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¿ES LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA QUIEN DA EL SIGNIFICADO “NATURAL Y OBVIO” DE LAS PALABRAS? Sergio Arenas Benavides* Resumen: Siendo la interpretación de la ley un modo de facilitar la eficacia del derecho al permitir que pueda ser entendido y así aplicado en la vida diaria, el lenguaje a utilizar para esta labor debe ser el más cercano al ciudadano promedio. Eso fue lo que pensó el legislador cuando estableció las reglas de interpretación del Código Civil, especialmente el artículo 20, que manda usar las palabras “en su sentido natural y obvio”. No obstante, este disposición parece no cumplirse por la doctrina y jurisprudencia chilenas cuando, con frecuencia, recurren al Diccionario de la Real Academia Española como fuente de definiciones, lo que es más acorde a un significado “normativo” de los vocablos, dado el carácter de institución pública que tiene el órgano lingüístico.

Introducción Uno de los elementos necesarios para el entendimiento entre las personas es la comunicación a través de sus variadas formas, una de las cuales es la palabra oral o escrita. Es mediante este último recurso en que el Derecho se da a conocer y permite su eficacia1. Así, para que las leyes puedan ser cumplidas tienen que ser dadas a conocer por la vía de las palabras. Y eso requiere que esas palabras sean conocidas y entendidas por los sujetos llamados a cumplir la normativa. He ahí la función de la interpretación de la ley: buscar aquel sentido de los términos usados por los preceptos legales que permita su aplicación en la forma que la voluntad del soberano espera, permitiendo su aplicación en casos cotidianos2. No es casualidad, entonces, que nuestro Código Civil haya establecido en sus artículos 19 a 24 una serie de reglas para que la ley tenga un sentido y significado comprensible. A estas reglas se les ha dado diferentes nombres en la doctrina: elemento “histórico”, elemento “sistemático”, elemento “lógico”, entre otros. Del elemento que nos vamos a ocupar es el llamado “gramatical”, que se expresa en los arts. 20 y 21 del Código de Bello. El elemento gramatical se refiere principalmente al uso de las palabras en la ley. En especial, nos detendremos en el primero de estos artículos, el cual señala: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.” Esta norma lo que ordena al intérprete es considerar el uso corriente que cada palabra tiene en nuestra sociedad y usarlo para así entender qué se quiso ordenar en la ley. Esta regla tiene dos *

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile (2012). SQUELLA, Agustín. Introducción al Derecho. Ed. Jurídica de Chile (2000), p. 43-46. Sobre la eficacia del derecho y su relación con la validez, véase KELSEN, Hans. Teoría general del derecho y del Estado. UNAM (ed. 1995), p. 46-47. 2 DUCCI, Carlos. Derecho Civil parte general. Ed. Jurídica de Chile (edición 2005), p. 82-83. 1


excepciones importantes: la primera se halla en el propio art. 20, que establece que cuando la ley otorga un significado especial, se debe preferir éste; y la segunda en el art. 21 inciso primero, al ordenar que cuando la ley se enmarque en el contexto de una determinada disciplina científica o artística el significado de las palabras propias de ella será el que se les dé en tal área, salvo que exista definición legal del respectivo vocablo. Ahora bien, no es claro en el mismo texto del art. 20 qué se pretende al usar la expresión “sentido natural y obvio”, ya que aparte de otras reglas, como la preferencia por el significado que la ley da, o las del 21 del mismo código (uso de palabras relativas a una disciplina). Y para ello ha existido una tendencia histórica, tanto en la doctrina como la jurisprudencia, a considerar que la “naturalidad” y “obviedad” del significado de una palabra se halla en el Diccionario de la Real Academia Española3. El motivo para recurrir al lexicón oficial de la lengua castellana es evitar los riesgos que trae el uso de localismos o arcaísmos, y así establecer una regla objetiva de naturalidad y obviedad en las definiciones4. Sin embargo, se critica que una labor como lo es la hermenéutica legal sea entregada, al menos parcialmente, a un elemento que no es estrictamente jurídico, como es un vocabulario de palabras. En este trabajo pretendemos discutir acerca de si necesariamente un diccionario con estatus de “oficial” y con vocación claramente normativa es una fuente de significados accesibles a la inteligencia media humana. Mi metodología, aunque contradictoria en cierta parte con el objeto de este trabajo, partirá usando los propios significados que el Diccionario de la Lengua da para las expresiones “natural” y “obvio”, para contrastarlos luego con la misma historia de la Real Academia Española, y así concluir si lo que tenemos es un elemento semántico “común” o uno más bien “normativo”.

I. Qué es lo “natural” y lo “obvio” Como decía, recurriremos al Diccionario de la Lengua Española5 para saber el significado de la expresión “natural y obvio” del art. 20 de nuestro Código Civil. La primera palabra a definir es “natural”. Y, según el mismo lexicón oficial, de entre varios significados elegiremos los que interesan al objeto de este trabajo. Así, un primer significado es el de “perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas”. Relacionado con el anterior, se agrega que natural es “dicho de una cosa: Que imita a la naturaleza

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ALESSANDRI, Arturo et al. Tratado de Derecho Civil partes preliminar y general. Ed. Jurídica de Chile (edición 1998), p. 186; LARRAÍN, Hernán. Lecciones de Derecho Civil. Ed. Jurídica de Chile (1994), p. 61; Para lo resuelto por la jurisprudencia, véase Repertorio de Legislación y Jurisprudencia – Código Civil y leyes complementarias (tomo I). Ed. Jurídica de Chile (1998), p. 131. 4 ZAPATA, Patricio. La interpretación de la Constitución. Revista Chilena de Derecho vol. 17 (1990), p. 162. 5 Usamos las definiciones aparecidas en la versión electrónica de la 22ª Edición del Diccionario de la Lengua Española, alojado en el sitio de la Real Academia Española: www.rae.es.


con propiedad”. Y, como corolario a estos dos, se puede agregar el siguiente: “regular y que comúnmente sucede”. De estos tres sentidos podemos extraer una idea común, y es la idea de “naturalidad” como aquella característica que está incorporada al ser de una cosa. En el caso de las palabras, un significado natural sería aquel que deriva del significado propio de ella acorde al sistema de lenguaje y comunicación de las personas. Es decir, aquel que no está creado artificialmente o no se reduce a un contexto especial, sino al contexto general del lenguaje6. La palabra o “significante”, en este caso, no puede ser separada del significado, el cual es inmanente a su naturaleza. El segundo de los términos a utilizar es “obvio”. Y el Diccionario establece como primera definición para esta palabra “que se encuentra o pone delante de los ojos”. Y tiene un segundo concepto, cual es “muy claro o que no tiene dificultad”. Ambas definiciones refieren a que una cosa es “obvia” cuando es perceptible de forma más o menos inmediata por los sentidos. Y en el caso de las palabras, esto ocurre cuando el significado de la palabra evidente a la inteligencia del hombre promedio, es decir, cuando una persona de bagaje cultural regular conoce la palabra y sabe lo que significa sin tener que dudar de su definición. Sumando, un “sentido natural y obvio” implica, por tanto, un significado de las palabras derivado del uso corriente de ellas por el ciudadano promedio y de un acuerdo general en la sociedad acerca de qué significan esas mismas palabras7. El consenso en cuanto a los elementos semánticos es lo que define qué se quiere decir y qué se entiende. Por tanto, la expresión del artículo 20 del Código Civil apela a la existencia de un sistema comunicativo que sirve como canal para que la ley sea entendida por el sujeto y así éste la pueda cumplir8. Ahora bien, el idioma castellano (también llamado español, sin agraviar a los nacionalismos “periféricos” de este país) es una lengua que tiene un ente normativo con poder legal en un país y un ascendente en los otros países que hablan el mismo idioma. Nos referimos, en efecto, a la Real Academia Española. Y el uso de su obra léxico-normativa viene a poner en entredicho la idea de naturalidad y obviedad.

