60 Años de Historia - Sindicato Regional de Luz y Fuerza

económico internacional. La anulación de los contratos petroleros, que formaba parte de la plataforma electoral, provocó graves problemas de abastecimiento. El monstruo no dudó en mostrar su fiereza. Fue necesario importar combustible y el país sufrió una considerable pérdida de divisas en concepto de indemnizaciones por la forma indiscriminada en que se llevó a cabo la anulación.

Cuando los radicales llegaron al gobierno el panorama económico era desalentador.

Se vivía una gran recesión; la tasa de desempleo era del 8.8% y el conjunto de la capacidad productiva instalada estaba trabajando al 55%. Todo esto provocó una fuerte caída de los ingresos fiscales porque muchas empresas dejaron de pagar los impuestos y los aportes jubilatorios.

El sector bancario tenía una situación muy comprometida. Durante la época de Frondizi y después de Pinedo, Alsogaray, Méndez Delfino y Martínez de Hoz, en nombre de la libertad económica no se aplicaron desde el Banco Central las normas que existían para la vigilancia de los créditos que otorgan los bancos. Así, los bancos privados y del Estado, especialmente el Banco Nación, otorgaron créditos por encima de la capacidad prestable de las empresas. Al contraerse la actividad en el año 1962, las empresas se encontraron imposibilitadas de pagarles a los bancos los créditos que les habían dado para importar maquinaria que, en muchos casos, se encontraba arrumbada en el puerto de Buenos Aires. El gobierno decidió aplicar una estrategia de corto plazo basada en el estímulo de la demanda y elaboró un Plan Nacional de Desarrollo para el quinquenio 1965 - 1969. Una buena cosecha permitió elevar el nivel de las exportaciones con saldo positivo en la cuenta corriente del Balance de Pagos. Se logró incrementar el PBI en el orden del 8% entre 1964 y 1965 con el correspondiente efecto sobre el empleo. Sin embargo, no se pudo controlar el alza de los precios internos que pasaron la barrera del 30% anual entre 1965 y 1966. El gobierno trató de reaccionar con controles de precios que fueron resistidos por los empresarios.

El 15 de enero de 1964 el Parlamento consideró el proyecto de Ley de Medicamentos que señalaba el carácter de bien social del medicamente al servicio de la salud pública. En su articulado se facultaba al Poder Ejecutivo para establecer la regulación de los precios ya que, por estar la venta de medicamentos condicionada por las necesidades de la población, su proceso económico escapaba a la ley de la oferta y la demanda, de la libre competencia y de la libertad contractual.