El Programa ‘Bracero’ Sigue en Pie

Por Héctor Calderón Hallal

La visita de miembros del Programa Bracero a San Lázaro, provenientes de diversas partes de México y con dirigentes de organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos, invita a seguir al pendiente de un hecho injusto y no resuelto.

Pocos temas que integran el catálogo de las leyendas de la subcultura política popular, en México al final resultan ser ciertas como la de los ‘braceros’, trabajadores mexicanos migrantes que se internaban por temporadas en territorio estadounidense, para trabajar contratados con todas las prestaciones de ley y a solicitud incluso del Gobierno de los Estados Unidos, tratando de mitigar la falta de mano de obra en sectores de producción primaria y de servicios básicamente, debido al reclutamiento de ciudadanos estadounidenses para alistarse primero en el Ejército de su país durante lo más álgido de la Segunda Guerra Mundial, en contra de los países del Eje… y después gracias a la necesidad de obra pública y expansión comercial e industrial durante el período de la post-guerra.

Este tema de los “braceros” es uno de esos supuestos mitos que no es “parcialmente cierto” ni errático; es totalmente cierto: durante más de dos décadas, los gobiernos mexicanos (emanados del PRI), por mala administraron o dolosamente omitieron hacer llegar su pago a los trabajadores “braceros” o migrantes, del llamado Fondo de Ahorro Campesino, consistente en el 10% del total de ingresos salariales de cada trabajador retenido durante su relación laboral.

Un dinero que los trabajadores o sus familiares debieron haber cobrado en México, por medio del Banco Nacional del Crédito Agrícola (después Banrural) y Banco del Ahorro Nacional (el emisor de los famosos 'Bonos del Ahorro Nacional').

Ninguna de esas dos financieras paraestatales (propiedad del Gobierno Federal) se hicieron cargo debidamente ni en tiempo ni en forma de pagar a todo aquel trabajador migrante que acreditara su estancia laboral en Estados Unidos, específicamente en el lapso comprendido entre 1942 y 1964, tiempo en que formalmente fue instituido el programa “Bracero”, reconocido como un convenio de colaboración entre Estados Unidos y México, mediante el cual se acordó de conformidad entre las partes, que 4 millones de mexicanos se trasladaran a territorio estadounidense para trabajar en la construcción de vías férreas y en la producción de alimentos en los campos agrícolas, dado el reclutamiento de miles de estadounidenses por las fuerzas armadas para irse a la Segunda Guerra Mundial, por lo que los granjeros empezaron a necesitar mano de obra, así como paulatinamente otros ramos de la actividad agrícola, comercial y del sector servicios en las grandes ciudades americanas.

Ante tal escenario, en 1943, el presidente Roosevelt –un consumado impulsor del estado del Bienestar o Wellfare State- reconoció la realidad y tomó la decisión de apoyar el programa Bracero, por el cual miles de jornaleros agrícolas mexicanos ingresaron a Estados Unidos de manera legal para ayudar en la producción de alimentos.

Luego de numerosas investigaciones y de solicitudes de información a instancias oficiales estadounidenses, se pudo detectar que el Gobierno de los Estados Unidos sí depositó el 10% retenido a los trabajadores migrantes o “braceros”, parte del programa oficial; y lo hizo a través de instituciones como Wells Fargo Bank y Union Trust Company, que a su vez lo remitieron a los dos bancos oficiales mexicanos anteriormente señalados… pero el dinero nunca llegó.

Solo un presidente mexicano ha tenido la entereza para dar la cara a nombre del Gobierno Federal mexicano por este aberrante fraude, sin ser responsabilidad de su administración y con un afán genuinio de justicia para los trabajadores y sus familias: Felipe Calderón Hinojosa.

En el sexenio de Felipe Calderón se aprobó una ley que establecía que los exbraceros podrían reclamar en México un pago de 38 mil pesos, para lo cual tenían que presentar su identificación y algún documento que acreditara que formaron parte del programa. Si un exbracero ya había fallecido, el pago lo podía reclamar su esposa o hijos.Antes y como antecedente legal de esta acción del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), falló a favor de los exbraceros en el 2008 y ordenó al Ejecutivo Federal restituir los fondos de ahorro.

La fuente más socorrida de la confirmación de este hecho fraudulento, es el libro “Historia de un ahorro sin retorno”, de Abel Astorga Morales, editado por la Universidad de Guadalajara.

*Héctor Calderón Hallal, es un abogado mexicano, con experiencia en el servicio público en las áreas de seguridad pública y los derechos humanos. Con experiencia en el litigio en las materias familiar y penal. Actualmente practica el periodismo en diferentes portales noticiosos electrónicos. Cursa la Maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana,