La quiebra de las personas naturales en la ley de reorganización y liquidación

La “quiebra” de las personas naturales en la Ley de Reorganización y Liquidación.

A nuestro estudio han venido a consultar varias personas acerca de cómo solucionar sus temas de deuda con bancos, tiendas, entre otros. A menudo, dicen haber oído de que existe una nueva ley, que les permitiría renegociar sus obligaciones o declarar su propia quiebra en caso de ser imposible poder responder a esas deudas.

Ante esto, este pequeño ensayo pretende responder de manera general esas dudas.

I.

Ley 20.190, de Reorganización y Liquidación (LRL)

Esta ley, promulgada en 2013 y en vigor desde noviembre de 2014, tuvo por misión solucionar las dificultades que tenía la anterior Ley de Quiebras, dictada en 1982, y que se traducían en un proceso más bien largo y costoso, lleno de trámites y que no lograba satisfacer el objetivo final, que era poder pagar a los acreedores las deudas que una persona natural o jurídica tenía con ellos y que no pudieron satisfacerse por vías menos drásticas.

La LRL, reconociendo las diferencias que existen entre una persona común y otra que se dedica a actividades empresariales, ha establecido dos regímenes distintos: uno dedicado a las personas jurídicas en general y las naturales que se dedican a actividades empresariales, y otro dedicado a personas naturales no empresarias. En este último caso, entendiendo sus particulares condiciones de ingresos, actividad comercial, conocimiento o disponibilidad horaria, ha establecido procedimientos que, en teoría, deben ser de menor duración que los establecidos para las empresas.

II.

La Reorganización y Liquidación de las personas naturales

Los procedimientos establecidos para las personas deudoras son dos: el primero, la renegociación, y el segundo, la liquidación, que a su vez puede ser voluntaria o forzada.

Ambos se tratan en el Capítulo V de la LRL. a. Renegociación En este primer mecanismo, lo que se permite al deudor es poder reunirse con sus acreedores para poder acordar mejores medios para pagar las deudas que actualmente tenga, alivianando un poco la carga que pueda tener en esos momentos, buscando asegurar que los acreedores reciban lo debido.

Los requisitos para poder optar a esta medida están en el art. 260 LRL y son, básicamente, que el deudor tenga 2 o más deudas vencidas por más de 90 días, cuyo monto total no sea inferior a 80 UF (a abril de 2015, cercano a $ 2.000.000) y no esté sometida a algún procedimiento ejecutivo (embargo) o ya se haya demandado de liquidación forzosa.

El procedimiento se inicia por demanda de la persona ante la Superintendencia de Reorganización y Emprendimiento, pudiendo iniciarse por vía presencial en sus reparticiones o mediante una solicitud electrónica por la página web (art. 261). Esta Independencia 85 oficina 705 – Linares Teléfono: 073-2629212 / E-mail: agyasociados.linares@gmail.com

solicitud debe mencionar las deudas que tenga la persona con los documentos que las consignen (boletas, facturas, etc.), los bienes e ingresos que tenga el deudor (tb. con documentos que lo respalden), y una declaración jurada en la que se diga que no tiene procedimientos de embargo o liquidación en su contra y que no es empresario.

La Superintendencia, si acepta la solicitud (art. 262: puede denegarla fundadamente o pedir rectificación de los antecedentes), debe informar del inicio del procedimiento, las deudas que tenga el deudor y quienes son los acreedores de ellas, llamar a los acreedores a una junta de renegociación y publicar de lo obrado en el Boletín Concursal (art. 263). El principal efecto de este llamado es que no puede iniciarse ningún procedimiento ejecutivo o de liquidación contra el deudor por el tiempo que durare el proceso, además de que se suspende el plazo para poder cobrar las deudas (prescripción extintiva) y no se pueden cobrar intereses moratorios por lo adeudado (art. 264). La persona, no obstante, no puede celebrar actos y contratos sobre sus bienes afectos a un posible embargo o liquidación, y otras personas pueden objetar a los acreedores.

Habrá una Audiencia de Determinación del Pasivo (art. 265) que debe llamarse en el plazo entre 15 a 30 días desde la aceptación de solicitud, a la cual deben asistir los acreedores y el deudor, que será presidida por el Superintendente o un funcionario en su nombre. Éste deberá actuar como mediador o facilitador para que se llegue a acuerdo en cuanto a la solución del problema del deudor. Se debe llegar a un acuerdo sobre el pasivo o deuda del deudor, para lo cual la superintendencia debe proporcionar una propuesta que debe ser aprobada por la mayoría de los acreedores reconocidos, exceptuados aquellos que tengan algún grado de relación con el deudor (parentesco, laboral, etc.). Si no hay acuerdo, se debe llamar a una Audiencia de Ejecución.

Si hay acuerdo sobre el pasivo, se llamará a una Audiencia de Renegociación (art. 266), en la que se puede acordar, con el voto de la persona deudora y dos o más acreedores que representen al menos el 50% del pasivo (exceptuados los relacionados con el deudor). El acreedor que apruebe el acuerdo o no asista, no puede objetar lo obrado en audiencia. En cambio, si vota en contra, podrá perseguirlo particularmente sin someterse a los términos del acuerdo. Esto vale aún si la deuda está garantizada con prenda o hipoteca, salvo que ésta recaiga sobre bienes de terceros. Si se llega a acuerdo, se debe celebrar un Acta que firmarán el deudor, los acreedores y el superintendente o funcionario, acta que será publicada en el Boletín Concursal a más tardar al 2º día.

Si no hay acuerdo sobre el pasivo, se llamará a una Audiencia de Ejecución (art. 267) en la que la Superintendencia debe proponer a los presentes una propuesta de realización o remate de los bienes del deudor que debe ser aprobada por la mayoría de los acreedores presentes. Si en este caso no se llega a acuerdo, pasarán los antecedentes al juez civil del domicilio del deudor para que se inicie sin más el juicio de liquidación de que hablaremos abajo.

En todos estos casos, los acuerdos pueden ser impugnados en un plazo de 10 días ante el juez civil por error en cuanto a la calidad de los acreedores, el monto de las deudas, el quórum de aprobación o la existencia de fraude o colusión. Esto se tramita como juicio Independencia 85 oficina 705 – Linares Teléfono: 073-2629212 / E-mail: agyasociados.linares@gmail.com

sumario, y si se acogiere el reclamo, por este solo hecho se dará inicio a la liquidación del deudor, sin que proceda recurso alguno en contra de la decisión. b. Liquidación La salida más drástica contemplada en la LRL, cuando no existe acuerdo en cuanto a la renegociación o ya exista una persecución al deudor o simplemente el deudor no tenga cómo negociar. En este caso, hay dos procedimientos, uno voluntario y otro forzado.

Este procedimiento no tiene un monto mínimo de deuda ni una duración mínima de la misma para su inicio, a diferencia del de renegociación.

En ambos casos, se debe tramitar al juez civil del domicilio del deudor, y la demanda de liquidación debe contener la mención de los bienes del deudor, si existen o no juicios pendientes contra el deudor, y las deudas que éste tenga y sus acreedores, todo ello con los documentos que lo respalden (art. 273). Además, en el caso de la liquidación forzosa, el que la pide debe presentar un vale vista o boleta de bancaria por un valor de 200 UF y la mención de un liquidador propuesto (art. 283). En el caso de la liquidación voluntaria, el deudor debe solicitar la nominación de un liquidador una vez presentada la demanda (art. 37).

Ahora bien, el trámite varía entre una y otra forma: 1) En cuanto a la liquidación voluntaria, el juez, si admite a tramitación la demanda, debe dictar resolución ordenando, entre otras cosas, que se entregue al liquidador la correspondencia del deudor, acumular los otros juicios civiles que tuviera el deudor, advertir al público de no pagar al deudor y, por último, llamar a los acreedores a que concurran al tribunal a probar su calidad con los documentos respectivos (art. 274 y 129). Habrá Juntas de Acreedores, debiéndose en la primera de ellas ratificarse al liquidador y sus honorarios, hacerse por éste una relación de las deudas y gastos y una propuesta de remate, e incluso decidir no hacer más juntas (art. 278).

