Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en EUA por PRODESC 2011-01-21

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Solicitud de medidas cautelares México Distrito Federal a 21 de enero de 2011 Dr. Santiago Cantón Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington, D. C Estimado Doctor Cantón El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) y 47 organizaciones de Derechos Humanos en Mexico, Estados Unidos y Canada, Nos dirigimos a Usted para presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, solicitud de medidas cautelares con carácter urgente con el propósito de salvaguardar la vida e integridad personal de Blanca Velazquez Diaz, Jose Enrique Morales Montaño y Cecilia Medina, todas defensoras de derechos humanos del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), organización no gubernamental que promueve el ejercicio, la vigencia y la defensa de los Derechos Humanos Laborales fundamentales, a fin de evitar que se lleguen a consumar en su perjuicio daños de imposible reparación virtud de lo dispuesto en el articulo 25, incisos 1 a 3, del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para garantizarles los derechos a la vida e integridad personal, consagrados en los articulos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la artículo 7, 8 y 12 de la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convencion De Belem Do Para", señalando domicilio para recibir notificaciones Zamora 169 despacho 2B Colonia Condesa, C.P. 06140, México Distrito Federal, Tel 52122229, Fax 52122230 y contacto prodesc@prodesc.org.mx. l. Antecedentes 1. El Centro de Apoyo al Trabajador A.C. (CAT) es una organización no gubernamental democrática y solidaria que promueve el ejercicio, la vigencia y la defensa de los Derechos Humanos Laborales, la cual se fundó en diciembre del año 2000 y constituida como asociación civil el 9 de mayo del año 2001, teniendo como objetivo principal de la organización dar acompañamiento a las demandas de las y los trabajadores para promover la vigencia y la defensa de los derechos 1

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humanos laborales.

2. El día 28 de abril de 2010 Enrique Morales y Coral Juárez, defensores de derecho humanos laborales, integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador se dirigían a visitar a unos trabajadores de la empresa Johnson Controls cuando una persona delgada y de aproximadamente de 18 años saludo a Enrique torciéndole la mano y golpeándolo por todo el cuerpo. La persona le dijo: “no te pases de pendejo sino te voy a matar y que deja de hacer tanta chingadera en contra de mi papa Magdaleno Texis”. Asimismo, los agresores le manifestaron que esta acción se trababa de un “recadito de Magdaleno Texis y Marcelino Tecuapacho que este era un principio y que después irían con los demás hijos de la chingada del CAT”.

Enrique logro tomarlo de la camisa para detenerlo. Después forcejearon con Coral a la cual tomaron de los brazos y la empujaron y le dijeron que: “después la matarían a ella y todos los demás que estuvieran en contra de su padre Magdaleno Texis“. Coral observó que se le iban acercando más personas por lo que empezó a gritar y pedir auxilio a la policía auxiliar de Santo Toribio. Coral pudo identificar entre las personas que se acercaron a Magdaleno Texis y Marcelino Tecuapacho.

3. El día 9 de agosto de 2010, en la comunidad de San Luis Teolocholco Tlaxcala, Enrique Morales, Coral Juárez y María Luisa Rosina, integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador A.C., en el Estado de Puebla, fueron amenazados por cuatro hombres mientras realizaban su trabajo de campo el cual consiste en visitas de información y capacitación en derechos humanos laborales a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Johnson Controls. Aproximadamente a las 15:30 horas fueron interceptados por estos hombres de aproximadamente 1.75 de estatura, complexión fornida y tés morena los cuales les dijeron “que ya sabían que eran del CAT y que le avisaran a Blanca (directora del Centro de Apoyo al Trabajador) que si seguía metiéndose con la CROM se atuviera a las consecuencias y que si los veían cerca de la planta o de los domicilios de los trabajadores les darían un susto”. Cabe mencionar que dichas amenazas se llevaron a cabo muy cerca de un barranco y apartados del centro poblacional lo que les impedía fácilmente pedir auxilio.

4. El día lunes 16 de agosto de 2010, alrededor de las 00:30 horas, entró un grupo de 150 personas integrantes de la COS (Confederación de Organizaciones Sindicales) a la empresa Johnson Controls Interiores (JCI) ubicada en el estado de Puebla, trayendo consigo armas de fuego, palos, petardos, mangueras y 2

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piedras. Los integrantes de la COS, permanecieron en las instalaciones de Johnson Controls en espera de que entrara el primer turno de trabajadores y trabajadoras (6:30 a 14:30) que laboran en la empresa. Una vez que se posicionaron y tomaron las instalaciones de la empresa JCI, comenzaron a amenazar a los y las trabajadoras que se encontraban al interior de la empresa y una vez que identificaron a Cándido Corona Barruecos y Virgilio Meléndez Montiel, ambos trabajadores de JCI e integrantes del Comité de la sección 308 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana los comenzaron a golpear y los llevaron a una de las oficinas de la empresa.

5. Cándido Corona Barruecos y Virgilio Meléndez Morales fueron privados de su libertad personal por más de 7 horas y en el transcurso de este periodo fueron agredidos físicamente por los integrantes de la COS, quienes acreditándose como representantes de la empresa Johnson Controls y en presencia del Gerente de Recursos Humanos de JCI, José Torres Tapia y el Gerente de la Planta JCI, Salvador Delgado, obligaron a Cándido y a Virgilio a firmar su renuncia y liquidación bajo amenazas de muerte en contra de ellos y sus familiares.

6. La Cruz Roja llegó aproximadamente a las 13:30 hrs para atender a los trabajadores que fueron violentamente agredidos y el personal de seguridad de la empresa JCI le negó la entrada. Posteriormente y después de mucha presión de varias organizaciones sociales que se apostaron en la entrada de la empresa los agentes de seguridad de la empresa permitieron la entrada a los paramédicos, quienes aproximadamente a las 14: 10, trasladaron a Cándido Corona Barruecos y Virgilio Meléndez Montiel a las instalaciones de traumatología de la Cruz Roja.

7. El día 15 de noviembre de 2010, Blanca Velázquez y Enrique Morales al entrar a sus oficinas observaron grafitis en las puertas de entrada y en la pared.

8. El 30 de noviembre, Blanca Velázquez, acompañados por integrantes del Centro de Solidaridad Sindical Internacional y el Sindicato estadunidense AFLCIO, visitaron las instalaciones de las tres diferentes plantas de la empresa Johnson Controls. Durante la vista a la planta de Johnson Controls Interiores fueron detectados por Magdaleno Texis y Marcelino Tecuapacho delegados de la CROM. 9. El día 5 de diciembre 2010 inesperadamente José Antonio Ávila y Angelina Pérez (personas identificadas como cercanos a los delgados de la CROM) se presentaron a un taller de organización sindical organizado por el CAT. Estos dos 3

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personajes se dirigieron a Enrique Morales preguntándole si estaba Blanca Velázquez.

10. El día lunes 20 de diciembre del 2010 la señora Cecilia Medina López integrante del Centro de Apoyo al Trabajador, encargada del área de finanzas internas del Centro, llego a las oficinas del CAT aproximadamente a las 10 de la mañana y abrió la puerta sin percatarse de que la puerta estuviera forzada. En el piso de la cochera estaban los periódicos del día sábado, domingo y lunes. La señora Cecilia entro y se dio cuenta que los arreglos y árbol de navidad estaban tirados, se dirigió a la sala y también estaban tiradas la papelería, documentos, libros y el archivero del CAT. Después se dirigió a la sala de reuniones y se percato del mensaje de amenaza que estaba escrito en la pared, que a la letra dice: “NO SABEN CON QUIEN SE METEN” (Anexo 1) 11. Posteriormente la señora Cecilia llamo por teléfono a Victoria Hernández (encargada del área de Educación, Monitoreo y Jurídico) y a Enrique Morales (encargado del área de comunicación y organización). En ese momento se percato que habían forzado el armario ubicado frente a las escaleras, acto seguido camino hacia el cubículo de Blanca Velázquez y estaba tirada por toda la oficina la documentación.de diferentes casos y el equipo de cómputo, el teléfono, fax y escáner no estaban. Después miro hacia los demás cubículos y también estaban desordenados y sin los equipo de computo además de que estaban forzados los candados de los armarios. También se dio cuenta de que su gabinete negro en donde se guardan los documentos importantes estaba tirado y ya no estaban las facturas ni los tres cheques que había dejado guardados a nombre de Cecilia Medina, los respaldo en CD de los reportes financieros del centro, 6000 pesos en efectivo así como cheques posfechados .

12. Cecilia Medina, espero a sus compañeros Victoria Hernández y Enrique Morales afuera de las oficinas para determinar lo que tenían que hacer.

Posteriormente llegaron Enrique Morales y Victoria Hernández y entraron juntos a las oficinas para confirmar en sus respectivos cubículos que hacía falta su equipo de cómputo y los teléfonos.

