Hermes 15: Una propuesta política para la convivencia by Sabino Arana Fundazioa

pentsamendu eta historia aldizkaria. revista de pensamiento e historia

CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO

hermes pentsamendu eta historia aldizkaria. revista de pensamiento e historia revista trimestral

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Una propuesta política para la convivencia Artur Mas Josep-Lluis Carod Rovira Anxo Quintana González José Manuel Castells Arteche Reflexiones sobre el euskera en la administración Y además... las elecciones en EE.UU., génesis de los estatutos vascos y Oteiza bajo el prisma de Zulaika

Kepa Garraza

urtarrila 2005 enero. nº: 15 zbk

Elkarrizketa Josu Jon Imaz “No sé si este es el último tren, pero si España no lo toma, pagará el retraso en la búsqueda de soluciones”

editorial

pentsamendu eta historia aldizkaria. revista de pensamiento e historia revista trimestral

Artur Mas Josep-Lluis Carod Rovira Anxo Quintana González José Manuel Castells Arteche

urtarrila 2005 enero. nº: 15 zbk

Un tren en marcha

Elkarrizketa Josu Jon Imaz “No se si este es el último tren, pero si España no lo toma, pagará el retraso en la búsqueda de soluciones”

Reflexiones sobre el euskera en la administración Y además...las elecciones en EE.UU, génesis de los estatutos vascos y Oteiza bajo el prisma de Zulaika

Edita: Fundación Sabino Arana Directores: Txema Montero, Koldo Mediavilla. Coordinadora de Edición: Olga Sáez Ocáriz. Consejo de Redacción: Irune Zuluaga, Iñaki Aldekoa, Josune Ariztondo, Javier Balza, Iñigo Camino, Filgi Claverie, Garbiñe Egibar, Sebastián García Trujillo, Eli Garmendia, Mª Karmen Garmendia, Iñaki Goikoetxeta, Iñaki Goirizelaia, José Ignacio LacastaZabalza, Manu Legarreta, Emilio Majuelo, José Luis Mendoza, Teresa Martínez de Arano, Iñaki Martínez de Luna, Andoni Ortuzar, José Antonio Rodríguez Ranz y Aitor Bikandi. Colaboran en este número: Artur Mas, Josep-Lluis Carod Rovira, Anxo Quintana González, José Manuel Castells Arteche, Ramón Zallo, Jon G. Olaskoaga, Petto Idoiaga, Baleren Bakaikoa, Xabier Ezeizabarrena, Iñaki Lasagabaster, Luis de Guezala, Ander Gurrutxaga, Joseba Zulaika, Esteban Umerez Argaia, Edorta J. Herrera Cuevas, Antonio García Martínez Diseño y portada: Logoritmo. Obra plástica y contraportada: Kepa Garraza. Imprime: Flash Impresión. Fundación Sabino Arana. Ibáñez de Bilbao 16. 48001 Bilbao. Tfno. 94 423 05 28. Fax 94 423 42 80. aldizkari@sabinoarana.org. Depósito Legal: BI-986-01 ISSN: 1578-0058

El pasado día 30 de diciembre, el Parlamento Vasco daba luz verde a la Propuesta de Nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. El popularmente conocido como "Plan Ibarretxe" dejaba así de ser un proyecto abanderado por el Gobierno Vasco para convertirse, en virtud de la mayoría absoluta recabada en la Cámara de Gasteiz, en un anteproyecto de Ley Orgánica que deberá ser analizada y/o aprobada-rechazada por las Cortes Generales . Utilizando un símil ferroviario, el tren está ya en marcha. Ha cargado viajeros y equipajes y ha salido de los andenes de Gasteiz tras el semáforo verde de la mayoría absoluta requerida para la modificación del marco estatutario. Ahora camina hacia la Madrid al objeto de recabar el "placet" que lo convierta, tras refrendo popular, en un nuevo marco de relaciones entre la Comunidad Vasca y el Estado. Quienes entendieron que el "Plan Ibarretxe" no era sino un movimiento táctico, sólo entendible en el escenario electoral, se encuentran hoy con un serio problema que abordar, pues deberán dar respuesta en el corto-medio plazo a una negociación política que han negado durante los dos últimos años que su configuración y tramitación ha tenido en ámbito vasco. Y, si su respuesta pretendiera sacar de la vía el convoy circulante –así se desprende de las primeras reacciones manifestadas por los partidos mayoritarios actuantes en España–, el conflicto político que suscitarían sería de magnitud desconocida en la todavía corta vida democrática de un Estado que sigue sin cerrar su modelo de convivencia con las realidades nacionales y pueblos que lo configuran. Porque si a la legitimidad del Parlamento Vasco de acordar, según los cauces de la legislación vigente, una reforma del encaje jurídico-político de sus representados con el conjunto del Estado se le enfrenta la legitimidad de la Cortes Generales de impedir dicho acomodo, el objetivo supremo de la convivencia y la concordia pudiera estar en entredicho. Por lo tanto, dejando a un lado el ruido mediático y la confrontación partidaria, el momento histórico que vivimos exige un esfuerzo de responsabilidad máxima, de "guardagujas" eficaces que posibiliten un viaje sin sobresaltos y que impidan lo que algunos vaticinan como "choque de trenes". Quizá este sea el último expreso que el nacionalismo vasco pilote para encajar el proyecto del Pueblo Vasco en el Estado español. La oferta se llama soberanía compartida. Desatender tal propuesta sería, sin duda, una temeridad. Y nadie, ni vascos ni españoles podemos permitirnos perder esta oportunidad de viajar juntos hacia el futuro desde el respeto mutuo y la libre voluntad de los correspondientes pasajeros.

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Artur Mas Josep-Lluis Carod Rovira Anxo Quintana González José Manuel Castells Arteche

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Ramón Zallo, J. Manuel Castells, Jon G. Olaskoaga, Petto Idoiaga, Baleren Bakaikoa, Xabier Ezeizabarrena, Iñaki Lasagabaster

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Hacia una segunda transición

as allá de las consideraciones –básicamente positivas– que pudiera hacer sobre la propuesta concreta que contiene el proyecto de “Nuevo Estatuto de la Comunidad de Euskadi”, impulsado por quien considero, además de un excelente Lehendakari, un buen amigo, creo conveniente introducir algunas reflexiones y propuestas que vienen a colación. En este sentido, me gustaría destacar tres ideas que son, en estos momentos históricos, fundamento tanto del planteamiento del nacionalismo vasco, como del que defendemos desde Cataluña. La primera idea es relativa a lo que representa la expresión democrática de un pueblo. La segunda idea viene relacionada con la necesidad de adaptar las instituciones políticas y los marcos políticos a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones. Y la tercera idea configura una hipotética estrategia consistente en darnos una segunda oportunidad, una segunda transición.

ARTUR MAS Presidente de CiU en el Parlamento de Cataluña y secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)

La expresión democrática de un pueblo. Puede parecer excesivo reclamar la atención sobre el respeto que se merecen las propuestas democrática y pacíficamente formuladas. Pero desgraciadamente no es así. No voy a reproducir aquí las veces que distintos sectores dentro del Estado español –vinculados tanto al entorno del PSOE, como al del PP– han criminalizado el na-

cionalismo vasco, y también el catalán. Y que lo han hecho simplemente por menospreciarlo y, en muchas ocasiones, fruto de su propia incapacidad de defender –precisamente de forma democrática– sus planteamientos y sus puntos de vista. Pero en la medida que esto ha pasado y que incluso persiste, se hace necesario subrayar el valor de presentar las propuestas políticas en un marco democrático, asumiendo, obviamente, todas sus consecuencias. Sin lugar a dudas, produce una enorme tristeza constatar que los países con más tradición democrática nos llevan, en este terreno, mucha ventaja. Es el caso, por ejemplo, de Québec. De Québec y de Canadá. Sin la tradición democrática de Canadá, sin su madurez y sin su actitud consecuentemente demócrata, Québec no habría podido plantear un proceso legítimo de secesión. No pretendo ahora hacer paralelismos con la convocatoria de los distintos referéndum sobre el futuro del Québec que se han celebrado, pero sí me interesa poner el ejemplo por cuanto es una muestra de ejercicio democrático coherente y consecuente. Es desde esta perspectiva, tomando dicho ejemplo de Québec, que es oportuno preguntar ¿qué puede más, la voluntad de un pueblo o una ley? En nuestro Estado seria fácil que alguien respondiera: ¡la voluntad del pueblo español! Y se podría estar de acuerdo. Pero también se debe admitir que el juego democrático no es completo si no acepta la expresión de una minoría, si intenta acallarla o simplemente la imposibilita. Y en particular, una democracia resulta incompleta si no es capaz de aceptar la manifestación –por supuesto democrática– de

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una parte, de un territorio, que, además, tiene el carácter de pueblo o nación. En este sentido es, sin lugar a dudas, un ejemplo de madurez democrática la sentencia de la Corte Suprema de Canadá que, aunque resuelve que Québec no se puede independizar de acuerdo con el ordenamiento interno del Canadá, afirma: “un voto mayoritario al Québec en una consulta clara sobre la secesión conferiría legitimidad democrática a la iniciativa secesionista, que debería ser reconocida por el resto de miembros de la confederación”, y añade: “las otras provincias y el gobierno federal no tendrían ninguna base para negar al gobierno quebequés que buscase la secesión siempre que en esta tarea el Québec respetase los derechos de los demás”1 Insisto, todo un ejemplo de madurez democrática. El derecho es un referente institucional básico en nuestras sociedades. La seguridad jurídica es una conquista del mundo moderno que no debemos menospreciar y que es necesario mantener, incluso en el día a día. Pero, sin lugar a dudas, el futuro pasa por la capacidad democrática de dar voz a la libertad. Y, quede claro, no hay capacidad democrática que se reconozca como tal que no asuma la totalidad de sus consecuencias, a saber, el respeto a todas las formulaciones políticas y el respeto a las mayorías y a las minorías que las puedan respaldar. Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevos instrumentos. Es solo sobre la base de la construcción democrática de una sociedad que toma fuerza un proyecto político de progreso, de libertad y de modernidad. Y, al mismo tiempo, sólo un proyecto político de estas características es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, de dar respuesta a los nuevos retos y de proponer nuevos instrumentos, nuevas herramientas. Sin lugar a dudas, la propuesta del lehendakari Ibarretxe es la de un marco institucional y jurídico que aparece como una herramienta de futuro, como expresión de saberse adaptar a los cambios

de nuestro mundo y como una respuesta a los nuevos retos que nuestras sociedades tienen planteados. Es, en pocas palabras, una propuesta democrática de futuro y ambición, que incorpora un mensaje universal: el progreso y el bienestar de un pueblo, de una sociedad. Desde mi punto de vista, esta es una de las principales aportaciones que representa el proyecto de “Nuevo Estatuto de la Comunidad de Euskadi”. Es posible que a algunos les puedan sorprender estas afirmaciones, pero los nacionalistas demócratas sabemos que este tipo de planteamientos forman parte de nuestra exigencia con nosotros mismos y, sobretodo, con la gente. De hecho, son parte consubstancial de nuestro mensaje. Un mensaje de vocación universal, sin lugar a dudas; válido para todos los pueblos y útil para la necesaria conjugación de un mundo globalizado y la voluntad (o necesidad) de mantener viva la identidad, dando un sentido positivo a la dimensión colectiva que todo ser humano incorpora. Todos los pueblos –Euskadi y Cataluña también– necesitan de proyectos colectivos que les den confianza y que les den, sobre todo, futuro. También presente, pero, sobre todo, futuro. Y para contagiar futuro es necesario algo más que las ideologías de manual. Son interesantes todas para el estudio. Incluso las hay –menos– que además pueden ser algo útiles para una sociedad. Pero lo que acaba resultando definitivo es disponer de un proyecto de país al servicio de un pueblo, de la gente de un pueblo. Y, evidentemente cada uno con lo suyo, con sus peculiaridades y sus soluciones a medida, de acuerdo con su carácter, su morfología, su geografía, su identidad y, si se quiere, de acuerdo con sus propios sueños. Efectivamente, en los proyectos debe haber sueños y alma. Es todo esto lo que hace que los proyectos de futuro para un país sean vivos y, finalmente, plenamente útiles. Ante el patriotismo constitucional de unos y el patriotismo de derechos y deberes de otros, hay una alternativa que incorpora