La realización del pasivo, o sea el pago de deudas, se hará mediante remate por martillero, salvo que se trate de instrumentos bursátiles que se venderán en la bolsa de comercio (art. 204 y 279). Las condiciones del remate deben acordarse por la Junta de Acreedores a propuesta del liquidador y serán publicadas en el Boletín Concursal hasta 5 días antes de la fecha del remate. En caso de remate de bienes raíces, se exigirá a los postores o compradores una garantía equivalente a un 10% de valor mínimo de venta del bien. Si no hay postores el día del remate, se llamará a un nuevo remate a celebrarse hasta 20 días después, con un mínimo del 50% del valor de la 1ª vez, y si no hay de nuevo postores se llamará a un tercer remate en igual plazo, esta vez sin mínimo de precio.

Son aplicables, en todo lo que no se oponga a lo específico del tít. 2º del Cap. V, las normas sobre liquidación de empresas, esto básicamente implica la inhabilidad del deudor de disponer de sus bienes, la posibilidad de oposición de un tercero a que un acreedor cobre lo que le deben, la suspensión de poder perseguir individualmente al Independencia 85 oficina 705 – Linares Teléfono: 073-2629212 / E-mail: agyasociados.linares@gmail.com

deudor, y la posibilidad de medidas conservativas sobre los bienes del deudor o hacer inventario de ellos.

Un detalle es que no puede embargarse la remuneración del deudor hasta tres meses después de la declratoria de liquidación del deudor (art. 276).

2) En el caso de la liquidación forzosa, se debe citar a una audiencia al deudor en el plazo máximo de 5 días para que en ella pueda, o pagar la deuda (o consignar fondos para su pago), o allanarse a la liquidación, u oponerse a ella (art. 284). Si el deudor no asiste, o asistiendo no paga o no se opone, el juez declarará iniciada la liquidación forzosa del deudor.

El art. 285 señala que en estos casos son aplicables en forma supletoria los procedimientos de la liquidación voluntaria, que se han visto anteriormente, en especial lo señalado a propósito del remate de los bienes del deudor. Es decir, es aplicable el tema de Juntas de Acreedores, las inhabilidades del deudor, la posibilidad de un acuerdo en cuanto al pago de las deudas y/o el remate de bienes del acreedor, etc.

III.

Críticas y Recomendaciones

Como hemos visto, si bien la LRL buscaba que las personas deudoras tuvieran un sistema más ágil para la solución de sus problemas, en algunos aspectos todavía mantiene elementos del antiguo régimen de quiebras, por lo que no es incorrecto decir que esta nueva ley ha establecido una verdadera “quiebra de la persona”, sólo que con mayor consideración a la autonomía del deudor para poder decidir Una primera observación es el hecho de que la renegociación exige un tiempo mínimo desde que la deuda se hace exigible (90 días, igual 3 meses) y un monto mínimo (80 UF), lo cual a nuestro juicio crea un incentivo bastante perverso a elegir la salida más gravosa, la liquidación. A nuestro parecer, el legislador debió haber hecho las cosas al revés. En todo caso, estas cortapisas tienen su fundamento en la necesidad de que no se sobresature el sistema tanto administrativo como judicial con tanta petición de renegociación o liquidación.

Por otra parte, el hecho de que deba recurrirse a instancias administrativas (renegociación) o judiciales (liquidación) encarece el proceso sobre todo para quienes quieran solucionar sus temas de deuda ya que, aparte de la misma, deben sumar los gastos que implica un abogado, más el posible liquidador o veedor, lo cual dificulta enormemente seguir el procedimiento.

Entonces, si una persona tiene deudas, debe esperar a que pasen los 90 días desde que se venció el plazo para pagarlas, y si no suman más de 2 millones de pesos, lo mejor sería esperar a que ninguna de las empresas quiera . Sólo después de que se alcance la cifra mágica, recién ahí solicitar a la Superintendencia que se designe veedor y se haga la propuesta de renegociación en la audiencia respectiva. El tema es también prever cómo pagarle al veedor, lo cual debe ser acordado por las partes sentadas a negociar o, en todo caso, ser considerado como parte de la misma renegociación.

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La liquidación, por el contrario, debe ser decidida con mucha cautela, entendiendo que afecta todo el patrimonio del deudor, salvo algunos bienes que la ley protege, por lo que sólo puede usarse en caso de que sea imposible para el deudor negociar con sus acreedores. Hay que dejarla como última alternativa, siempre viendo si es posible negociar algo antes.

IV.

Bibliografía

Ley 20.720, de 9 de enero de 2014, “Sustituye el régimen concursal vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo”. Ley Chile, Biblioteca del Congreso Nacional: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1058072

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