Nota Estratégica Igarapé: "El despertar de Latinoamerica"

N OTA E S T R AT É G I C A 1 4 | FEBR ER O 2014

El despertar de Latinoamérica: una revisión del actual debate sobre política de drogas w w w. i g a r a p e . o r g . b r

Foto: Mídia NINJA

Ilona Szabó de Carvalho1

Movilizaciones para la aprobación de la ley que regula la producción, el comercio y el uso de cannabis en Uruguay.

Latinoamérica se enfrenta con niveles altísimos de violencia organizada e interpersonal, muchas veces vinculada a la producción ilícita de narcóticos, narcotráfico y la llamada “guerra contra las drogas”. Sin embargo, hay pruebas de una creciente insatisfacción frente al actual régimen global de control de drogas y su débil énfasis en la supresión de la oferta, que en su mayoría de veces implica en medidas represivas. Este informe analiza cómo las transformaciones que están siendo puestas en práctica en Latinoamérica representan un desafío a los fundamentos en los cuales está basado este régimen. Desde la última década dos comisiones independientes – la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia y la Comisión Global de Política de Drogas – vienen rompiendo el tabú al discutir políticas alternativas de drogas. Ambas las comisiones han puesto énfasis sobre la necesidad de un cambio de paradigma de abordajes represivos hacia intervenciones preventivas que se enfoquen en la reducción de daños y la seguridad ciudadana. Con base en las recomendaciones de estas comisiones, diversos líderes de Latinoamérica se encuentran actualmente debatiendo un abordaje más balanceado acerca de la política de drogas. Algunos países están poniendo a prueba legislaciones y modelos reglamentares más adecuados a sus realidades y necesidades locales. Estos y otros esfuerzos vienen generando implicaciones potencialmente dramáticas no apenas para Latinoamérica sino para todo el mundo.

1 La autora esta agradecida a Coletta Youngers, Florencia Fontan Balestra, John Walsh, Jorge Paladines, Jorge Tinajero, Pablo Cymerman, Martin Jelsma y Miguel Darcy por sus aportes en las versiones previas. También se da crédito a Robert Muggah por su apoyo editorial y de contenido.

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EL DESPERTAR DE LATINOAMÉRICA: UNA REVISIÓN DEL ACTUAL DEBATE SOBRE POLÍTICA DE DROGAS

El despertar de Latinoamérica: una revisión del actual debate sobre política de drogas2 Ilona Szabó de Carvalho

INTRODUCCIÓN Latinoamérica se encuentra en el epicentro del debate global sobre política de drogas. En apenas algunos años el viejo tabú de décadas que prevenía nuevas formas de pensar sobre cómo lidiar con la producción, comercio y consumo de narcóticos ha sufrido un revés. Como resultado un amplio rango de políticas y programas alternativos al régimen de control de drogas – que van desde la descriminalización del uso de las drogas hasta la regulación de los mercados de droga – están siendo colocados sobre la mesa, muchas veces por primera vez. Distintas autoridades nacionales y locales están explorando nuevas políticas y programas que se adecuen mejor a las realidades de sus pueblos. Al hacer esto, los gobiernos y la sociedad civil están desafiando el régimen internacional de control de drogas y su abordaje prohibicionista que criminaliza el uso, tráfico y producción de drogas y que se limita a reducir la oferta de drogas a cualquier precio.

El “nuevo” debate sobre política de drogas se fundamenta en ciertas suposiciones básicas, entre ellas, la más fundamental es que la guerra contra las drogas ha fracasado. Los proponentes de un abordaje represivo a la política de drogas no han sido capaces de demostrar reducciones reales en la producción, venta o consumo de drogas ilícitas alrededor del mundo. Por lo contrario, los investigadores han demostrado que estos abordajes enfocados en la reducción de la oferta han generado consecuencias desastrosas, ya sea mensuradas en términos de salud o seguridad pública (Werb et al., 2010; UNODC, 2012). La puesta en práctica de intervenciones antinarcóticos como el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, y la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central, no han resultado en mejoras en la seguridad ciudadana, si no, por lo contrario, han implicado en el crecimiento sin precedentes de la violencia, la corrupción de las instituciones del estado, enormes aumentos en las poblaciones carcelarias y la violación sistemática de los derechos humanos.

Lo más importante es que este nuevo debate está precipitando la acción. Más específicamente esto se traduce en diversas transformaciones legales y políticas que están ocurriendo en los países que más severamente han sido afectados por la fracasada guerra contra las drogas. Algunos gobiernos de la región, incluyendo aquellos de Colombia, Ecuador, Guatemala y Uruguay, están discutiendo activamente y, en algunos casos, revirtiendo sus abordajes sobre políticas de drogas. Aunque sus motivaciones para repensar una nueva política de drogas sean distintas, todos tienen un deseo común de adecuar las intervenciones a las culturas de sus propios países y promover la seguridad, salud y bienestar de sus ciudadanos.

2 A versão original deste artigo foi publicada em inglês, com o apoio do Centro de Recursos de Consolidação da Paz da Noruega (NOREF).

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En el despertar de las comisiones internacionales de alto nivel sobre políticas de drogas3 existe una coalición de líderes políticos de Latinoamérica que está influenciando el debate a nivel mundial. El tema fue colocado como prioridad durante la Cumbre de las Américas en Cartagena en abril de 2012 cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibió un mandato para examinar los resultados de políticas de drogas en el hemisferio y explorar nuevos abordajes al problema de las drogas en las Américas. En septiembre de 2012 varios gobiernos de la región manifestaron una declaración conjunta en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) demandando que “ejerza su liderazgo e impulse una reflexión profunda para analizar todas las opciones disponibles” y exigieron una sesión especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de la droga en 2016. En mayo de 2013 la OEA lanzó dos informes sin precedentes y abrió el tema a debate en su 43ª Asamblea General para desarrollar una “política integral para el problema de las drogas en las Américas”.