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además la semilla del sentimiento. Del sentimiento positivo y necesario para hacer grande un proyecto que se construye desde la democracia, desde el compromiso con el progreso humano y desde la libertad. Una segunda transición. Se está configurando un momento histórico, identificable, entre otras cosas, por el fin de una época marcada por una transición a la democracia sin ruptura y por el inicio de un proceso general de relieve generacional. Dos factores que permiten, a todas luces, replantear los proyectos políticos con más precisión y con más definición. En muchas ocasiones se ha interpelado al nacionalismo –tanto vasco como catalán– preguntando hasta donde se quería llegar. Ahora es el momento de decir claramente “hasta aquí”. Hasta hacer realidad el “Nuevo Estatuto de la Comunidad de Euskadi”, en el caso del nacionalismo vasco. Y hasta hacer realidad el “Nou Estatut de Catalunya”, en el caso del nacionalismo catalán. Ahora hay la posibilidad de dar una respuesta clara y evaluable. Y por eso también ha llegado la hora de empezar a preguntar nosotros: “¿hasta donde se nos quiere dejar llegar?”. Debo señalar que una respuesta del tipo “hasta ninguna parte” o simplemente el silencio, seria una invitación directa a la salida del marco del Estado. Pero, sin embargo, es evidente que podemos tener el firme convencimiento que algún movimiento habrá. Estoy convencido que se podrá discutir a fondo sobre un nuevo espacio que permita encajar en el seno del mismo Estado español las distintas realidades nacionales, es decir, que se podrá avanzar en la construcción de un auténtico estado democrático que respete su realidad plurinacional. Es desde esta perspectiva que cabe plantear la apertura de una segunda transición. Una segunda transición donde quedan muy lejos las amenazas. Donde el debate pueda transcurrir de forma auténticamente democrática y con franqueza. Sin más cargas que los legítimos distintos puntos de vista de cada parte. Sin más presión que la de dar los mejores instrumentos al servicio de los ciudadanos. Y sin

más horizonte que el de querer convivir en paz en un mundo globalizado que desea mantener y proyectar sus distintas identidades. Quien quiera puede pensar que una segunda transición es abrir el camino de la disgregación, de la separación. Yo no lo veo así. Pretender una segunda transición conlleva, indudablemente, un mensaje de integración y de interrelación dentro del marco del Estado español. Es, en esencia, expresión clara de querer aceptar el marco. ¿Qué más se nos puede pedir? ¿Alguien pretende que asumamos un proceso de simple renuncia? Mejor dejar las preguntas por contestadas y concentrarnos en dar un mensaje positivo: ahora es necesario, claro que sí, construir una segunda oportunidad. A modo de conclusión. Creo, por encima de todo, en las posibilidades del pueblo vasco. Creo en la confianza en sí mismo que históricamente ha demostrado tener. Creo en su compromiso con la paz, con la libertad y con la democracia. Tengo el convencimiento que la propuesta del Gobierno de Euskadi, con el lehendakari Ibarretxe al frente, tiene un futuro brillante. Tengo ese convencimiento porque es una respuesta sólida de futuro. Y particularmente, porque es una propuesta profundamente democrática, con un proyecto de país al servicio de la gente, y con el don de la oportunidad de poder ser discutida en un momento histórico. Entre todos vamos a abrir una segunda transición en el marco del Estado español. Entre todos vamos a darnos una nueva oportunidad. Y ya se sabe que las buenas oportunidades no se deben desperdiciar, no sea caso que no se repitan fácilmente.

NOTAS Sentencia de la Corte Suprema del Canadá de 20 de agosto de 1998. 1

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Kepa Garraza (Berango, 1979), artista plástico residente en Bilbao, licenciado en Bellas Artes por la UPV. Exposiciones individuales: 2005-. Galería Bilkin, Bilbao. Galería T40, Dusseldorf. 2004- Sala Espiral, Olite, Navarra. Portalea, Eibar. 2003- UPV, Lejona. Sala Zuloa,Vitoria. 2002- Sala Municipal, Gallarta. Exposiciones Colectivas (selección ): 2004- Gure Artea 2004, Montehermoso,Vitoria. 19 Muestra de Injuve, Círculo de Bellas, Madrid. 2003- L'oreal XIX edición. Centro Cultural Conde Duque, Madrid. Premios y Becas: 2004- Beca Artista Residente Bilbaoarte. Primer Premio Ertibil 04. 2003- Beca Creación Artística Diputación Foral de Bizkaia.

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Una visión catalana del Plan Ibarretxe

a primera noticia de la existencia de la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad Autónoma Vasca, promovido por el gobierno tripartito que preside el lehendakari J.J. Ibarretxe, suscitó en mí una sensación doble. Por una parte, plena satisfacción por el paso al frente que suponía la propuesta, aparecida en un contexto de aparente callejón sin salida política, en un escenario laberíntico y con la sombra de la violencia siempre presente en el paisaje. Era, en cierta forma, un gesto institucional que permitía abrir las ventanas a la esperanza, para que entrara aire nuevo y fresco en una estancia con el ambiente cargado. Por otra, complicidad manifiesta con unos contenidos que, en algunos aspectos esenciales, son similares al “Avantprojecte d’Estatut Nacional de Catalunya” que ERC había elaborado cuatro años antes, en 1999(1) y que, personalmente, había ya esbozado en 1991, en una ponencia junto a X.M. Beiras(2). Desde entonces, ambas sensaciones –satisfacción y complicidad– no han hecho más que consolidarse, gracias, en muy buena parte, a contactos personales con el mismo lehendakari Ibarretxe y con otros dirigentes de las formaciones políticas integrantes de su gobierno, de manera muy principal con EA, además del PNV y Ezker Batua.

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA Presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

La reacción de la reacción española, encima, no ha hecho otra cosa que subrayar el acierto de la propuesta, así como la evidencia de que los máximos

responsables institucionales de un país, con un conflicto violento abierto, tienen el deber moral y la obligación cívica de plantear propuestas de resolución, imaginativas, audaces y, sobretodo, políticas. Porque, ¿qué otra cosa debe esperarse de los políticos, sino soluciones políticas? El linchamiento mediático del máximo representante institucional de los vascos, elegido democráticamente por un Parlamento surgido de las urnas, y su acoso e intento de derribo permanentes delataban, por otro lado, que no sólo se criminalizaban los métodos violentos a través de los cuales algunos vascos defendían sus ideas, sino las ideas mismas, siempre y cuando éstas comportasen un cambio real, en clave de reconocimiento a la plurinacionalidad en la estructura política del estado español. Finalmente, pues, se penalizaba también el fondo, al margen de la forma. El derecho del pueblo vasco a decidir sobre su presente y su futuro es demonizado totalmente, al margen de si este derecho se defienda con las urnas o con las pistolas. Así se revela como el problema real, pues, no es el método –que es lo que debería ser o no censurable– sino el contenido, la aspiración, el objetivo. Con el pretexto de que violentos y no violentos puedan llegar a plantear el mismo proyecto final se fundamenta una nueva teoría. Según esta insólita y peculiar consideración –coincidencia de objetivo final– los dos principales partidos políticos españoles, por lo tanto, resultarían ser organizaciones políticas de carácter franquista ya que, como el dictador, defienden la “unidad de España”, es decir, la in-

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tangibilidad de sus fronteras territoriales actuales y la imposibilidad de que, por procedimientos pacíficos, éstas puedan ser modificadas y dar origen a nuevos sujetos políticos estatales. Se da la paradoja de que, estoy convencido de ello, la mayoría de los que descalifican el plan, con toda sarta de insultos soeces, a falta de argumentos sólidos, ni siquiera se han tomado la molestia de leerlo todo o en parte, aunque fuera por simple curiosidad –curiosidad que no me atrevo a adjetivar como “intelectual”, precisamente… El plan es condenable por lo que pretende y por lo que afirma, con lo cual resulta que hay quien, a principios del siglo XXI, sigue teniendo una visión inmovilista de la sociedad y niega la posibilidad de que los comportamientos colectivos de los pueblos puedan cambiar, aunque sea mediante instrumentos escrupulosamente democráticos y pacíficos. La España uniforme, pues, se atrinchera en una posición numantina, incapaz de adaptarse a los cambios políticos que puedan producirse en el futuro en las consciencias de los ciudadanos. Me gustaría, desde el respeto a la vía emprendida por el gobierno de Gasteiz, pero también desde la simpatía hacia la causa nacional del pueblo vasco, referirme a ciertos aspectos del plan que me parecen particularmente destacables. En primer lugar, partiendo de la legalidad vigente, es decir, del llamado Estatuto de Gernika, la propuesta plantea un proceso constituyente de un nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi dentro del estado español, desde la premisa del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. Es evidente que las propuestas de modificación de no importa qué ordenamiento jurídico surgen de aquellas partes del territorio en donde éste se aplica y en las cuales la población, de forma mayoritaria, siente la necesidad de cambiar el estatus legal en cuestión.

La iniciativa del gobierno tripartito vasco se fundamenta en el deseo mayoritario de la sociedad vasca, porque ésta siente y sabe que Euskalherria no es una mera comunidad autónoma del Reino de España, sino una nación que no encuentra plena satisfacción a sus necesidades colectivas, en lo material y en lo cultural, como pueblo diferenciado, en el diseño autonómico español. Un diseño, nacido sobre las cenizas del franquismo, con todas las limitaciones propias de una época, en la cual los poderes fácticos procedentes de la dictadura no dudaron en generalizar una estructura autonómica de diecisiete entes, en donde simples provincias sin conciencia alguna de identidad colectiva, ni tradición ni voluntad de autogobierno jamás expresada, figuraron al lado de naciones como la vasca, la catalana y la gallega, con la clara voluntad de diluirlas en el magma variopinto de la “España autonómica”. El gobierno de Euskadi, actuando con una lógica plenamente democrática, tiene todo el derecho del mundo a plantear un nuevo orden político para su país, orden que, obviamente, alterará el conjunto institucional del estado español. Corresponde a las instituciones españolas, por lo tanto, dar una respuesta capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de mayor autogobierno de la ciudadanía vasca, respuesta que, ante tal aspiración, tan sólo puede ser de carácter democrático, como democrática es la propuesta vasca. En consecuencia, el recurso a fórmulas autoritarias (prohibir un referéndum, criminalizar ciertas ideas políticas, ilegalizar opciones ideológicas concretas…), por muy constitucionales que puedan parecer, no son más que un auténtico error histórico condenado al fracaso porque no resuelven nada y, así mismo, una reacción impropia de un régimen democrático. En realidad, estas fórmulas, adoptadas desde una posición de inmovilismo político, inseguridad “nacional” española –sobre la cual habría mucho que hablar– y pánico escénico, no son otra co-

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sa que la no aceptación democrática de la voluntad legítima de una parte del territorio del estado de alterar su estatus jurídicoinstitucional en él o bien a desvincularse legalmente de éste. Respuestas del tipo “el plan Ibarretxe no se puede negociar”(3) son, exactamente, lo contrario de lo que debe hacerse siguiendo los principios democráticos de un estado como el español que tanto proclama haberlos asumido. Harían bien los gobernantes españoles –y los opinólogos oficiales, “progres” o tampoco– si leyeran la sentencia de la Corte Suprema del Canadá, de 20 de agosto de 1998, en relación a la consulta formulada por el gobierno federal en relación a las condiciones en que el Québec puede acceder a la soberanía por la vía de un referéndum vinculante. Basta recordar, por cierto, que ya se han celebrado dos referéndums en pocos años. Y, a propósito de estas consultas, debe ser lícito esperar que los mismos defensores acérrimos de un sistema democrático que permite rechazar la soberanía de aquel país francófono, al imponerse esta tesis por un 50,25% de los sufragios, aceptarán también con igual naturalidad y espíritu deportivo un resultado distinto, en el caso de que la opción soberanista acabe siendo mayoritaria, aunque sea con idénticos porcentajes a los del escenario contrario. Creo ver reflejados, en diversos artículos del Plan, la jurisprudencia canadiense ya citada. Por ejemplo en el artículo 13, relativo al ejercicio democrático del derecho a decidir, cuando explícitamente afirma: “las instituciones vascas y las del Estado se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación para estable-

cer las nuevas condiciones políticas que permitan materializar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca”. Así mismo, el capítulo dedicado a las garantías del autogobierno (artículos 14 a 16) y el que regula la modificación y actualización del Estatuto Político (artículo 17) me parecen ejemplares por lo que tienen de respeto escrupuloso a los principios democráticos en que se fundamentan y con el reconocimiento mutuo de legitimidades entre estado e instituciones vascas, teniendo en cuenta el pormenorizado procedimiento de negociación y consulta que prefiguran. Por otro lado, la propuesta del gobierno vasco da sentido y continuidad al acuerdo del Parlamento de Gasteiz, de 15 de febrero de 1990, que ya proclamó que “el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación”. Este derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libremente y mediante procedimientos democráticos su estatus político, económico, cultural y social, bien sea dotándose de un marco político propio o bien compartiendo, total o parcialmente, su soberanía con otros pueblos”. Un acuerdo en términos similares a los referidos había sido aprobado, con anterioridad, por el Parlament de Catalunya, a propuesta de ERC, y redactada por el abajo firmante, pero se encuentra aún pendiente de desplegar y de decidir su incorporación al nuevo texto estatutario que actualmente está redactando el Parlament, texto que preferimos que adopte el nombre oficial de Estatuto Nacional de Catalunya. Como ERC, presentamos, hace un año, un proyecto de Constitución del Estado Libre de Cataluña(4) a la comisión que estudiaba la mejora del autogobierno, una propuesta que define a medio pla-

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zo lo que Esquerra defiende para nuestro país. Somos conscientes, sin embargo, de que a pesar de haber aumentado sensiblemente nuestro peso político en Cataluña, éste dista aún de la dimensión necesaria para plantear seriamente un horizonte más ambicioso en el terreno de la soberanía. En lo que concierne al análisis concreto del Plan, el preámbulo es, para mi gusto, excesivamente corto para un texto de tanta trascendencia, aunque quizás eso sea debido a que a los catalanes nos “ahoga la estética”... Pero también lo es si consideramos que la función de esta parte del conjunto normativo es dar testimonio del sentido global de la ley que se pretende aprobar, establecer los criterios fundamentales en que se basa y dar pautas interpretativas que faciliten su comprensión. En especial, podría ser conveniente reflejar en el Plan algunas referencias clave referidas a la noción actual de pueblo vasco, entendido como sujeto colectivo de derechos, integrado por el conjunto de personas que asumen un número variable y evolutivo de elementos de identidad compartidos, como puedan ser la lengua, las tradiciones jurídicas y culturales, determinados valores colectivos, la memoria histórica y, particularmente, la voluntad de ser universalmente reconocidos como ciudadanos vascos al margen de su procedencia, lugar de nacimiento, matriz cultural del apellido o idioma familiar. Una de las críticas formuladas apriorísticamente al Plan es la de tener poca voluntad integradora, como si el marco estatutario actual fuese unánimemente asumido por la población… La práctica política del gobierno Ibarretxe desmiente esta acusación y demuestra con hechos y medidas prácticas la de-

cisión de no excluir a nadie del futuro de Euskalherria. Precisamente por ese motivo, podría ser un buen punto de partida una cita explicita de la pluralidad de adscripciones nacionales –incluso simultaneas– de la población residente en el País Vasco. Es ahí donde conviven ciudadanos que se reconocen nacionalmente y se autoidentifican como vascos, otros exclusivamente como españoles, un número indeterminado con identidades complejas, ciudadanos de otros estados de la Unión Europea y recien llegados de origen extracomunitario, con un reconocimiento desigual de derechos. Sostengo este planteamiento dado que el cambio propuesto no sólo afecta al orden legislativo vigente y a la superestructura organizativa que de ella deriva, sino también a los derechos individuales de las personas concretas. Diría que éste es uno de los aspectos más destacables que señala la ya mencionada sentencia canadiense. Y es así dado que la corte suprema de aquel estado considera que el reconocimiento del derecho a la iniciativa unilateral, de una parte del territorio estatal, conlleva el reconocimiento de la legitimidad del gobierno estatal para negociar la aplicación de la voluntad manifestada en referéndum –en Québec, en ese caso– pero también las condiciones que deben garantizar el respeto a las minorías en el nuevo orden emanado del ejercicio del derecho a la autodeterminación. En todo caso, como indica Iñaki Lasagabaster, en la ponencia presentada ante la comisión sobre autogobierno del Parlamento vasco: “en Euskal Herria ni existen ni se plantean regulaciones de derechos que discriminen entre las personas por razón de su origen”(5) Sin ánimo de profundizar más en este aspecto, me atrevería a su-

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gerir que el legislador vasco incorporase más explícitamente esta doctrina relativa a los derechos de las personas que, eventualmente, puedan encontrarse en minoría una vez efectuada la consulta y a tenor de los resultados de la misma. En el discurso del Lehendakari, en el pleno de política general del Parlamento Vasco, el 27 de septiembre de 2002, ya figuran suficientes y sólidos elementos capaces de complementar las posibles omisiones del preámbulo en la línea anteriormente apuntada. Tengo la certeza de que el Plan surge de la voluntad de superar un conflicto político y una situación de violencia que han marcado, profundamente, la sociedad vasca en las últimas décadas. Precisamente por este motivo, el preámbulo puede convertirse en un factor aglutinador de voluntades, como ha sucedido ya con la evolución experimentada por los socialistas abertzales, que han pasado del rechazo formal inicial(6) al conjunto del Plan, a la más reciente valoración positiva del preámbulo, a pesar de mantener el desacuerdo con el resto de la propuesta. Es evidente que estamos ante un nuevo escenario, en el cual coexisten elementos diversos, más allá de la inminencia de las elecciones: la recuperación del diálogo institucional entre el gobierno español y el gobierno vasco, el documento “Orain herria, orain...” de Batasuna, el posicionamiento público de destacados dirigentes socialistas como Odón Elorza, Gema Zabaleta y Denis Itxaso, sin olvidar pronunciamientos recientes de Patxi López y Jesús Eguiguren. Ha llegado, pues, la hora de la verdad, aquella en que deben cesar todas las violencias y en que únicamente deba escucharse la voz libre de la ciudadanía vasca. El llamado “Plan Ibarretxe” es, precisamente, un instrumento político que no pretende otra cosa que dejar en manos del pueblo vasco, y sólo de éste, su propio destino. Por eso tiene nuestra complicidad, nuestra simpatía y nuestro apoyo.

NOTAS

(1) El 14 de abril de 1999, conjuntamente con Jaume Renyer, coordinador del Avantprojecte, lo presentamos públicamente en un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona. Posteriormente se editó también en forma de libro (Editorial Mediterrània. Barcelona. 2001).

Jornades sobre el nacionalisme català a la fi del segle XX. Terrassa. 1991. (2)

Diego Lopez Garrido, “El plan Ibarretxe no se puede negociar”, El País 14 de noviembre de 2003. (3)

(4) “Projecte de Constitució de l’estat lliure de Catalunya”, Editorial Mediterrània, 2003, Barcelona.

(5) Iñaki Lasagabaster, “Principios jurídicos para el futuro político de Euskal Herria”, document nº 7, juny del 2002, Manu Robles-Arangiz Institutua.

Joseba Alvarez, “Diez razones para decir no al Plan Ibarretxe”, Gara, 25 ostirala 2003. (6)

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La lógica democrática del Plan Ibarretxe

A modo de introducción

n el discurso político español, los nacionalistas fuimos considerados tradicionalmente como personas en las que no se puede confiar. Cuando condenamos la violencia, se nos dice, no lo hacemos de verdad. Cuando afirmamos nuestra voluntad de llegar a un pacto de convivencia con España, se trata de un truco porque, en realidad, lo que queremos es la separación. Cuando practicamos la democracia y ponemos en valor, como una riqueza, la pluralidad interna de nuestras respectivas sociedades, se trata de una mera apariencia porque, en realidad, el nuestro es un proyecto totalitario incapaz de asumir la diferencia. Cuando, en fin, reclamamos del Estado competencias que estatutariamente hemos asumido y que aún no han sido transferidas o exigimos recursos que por justicia nos corresponden, somos unos insolidarios insaciables que saqueamos el erario común que es de todos. Y que, quizás por eso, ANXO QUINTANA GONZÁLEZ siempre administran los mismos. Diplomado en Enfermería por la Universidade de Vigo. Coordinador Nacional del BNG desde abril de 2002 hasta noviembre de 2003. Senador por designación de la Comunidade Autónoma de Galiza desde el año 1999. En noviembre de 2003 es nombrado Portavoz Nacional del BNG por la Asamblea de la organización.

Es evidente que esta imagen del nacionalismo gallego, vasco y catalán no es sino el reflejo del españolismo que algunos partidos y medios de comunicación estatales practican.

Un españolismo de raiz totalitaria, incapaz de asumir la pluralidad, legitimado en una historia tergiversada construida, precisamente, a través de la negación del otro –judío, morisco, nacionalista– al que se presenta como la condensación de todos los vicios –falsedad, codicia, astucia– que contrastan vivamente con las virtudes del buen español: honestidad, franqueza, sinceridad, rectitud. Una historia fundada en el victimismo aunque con la particularidad de que es precisamente el victimario –el que expulsa, aniquila o impone– el que se presenta como víctima de conspiraciones diversas en las que el “enemigo interior” sigue ocupando un papel destacado. Los ocho años de gobierno del PP y, en especial, la legislatura en que este partido gozó mayoría absoluta en las Cortes españolas, supusieron una buena muestra de lo que este españolismo, en su versión más radical, supone. No sólo una recentralización del poder político y económico y una negación práctica de la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado español. No sólo eso. Sino también, y no por casualidad, un recorte de los derechos y de las libertades de todos, la degradación de la calidad democrática –sea cual sea la perspectiva que se adopte: manipulación de los medios de comunicación públicos, utilización partidista del poder judicial y del Derecho Penal, etc.– y el inicio de una peligrosa deriva totalitaria que, afortunadamente, se vió frenada tras las elecciones del pasado 14 de marzo de 2004.

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No fue una mera coincidencia. Los nacionalistas sabemos que las derivas autoritarias comienzan siempre, en el Estado español, con la negación de la diversidad nacional. Y las elecciones vascas de mayo de 2001 constituyeron un ejemplo privilegiado –entonces, por cierto, con la activa colaboración del PSOE– de cómo para derrotar al nacionalismo vasco el gobierno español no dudó ante el empleo de medios antidemocráticos. Un anticipo de lo que vendría después con el “Prestige”, la guerra de Irak o la gestión gubernamental del 11-M. Es fácil decirlo ahora. Pero algunos también lo dijimos entonces mientras los actuales gobernantes no dudaban en firmar pactos de “Estado” con el PP –el “antiterrorista”, el de la justicia, el de la inmigración– legitimando, de este modo, la gestión de Aznar. Afortunadamente para todos el nacionalismo vasco ganó las elecciones y salió reforzado del envite. Y fruto de esta victoria y, por qué no decirlo, de la sabiduría histórica de EAJ-PNV, surge el “Plan Ibarretexe” para garantizar el autogobierno y el derecho de la sociedad vasca a decidir libre y democraticamente su futuro, blindándolos frente a los avatares parlamentarios o gubernamentales de Madrid. Para pasar, con una lógica democrática aplastante, de la unidad impuesta a la asociación libremente consentida.

El sentido del “Plan Ibarretxe”: una interpretación Porque lo que el “Plan Ibarretxe” propone refuta completamente las imágenes tópicas y falsas que sobre el nacionalismo vasco manejan los partidos españoles. Frente a la reivindicación progresiva y gradual de nuevas competencias o recursos que tan frecuentemente era presentada como una muestra de insaciabilidad, una reivindicación completa de un nuevo mar-

co de relación para una nueva generación de vascos y vascas. Frente al tópico del nacionalismo étnico o esencialista, una propuesta fundada en el reconocimiento de la pluralidad de la sociedad vasca y fruto, además, de un intenso proceso de debate y participación democrática de sus organizaciones e instituciones. Frente al tópico del nacionalismo insolidario, una oferta de relación con España asentada en el respeto mutuo, la lealtad recíproca y la cooperación. Frente al tópico de una sociedad vasca secuestrada por el nacionalismo, la realidad democrática incontestable de una propuesta que no se quiere imponer desde las instituciones sino someter a la aprobación directa de la ciudadanía. Una propuesta, en fin, que supera la lógica de la reclamación para instalarse en la de la afirmación. Que no pide permiso, pero que está dispuesta a ser debatida, lealmente, entre iguales. Por todo esto, incluso en la nueva etapa política que abierta a partir del 14 de marzo pasado, el “Plan Ibarretxe” sigue siendo inasumible, al menos por ahora, para el gobierno español. La razón es, para nosotros, clara: la propuesta del lehendakari desmonta el discurso tradicional con el que desde los partidos y gobiernos españoles se impugnaron las propuestas nacionalistas. Y salvo la mentira –por ejemplo, cuando es calificado de plan “secesionista”– el españolismo carece ahora de argumentos para oponerse a él. Es decir, para oponerse democráticamente, porque para oponerse sin más sigue habiendo quienes, dentro del PP pero también algunas voces dentro del PSOE, recurren a ideas, argumentos y propuestas de claro cariz autoritario en las que incluso se mete al ejército español por medio. Pero la verdad acaba imponiéndose. Y algunos empiezan a responder al llamamiento del lehendakari de discutir su plan,

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de confrontarlo con otros que legítimamente puedan surgir. Parece que, aunque sea tímidamente, se empieza a admitir que no es posible orillar la discusión democrática del “plan Ibarretxe”, anulando la propia iniciativa por “inconstitucional” o tipificando como delito la convocatoria de referenda o concultas populares. Quizás escarmentado por la experiencia del 13 de mayo de 2001, lo de menos son ahora sus motivaciones, el PSE-PSOE acaba de presentar una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Euskadi. Y esta, al margen de cuál sea su contenido, es una buena noticia: por que supone superar la confrontación entre bloques –a la que el PP, sin embargo, sigue convocando– y por que es, en realidad, una victoria del “Plan Ibarretxe” y de su incontestable lógica democrática. Sólo falta que la propuesta sea sincera y que el partido que la suscribe esté dispuesta a discutirla en el Parlamento vasco.

El “Plan Ibarretxe” desde Galicia Los nacionalistas gallegos sentimos el “Plan Ibarretxe” como algo propio. Modestamente, non sentimos, al menos en parte, sus progenitores. Y no se trata sólo de una expresión más de los estrechos lazos que unen a la nación vasca con la gallega. Es que la propuesta del lehendakari, al igual que la elaborada por el BNG de nuevo Estatuto Nacional para Galicia, no sería explicable sin los trabajos desarrollados en el seno de la “Declaración de Barcelona” y, en concreto, de los documentos elaborados en 1998 en los que bajo el significativo título de “Estrategia por un Estado plurinacional” apostamos por la reforma constitucional para el reconocimiento de la soberanía de Galiza, Euskadi y Catalunya y el estabelecimiento de un pacto (con)federal entre nuestras naciones y España. Un documento en el que fijamos como objetivo estratégico no la independencia sino la construcción de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilíngüe.