II. La Real Academia Española Según lo expresa el sitio web de la institución, la Real Academia española fue creada en 1713, por Juan Manuel Fernández, marqués de Villena, siendo aprobada y colocada bajo protección real en

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RIBEIRO, Gerardo. Teoría de la Argumentación Jurídica. Plaza y Valdés (2003), p. 56-57. Véase VICUÑA, Carlos. La lengua del Código Civil. Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. de Chile, vol 2 N° 4 (1955), p. 50. 8 Véase SORIA, Víctor. Relaciones humanas. Limusa (2004), p. 206-208. 7


1714, durante el reinado de Felipe V. Su misión primordial, según la ley fundante, era “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza”9. Actualmente, la Real Academia se rige por los estatutos fijados en el Real Decreto 1774/1977. En su artículo 1° inciso 1° se lee que la institución es una persona jurídica que tiene por misión “velar por que los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”, agregando que debe vigilar que la evolución del idioma sea acorde al “genio propio de la lengua”. Finalmente, se entrega a la Real Academia “establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor”, lo que a todas luces implica una función esencialmente normativa respecto del uso de la lengua castellana. La Real Academia Española, como el resto de las reales academias de este país (las hay de Bellas Artes, Historia, Ciencias Sociales, Naturales, entre otras, agrupadas en el Instituto de España), son instituciones de carácter público en España, toda vez que se hallan bajo el patronazgo del Rey de España según ordena el artículo 62 letra j) de la Constitución de 1978. Por lo tanto, son organismos públicos, de la Administración Española, por lo que se someten a las disposiciones constitucionales y legales pertinentes a estas instituciones. Así, el Instituto de España se relaciona con el Gobierno por medio del Ministerio de Educación, en específico la Secretaría de Estado para las Universidades e Investigación10, mientras que en el Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del ejecutivo español (art. 107 de la Constitución Española), son “miembros natos” los directores de la Real Academia Española, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (art. 8.2 Ley Orgánica 3/1980). De este modo, sólo queda comprobar que la Real Academia Española es, a lo menos dentro de este país, un órgano público, sometido a la institucionalidad vigente en ese estado, con poderes y funciones propios de una institución administrativa pública. Y, como vimos, tiene potestades normativas acerca del uso correcto de la lengua castellana. Por tanto, en el derecho español, el idioma español o castellano es un objeto jurídico, máxime cuando la misma constitución de ese país lo declara como lengua oficial del Estado (art. 3.1). Así, se concluye que los significados que se obtienen en el Diccionario de la Lengua Española se alejan del concepto de “natural y obvio” al que alude el art. 20 de nuestro estatuto civil, y se encaminan a ser más un concepto “normativo” de los términos.

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MARTÍNEZ, Marcelo. Diccionario de la administración española, peninsular y ultramarina, Volumen 1 (2a edición, 1868), pp. 77-80. 10 Véase El sistema educativo español: 1991. CIDE- Ministerio de Educación (1992), p. 38.


III. Discusión Después de analizar tanto el trasfondo del art. 20 del código y la naturaleza de la Real Academia Española, cabe entonces discutir si en realidad la práctica doctrinal y judicial realmente está cumpliendo lo que el legislador ha pensado cuando dictó este precepto. Cierto es que el lenguaje jurídico tiene elementos que son propios a él y que no necesariamente se comparten con el lenguaje común. Sin embargo, la labor interpretativa debe llevar, justamente, a que el mensaje de la ley supere el ámbito meramente forense y se exprese en un discurso que sea comprendido por el ciudadano a quien va dirigida esa norma, a fin de que éste la comprenda y –lo más importante- que la haga cumplir11. Entonces, es contradictorio pensar que una entidad de carácter público como lo es la Real Academia Española, que elabora materiales que tienen una vocación normativa en el plano lingüístico, pueda satisfacer la exigencia del artículo 20 de nuestro código en cuanto otorgar a las palabras un significado de naturalidad y obviedad. Primero, se contradice con la idea de “naturalidad” del significado desde que establece una ortografía para las palabras, es decir, una forma canónica de cómo debe escribirse el vocablo y las letras a usar. También es contradictorio el hecho de otorgar un significado a la palabra, que aunque pudiera ser obtenido a partir del consenso de varias personas y apelando a todas las variantes locales y/o de épocas, no es una definición que autónomamente se dé una comunidad, sino que es heterónomamente impuesto. En segundo lugar, provoca conflicto con el concepto de “obviedad” desde el mismo hecho que se recurre a esta fuente para definir una palabra, en vez de dar un significado que salga de la propia experiencia y conocimientos de los propios juzgadores. Si el concepto de “obvio” es el que da el mismo diccionario, entonces no sería necesario recurrir al lexicón oficial salvo si hay discrepancia en cuanto al sentido de la palabra para el caso concreto a que se aboca el órgano jurisdiccional. Así, podemos concluir que el recurso de consultar un texto elaborado para aclarar definiciones no concuerda con lo expresado por el legislador civil, y se acerca más bien a una acción de orden “normativo”. Podríamos decir, entonces, que el Diccionario de la Lengua Española es una fuente normativa de vocabularios, una “norma anexa” que regula la interpretación de la ley en forma subsidiaria y, valga la redundancia, anexa al Derecho positivo usado por el juez. ¿Por qué, entonces, esta tendencia en la doctrina y jurisprudencia? Habría que buscar la respuesta en la historia de la doctrina civil. En especial, en la obra de los primeros comentadores del Código Civil, quienes adscribieron a la llamada “Escuela de la Exégesis”, que tenía una vocación marcadamente subjetivista en la hermenéutica legal, estableciendo que el legislador tiene conocimiento pleno de lo que ordena12. Destaca en esta área el texto del profesor Paulino Alfonso 11