13. En el cubículo de Victoria encontró que su gaveta estaba abierta y sus papeles regados por todas partes. En el armario donde había tres cajas selladas con archivo muerto se encontró con las cajas abiertas y al revisar que faltaba pudo confirmar que además de que se llevaron documentos de campañas anteriores del CAT también se llevaron: un proyector de imagen, videos educativos, DVDs , CDs, así como también el quipo de computo, una fotocopiadora marca Brother gris con 4

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negro, despensa navideña con un monto de 1000 pesos y el respaldo de su trabajo. Con el paso del día y con una revisión más a fondo de los documentos que se robaron se identifico que hacen falta todos los expedientes a nombre de Rubén Ruiz Rubio un ex colaborados del CAT y que fue despedido hace ya varios meses atrás por motivos que mencionare más adelante. Estos documentos eran informes de trabajo de su área y campañas, listados de trabajadores que participaron en los talleres del 2010 además del plan de trabajo del 2011 de área de Monitoreo, Educación y Jurídico y bitácoras del todo el año.

14. Después decidieron llamar al O60 desde sus celulares para solicitar la presencia de la policía municipal, se les llamo 3 veces y no acudieron al llamado.

Por su parte la señora Cecilia Medina fue al banco para tratar de cancelar los cheques y Enrique Morales fue al Ministerio Publico a hacer la denuncia ante el MP el mismo día lunes 20 de diciembre del 2010. Victoria Hernández se quedo a esperar a los policías. En la oficina no se movió nada con el fin de preservar las mejores condiciones para el levantamiento de la denuncia penal.

Sin embargo ya en el Ministerio Publico comenzaron a obstaculizar el proceso ya que decían que no podían levantar la denuncia hasta que fuera la dueña de la casa en donde se encuentra la oficina, después hasta que se llevara una copia del contrato de arrendamiento y copia de identificación de la representante legal.

Enrique quien estaba en el MP le informo que habían saqueado la oficina y había documentos tirados, y que se levantara el acta en ese momento y que después traería los documentos solicitados. Fue hasta el día Martes 21 de diciembre que se levanto el acta correspondiente y le dijeron a Enrique que tenía que ir a las oficinas de servicios periciales, ubicada en la 6 Nte y 10 OTE y solicitar ahí el servicio de peritos para recabar huellas dactilares en el inmueble. Sin embargo los peritos respondieron que no contaban con elementos suficientes, y que tal vez podrían ir en el trascurso del día o en la madrugada.

Desde el día 20 de diciembre del 2010, el peritaje no se realizo sino hasta el martes 11 de enero del 2011. Hicieron acto de presencia el comandante Silverio Flores y el agente ministerial publico de la delegación norte, Francisca Montes de Oca Nieto, después llegaron los de servicios periciales, Alejandra Rodríguez y Arturo Hernández. Se hizo la inspección y se tomaron fotos de los destrozos, tomaron huellas dactilares en el inmueble así como también a tres personas del CAT, Enrique Morales, Cecilia Medina y Blanca Velázquez.

Por este hecho las integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador levantaron una 5

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queja ante la Comision Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla con numero de queja D.H 73/2011 a cargo de Lic. Rebeca Cabrera González, quien les informo a las integrantes del CAT que apenas se la habían turnado y que no ha solicitado oficio al Ministerio Publico.

15. El día miércoles 11 de enero de 2011 siendo las 5:00 de la tarde, Blanca Velázquez, Directora Ejecutiva del Centro de Apoyo al Trabajador, intentó ingresar a la cuenta del correo electrónico institucional para enviar información sensible al resto de su equipo. Sin embargo, a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones, no pudo ingresar a la cuenta del correo institucional del CAT. Posteriormente, trato de ingresar a la cuenta de su correo electrónico personal y en un mensaje del servidor le indicaron que su contraseña de ingreso había sido cambiada. En ese momento informó a sus aliados y contrapartes que habían intervenido sus cuentas electrónicas.

16. El día 11 de Enero 2011 al salir de la oficina Blanca Velázquez y Enrique Morales se percataron de que una mujer estaba sentada frente de las oficinas del CAT. Además, observaron un hombre dentro de una camioneta roja que estaba visiblemente vigilando las oficinas. Blanca y Enrique tomaron otra ruta para ver cuál sería su reacción, y al dar una vuelta sorpresiva se percataron que ella quedo sorprendida, siguió caminando y después se escondió detrás de una camioneta, volteo, y se percato que se le quedaron viendo. Por lo tanto, se paso al otro lado de la banqueta. Blanca y Enrique entraron a una tienda de comestibles y esperaron ahí unos minutos para ver si los seguía. Ella se detuvo unos minutos más hasta que cruzo la 11 sur y de dirigió hacia el parque del paseo Bravo.