De este tronco común salen nuestras propuestas. Diferentes, como distintas son también nuestras respectivas sociedades. Pero coincidentes en lo fundamental: en su lógica democrática y en su apuesta, a veces contra toda evidencia, por la construcción de un Estado común construido sobre el acuerdo y no sobre la imposición. Que, en el 2004, se haya reabierto el debate sobre la plurinacionalidad del Estado, se discuta otra vez sobre la necesidad de abordar reforma constitucionales y estatutarias o sobre la presencia directa en Europa de nuestras naciones es fruto de nuestra perseverancia y, sobre todo, del acierto de nuestro trabajo en común. A modo de conclusión Hace sesenta años, camino de su exilio definitivo en la Argentina, un nacionalista gallego amigo de Euskadi, Afonso Daniel Rodríguez Castelao, supo vencer el pesimismo y, con aguda visión histórica, dejó escrita, casi a modo de eiptafio, una reflexión que es la que hoy nos anima a seguir trabajando por la libertad para nuestras naciones y por la democracia en el Estado español: “Si, custa muito crer que os males políticos de Hespaña teñan remedio. Pero nós somos galegos, xente prudente e de bon sentido, liberal e pacifista, entusiasta até o lirismo, segura de que a luz virá para a caduca Iberia dos fillos de Breogán. Non temos nengunha fe nos hespañois; mais témola en nós mesmos e nas ideas que profesamos”1.

NOTA 1 “Sí, cuesta mucho creer que los males políticos de España tengan remedio. Pero nostros somos gallegos, gente prudente y de buen sentido, liberal y pacifista, entusiasta hasta el lirismo, segura de que la luz vendrá para la caduca Iberia de los hijos de Breogán. No tenemos ninguna fe en los españoles. Pero la tenemos en nosotros mismos y en las ideas que profesamos”. Sempre en Galiza, libro IV.

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La oportunidad del nuevo Pacto

n calificativo apropiado para la “Propuesta de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi”, presentada al Parlamento por el Gobierno tripartito de la Comunidad Autónoma Vasca, es el de su evidente pertinencia y oportunidad. El antecedente pacto político que se plasmó en el Estatuto autonómico de 1979, fue el fruto de un acuerdo revalidado por un 53 por ciento del censo, del que solo se autoexcluyeron los partidos Alianza Popular y Herri Batasuna. Sin embargo, aquel benemérito pacto adolece de diversas insuficiencias, deficiencias y manifiestos incumplimientos, que obligan a formular un acuerdo novedoso acorde con los nuevos tiempos.

JOSÉ MANUEL CASTELLS ARTECHE Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco. En la actualidad es Presidente de la Fundación para el estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, Director de la Revista Vasca de Administración Pública, adjunto a la Presidencia de la Sociedad de Estudios Vascos y vocal de la Comisión Arbitral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

No se trata de seguir el viejo principio de los convencionales, consistente en que los grandes textos debían durar el tiempo de una generación, exigencia que tan plásticamente sintetizaría Jefferson: “a un hombre adulto no se le debería obligar a vestir una chaqueta de niño1”. Se trata de una reacomodación a las nuevas circunstancias sobrevenidas, comenzando por aceptar que estar a “la page” en esta materia, comporta el reconocimiento de las realidades políticas infraestatales en cuanto entes dotados de una fuerte conciencia cívica e identitaria. El gran analista social Manuel Castells lo definía

de la siguiente manera: “La era de la globalización de la economía es también la era de la localización de la política… Lo que a los gobiernos locales y regionales les falta en poder y recursos, lo suplen con flexibilidad e interconexión. Ellos son los únicos que pueden estar a la altura del dinamismo de las redes globales de riqueza e información”3. Pero no solo se trata de coger el tren de la historia, cara a ese nuevo pacto sustitutorio del precedente –tributario a su vez éste de la transición política, de la crisis económica de 1974, de un pluriforme terrorismo y de una dialéctica de supervivencia democrática–; se requerirá también utilizar nuevos parámetros que sirvan para aceptar las pautas impuestas por el nuevo milenio. Desde esta perspectiva me atrevería a indicar los siguientes aspectos esenciales de palpitante actualidad: a. La puesta al día de la realidad estatutaria. El desgaste del Estatuto tiene diversas causas, desde el desconocimiento del desarrollo tecnológico centrado en la informática –algo exótico para el estatuyente de 1979–, pasando por la mediatización de una legislación estatal de naturaleza orgánica y básica –claramente limitativa de la letra del Estatuto y también de su espíritu– y concluyendo con una doctrina del Tribunal Constitucional que según el propio Tomás y Valiente fue “moderadamente centralista”3. Si a lo anterior, le añadimos la contumacia de los diversos detentadores del poder central en la negativa a transferir competencias nítidamente estatutarias,

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alegando meras razones de “oportunidad política”, se nos dibuja un cuadro de un devaluado Estatuto, impropio de las luces perceptibles en el tiempo de su promulgación. b. La integración europea. El enorme redimensionamiento del poder político que ha supuesto la Europa Unida, se va a acrecentar con la previsible aprobación de la Constitución de la Unión. Aunque se mantenga a los Estados como sujetos protagonistas, el Estado-nación concebido en sus estrictos términos se halla en un período preagónico. Algo que debe ser tenido muy en cuenta cara a un nuevo pacto político de reconocimiento de las realidades infraestatales en el marco europeo. c. El final del terrorismo es una “desiderata” muchas veces avizorada y jamás cumplimentada. La inexistencia de acuerdos unitarios que encaucen las diferentes reivindicaciones, debe ser subsanada mediante un pacto de contenidos unitarios; tarea a plantear en ese Pacto de nuevo cuño. d. A medida que avanza el tiempo deviene más necesario pasar del actual Estado autonómico a uno plurinacional, que reconozca la plenitud de la diversidad lingüística, de hábitos simbólicos y de referencias estructurales; tales, por poner dos ejemplos, como un Senado compuesto por las Comunidades autónomas, un poder judicial ampliamente descentralizado. Por decirlo más claramente: las realidades territoriales de todo el orbe se decantan por un federalismo integracionista, en el que las partes conforman el todo y se gobierne con las regiones y las entidades locales y no sobre los entes infraestatales. El Estado libre de Baviera en el interior de la República federal alemana, puede ser un buen prototipo de esa nueva tendencia4.

e. A nivel horizontal, el contexto reclama y exige unas estrechas relaciones institucionalizadas entre los diferentes entes comunitarios, superando incluso el nivel fronterizo. Todo menos vivir –por razones de espúreas políticas– unas Comunidades de espaldas a otras5. Retornemos al comienzo con esa afirmación de la oportunidad de un nuevo pacto político. Dicho lo cual se presenta la duda sobre si la propuesta del Gobierno Vasco puede configurarse en el texto básico de ese pacto. Los medios de comunicación y la clase política de los partidos de ámbito estatal, han descalificado por activa y por pasiva la propuesta del Gobierno vasco. Nada nuevo bajo el sol puesto que el proyecto de Estatuto de autonomía conocido como de Gernika, recibió una auténtica andanada de “motivos de desacuerdo” por parte del partido a la sazón en el poder (La Unión del Centro democrático) y las renuencias del partido socialista. Solamente que en 1979 se negoció a fondo por todos los implicados sobre “el tremendo” proyecto de la villa foral, y el resultado de esa negociación fue una norma consensuada: el actual Estatuto. Es esa voluntad de negociación la que no existe de forma visible en la actualidad. Si se trata de una iniciativa nacionalista –una vez más Izquierda Unida no es tomada en consideración en este plano– es en sí misma intrínsicamente perversa y absolutamente rechazable, sin que se necesite entrar en mayores profundidades para justificar la frontal marginación. Si a esa iniciativa se le añade la suma de improperios, vituperios y seudoacusaciones (separatista, rupturista, etnicista, fracturador, etc. etc.), la postura tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, autoconsiderada como baluartes de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, avanzan por la negación directa y sin matices,

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de la propuesta presentada en el Parlamento por el Gobierno Vasco surgido de las elecciones de mayo de 2001. Lo que es más grave todavía: la negativa a entrar no ya en una negociación, ni siquiera en una discusión, se visualiza en el propio Parlamento Vasco, considerado como la institución no pertinente para llevar a cabo el debate. Nunca una representación de la soberanía popular y exponente de la voluntad general ha sido objeto de un mayor desprecio por parte de quienes se reputan partidos democráticos. Y sin embargo, ateniéndonos a la letra –y también al espíritu– de lo que dice la propuesta de Estatuto político presentado por el Gobierno

bilista y realista en la cambiante coyuntura presente. Es cierto que el Preámbulo enuncia unos principios –la existencia de Euskal Herria, el derecho a decidir su futuro, la actualización de los derechos históricos cara a un nuevo pacto político que explicite un nuevo también modelo de relación con el Estado español– que siendo pautas de afirmación de una realidad y de su plasmación democrática, pueden sorprender a quienes desde la más aguda afirmación estatutaria se niegan a la más mínima alteración del statu quo; o simplemente pretenden continuar gobernando un Estado autonómico en clave centralista6. La necesidad de ese pacto la hemos

Vasco, prescindiendo de lo que dice según los diversos medios centralistas, desde “El País” a “La Razón”, pasando por la “Cadena COPE”, ateniéndonos por lo tanto al texto real, pensamos que responde a unas coordenadas de sensatez política, de excelencia técnica y de acusada adecuación a los nuevos tiempos y a sus circunstancias y perentorias exigencias. Pero otro dato resaltable más nos interesa reseñarlo: si no fuera por la continua obstinación en negar la propuesta o en calificarla de demoníaca, podía asumirse a la misma, como posi-

tratado de demostrar por las razones precedentes. Poca duda ofrece que lo que pudo servir en 1979, poca validez y vigencia posee en 2004. De ahí la formulación de un status de libre asociación con el Reino de España que sustituya al dialécticamente insolvente actual marco, así como el establecimiento de unas garantías comprobadas por la realidad de las dos décadas anteriores. Del mismo modo, que se pretende anudar con el derecho histórico a un poder judicial propio, mediante la creación de un Consejo Judicial vasco, que

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no pretende sustituir al Consejo General estatal, sino relacionarse con éste para la más adecuada prestación de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca. Del mismo modo que existe un pormenorizado elenco de políticas públicas exclusivas de la Comunidad de Euskadi, bastante más ajustadas a los preceptos del Estatuto de 1979, de que lo que cabía presumir; pero que en su conjunto supone la reafirmación racional de un auténtico autogobierno. Similar predicado cabe formular en relación al capítulo de la Hacienda, Economía y Patrimonio de la Comunidad de Euskadi. Como no podía ser de otro modo, se afrontan las relaciones con Europa, diferenciadas de las relaciones exteriores, fiel tributo a esos requerimientos del nuevo siglo, que propugna el marco europeo. No insistiré en los apartados específicos de la Propuesta, cuya calificación global ya he realizado. Sí interesa destacar que dicha Propuesta se conforma en un proyecto de convivencia clara al futuro, destinado a atraer a quienes han hecho de la ruptura y la violencia “modus vivendi”. El cerrar la pesada puerta de un pasado inserto en el deterioro y el terror, es una necesidad prioritaria a los que la Propuesta proporciona una respuesta objetiva. Es tal vez este el espacio de mayor trascendencia de la Propuesta, que también sobre indicarlo es negado por los profesionales del antinacionalismo vasco.

NOTAS

Al respecto el comentario de Gore Vidal en La Invención de una Nación. Washington, Adams y Jefferson, Barcelona, 2004, pág. 19. 1

2 En su espléndida La Era de la Información, Volumen III, 2ª edición, 1999, pág. 410.

3 Lo justificaba puesto que “lo primordial era preservar el todo, que antes que autonómico tenía que seguir siendo Estado”. Artículo publicado en el número 36 (I) de la “Revista Vasca de Administración Pública”, titulado “La primera fase de construcción del Estado de las Autonomías”.

En esta línea resulta particularmente esclarecedora la monografía de M. Ballbé y M. Martínez titulada Soberanía Dual y Constitución integradora, Madrid, 2003. 4

5 Al respecto la reciente obra de Juan Cruz Alli La Cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, Donostia-San Sebastián, 2004.

Ballbé-Martínez, ob. cit., pág. 21.

7 Derechos Históricos y Constitucionalismo útil, Bilbao, 2000, pág. 17.

La Propuesta se embarca sí, frente a la comodidad política contoplacista y electoralista, en una seria reflexión sobre el futuro del autogobierno vasco. Para que salga adelante, será preciso “revivir el espíritu constituyente de imaginación, transacción y consenso”, tal como señalaron en un momento Lluch y Herrero de Minón7; además de aceptar el pluralismo y el hecho diferencial propio del espacio territorial de la Comunidad Vasca.

