Cuaderno de apuntes y actividades #1. Voces Fugadas, cátedras radiales

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catedra libre voces fugadas

CUADERNO DE APUNTES Y ACTIVIDADES Ayuntamient o de Vi toria-Gastei z Vitoria-Gasteizk o Udala

ÍNDICE CARTA A LXS LECTORXS

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LA CÁRCEL Y SU FUNCIÓN SOCIAL

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PANDEMIA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ALTERNATIVAS A LA REPRESIÓN

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DD.HH DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA 28 DERECHOS DE LAS PPL

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GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

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EDUCACIÓN Y CÁRCEL

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CUADERNILLO DE APUNTES

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BIBLIOGRAFÍA

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ROMPECOCOS

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CARTA A LXS LECTORXS

Si algo nos ha enseñado la pandemia y la imposición del aislamiento y la distancia, ante todo, es que podemos inventar formas de comunicarnos, de construir conocimiento y de darnos a la tarea y el gusto de la solidaridad que nos recuerdan que una soledad compartida es mucho más llevadera que una soledad, así sin más. Lo que tiene ante usted, este Cuaderno de Apuntes y Actividades de Voces Fugadas, es un esfuerzo conjunto de varias organizaciones de DDHH, procesos populares y pedagógicos que consideran que la cárcel no es un problema de los privados de la libertad, sino una cuestión que nos compete a todos. Es por eso, que antes que un librillo que contenga verdades reveladas, tiene apenas la intención de ser un lugar desde el que nazcan más discusiones, un lugar que dé espacio a otras formas de reflexión conjunta, desde las que podamos participar en la construcción de proyectos otros, formas otras de expresión.

Porque creemos que el saber y el diálogo de saberes nos permiten la construcción de conocimiento para avanzar, y no para quedarnos anclados a las mismas formas, apostamos por esta manera de construir las cátedras. Sabemos que aún nos queda un gran camino por recorrer, pero esperamos poder contar con ustedes para seguir transitando este camino.

La estructura de cada unidad contiene una imagen que servirá como texto desde el que podamos reflexionar, para entrar en la temática que se aborde. A continuación encontrarán un texto explicativo, a veces con preguntas para debatir, desde el que tener referencias conceptuales sobre los temas que se desarrollan en cada una de las emisiones de la cátedra. Por último hallarán una pequeña actividad, de la que esperamos nazcan diferentes textos que luego puedan ser compartidos con nosotrxs.

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LA CÁRCEL Y SU FUNCIÓN SOCIAL

Quino

Antes de empezar ¿Cuál es la función social de las prisiones?

Discute en colectivo

LA CÁRCEL Y SU FUNCIÓN SOCIAL

Hay que partir de la comprensión de que la cárcel es un proceso complejo, que históricamente ha dependido de las circunstancias sociales y políticas que la circunscriben. Es así que llegar a un entendimiento de su función social es un trabajo que amerita un estudio profundo y amplio, pero que en el siguiente ejercicio analítico trataremos de dar una idea general. Y para esto iniciaremos por afirmar que la función de la cárcel está ligada al castigo y al disciplinamiento, pero aclarando que esto no es un absoluto, precisamente por lo que señalamos inicialmente.

El desarrollo de la prisión está relacionado con la evolución de la pena, y es así que a continuación expondremos cuatro fases a tener en cuenta que nos ayudarán a inferir sobre el modelo colombiano y su función que, anotando desde ya, tiene un carácter netamente político.

LA PENA COMO VENGANZA

En los pueblos tribales no existía la propiedad privada, así de entrada no existían los delitos más comunes de las sociedades capitalistas: los delitos contra la propiedad o los delitos de pobreza. Todo era compartido, así era imposible acumular grandes riquezas o quitarlas por la fuerza. Sin embargo, sí existían otra clase de delitos, o más bien, contravenciones de la convivencia comunitaria, con diversos métodos de tratarlos. Para los casos más graves existía el destierro de la persona, por un tiempo o para siempre. La pena de muerte no era común. En esas sociedades se buscaba mediante la sanción reparar el daño hecho por la persona contra la comunidad o la persona, que era la misma cosa.

La violencia ejercida por estos pueblos se empleaba en disputas con otros grupos tribales y rara vez dentro del mismo grupo. Así otro grupo tribal podía apoderarse de cosas de la tribu y se respondía de la misma manera.

Con el surgimiento de la propiedad privada, nacen los delitos contra la propiedad, pues ya no se compartía todo, es así que dentro de una sociedad existían ricos y gente con necesidades cuyo único recurso era robar lo ajeno.

Entonces nace la necesidad de controlar a esa población y aprobar códigos para proteger los bienes de los ricos, bien sea tierras, oro o esclavos. Con este fin se crean grupos privados armados por medio de los que imponer la voluntad de los propietarios. No eran policías como lo entendemos hoy en día, aunque cumplían algunas funciones parecidas. También nace el castigo como tal, que es ajeno a la reparación de un daño colectivo en tanto que el daño contra la propiedad se da contra un particular.

El castigo tiene varias funciones, entre ellas la venganza y la disuasión: venganza contra el delincuente y disuasión contra quienes ven el castigo. Hasta el siglo XIX en muchas partes, la aplicación de éste se daba de manera pública, práctica que todavía se ve en países como China, Irán y Arabia Saudita.

A diferencia de las sociedades tribales, donde el grupo como tal o sus delegados decidían sobre la culpa y el castigo, en las sociedades de clases ya habían surgido relaciones de poder entre los propietarios y los demás y eran ellos o

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sus delegados quienes decidían la suerte de un sindicado.

Algo para resaltar es que en esta época se conoció la privación de la libertad como medida aplicable al autor de conductas sancionables, no como un instrumento de venganza, sino como recurso para asegurar que el ofensor no escapase a la sanción, ésta sí, vindicativa. (Hernández, 2012, pág. 10). Esta fase se manifestó hasta el inicio del periodo conocido como el Antiguo Régimen (sistema caracterizado por una monarquía absolutista anterior a la revolución francesa que se dio entre 1789 y 1799), a partir de esta etapa histórica los monarcas eran los que elaboraban las leyes y administraban la justicia, por lo que empieza una transición en el sentido en que ahora son los representantes de la divinidad (rey y clero) los que llevan a cabo la aplicación de las sanciones.

En la fase expiacionista o retribucionista, la forma y función del castigo estaba determinada por organizaciones religiosas que dieron sustento al poder político del momento y así mismo a la imposición de las sanciones penales. Éstas promulgaban la idea de que el infractor debía redimir su culpa mediante el dolor corporal, y no sólo como un ejercicio de expiación sino como un acto de devoción ante los “representantes” de dios (el rey y el clero). En este sentido el castigo era una expresión de la “mano divina” en la tierra, y por esta razón su aplicación no requería justificación alguna.

La expiación, ya trasladada al ámbito de la normatividad, tuvo una modalidad distintiva como respuesta al momento económico y político de los siglos XV, XVI y XVII, caracterizados por la expansión colonialista hacia América, África y otros territorios y la fase de la acumulación primaria de capital previa a la revolución industrial. La redención se alcanzaría a través del trabajo, ya que el lucro generado por éste aliviaría el daño producido a la colectividad por la conducta delictiva. De este modo, la función de la pena se desplazó del horizonte mágico, divino, hacia una cultura de lo racional...de lo útil (Hernández, 2012, pág. 11).

Cuando el sistema capitalista se va abriendo paso en las sociedades “modernas”, así mismo se va acrecentando el afán por contener los grupos de hombres y mujeres que no eran considerados como “funcionales” a este nuevo sistema de producción. Es así, que encarcelar al pobre, al loco, al homosexual, a la prostituta, al indeseado, se vuelve una política violenta para ocultar las condiciones de profunda desigualdad que va generando este modelo económico naciente. Las formas que acogió la sanción penal en esta fase, en orden cronológico, fueron: las galeras, los presidios, la deportación y los establecimientos correccionales, entre otras. La finalidad retribucionista prevaleció a lo largo del siglo XVIII en los llamados establecimientos correccionales: instituciones de transición entre la aristocracia y la burguesía… dichos centros no sólo fueron destinados para transgresores de la ley sino también eran destinados para mendigos, vagos, enfermos mentales...todos unidos por un elemento común: la desviación de la norma y sus reglas. El loco y el delincuente representaban la parte del hombre que debía ser eliminada del co-

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EL DOLOR Y EL TRABAJO: CAMINO A LA REDENCIÓN

LA CÁRCEL Y SU FUNCIÓN SOCIAL

mercio social. (2012, pág. 11) Estas instituciones de aprisionamiento en su momento no eran manejadas por el Estado, sino que su administración estaba a cargo de particulares, que no sólo obtenían ganancias por el trabajo que realizaba el prisionero, sino porque éstos tenían que pagar por los “servicios” que recibían durante su paso por las correccionales. Sin embargo, no eran comparables con las cárceles modernas privadas, pues en ese entonces el Estado delegaba muchas funciones en particulares, quienes actuaban en su nombre y en muchos casos tenían que recaudar recursos propios para su funcionamiento. El sistema carcelario recibía poco dinero del Estado y dependía de donaciones, pagos de presos con dinero y hasta, en algunos casos, poner a los prisioneros más pobres a mendigar en la calle para su manutención (Brodie, A. et al, 2013 p.10).

En esta etapa el encarcelamiento no sólo cumple la función de aislar al “indeseado”, sino que su uso también se dirige a la explotación oficial del trabajo recluso, siendo un eslabón más de toda esa maquinaria de producción con miras a la acumulación del capital burgués. El trabajo penal duro, se introdujo en 1818 en Gran Bretaña y se extendió por el mundo (Brodie, A. et al. p2) pero a pesar de su abolición o desuso en muchas jurisdicciones, nunca desapareció del todo y hoy en día se revive en muchas partes del mundo, especialmente en los EE.UU. como una parte integral y hasta necesaria de la acumulación capitalista de determinados sectores de la burguesía. Los infames patios de pica-piedras ya desaparecieron, pero los presos, fabrican placas para carros, cumplen con funciones de bomberos en medio de emergencias o trabajan en los Call Centres.

En los centros de encarcelamiento que se fundaron durante del desarrollo y avance del modelo capitalista, la mayoría de personas privadas de la libertad eran varones, denotando entonces una estructura social totalmente desigual, en que a las mujeres se las limitaba el acceso a la vida pública y así mismo a su condición de individuo de derechos y responsabilidades; y es así que no podían ser castigadas fácilmente privándoles de tales derechos mediante el aprisionamiento. Pero esto no quiere decir que la privación de la libertad fuera la única manera de castigarlas, ya que existían otras formas como el encierro obligatorio en conventos o la lapidación.

Algo que hay que destacar, es que en estos centros de encarcelamiento la disciplina se erigió como una forma de poder, como una modalidad para ejercerlo implicando todo un conjunto de instrumentos, de procedimientos, de técnicas, o sea, una física del poder asumida en diferentes instancias: por instituciones especializadas (penitenciarias o casas de corrección), por instituciones que la han utilizado como un instrumento esencial para su fin (casa de educación, hospitales, etc.), por instancias preexistentes que encuentran en la disciplina el medio para reforzar o reorganizar sus mecanismos internos de poder, por aparatos que han hecho de la disciplina su principio de funcionamiento interno. (2012, pág. 12).

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Las casas correccionales constituyeron el antecedente más cercano a las prisiones. En el siglo XVIII, en la época de La Ilustración, pensadores como Voltaire, Montesquieu, Morelly y Beccaria, entre otros, desarrollaron un interés por reformar la práctica judicial pugnando por la eliminación del catálogo de delitos (entre ellos los actos contra la religión) y por la aplicación de castigos proporcionales al delito, abriendo con ello la posibilidad de que el Derecho Clásico o Liberal se consolidara en el siglo XIX. El Derecho Clásico se da en el contexto de las revoluciones liberales, una etapa donde se establece la libertad individual como uno de los valores fundamentales. De ahí se entiende la idea de que las personas en ejercicio de sus libertades fijan las reglas que ellos mismos deben cumplir (contrato social).

Entonces el contrato social y la razonabilidad del individuo para tomar libremente sus propias decisiones, se establecen como postulados principales de esta escuela del derecho.

Con esto que se quiere expresar: por un lado, que se va desprendiendo el poder de la iglesia sobre la administración de justicia y por ende, se deja de concebir el “delito” como una ofensa a “dios” o a sus representantes en la tierra. Por otro lado, se empieza a configurar la encarcelación como la forma de corregir al que ha cometido una infracción; en concreto, al que ha violado las reglas del contrato social se le priva de la libertad como la pena que debe cumplir.

En esta fase de la evolución de las prisiones, aparece el régimen penitenciario como técnica orientada hacia la corrección del penado, teniendo como base la aplicación de modelos médicos para el tratamiento de enfermedades. Y es así, que la sanción penal se plantea como una “medida curativa” para tratar las desviaciones de comportamiento de la persona privada de la libertad. En este sentido, el delito se consideraba una condición del individuo -algo totalmente subjetivo- y no consecuencia de unas condiciones sociales que llevan a las personas a cometer determinada conducta.

A medida que se iba ampliando el modelo correccionalista, se fue desarrollando un paradigma que le daba sustento: La escuela Anglosajona. Ésta se basa en la sociedad del riesgo y el control social. Privilegiando el aislamiento, el aumento de la seguridad y las sanciones disciplinarias, la restricción de beneficios administrativos para aquellos que hayan cometido delitos de mayor penalización (delitos sexuales, crimen organizado, entre otros). Este modelo se caracteriza por un aumento de la represión y la criminalización de ciertas conductas que no necesariamente pueden ser catalogadas como delitos, pero que aun así son sancionadas.