También, Blanca y Enrique observaron a 2 hombres que se asomaban en la esquina de la 3 poniente hablando por su celular. Regresaron a ver si se habían dirigido a las oficinas del CAT pero los hombres ya no estaban.

II. Hechos: 17. El día 14 de enero de 2011 desde la cuenta institucional del CAT se emitió un correo dirigido a los integrantes del equipo, incluyendo a Blanca Velázquez, así como a otras personas que han colaborado de cerca con el CAT, en donde se lee: “[…]

---------- Mensaje reenviado ---------De: CAT <catpuebla@yahoo.com.mx> Fecha: 14 de enero de 2011 21:39 Asunto: 6

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Para: Blanca <bvelazquezd@yahoo.com.mx>, carlos esquer <cesker_150@yahoo.com.mx>, coral juarez <coral.juarez@hotmail.com>, Coral Juarez <coraljm@hotmail.com>, ines Gonzalez <ines.gonzalez@fesmex.org>, ines gonzalez <inesgonzalez@laneta.apc.org>, José Enrique Morales <jose_moralesm@hotmail.com>, ceci Medina <medina_cecy@hotmail.com> Cc: Alejandra ancheita <aancheita@gmail.com>, susana miller <SMiller@imfmetal.org>, Blanca torres <white_rise@hotmail.com> SECUESTRO DE DIGNA OCHOA EN 1999…en octubre de 1999 varios sujetos ingresaron a su domicilio, la amordazaron, le vendaron los ojos y la interrogaron durante aproximadamente nueve horas, para luego abandonarla atada de manos y pies sobre la cama, junto a un tanque de gas abierto. Logró soltarse y trató de llamar por teléfono, pero la línea había sido cortada.

Los sujetos que la atacaron le hacían preguntas sobre las actividades del Pro y supuestos contactos en los estados de Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; casas de seguridad del EZLN y el EPR, así como de los comandantes Antonio y Aurora, del ERPI. FUENTE Centro de Apoyo al Trabajador A.C. Tel-fax: (52) (222) 2 46 05 98 Privada de la 3 Poniente Núm. 302 Centro Historico, CP 72000 Puebla, Puebla México […]

Así mismo en el link de FUENTE se desprende la siguiente página: http://www.jornada.unam.mx/2001/10/20/043n1cap.html que corresponde al periódico La Jornada (Anexo 2). El titulo de la nota periodística dice lo siguiente: 7

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“Tenía un balazo en la cabeza; recibió varias amenazas y en 1999 fue plagiada” “Asesinan a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa en su oficina” 18. El 19 de enero de 2011 Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) y el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) solicitamos las medidas cautelares de conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 20 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evitar la consumación irreparable de actos atentatorios contra los derechos consagrados en la Convención como son los derechos a la vida, integridad personal, a la libertad de pensamiento, de expresión, misma que fue recibida el mismo día a las 12:08 hrs., negándose a recibirnos personalmente toda vez que informaron en recepción “que no se encontraba nadie del área”, y no fue sino hasta el 20 de enero de 2011 a las 18:00 hrs, cuando acordaron recibirnos en las oficinas centrales de dicha Comisión personal a cargo del “Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos” en donde nos informaron que “no eran competentes para otorgar la medidas cautelares” toda vez que le correspondía otorgar las medidas al Gobierno Local, que consideraban que toda vez que “no había agresiones directas a la Directora del CAT”, no atraerían el caso, que la remitirían a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y que se limitarían a acompañarnos a ampliar la declaración.

Derivado de la negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la pérdida de confianza tenemos para acudir ante las instancias locales, toda vez que en reiteradas ocasiones éstas no atienden, son lentas, y se declaran no competentes para atender de manera urgente a las denuncias de situación de riesgo inminente y fundado para los defensores de derechos humanos Centro de Apoyo al Trabajador, Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Montaño y Cecilia Medina.