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Aldaketa: El cambio virtual

aya por delante nuestra firme convicción favorable tanto al derecho que nos asiste a todos a organizarnos para defender y contrastar opiniones que se reclamen de la democracia como a que nazcan plataformas cívicas, como Aldaketa, para abordar los múltiples debates pendientes. Además, el discurso es distinto a plataformas anteriores que, como Basta Ya y en parte el Foro de Ermua, tenían un discurso autoritario. En Aldaketa se encuentran, además, personas que nos merecen respeto y mucha estima y con las que, sin duda alguna, llegaremos a puntos de acuerdo a poco que profundicemos en el debate. Y, desde luego, evitaremos la personalización de los debates públicos así como los argumentos ad hominem, para referirnos, desde nuestras interpretaciones, exclusivamente a documentos y declaraciones. En todo caso, somos críticos respecto a la credibilidad y funcionalidad de la plataforma como tal, a su coherencia discursiva, a las reflexiones de fondo sobre la democracia y el proceso vasco, así como a los diagnósticos que realizan y contenidos concretos RAMÓN ZALLO que propugnan. J. MANUEL CASTELLS JON G. OLASKOAGA PETTO IDOIAGA BALEREN BAKAIKOA XABIER EZEIZABARRENA IÑAKI LASAGABASTER

1. INTRODUCCIÓN 1.1. Un resumen Retomando un artículo de M. Ferrer (El Mundo 28-1104) cabe resumir las ideas del texto fundacional de Aldaketa de la siguiente manera.

Desde un diagnóstico y un cierto concepto de País Vasco y de la democracia, Aldaketa quiere movilizar a la ciudadanía para que Euskadi cambie. Su mensaje central quiere ser positivo (“mostrar que es posible otra Euskadi”, una Euskadi que integra la diferencia y cobija identidades e ideas plurales), aunque lo hace desde un punto de partida negativo tanto del presente (la situación es insostenible pues somos una comunidad política rota por la dicotomía diabólica del “nosotros / los otros”) como del futuro que nos aguarda si esto no cambia. A su juicio, en vez del pacto y del diálogo predomina la imposición y la deslegitimación del adversario; y ante esta situación apela a que la ciudadanía vasca recupere su protagonismo para regenerar la cultura política vasca. Esta regeneración tiene un pilar: la defensa de la estabilidad del marco estatutario y su espíritu de pacto; y un corolario: la alternancia para que los nacionalistas vascos pasen a la oposición. Aldaketa no pide explícitamente el voto para nadie en concreto pero trabajará para que haya un cambio de Gobierno. Defienden la estabilidad del marco porque es lo que nos habría constituido en sujeto político, traído bienestar y permitido la renovación permanente del autogobierno. El nacionalismo gobernante habría perdido centralidad, escorándose hacia proyectos partidistas y hacia obsesiones que llevan a la confrontación, en perjuicio de los problemas reales y de una apelación a la ciudadanía en su conjunto.

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1.2. Primera valoración Ciertamente hay elementos de ese discurso que compartimos y son asumibles genéricamente: la riqueza de la pluralidad, la democracia, el rechazo de la violencia, la búsqueda del consenso, la ciudadanía en plena igualdad de derechos y obligaciones sin que nadie se sienta marginado o apátrida, la memoria y reparación de las víctimas, el euskera como patrimonio de todos, la normalidad de una alternancia en democracia… Pero el problema aparece cuando se concreta en diagnósticos que sólo miran críticamente en una sola dirección o en la ausencia de propuestas concretas para el período (salvo el cambio de gobierno), aunque admitan como hipótesis vinculada a la letra de la Constitución y el Estatuto “la renovación democrática permanente, incluyendo en ella la reforma del propio Estatuto”. No parece que sea éste un momento para decir sólo que es posible “la reforma del propio Estatuto”, de forma condicionada a que haya no solo respeto al principio de legalidad sino también estabilidad y consenso. Es un momento para decir lo que se defiende, con qué contenidos y ponerse a ello. Han tenido miedo a las propuestas reales de cambio y ha tenido que ser el PSE-EE con posterioridad, quien con sus propuestas de actualización y reforma del Estatuto ha situado el debate en un plano completamente distinto aunque esté muy marcado por la evolución catalana. Lo que el texto fundacional de Aldaketa propone no es que cambiemos la realidad –salvo el Gobierno– sino nuestro pensamiento, nosotros mismos, para aceptar aquella tal cual se diseñó hace muchos años. En suma, Aldaketa solo ha propuesto un “cambio de cultura” (que no es tal pues es la ideología básica de

siempre del PSE-EE) y no una cultura del cambio ni unas propuestas de cambio.

2. UNA CREDIBILIDAD LIMITADA Y UNA FUNCIONALIDAD EVIDENTE 2.1. El momento y una forma confusa de aparición El momento y forma de su nacimiento tiene varios handicaps para su credibilidad. En primer lugar, habría sido de agradecer que esa plataforma hubiera nacido en tiempos más duros. Hubiera sido muy necesaria para contrapesar discursos autoritarios de las agresivas y desestabilizadoras plataformas, que como “Basta Ya!” e incluso el Foro de Ermua, jugaron un papel instrumental para las apuestas antinacionalistas excluyentes del PP y el PSE-EE, mientras apelaban a la confrontación social y jaleaban un proceso degenerativo de la democracia. Ciertamente algunas de las personas de Aldaketa coincidieron con voces como la nuestra en esa denuncia pero hubieran sido necesarias más voces organizadas apelando al diálogo, al encuentro y a la legitimación de todas las ideologías democráticas. Estando en las duras, Aldaketa hubiera sido más creíble en las maduras. La impresión de una funcionalidad directamente vinculada a los cambios de táctica del PSE-EE no se nos puede ir de la cabeza. El riesgo de un reparto de funciones entre duros y blandos es notable. Ese partido siguió sosteniendo funcionalmente también el Foro de Ermua para los más duros (algunos están en las dos plataformas), mientras que “Basta ya!” –en la que se habrían quedado atrapados los más obcecados– pasaría al dominio exclusivo del PP.

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No les hemos oído aún diferenciarse críticamente de aquellas plataformas que identificaban terrorismo y nacionalismo. El riesgo de un reparto de funciones entre duros y blandos es notable. Cabe el riesgo de que vengan a tomar el testigo de forma complementaria, aunque más abierta, para una función similar: el antinacionalismo de fondo. El obsesivo y unilateral discurso al respecto en la plataforma fundacional nos plantea una duda que el tiempo aclarará. En segundo lugar, la funcionalidad a la estrategia del PSE-EE, y momentáneamente también del PP (María San Gil alabó su aparición), es evidente. Ya es casualidad que nazca un poco antes de unas elecciones y para influir en ellas, aunque sus miembros más significados no tengan el propósito de ir en listas. En las “Bases para la definición de la iniciativa” dicen textualmente, “la construcción de esa nueva cultura política significa, en estos momentos, apostar por un cambio de Gobierno”. Para Aldaketa, cambio de cultura política se traduce, fundamentalmente, en cambio de Gobierno en Euskadi. En tercer lugar, confunden la abstracta conveniencia de la alternancia –que suscribimos siempre que fuera para poder elegir mejor– con la prescripción de ejercerla con un no voto a unos –a los nacionalistas y se deduce que también a Ezker Batua ya que “legitima la deriva nacionalista” (El País 21-11-04)–. O sea, por fácil deducción, vótese a los otros: “Nuestro objetivo es (...) que haya un 15 o un 20% de votantes dispuestos a cambiar (...) del mundo nacionalista al no nacionalista, y por eso apostamos por el cambio político a través de este movimiento de ciudadanos” (DV 22-11-04). Se entiende que muy preferentemente al PSE-EE –dadas las coincidencias y personas– pero se sobreentiende que incluso al PP a pesar de sus desmanes recientes, puesto que nada se dice en contra de ellos.

2.2 Contradicción entre palabras y hechos: falta de transparencia hacia la ciudadanía Una plataforma que quiere un “cambio de cultura política”, un cambio de mentalidades y modos de hacer política, debe marcarse una perspectiva y objetivos para el largo plazo, y el peor modo para ello y para su credibilidad es presentarse justo antes de unas Elecciones y para actuar en ellas. Por una parte, si esa plataforma hubiese aparecido como un movimiento de apoyo al PSE-EE como tal, habría sido irreprochable. Ese partido o sus afines tienen pleno derecho a crear o estimular plataformas. En cambio, la presentación de Aldaketa como puro producto de intelectuales independientes “al margen del partidismo” es ir de tapadillo. La coincidencia con los postulados del PSE-EE es casi al 100% –incluso hasta en expresiones textuales–; y de sus aledaños provienen la inmensa mayoría de los firmantes, con la excepción de unas pocas personas procedentes del PNV o de IUEB que son las que, además, darían la colorista imagen de pluralismo. El resultado es una inequívoca posición funcional y electoral favorable a dicho partido. Ese proceder no es antidemocrático pero debe reconocerse que es de dudosa trasparencia y hace daño al discurso ético de Aldaketa. En efecto, hacer creíble y real un nuevo discurso moral que influya en mentalidades y actitudes sociales tenía varios requisitos: un proceso a largo plazo; poco contaminado partidariamente; una plataforma educativa, integradora y equilibrada de gentes de varias ideologías, y no de un solo perfil; y que no se mezclara con procesos electorales. Aldaketa no cumple estos requisitos. Sus referentes políticos están demasiado marcados por poner condiciones al

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cambio político (Constitución, Estatuto…y más); y su llamada al cambio de gobierno contra algunos y, por exclusión, a favor de otros da seña de identidad a la plataforma. La pretendida regeneración de la vida política se diluye como un azucarillo cuando constitutivamente no se representa lo que se predica. Por otra parte, el argumento de la alternancia es poco transparente ante la ciudadanía como electorado. Insisten en la conveniencia de la alternancia pero se oculta el verdadero objetivo de la plataforma si se parte de los datos del comportamiento electoral durante 20 años. Lo que se pretende es compartir Gobierno, volviendo así al modelo de gobierno de coalición PNV (con EA)/PSE-EE. Nos explicamos. Echemos cuentas con todas las hipótesis imaginables, incluso las más extremas (ya pueda ir o no a las elecciones la Izquierda Abertzale oficial). Siempre da que el PNV no puede no estar, salvo que se resucitara la idea de Redondo y Mayor Oreja de un Gobierno Constitucionalista, cosa que parece impensable en datos (lograr una mayoría absoluta con un PP en horas muy bajas y, eso sí, un PSE-EE en ascenso) y, sobre todo, por múltiples razones (no se plantea ese proyecto y no sería fácil explicarlo después; hay una propuesta de reforma socialista del Estatuto incompatible con el PP; una coalición PP/PSEEE no estabilizaría el país; Gobierna Zapatero en choque con el PP; el PSE-EE busca el espacio de la moderación; la Asamblea del PNV eligió a Imaz y no a Egibar). O sea, con el gancho electoral de una (imposible) alternancia, no cabe otra interpretación que lo que se quiere es crear la ilusión de que aquella es posible para mejorar el score de votos del PSE, y hacerse querer después para una coalición con los nacionalistas; presentándose

como partido estabilizador de la gestión del país y para la interlocución con Madrid de cara a una reforma controlada del modelo político. La operación tendría como víctima a Ezker Batua y no le harían ascos desde una parte del nacionalismo, ese nacionalismo más templado y centrado que reclama J. Arregi, y que algún sector del PNV puede acariciar. Aunque a posteriori siempre es complicado explicar cómo de buscar echar a unos del Gobierno se pasa a coaligarse con ellos, la crudeza de los datos finales suele ser el mejor argumento justificativo. El repudio convertido en cohabitación. 2.3. Limitadamente plural La referencia de “somos plurales” o “somos personas diferentes en nuestras concepciones ideológicas y políticas” soporta mal con el hecho de que la inmensa mayoría de los 200 promotores sean gente conocida del entorno del PSE-EE, incluso con algunos que han sido o son del entorno del Foro de Ermua, e incluso simpatizantes de Basta Ya!, y que bajan ahora a aguas más tranquilas. Lo cierto es que casi todas las adhesiones son de un solo campo, aunque algunos de los portavoces procedan de otros, con una evidente función de marketing político. Es bastante obvio que con los mimbres de que dispone era imposible una plataforma del tipo de “Ciutadans pel Canvi” que tan buenos resultados le dio al catalán PSC. La operación es así más modesta e ideológica. 2.4 Forma parte de un cálculo del PSE-EE La sensación de instrumentalización con objetivos electorales es muy fuerte. Vasco Press en su Crónica 1.189, y cuyas simpatías por el proyecto son evidentes, lo dice con meridiana claridad:

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“Aldaketa es de momento el último ensayo para intentar modificar una situación electoral que iniciativas anteriores, si bien con variaciones importantes, nunca antes han logrado modificar el signo del Gobierno. Lo intentaron Mayor Oreja y Nicolás Redondo y por poco lo logran”. En la estrategia electoral del PSE-EE hay un cálculo que pueden controlar y animar, y otro que, simplemente, pueden prever para el debilitamiento de los partidos del Tripartito. Al margen de la voluntad incluso de los dirigentes de la plataforma, los hechos la ubican como una pieza en una nueva estrategia de sorpasso del “constitucionalismo” partidista tras el fracaso en Euskadi de las más duras apuestas anteriores tanto electorales como de crédito de sus movimientos instrumentales: Basta Ya! y Foro de Ermua. En esta ocasión le toca hacer de beneficiario casi exclusivo al PSEEE, mientras el PP sigue mordiendo desde los sectores más talibanes de Basta Ya!, y queda el Foro de Ermua como espacio compartido. Aldaketa sería pieza de una operación relegitimadora y electoral dirigida hacia el sector autonomista, moderado y silencioso del nacionalismo –al que se le invita a alejarse de la deriva soberanista de Ibarretxe– y, por voto útil, también hacia el voto que se fue al PP. Los medios de comunicación centralistas –que además son mayoritarios en el espectro comunicativo– ya se han dado cuenta y se han volcado en favor de la plataforma y de sus portavoces. Pero en el cálculo socialista y respecto al otro extremo, también se incluye una pieza más sibilina y no controlada: la

hipótesis de que el presunto voto prestado en anteriores elecciones desde las bases de Batasuna a las distintas fuerzas que luego formaron el Tripartito, puede escapárseles esta vez en beneficio, o de la abstención o de listas de la izquierda abertzale oficial, para el caso de que al final pudiera presentarse. Que el PNV vaya a hacer campaña por el Sí al Tratado Constitucional europeo unos meses antes de las elecciones autonómicas, empujarían también en ese sentido.