En muchos países se aplicaron dos regímenes que se desarrollaron en Estados Unidos: el Régimen Filadélfico, cuyas características eran la segregación y aislamiento, prohibición del trabajo recluso, la impartición de educación religiosa y el silencio total dentro de las instalaciones. Y el otro era el Régimen Auburbiano, en el que se aplicaban los castigos corporales para obtener un

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EL CORRECCIONALISMO: INICIOS DE LA PRISIÓN

LA CÁRCEL Y SU FUNCIÓN SOCIAL

total disciplinamiento. Los castigos corporales son los más eficaces, y al mismo tiempo los más humanos que existen, porque sirven para intimidar a los reclusos y no dañan su salud (…) es imposible gobernar una prisión de crecido contingente de prisioneros sin azotes (2012, pág. 14).

LA RESOCIALIZACIÓN

La resocialización se fundamenta en que el trato de los criminales por la sociedad tiene por motivo la seguridad social. Mas, como el objeto de él es el criminal y no el crimen, su fin primordial debe ser la regeneración moral de aquel. Por tal motivo, el objetivo de las prisiones debe ser la reforma de los criminales y no la imposición del dolor. En este modelo el “tratamiento penitenciario” va encaminado a la readaptación social, a eliminar lo indeseable del sujeto que lo hace disfuncional a un modelo de sociedad.

Aunque valga la pena señalar que la cárcel moderna de las sociedades capitalistas siempre ha tenido esa función. En la gran expansión y construcción carcelaria de finales del siglo XVIII, los arquitectos más conocidos como John Howard eran reformadores penales e introdujeron un concepto nuevo, la celda individual, cuyo diseño era para animar a los presos a reflexionar sobre su delito. El diseño de las cárceles incluía una perspectiva cuasi religiosa del arrepentimiento (Brodie et al.)

En esta línea, la Escuela Latina se posiciona como un modelo penitenciario en el que se pretende buscar en la privación de la libertad un proceso de readaptación y reducción de las acciones violentas contra la dignidad, la vida y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En este sentido los gobiernos benefactores, optaron por brindar todo en cuestiones de tratamiento y sostenimiento a la persona que estuviese en establecimiento carcelario. Ejemplos de la puesta en práctica de esta escuela se dieron en países como Italia, España y Francia. En este contexto, se formuló en el año de 1955: “uno de los más importantes documentos a nivel internacional en torno al encierro, el denominado Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, dado a conocer en el “Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente” celebrado en Ginebra en 1955. Las Reglas fueron aprobadas dos años más tarde y han permanecido vigentes hasta nuestros días. En dicho documento se especifican los principios y prácticas generales que se consideran aceptables para el tratamiento de los reclusos, representando las condiciones adecuadas mínimas que acepta la Organización de las Naciones Unidas, mismas que han sido igualmente concebidas para protegerlos de los malos tratos, particularmente en lo concerniente a la imposición de la disciplina y la utilización de instrumentos de coerción en las instituciones penales. Asimismo, en su segunda parte, las Reglas establecen que el tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, “en tanto la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo” (2012, pág. 16).

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Aunque la resocialización se formula como un tratamiento “humano” para la restauración de los derechos y la eliminación del castigo corporal, en la realidad se evidencia algo totalmente diferente. Los países en los que aún se viven tiempos de conflicto social, la resocialización es un modelo penitenciario que tiene como finalidad condicionar y doblegar mediante el disciplinamiento y la violencia.

Todo lo expuesto hasta este punto no es más que una síntesis de las funciones de la pena y por ende de la prisión, que se pueden destacar de su desarrollo histórico. Esto con el objetivo de entender a grandes rasgos cuál es la función social de la cárcel en Colombia que, como lo indicamos al inicio del texto, tiene un carácter netamente político.

Según el Código Penal colombiano, el tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible. Es decir, que institucionalmente en Colombia la prisión va dirigida a la resocialización y a garantizar un trato humano a quien este recluido en ella. Para esto se han dispuesto unas fases dentro del proceso de tratamiento: observación y diagnóstico, alta seguridad, mediana seguridad, baja seguridad y etapa de confianza. Básicamente estas fases están diferenciadas por la posibilidad de acceder a un beneficio administrativo. Esto es lo que se estipula a nivel institucional, pero la realidad es totalmente contraria. Ya que las cárceles del país se caracterizan por la violación sistemática a los Derechos Humanos.

A propósito, la corte constitucional en su Sentencia T-153 afirma que: “Con todo, las prescripciones de los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de los tratados y acuerdos internacionales citados y la misma jurisprudencia de la Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción...el problema de las cárceles y de las condiciones de vida dentro de ellas no ocupa un lugar destacado dentro de la agenda política. A pesar de que desde hace décadas se conoce que la infraestructura carcelaria es inadecuada, que los derechos de los reclusos se vulneran, que los penales no cumplen con su función primordial de resocialización y que los centros carcelarios del país rebosan de sindicados no se observa una actitud diligente de los organismos políticos del Estado con miras a poner remedio a esta situación. La actitud de los

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EL CASO COLOMBIANO: EL MODELO VS LA REALIDAD POLÍTICA

LA CÁRCEL Y SU FUNCIÓN SOCIAL

gestores de las políticas públicas frente al problema de las cárceles obedece a la lógica del principio de las mayorías, que gobierna los regímenes democráticos. Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente accesibles, hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana”. (Sentencia T-153, 1998).

Es importante mencionar que la cárcel se ha impuesto en Colombia como una herramienta por parte del Estado, para profundizar el proyecto genocida en contra de la población, específicamente en contra de la clase popular y de todas aquellas personas o agrupaciones que se oponen a todas las políticas de muerte y violencia que quieren mantener la pobreza y el sometimiento como modelo de vida.

En este sentido, la prisión funciona ideológica y físicamente como un sitio de tortura en el cual se encierra al indeseable, al pobre y al disidente, generando en las personas temor y como consecuencia, el desprendimiento de éstas de la responsabilidad de pensar en los problemas que realmente afligen a nuestras comunidades, de las que se encarcelan todos los días a personas desprovistas de sus derechos fundamentales. La prisión es entonces un dispositivo de poder y disciplinamiento que se pone en función del control social y político a favor de un sector dominante del país.

En Colombia, ser encarcelado es prácticamente la muerte simbólica, porque allí se pretende mediante la tortura y otros actos degradantes, desprender a la persona de su condición humana y de sus derechos fundamentales. Para ello se han implementado técnicas como el aislamiento total en las Unidades de Tratamiento Especial (UTE), en donde encierran a los que son considerados como alteradores del orden y transgresoras de las reglas. Así que el “loco”, el transgénero, el preso político o todo aquel que reivindica sus derechos en estos sitios de reclusión, se constituyen como víctimas de este tipo de castigo extremo. A esto se le suma el hacinamiento, sin la mínima posibilidad de habitar un espacio dignamente, la alimentación precaria, el no poder acceder a un sistema de salud digno y oportuno, la amenaza constante del traslado a otros centros de reclusión de alta seguridad, el alejamiento de la familia, el trato humillante y violento por parte de quienes tienen la custodia de las prisiones, el alto grado de militarización (creación de grupos especiales armados para el trato de personas privadas de la libertad), los obstáculos para el acceso a la comunicación y la violencia intracarcelaria.

La práctica genocida se evidencia igualmente en la legislación restrictiva de la libertad. En Colombia se ha venido desnaturalizando el delito político, este ya no se contempla como un derecho que tienen los ciudadanos de rebelarse ante un estado de cosas inhumanas e inconstitucionales, sino como la concertación de un grupo de “delincuentes” para entorpecer el actuar de un

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Estado “democrático”. Y es bajo esta lógica opresora que se ha venido criminalizando la protesta social, endureciendo las leyes y eliminando de tajo las garantías procesales. Ejemplo de esto la promulgación de la Ley 1908 o la mal llamada Ley GAO, en cuyo articulado y aplicación se pretende endurecer los procesos judiciales contra integrantes de movimientos sociales, aumentó los términos procesales, criminalizando a quienes ejercen la defensa de derechos humanos ante los estrados judiciales y en los territorios, entre otras arbitrariedades que violan el debido proceso.

En este punto hay que destacar que las condiciones a las que son sometidas las mujeres en prisión son mucho más severas. No sólo porque es mucho más violenta la condena social por el hecho de ser mujer que desafía el establecimiento, sino porque en la cárcel no hay condiciones dignas y apropiadas para llevar a cabo sus tratamientos médicos y de salud sexual, como por ejemplo acceder a métodos anticonceptivos y la imposibilidad de acceder a los útiles necesarios para los días en que se presenta el periodo menstrual.

Así mismo, el impedimento al acceso de mecanismos alternativos o diferentes a la prisión intramural, el aislamiento familiar, en donde no solo las mujeres cabeza de familia sufren por abandonar sus hijos, sino que igualmente ellos se ven afectados severamente por la separación. Todos estos problemas están ligados en parte a que se “priorizan” las necesidades de las cárceles para hombres, en cuanto éstos superan en cantidad a las mujeres y a las prisiones destinadas exclusivamente para su privación de la libertad. Por ende, es posible establecer que toda la política carcelaria ha sido delineada desde una perspectiva masculina dejando de lado las necesidades que exigen las mujeres.

Así que las consecuencias del exterminio, como función social de las prisiones en Colombia, se manifiestan en la profundización del miedo como mecanismo de dominación, en la deshumanización de las personas privadas de la libertad, en el resquebrajamiento del movimiento popular y, en delaciones y falsos señalamientos sobre personas a las que se les ha hecho montajes judiciales o a los que son considerados como enemigos del Estado.

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LA CÁRCEL Y SU FUNCIÓN SOCIAL

Actividad Discusión colectiva ¿Es posible una sociedad sin cárcel?

Discute en colectivo y entre todxs describan las características de este tipo de sociedad

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PANDEMIA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ALTERNATIVAS A LA REPRESIÓN

Quino

Para reflexionar: ¿Cómo se ve reflejada esta desigualdad en los centros penitenciarios?

PANDEMIA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ALTERNATIVAS A LA REPRESIÓN

Declaraciones de Margarita Cabello. Antigua Ministra de Justicia y hoy Procuradora General de la Nación. 22 de marzo del año 2020.

El actuar cruel e inhumano por parte del gobierno nacional, cobró la vida de más de 24 personas privadas de la Libertad el día 21 de marzo de 2020 en la cárcel La Modelo de Bogotá. Hecho que se dio como respuesta a la manifestación legítima por parte de un grupo de personas, para exigir condiciones dignas de vida desde las cuales afrontar la pandemia causada por el virus Covid-19. Ante una movilización que claramente defendía la vida en medio de las condiciones degradantes e indignas que se dan en prisión, la postura del Estado bajo representación de sus instituciones (INPEC, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército) fue la de criminalizar la protesta social, negar la crisis carcelaria y acabar de tajo con los focos de rebeldía que estaban germinando en varias prisiones del país.

Este breve recuento de uno de los hechos más atroces cometidos contra la población carcelaria es evocado para entender cuál fue el papel que jugó el Estado en medio de la crisis carcelaria y su agudización debido a un problema sanitario de carácter global.

ENFERMEDAD, ABANDONO Y MUERTE

La pandemia es un fenómeno que no se puede reducir a un tema de salud pública. En países como el nuestro, esta coyuntura profundizó y evidenció mucho más los problemas históricos que ha tenido que afrontar la población colombiana en medio de un conflicto social y armado. Esta situación ha demostrado que la vida de los pobres, que la seguridad y alimentación de la población más vulnerable, no es un tema que esté dentro de la atención del gobierno de turno.

Según Foro Nacional por Colombia: “Colombia es oficialmente el quinto país del mundo más afectado por el COVID-19...Las EPS, concebidas como actores centrales en la atención integral, le han fallado al país en la detección y tratamiento de esta enfermedad.

Los pacientes que buscan atención se enfrentan al desafío de conseguir un diagnóstico y tratamiento oportuno en medio de un sistema fragmentado, disperso e ineficiente. La emergencia también puso en evidencia los efectos del robo sistemático de los recursos, el desmantelamiento de los hospitales públicos y el deterioro de la red de aseguramiento territorial. Esto ha generado dos consecuencias: por un lado, la Federación Médica Colombiana

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señala que se perdieron cerca de 8.500 camas en los últimos 10 años, cifra que en las condiciones actuales contribuiría a disminuir la presión de la emergencia; por otro, miles de pacientes han tenido que ser trasladados a otras ciudades e incluso fallecen alejados de sus familiares, algo totalmente inaceptable en un Estado Social de Derecho (...) Las imágenes de trapos rojos en las ventanas de casas y apartamentos demuestran el fracaso de la política social sustentada en subsidios asistencialistas. No se generó ningún avance en la reducción de la desigualdad: uno de cada siete hogares no tiene acceso a agua potable, apenas el 15% de los sectores más vulnerables cuenta con internet y uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición. Los datos también muestran la inequidad territorial entre las capitales y los municipios periféricos. En estas condiciones, era predecible que en medio de la pandemia se acelera el aumento de la miseria del 10% a 14%, y la pobreza de 29% a 34% entre 2019 y 2020, según cifras de la CEPAL”. (Foro Nacional por Colombia, s.f.).

Cientos de miles de personas fallecidas por falta de atención médica oportuna, un sin número de familias sin poder acceder a un plato de comida en el día, más de 10 millones de personas desempleadas, hogares sumergidos en la pobreza total, auxilios económicos para la banca privada y el cierre de una cantidad indeterminada de pequeñas empresas y negocios de barrio. Estos y muchos más, han sido los efectos tan nefastos en medio de la pandemia, y no necesariamente por una emergencia sanitaria, sino por el actuar indiferente del gobierno nacional, que, en suma, hace parte de su proyecto de exterminio contra la clase popular en Colombia.

Esta situación es mucho más crítica cuando a población privada de la libertad nos referimos. Porque a las condiciones de hacinamiento, hambre, encierro y enfermedad, ahora se le suma el tener que afrontar un virus agresivo en medio del total abandono por parte de las instituciones del Estado.