RODRÍGUEZ, Sonia. La justificación de las decisiones judiciales: el artículo 102.3 de la Constitución Española. U. de Santiago de Compostela (2003), p. 427. 12 ALESSANDRI, op.cit., p. 176-177; DUCCI, op.cit., p. 83 y 89.


“De la Interpretación de la Ley”, en que estudia el párrafo cuarto del Título Preliminar del Código de Bello. Cuando habla del artículo 20, señala que “por uso general de las palabras no ha de entenderse aquí el uso vicioso, aunque muy generalizado, ya que ha de discurrirse sobre la base que el legislador conoce el lenguaje de que se sirve y lo emplea correctamente”, para luego recomendar expresamente el uso del Diccionario de la Real Academia, reconociendo en él un poder normativo sobre la lengua basado en el prestigio y ascendente que tiene13. Así, se parte de una desconfianza hacia la cultura general del pueblo para justificar la opción normativista de definición de las palabras, contrariando la letra y el espíritu del legislador civil. Se suma a esto el hecho de que Alfonso, al disertar sobre el artículo 19, concluya que la expresión “sentido de la ley” es sinónima de “literalidad”14, lo que profundiza la idea exegética de interpretación.

IV. Críticas al uso del Diccionario de la Real Academia Si bien la mayoría de la doctrina y la generalidad de la jurisprudencia nacional se inclinan por el sistema interpretativo basado en el Diccionario de la Lengua Española, han existido quienes critican esta práctica. Carlos Vicuña, al hablar sobre el uso de la lengua en las leyes civiles, consideraba que Andrés Bello, siendo éste un gran conocedor del idioma castellano, siempre prefirió un uso en la ley del vocabulario que más acorde era con la realidad social, antes que recurrir a un glosario de significados predeterminados que podían no ser congruentes con el uso en la cotidianeidad15. Otro crítico era el connotado civilista Carlos Ducci, quien sostenía que, debido a que el significado de las palabras no era constante ni en el tiempo ni en el espacio, la opción de usar el Diccionario Oficial no era conveniente para una buena aplicación de la ley, por lo que era mejor usar las palabras en el sentido que el medio le atribuye16. Las críticas no se han limitado al Derecho Civil, sino que también se han realizado por expertos de otras ramas jurídicas. Así, para constitucionalistas como Zapata la regla de interpretación del art. 20 no es aplicable para entender la Constitución, habida cuenta de las diferencias de criterio entre lo definido por la Real Academia y lo que se entiende en la ciencia jurídica y en especial por los constituyentes, además de llamar a considerar el contexto sociojurídico reinante17. En materia penal, en tanto, se ha criticado el uso del lexicón como instancia definitoria por su poca fidelidad al espíritu del Derecho Penal, proponiéndose un lenguaje claro y comprensible para el hombre