3. UN DISCURSO DISCUTIBLE 3.1. Un discurso bastante autocomplaciente “Somos una sociedad plural” que debe relacionarse “desde el respeto”, dice Aldaketa. Muy de acuerdo. Pero no parece muy coherente con el respeto y sí con una dosis significativa de autocomplacencia, cuando se retrata al otro campo en términos caricaturescos de “ensoñaciones virtuales” y de “obsesiones identitarias” o que tienen un discurso “sumamente pobre y limitado, por monotemático y agobiantemente encorsetado”; y, en cambio, se piensa que Aldaketa representa “los problemas reales de los ciudadanos” en “esa Euskadi que integra, que respeta las diferencias, que promueve la igualdad política y social, que se asienta en el derecho de ciudadanía y prioriza las libertades y el progreso”, y que se propone intensificar los “esfuerzos para abrir y enriquecer en Euskadi el debate político”. Pues bien el discurso, los análisis y diagnósticos, las coherencias y propuestas no hacen honor a tan grandes atributos. Y lo que es peor, regatean la condición de buenos demócratas a quienes disienten de su modo de aplicación al caso concreto. Tiene así un riesgo de postularse como una élite prescriptora, de portavocía de la ciudadanía en su conjunto, o de atribuirse un amplísimo sector, al interpretar desde una estrecha radiografía político-social que solo habría nacionalistas y no na-

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cionalistas que, además, ya pactaron hace 25 años. Y, sin embargo, nuestra sociedad es mucho más rica que esa clasificación de conveniencia, con resabios de esa otra que nos suele clasificar en dos comunidades. Y ello a pesar de que todas las encuestas van en otra dirección, y nos hablan de hibridación de identidades culturales y nacionales, de deseos de paz, de no proscripción de corrientes políticas, de escaso miedo a los cambios, de derecho de decisión, de consultas, de modelos de estructura que van en la inmensa mayoría de los casos mas allá del federalismo… Los aparatos políticos suelen confundir sociedad, sociedad política y partidos, con lo que pasan a sustituir a la sociedad por sus conveniencias de aparato. Esperemos que Aldaketa no caiga en ese juego que es nefasto para la evolución colectiva. 3.2 Un discurso contradictorio Es llamativo que en Aldaketa aborrezcan la distinción “nosotros” / “los otros”, y sin embargo no paran de echar la culpa de casi todo a “los otros”, especialmente a los nacionalistas vascos. No se entiende. La carga negativa asociada al nacionalismo vasco en Aldaketa es tal, que visten al muñeco a la medida repitiendo las mismas críticas que hace 100 años al nacionalismo sabiniano, como si no hubiera evolucionado tanto como el socialismo o el comunismo vasco. Pero se siguen repitiendo las mismas cantinelas (rompen el país, son ajenos al concepto de ciudadanía, un “nosotros excluyente, cerrado y uniformador”, caracterizan a los demás “como no-vascos”, con el recurso patriótico se desentienden de los preocupaciones cotidianas de los ciudadanos …). Ese tipo de crítica caricaturesca es la que se ha hecho vieja. Así no habrá manera de que las plataformas de pensamiento hagamos un debate serio y útil para que todos cambien más. Asimismo, dada la insistencia en las virtudes de la Constitución y el Estatuto

incurren en una flagrante contradicción con la democracia al considerar que las mayorías del pasado, las de hace 25 años, parecen valer más y deban utilizarse contra las del presente, para mantener el status quo actual hasta la eternidad mientras no haya pacto entre los partidos-guía del espectro. Eso sí que es veneración por los “ancestros” o, si se quiere, por Santa Rita, Rita… a costa de arrasar con el sentido del concepto de ciudadanía, a pesar de que Aldaketa busque la legitimidad en su nombre. Es aun más curioso que, por contraste, sean los partidos acusados de la “obsesión identitaria” tanto del denostado Tripartito como de la Izquierda Abertzale quienes estén dispuestos a que las decisiones trascendentes se tomen desde la soberanía parlamentaria o desde la consulta popular, incluso en los terrenos que se remiten a la gestión pública de la identidad colectiva o del “pueblo”. 3.3 El análisis es unilateral No hay una sola crítica al proceso degenerativo de la democracia que se ha vivido estos años y que sigue plasmándose en leyes, pactos, ilegalizaciones, recortes de libertades… Para ser una plataforma que trae el cambio se olvida nada menos que del agente principal que gestiona derechos y libertades en los ámbitos legal, judicial y penitenciario: el Estado mismo y sus sucesivos Gobiernos. ¡Ni que fuéramos independientes! Ni una crítica a lo que ha simbolizado el Gobierno del PP, como si nada tuviera que ver con Euskadi que, sin embargo, ha sido toda su obsesión, incluso en el 11-M, dejando a la democracia española hecha unos auténticos zorros. Y nada dicen del nacionalismo español que, sin embargo, ha sido Atila en estos últimos años. Incluso ETA es solo un telón de fondo del manifiesto, mientras todas las baterías se despliegan contra el Tripartito. Ni se refieren a la Izquierda Abertzale a la que parecen dar equivocadamente por

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amortizada. Tampoco mencionan que el PSE-EE ha sido Gobierno Vasco durante bastantes años. Otra contradicción es que consideren que esto no tiene remedio con un gobierno nacionalista, por lo que Aldaketa apela a las virtudes cívicas del protagonismo ciudadano e incluso a la “movilización cívica”. Lo curioso es que solo será tal si la mayoría ciudadana da el voto “a los Otros”, a los no nacionalistas. O sea, debe haber protagonismo del bueno (si se vota al PSE-EE, y en su defecto al PP, sería por responsabilidad) y del malo (si se vota al Tripartito sería por miedo y desmovilización ciudadana). A estas alturas mensajes tan maniqueos resultan fuera de lugar, convirtiendo el “protagonismo ciudadano” en su contrario instrumental. 3.4. Poco crítico con el conjunto de poderes Compartimos con Aldaketa la exigencia de un marco de derechos y libertades garantizados y apreciamos la puerta abierta a futuros cambios aunque le pongan condiciones. Es un discurso distinto al discurso chantajista y victimista de Basta Ya!, que armó al PP contra la democracia y deslegitimó a las disidencias en nombre del antiterrorismo y el Estado de Derecho. Pero bajando a las declaraciones de alguno de sus portavoces –y que dan el tono del conjunto a pesar de que nos constan posiciones particulares distintas de algunas personas significativas– encontramos ideas que chocan con las nuestras respecto a lo que es la democracia. Por ejemplo, cuando se emiten mensajes favorables al Pacto Antiterrorista vigente –sin que el discurso de los derechos de detenidos y presos suene al mismo tiempo, o tampoco se cuente entre las víctimas a familiares de presos o a torturados o a los otros asesinados–; o a la Ley de Partidos, o a la ilegalización de una corriente política como Batasuna. Asimismo, en el documento fundacional de Aldaketa hay llamativas ausen-

cias, aunque nos conste que hay miembros que tienen una posición particular en los temas que mencionamos. Es un discurso amnésico, típicamente de diseño electoral, por lo desequilibrado Así, no entra en el análisis el lamentable estado de los derechos y libertades en la legislación de aplicación española o no se denuncia la destrucción de la división de poderes. En suma la baja calidad de la democracia española. No se apuntan las reiteradas denuncias de torturas, conceptuadas como excepciones de funcionarios celosos sino como prácticas frecuentes, y reconocidas por el Ararteko o por Amnistia Internacional y otros organismos poco sospechosos. O en el problema que la dispersión de presos supone a los familiares de los mismos. Y puestos a enunciar derechos y libertades, Aldaketa se queda bastante corta al no contemplar, por ejemplo, el derecho de decisión de una “comunidad nacional”, o al subordinarla no ya a cuestiones procedimentales, que entendemos perfectamente, sino a mayorías de la nación dominante. Y la democracia participativa, simplemente, tampoco está. Parece haber fobia, en la plataforma como tal, a una de sus formas: la consulta popular directa. Tienen razón cuando apuntan que debe criticarse en la parte más próxima cuantas actuaciones de las instituciones vascas puedan ser lesivas para la calidad de la democracia. Y mencionan tres. Aluden a la utilización partidista de los medios públicos de comunicación y cabe coincidir en que han podido producirse situaciones en ese sentido. De todos modos reconocerán que EITB soporta bastante bien la comparación con cualquier otro medio público y privado audiovisual actual y, además, es unánime (todo el arco parlamentario) la apuesta por la implantación de modo urgente de un Consejo vasco regulador e independiente del audiovisual para minimizar las pulsiones partidistas o la banalidad televisada. En

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cambio, los otros dos temas que se mencionan –deslegitimación del poder judicial y control gubernamental del Parlamento– carecen de sentido. Una parte del Poder judicial, hasta ahora, se encarga ella misma de deslegitimarse por su politización y falta de independencia; y el control gubernamental del Parlamento Vasco es simplemente un absurdo. Por su minoridad no hay rodillo posible. Ni siquiera puede sacar adelante determinadas leyes cuando confluyen las posiciones más alejadas del espectro. De todos modos, Aldaketa no parte de que son los poderes centrales quienes gestionan los marcos más decisorios en el campo de los derechos y libertades (legislación penal, leyes especiales, política penitenciaria, partidos políticos, poder judicial…). 4. DEBATES DE FONDO 4.1. Cambio o no de marco Naturalmente la defensa del Estatuto actual es tan legítima como sostener que hay que reformarlo o que ya no sirve. La institucionalización política europea y el marco de competencias de los Estados ha variado profundamente el contexto en el que se ubican las estructuras de gestión y representación política. Esto debería ser motivo, sin más, para reconsiderar el diseño de competencias y relaciones entre las regiones y naciones con cada Estado al que administrativamente pertenecen, así como los modelos de su reconocimiento específico en Europa. Pero además, en estos tiempos de “globalización”, resulta más que positivo que existan tendencias a la des-estatalización de los espacios públicos y que frente a la Europa de los Estados –diseñada en el nuevo Tratado Constitucional Europeo– se abran paso, por un lado, una Europa de los pueblos y de las regiones, o si se quiere de las comunidades y regiones con

fuerte identidad o con Parlamento propio, y por otro lado, una Europa Social. Hace un cuarto de siglo que se aprobó la Constitución Española. A nadie debería parecerle extraño que, sobre la base de la experiencia de estos años, se propongan reconsiderar aspectos esenciales de la organización territorial del Estado contenidos en esa norma y en leyes orgánicas –como son los Estatutos de Autonomía– que la desarrollaron. Conviene recordar que la Carta Magna se quedó muy por detrás de las reivindicaciones históricas de las fuerzas de progreso y que el profundo déficit democrático constitucional impuesto por el ruido de sables y el pacto con el franquismo, en varios temas, fue particularmente cierto en lo que se refiere a la articulación autonómica del Estado o en la estructura politizada del sistema de Justicia. En la Carta Magna no se recoge nada que se parezca al reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni siquiera la posibilidad de introducirlo en la arquitectura legal en un futuro. Y, sin embargo, esa idea de la autodeterminación, hoy tan denostada y en cambio tan democrática, era común a todas las izquierdas hasta 1978 y, es más, educaron al nacionalismo en su respeto. A veces se olvida en el debate con el nacionalismo vasco, que la Constitución Española misma es nacionalista cuando consagra a una de las naciones, la española, de forma imperativa y excluyente respecto a otras sostenidas por grupos territoriales ciudadanos, y la connota con atributos míticos (“indisoluble unidad de la Nación española”), culturales (“deber de conocer” el castellano como lengua oficial), simbólicos (la bandera monárquica, Madrid la capital, la