Los cambios en marcha en Latinoamérica pueden influenciar el abordaje de EE.UU. a nivel internacional e incluso doméstico sobre la política de drogas. En 2012 la administración de Obama admitió públicamente los retrocesos de la política de drogas actual (Hakim, 2011). El gobierno de los EE.UU. también dejó discretamente de lado el término “guerra contra las drogas” y empezó más activamente a tratar sobre el tema basándose en la salud pública en lugar de débiles criterios morales. Si bien este aparente cambio de tono aún no ha resultado en cambios significativos en la asignación de los recursos (Walsh, 2012), una reciente decisión del procurador general de los EE.UU. Holder podrá impedir que pequeños infractores de drogas reciban sentencias draconianas como mínimo imperativo (The Economist, 2013). Mientras tanto, diversos estados de los EE.UU. han iniciado reformas sustanciales a sus legislaciones sobre drogas. Unos 20 estados han legalizado el uso medicinal de la marihuana. Iniciativas a través del voto en Colorado y el estado de Washington han legalizado y reglamentado la producción, distribución y uso recreacional de la marihuana entre los adultos en noviembre de 2013. Tales reformas representan un serio desafío al gobierno federal que ha decidido no demandar a estos estados pese a que la marihuana continúa siendo ilegal bajo la ley federal (Southall, 2013). De acuerdo a una encuesta nacional, el 52% del público en los EE.UU. es a favor de legalizar la marihuana, la proporción más alta que jamás ha sido registrada4. Estos cambios en los EE.UU. también se reflejan en las Américas.

Este informe presenta una visión general descriptiva del terreno en transformación en Latinoamérica. La futura dirección de la legislación, las políticas y los programas tiene importantes implicaciones sobre cuestiones más amplias de salud y seguridad públicas en toda la región. Aunque sea difícil determinar con seguridad la ruta que será elegida por los gobiernos, especialmente por las dos potencias regionales de Brasil y México, no hay duda que el debate de política de drogas en las Américas se encuentra en una nueva y dinámica fase. Las decisiones tomadas en los próximos años pueden muy bien establecer la plataforma para la emergencia de un nuevo régimen internacional sobre política de drogas, con profundas consecuencias para la cooperación internacional en el continente. La primera sección empieza con un breve resumen sobre el porqué del fracaso de la guerra contra las drogas. La sección II analiza cómo Latinoamérica está repensando su abordaje a la política de drogas. La tercera sección pone énfasis en cómo, de manera práctica, los gobiernos de Latinoamérica están reformulando sus políticas. El informe concluye con algunas observaciones generales.

3 Véase Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, <http://www.drogasedemocracia.org>; Comisión Global de Políticas de Drogas, <http:// www.globalcommissionondrugs.org>.

4 Véase <http://www.people-press.org/2013/04/04/majority-now-supports-legalizing-marijuana/>.

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EL DESPERTAR DE LATINOAMÉRICA: UNA REVISIÓN DEL ACTUAL DEBATE SOBRE POLÍTICA DE DROGAS

SECCIÓN I CINCO INSTANCIAS EN QUE EL RÉGIMEN DE GUERRA CONTRA LAS DROGAS HA FRACASADO El régimen internacional de drogas recoge elementos de principio y normativos junto a reglas prescriptivas y a un órgano tomador de decisiones centralizado. En el centro de este régimen está la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes establecida en 1961 y enmendada con el Protocolo de 1971, la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

De hecho, el régimen puede ser trazado a la Convención Internacional del Opio de 1912 y 1925 y a la Convención de 1931 de la Liga de Naciones para Limitar la Manufactura y Reglamentar la Distribución de Estupefacientes, la primera de una serie de acuerdos multilaterales de compromiso legal sobre el tema. Para el propósito de este informe, el “régimen de drogas” se refiere al periodo desde la Convención Única de 1961 mientras que la interpretación sesgada y represiva de este régimen se define como la “guerra contra las drogas”.

Es significativo que el régimen de control de drogas conlleve un órgano tomador de decisiones (la Comisión sobre Estupefacientes) y un órgano de monitoreo sobre los tratados (la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) que resguarda el cumplimiento de los estados firmantes a las convenciones de 1961 y 1971. Uno de los defensores más arduos de este régimen de control de drogas, los EE.UU., también ha introducido políticas especiales que incentivan el cumplimiento al tiempo que penalizan aquellos que no lo hacen. Sin embargo, hay evidencia que el régimen viene siendo cuestionado. Ejemplos de ello son las aplicaciones de tenues desvíos del régimen como es la descriminalización del porte de drogas para consumo personal, un creciente énfasis en la reducción de daños, la reglamentación de la marihuana, y la exitosa salida de Bolivia y posterior adherencia a la Convención Única con la reserva de preservar el uso tradicional de la coca en el territorio boliviano. Tras más de 50 años de aplicación del régimen de control de drogas hay un creciente sentimiento en el Occidente que refleja la necesidad de un nuevo abordaje al problema de las drogas. Como un todo, hay al menos cinco instancias en que la guerra contra las drogas ha fracasado en Latinoamérica.

Figura 1: Producción global de cocaína, 1990-2008 1,200

1,048 950 774

150

189

600 492

695

1,000

270

280 290 113

800

302

600

680

400

660 630 450

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

92

Fuente: UNODC (2010)

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94 104 865

435

200 0

98

240

2000

400

43 141

1999

800

879

825

1998

Metric tons

1,000

1,200

1,034 1,024

200 0

Bolivia Peru Colombia Total

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Primero, ha fracasado en su tarea primordial de reducir la oferta de drogas ilícitas disponible en el mercado internacional.

De hecho, las políticas antinarcóticos enfocadas en la fumigación aérea de herbicidas, erradicación, y sustitución de plantíos alternativos han tenido impacto limitado en el cultivo y producción de cocaína, heroína, y marihuana en Latinoamérica. Pese a los buenos esfuerzos de los EE.UU. y de la comunidad internacional para apoyar los gobiernos de Bolivia, Colombia, y Perú, los niveles de cultivo de coca y de producción de cocaína han permanecido estables en la última década (véase Figura 1). Los países andinos aún son responsables por prácticamente el 100% de la producción global de cocaína, aunque con tenues variaciones en la producción individual por país (UNODC, 2012).

De esa manera se ha producido el conocido “efecto globo”, que implica en la manutención de la producción regional ya que los efectos de los planes antinarcóticos en una localidad tienden a resultar en el traslado de la producción de drogas a otro lugar (The Economist, 2013).

En segunda instancia, debido a su localización geoestratégica entre Norte América y Europa Occidental, muchos países de Latinoamérica y del Caribe han sido afectados negativamente por el flujo de drogas ilícitas. De hecho, diversas estimaciones disponibles indican que más del 90% de toda la cocaína consumida en los EE.UU. proviene de Colombia y es transportada a través de América Central y México. Lo que es más grave es que la intensificación de planes antinarcóticos en Colombia, América Central y México han resultado en una expansión de rutas del narcotráfico a través de países vecinos, aumentando considerablemente la intensidad de la corrupción y probablemente resultando en un exacerbamiento de la violencia en las varias subregiones. Para analizar la eficacia de la política de drogas es necesario tener una perspectiva regional. Investigaciones confirman que “exitosas” políticas antinarcóticos que intentan reducir la violencia en un país puede generar efectos negativos en otro. Por ejemplo, políticas antidrogas llevadas a cabo por el gobierno colombiano en la década pasada, combinadas a intervenciones apoyadas por el ex presidente mexicano Calderón, han tenido un papel fundamental en la explosión de la violencia en México entre el periodo 2006-2012 (Castillo et al., 2012). La necesidad de un abordaje “integrado” se vuelve clara tras los fracasos anteriores.