Derivado de los antecedentes y de los hechos antes mencionados, no hay duda que existe un riesgo inminente y fundado para los defensores de derechos humanos Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Montaño y Cecilia Medina. En el caso concreto dicho riesgo ya se ha evidenciado con la violencia ejercida en contra de los defensores de derechos humanos Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Morales Montaño, Cecilia Medina, todos integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador, quienes en su legitimo derecho como defensores y 8

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defensoras de los derechos humanos laborales y que han defendido hasta el momento dignamente, razón por la cual consideramos urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para evitar que este riesgo ya plasmado se extienda o sea más grave para los defensores de derechos humanos Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Morales Montaño, Cecilia Medina, todos integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador.

III. Fundamentación El artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que en casos de gravedad y urgencia, la CIDH está facultada para solicitar a los Estados la adopción de las suficientes y necesarias medidas de carácter preventivo para evitar la consumación irreparable de actos atentatorios contra los derechos consagrados en la Convención como son los derechos a la vida, (artículo 4°), integridad personal (artículo 5º), a la libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13).

En ese mismo orden de ideas, es preciso señalar que los Estados partes de la Convención, conforme lo establece el artículo 1º, tiene la obligación de respetar y garantizar sin distinción alguna los derechos tutelados por la misma, lo que implica que el Estado es responsable de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. En este sentido, la labor que desempeñan las personas y organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos se reviste de mayor relevancia.

Ahora bien, los peticionarios manifestamos que los hechos descritos en el apartado anterior son consecuencia de la propia acción de defensa y promoción de los derechos humanos, razón por la cual debemos inferir que las intimidaciones, amenazas, agresiones y robo en contra de Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Morales Montaño, Cecilia Medina, todos integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador.

La Organización de las Naciones Unidas, justamente reconociendo el derecho y el deber de los individuos, grupos y las instituciones por promover el respeto y el conocimiento de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional, el 9 de diciembre de 1998, durante su 52º periodo de sesiones emitió la DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES DE PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES 9

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FUNDAMENTALES UNIVERSALMENTE RECONOCUIDAS.1 Aunado al anterior documento, varios de los órganos de esta Organización se han pronunciado sobre la importancia de la función de los defensores de derechos 1

En particular, cabe hacer énfasis en los siguientes artículos de la Declaración: Artículo 1º. Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. (. . .)

Artículo 6º. Toda persona tiene derecho, individualmente o con otras: a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión al acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos; b) Conforme a los dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir, o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales; c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados. (. . .)

Artículo 8°.

1. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos políticos.

2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el de toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los organismos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. (. . .)

Artículo 12.

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. Es Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hechos o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.

A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten al disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

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humanos y en diversas ocasiones han mostrado su preocupación por las constantes violaciones de que son objeto estas personas alrededor del mundo.2 Cabe resaltar, que ya en anteriores ocasiones, diversos organismos intergubernamentales de protección a los derechos humanos han documentado y se han pronunciado sobre el riesgo en el que los defensores de derechos humanos realizan su labor en México.

Así, Asma Jahangir, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias ó arbitrarias, en sus conclusiones derivadas de su Informe con motivo de su visita a México, señalaba que: 103. La persistencia de las amenazas contra la vida de los defensores de los derechos humanos indica que el Gobierno no ha adoptado, a pesar de sus promesas, las medidas necesarias para proteger a estas personas y eliminar las amenazas contra su seguridad.3 …

2

En este sentido, véase el informe de la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, quien hizo especial énfasis en que Dada la unanimidad con que la comunidad internacional ha reconocido la legitimidad de la importante labor de los defensores de los derechos humanos, los continuos informes de violaciones de los derechos de esas personas en muchas partes del mundo son motivo de grave preocupación.

Varios órganos de las Naciones Unidas han planteado ya el problema de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Cabe mencionar a este respecto, entre otras, la resolución 54/170 en la que la Asamblea General observaba con profunda preocupación que, en muchos países, las personas y organizaciones que se dedican a promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales son objeto de amenazas, hostigamiento e inseguridad como resultado de esas actividades. La Subcomisión sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos también ha expresado su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. En sus resoluciones 1998/3 y 1999/3, la Subcomisión condenó los asesinatos de 17 defensores de los derechos humanos y pidió a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que abriera una investigación acerca de la seguridad de otros 18 defensores de los derechos humanos, nombrados individualmente.

En un informe dirigido a la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/2000/5), la Alta Comisionada proporcionó información sobre estas personas.

Naciones Unidas. Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, de conformidad con la resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. ONU E/CN.4/2001/94, de 26 de enero de 2001, párr. 3.