Frente a esta coyuntura, el Movimiento Nacional Carcelario ha denunciado en repetidas ocasiones que tanto el INPEC como la USPEC no han garantizado los protocolos de bioseguridad determinados por la Organización Mundial de la Salud, al no brindar los implementos necesarios de prevención, tales como: tapabocas, implementos de aseo y guantes. Haciendo de esta una tarea para las personas privadas de la libertad y las familias. En resumidas cuentas, se han lavado las manos y no han tomado las medidas pertinentes.

En muchos establecimientos carcelarios se denunció en su momento que los lugares de aislamiento dispuestos por las autoridades penitenciarias, no sólo son insuficientes sino carentes de los más elementales requerimientos de humanidad. Los detenidos quedan absolutamente incomunicados porque no se les provee de los medios para mantener el contacto con sus seres queridos y a estos no se les está informando la condición de salud de su familiar.

El personal médico para la atención es insuficiente y temeroso de realizar su trabajo, pues las condiciones en que se desarrolla les hace también vulnerables. Estos factores inciden en el deficiente seguimiento del estado de

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LA PENA DE MUERTE COMO PRÁCTICA POLÍTICA

PANDEMIA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ALTERNATIVAS A LA REPRESIÓN

salud de cada interno aislado. Por otro lado, la búsqueda activa de casos es completamente ineficaz. Ni siquiera a las personas que presentan síntomas de la enfermedad se les están practicando las pruebas para constatar si está contagiada… tampoco se están realizando las valoraciones del efecto de la pandemia en las personas que superan el virus. Varias de ellas permanecen con síntomas tales como debilidad generalizada y dificultades respiratorias.

(Movimiento Nacional Carcelario, 2020).

La desprotección de las personas privadas de la libertad no es algo circunstancial, ni tampoco lo es el hecho mismo de encarcelar a miles de personas sin las más mínimas garantías judiciales, tanto lo uno, como lo otro, son las consecuencias lógicas de la forma en la que opera el sistema, y ponen de manifiesto las ideas que se esconden tras la actuación misma de la institucionalidad. Prueba de ello es que son justamente las personas que han sido típicamente marginadas del acceso a los mínimos para la vida digna por fuera de la prisión, aquellos que terminan por llegar a ella. Es decir, que la negación sistemática de los derechos sobre la que se instituye la desigualdad, lejos de verse mitigada por las instituciones del Estado, se reproduce, replicando a su vez la exclusión y la marginación sobre aquellos que han sido históricamente excluidos y marginados.

En contexto semejante, la aplicación de la cárcel como castigo se impone sobre la negación de problemas que son estructurales a las sociedades y se establece bajo la idea del orden social que responde a la aplicación del principio de seguridad, desde los que se justifican prácticas sociales genocidas, entendidas como aquellas que se realizan con la intención de exterminar a un grupo social determinado. Antes de avanzar por este camino, es importante señalar, que de acuerdo con lo que plantea Daniel Feierstein (2012), el hecho genocida no se consuma con el exterminio propiamente dicho, sino que se establece mediante mecanismos simbólicos desde los que se construye la justificación del mismo.

Es allí donde cobra relevancia la forma en la cual son desdibujadas las causas estructurales de lo que se consideran actos delictivos, para establecer responsabilidades individuales que sustraen a los sujetos de sus contextos y existencias particulares mostrándolos como un producto desviado salido de su voluntad individual, y por tanto como un sujeto sobre el que el castigo debe ser aplicado. Bajo esta construcción simbólica del sujeto encarcelado, del enemigo, se justifican acciones que violan la dignidad de estas personas, sin que para la opinión pública dichas acciones constituyan una violación real.

En este entramado, la construcción de una identidad negativa sobre sectores poblacionales históricamente excluidos, constituye en principio la práctica mediante la que se instituye socialmente una mirada hegemónica que funciona como principio de juicio en el que los prejuicios existentes se amplían y encarnan sobre subjetividades determinadas (contradictores políticos, minorías étnicas, etc), generando un marco social mediante el que la interpretación externa del otro excluido, lo condena a priori. Mediante este proceso, además

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de consolidarse esta mirada externa, se establece también la “cosificación del otro negativizado”, despojándole de toda posibilidad de respuesta frente a la injusticia y la persecución (si lo están maltratando es “porque se lo merece”), lo que tiene como implicación, entre otras cosas, que no exista empatía alguna con los seres humanos a los que se aplica la condena.

En acuerdo con lo anterior, Garland (2005), señalaría que sobre la base simbólica en la que terminan por sustentarse las políticas criminales -la seguridad, el control y el riesgo-, existen índices sociológicos que permiten la consolidación de esquemas regresivos en cuanto a la aplicación de la justicia; entre otros enumera, por una parte el papel de los medios de comunicación en la percepción generalizada del aumento de la criminalidad (esquema desde el que se alimenta a su vez la idea del miedo, la indignación y el resentimiento); y por otra, la idea de que la seguridad del Estado es insuficiente e ineficaz, por lo que se requiere de iniciativas privadas de seguridad desde las que grieta semejante pueda ser subsanada (sobre este último aspecto es importante señalar entonces que prácticas como la “limpieza social” se cuentan entre las formas “privadas” de ejercer control social, que no es lo mismo que la justicia, por parte de particulares).

Bajo este esquema, la racionalidad del sistema punitivo, basado teóricamente en el respeto por la dignidad de las personas privadas de la libertad, queda al descubierto constantemente como una forma que no determina las acciones de las instituciones del Estado, por el contrario, devela la construcción y aplicación de la ley desde una matriz política e ideológica que defiende unos intereses específicos suplantando la idea del bien común, con la idea de la seguridad, desde la que se justifica socialmente la aplicación de un sistema punitivo que despoja de la dignidad y que viola constantemente los derechos de las personas que entran en prisión, convirtiendo la pena intramural en una sustitución de la pena de muerte, en la que se agudizan la exclusión y el aislamiento, la desigualdad y el exterminio.

El gobierno de Iván Duque, evadiendo su responsabilidad de proteger a las personas privadas de la libertad en medio de la crisis carcelaria agudizada por la pandemia, promulga el Decreto 546 de abril de 2020 con el objetivo de reducir el hacinamiento histórico en las cárceles del país, el cual estaba sobre el 55%. No obstante, dicho decreto no atendía a las necesidades mínimas que exige la atención de esta coyuntura, consolidándose como un decreto, en efecto, restrictivo y promovido desde una actitud indolente e ineficaz desde el gobierno. En este sentido, un grupo de académicos nacionales e internacionales expresaron su inconformidad frente a las medidas que se pretendían adoptar para enfrentar dicha situación mediante un manifiesto denominado “Rumbo a un genocidio carcelario en Colombia”. Del que citaremos: “...nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad, pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que

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PANDEMIA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ALTERNATIVAS A LA REPRESIÓN

Algunas conclusiones provisionales: El sistema nacional penitenciario y carcelario se encuentra en crisis desde hace décadas y la pandemia profundizó problemáticas que ya se vivían en las cárceles.

Encontrarse en privación de la libertad durante la pandemia justificó la vulneración sistemática y generalizada de los derechos humanos

puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población. Una mirada al Decreto 546 del 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia...es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa.

Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas. De esta forma, se da la apariencia de que el gobierno se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del Derecho”. (Escrito por Varios Autores, 2020).

Diferentes organizaciones de Derechos Humanos, han manifestado que en la actual emergencia sanitaria, la población privada de la libertad no ha encontrado solución alguna a esta situación, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas desde las detenidas y detenidos, las Asociaciones de Familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos, la Academia y asociaciones de abogados de todo el país; además de las recomendaciones emanadas de organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, el subcomité contra la tortura de las Naciones Unidas, entre otros. El papel del gobierno no ha sido otro que el de evadir su responsabilidad y optar por la vía de la represión y la violencia.

RESISTENCIA AL ABANDONO En medio de las condiciones adversas, privados y privadas de la libertad, fa-

miliares, organizaciones sociales y la academia, han estado a la altura política del momento impulsando propuestas en defensa de la vida y de la dignidad tras las rejas.

Para el día 21 de marzo del año 2020 en varios centros carcelarios del país se adelantó un cacerolazo por la vida de la población reclusa, debido a la falta de medidas concretas que garantizaran la salud frente al contagio del virus Covid 19.

• En la cárcel para mujeres El Buen Pastor, las internas adelantaron una protesta con cacerolas y pancartas en la que pidieron al presidente que garantizara las condiciones necesarias para el aislamiento de las personas que contrajeran el virus, incluyendo un acuartelamiento de la guardia del INPEC y garantías a los derechos a la salud.

• En la cárcel de Cómbita, Boyacá, los internos iniciaron un diálogo con el director del centro penitenciario, con el que esperan que se tomaran las medidas pertinentes frente a la entrada y salida del personal administrativo, contratistas y guardias, con el objetivo de reducir las posibilidades de contagio del Covid 19.

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• En la cárcel La Picota en Bogotá, los internos adelantaron un cacerolazo sumándose a los llamados del Movimiento Nacional Carcelario. En esta jornada se reclamó por el cumplimiento de la Sentencia T-153 sobre el estado de cosas inconstitucionales, por una excarcelación humanitaria, por condiciones dignas de vida, entre otras exigencias.

En esta jornada nacional de protestas, la respuesta del Estado fue la indiferencia, la desinformación frente a las motivaciones de la movilización, la represión y la masacre. Esto último se materializó en el asesinato de más de 23 personas en la cárcel La Modelo de Bogotá, a manos de integrantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), el Ministerio de Justicia y el aparato militar del Estado.

Pese a esta oleada de violencia estatal, la rebeldía y la movilización social continúan manifestándose por la vida de las personas privadas de la libertad.

Cacerolazos, jornadas de desobediencia, huelgas de hambre, plantones, foros académicos, en fin, un sin número de expresiones políticas que han sido la respuesta popular frente a la arbitrariedad del gobierno nacional.

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PANDEMIA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ALTERNATIVAS A LA REPRESIÓN

Reflexión colectiva La pandemia, como hemos visto, sólo ha agudizado condiciones que ya se venían dando dentro de los penales, lo que quiere decir que su carácter circunstancial apenas devela los problemas estructurales del sistema penal en Colombia.

¿De qué maneras se expresa, dentro del sistema carcelario, la exclusión y segregación social más allá de la pandemia? ¿Qué formas otras de resistencia y movilización han nacido en este escenario de resistencia frente al despojo de las dignidades?

Antes de expresar la opinión sobre el tema, se elige un relator, que recoge en un escrito, las ideas que surgen de esta reflexión.

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DD.HH DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

La Libertad guiando al pueblo, 1830, Eugène Delacroix

Justo ahora pienso sobre los Derechos Humanos que…

Escribe en tu cuaderno de notas las ideas que tengas antes de entrar al estudio del tema que se propone en este módulo.

DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

La aplicación tan diversa del discurso de los Derechos Humanos en luchas que enfrentan determinados intereses políticos y de poder, denota que no se trata de conceptos neutrales o acabados que puedan ser entendidos de manera uniforme. Si bien el concepto de derechos tiene sus orígenes en Europa, y su divulgación se fue dando a medida que se iba expandiendo la idea de Estado de Derecho y el modelo capitalista, su desarrollo también cuenta con los aportes de muchos pueblos que luchan y se articulan para conquistar sus demandas de dignidad y autonomía. Es por ello que no pueden ser entendidos desde un paradigma único que de cuenta de su origen y naturaleza, y así mismo, del entendimiento que puedan tener de ellos los diferentes grupos sociales de la humanidad.

APROXIMACIÓN AL ORÍGEN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La versión oficial de los derechos humanos más frecuentemente citada en textos y discursos, identifica sus antecedentes en los primeros acuerdos europeos que establecieron regulaciones de la autoridad, entre los que se suelen destacar la Carta Magna inglesa (1215) y la Carta de Derechos británica (1688) –que limitaban el poder del monarca, para repartirlo con la nobleza.

A su vez, el Acta de Habeas Corpus (1679), también acordado en Inglaterra, obligó a las autoridades a dar cuenta de las personas privadas de libertad.

Entre los siglos XVII y XVIII se consolidaron las diversas corrientes del pensamiento liberal que promueven los derechos naturales del “hombre” y el gobierno de las leyes que se fundamentan sobre tesis contractualistas, esto es, que parte de presumir que existe un acuerdo o contrato entre “ciudadanos”.

A finales del siglo XVIII, las burguesías emergentes de Francia y las colonias británicas en América se alzaron contra el poder absoluto de los monarcas, dando lugar a las primeras declaraciones de “derechos del hombre”. (2010, pág. 16).

Declaración de Independencia de los Estados Unidos: El 4 de Julio de 1776 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la declaración de independencia. En esta se concretó la emancipación respecto al imperio de Gran Bretaña y se hizo énfasis en la protección de los derechos individuales (libertad de expresión, libertad religiosa, libertad a reunirse, portar armar, etc…).

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: Aprobada por la Asamblea Nacional Francesa en el año de 1789. En algunos de sus artículos se decreta que: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella; una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución.

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Estos dos acuerdos marcaron una ruptura con el orden predominante del momento histórico, al restringir el poder del monarca sobre sus súbditos y al establecer la igualdad de derechos considerados esenciales a la naturaleza del “hombre”. A pesar de la importancia de estas declaraciones, las mismas conservaron un carácter clasista, patriarcal y racista. Esto se explica en tanto, las diferencias de clases o la opresión de la mujer, eran parte integral de la estructura social de la época (situación que persiste).

Los mismos sectores de clase que agitaron la bandera de los derechos del “hombre” y del ciudadano en Estados Unidos, defendieron y se lucraron de un sistema económico que se valía de la esclavitud de familias negras completas, a quienes –igual que a las mujeres- despojaban del ser sujetos de derechos. A los/as esclavos/as no se les consideraba ciudadanos/as sino propiedad.

La escritora francesa Olympe de Gouges publicó en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (septiembre de 1791) en la que reivindicaba la igualdad de derechos frente al hombre y cuestionaba la falta de universalidad de los derechos humanos. Años más tarde, cuando se oponía a la pena de muerte, ella fue arrestada y llevada a la guillotina bajo cargos de traición a la revolución (noviembre de 1793).

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA CIUDADANA. 1791 Olympe de Gouges Preámbulo Las madres, las hijas, las hermanas representantes de la nación demandan constituirse en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer, son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobernantes, han decidido exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y aquellos del poder de los hombres puedan ser a cada instante comparados con la meta de toda institución política sean respetados. Con el fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos.

En consecuencia, el sexo superior en belleza, como en coraje, en los sufrimientos maternales, reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del ser supremo, los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana.

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DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

Artículo I- La mujer nace libre y goza igual que el hombre de los derechos.

Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo II- El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre, estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo, la resistencia a la opresión.

Artículo III- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que es la reunión de la mujer y del hombre: ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo IV- La libertad y la justicia consiste en devolver todo lo que le pertenece al otro; así́ el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tienen más límites que la tiranía perpetua que el hombre le impone. Esos límites deben de ser reformados por las leyes de la naturaleza y de la razón.

Artículo V- Las leyes de la naturaleza y las leyes de la razón prohíben todas las acciones dañinas a la sociedad. Todo aquello que no esta prohibido por estas leyes, sabias y divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que estas no ordenan.

Articulo VI- La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por medio de sus representantes en su formación. Esta debe ser la misma para todos: todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, siendo iguales ante sus ojos, deben de ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades, y sin otras distinciones que aquellas de sus virtudes y sus talentos.

Artículo VII- Ninguna mujer esta exenta. Ella puede ser acusada, detenida, encarcelada en los casos determinados por la ley, las mujeres obedecen como los hombres a esta ley rigurosa.

Artículo VIII- La ley debe establecer las penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado, sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada a las mujeres.

Artículo IX- Cuando alguna mujer es declarada culpable, todo el rigor debe ser ejercido por la ley.

Artículo X- Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. Si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, ella debe tener igualmente, el derecho de subir a la tribuna; mientras que sus manifestaciones no alteren el orden establecido por la ley.

Artículo XI- La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más apreciados de la mujer, puesto que la libertad

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asegura la legitimidad de los padres hacia los hijos. Toda ciudadana puede en consecuencia decir libremente, soy madre de un hijo que le pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley.

Artículo XII- La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana necesita una utilidad mayor, esta garantía se instituye, para beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos que la tienen a su cargo.

Artículo XIII- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son iguales, ella realiza todas las tareas pesadas, entonces, ella debe tener la misma parte en la distribución de los empleos, tareas, de las dignidades y de la industria.

Artículo XIV- Las ciudadanas y los ciudadanos tienen el derecho de verificar por sí mismos o por representantes, la necesidad de la contribución pública; las ciudadanas deben adherirse para admitir una repartición igual, no solamente en la fortuna, sino en la administración pública, y determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración del impuesto.

Artículo XV- El conjunto de mujeres, agrupadas para la contribución al conjunto de los hombres, tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público sobre su administración.

Artículo XVI- Las propiedades son para todos los sexos reunidos o separados; estas son para cada uno un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado como verdadero patrimonio de la naturaleza sino cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige claramente y con la condición de una indemnización justa y previa.

El contenido mismo de la Declaración de los derechos del “hombre” y del ciudadano, fue producto de álgidas discusiones entre los pensadores y distintos sectores que en Francia formaron parte de las clases que se alzaron contra el sistema feudal y sus formas de organización política. Robespierre, por ejemplo, en su libro Discours sur la Proprieté (1793) propuso reformas fundamentales, en relación con uno de los ejes centrales y característicos de la misma: El derecho a la propiedad privada, así: Artículo 1. La propiedad es el derecho que todo ciudadano tiene de disfrutar y disponer de aquella porción de bienes que le está garantizada por la ley.

Artículo 2. El derecho de propiedad está limitado, como todos los derechos, por la obligación de respetar los derechos de los otros.

Artículo 3. Este derecho de propiedad no debe comprometer la seguridad, la libertad, la existencia, ni la propiedad de nuestro prójimo.

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DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

Artículo 4. Toda propiedad, todo comercio, que viole este principio será ilegal e inmoral.

Por supuesto la realidad sobre la forma como se desarrollaron las relaciones sociales y de propiedad, descartó de tajo este tipo de planteamientos.

Por su parte, Rousseau, uno de los grandes pensadores liberales que marcaron el enfoque de los derechos humanos en Francia, planteaba en su obra destacada El Contrato Social, que los objetos o bienes principales que debe perseguir todo sistema legislativo son la libertad y la igualdad. Sin embargo precisaba: “En cuanto a la igualdad, no debe entenderse por tal el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamás sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse, lo cual supone de parte de los grandes, moderación de bienes y de crédito, y de parte de los pequeños, moderación de avaricia y de codicia” Para Rousseau, Paine y otros intelectuales burgueses, los individuos que forman una sociedad, se obligan a través de un contrato social, que constituye la base del gobierno y que tiene por objeto la defensa y concreción de los derechos.

Tanto Francia como EEUU se constituyeron en repúblicas y se promulgaron las primeras Constituciones modernas, que establecen el modelo de democracia parlamentaria representativa, el gobierno de las leyes, la alternancia en el poder y la administración de justicia en base a principios establecidos legalmente en el parlamento. Se inició así una nueva era de la civilización occidental que tendría profundas implicaciones para el mundo entero (2010, pág. 17).

Otro hito histórico que hace parte de la formalización de los Derechos Humanos como “principio político y social”, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París. En este documento se reconocen varios derechos civiles tales como: La libertad, la vida, la igualdad ante la ley, etc.

Igualmente se decretan derechos sociales (derecho a la educación y derecho a la salud) y de participación política.

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplica-

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ción universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Los Derechos Humanos, hasta la actualidad, están determinados por un enfoque liberal, en el cual la centralidad es el individuo y el derecho subjetivo (conjunto de poderes y facultades que tiene la persona para exigir determinados comportamientos tendientes a la satisfacción de intereses). Esta visión prevalece en la mayoría de países occidentales y se puede sintetizar en los siguientes planteamientos: • Derechos Naturales e Inmanentes: Los derechos humanos se desprenden de la esencia del ser, y no dependen de las condiciones en que puedan aplicarse en la realidad.

• Libertad Individual: La libertad y autonomía individuales están por encima de los valores de igualdad social y de convivencia colectiva.

• El Contrato Social: La organización de la sociedad por acuerdo de sus miembros da lugar al Estado, en el cual delegan el desarrollo y aplicación de las leyes.

• Estado de Derecho: El orden jurídico y político para la vigencia de los derechos humanos se corresponde con el Estado de Derecho, como conjunto de normas e instituciones que regulan y limitan la acción de los poderes públicos.

• El Imperio de la Ley: Mientras la autoridad cumpla con las leyes establecidas en el marco del Estado de Derecho, no debe haber otras vías para la demanda de derechos humanos que las legales.

• Responsabilidad Pública: Los responsables de reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos son los poderes públicos. Las personas deben contar con plena libertad de actuación, con el único límite de respetar el marco legal convenido.

• Progreso Humano: La codificación jurídica de los derechos humanos responde a un proceso histórico en la conquista de mejores condiciones para el ejercicio de la libertad y la dignidad.

• Universalidad: La Declaración Universal de los DH recoge aspiraciones comunes de dignidad de todos los pueblos y colectivos del mundo, a partir de la supuesta existencia de un sustrato común a todas las culturas que ese documento sintetiza.

Pero, esta visión liberal de los Derechos Humanos es limitada, puesto que no responde a las realidades históricas, culturales y sociales en las cuales se siguen perpetuando ciertas relaciones de dominación y exclusión.

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DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

CRÍTICA MARXISTA A LOS DERECHOS

UNA TEORÍA CRÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

HUMANOS

En primer lugar, el marxismo cuestiona la idea del contrato social en la que se sustenta la teoría liberal de los derechos humanos. En esa dirección, se plantea que los individuos1 no han tenido ese nivel de soberanía personal (libertad) e igualdad que se supone ostentan quienes suscriben el pacto para trascender de su estado naturaleza al estado civil. Al contrario, se postula que las sociedades humanas nunca han sido constituidas como una sumatoria de individualidades, las personas han estado atadas a una serie de relaciones sociales y de producción, esto es, de relaciones de dominación de una clase sobre otra para mantener su hegemonía.

Asimismo el marxismo cuestiona la función del Estado –cuya aparición y existencia se legitima en el contrato social2 -. Al respecto se plantea que éste (el Estado), no es un cuerpo u órgano neutral o imparcial frente a los múltiples conflictos sociales y políticos. Por lo tanto, no nace con la vocación de asegurar el goce efectivo de los derechos, sino que, como lo planteara F. Engels 3 , es “una máquina esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada”. La aparición del Estado, se asocia en Grecia con el origen de las clases sociales, la propiedad privada y la familia nuclear (con la desaparición de las gens como forma de organización social) “...En resumen, la fortuna es apreciada y considerada como el sumo bien, y se abusa de la antigua organización de la gens para justificar el robo de las riquezas por medio de la violencia [se refiere a la antigua Grecia a comienzos del período de la civilización]. No faltaba más que una cosa; una institución que no sólo asegurase las nuevas riquezas de los individuos contra las tradiciones comunistas de la constitución gentil, que no sólo consagrase la propiedad privada antes tan poco estimada e hiciese de esta santificación el fin más elevado de la comunidad humana, sino que, además, imprimiera el sello del reconocimiento general de la sociedad a las nuevas formas de adquirir la propiedad, que se desarrollaban una tras otra, y por tanto a la acumulación cada vez más acelerada, de las riquezas, en una palabra, faltaba una institución que no sólo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a la no poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. Y esa institución nació. Se inventó el Estado”4 El Estado se configura entonces, para asegurar la hegemonía de una clase sobre otras, lo que para Gramsci (intelectual y periodista italiano del partido comunista, sometido a la cárcel por el régimen de Mussolini), se logra a través del consenso y la fuerza (la violencia). En tal sentido, el derecho y dentro de este, los derechos humanos, contribuyen a ese propósito.

1 En la sociedad capitalista, asi como tampoco durante el feudalismo y el esclavismo.

2 P aine planteaba que “…la realidad debe ser que los propios individuos, cada uno de ellos con su propio derecho personal y soberano, concertaron un contrato mutuo para producir un gobierno, y ésta es la única forma en que los gobiernos tienen derecho a surgir, y el único principio conforme al cual tienen derecho a existir” (Derechos del hombre (Madrid: Alianza, 1984).

3 En el Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pág. 350.

4 E ngels en el Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pág. 291.

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Engels en su obra el Anti-Duhring señaló que aunque la burguesía prometió un reino de la razón, que traería justicia, fraternidad e igualdad; en realidad “…aquel Reino de la Razón no era nada más que el Reino de la Burguesía idealizado, que la justicia eterna encontró su realización en los tribunales de la burguesía, que la igualdad desembocó en la igualdad burguesa ante la ley, que como uno de los derechos del hombre más esenciales se proclamó la propiedad burguesa y que el Estado de la Razón, el Contrato Social roussoniano, tomó vida, y sólo pudo cobrarla, como república burguesa democrática”. (pág. 3-4) En esta misma dirección, encontramos entonces otra interpelación del marxismo a los derechos humanos, que apunta a señalar que estos tienen un sello de clase. Esto es, que en la concepción burguesa de los derechos no se encuentran recogidas en realidad las aspiraciones de libertad e igualdad del las llamadas clases subalternas. Estos derechos en el capitalismo, están limitados por el sistema de producción y las relaciones sociales que le subyacen.

La igualdad ante la ley que enarbola la burguesía, no se corresponde con la igualdad real y esta jamás podrá lograrse en una sociedad en la que la producción e intercambio de mercancía se base en un sistema de explotación y opresión. En suma, se tiene que desde esta perspectiva crítica, se cuestiona el carácter universal que se predica de los derechos humanos; pues representan desde su origen, una concepción occidental y burguesa.

Otra interpelación a los derechos humanos, desde el marxismo, se centra en que tiene un carácter individual, en tanto son reconocidos los individuos, pero entendidos éstos en abstracto, es decir, sustraídos de las relaciones sociales y de producción. Se ocultan así las desigualdades inherentes al capitalismo. Adicionalmente, anotan que los seres humanos son puestos entre sí, como obstáculos o límites en el ejercicio de los derechos. La libertad de hacer está restringida hasta donde empiezan las prerrogativas de otras personas.

En contraste con lo anterior, proponen una sociedad que funcione sobre el principio de “de cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”, esto es, donde el aporte social de las personas, responda a sus habilidades y destrezas y su retribución se determine de acuerdo con sus propias condiciones materiales. De esta manera, cambia por completo el concepto y la forma en la que se ejercen los derechos.

El abordaje de los Derechos Humanos en América Latina pasa por la necesidad de comprender la realidad de estas sociedades, caracterizadas por altos grados de desigualdad, pobreza y exclusión, para generar caminos alternativos fundamentados en la lucha por la dignidad humana.

Para avanzar en dicha reflexión es fundamental considerar las particularidades geográficas, sociales, culturales, económicas y políticas que configuran las realidades históricas del cono sur y que develan parte de las contradicciones que el sistema hegemónico (el capitalismo) ha exacerbado al excluir

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TEORÍA CRÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA

DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

e invisibilizar toda forma de conocimiento y de cultura diferente al suyo, e imponer unas relaciones de dominación entre países.