En tercer lugar, una falla fundamental en el esfuerzo internacional para contrarrestar los narcóticos está en el área de reducción de la demanda. En 2010 se estima que entre 150 y 300 millones de personas entre las edades de 15-64 (3.4-6.6% de la población mundial para ese grupo de edad) han utilizado una sustancia ilícita al menos una vez en el año anterior (UNODC, 2012). Al tiempo que los niveles de consumo parecen estar creciendo o estabilizándose, aunque no reduciéndose. Si bien es difícil determinar el consumo global de drogas con exactitud, un estudio de la Comisión Global de Política de Drogas (2011) ofrece algunas pistas sobre tendencias internacionales. Se estima que del 1998 al 2008 el consumo anual de opiáceos se ha incrementado un 34.5%, mientras que el consumo anual de la cocaína ha crecido un 27% y el de cannabis un 8.5%. En Latinoamérica, los estudios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) indican que las tendencias de consumo para diversas categorías de drogas han crecido sostenidamente en la región (véase Figura 2). Como mínimo se puede decir que las políticas actuales han hecho poco para detener el consumo general de narcóticos ilícitos.

En cuarto lugar, los esfuerzos para contrarrestar la oferta de drogas, tráfico y consumo en Latinoamérica han generado un daño colateral en términos de corrupción, encarcelamiento y de violaciones a los derechos humanos. De hecho, las prisiones y cárceles de Latinoamérica están al borde del colapso, muchas veces operando muy por encima de sus capacidades. Un estudio sobre la relación entre la legislación de drogas y las poblaciones carcelarias en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay ha concluido que la aplicación de leyes severas para

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infracciones de drogas ha resultado en una sobrecarga de casos en las cortes, prisiones sobrecargadas, y en el sufrimiento de decenas de miles de personas debido a (muchas veces por primera vez) haber cometido pequeñas infracciones de droga y porte (Hernández, 2011). El abordaje punitivo contra traficantes y usuarios también ha resultado en una sobrevaloración de las penalidades y la represión que muchas veces contribuye para la violación de los derechos humanos. Además, a medida que el negocio de la droga crece, el crimen organizado ha extendido su alcance y hoy constituye una amenaza importante a la autoridad del estado y su legitimidad, una vez que corroe el proceso democrático y afecta negativamente el crecimiento económico (UNODC, 2007).

Figura 2: Tendencias en el uso de drogas ilícitas en Latinoamérica y Caribe (Nota: Tendencias nacionales estimadas por tamaño de población.)

Cannabis 5 4 3 2 1 0

Opioids 5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5 4 3 2 1 0

Cocaine

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5 4 3 2 1 0

Amphetamine type stimulants

5 4 3 2 1 0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: UNECOSOC (2007)

Finalmente, la fracasada guerra contra las drogas ha contribuido para el posicionamiento de Latinoamérica como la región más violenta del planeta, mensurada por sus niveles de violencia homicida y asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, y la negación a servicios básicos de salud pública (Count the Costs, 2012).

De hecho, los conflictos sobre la producción y distribución de drogas ilícitas – incluyendo aquellos entre carteles de drogas que disputan rutas de drogas así como las medidas tomadas por los gobiernos nacionales contra el crimen organizado – han sido devastadoras (Comisión Global de Política de Drogas, 2011; Redmond, 2012; Rawlins, 2011).

Durante el periodo de 2004-09, el 25% de todas las muertes violentas a nivel mundial tuvieron lugar en apenas 14 países, la mitad de ellos ubicados en Latinoamérica y el Caribe (i.e. El Salvador, Jamaica, Honduras, Colombia, Venezuela, Guatemala y Belize) (Krause et al., 2011). Latinoamérica también registra la más alta tasa de muerte violenta de jóvenes en el mundo, que excede aquella de los países y regiones en guerra (Waiselfisz, 2008; 2012). Un estudio de 2008 analizó tasas de homicidio juvenil en 83 países a nivel mundial y encontró las más altas tasas en Latinoamérica5. Estas tendencias se han mantenido en el 2013.

5 Específicamente, El Salvador (92.3 homicidios por 100,000 población), Colombia (73.4 por 100,000), Venezuela (64.2 por 100,000) y Guatemala (55.4 por 100,000) están entre los primeros cinco países.

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Movilizaciones para la aprobación de la ley que regula la producción, el comercio y el uso de cannabis en Uruguay.

El derecho a la libertad y seguridad personal, a un proceso justo y de derecho, es sistemáticamente violado en el esfuerzo de los países latinoamericanos de llevar a cabo la guerra contra las drogas. La práctica de ejecuciones extrajudiciales, i.e. el asesinato de individuos a manos de las autoridades fuera del curso regular de procedimientos judiciales es increíblemente común. En Brasil, hay diversos relatos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad durante operaciones antidrogas a larga escala en las barriadas urbanas (conocidas localmente como favelas) (UNOHCHR, 2008).

Las principales víctimas de la brutalidad de la policía son jóvenes Afro-Brasileros, varones entre los 15 y 19 años, que generalmente son rotulados como narcotraficantes en las favelas (UNECOSOC, 2004). En muchos casos la extensión del problema es enmascarado por sistemas de clasificación ambiguos. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales son clasificadas como “actos de resistencia”. Muchas de estas muertes no son investigadas por la policía al tiempo que son justificadas como actos de auto defensa de miembros de las fuerzas de seguridad contra miembros de organizaciones del narcotráfico. Un estudio de la ONU de 2007 sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en Brasil encontró que la policía comúnmente mata a sospechosos criminales en lugar de investigarlos y arrestarlos, y que un alto número de sospechosos criminosos y transeúntes han sido muertos durante rápidas operaciones a larga escala y en estilo de guerra comandadas por las policías en las favelas (Harley, 2013).