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ALFONSO, Paulino. De la Interpretación de la Ley. Imprenta Cervantes (1892), p. 11-12. Ibíd., p. 4-5. 15 VICUÑA, op.cit. 16 DUCCI, op.cit., p. 89 y 91. 17 ZAPATA, op.cit. p. 162-163. 14


común obliga a un vocabulario sencillo y de significados no rebuscados 18. Por cierto, debe recordarse que la interpretación penal es más estricta en esta materia, por el principio de legalidad y de in dubio pro reo. Incluso, se llega a discutir la posible inconstitucionalidad de la práctica, toda vez que atendido a la definición de “ley” del artículo 1 del Código Civil como “expresión de la voluntad soberana” (subrayado nuestro), y recordando que el artículo 5 inciso 1° de la Carta Fundamental prescribe que la soberanía reside esencialmente en la Nación, entendida acá como el grupo humano que reside en el territorio del Estado19, se colige que recurrir a una fuente de origen extranjero, que tiene incluso rango de institución pública de otro estado, violenta el mandato del constituyente en este sentido20. Sea como fuere, existe una corriente en nuestro derecho que aboga por terminar con esta práctica que rigidiza la hermenéutica jurídica nacional y en definitiva desnaturaliza el derecho chileno, alejándolo de una identificación con la sociedad en que se aplica. Por último, es de justicia señalar que la práctica judicial no siempre se apegó al dogma del Diccionario Oficial. A este efecto, la Corte Suprema en sentencia del 9 de abril de 1969, conociendo de una casación en el fondo en un juicio que enfrentaba a la Compañía de Acero del Pacífico con el Servicio de Impuestos Internos, declaró que para buscar el sentido natural y obvio de una palabra “no es obligatorio someterse exclusivamente al registro de voces que es el diccionario, sino que está permitido, no sólo por tratarse de un asunto técnico-jurídico, sino aun en lo puramente lingüístico, recurrir al significado que en las circunstancias sociales en que se dictó la ley (…) porque el sentido natural de una palabra o frase es el que se le atribuye en el medio que la emplea y que conoce la nombrada con ella”21 (considerando octavo, subrayado nuestro).

V. Derecho comparado Pero antes de llegar a una conclusión final, analizaremos brevemente las legislaciones de otros países para entender el contexto de esta disposición. 1. Luisiana (EE.UU.): según nos cuenta la historia del Código Civil, las normas de interpretación fueron establecidas a partir de artículos similares del “Digesto de Normas Civiles de Luisiana”, o Código Civil de Luisiana. Así, el art. 20 del código chileno tiene su equivalente en el artículo 14 de 18

POLITOFF, Sergio et al. Lecciones de Derecho Penal chileno Parte General. Ed. Jurídica de Chile (2ª ed. 2004), p. 110-111. Véase también VIDAURRI, Manuel. La interpretación de la ley penal. En: Liber Ad Honorem: Sergio García (tomo I). Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM (1998), p. 736-737 19 En el sentido meramente jurídico. Véase URZÚA, Germán. Manual de Derecho Constitucional. Ed. Jurídica de Chile (1991), p. 95 y 112. 20 MUÑOZ, Fernando. Legislación y lenguaje. Columna en sitio web de la Facultad de Derecho de la U. Austral (2011): http://www.derecho.uach.cl/columna.php?pag=57&id=44 21 Publicado en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVI N° 2 (1969), p. 29-32.