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nacionalidad) o preocupantes (el papel asignado a las FFAA respecto a la integridad territorial). Un ejercicio de la memoria nos mostrará que todo ello fueron concesiones a las élites nacionalistas del régimen franquista (poderes fácticos y derechona) a las que se convocó a la reconciliación… asumiendo su discurso. A las cuestiones de fondo anteriores hay que añadir varias razones específicas del caso vasco que interpelan a la profundidad y urgencia de la búsqueda de salidas. • la crisis de legitimidad de la Constitución Española desde el principio; • la decepción colectiva estatutaria; • el bloqueo económico y social que hoy supone el marco regulatorio para el desarrollo del país; • el proceso de degeneración del sistema democrático; • la imposibilidad de vivir más en un clima de violencia; • y el requerimiento colectivo de la sociedad vasca –por amplias mayorías e independientemente del credo político– de una salida global. 4.2. Lectura social Por un lado, según datos del último Euskobarómetro el índice de satisfacción social y ciudadana sobre el Estatuto se reparte en tres bloques casi iguales, entre plenamente satisfechos (30%), plenamente insatisfechos (29%) y quienes mantienen una posición parcial al respecto (38%), y, en todo caso, sólo un 32% defiende el modelo autonómico, mientras la mayoría defiende un modelo distinto sea el federalismo (31%) o la independencia de Euskadi (33%). O sea casi 2/3 superan el autonomismo. Según el propio Euskobarómetro, “disminuye la confusión sobre la autode-

terminación”, al tiempo que “se refuerza la mayoría que demanda un acuerdo político sobre la autodeterminación” (65%) y “la mayoría se decanta por una valoración positiva de los efectos de un eventual referéndum de autodeterminación en las actuales circunstancias. En expresión literal “la mayoría de los vascos (64%) irían a votar en caso de que las instituciones vascas convoquen un referéndum en contra de las previsiones constitucionales”. Por otro lado, hay fuerzas políticas y sindicales con notoria representatividad (desde luego bastante superiores al 50%) que defienden una superación del marco vigente aunque después discrepen sobre el modelo y, por ejemplo, puedan incluso alinearse en contra de la propuesta Ibarretxe. Si después de fracasar en que incluso los partidos hablen sobre ello, por la negativa del PP y del PSE-EE. ¿En nombre de qué se puede negar legitimidad democrática al cambio de marco político desde las instituciones facultadas estatutariamente para ello, aunque el punto de partida no haya podido ser de consenso ni hacia uno de los lados ni hacia el contrario? ¿En nombre de qué cabe restringir posteriormente el derecho de una comunidad nacional a autoconsultarse siquiera indicativamente para pulsar su opinión mayoritaria, y además con el propósito nada unilateral de negociar con el Estado? 4.3. Violencias Las violencias y las víctimas son bastante más amplias que el concepto restrictivo que Aldaketa utiliza, lo que significará también que la memoria y la reparación deban ser no selectivas, sino omnicomprensivas, aunque también jerarquizadas puesto que unas son más graves e irreparables que otras. En otro con-

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texto y para cicatrizar heridas, los perdones a pedir deberán ser en distintas direcciones y, desde luego, no para el olvido ni tampoco, nos tememos, para el amor.

programa político y social. Desde luego el PSE-EE no tiene el monopolio de la progresía ni por ideas ni por prácticas. No creemos que haga falta dar ejemplos.

También hay otro debate de fondo: ¿cómo acabar con la violencia? Siempre hemos sostenido que será una combinación de diálogo político entre fuerzas políticas y en las instituciones y de evitación de la violencia. La teoría actual de la superación de la idea de imbatibilidad de ETA nos remite a subjetividades peligrosas que, fácilmente, pueden traducirse –y es lo que creemos que hay en algún sector– en buscar (¡ahora sí!) la derrota total no ya de ETA sino también de la izquierda abertzale, lo que puede convertir el laberinto vasco en el cuento de nunca acabar.

4.5. Constitución y Estatuto La tesis central de Aldaketa –como la del PSE-EE– es que el pacto interno expresado en el Estatuto de Gernika nos constituyó como sujeto político generando un espacio para la convivencia de distintos. Solo un nuevo pacto puede cambiarlo.

Y, desde luego, si acabara la violencia más explícita mediante alguna salida compartida al respecto, no significará que el conflicto vasco esté resuelto. Al contrario sería más explícito y sin coartadas condicionantes. Pero al mismo tiempo, no abordar una salida más o menos satisfactoria al problema del derecho de decisión ¿no podría traer un rebrote de la exasperación de los muy disconformes con el proceso, especialmente si pueden alegar que no ha sido democrático? 4.4. Autogobierno y política social ¿El vasquismo, el abertzalismo o el nacionalismo son incompatibles con un programa social o con no luchar por ello? Eso es bastante simple o una mezcla de churras con merinas. El espectro social de derechas, centros e izquierdas recorre todos los espectros nacionalitarios (nacionalismos vascos, nacionalismos españoles e híbridos varios, que no se reclamen ni de lo uno ni de lo otro). Y por otra parte, puestos a situarse en el plano social, la izquierda abertzale o ELA están más a la izquierda en temas sociales que el PSE-EE o CCOO o UGT, respectivamente; y los nacionalismos históricos siempre han tenido, se comparta o no,

Ese esquema tiene algunos problemas: a) Curiosamente no se aplica a la Constitución Española, constitutiva de la “nación española”. No hubo pacto de los vascos para constituirse dentro de la nación española y, sin embargo, ¿nos es exigible, a pesar de que además no se legitimó en Euskadi? ¿Somos parte de la nación española aunque una mayoría de la ciudadanía vasca no lo quiso y no lo quiere? Algo rechina en ese cuadro dediálogo, de pacto y de democracia. b) ¿Los vascos no existimos como comunidad nacional y como sujeto político más que desde 1979? ¿No éramos desde hace siglos, comunidad histórica con una identidad cultural específica? ¿Y, posteriormente, a lo largo de las luchas del siglo XX, no nos constituimos en sujeto nacional aunque no pudiéramos por imposición del Estado español mononacional, constituir Estado? ¿Desde cuándo somos “comunidad nacional”, ahora que dice el PSE-EE que somos? c) Decir que la pluralidad nos define es una obviedad. En cambio, decir que el “pluralismo interno nos constituye” es no querer aceptar que lo que nos constituye es un resultado en forma de identidad y reconocimiento desde la historia, la cultura, la lengua –propia y apropiadas–, las instituciones, la voluntad política, las aportaciones desde fuera, la ciudadanía

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vigente, los acuerdos… Ese resultado, junto con los proyectos compartidos (culturales, sociales y políticos) y nuestras subidentidades, son nuestra seña de identidad. Somos una comunidad cultural o pueblo (Euskal Herria), además de una nación (comunidad nacional) en forma de hecho procesual y de proyecto… y unas sociedades que las distintas estructuras de comunidades políticas territoriales (CAE, Nafarroa e Iparralde) gestionan. 4.6. Pactos y /o mayorías 4.6.1 Una reflexión general e histórica Varios matices de partida. • La conveniencia del consenso no significa obligatoriedad del mismo en los temas políticos. A más importantes temas más conveniente. Pero no es absolutamente imprescindible. • Además, hay algunos temas, como es la identidad personal y los derechos humanos básicos, que ni mayorías ni consensos son legítimas para vulnerarlos. • Asimismo, se puede estar a favor del espíritu de pacto y no a favor de determinados pactos o no considerarlos tales. Así en el “Pacto Constitucional” no estuvo la mayoría vasca; fue una imposición y no un pacto para los vascos. En el Pacto Estatutario no estuvo ni la izquierda abertzale ni AP, aunque sí estuvo refrendado por una mayoría suficiente. En cualquier caso, ambos se dieron en circunstancias muy singulares de presión militar ya harto documentada y, desde luego, no en las mejores para que recogieran las aspiraciones mayoritarias de la sociedad vasca. • También se pudo estar a favor de aquel o aquellos pactos y renegar hoy de ellos; a la vez que hay que reconocer que la generación joven no estuvo en el proceso.

• La implícita imputación de que quien ya no quiere “aquel” pacto porque lo considera sobrepasado, no quiere pactar, es gratuita. Es más exacto decir que como el sector “constitucionalista” hoy no quiere grandes cambios, tampoco ha querido propiciar marcos de nuevos pactos para sustituir a los viejos, mientras atribuyen a los demás su propia negativa a moverse. El marco de derechos y libertades de Aldaketa se condensa en la actual Constitución y en el Estatuto de Gernika en los que, sin duda, hay cuestiones compartibles. Pero Aldaketa idealiza el pacto estatutario, como el paradigma de lo deseable. Para una mayoría –a juzgar por todas las últimas elecciones– el pacto estatutario –y no digamos el constitucional– está roto y no verlo es de ciegos, además de insostenible. Y hoy no se debería utilizar la Constitución y el Estatuto como coraza y arma arrojadiza, o poner condiciones casi imposibles de cumplir para superar el impasse en el que hemos estado instalados hasta hace poco. Ahora ya las cosas se mueven. Ciertamente, no es que Aldaketa se niegue por principio a los cambios. No es eso. Es más leído el manifiesto y las declaraciones estarían, desde la prevención, abiertos a ellos, eso sí, con pacto administrado entre el PNV y PSE-EE y, de ninguna manera, desde las mayorías democráticas resultantes de unas elecciones. La atribución a dos partidos de la representación de las supuestas dos mitades del país, es una ideología de conveniencia para auspiciar un acuerdo de aparatos a costa de la ciudadanía real. 4.6.2 Una reflexión sobre la “propuesta de Estatuto Político”. Los pactos amplios son muy convenientes. ¡Claro! El problema es cuando no son posibles porque uno no quiere ni

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sentarse porque no tiene voluntad de cambio. Que el pacto sea deseable no quiere decir que sea posible, sobre todo si una parte se llama andanas y se niega a hablar del tema. En tal caso, ¿qué hace un país para resolver sus problemas? La Euskadi que dibuja la nueva cultura política que dice impulsar Aldaketa es una sociedad que debe dialogar, entenderse y pactar. De acuerdo. Pero ya no lo estamos cuando sostiene que cualquier otra forma de construcción política distinta al consenso es indeseable o ilegítima. Aldaketa no toma en consideración que cuando un nuevo pacto es imposible en lo concreto, el juego democrático de mayorías y minorías en cualquier país, es el normal para salir de problemas enquistados, siempre que los derechos de la ciudadanía y las identidades de las personas queden salvaguardados. Eso es lo que ha ocurrido durante varios años en respuesta a las demandas de cambio. Parece que nos hemos olvidado de que una vez existieron Redondo y Mayor y Oreja, con su negativa tanto a abrir el melón como a planteárselo a la Mesa del Parlamento Vasco. En ese caso el derecho del Gobierno Vasco –legitimado estatutariamente para ello– a iniciar el proceso estaba acreditado –incluso con la obligación moral de hacerlo por el dramático bloqueo de la situación– convirtiéndose el recurso a las mayorías parlamentarias, si las hubiera, en plenamente democrático como en cualquier parte del mundo. A estas alturas que el PSE-EE se presente como representativo de una voluntad de pacto y diálogo (cuando ni siquiera han querido debatir y presentar sus alternativas dentro de los debates institucionales ya lanzados), mientras que la propuesta del Lehendakari sería unilateral, no hace justicia a una historia real de negativas condicionadas siempre a la previa desaparición de ETA.