En América Central, las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, comunes desde los acuerdos de paz de los 80 y 90, han permanecido numerosas (Cleary, 2007). El caso de Honduras emergió en el contexto de una nueva estrategia – conocida como Operación Anvil – con la intención de interrumpir el tránsito de drogas desde América del Sur a través de América Central (Corcoran & Arce, 2012). El impulso más amplio por reforzar el compromiso de combater a las drogas en América Central emerge de la ya mencionada Iniciativa de Seguridad Regional para América Central. Una indicación de que la manera de pensar del público está cambiando en Latinoamérica es demostrada por un grupo de 40 estudiantes hondureños y retirados oficiales del gobierno que apoyados por 300 académicos de 29 países enviaron una carta al Presidente Obama y a la ex secretaria del estado Hillary Clinton pidiendo un cese de “todo el aporte de EE.UU al entrenamiento de la policía y fuerza militar de Honduras”, subrayando que la guerra contra las drogas no es razón suficiente para apoyar un régimen que violentamente reprime a su propia gente (Real News, 2012).

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SECCIÓN II LATINOAMÉRICA ROMPE EL TABÚ En Latinoamérica y otros lugares ha emergido un movimiento para la reforma de política de drogas enfocado en la seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo. Importantes líderes latinoamericanos han hecho un llamado para una revisión de las políticas represivas y un debate honesto e informado sobre abordajes alternativos al status quo. Ellos son motivados no por una visión ideológica sino por políticas inteligentes que privilegian la prevención, reducción de daños, y tratamiento, al tiempo que se enfocan en la reducción de la violencia vinculada a la producción, tráfico y abuso de drogas (Hakim, 2011).

El primer actor a romper el tabú fue la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Lanzada en 2008 como una iniciativa conjunta de 17 líderes latinoamericanos, la comisión fue dirigida por tres ex mandatarios, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México. Su objetivo fue impulsar el debate a través de una evaluación balanceada sobre la eficacia e impacto de las políticas de droga en la región y así contribuir hacia la construcción de “políticas más seguras, eficientes y humanas” (Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009). En 2009 la comisión presentó los principales hallazgos y conclusiones en su informe Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma.

La comisión propuso un abordaje basado en tres principios: 1. tratar el uso de drogas como un asunto de salud pública; 2. reducir el consumo de drogas a través de la información, educación y prevención; y 3. direccionar la represión sobre los usuarios hacia el crimen organizado.

Gracias al éxito de la Comisión Latinoamericana, en el 2010 los comisionados expandieron su mandato. Una nueva Comisión Global de Política de Drogas fue establecida bajo la presidencia del ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, con la permanencia de los ex-presidentes Gaviria y Zedillo como miembros. A ellos se adhirieron otros 19 líderes y políticos, que incluyen George Shultz, Paul Volker, Kofi Annan, Richard Branson, y ex mandatarios y personalidades del gobierno como Aleksander Kwasniewski (Polonia), George Papandreou (Grecia), Jorge Sampaio (Portugal), Ricardo Lagos (Chile) y Ruth Dreifuss (Suiza). La Comisión Global fue establecida para extender el paradigma y estimular una discusión científica sobre métodos humanos y efectivos de reducción del daño causado por las drogas a las personas y a las sociedades.

En junio de 2011 la Comisión Global publicó su primer informe intitulado Guerra a las Drogas que concluyó: La guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias nefastas para individuos y sociedades alrededor del mundo. Tras 50 años del inicio de la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes, y 40 años después que el presidente Nixon lanzó la Guerra Contra las Drogas del gobierno de EE.UU. se hacen necesarias, de manera urgente, reformas fundamentales a nivel nacional y mundial sobre las políticas de control de droga.

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La Comisión Global elaboró 11 recomendaciones para crear un abordaje alternativo a la política de drogas. Las principales son: • reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas y su impacto desastroso sobre los derechos humanos, violencia y corrupción; • sustituir la criminalización y punición contra aquellos que usan drogas con servicios de salud y tratamientos para aquellos que lo necesiten; y • apoyar a los gobiernos para que pongan a prueba modelos jurídicos de reglamentación para contrarrestar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y seguridad de los pueblos, a comenzar por el cannabis.

En junio de 2012 la Comisión Global lanzó un segundo informe intitulado La Guerra Contra las Drogas y el VIH-SIDA. El informe describe como la guerra mundial contra las drogas ha exacerbado la epidemia de VIH entre los usuarios de drogas y sus parejas sexuales. Más recientemente, un tercer informe intitulado Los Impactos Negativos de la Guerra Contra las Drogas en la Salud Pública fue publicado en mayo de 2013. El informe demuestra que se ha impulsado una epidemia de hepatitis C, propagada por los abordajes represivos a las drogas, entre los usuarios de drogas inyectables.

Impelidos tanto por la Comisión Global como por una valoración informada sobre los costos de la guerra contra las drogas, algunos líderes latinoamericanos están al día de hoy haciendo un llamado para un cambio al existente régimen de control de drogas internacional. Al cuestionar el contenido y la dirección del régimen – incluyendo la adecuación de las mensuraciones de éxito – se hace claro que tales regímenes no son inmutables y que pueden, y de hecho lo hacen, pasar por transformaciones. De esa manera, los comisionados establecieron un conjunto de principios y recomendaciones que van más allá de lo que el actual régimen permite. Y hay indicación de que estas brechas en el régimen están expandiéndose. En varios países de Latinoamérica los políticos, la elite de negocios y activistas están llamando la atención ante el fracaso del status quo y la importancia de tomar nuevos rumbos.

Un pionero de este nuevo paradigma que comienza a tomar fuerza es el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien ha abiertamente cuestionado el régimen y ha hecho un llamado por una “revisión global de la guerra contra las drogas” (Mulholland, 2011). Si bien ha adoptado un tono más cauteloso, el ex mandatario Felipe Calderón de México también ha argumentado que “si el consumo de drogas no puede ser limitado, entonces los tomadores de decisión deben buscar soluciones – incluyendo mercados alternativos – para reducir las ganancias astronómicas de las organizaciones criminales” (Graham, 2011). Asimismo, el actual presidente electo de México, Peña Nieto, ha reconocido que el tema está abierto a debate, sin embargo, al día de hoy no se ha unido a los presidentes Santos y Perez Molina para discutir políticas (Youngers, 2013). El presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, un general retirado del ejército, también ha pedido a la comunidad internacional que considere estrategias alternativas de política de drogas, incluyendo la opción de la legalización y regulación del mercado de drogas (Molina, 2012). Partes de su llamado han conseguido el apoyo de países vecinos en América Central, incluyendo Costa Rica.