La Teoría Crítica de los Derechos Humanos se presenta como una apuesta epistemológica y ontológica transformadora que pretende la generación de una toma de conciencia en los individuos a partir de su propia experiencia histórica y de su interacción dentro de una sociedad marcada por la desigualdad y la vulneración de derechos. Es decir, superar el campo meramente descriptivo para abarcar una transformación de la realidad desde un ideal emancipatorio.

Uno de los planteamientos fundamentales de la Teoría Crítica hace hincapié en la construcción de una sociedad justa y libre en contraposición a las realidades de los países latinoamericanos donde la dignidad humana como base de los Derechos Humanos se ve constantemente vulnerada. Por ende, se sitúa en el lado de los excluidos y se inclina hacia la superación de la desigualdad, la pobreza y la exclusión mediante la movilización popular, teniendo en cuenta la relación entre la teoría y práctica, la cual involucra el conocimiento de las necesidades y la sensibilidad requeridas para enfrentar la lucha dirigida al restablecimiento de derechos.

Otro aspecto importante es el planteamiento de la diversidad cultural o multiculturalidad tan evidente en el contexto latinoamericano. Según Boaventura de Sousa Santos, es menester propender por una perspectiva contra-hegemónica de los Derechos Humanos, en donde se logre una ruptura radical de los modos de pensamiento occidental desde el cual se han negado otras realidades de nuestro continente.

Para el análisis del contexto latinoamericano, la Teoría Crítica se cimenta en cuatro elementos que configuran la esencia de su reflexión de acuerdo a los postulados planteados por el profesor Juan Antonio Senet de Frutos (2020, p.

185). Por un lado, un carácter historizado de los DDHH, es decir, entenderlos desde una perspectiva histórica particular, para lograr establecer una relación efectiva entre las necesidades y los derechos que permitan subsanar las diferentes vulneraciones a los ciudadanos, esto es. Teniendo en cuenta que los DDHH son el resultado de la lucha de poderes entre los excluidos y un sector hegemónico, la teoría crítica la plantea desde un carácter procesual dialéctico, en el cual se avanza de un estado negacionista a la crítica y efectiva superación de las condiciones de desigualdad.

Un tercer elemento denominado carácter ético universalizador, hace referencia a la urgencia de que los derechos sean realizables para todos los ciudadanos, teniendo en cuenta sus particularidades sociales, culturales y políticas.

Finalmente, los DDHH deben concebirse como una lucha global encabezada por los sectores oprimidos, que propenda por la consecución de una vida digna, a lo cual se denomina universalidad fáctica.

Hay que resaltar que una teoría critica de los DDHH supera el campo del

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discurso y el debate conceptual, ésta debe estar impregnada por un componente práctico, una actitud beligerante. Es así, que se hace necesario pensar de otro modo, lograr la autodeterminación necesaria que permita una crítica constructiva sobre las diferencias.

Igualmente se requiere pensar toda lucha por la dignidad como una manera de problematizar la realidad en defensa de cuestiones referentes a la interculturalidad, el medio ambiente, la mujer, en últimas, todo lo que no encaja dentro de los cánones de la sociedad occidental, patriarcal, blanca y católica (2020, p. 190). Y es de esta manera, que se debe pasar de la idealización de espacios o contextos utópicos irrealizables, a proyectos contra-hegemónicos alternativos.

Esta teoría crítica se sitúa en contraposición a la visión liberal de los DDHH, en cuyo fundamento se profesa la universalidad y la individualidad de los mismos. Sin embargo, una de las principales falencias de este enfoque es que pretende homogenizar las sociedades e individuos, o como ya lo había enunciado Habermas al interpelarse sobre si los derechos humanos “¿No han servido siempre como escudo de una falsa universalidad, de una imaginaria humanidad, tras la cual un Occidente imperialista podría ocultar su singularidad y su propio interés?” (Morales, 2014: 27).

(Citas del profesor Helio Gallardo) La cultura moderna terminó por negar la universalidad de los derechos humanos ahí donde no supo eliminar los privilegios y las segregaciones.

Guerras imperiales y campañas neocolonizadoras se harían en nombre de los derechos otorgados a la persona humana cuando, en el trasfondo, el capitalismo devoraría toda posibilidad de realización para estos derechos. No obstante, la existencia subjetiva y objetiva del Otro no cesarían de hacer emerger un conjunto de fuerzas capaces de liberar espacios para la producción de estos derechos. Han sido justamente las luchas populares las que han liberado estos espacios por medio de auto-transferencias de poder capaces de abrir nuevos espacios identitarios autónomos para el cultivo del amor propio. Sin embargo, las luchas populares no se agotan en su signo puramente positivo pues ellas también se han visto hermanadas con la violencia. Entre la legalidad y la ilegalidad, las luchas populares han tenido que legitimarse por la contención de una violencia todavía más atroz. Quizá por ello, estas luchas no pueden perder su contenido utópico y humanizador pues una tal pérdida supondría una involución de sus principios. La judicialización de los derechos humanos tan sólo demarca un límite jurídico que deberá ser constantemente rebasado por la fuerza del proceso político cuyo único objetivo será el de incrustar en la cultura la valía de estos derechos. De acuerdo con ello, el fundamento antropológico de los derechos humanos establece una condición fáctica del ser con la vocación

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TEORÍA CRÍTICA, DERECHOS HUMANOS Y LUCHA SOCIAL POPULAR

DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

socio-política de los utopistas. (H. Gallardo: 2010; 81-89) Los problemas que gravitan en torno a los derechos humanos, si bien se sitúan en un plano económico-político, son ante todo problemas de orden cultural que atañen a la sensibilidad colectiva y sus mecanismos de institucionalización. Esta lucha cultural por la instauración o remoción de ciertos valores surge desde la conflictividad social la cual, a su vez, se deriva de la estructura que determina a la totalidad social. Así mismo estos problemas se encuentran determinados por las fuerzas sociales populares que acometen la reivindicación de los derechos humanos como posibilidad tanto para abolir las condiciones de heteronomía como para construir las condiciones de su autonomía. En este sentido, las luchas populares hacen de los derechos humanos la condición básica para la legitimación de formas de vida diversas y con ello, convierten estas luchas en una contribución a la humanización de la diferencia. En este sentido, la existencia del individuo poseedor de derechos se encuentra directamente ligada a las condiciones sociales en que la individualidad se construye. El principio de autonomía que dignifica al individuo no puede ser pensado por fuera de estas condiciones pues son ellas la matriz de su realización. De mismo modo, la violación de los derechos humanos no puede ser considerada exclusivamente desde el punto de vista de la individualidad dañada y del tribunal ante el cual esta individualidad busca una compensación. Ella también debe ser considerada de acuerdo con la totalidad social que la contiene y la determina pues es en ella donde adquiere un reconocimiento y donde realiza su existencia objetiva. Es así como la situación de derechos humanos produce un autocuestionamiento permanente del orden jurídico cuyas tramas legales pueden incurrir en violaciones sistemáticas de estos derechos. La responsabilidad del Estado -por acción u omisión- en la violación de los derechos humanos debe entonces ser considerada a partir de su función política como unificador de la totalidad social, es decir, en función de su soberanía. Esto es así porque los derechos humanos no sólo expresan un cuerpo de normas positivas al cual se le concede un tratamiento judicial sino que, además, ese cuerpo de normas expresa cierta sensibilidad cultural que es propia de las formaciones sociales modernas. (H. Gallardo: 2010; 73-75) A propósito, Joaquín Herrera Florez estipula 6 paradojas que evidencian el sentido contradictorio de la visión moderna occidental de los DDHH: Paradoja del lugar común: La manera como se suele abordar los Derechos Humanos supone una universalidad que plantea como lugar común el individualismo base de todo derecho, negando la existencia de culturas cuya base organizativa es el colectivismo y la diversidad que es subvalorada y tildada de irracional y hasta totalitaria.

• Paradoja de la condición humana: Las existencias de las generaciones de derechos descansan sobre la base de que su avance se encamina hacia el logro del bien general, cuando en realidad responden a unas condiciones e intereses específicos de la sociedad occidental. El sentido

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de los derechos no es neutral, poseen claramente una intencionalidad política y económica.

• Paradoja del doble rasero: Al ser los Derechos Humanos una conquista de la burguesía para la burguesía, deja de lado todo lo que no hace parte de este grupo como son las mujeres, los niños, los negros, los pobres y desposeídos, así como todos aquellos que son diferentes ideológica y culturalmente.

• Paradoja de los derechos y el mercado: Todo aquel individuo o sociedad que no se encuentre inmersa en la dinámica del modelo capitalista, no tendrá acceso a los derechos, no serán parte del sistema imperante.

• Paradoja de los derechos y los bienes: la desigualdad en el acceso y distribución de los bienes y servicios, también genera una barrera para acceder a determinados derechos fundamentales, como por ejemplo el acceso a la educación y a la salud.

• Paradoja ¿Derechos Humanos productos culturales o ideológicos?: comprender que los DDHH son una construcción cultural e histórica, permite contextualizarlos y determinar su función dada en el momento de su promulgación.

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DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

Actividad: Reflexión colectiva Si viviéramos en una sociedad que operara bajo el principio de “de cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”, ¿cómo cambiaría esa realidad, la concepción sobre la igualdad?

Antes de expresar la opinión sobre el tema, se elige un relator, que recoge en un escrito, las ideas que surgen de esta reflexión.

CUADERNO DE APUNTES Y ACTIVIDADES

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DERECHOS DE LAS PPL

La manifestación: Obra del artista argentino Antonio Berni (1905-1981)

¿Qué dice la imagen sobre los derechos humanos?

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HERRAMIENTAS PARA DEFENDERLOS

Como se ha visto hasta ahora existen críticas e interpelaciones diversas a los Derechos Humanos, que señalan entre otras cosas, que no es lo mismo la igualdad ante la ley que la igualdad ante la vida. Tener igualdad de derechos, no implica que haya acceso igualitario, es por ello que, si bien en teoría todos tienen derecho a la educación, no todos tienen las mismas condiciones materiales para el acceso a la educación (Zuleta, 1991), pero tampoco al resto de los derechos, lo que denuncia en principio la contradicción sistemática entre el reconocimiento de la titularidad de unos derechos que son inherentes a todas las personas, y el valor que se les confiere a estas personas en la reproducción de sociedades desiguales e injustas.

Quizá una de las conclusiones obligadas de la primera discusión que se propuso en este curso a propósito de la cárcel y su función social, nace de la denuncia del carácter de una institución que no es otra cosa que el reflejo de la sociedad en la que existe. Otro lugar en el que los derechos son, para muchos, de papel; otro lugar en el que se persigue y castiga el pensamiento crítico; otro lugar en el que las mayorías pertenecen a un sector de la población que ha sido históricamente despojado de sus derechos.

La cárcel en Colombia, es pues, la evidencia de una democracia -que será la más vieja de Latinoamérica- pero que restringe la participación ciudadana -es decir su fundamento- a “cierto tipo de ciudadano”, a quien se confiere la categoría de humano en todas las circunstancias mientras se despoja de ella a todo aquello que no se corresponda, o se desvíe de ese modelo.

Sea como fuere, y aún en cuanto mediante la democracia se han escondido prácticas sociales genocidas, el reconocimiento formal de que todo ser humano por el sólo hecho de serlo tiene la titularidad de unos derechos que le son inalienables, permite un marco de referencia jurídico y político desde el cual se puede interpelar el papel de los Estados en la violación de estos derechos.

Es por ello que, pese a que durante mucho tiempo se consideró cierto, a la manera de la doctrina penitenciaria alemana del siglo XVI, que la cárcel era un lugar de “no derechos” y que por lo tanto la dignidad de la persona estaba supeditada a la voluntad del poder soberano; tuvo que reconocerse de manera formal que las personas que son privadas de su libertad, no pierden su condición de humanos dentro de las cárceles, y que por lo tanto, no se las puede despojar de su dignidad en función del castigo. Esta concepción se formalizó internacionalmente a través de instrumentos tales como: las Reglas mínimas para el tratamiento del Recluso (1955-1957); el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (1990); Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok, 2010) y las Reglas Mandela (2015), las cuales “(…) se basan en la obligación de tratar a todos los reclusos con respeto hacia su dignidad inherente y valor como seres humanos, así como en la

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prohibición de la tortura y de cualquier otra forma de maltrato. Asimismo, ofrecen una visión detallada de una gran variedad de problemas, que abarcan desde medidas disciplinarias hasta servicios sanitarios. Por ejemplo, prohíben la reducción de alimentos y agua al recluso, así como el uso de medios coercitivos que resulten, por su naturaleza, denigrantes o dolorosos, como cadenas o grilletes” (Gilmour, s.f. ACNUDH).

Bajo este marco de interpretación, los Estados ocupan en la relación con las personas privadas de la libertad un lugar de responsabilidad, en tanto que éstos últimos se consideran sujetos de especial vulnerabilidad y, por tanto, de especial protección. Dentro de los desarrollos internacionales que se refieren al tratamiento de las personas privadas de la libertad se encuentran, entre otros, los que se enumeran a continuación:

AÑO 1948

INSTRUMENTO Declaración Universal de los Derechos

INSTITUCIÓN ONU

1949

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).

ONU

1966

Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

ONU

1955

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

ONU

1984

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

ONU

1988

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

ONU

1948

1969

1985 1990 2010 2015

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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Convención Americana de Derechos Humanos.

Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Reglas Bangkok.

Reglas Mandela

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OEA

OEA

OEA ONU ONU ONU

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HERRAMIENTAS PARA DEFENDERLOS

En cada uno de ellos se refuerza la idea según la cual el sistema carcelario y penitenciario, debe regirse bajo el principio de humanidad contenido en la Declaración Universal, y por lo tanto su objetivo no debería ser sólo el castigo, sino la resocialización.