su similar del estado norteamericano, que reza: “Las palabras de la ley generalmente deben ser entendidas en su más conocida y usual significación, sin atender tanto a los refinamientos de las reglas de la gramática como al uso general y popular de las palabras” (subrayado nuestro). Como se puede extraer natural y obviamente de lo transcrito que, para entender el significado de una palabra, más que recurrir a la fuente gramatical, debe atenderse al uso que ordinariamente dan a ella la costumbre de la población. El precepto reseñado tiene por antecedentes lo declarado por Pufendorf y Grocio, quienes claramente preferían el uso popular por sobre la regla gramatical22. 2. España: el artículo 3.1 del Código Civil de este país señala: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. La doctrina civil de este país ha concluido que la expresión “sentido de las palabras” quiere decir que el significado de un vocablo en una ley se relaciona necesariamente con el contexto de la norma y debe proyectarse en la realidad social, con el objeto de que su enunciado preceptivo logre caracteres de validez y eficacia entre los llamados a cumplirla23. Por otro lado, se reconoce que el uso de los diccionarios presenta el problema de que no considera los casos “de penumbra”, en que las características de una cosa u hecho no caben totalmente en la definición dada por el vocabulario, amén de rigidizar la interpretación ante los contextos de aplicación24. La jurisprudencia de este país ha seguido en general esta tendencia, declarando, por ejemplo que "el sentido propio de las palabras es el primer criterio interpretativo a tener en cuenta para determinar el significado propio de la norma, pero también el contexto normativo" (Sentencia 489-2012 del Tribunal Supremo de Aragón, Sala de lo Social, 19 de Septiembre de 2012), señalando también que “se haría un prejuicio si se hace una interpretación de un texto que por su claridad o univocidad y sencillez no plantea discordancia entre las palabras y su significado final puesto que, si el texto resulta claro, el intérprete o juez debe abstenerse de más indagaciones" (Sentencia nº 487-2008 de la Audiencia Provincial de Sevilla, 22 de Octubre de 2008). Si bien algunos fallos recurren al Diccionario de la Lengua Española para aclarar algunos conceptos25, es reconocido que esto no significa que éste posea per se el significado común de las palabras sin entender que están en un contexto social y legal claros. 3. Argentina: el Código de Vélez Sarsfield no incluye en sus artículos disposiciones específicas en cuanto al significado de las palabras usadas. Una revisión somera de la jurisprudencia argentina 22

GUZMÁN, Alejandro. Las fuentes de las normas sobre interpretación de las leyes del “Digeste des Lois Civiles” (“Code Civil”) de la Luisiana (1808/1825). Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [Sección Historia de los Dogmas Jurídicos] XXXI, U. Católica de Valparaíso (2009), pp. 178 - 181. 23 Véase LACRUZ, José Luis. Nociones de Derecho Civil Patrimonial e introducción al Derecho. Dykinson (2004), p. 44-45. 24 RODRÍGUEZ, op.cit., p. 426-427. 25 A modo meramente ejemplar, cítense las sentencias del Tribunal Supremo: 103-2005 (sala segunda de lo penal), de 3 de Febrero de 2005; 22.934-92 (sala segunda de lo penal), de 25 de enero de 1992; y 5.162-89 (sala primera de lo civil), de 28 de noviembre de 1989. Y sentencias del Tribunal Constitucional: 8-2013, de 17 de enero de 2013; 231-2012, de 10 de diciembre de 2012; y 64-2002, de 11 de marzo de 2002.


nos muestra la inclinación de los tribunales de este país a una concepción cercana al conocimiento de la gente, declarando, entre otras cosas, que “es adecuado, en principio, dar a las palabras de la ley el significado que tienen en el lenguaje común, o bien el sentido más obvio al entendimiento común” (Corte Suprema Argentina, 20 de mayo de 2003, T. 326, P. 1609; el subrayado es nuestro). Especialmente señero es un fallo de 1945 de la Corte Suprema de este país al señalar que si una ley obliga al uso del idioma oficial “no ha vedado el de todas las que no se encuentran incluidas en el diccionario de la Academia Española, ni autoriza a rechazar las usadas frecuentemente por los buenos escritores o por la prensa culta por la única razón de que no figuren en aquel diccionario, siempre que de la prueba resulte que la palabra ha adquirido carta de naturaleza en nuestro idioma a consecuencia de su largo uso que, desde luego, no se refiere al de los barbarismos, vulgarismos y otras expresiones innobles de la jerga del suburbio”. A nivel provincial se ha seguido un criterio similar, apelando más a un criterio objetivo que a uno subjetivo26. 4. Brasil: La Ley de Introducción al Código Civil, en su artículo 5, establece: “En la aplicación de la ley, el juez atenderá a los fines sociales a que ella se dirige y a las exigencias del bien común”. La doctrina ha establecido que debe primar una “interpretación sociológica”, y en el caso del conocimiento del idioma, debe atenderse a la realidad de las personas y grupos a las que va dirigida la ley27. La interpretación gramatical, por tanto, debe ser de preferencia el uso popular, toda vez que cada colectividad posee determinados usos lingüísticos que el legislador consideró al momento de dictar la ley, pero admite los significados más “técnicos” cuando exista duda en la comunidad28. 5. Colombia: El art. 58 del Código Civil de este país repite exactamente lo señalado en el artículo 20 del nuestro. Y al igual que en Chile, la jurisprudencia de este país ha tenido una inclinación a usar el Diccionario de la Real Academia Española, siendo criticado este uso por la doctrina local, aparte de las razones que aquí hemos dado, por una inclinación conservadora y aristocratizante de la aplicación del derecho29.