3

Informe de la Relatora, Sra. Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2000/3/Add.3 25 de noviembre de 1999) 11

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Recomendando, entre otras cosas: 107. La Relatora Especial recomienda al Gobierno de México que: a) Adopte medidas efectivas para proteger la vida de los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas, de conformidad con la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General en su resolución 53/144, de 9 de diciembre de 1998. Como parte de estas medidas, el Gobierno debe esforzarse por crear una situación propicia para el desarrollo de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos; Más recientemente, Hina Jilani, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, al presentar su Informe a la Asamblea General4 el 27 de marzo de 2007, señaló, refiriéndose a México: 450. Whilst the Special Representative commends the efforts which have been made by the Mexican Government to promote and protect human rights, she remains concerned that the number of communications sent to the Mexican Government since December 2005 may be a reflection of deterioration in the situation for human rights defenders in the country…

452. The Special Representative wishes to remind the Government of Mexico of its obligations under Article 12, paragraphs 2 and 3 of the Declaration on human rights defenders.

Los antecedentes arriba citados, son una clara muestra de que existe un riesgo fundado para quienes desempeñan una labor de defensa de los derechos humanos en México. En el caso concreto dicho riesgo ya se ha evidenciado con las amenzas directas a los integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador, el robo a sus oficinas, así como las amenzas directas plasmadas en las oficinas donde laboran las integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador CAT, y el correo electrónico enviado desde la cuenta que fue intervenida a los defensores y defensoras de derechos humanos laborales, aunado a la omisión y negativa de las Autoridades Estatales y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de 4

Report of the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders, Hina Jilani. A/HRC/4/37/Add.1. 27 March 2007 12

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México, razón por la cual consideramos urgente que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para evitar que este riesgo ya plasmado a los del Centro de Apoyo al Trabajador.

Más aún, es importante destacar que las amenazas y hostigamientos sufridos por las integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador iniciaron cuando los defensores de derechos humanos laborales dieron acompañamiento e información a los trabajadores de Johnson Controls para que exigieran a la empresa que pagara, conforme a la ley, el reparto de utilidades, que se mejoraran las condiciones laborales y que la empresa finalizara su relación con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Extracción, Transformación de Minerales y Fibras Naturales y Similares y Conexos de la República Mexicana, adherido a la Confederación de Organizaciones Sindicales (COS).

Respecto de lo anterior, el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, establece que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.” [Resaltado nuestro] Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la importancia que reviste el derecho consagrado en el artículo 13 de la CADH, destacando que La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población.5 Por último no sobra señalar que la temática de los defensores de derechos humanos y el peligro que los mismos corren a consecuencia de su labor ha sido analizada por la Ilustre Comisión en diversas ocasiones. En este sentido, en su informe sobre la situación general de los derechos humanos 5

Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de fondo de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 152.

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en México, la Ilustre Comisión resaltó su preocupación por la situación que viven los defensores de derechos humanos, recomendando al Estado mexicano: Que adopte las medidas necesarias para sancionar a los responsables de delitos cometidos contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la investigación rápida, efectiva e imparcial de las denuncias relacionadas con el hostigamiento a periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales.

Que ofrezca todas las garantías para que los defensores de derechos humanos, tanto mexicanos como extranjeros, puedan llevar a cabo su importante labor de promoción y defensa de dichos derechos, sin interferencias abusivas de parte de las autoridades;. . . 6 [resaltado nuestro] No está de más mencionar que la situación de violencia contra las defensoras de derechos humanos en México se ha recrudecido. Los ejemplos más recientes y dolorosos por la impunidad en la que se ejecutaron fueron los asesinatos de las defensoras de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz ejecutada el 16 de diciembre del 2010 frente las oficinas del Frente al palacio de gobierno de Chihuahua, a donde Marisela corrió en busca de refugio, cayó muerta de un tiro en la cabeza tras ser perseguida por su atacante.7 Así como la activista Susana Chávez, asesinada el 12 de enero del presente año en un ambiente de impunidad y minimización de la violencia hacia las mujeres por las instituciones encargadas de perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres activistas de éste país.8 IV. Petición De persistir los hechos hostiles perpetrados en contra de Blanca Velazquez Diaz

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CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 7 rev.

1, 24 de septiembre de 1998, Capítulo XI “Conclusiones y recomendaciones finales”, párrafos 759 y 760.