Un episodio crucial de este debate tuvo lugar en abril de 2012 durante la 6ª Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia. La política de drogas fue colocada en la agenda de la cumbre por el anfitrión, el presidente Santos, que declaró que “tenemos una obligación de verificar si estamos haciendo lo mejor posible o si existen alternativas

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mucho más eficientes” y añadió “un extremo es que todos los consumidores vayan a la cárcel. El otro extremo es la legalización. Entre estos dos debemos encontrar políticas más eficaces” (BBC News, 2012). Si bien el presidente Obama insistió en que la “legalización no es la respuesta” ha reconocido que este es un tema legítimo para debate.

Los mandatarios votaron unánime para la creación de un Sistema Interamericano Contra el Crimen Organizado que sea responsable por diseñar e implementar una “acción hemisférica contra el crimen organizado transnacional” (Pachico, 2012). Además, la OEA recibió la función de evaluar las políticas de droga existentes y analizar nuevos abordajes y alternativas para hacerlas más eficaces.

Impulsados por estos avances, los líderes latinoamericanos llevaron su demanda a la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2012. Allí, los presidentes Santos de Colombia, Calderón de México y Perez Molina de Guatemala abiertamente criticaron la guerra contra las drogas y pidieron que la ONU comience un serio debate para explorar alternativas. El presidente Santos declaró que es “nuestro deber determinar — en base a un estudio científico — si estamos haciendo lo mejor posible o si hay mejores opciones para combatir este flagelo” (Americas Quarterly, 2012). Una declaración conjunta fue presentada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en octubre de 2012 que hizo un llamado a los estados miembros a iniciar un estudio sobre “los avances y limitaciones de la actual política de drogas, así como sobre la violencia que la producción, tráfico y consumo de drogas genera en el mundo”.

De esa manera, continúa creciendo la presión para establecer un nuevo rumbo a la política de drogas a nivel internacional y regional. La Cumbre Iberoamericana de 2012 en Cádiz publicó una declaración para este efecto6 reconociendo cómo la violencia generada por el crimen transnacional organizado – y en particular, por el problema mundial de las drogas – constituye una seria amenaza al bienestar de los ciudadanos, desarrollo económico y estabilidad democrática. El documento, aprobado por 21 mandatarios, subraya la necesidad de analizar las mensuraciones políticas, económicas y sociales que han sido tomadas o están siendo discutidas en algunos países para legalizar y regular el consumo de ciertas drogas. La declaración también apoya la realización de una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de la droga en 2016.

Otro desarrollo importante tuvo lugar en mayo de 2013 con la presentación de dos informes encomendados por la OEA y muy aguardados: un informe analítico y otro de escenarios. El estudio con apoyo de la OEA propuso cuatro posibles escenarios para la futura política de drogas que reflejan un consenso emergente en toda Latinoamérica. Lo más importante fue que ninguno de estos escenarios llamó por la manutención del status quo. Muchos expertos endosan los tres primeros escenarios – el cambio del abordaje represivo para otros que valoren la seguridad ciudadana, experimentación con distintos abordajes para regular las drogas ilegales, y el fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades. En el último, la OEA establece caminos complementares en lugar de excluyentes. El informe reconoce que la demanda por narcóticos irá continuar y que apenas una porción pequeña de usuarios se volverá adicta.

6 Véase la Declaración de Cádiz (2012), < http://segib.org/cumbres/files/2012/03/DCLAXXIICUMIB-ESP.pdf>.

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SECCIÓN III IMPLEMENTANDO CAMBIOS A NIVEL NACIONAL Un creciente número de gobiernos y de la sociedad civil de Latinoamérica rechaza la camisa de fuerza impuesta por el régimen internacional de control de drogas. Esto sucede no por cuestiones ideológicas sino por la evidencia creciente que el régimen no está revirtiendo la oferta ni la demanda de narcóticos ilícitos. Un número de países de América Central y del Sur ha empezado a pensar y reconfigurar políticas nacionales de drogas. Algunos están en proceso de implementar reformas que están aliñadas, aunque en algunos casos se desvíen, de la estructura de las varias convenciones internacionales. Si bien este no es un listado exhaustivo, las siguientes subsecciones realzan diversos desarrollos en países seleccionados.

Argentina En agosto de 2009 la Suprema Corte de Argentina determinó que imponer sanciones criminales por la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso personal era inconstitucional. En 2012 otras propuestas legislativas fueron combinadas en una ley para descriminalizar el porte para uso personal, reducir las penas para crímenes de bajo escalón relacionados a drogas, otorgar a los jueces mayor discreción para determinar penalidades y potencialmente permitir el plantío de cannabis para uso personal. La propuesta fue colocada en espera mientras el borrador de la legislación de drogas aprobado en la cámara baja es debatido en el Senado. En 2013 una ley progresista de salud mental fue aprobada, la cual favorece el tratamiento que no restringe la libertad de los adictos a las drogas, y que busca tratamientos involuntarios y coercitivos como medidas excepcionales7.

Bolivia En marzo de 2009 el gobierno boliviano propuso una enmienda a la Convención Única de 1961. La recomendación fue de retirar dos subpárrafos del Artículo 49, los cuales incluyen párrafos 1 c) y 2 e) que determinan que el “masticado de hoja de coca debe ser abolido en un plazo de 25 años desde la entrada en vigor de dicha Convención como previsto en el párrafo 1 del Artículo 41”. Al describir este requerimiento como un anacronismo histórico, el gobierno de Bolivia demandó a la ONU eliminarlo para permitir que los países donde hay evidencia del uso tradicional ancestral, cultural y religioso puedan preservar su práctica indígena milenaria; basado en el hecho de que no causa ningún daño a la salud de la persona así como ningún tipo de adicción o desorden. La Constitución de Bolivia recoge que la hoja de coca es parte de la herencia cultural de la nación y su biodiversidad8.

7 Entrevista de la autora con Pablo Cymerman, julio de 2013.

8 Véase “Aide-Memoire on the Bolivian proposal to amend Article 49 of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961”, <http://www.druglawreform. info/images/stories/documents/ayuda_memoria_coca_en_ingles.pdf>.

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Una coalición liderada por los EE.UU. presentó objeciones dentro de los 12 meses establecidos por el proceso y bloqueó la enmienda (TNI, n.d.).

En julio de 2011 Bolivia se volvió el primer país a retirarse de la Convención Única de 1961 cuando presentó una notificación formal al secretario general de la ONU. A pesar de continua oposición por parte de la coalición liderada por los EE.UU., Bolivia volvió a adherirse a la Convención Única en 2013, bajo la condición de una declaración expresa de que no acepta la restricción impuesta por la convención sobre el uso de la hoja de coca y sus prácticas tradicionales. Además, en el front doméstico, cuando asumió el poder, el presidente Morales lanzó un programa llamado “Coca Sí, Cocaína No”. Como resultado, de acuerdo a figuras aportadas por la ONU, el cultivo neto de coca viene decreciendo desde hace dos años. El gobierno ha aumentado sus esfuerzos para combatir la producción ilegal de cocaína (Frye, 2012), que cuenta con el apoyo de Brasil.

