Discurso, difusión e impartición de justicia Eduardo Higuera*
D
urante la segunda semana de enero se suscitó un episodio de dimes y diretes entre altos funcionarios federales. No fue sobre Santa Lucía o el desempeño de la economía, la polémica se centró en el papel protagónico de Santiago Nieto y su trabajo al frente de la UIF.
Por una parte, el titular de la UIF ha declarado a mansalva, a cuanto medio ha querido escucharlo, sobre investigaciones en curso. En un rápido rastreo en la red podemos ver que en menos de un mes declaró sobre numerosas investigaciones que se realizaban en eventos, entrevistas y conferencias.
La polémica quedó aparentemente zanjada cuando el jefe del ejecutivo declaró, en la conferencia mañanera del 9 de enero, que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera solo hacía lo que el presidente de la República indicaba, palabras más o menos.
Entre sus mencionados, sin ser exhaustivos, podemos encontrar a los Legionarios de Cristo, cuatro exgobernadores, la esposa de un expresidente que es ostentoso opositor al presente gobierno, seis OSC´s por presuntos vínculos con García Luna, superdelegados en los estados, la Secretaría de Gobernación en tiempos de Peña Nieto, el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del mismo período, un ministro de la Suprema Corte designado en el sexenio de uno de los acérrimos contrincantes del actual presidente, y al menos siete jueces y magistrados. En la mayoría de los casos se mencionaban nombres o razones sociales en las declaraciones.
Todo este asunto tiene posibles repercusiones en los meses y años por venir, así como raíces profundas en sucesos del sexenio pasado y no debería ser tratado tan a la ligera por el gobierno federal. Debemos recordar que Santiago Nieto fue cesado en 2017 como fiscal especial en materia electoral, al revelar a los medios de comunicación detalles de una investigación que la FEPADE realizaba, involucrando a Emilio Lozoya. Sin ninguna duda, el despido que sufrió Nieto como titular de la FEPADE fue producto de una maniobra de encubrimiento del entonces primer mandatario. Pese a esto, la razón de fondo que se adujo, la afectación del debido proceso de una investigación en curso ventilada en un medio de comunicación era válida jurídicamente y sigue siéndolo. Esto plantea un dilema a futuro para el actual gobierno, ya que impacta de forma directa el discurso sobre el combate a la corrupción y su actuación diferente con respecto a los gobiernos anteriores.
Sin duda el nivel de dedicación desplegado por la UIF es admirable y su misión de combatir por medio de la UIF la innegable corrupción admirable. La forma y el resultado legal de estas acciones son los que quedan en entredicho. La razón de origen es que filtrar datos sobre investigaciones que no se han concluido es un tipo de afectación del debido proceso. El debido proceso es, o debería ser, aquella cadena de acciones legales y éticas que la autoridad realiza para establecer una causa probable de delito, fundamenta la sentencia que establece la culpabilidad y su castigo. Por esta razón no se pueden ventilar cifras, datos y nombres sin saber si son realmente culpables o no.