7

www.eluniversal.com.mx/nacion/182864.html www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/01/12/asesinato-de-susana-chavez-sin-relacion-con-su-activismofiscal-de-chihuahua 8

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y los demás integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador, podrían llegar a ocasionar daños de imposible reparación en su contra, los cuales podrían cesar si se adoptan medidas cautelares con carácter urgente en su favor, razón por la cual acudimos respetuosamente ante la Comisión para pedir que a su vez solicite al Gobierno la adopción de las medidas cautelares que a continuación se describen: 1º. Se lleve a cabo una investiguen pronta, efectiva, independiente e imparcial de los hechos, a fin de identificar a los responsables del robo y amenazas contra de Blanca Velazquez Diaz y los demás integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador y proceder a su procesamiento y sanción de acuerdo a la ley.

2º. Se instale en las oficinas del Centro de Apoyo al Trabajador , un sistema de circuito cerrado con video grabación permanente.

3. Que comunique al Estado que las medidas a adoptar deberán ser discutidas con los beneficiarios, pero en todo caso dichas medidas deberán ser eficaces para garantizar la integridad física, psicológica y el derecho a la vida de los integrantes del Centro de apoyo al Trabajador.

4. Que el Estado Mexicano informe a la mayor brevedad posible sobre las medidas adoptadas tendientes a salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos que han sido referidos en el presente escrito como beneficiarios.

5. Que esta H. Comisión disponga que las medidas deberán ser mantenidas hasta que la situación de riesgo inminente desaparezca o hasta que las víctimas así lo deseen.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra mayor consideración y estima.

ATENTAMENTE Blanca Velazquez Diaz Directora General del Centro de Apoyo al Trabajador A.C. Alejandra Constanza Ancheitra Pagaza Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Valeria Scorza Rueda Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) 15

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Rosalinda Marquez García Abogada (ProDESC) Yasser Caballero Martínez Abogado (ProDESC)

Proyecto de Solidaridad Laboral en las Américas (USLEAP), La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), Red de Solidaridad con la Maquila (MSN), Lydia Alpizar AWID (Asociación por los Derechos de la Mujer y el Desarrollo) (Laura Gutiérrez (MUGAC, Baja California, Tecate), Silvia Vázquez Camacho (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Mesina (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), María Luisa García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C, Chihuahua, Ciudad Juárez), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristóbal), Diana Damián (Municipio Autónomo Zapatista, Chiapas), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans A.C., Tamaulipas, Tampico), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey), Angélica Araceli Reveles Soto (CLADEM-México, Jalisco, Guadalajara), Guadalupe López García (Lesbianas en Patlatonalli A. C., Jalisco, Guadalajara), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Oaxaca, Matías Romero), Beatriz Teresa Casas Arellanes (Oaxaca), Emelia Ortiz García (Campaña “Si no están ellas no estamos todas”, Oaxaca, Región Triqui), Beatriz Hernández (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género ¡Ndudxa Ndandi!, Oaxaca, Tlaxiaco), Edita Alavez Ruiz (UNOSJO, Mujeres Organizadas Yuubani, Oaxaca, Guelatao), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad 16

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Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nadia Altamirano Díaz (Comunicación e Información de la Mujer AC., Oaxaca), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora, Ciudad Obregón), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), Espinoza Núñez (Zacatecas), Nora Isabel Bucio Nava (Comunicación e Información de la Mujer AC., Morelos, Cuernavaca), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Obtilia Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Andrea Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Soledad Eugenio (OPIM, Guerrero), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero, Tlacopa), Georgina Vargas Vera (Centro de Derechos Humanos Victoria Díez A.C. Guanajuato, León), Verónica Cruz (Las Libres A.C. Guanajuato, León), María Trinidad Ramirez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Martha Perez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (Incide Social, Frente de Protección a Periodistas, DF), Dolores González (Serapaz, DF), Tania Ramírez Hernández (HIJOS, DF), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, PRT, DF), Andrea de la Barrera Montppellier (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., DF), Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.), Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Laura García Coudurier (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Erika González (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Carmen Morales (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.)

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ANEXO 1

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ANEXO 2 http://www.jornada.unam.mx/2001/10/20/043n1cap.html SABADO Ť 20 Ť OCTUBRE Ť 2001 Ť TenÃa un balazo en la cabeza; recibió varias amenazas y en 1999 fue plagiada Asesinan a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa en su oficina Ť Representó a presuntos zapatistas; actualmente, a estudiantes acusados por petardazos a bancos ANGEL BOLAÑOS Y ANDREA BECERRIL Digna Ochoa y Plácido, activista de derechos humanos y abogada litigante, fue asesinada ayer en su despacho de la calle Zacatecas 31-A, en la colonia Roma, hecho que provocó de inmediato la indignación de diferentes organizaciones de derechos humanos.