Cada uno de estos documentos, han sido suscritos por el Estado Colombiano, en cuyo bloque de constitucionalidad se han consagrado dichos principios de acción, y pese a que la realidad pueda contradecir la aplicación de dichos marcos de regulación, existen herramientas jurídicas para la defensa de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

Estado de cosas Inconstitucional, la Corte Constitucional y los derechos de las personas privadas de la libertad en Colombia La situación de las personas privadas de la libertad en Colombia, ha llevado a que la Corte Constitucional, declarase la existencia de un Estado de cosas Inconstitucional por la violación permanente y sistemática de los derechos de lxs reclusxs en varias oportunidades. En 1998, dicha entidad expidió la sentencia T-153, mediante la que se recomendó la toma de medidas para la superación de dicha situación. La mayor parte de los esfuerzos se centraron entonces en la construcción y refacción de infraestructura, con la consecuente ampliación del personal de guardia. No obstante la Corte también llamó la atención en la separación de personas sindicadas y condenadas.

Las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos por categorías. En efecto, la ley ordena que los sindicados estén separados de los condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza Pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc. (T-153, 1998) En 2013, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-388 en la que volvió a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional y se expresa en que las condiciones carcelarias de los centros penitenciarios que fueron objeto del análisis realizado por esa entidad (Cárcel Modelo de Bogotá, Bellavista- Medellín, San Isidro- Popayán, Barrancabermeja, Valledupar y Cúcuta), operaban en contravía a la dignidad de las personas privadas de la libertad. En este sentido, la sentencia afirma

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“… La deshumanización de las personas en los actuales contextos carcelarios es evidente. Las condiciones en que son mantenidas las personas privadas de la libertad, por ejemplo, suelen ser relacionadas con las condiciones en que existen algunos de los animales relegados en nuestra sociedad a los lugares de suciedad (…)”. (T-388, 2013) En la Sentencia se adivirtió que El estado de cosas inconstitucional tiene su origen en problemas estructurales de la política criminal en sus tres fases, la cual caracteriza como reactiva, perpeada por el populismo punitivo y la política de seguridad.

Dos años después, en 2015, mediante la Sentencia T-762, la Corte llamó nuevamente la atención sobre la necesidad de repensar la Política Criminal, enfatizando en la necesidad de que esta sea coherente con el respeto de los Derechos Humanos. A este respecto, la Corte declaró que “La política criminal debe tener un carácter preventivo. Uso del derecho penal como última ratio. Debe respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada. Debe buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales. Debe ser coherente. Debe estar sustentada en elementos empíricos. Debe ser sostenible. Medición de costos en derechos económicos. Debe proteger los derechos humanos de los presos.”

(T-762, 2015)

El concepto de resocialización tiene diversas críticas que señalan que en el sistema actual la cárcel no actúa en favor de la dignidad de las personas privadas de la libertad, sino que constituye un sistema de terror, que disuade por medio de la intimidación.

•¿Qué otras críticas podrían hacerse a este concepto?

•¿Qué alternativas podrían formularse?

De acuerdo con todo lo descrito hasta ahora, es posible entrever un cambio en la forma en la que la institución percibe la violación de los Derechos de las personas privadas de la libertad y la solución a la crisis carcelaria. En 1998, el hacinamiento fue entendido como el asunto central a resolver para solventar la situación. En la Sentencia de 2013, la política criminal es cuestionada de manera más directa, por su carácter reactivo, populista, por no estar basada en evidencia empíricay encontrarse supeditada a la política de seguridad.

Esta es la razó por la que la Corte llama a que sea acompasada o diseñada –en sus tres fases- en coherencia con la garantía de los derechos humanos.

De cualquier forma, tales “cambios de percepción” obedecen en buena medida a luchas importantes a nivel social, que han puesto en la agenda política las realidades de los sectores populares. Y que como toda lucha por el reconocimiento se ha escrito sobre la vida de muchas personas que vieron socavada su dignidad.

La Corte Constitucional ha identificado, que los derechos de las personas privadas de la libertad se clasifican en tres categorías: aquellos inalienables, esto es, que no pueden sufrir limitación o mengua alguna los que se ven restringidos por el carácter mismo de la pena intramural y los que se suspenden.

Criterios que determinan la constitucionalidad de la restricción de los derechos de la población reclusa

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DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HERRAMIENTAS PARA DEFENDERLOS

Ahora bien, la Razonabilidad, Necesidad y Proporcionalidad, son los criterios que determinan si la restricción de derechos dentro de la cárcel es constitucionalmente válida. Su objetivo es evitar la arbitrariedad estatal, en el desarrollo de la relación especial de sujeción que se reconoce entre estos y las personas en prisión.

Entre otras, en la Sentencia C-026/16, la Corte Constitucional precisó que: …para determinar si las medidas legales y administrativas limitativas o restrictivas de los derechos de los internos se ajustan a la Constitución Política, es necesario determinar: (i) si el fin perseguido por la misma es legítimo desde la perspectiva constitucional; (ii)

si es adecuada para el logro del fin perseguido;

(iii) si es necesaria, es decir, si no existen medios menos onerosos para lograr el objetivo buscado; y (iv) si la medida es estrictamente proporcional, a partir de lo cual se verifica si los beneficios que se derivan de su adopción superan las restricciones que ella conlleva sobre otros derechos y principios constitucionales.

Derechos que permanecen inalterables: Derecho a la Vida, integridad personal, salud, igualdad y petición.

Derechos restringidos: Derecho al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad.

Derechos que pueden suspenderse: Derecho a la libertad física y libre circulación.

Para pensar y trabajar colectivamente: •¿Cuáles de las medidas del régimen interno del Establecimiento contravienen los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad y por qué?

•¿Cuáles podrían proponerse a cambio?

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Herramientas constitucionales para la defensa de los Derechos Humanos:

HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN Como derecho fundamental contenido en la Constitución, constituye una herramienta para la defensa de otros derechos como la intimidad, el buen nombre, a la honra y a la información.

HABEAS DATA

Artículo 15

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, Cobija la facultad de las personas para tienen derecho a conocer, actualizar y conocer la información que ha sido rectificar las informaciones que se hayan registrada sobre ellas. Se dice que es recogido sobre ellas en bancos de datos un derecho en doble vía: a la vez que y en archivos de entidades públicas y las personas pueden conocer, rectificar privadas. En la recolección, tratamiento y actualizar la información que se tiene y circulación de datos se respetarán la sobre sus obligaciones; las instituciones libertad y demás garantías consagradas y la sociedad en su conjunto pueden coen la Constitución. La correspondencia y nocer dicha información. Cuyos criterios demás formas de comunicación privada mínimos son: son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden Veracidad: la información recabada debe judicial, en los casos y con las formalidacoincidir con la realidad material de la des que establezca la ley. Para efectos persona. tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Cabalidad y suficiencia: que brinde un Estado podrá exigirse la presentación de panorama amplio y detallado desde el libros de contabilidad y demás documenque se impida que haya sesgos con el uso tos privados, en los términos que señale de información. la ley.

Imparcialidad: Que el uso de la información por parte de quienes intervienen no tendrá fines ilegítimos como causar daño injustificado, u obtener provecho indebido.

Son herramientas constitucionales para la protección de esta prerrogativa: el Derecho de petición (Artículo 23 de la CP) o por vía de Acción de tutela (Artículo 86 de la CP).

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MARCO CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL

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DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HERRAMIENTAS PARA DEFENDERLOS

HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

MARCO CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL

HABEAS CORPUS

“El habeas corpus es una acción pública que tutela, en cualquier tiempo, el derecho fundamental a la libertad personal cuando alguien ha sido capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando se prolonga ilícitamente la privación de su libertad, por la acción u omisión de actuación de cualquier autoridad pública. Es, entonces, el derecho fundamental que tiene toda persona a reclamar, de las autoridades judiciales, la protección de su derecho a la libertad personal, si fuere privada ilegalmente de ella. El habeas corpus, consagrado en el artículo 30 de la Constitución política, posee un doble carácter: como derecho constitucional fundamental y como medio procesal específico orientado a proteger directamente la libertad individual”. (OACNUDH; Defensoría del Pueblo; 2003)

Artículo 30 Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

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HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN “El derecho de petición es el que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas, verbales o escritas, ante las autoridades públicas o ante los particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas y obtener de ellos una respuesta pronta y oportuna que resuelva lo solicitado. El derecho de petición está consagrado en la Constitución política como derecho fundamental y su protección puede lograrse judicialmente, mediante el ejercicio de la acción de tutela” (OACNUDH; Defensoría del Pueblo; 2003) A través de este mecanismo, usted puede:

DERECHO DE PETICIÓN

• Pedir el reconocimiento de un derecho, • La intervención de alguna entidad, • Que le resuelvan una situación, • Que le presten un servicio.

• Solicitar información, • Hacer consultas, • Formular quejas Todo derecho de petición debe contener en su estructura: • La autoridad a la que se dirige.

• Los nombres y apellidos del solicitante y su documento de • identidad • Dirección o e-mail donde recibirá correspondencia.

• El objeto de la petición.

• Las razones en las que la fundamenta.

• La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el • trámite.

• La firma.

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MARCO CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL Artículo 23 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HERRAMIENTAS PARA DEFENDERLOS

HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

MARCO CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL

“La acción de tutela es un instrumento constitucional que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez de la república en cualquier momento o lugar con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental vulnerado o amenazado por la acción o la omisión de las autoridades públicas o particulares en los casos que determine la ley, siempre y cuando no exista otro mecanismo judicial de defensa idóneo, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable, evento en el cual procede como mecanismo transitorio” (OACNUDH; Defensoría del Pueblo; 2003)

Decreto 2591 DE 1991 Artículo 1º. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela. La acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. Cuando la medida excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo menos para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria de los estados de excepción.

ACCIÓN DE TUTELA

Decreto 306 de 1992 Artículo 2º. De conformidad con el artículo 1º del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

Mecanismo judicial de protección consistente en la facultad de toda persona de solicitar ante un juez el cumplimiento de funciones públicas por parte de las autoridades o los funcionarios públicos.

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Ley 393 del 29 de julio de 1997

“El objeto por proteger son las normas con fuerza material de ley que se refieren a los mandatos del legislador, provenientes del Congreso o del gobierno en ejercicio de funciones legislativas, cuyo contenido corresponde a normas de carácter general, impersonal y abstracto, las leyes en sentido formal y los actos administrativos.” (OACNUDH; Defensoría del Pueblo; 2003)

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HERRAMIENTA

ACCIONES POPULARES

DESCRIPCIÓN “Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, así como la restitución de su uso y goce.”

(OACNUDH; Defensoría del Pueblo; 2003) Medio procedimental mediante el que una colectividad exige la restitución de sus derechos como grupo, aún en cuanto refiere a intereses colectivos se determina la reparación / indemnización en función de los daños.

Para que sea aceptada debe cumplir con ciertas condiciones:

ACCIONES DE GRUPO O CLASE

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1Debe ser presentada por una colectividad de 20 o más personas.

2Los integrantes de la colectividad deben reunir condiciones uniformes que puedan establecerse y permitan la configuración de la responsabilidad.

3Debe ejercerse con el propósito exclusivo de acceder al reconocimiento y a una indemnización por daños y perjuicios.

4Debe ser instaurada por medio de la defensoría del pueblo; un apoderado judicial o el personero municipal.

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MARCO CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL

Ley 472 de 1998

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HERRAMIENTAS PARA DEFENDERLOS

Para la reflexión... ¿Cuál es el sentido que tiene la dignidad para las personas privadas de la libertad?

Responda esta pregunta –individual o preferiblemente en colectivo- y haga un escrito (ensayo, cuento, canción, copla, etc.) en el que plasme sus reflexiones alrededor del tema.

Para animar la discusión, les invitamos a leer el siguiente poema de Absalón Opazo, poeta chileno, nacido en Valparaiso, en 1978: La Dignidad no se Olvida La dignidad no se olvida como no se olvida el respiro el amor el país las canciones los poemas los cerros

el mar.

La dignidad no se olvida se levanta y no importa como: con piedras cruzando el cielo con trapos pintados de rojo con poesía estremecida en el pasaje de la pobla: la dignidad es mía es tuya, nuestra hasta el fin de los tiempos y nadie ha nacido aquí con el derecho a quitarla.

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GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

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GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

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“Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. [...]

Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os basta con desearlo”.

(Epílogo a la Declaración Universal de los derechos de la Mujer y la Ciudadana; Olympe de Gouges; 1789)

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GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Olympe de Gouges fue ejecutada el 3 de noviembre de 1793 en Francia por defender la idea de la igualdad. Diferente de lo que pueda pensarse, la declaración de los derechos de la Mujer como derechos Universales, no existen como la respuesta pasiva de un sistema, sino como el resultado de arduas luchas por el reconocimiento.

Hasta ahora hemos visto diferentes críticas que se han hecho a los derechos Humanos desde las que se cuestiona tanto su universalidad, como los sujetos que bajo esta construcción discursiva se consideran titulares. Estas críticas provienen, en parte, de los grupos sociales que se han visto marginados históricamente tanto del reconocimiento, y la participación en escenarios políticos, como de la distribución de los recursos.

Tal vez una de las objeciones más fuertes y controvertidas ha versado sobre el carácter androcéntrico de la formulación de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, se advierte con razón, que no es posible la universalidad cuando más de la mitad de las personas están siendo excluidas.

Tal cuestión, se debió entre otras cosas, a que los procesos revolucionarios (liberales) que dieron lugar a los Estados modernos, nunca se propusieron la emancipación de las mujeres del ámbito privado –regulado por los hombres (propietarios y blancos)- al que fueron históricamente relegadas. Para F. Engels1, El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción.

El origen mismo de la palabra familia (de la institución como hoy la conocemos) dice mucho del conjunto de relaciones de dominación y sometimiento a la mujer, que no fueron trasmutados con el surgimiento de las sociedades capitalistas, ni interpeladas desde la ideología liberal: En su origen, la palabra familia no significa el ideal, mezcla de sentimentalismos y de disensiones domésticas, del filisteo de nuestra época; al principio, entre los romanos, ni siquiera se aplica a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan sólo a los esclavos. Famulus quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre.