Brasil Desde hace dos décadas las más grandes ciudades de Brasil han sido testigo de una escalada dramática en el uso de drogas y en la violencia relacionada a ellas. De hecho, las tasas de homicidios han prácticamente triplicado desde los 80 (Waiselfisz, 2012) y las encarcelaciones han aumentado un 450% en el mismo periodo (Macedo, 2010).

Unas pocas tentativas de progreso han sido puestas a la práctica en Brasil para explorar abordajes alternativos a la política de drogas. Por ejemplo, en 2006 el Congreso brasilero pasó la Ley 11.343/06 que eliminó las sentencias carcelarias para usuarios de drogas, prescribiendo penalidades alternativas como medidas cautelares, servicio comunitario y medidas educacionales. Las mismas penalidades también se aplican aquellos acusados de plantío de drogas ilícitas para uso personal. Pese a esto, el plantío y uso de drogas continúan siendo definidos como crímenes. Asimismo, la nueva legislación aumentó la penalidad mínima para la venta de drogas de tres a cinco años, resultando en una mayor presión para un sistema carcelario ya sobrecargado (Boiteux, 2011). Más de un cuarto de la población carcelaria de Brasil – la cuarta mayor después de los EE.UU., Rusia y China – se encuentran cumpliendo sentencias relacionadas a drogas o esperando por un juicio con cargos de drogas.

Lo más penoso es que esta ley no especifica cantidades límite que puedan ser usadas para diferenciar “usuarios” de “traficantes”. Deja la decisión a ser tomada por jueces, basados en criterios generales acerca de la cantidad y calidad de la droga , el histórico criminal del sospechoso, y sus circunstancias personales y sociales. Estos criterios discrecionales son difíciles de aplicar y muchas veces resultan en la aplicación discriminatoria de la ley. Como resultado, una legislación originalmente pensada para ser progresista terminó por volverse retrógrada. Entre 2007 y 2010 el número de personas encarceladas por infracciones

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relacionadas a drogas aumentó un 62%. Este aumento se debió mayoritariamente al encarcelamiento de infractores primarios que no tenían ningún vínculo con el crimen organizado (Boiteux et al., 2009).

En 2012 se estableció una Comisión del Congreso para revisar el Código Penal. Se formuló una recomendación para descriminalizar el porte de cantidades de droga necesarias para cinco días de uso individual, pero no hay ningún indicio que esta ley sea votada en breve.

Otra propuesta de ley que está en debate en el Senado va contra la tendencia regional al sugerir, entre otras propuestas controversias y retrógradas, un aumento en la sentencia mínima mandataria para los que trafican droga. Ambas las propuestas todavía deben ser votadas por el Congreso brasilero.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Brasil decidió que la detención preventiva mandataria de un menor de edad bajo sospecha de infracción criminal relacionada a drogas y siendo reo primario es inconstitucional. Asimismo, la corte observó que el juez que preside sólo debe privar de su libertad al menor de edad si la infracción fue cometida bajo violencia o amenaza seria, o si el reo no es primario o ha previamente desobedecido una medida disciplinaria9. El objetivo de la corte fue poner un fin a la amplia encarcelación de jóvenes.

También se espera que la Suprema Corte decida en 2014 si la criminalización del porte y uso de drogas es constitucional. La expectativa es que la corte decida a favor de la descriminalización de las drogas.

Es probable que la reforma de políticas de drogas en Brasil sea precipitada por decisiones de la Suprema Corte y por y movilizaciones impulsadas en campañas de la sociedad civil.

Colombia En junio de 2012 la corte constitucional de Colombia decidió que el Artículo 11 del Acto de Seguridad Ciudadana10, que criminaliza el porte de pequeñas cantidades de drogas ilícitas para uso personal, es inconstitucional (Zona Cero, 2012). Este artículo especifica que personas que se encuentren con hasta 1 kilo de marihuana o 100 gramas de cocaína debían ser sentenciadas a un mínimo de 64 meses en la prisión. En su sentencia la Corte Constitucional estableció que el porte de una cantidad mínima de drogas para uso personal no debía estar sujeto a ninguna penalidad y que la persona portadora de las drogas no podía ser detenida. El techo limite para considerar la sustancia de uso personal fue establecido en 1 gramo de cocaína y 20 gramos de cannabis.

De hecho esta no es la primera vez que la Corte Constitucional de Colombia ha descriminalizado el uso de drogas. En una sentencia de 1994 (Colombia, 1994) la corte 9 Véase Superior Tribunal de Justiça, Súmula 492, 15 de agosto de 2012, <http://atualidades-do direito.jusbrasil.com.br/noticias/100033732/sumula492-do-stj>.

10 Véase Ley de Seguridad Ciudadana, <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley145324062011.pdf>.

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declaró que determinados artículos del Estatuto Nacional de Estupefacientes11 que punían el porte y consumo de pequeñas cantidades de droga para uso personal eran inconstitucionales. Sin embargo, en 2009 bajo la presidencia de Uribe, el gobierno de Colombia hizo una enmienda a la Constitución y abolió esta excepción, una vez más permitiendo la criminalización del porte de drogas para uso personal. Además, en julio de 2010 el gobierno de Colombia aprobó el Acto de Seguridad Ciudadana, que hizo una enmienda al Código Penal imponiendo penas severas a cualquier individuo que porte cantidades de cannabis y cocaína que sobrepasen una cantidad límite. Esta es la ley mencionada anteriormente que la Corte Constitucional declaró inconstitucional.

Diversas iniciativas legislativas que implican revisiones en la política de drogas han sido propuestas en el Congreso con el apoyo de representantes de la sociedad civil. En 2011 el gobierno sometió una ley de droga más represiva que fue ampliamente criticada por activistas y expertos en tema de política de drogas. Los opositores argumentaron que expandía la lista de “sustancias controladas” y buscaba una vez más penalizar el porte y consumo de una mínima cantidad de drogas, yendo de cara a las sentencias previas emitidas por la Corte Constitucional (Vargas, 2011). Una comisión nacional para discutir el tema de las drogas fue establecida por el presidente Santos bajo la tutela del Ministerio de Justicia, la cual publicó un primer informe reafirmando la importancia de la descriminalización.