VI. Conclusiones Debemos señalar que la interpretación de la ley no es una muestra de erudición legal, sino un modo de que se satisfaga la pretensión normativa de validez y eficacia. Por eso la interpretación gramatical es importante, ya que el resto de formas (lógica, sistemática, histórica, etc.) dependen en buena manera de que los términos utilizados puedan ser comprendidos por sí mismos. Como 26

A modo meramente ejemplar, véase: Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 12 de abril de 1994, fallo C-49.172; Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro, 16 de septiembre de 2005, sumario Z-8.748; Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, 4 de julio de 2001 sumario J-27.588; Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, 16 de abril de 1990, expdiente 47.431. 27 FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. Del Rey (2008), p. 91. 28 MORAES, Alessandra. Hermenêutica Juridica. Apuntes de clases de Introdución al Estudio del Derecho II Universidad Paulista (2012) p. 11. 29 Véase MANTILLA, Sebastián. La primacía de la interpretación gramatical del derecho colombiano: un proyecto letrado. Revista Universitas Estudiantes, N° 6 (2009), p. 203-225.


diría Carlos Nino, el sentido de las oraciones está determinado por el sentido de las palabras en sí y por su ordenamiento sintáctico30. De esta manera, debemos concluir que el Derecho, expresado como enunciado, es sinónimo de “palabras que norman”, es decir, de una expresión de una intención preceptiva que debe tener su efecto en el actuar de los ciudadanos31. De este modo, la interpretación gramatical debe poner su foco en las personas que deben acatar y ejecutar la norma. Eso es el fin de lo que se expresó en el precepto estudiado como “sentido natural y obvio de las palabras”. Naturalidad, que significa dejar atrás las amarras de lo artificial, y definir cada cosa como lo que es, y obviedad, que significa acatar el consenso lingüístico de la sociedad expresada en el conocimiento medio de la población. Sentido natural y obvio, entonces, el que fluye de la palabra misma atendido el consenso general32. Por lo tanto, usar el Diccionario de la Lengua Española como fuente de significados no responde al espíritu de esa norma. Una obra que proviene de un ente con potestades públicas en un estado extranjero, con pretensiones normativas en el uso del lenguaje, deriva en una solución artificial y resta autonomía a la actuación de los órganos jurisdiccionales. Implica volver a un sistema exegético de apreciación de la ley que ha sido declarado obsoleto y poco práctico. En suma, es dar la espalda al mismo texto del art. 20 y usar un criterio “normativo” para las definiciones. Soluciones al problema pueden haber varias. Algo práctico sería modificar el artículo 20 y reconocer la autoridad del Diccionario de la Lengua Española a la hora de entender las palabras, pero ello sería consagrar la rigidez. De un tono parecido podría ser la elaboración de un “Diccionario Oficial” en que se recojan definiciones más acordes a la realidad nacional, pero adolecería de los mismos defectos que la otra solución. La verdad, es que lo mejor es releer el artículo mencionado y comprender que el sentido que se da ahí debe ser con el fin de que el Derecho pueda ser entendido por el ciudadano común, que a fin de cuentas es quien debe hacer realidad lo dispuesto por la norma.

