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Intervención del Gobierno en la propiedad, no importa el tamaño, la vocación de las tierras y la prioridad del rubro que soportan. Inseguridad personal y de bienes que aleja la inversión y limita el crecimiento. Una política económica desventajosa para la agricultura Una política agrícola contradictoria con claro sesgo populista. Una política exterior que privilegia el libre comercio con socios comerciales de amplísimas ventajas competitivas en materia agrícola Un deterioro institucional marcado por multiplicidad de organismos con incumbencias sectoriales. Precario acceso de las organizaciones gremiales de tradición a la toma decisiones en las políticas públicas Débil apoyo de otras instancias, distintas al Ejecutivo, de los poderes públicos.