El cuerpo de Ochoa Plácido fue encontrado por uno de los abogados auxiliares del despacho, Gerardo González, alrededor de las 17:50 horas, con disparos de 19

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arma de fuego en la cabeza y las piernas, al parecer de calibre 22. A su lado se encontró una amenaza de muerte por escrito, en contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel AgustÃn Pro. La ProcuradurÃa General de Justicia del Distrito Federal guardó total hermetismo sobre el hecho. El titular de la dependencia, Bernardo Bátiz, acudió al lugar del crimen alrededor de las 22:30 horas y se comprometió a hacer todo lo necesario para localizar a los responsables.

Gerardo González dijo que habÃa regresado al despacho para recoger unos documentos que le solicitó Lamberto González, socio de la vÃctima, al igual que Pilar Noriega, quien hace unos dÃas dejó de litigar al ser nombrada primera visitadora de la CDHDF. El cuerpo de Ochoa se encontraba en la antesala, sobre el piso, con la cabeza recargada en el sillón y el rostro completamente ensangrentado. González dijo haber visto polvo blanco, como una especie de talco, regado en la alfombra, los sillones y en la ropa de la vÃctima.

No descartó que la abogada hubiera forcejeado con los homicidas, pues la diadema que traÃa en la mañana estaba tirada también en la alfombra.

El presidente del Centro Pro, Edgar Cortés, exigió a las autoridades que inicien una investigación a fondo, porque desde 1996, cuando comenzaron las amenazas contra el organismo, no se ha hecho nada. Entre 1996 y 1997 se recibió el mayor número de amenazas en contra de la litigante y otros integrantes del Pro, como Enrique Flota y Pilar Noriega, que entonces llevaban los casos de presuntos zapatistas presos.

En 1999 y 2000 habÃa por lo menos tres averiguaciones previas en la PGJDF, que se integraron en un solo expediente, y otra más por secuestro de Ochoa en su propio domicilio; "lo lamentable es que no hayan prosperado estas denuncias.

Queremos que ahora, después de la muerte de Digna Ochoa, sà se investigue a fondo", reclamó.

Consideró preocupante el hecho de que junto al cadáver hubiera una nueva nota con amenazas de muerte contra 20

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integrantes del centro.

Recordó que Ochoa se separó de la organización hace un año, al decidir litigar de manera independiente, y actualmente el caso más importante que tenÃa era el de los dos ecologistas de Guerrero presos, aunque también habÃa decidido retomar los asuntos que tenÃa Pilar Noriega.

Adrián RamÃrez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, recordó el intento de secuestro en contra de Digna Ochoa: en octubre de 1999 varios sujetos ingresaron a su domicilio, la amordazaron, le vendaron los ojos y la interrogaron durante aproximadamente nueve horas, para luego abandonarla atada de manos y pies sobre la cama, junto a un tanque de gas abierto. Logró soltarse y trató de llamar por teléfono, pero la lÃnea habÃa sido cortada.

Los sujetos que la atacaron le hacÃan preguntas sobre las actividades del Pro y supuestos contactos en los estados de Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; casas de seguridad del EZLN y el EPR, asà como de los comandantes Antonio y Aurora, del ERPI. "También recordemos que ahora estaba viendo el caso de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de pertenecer a las FARP, quienes fueron detenidos después de los petardazos en sucursales de Banamex, cuya primera audiencia inicia el 22 de octubre. No podrÃa asegurar que esté relacionado con el homicidio, pero sólo decimos que hay esa coincidencia, que ella participa en la defensa jurÃdica junto con Bárbara Zamora", expuso.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la agencia 4 del Ministerio Público y la averiguación previa correspondiente se inició en la agencia 3, donde al cierre de la edición continuaban declarando Gerardo González y otras personas que conocieron de cerca a la abogada, a fin de aportar datos que permitan dar con los responsables.

Cabe señalar que acudió al lugar de los hechos el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, quien le dijo al procurador que el organismo seguirÃa muy de cerca las investigaciones. Asimismo se presentaron Benito Mirón Lince, subsecretario del Trabajo del GDF, quien fue dirigente del Frente Zapatista de Liberación Nacional, y Eduardo Miranda, de la Unión de Juristas.

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