserve el derecho de vía para pasar por sus campos. En el entorno, a 5 kilómetros, desemboca una carretera asfaltada, se encuentran también una universidad y un gran centro industrial.

La Hacienda de Xala y sus campos, son testigos desafiantes de su majestuoso pasado.

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