Recientemente, el alcalde Bogotá anunció la creación de centros especiales para el tratamiento médico de droga dependientes (conocidos como Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas), y se están llevando a cabo discusiones sobre un proyecto piloto donde los dependientes de crack puedan recibir cannabis como parte de un tratamiento bajo el control de las autoridades locales (El Comercio, 2012).

Ecuador En 2013 el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (CONSEP) emitió una Resolución 001 CD-2013. La nueva legislación establece cantidades máximas para el consumo de drogas personal. Por ejemplo, autoriza el porte de un máximo de 10 gramos de marihuana (El Comercio, 2013). Este arreglo fue establecido para descriminalizar el uso de drogas en línea con el Artículo 364 de la Constitución que determina que la adicción a las drogas es un tema de salud pública. Las cantidades límites para el porte de narcóticos fueron basadas en un estudio comisionado por el Ministerio de la Salud. Estas también sirven para ayudar a los jueces a diferenciar entre el tráfico y uso personal de drogas.

No obstante, la resolución aún debe ser implementada por los jueces ecuatorianos.

Mientras tanto, hay un debate en andamiento sobre si las cortes deben aplicar la resolución 11 Véase, como ejemplo, la Ley 30 de 1986.

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de la CONSEP aunque la ley no haya sido aún aprobada. También se debe establecer si el borrador a ser incluido en el Código Penal recogerá las cantidades límite determinadas por el CONSEP. El debate sobre cómo proceder está siendo llevado a cabo al tiempo que el consumo doméstico va en rápido aumento. Otra innovación jurídica tuvo lugar a fines del 2008 e inicios del 2009 cuando más de 2,000 ecuatorianos encarcelados por tráfico de drogas fueron libertados. El “perdón para las mulas” en masa favoreció a un grupo de convictos víctimas de leyes desproporciónales y representó un paso adelante en la reforma de prácticas penales ultrapasadas.

México Desde 2006 México viene siendo devastado por los impactos de la guerra contra las drogas. Al menos 60,000 personas han sido muertas, decenas de miles han desaparecido y cientos de miles han sido desplazadas. En 2009 México puso en práctica la Ley del Narcomenudeo como parte de un programa para reducir el narcotráfico a nivel “micro”, aumentar la seguridad ciudadana y revertir los niveles escalonados de violencia. La ley introdujo importantes cambios en la política de drogas del país al descriminalizar el porte de pequeñas cantidades de narcóticos ilícitos para uso personal y determinó una diferenciación entre los usuarios de droga recreacionales, adictos y los distintos tipos de traficantes.

La ley 2009 determinó un número de importantes precedentes para modificar el status quo. En un principio estableció que la Oficina del Procurador Público no enjuicie a personas droga dependientes o consumidores aprendidos con pequeñas cantidades de droga, en igual o menor cantidad que los límites establecidos, para el uso estrictamente personal y en los lugares definidos en la sección ii del artículo 475 5 de esta ley12.

Esto implica que ninguna sanción penal puede ser impuesta cuando el porte es determinado para uso personal. La ley establece las siguientes cantidades límite para cada droga: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio, 0.5 gramos de cocaína, 0.05 gramos de heroína, 0.04 gramos de metanfetamina y 0.015 miligramos de LSD, entre otros. Cualquier cantidad por encima de estos límites es considerada prueba del intento de venta y está sujeta a una punición severa13.

Los límites establecidos en la ley de 2009 también sirven para diferenciar entre traficantes a larga escala (narco-mayorista) y de venta al por menor en las calles (narcomenudista) 12 Véase, como ejemplo, el Artículo 478 de la Ley General de Salud, <http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-de-salud/titulo-decimooctavo/capitulo-vii/#articulo-478>.

13 El Artículo 477 de la Ley General de Salud Pública recoge que el porte de cantidades mayores que aquellas estipuladas por ley que no sean destinadas para el comercio o el suministro implica en una penalidad de diez meses hasta tres años de prisión.

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(Tinajero & Zamudio, 2009). Esta alteración fue introducida con el objetivo de agilizar el juicio y convicción de los traficantes de bajo escalón. A pesar de inicialmente ser considerada un avance en la reforma de política de drogas, una vez que descriminalizaba el uso personal de la droga, partes de la ley previnieron que el gobierno deje de lado las estrategias de represión.

En la opinión de algunos grupos de la sociedad civil, el gobierno mexicano continúa a enfocarse en la criminalización y encarcelamiento. Esto se debe a que la ley fortalece los poderes legales del estado y de las fuerzas policiales locales sobre los usuarios de droga estableciendo límites extremamente bajos que no reflejan la realidad de los mercados de droga en las calles. De esa manera, en la práctica, la ley ha aumentado la criminalización de consumidores, dejando las prisiones mexicanas mas sobrecargadas que nunca.

Uruguay Sin lugar a duda, los cambios más progresistas en materia de políticas de drogas en Latinoamérica provienen de Uruguay. De hecho, el porte de una cantidad mínima de drogas ilícitas para uso personal no es una infracción punible en Uruguay (Infodrugs, 1998).

En junio de 2012 el gobierno públicamente presentó una nueva estrategia proponiendo legalizar y regular el uso de la marihuana y asumir un control exclusivo sobre su producción y distribución. El ministro de Defensa Huidobro observó que la prohibición de ciertas drogas estaba causando “más problemas en la sociedad que la droga en si misma” (The Independent, 2012). El político indicó que las políticas de la “guerra contra las drogas” no sólo habían fracasado en prevenir las adicciones como habían fomentado redes aún más violentas de narcotráfico (Moffet & Kaplan, 2012).

Al legalizar la marihuana y hacer el acceso a la droga más seguro una vez que los usuarios podrán adquirir la droga por medios regulados, el gobierno argumenta que será capaz de enfocarse más eficazmente en combatir y reducir el tráfico ilícito de drogas. También tiene como propósito reducir el consumo de drogas más pesadas al establecer el precio del cannabis bajo lo suficiente para desestimular a los usuarios a buscar drogas como cocaína y crack (The Economist, 2012). Además, el gobierno planea usar las ganancias de la venta de drogas para mejorar el tratamiento y facilidades sanitarias para los droga dependientes.

La legislación fue aprobada por la Cámara Baja del Congreso en julio y por el Senado en diciembre de 2013. Desde de la promulgación de la ley por el presidente José Mujica a finales de diciembre de 2013, uno puede crecer hasta 6 pies de cannabis en su casa.

Se espera que para mediados de 2014 está regulada e implementada toda la cadena de producción y venta de cannabis para uso recreativo. Como era de esperarse, el anuncio del gobierno de Uruguay sobre sus mencionadas intenciones ha levantado algunas preocupaciones dentro del seno de la ONU, en particular en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Walsh & Jelsma, 2012).