En tiempos de Gayo la familia, id est patrimonium (es decir, herencia), se transmitía aún por testamento. Esta expresión la inventaron los romanos para designar un nuevo organismo social, cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, a los hijos y a cierto número de esclavos, con la patria potestad romana y el derecho de vida y muerte sobre todos ellos 2 .

Semejante espacio de legislación familiar, se basaba y reproducía la idea de que por derecho natural los hombres eran superiores a las mujeres y que, por lo tanto, estas estaban, por su misma naturaleza, excluidas del ejercicio a la política, la propiedad, y de paso el reconocimiento.

Ello es, que los valores sobre los que se construía la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano: la libertad, la autonomía y la propiedad, estaban naturalmente restringidos para las mujeres, así como para los esclavos y los pobres.

1 246 2

En el Origen del Estado, la propiedad privada y el Estado, OEME en tres tomos, t. III, p.

Engels, F, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pág. 247

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Respecto a la cuestión específica de la condición de la mujer, Diana Maffia (2015), señala que estos desarrollos normativos, responden a una visión jerarquizada de los cuerpos, en los que la diferencia se establece al tiempo que como una discriminación (en tanto que excluidas), como una valoración (en tanto que inferiores) que se justifica en el derecho, naturalizando la exclusión.

Bajo este doble movimiento, se establecen a su vez un modelo de inferioridad y un modelo de corrección, sobre los que se construye un sujeto hegemónico.

Esta jerarquización se expresa, de acuerdo con la autora, en la separación entre el ámbito de lo público y lo privado, en la que lo público se atiene al derecho y a la regulación del Estado y lo privado se circunscribe a las relaciones familiares, que, al estar por fuera del derecho del Estado, se rigen bajo la idea de la naturaleza. La división de estos ámbitos, advierte Maffia (2015), ubica a los hombres, en tanto que ciudadanos, en el ejercicio de la política; y a las mujeres, en tanto que parte del ámbito familiar, en las labores y escenarios de cuidado.

Esta visión particular tiene hasta hoy sus consecuencias, de acuerdo con lo que señalan autoras como Alda Facio (2003), desde una perspectiva crítica de los derechos humanos, la visión androcéntrica sobre la que se ha instituido el derecho público posibilita que las instituciones bajo las que se defienden los principios promulgados en la Declaración de los Derechos Humanos, sean profundamente excluyentes.

En este sentido señala que a pesar del reconocimiento específico de unos Derechos de la mujer, que se dio durante la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en 1993, la concepción bajo la cual se establecen los mecanismos para la protección y salvaguarda de los mismos, está condicionada por formas patriarcales y masculinas de ver y ejercer el derecho, en lo que termina siendo no una declaración universal de los derechos humanos, sino otra declaración de los derechos del hombre. De ahí que Facio establezca la evidente necesidad de construir los Derechos Humanos desde una perspectiva de género.

No obstante, señala que el carácter dinámico tanto de los derechos humanos como del Derecho de los Derechos Humanos, permite la ampliación de la interpretación y por tanto se convierte en una herramienta muy potente para promover la dignidad de todas las personas. Para ello, los grupos que son víctimas de la opresión, según su idea, deben demandar su reconocimiento, de modo que se establezcan mecanismos nuevos desde cuales proteger y salvaguardar de manera más efectiva los derechos. En similar sentido Alba Carosio (2011), señala que La falsa universalidad, que no alcanza a hacer efectiva la justicia e igualdad de derechos para todas y todos, se hace evidente en la proliferación de las convenciones y pactos sobre Derechos Humanos que fueron surgiendo unas tras otras, como instrumentos necesarios para corregir las desigualdades y las consecuencias que estas producen. Recordemos que la discriminación se corrige y la igualdad se promueve. Reparar desigualdades estructurales y corregir discriminaciones que son resultado de prácticas o sistemas sociales, es tarea indispensable para el logro de la igualdad real en el ejercicio de

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los derechos humanos. (Carosio, 2011, p. 93) Ahondando en esta discusión, desde los feminismos negros, se advirtió, que la exclusión no pueden entenderse de manera aislada o simple, puesto que atraviesa a los sujetos tanto en las formas de existencia, como en formas de discriminación de las que son víctimas. Esto es, que las personas al encontrarse atadas a relaciones sociales, de producción y/o de poder, entre otras, experimentan en un mismo contexto, múltiples opresiones, discriminaciones o formas de sometimiento y desventajas, de manera simultánea. Así, los sujetos son sometidos a formas de exclusión que se dan por razón de su género (en un sistema patriarcal), su raza (en una sociedad racializada) y su clase social (en una sociedad donde las clases populares son marginadas). A esta perspectiva de análisis se la reconoce desde la sociología como la interseccionalidad y como se dijo, busca comprender las distintas dimensiones de la exclusión.

Ahora bien, aun en quienes comprenden la exclusión como una realidad (que puede y tiene que ser cambiada) se suscitan múltiples debates álgidos e inacabados, que centran las luchas por la transformación en puntos, escenarios y proyecciones diversas. Debates trascendentales a los que invitamos a contribuir desde una perspectiva emancipadora.

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

En la sociedad existen contradicciones que tienen sus particularidades y dinámicas propias y la opresión a la mujer es una de ellas. Su origen antecede por muchos siglos, al capitalismo; por lo tanto es muy anterior también al surgimiento de las ideas liberales que hoy inspiran los derechos humanos reconocidos por los estados. Este problema –propio de las formas de organización social basadas en la dominación y la exclusión-, está lejos de ser resuelto a través de la positivación de derechos; pero las luchas por reivindicaciones democráticas sin duda alguna son necesarias e importantes.

Parece existir un consenso en punto del cuestionamiento alrededor de la predicada universalidad de los derechos humanos. Richard Miskolci en su texto Feminismo y derechos humanos hace notar que Wollstonecraft en la obra Vindicación de los Derechos del Hombre (1790) “ayudó a establecer un nuevo discurso crítico que utilizaba las categorías universales de la filosofía política de la época, no para comparar a hombres y mujeres en sus diferencias o ventajas, sino para señalar cómo las declaraciones universales privaban a las mujeres de bienes y derechos” y asimismo, destaca que la categorías de clase y sexo son ambas políticas, por lo que no es posible cuestionar una sin objetar la otra. (pág. 172 y ss) No obstante, esta réplica desde el feminismo a la concepción hegemónica de los derechos humanos no logró en sus inicios unos efectos sustanciales. Por el contrario, las relaciones de dominación que se imponían sobre las mujeres fueron positivizadas El código napoleónico institucionalizó la minoría de edad para la población femenina, les restringió el derecho a administar bienes, a abandonar su “hogar”, a tener una profesión, entre otras muchas restricciones; e incorporó delitos dirigidos a consolidar la supremacía masculina, como el adulterio, por ejemplo. La naciente legislación burguesa no les confería el estus de ciudadanas, lo que explica el surgimiento del movimiento sufraguis-

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ta, que no sólo exigía el reconocimiento del derecho al voto sino también el acceso a la educación; mismos que fueron alcanzados en la primera mitad del siglo XX. (pág. 175 y ss) La fundamentación teórica y política del feminismo, así como sus demandas no ha tenido una corriente única. Pero en el campo de los derechos humanos, ha sostenido en el tiempo demandas democráticas importantes como el derecho a la contracepción y al aborto. (pág. 177) Para Lorena Fries (….) estas luchas de las mujeres, ha traído avances importantes y empieza por destacar la redefinición de los sujetos de derechos, a través de la crítica al etno-centrismo3 . Señala que “La teoría feminista permite considerar a los sujetos en sus contextos y especificidades con sexo, cuerpo, edad, color, raza e insertos en tiempos y lugares particulares” (pág. 49). Aunque parece estar de acuerdo con que el reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos amplía el campo de autonomía, reconoce que ésta ha estado limitada en buena medida por el sistema patriarcal y en concreto, en el modelo de familia patriarcal, en el que se reproducen relaciones de subordinación y poder que se proyectan al ámbito de lo público y limitan la participación en el campo social y político. En tal sentido, plantea que los avances en materia del reconocimiento de los derechos de las mujeres no son suficientes “para garantizar el ejercicio de la autonomía por parte de las mujeres. En efecto, subsisten los usos y prácticas en el ámbito privado que socializan a las mujeres con restricciones de su autonomía vital y situándolas en una posición de desventaja en el ámbito público” (pág. 50) Fries destaca que el reconocimiento de las mujeres como sujetos, dio lugar a los derechos sexuales y reproductivos, con los que se supera la visión de la mujer concebida como simple reproductora. Por otro lado, la autora interpela los derechos humanos, en su ámbito de aplicación y jerarquización de los derechos humanos y advierte que se predica su carácter indivisible e interdependiente pese a “su ausencia en el ámbito privado impide su plena realización en el público, a la vez que establece prioridades en cuanto a su importancia y protección”.

En esta dirección, señala que las formulaciones de las mujeres intentan la superación de esta visión sesgada en la materia. No obstante, acepta que los avances en la protección legal de los derechos de las mujeres en el ámbito del hogar, no ha impedido que se continuen las violencias que se ejercen en él, ni que surjan otras en los que no se cuenten con suficientes mecanismos de protección. Asimismo, llama la atención que la positivación incompleta de las necesidades e intereses de las mujeres puede limitar el abordaje de sus derechos humanos y afectar su realización.

3 N. de la E.: ‘Etnocentrismo’ se refiere a la visión del mundo que gira en torno a un solo grupo étnico. ‘Andro- centrismo’ se refiere a la visión del mundo que gira en torno a lo masculino.

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Algunos instrumentos internacionales de protección de derechos Al hablar de violencia de género, es indispensable hacer especial énfasis en los derechos de la mujer y de las personas de Orientación sexual e identidad de género diversa (OSIG). En general el Estado tiene el deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de la mujer a la no discriminación y al disfrute de la igualdad de iure y de facto. Sin embargo, como se ha visto, la naturaleza de la sociedad determina no sólo el alcance de los derechos sino la verdadera posibilidad de realización de estos.

• OSIGD: Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. AG/ RES. 2435 (XXXVIII-O/08) Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008) • Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas.

(18 de diciembre de 2008).

• Derechos humanos y diversidad SeEntre las convenciones y jurisprudencia xual en el Sistema Interamericano de internacional que aborda esta temática, se protección de los Derechos Humanos (CIDH). CASO pueden mencionar: 11.656 Marta Lucía Álvarez Giraldo Vs • La Convención sobre la Eliminación de Colombia Todas las Formas de Discriminación con• Resolución sobre derechos humanos, tra la Mujer (CEDAW), la Convención Americana orientación sexual e identidad y expresión de género, AG/RES. 2807 (XLIsobre Derechos Humanos, II-O/13) Asamblea General de la Organi• La Convención Interamericana Para Pre- zación de los Estados Americanos (OEA). venir, Sancionar Y Erradicar La Violencia 6 de junio de 2013 Contra La Mujer “Convención De Belém Do Pará” entre otras.

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Derechos de las mujeres y personas OSIGD en contextos carcelarios • La privación de la libertad debe ser considerada como la restricción de este derecho y solo de este derecho. Los demás derechos de las personas en esta situación, como el derecho a la vida, a la salud, al acceso a la justicia, a la información, a la igualdad, a la alimentación, al agua potable, a la unidad familiar entre otros deben ser garantizados.

A su vez, en cuanto a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), se resaltan: • La Regla 5: Consagra el derecho a acceso a medios y artículos necesarios para la higiene propias de su género y suministro permanente de agua.

• La Regla 31: Alude a la capacitación del personal penitenciario para protección en violencias basadas en género.

• La Regla 42: Respecto a los servicios de apoyo psicológico que deben ser provistos.

• La situación de las mujeres privadas de la libertad es abordada de diversas fuentes de derecho internacional que establecen los estándares para la garantía de los derechos y la dignidad humana de este grupo poblacional. Por un lado, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Desde una perspectiva de géne- • En cuanto a las personas OSIGD, actualro, es preciso destacar: mente no existe una convención internacional • Regla 28: Referente a la garantía de que atienda exclusivamente los derechos instalaciones especiales para el cui- de estas personas, sin embargo, los órgadado de mujeres en estado de emba- nos de protección de derechos humanos razo. han creado instrumentos para designar la • Regla 29: Esta alude a la necesidad de identidad de género y la orientación sexual proveer servicios de guardería. como categorías de discriminación prohi• Regla 48: Consagra la prohibición del bida. uso de instrumentos de coerción física.

En efecto, los mecanismos de protección 66

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de derechos humanos tanto de la ONU como del Sistema Interamericano han enfatizado la importancia de atender las violencias basadas en los prejuicios a los que se enfrentan las personas LGBTI. Especial mención merecen los principios de Yogyakarta que orientan la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos para proteger a la población LGBTI. Estos principios se refieren a múltiples cuestiones, tales como violencia y tortura, privacidad, acceso a la justicia, ejecuciones extrajudiciales, empleo, salud, educación, libertad de expresión, migración y una variedad de otros derechos en lo que concierne a las personas LGBTI. En suma, el Estado colombiano, a nivel internacional debe entonces respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de la mujer y de las personas de Orientación sexual e identidad de género diversa (OSIG) más aun como responsable de los establecimientos de detención, al ser el garante de estos derechos de las personas privadas de la libertad.