BIBLIOGRAFÍA 1. ALESSANDRI, Arturo et al. Tratado de Derecho Civil partes preliminar y general. Ed. Jurídica de Chile (edición 1998) 2. ALFONSO, Paulino. De la Interpretación de la Ley. Imprenta Cervantes (1892) 3. ANDREUCCI, Rodrigo. Los conceptos de la Corte Suprema sobre interpretación de la ley a través de sus sentencias. Revista Nomos – U. de Viña del Mar N° 1 (2008), pp. 11-39 4. DUCCI, Carlos. Derecho Civil parte general. Ed. Jurídica de Chile (edición 2005) 5. El sistema educativo español: 1991. CIDE- Ministerio de Educación (1992) 6. FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. Del Rey (2008)

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Nino, citado en SUÁREZ, Eloy. Introducción al Derecho. Universidad Nacional del Litoral (2004), p. 183. SQUELLA, op.cit. También, HERNANDO, Luis. El Lenguaje Jurídico. Verbum (2003), p. 10-11. 32 ANDREUCCI, Rodrigo. Los conceptos de la Corte Suprema sobre interpretación de la ley a través de sus sentencias. Revista Nomos – U. de Viña del Mar N° 1 (2008), p. 28. 31


7. GUZMÁN, Alejandro. Las fuentes de las normas sobre interpretación de las leyes del “Digeste des Lois Civiles” (“Code Civil”) de la Luisiana (1808/1825). Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [Sección Historia de los Dogmas Jurídicos] XXXI, U. Católica de Valparaíso (2009), pp. 171-195 8. HERNANDO, Luis. El Lenguaje Jurídico. Verbum (2003) 9. KELSEN, Hans. Teoría general del derecho y del Estado. UNAM (ed. 1995) 10. LACRUZ, José Luis. Nociones de Derecho Civil Patrimonial e introducción al Derecho. Dykinson (2004) 11. LARRAÍN, Hernán. Lecciones de Derecho Civil. Ed. Jurídica de Chile (1994) 12. MANTILLA, Sebastián. La primacía de la interpretación gramatical del derecho colombiano: un proyecto letrado. Revista Universitas Estudiantes, N° 6 (2009), pp. 203225. 13. MARTÍNEZ, Marcelo. Diccionario de la administración española, peninsular y ultramarina, Volumen 1 (2a edición, 1868) 14. MORAES, Alessandra. Hermenêutica Juridica. Apuntes de clases de Introdución al Estudio del Derecho II Universidad Paulista (2012) 15. MUÑOZ, Fernando. Legislación y lenguaje. Columna en sitio web de la Facultad de Derecho de la U. Austral (2011): http://www.derecho.uach.cl/columna.php?pag=57&id=44 16. POLITOFF, Sergio et al. Lecciones de Derecho Penal chileno Parte General. Ed. Jurídica de Chile (2ª ed. 2004) 17. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, (22ª edición, 2001). En línea: www.rae.es. 18. Repertorio de Legislación y Jurisprudencia – Código Civil y leyes complementarias (tomo I). Ed. Jurídica de Chile (1998) 19. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVI N° 2 (1969) 20. RIBEIRO, Gerardo. Teoría de la Argumentación Jurídica. Plaza y Valdés (2003). 21. RODRÍGUEZ, Sonia. La justificación de las decisiones judiciales: el artículo 102.3 de la Constitución Española. U. de Santiago de Compostela (2003) 22. SORIA, Víctor. Relaciones humanas. Limusa (2004) 23. SQUELLA, Agustín. Introducción al Derecho. Ed. Jurídica de Chile (2000) 24. SUÁREZ, Eloy. Introducción al Derecho. Universidad Nacional del Litoral (2004) 25. URZÚA, Germán. Manual de Derecho Constitucional. Ed. Jurídica de Chile (1991) 26. VICUÑA, Carlos. La lengua del Código Civil. Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. de Chile, vol 2 N° 4 (1955), pp. 48-83. 27. VIDAURRI, Manuel. La interpretación de la ley penal. En: Varios Autores. Liber Ad Honorem: Sergio García (tomo I). Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM (1998), pp. 731-750 28. ZAPATA, Patricio. La interpretación de la Constitución. Revista Chilena de Derecho vol. 17 (1990) pp. 161-177


Es la Real Academia Española quien da el significado natural y obvio de las palabras?