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CONCLUSIÓN Hay un consenso creciente que los abordajes tradicionales sobre políticas de drogas, particularmente aquellos que apenas enfocan la reducción de la oferta, están ultrapasados y no son sustentables. Asimismo, hay cada vez más pruebas que el régimen de control de drogas internacional y la guerra contra las drogas han fracasado en salvaguardar la salud y seguridad de las personas y que abordajes alternativos son urgentemente necesarios. Este informe ha demostrado que el régimen está debilitándose, en parte debido a la presión de redes globales formadas por actores clave y la presión desde Latinoamérica. Las brechas que son internas al régimen han empezado a

Foto: Mídia NINJA

aparecer y las evidencias dejan claro que está fracasando debido a sus propias mediciones y fundamentos.

Movilizaciones para la aprobación de la ley que regula la producción, el comercio y el uso de cannabis en Uruguay.

Algunos gobiernos están poniendo a prueba modelos regulatorios y de legislación más adecuados a las realidades y necesidades locales de sus países. En los años que vienen, el posicionamiento de las dos potencias latinoamericanas – Brasil y México – será decisivo para consolidar un nuevo consenso latinoamericano sobre estrategias alternativas para tratar la cuestión de las drogas. La próxima Sesión Especial de 2016 sobre Drogas de las Asamblea General ofrecerá una oportunidad única para un debate abierto e informado, y no apenas entre los países de Latinoamérica.

Este debate debe estar basado en las pruebas que evidencian las limitaciones del actual régimen de control de drogas y sobre las lecciones tomadas por países que vienen poniendo a prueba políticas de droga más progresistas y más humanas.

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NOTAS ESTRATÉGICAS PUBLICADAS POR EL INSTITUTO IGARAPÉ NOTA ESTRATÉGICA 13 - THE CHANGING FACE OF TECHNOLOGY USE IN PACIFIED COMMUNITIES GRAHAM DENYER WILLIS, ROBERT MUGGAH, JUSTIN KOSSYLN Y FELIPE LEUSIN | FEBRERO 2014 NOTA ESTRATÉGICA 12 - A INSERÇÃO DE CIVIS BRASILEIROS NO SISTEMA ONU: OPORTUNIDADES E DESAFIOS RENATA AVELAR GIANNINI | ENERO 2014 NOTA ESTRATÉGICA 11 - A DIÁSPORA CRIMINAL: O ALASTRAMENTO TRANSNACIONAL DO CRIME ORGANIZADO E AS MEDIDAS PARA CONTER SUA EXPANSÃO JUAN CARLOS GARZÓN VERGARA | NOVIEMBRE 2013 NOTA ESTRATÉGICA 10 - SMARTER POLICING: TRACKING THE INFLUENCE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY IN RIO DE JANEIRO GRAHAM DENYER WILLIS, ROBERT MUGGAH, JUSTIN KOSSLYN Y FELIPE LEUSIN | NOVIEMBRE 2013 NOTA ESTRATÉGICA 9 - IS TOURISM HAITI’S MAGIC BULLET? AN EMPIRICAL TREATMENT OF HAITI’S TOURISM POTENTIAL ATHENA R. KOLBE, KEELY BROOKES Y ROBERT MUGGAH | JUNIO 2013 NOTA ESTRATÉGICA 8 - VIOLENCIA, DROGAS Y ARMAS ¿OTRO FUTURO POSIBLE? ILONA SZABÓ DE CARVALHO, JUAN CARLOS GARZÓN Y ROBERT MUGGAH | JULIO 2013 NOTA ESTRATÉGICA 7 - A PROMOÇÃO DA PAZ NO CONTEXTO PÓS-2015: O PAPEL DAS POTÊNCIAS EMERGENTES ROBERT MUGGAH, IVAN CAMPBELL, EDUARDA HAMANN, GUSTAVO DINIZ Y MARINA MOTTA | FEBRERO 2013 NOTA ESTRATÉGICA 6 - AFTER THE STORM: HAITI’S COMING FOOD CRISIS ATHENA KOLBE, MARIE PUCCIO Y ROBERT MUGGAH | DECIEMBRE 2012 NOTA ESTRATÉGICA 5 - BRAZIL’S EXPERIENCE IN UNSTABLE SETTINGS EDUARDA PASSARELLI HAMANN Y IARA COSTA LEITE | NOVIEMBRE 2012 NOTA ESTRATÉGICA 4 - COOPERAÇÃO TÉCNICA BRASILEIRA IARA COSTA LEITE Y EDUARDA PASSARELLI HAMANN | SEPTIEMBRE 2012 NOTA ESTRATÉGICA 3 - A EXPERIÊNCIA DO BRASIL EM CONTEXTOS INSTÁVEIS EDUARDA PASSARELLI HAMANN Y IARA COSTA LEITE | AGOSTO 2012 NOTA ESTRATÉGICA 2 - THE ECONOMIC COSTS OF VIOLENT CRIME IN URBAN HAITI (AGO 2011 - JUL 2012) ATHENA R. KOLBE, ROBERT MUGGAH Y MARIE N. PUCCIO | AGOSTO 2012 NOTA ESTRATÉGICA 1 - HAITI’S URBAN CRIME WAVE? RESULTS FROM MONTHLY HOUSEHOLDS SURVEYS (AGO 2011 - FEV 2012) ATHENA R KOLBE Y ROBERT MUGGAH | MARZO 2012

El Instituto Igarapé es un think-tank dedicado a la integración de las agendas de seguridad y desarrollo. Su objetivo es proponer alternativas de solución a los complejos desafíos sociales a través de la investigación, la formación de políticas públicas y la articulación. Actualmente, el Instituto Igarapé trabaja con tres macro temas: política nacional y mundial contra las drogas, seguridad ciudadana, y cooperación internacional. Con sede en Río de Janeiro, el Instituto mantiene también representación en Brasilia y Sao Paulo, así como alianzas y proyectos en Brasil, Colombia, Haití, México, Guatemala, África, Estados Unidos y Europa Occidental.

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La versión original de este artículo fue publicada en inglés, con el apoyo del Centro Noruego de Recursos para la Consolidación de la Paz (NOREF).

La autora Ilona Szabó de Carvalho es directora ejecutiva del Instituto Igarapé y coordinadora ejecutiva del Secretariado de la Comisión Global sobre Política de Drogas.

La serie NOTAS ESTRATÉGICAS es publicada por el Instituto Igarapé Layout: Scriptorium Design