• Informe recomendaciones de fondo N° 3/14 de la Comisión IDH Caso 11.656 Colombia

• Sentencia T 388 de 2013 • Sentencia T 804 de 2014 • Sentencia T 762 de 2015 • Sentencia C 584 de 2015 • Ley 65 de 1993 articulo 3 a adicionado por el artículo 2 de la Ley 1709 de 2014 • Resolución N.° 6349 de 2016, mediante la cual se modifica el «Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional- ERON a cargo del INPEC», que incluye el enfoque diferencial y la mención específica de los derechos de las personas OSIGD, elementos ausentes en los reglamentos anteriores. Tener en cuenta: • Madres privadas de la libertad Articulo 31 • Articulo 36 párrafo 4 LGTBI • Resolución artículo 29 párrafo único: examen médico de ingreso • Modelo de atención integral en salud para PPL • Manual técnico operativo de atención en salud

Normativa y jurisprudencia nacional: • Sentencia T-099 de 2015 • Sentencia T 062 de 2011

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Para reflexionar y discutir colectivamente antes de comenzar esta unidad ¿cuál es el papel de la educación y qué relación tiene esta con las cárceles?

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EDUCACIÓN CARCELARIA: LA VISIÓN INSTITUCIONAL Y LA FALACIA DE LA RESOCIALIZACIÓN

El paradigma de la resocialización se fundamenta en que el trato de los “criminales” por la sociedad tiene por motivo la seguridad social. Más, como el objeto de él es el criminal y no el crimen, su fin primordial debe ser la regeneración moral de aquel. Por tal motivo, el objetivo de las prisiones debe ser la reforma de los criminales y no la imposición del dolor. En este sentido el “tratamiento penitenciario” va encaminado a la readaptación social, a eliminar lo indeseable del sujeto que lo hace disfuncional a un modelo de sociedad.

Según el Código Penal colombiano, el tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible. Es decir, que institucionalmente en Colombia la prisión de la libertad va dirigida a la resocialización y a garantizar un “trato humano” a quien este recluido en ella. Para esto se han dispuesto unas fases dentro del proceso de tratamiento: observación y diagnóstico, alta seguridad, mediana seguridad, baja seguridad y etapa de confianza. Básicamente estas fases están diferenciadas por la posibilidad de acceder a un beneficio administrativo. Esto es lo que se estipula a nivel institucional, pero la realidad es totalmente contraria. Ya que las cárceles del país se caracterizan por la violación sistemática a los Derechos Humanos.

Aunque la resocialización se formula como un tratamiento “humano” para la restauración de los derechos y la eliminación del castigo corporal, en la realidad se evidencia algo totalmente diferente. Los países en los que aún se viven tiempos de conflicto social, la resocialización es un modelo penitenciario que tiene como finalidad aconductar y doblegar mediante el disciplinamiento y la violencia.

La resocialización presenta dos puntos fundamentales a discutir: por un lado, es casi irónico el pensar que un programa de readaptación social se pueda llevar a cabo dentro en un establecimiento de segregación y aislamiento, y por otro, que tenga continuidad un proceso semejante en una sociedad fragmentada, desigual y de múltiples conflictos sociales que no ofrece oportunidades de vida digna. En concreto, la resocialización no es un programa que se piense la dignidad humana de una persona a la que se le han limitado sus derechos, sino una categoría aparente, una expresión retórica, de un proyecto político que pretende la homogenización y la deshumanización de un grupo de personas mediante el adoctrinamiento y la tortura.

Por otro lado, el paradigma resocializador restringe el carácter social del delito, ya que afirma que es el individuo el único culpable de la pena y se obvia de tajo que una persona actúa dependiendo de unas condiciones sociales complejas, como lo son la desigualdad, la pobreza y la exclusión.

En esta línea, es que los programas educativos proyectados desde la

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institucionalidad, en este caso los ofrecidos por el Instituto Nacional Carcelario -INPEC en el marco del tratamiento penitenciario, no corresponden a un afán gubernamental por el bienestar humano en medio del presidio, sino se aplican como herramienta para generar determinadas conductas funcionales a un sistema penitenciario represivo.

En Colombia se ha aplicado a nivel carcelario el Plan de Acción y Sistema de Oportunidades PASO, que básicamente es la educación y formación técnica en función de un régimen carcelario. Este programa considera que la resocialización debe ser un proceso progresivo, para el cual plantea cinco niveles de manera lineal. El objetivo principal es la disminución de la intensidad de la pena, en función del estudio de la conducta y el comportamiento por medio de la aplicación de un modelo, en el cual el interno atraviesa distintas etapas en el curso del cumplimiento de la pena. Para el INPEC, este es un sistema que articula el trabajo entre diferentes áreas, procesos y acciones propias de la administración carcelaria; ofrece tratamiento pues genera acciones de carácter preventivo, asistencial y protectivo; es progresivo porque se desarrolla mediante procesos valorativos y secuenciales: paso inicial dedicado al fortalecimiento de capacidades y hábitos, paso medio diseñado para la preparación para la productividad, y paso final destinado a la interiorización de pautas para asumir la reinserción (2011, pág. 33).

Este programa educativo está dividido en tres componentes: nivelación académica, orientado al aprendizaje y refuerzo de conocimientos básicos de orden académico. En este componente se imparten los Ciclos Lectivos Integrados - CLEI; formación en valores y crecimiento personal, para generar espacios de reflexión sobre la condición del preso, el sentido, la calidad y estilos de vida y las opciones de proyección hacia el futuro; y el último componente es la capacitación teórica y/o práctica en áreas técnicas, que obedece a la planeación y creación de microempresas sostenibles (2011, pág. 7).

En teoría se podría considerar que el PASO está estructurado con miras a ofrecer una oportunidad educativa y técnica válida para los privados y las privadas de la libertad, pero en la realidad carcelaria esto no deja de ser un simple programa inexistente que no se concreta por las dinámicas de corrupción y las condiciones de indignidad a las que están sometidas las personas en prisión.

En suma, es importante tener a consideración las siguientes críticas respecto a la educación ofertada en los centros penitenciarios, pero aclarando que se hace con miras a generar discusión y no ha estipular ideas inamovibles.

• Ideológicamente la educación en los centros carcelarios pretende atribuir en la persona un determinado comportamiento y una matriz de pensamiento afín a un sistema impositivo; esta en concordancia con la naturaleza misma de la cárcel, es decir, la prisión como sitio de tortura.

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• La resocialización no deja de ser un sofisma, y por ende, los programas educativos que se construyen con esta supuesta finalidad no tienen un aporte sustancial a la hora de dignificar la vida en prisión.

• La cifra de hacinamiento en las cárceles del país está sobre el 45%; en la mayoría de estos centros no se cuenta acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, y como si fuera poco, hay cientos de denuncias de privadas y privados de la libertad, manifestando que en los lugares en donde se encuentran recluidas y recluidos, no hay acceso a agua potable. Entonces esto nos lleva a deducir sin temor a equivocaciones, que si no hay garantías para vivir en condiciones dignas, mucho menos va haber una infraestructura adecuada para impartir programas educativos y técnicos.

• Los programas que ofrece el INPEC en convenio con instituciones de educación superior como la Universidad Abierta y a Distancia – UNAD, entre otras, son de costos muy elevados, siendo prácticamente imposible matricularse en ellos, cerrando de tajo la posibilidad de acceder a un derecho que la misma institución penitenciaria ufana de brindar.

• En las cárceles para mujeres, el tipo de formación técnica y educativa está enmarcada en las lógicas patriarcales, ya que por el hecho de ser mujeres solo pueden desenvolverse en programas relacionados con tareas propias del hogar -como lo es la costura, la cocina o estética y peluquería- cerrando de tajo la posibilidad de la autodeterminación.

Es amplia la discusión que se puede generar frente a este tema. Esto que se expuso anteriormente es solo una de tantas perspectivas, ya que entendemos que hay muchas personas privadas de la libertad, que ven en estos programas educativos una forma de evadir la realidad infame y hostil que ofrece la prisión.

EDUCACIÓN EMANCIPADORA: UNA FORMA DE RESISTIR TRAS LAS REJAS

“Toda educación debe ser popular. Toda educación debe ser derecho.

Toda educación debe tener como prioridad las personas que sufren de algún nivel de asimetría. Toda educación debe ser una educación que construye nuestras capacidades de soñar y de transformar, capacidades de conocimiento de los más sencillos a los más complejos, desde diálogos de saberes, como los saberes populares y los conocimientos ancestrales” Oscar Jara, Educador Popular La educación no puede ser restringida a unos cuantos, no puede ser limitada a las aulas o a los laboratorios de instituciones certificadas; esta debe ser democrática y de calidad, debe estar al servicio del campesino, del indígena, la mujer ama de casa, para las privadas y los privados de la libertad. El conocimiento teórico y práctico no es exclusivo, este se da en el diálogo,

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en la lectura, en las experiencias compartidas; nace de la curiosidad y de la necesidad de resistir a la violencia estatal. Y esto tiene un sentido mucho más profundo cuando se ésta tras la rejas.

Una educación emancipadora debe estar encaminada a la libertad. Debe ser dialógica, promoviendo prácticas de conciencia crítica respecto al mundo en que vivimos, respecto a nuestros tiempos y espacios, a nuestras historias y culturas, capaz así de promover transformación y liberación. Una educación emancipadora, promotora de conciencia crítica y que por lo tanto libera, genera condiciones para que todas las personas puedan participar, en pie de igualdad, en la vida económica, política, cultural y social de los distintos lugares. La educación debe realizarse como práctica de libertad, siendo concretizada desde una pedagogía en que las personas oprimidas tengan condiciones de descubrirse y posicionarse como seres libres y sujetos de su propia historia (2019, pág. 8).

En este sentido se debe propender por una educación que combata la desigualdad social, que sea radical en el sentido de aportar en soluciones concretas que superen los conflictos estructurales; debe contribuir a que las personas estén conectadas a su tiempo y espacio, que conozcan su territorio, su contexto y su historia. La educación en prisión, propuesta desde lo alternativo, no es un programa administrativo, es la posibilidad de resistir al aislamiento, a la violencia, al olvido. Es una línea de fuga, de formación humana y política, es encontrar en el conocimiento un aliado para forjar dignidad.

La cárcel como centro de tortura acude a la deshumanización, presiona para que las personas que caen en ella olviden sus sueños, pensamientos y luchas, es un espacio invasivo que día tras día va socavando algo de nuestro ser.

Por ello, la educación alternativa (círculos de lectura, lectura independiente, el ejercicio de la escritura, el dialogo de saberes, etc.) en prisión, es una estrategia para resistir, para fortalecer el pensamiento y alivianar el espíritu en medio de las presiones que ejerce el cautiverio.

A propósito, vale la pena citar las palabras de Paulo Freire 1 : “Una educación que posibilite al hombre y a la mujer para la discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el valor para lucha, en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio “yo”, sometido a las órdenes ajenas. Educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus “descubrimientos”, a una cierta rebeldía” (2009, pág. 85).

1 Fue un filósofo brasilero. Destacado por sus aportes a la pedagogía crítica.

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¿Qué alternativas podríamos encontrar a las formas en las que el sistema impone la educación?

Crea un texto, no importa la forma (canción, poema, artículo) en el que se muestre una crítica del sistema educativo, y otro en el que se planteen alternativas a los modelos tradicionales

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ROMPECOCOS

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¿Y si buscamos varios conceptos sobre la cárcel y su función social?

•

Función vindicativa.

•

Función expancionista.

•

Correccionalismo.

•

Resocialización.

•

Escuela Latina.

•

Escuela Anglosajona.

•

Práctica genocida.

•

Clase popular.

•

Movimiento social.

•

Exterminio.

•

Régimen filadélfico.

•

Régimen Auburbiano.

•

Centro de tortura.

Existen varias herramientas para la defensa de los Derechos Humanos, encuéntrelas en el siguiente crucigrama: HORIZONTALES 2. Acción que tutela el derecho fundamental a la libertad personal cuando alguien ha sido capturado con violación de las garantías constitucionales o legales.

4. Herramienta para la defensa de los derechos como la intimidad, el buen nombre, a la honra y a la información.

7. Instrumento constitucional que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho fundamental vulnerado.

VERTICALES 1. Derecho que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas, verbales o escritas, ante las autoridades públicas y obterner de ellas una respuesta pronta y oportuna que resuelva lo solicitado.

3. Mecanismo judicial de protección que faculta a toda persona para solicitar ante un juez el cumplimiento de unciones públicas por parte de autoridades o funcionarios públicos.

5. Medios procesales para la protección de derechos o intereses colectivos que se ejercen para evitar el daño, el peligro y la amenaza sobre derechos e intereses grupales.

6. Medio procedimental en el que una colectividad exige la retribución de sus derechos como grupo.

Usted está privado(a) de la libertad pero aún tiene derechos.

Reconózcalos y luche por ellos.

Derechos que permanecen inalterables

La Corte Constitucional, teniendo como referencia el Derecho Internacional Humanitario, ha identificado que los derechos de las personas privadas de la libertad se clasifican en tres categorías: Los derechos que permanecen y deben ser garantizados.

•

Los derechos que permanecen pero están restringidos debido a la pena intramural.

•

Los derechos que se suspenden hasta cumplirse la medida de aseguramiento.

lemencia ha caído presa, no tiene recursos económicos para costear un abogado y tampoco le han asignado un defensor público. Ahora desea saber cómo es un proceso penal. ¡Ayúdela!

Para hacerlo a continuación encontrará las fases del proceso penal, pero están desordenadas, así que tendrá que enumerarlas en el orden correcto.

IMPUTACIÓN DE CARGOS

AUDIENCIA PREPARATORIA

AUDIENCIA DE JUCIO ORAL

RADICACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN

INDAGACIÓN

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN

INVESTIGACIÓN

AUDIENCIA DE SENTENCIA

Ahora relacione, conectando con líneas, las categorías de la columna de la izquierda con la lista de derechos de la columna de la derecha.

Derechos Restringidos

•

C

Derechos que pueden suspenderse

•

Derecho a la libertad física.

•

Derecho al trabajo.

•

Derecho a la libre circulación.

•

Derecho a la integridad personal.

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Derecho a la educación.

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Derecho a la familia.

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Derecho a la salud.

•

Derecho a la intimidad.

•

Derecho a la igualdad.

•

Derecho a la vida.

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