¿La única vía democrática era y es el Pacto entre aparatos de partidos (PNV y PSE-EE, fundamentalmente) pasando después por el Parlamento Vasco, Cortes y Referéndum sobre lo acordado, como se hizo el Estatuto de Gernika? No necesariamente. Un pacto administrado entre aparatos puede ser menos democrático que las mayorías democráticas resultantes de unas elecciones. En especial si aparece condicionado como lo esta a “solo dentro de la Constitución y el Estatuto”, “solo como parte de España” y “solo desde la soberanía española”. La fuente de análisis de partida debería ser la sociedad vasca, tal cual es y con sus problemas. El siguiente paso es reconocer la representatividad del Parlamento Vasco, tal y como esté configurado –aunque será mucho más democrático y representativo si están todos los que tienen que estar– para encarar los problemas mayores; y el tercero es dejar a los aparatos partidarios la cocina, no el fundamento. Se reconocerá entonces que algunos partidos tardan bastante más que otros en darse cuenta del momento histórico y que primero deben darse un buen golpe en las elecciones para cambiar de chip. Eso le pasó al PSE-EE que primero ensayó la vía Redondo. Si al PSE-EE le hubiera salido bien hubieran parado el reloj de la historia durante muchos años. Pero visto desde la sociedad, ¿el retraso en aclararse, en madurar, desde el redondismo inmovilista hasta el giro de 180º con el reconocimiento de una “comunidad nacional” y de la necesidad de una reforma estatutaria, debe sufrirlo la sociedad en su conjunto? ¿Cuando una sociedad con graves problemas no tiene una parte de las fuerzas políticas a la altura de los tiempos, la otra parte, en este caso el Tripartito, debe tomar la iniciativa? Parece

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que es la vía buena puesto que es lo que ha hecho que el PSE-EE se haya tenido que mover y que la propuesta de Anoeta se produjera. Las aguas se han agitado y ya sí estamos en tiempo de cambios a contrastar. En cambio cuando se considera legítimo sólo lo que tenga origen en un previo Pacto de Partidos determinados (entre PNV y PSE-EE notablemente) se admitirá que quepa sospechar que lo que se plantea es más bien un triple filtro de los partidos centrales en sus versiones local y general: a) porque incluso aunque hubiera aquí mayoría sin ninguno de los partidos centrales, se exige, como imprescindible para legitimar esa mayoría real, que se pacte además suplementariamente con el PSEEE, para considerarla, legítima, democrática e integradora; b) porque se utiliza el cómodo recurso de la literalidad de la Constitución como muro infranqueable para deslegitimar derechos y pretensiones y freno de contenidos de pacto; c) porque lo que no se recorte aquí, después puede hacerse allí. Eso está bastante lejos de un pacto entre iguales y puede ser, además, muy injusto, ventajista, decepcionante y creador de nuevos agraviados con tentaciones montaraces. Nuestra idea de la capacidad de decisión y de la democracia es otra. Eso contradice completamente la doctrina canadiense, puesto que las ma-

yorías del Parlamento español, al parecer, sí serían legítimas en esa versión autoritaria, incluso para impedir el derecho de decisión de una comunidad nacional que, siguiendo los procedimientos reglados, quiera hacer valer su presunta y contrastada posición mayoritaria. No hay que confundir sociedad, sociedad política y partidos, como decíamos antes. O sea, no hay que confundir lo que es el ámbito de la legitimidad decisional democrática que son los Parlamentos que además expresan la soberanía popular; los Pactos o consensos políticos entre partidos como agentes políticos que deben facilitar el funcionamiento institucional y la solución de los problemas; y el plano social que es el destinatario al que se debe servir, y en el que se deben lograr acuerdos de valores y proyectos y que, transformada en ciudadanía, es la fuente de la legitimidad. Intentar ahormar a la sociedad desde la conveniencia de los aparatos es convertir a quienes deben ser guía en rémora y freno para la colectividad, y de la que se convierten en intérpretes tan normativizadores como interesados. En suma, Aldaketa como colectivo tiene el riesgo de ir por detrás del país real y de sus apuestas democráticas –y siempre que lo sean– quizás representando los temores de determinados sectores. Es más una plataforma por el cambio virtual que por el cambio real. Pero conociendo el talante abierto de muchos de sus miembros no nos cabe duda que en la interlocución para el cambio estarán muchos de ellos.

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Josu Jon Imaz “No sé si este es el último tren, pero si España no lo toma, pagará el retraso en la búsqueda de soluciones” Por Txema Montero y Koldo Mediavilla Fotografías: Txetxu Berruezo

finales del mes de enero del pasado año, el principal partido del país, tanto en número de seguidores como de representación social o trayectoria, vivía uno de esos momentos que los titulares periodísticos han terminado por devaluar, al otorgar el calificativo de “histórico” a cualquier acontecimiento con rango relevante. El Partido Nacionalista Vasco, en un proceso democrático sin parangón en su historia (miles de militantes votando en asambleas celebradas en un mismo día), y con la convulsión propia de un cambio generacional trascendente en su cuadro dirigente, elegía a Josu Jon Imaz San Miguel como nuevo presidente del Euzkadi Buru Batzar. El relevo no estuvo exento de tensiones, ni de momentos críticos, aún no superados totalmente por la organización centenaria que gobierna en el País Vasco desde hace un cuarto de siglo. Otro escenario posible y deseable internamente habría sido una quimera bienintencionada, fundamentalmente porque el testigo a recoger

por los nuevos dirigentes nacionalistas provenía de una figura totémica para el PNV, sin la cual el propio PNV no podía entenderse en los últimos decenios.

dor la agitaba con energía en la platea escénica abarrotada de fotógrafos, se vislumbraba el inicio de una nueva etapa para el nacionalismo vasco gobernante.

Arzalluz fue para el nacionalismo vasco el engarce vital de la generación de la clandestinidad y el sufrimiento para con la reconstrucción nacional. Su liderazgo alumbró la salida del túnel del

Su discurso de proclamación sonó distinto. Firme en las convicciones pero diferente en los argumentos. Como si las “cosas de la política” cedieran su espacio a la “política de las cosas”. Y la declaración contundente y redonda, que los militantes tanto aguardaban como maná del desierto para combatir las adversidades exteriores, cedió a un verbo pedagógico y argumental. Mucho menos titular periodístico pero más certero como alimento de reflexión.

La nueva energía del PNV

franquismo con un nuevo marco institucional, con un proyecto de país, con un respaldo social evidente y con una praxis de alianzas que convirtió al nacionalismo vasco en hegemónico en las tres cuartas partes de la Euskal Herria institucionalizada comúnmente. Y cuando la “makila” de mando cambió de mano en aquel Palacio Euskalduna de Bilbao, recién cumplido el siglo XXI, y su nuevo portea-

Allí, en Euskalduna, como un nuevo Pentecostés, el último relevista del proyecto ideado por Sabino Arana, en euskara, francés y castellano habló de Euskadi como “una nación cívica”, como una “nación en Europa”, basada en “valores como el compromiso”, en “la solidaridad” y en “la libertad de derechos de todos los hombres y mujeres que componen este pequeño país”.

hermes nº:2 de 13. elkarrizketa. Josu Jon Imaz. Txema Montero y Koldo Mediavilla

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urante los últimos años fue el portavoz del Gobierno Ibarretxe, la cara amable que cada martes se citaba con los medios de comunicación y presentaba los proyectos y las ideas del gabinete tripartido. Demuestra tener “tablas” en la comunicación. No rehuye las preguntas y estructura sus respuestas, quizá como buen químico, de manera ordenada y de manera sistemática.

“El discurso de los valores, de la tecnología, de la solidaridad, de Europa, el de la nación cívica con el concepto de las personas libres –señala Josu Jon Imaz–, lo aprendí en el PNV. Lo aprendí desde mi juventud en los discursos de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. Es heredero de la historia del PNV y de las ideas Irujo, Agirre y Landaburu y tantos otros”

Manifiesta tener un profundo conocimiento de la historia del nacionalismo vasco. Enumera citas documentales y personajes relevantes del pasado reciente vasco con la soltura de quien ha crecido a la sombra de una extensa familia política. No en vano comenzó su militancia “con pantalones cortos”.

PREGUNTA.– Pero frente al discurso político puro al ciento por ciento, las primeras palabras del nuevo presidente del PNV hacían referencia a Euskadi como “nación cívica”, a la solidaridad, a los valores como compromiso ético. ¿Asistimos a un nuevo estilo? RESPUESTA.– En los últimos años, la política, por la intervención de Aznar, se había practicado con un terreno de juego embarrado hasta la cintura. La continua identificación del nacionalismo vasco con la violencia y la agresividad verbal a la que estábamos sometidos hacía imposible articular un mensaje distinto al de la retórica política pura y dura. Para un partido y un país como el nuestro, nos va mejor el juego en campo diáfano que en el barrizal.

Es, para muchos, la encarnación de aquel eslogan que tanto repitió el PNV para simbolizar el reto de la modernidad; “euskera y tecnología”, y sus principios políticos e ideológicos, planteados en su discurso de investidura como presidente del PNV en el bilbaino Palacio Euskalduna, se cimientan en la tradición democrática nacionalista.

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Nos han obligado a meternos en ese terreno de juego pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo de salir a la política abierta porque es ahí donde un país pequeño como el nuestro gana. Creo que hacía falta y que necesitábamos salir del barro. En cierta manera a partir del mes de marzo, con la desaparición de un personaje tan nefasto, no ya para la sociedad vasca sino para el conjunto del Estado español como ha sido Aznar, parece que hemos podido respirar un poco.

la subsistencia de lo vasco ha sido precisamente su dinamismo, saber adaptarse. Aquello que no sabe adaptarse muere. Si la iglesia ha sobrevivido en dos mil años es porque ha sabido adaptarse a cada momento, a cada cultura y a cada realidad. A nosotros, como pueblo nos ha pasado lo mismo”.

P.– Pero eso es simple diagnosis, ¿cómo afrontará el nacionalismo vasco los cambios sociales que ahora se vislumbran? R.– La diferencia es que ahora el cambio llega a mayor rapidez, fundamenEL NACIONALISMO COMO “HEtalmente de la mano de una revolución tecRRAMIENTA” PARA EL CAMBIO SOCIAL nológica. El nacionalismo vasco va a responder a estos desafíos como lo ha hecho Entre los muchos retos a los que se enfrenhistóricamente. Adaptando su propia realita, Imaz destaca “la importancia que tiene dad, su discurso y sus puntos de enganche para la supervivencia de un pueblo estar con la sociedad vasca para seguir cubrienpredispuestos para la evolución”. do su objetivo fundamental; que este país, “El cambio –indica el presidente del esta sociedad, esta realidad, que el Pueblo PNV–, es algo innato al ser humano y a las Vasco perdure y se desarrolle también en sociedades. La sociedad vasca ha estado en esta nueva situación continua evolución que estamos vivienaunque en ocasiodo. Todo lo demás nes nuestra propia “Para mí, el Estado-Nación es instrumental. mitología nos pren o e s e l o b j e t i v o d e l s i g l o X X I ” sente al Pueblo VasEl propio co como algo inmuconcepto de las estable a lo largo de la tructuras políticas historia. Cuando uno sube a Aralar, a Aitzque debamos dotarnos en cada momento gorri o a cualquier monte de nuestro país y será igualmente instrumental, lo importante se encuentra con la cultura pastoril, halla es que perduremos y nos desarrollemos colos mismos dólmenes que uno se encuentra mo Pueblo Vasco. en Carnac en Bretaña o Stonehenge en el Reino Unido o en Cornualles. Esto nos indica que ya hace cuatro mil años, teníamos P.– ¿ Y eso cómo se hace? unas corrientes culturales comunes en todo R.– Tres son los elementos sobre los el occidente europeo. Cuando uno mira la cuales el nacionalismo vasco tiene que prolengua vasca y ve el origen de las palabras, yectar su razón de ser. palabras tan autóctonas como nuestro pagoa o fagoa - qué árbol más autóctono que Primer elemento, mundo globalizael haya- y la propia raíz etimológica de la do, mundo abierto sí, pero con raíces propalabra, proviene del latín -fagus-, lo que fundas. Todo el mundo necesita un enganidentifica, en primer lugar, es la tremenda che, un alma, algo con lo que nos influencia que hemos tenido históricamenidentifiquemos con lo nuestro. Las ramas y te de la cultura y lengua latina y siempre las hojas abiertas al mundo sí pero las raínos hemos creído que éramos un pueblo al ces las necesitamos en tierra. Nosotros ofremargen de la dominación ”. cemos ese alma de identificación a un Pueblo y a una sociedad. “Lo vasco –prosigue Imaz– ha evolucionado, se ha enriquecido, modificando su Segundo elemento. La historia de éxiidentidad a lo largo del tiempo. La clave de to en este mundo abierto desde el punto de

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P.– Pero eso solamente se puede hacer desde el poder, desde el ámbito institucional. R.– Estos tres grandes objetivos deben contemplarse como país, como pueblo. El nacionalismo es un instrumento para ello, para articular el espacio político a través de la capacidad de autogobierno. El nacionalismo debe posibilitar que tengamos todos los instrumentos en el ámbito de la lengua, la cultura, la educación y la formación en manos de las instituciones vascas. Que tengamos también la herramientas para el desarrollo económico, la innovación,

“La insaciabilidad la veo en otro lado, no en el ámbito del nacionalismo vasco”

las infraestructuras y estar conectados a un marco global. En la medida que el nacionalismo tenga fortaleza en términos sociales y esté presente en las instituciones y tenga capacidad para gobernar y liderar, puede garantizar en buena medida ese cuadro de poder. TRADICIÓN E INNOVACIÓN Dentro del nacionalismo vasco conviven dos imágenes aparentemente antagónicas. Una, la institucional, tecnócrata, moderna, similar a la que pueda existir en cualquier otro entorno de la Europa occi-

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Para Josu Jon Imaz “no se puede entender una imagen sin la otra”. “Yo –asevera con vehemencia el joven presidente del PNV– soy nacionalista, soy abertzale de corazón, de sentimiento. Soy abertzale, nacionalista porque he vivido esa identificación con un colectivo, con una sociedad, con un pueblo. Me encuentro en la comunión de la campa, del batzoki y del colectivo porque ese es mi sentimiento. Porque ahí es donde me he hecho nacionalista. No creo que sean dos elementos contrapuestos. Es algo tan sencillo como que ese sentimiento es el que mueve a un colectivo a convertirse en instrumento político para que nuestra comunidad perdure y se desarrolle. Eso es lo que hace necesario que tenga que adaptarse al mundo en el que vivimos precisamente para que sigamos siendo comunidad, sigamos siendo pueblo, porque la historia de la humanidad está plagada de colectivos y pueblos que han desaparecido.”

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Tercer elemento, en un mundo abierto en el que todo se compra y se vende, todo es competitivo, no hay fronteras y todo es global, ¿qué va a pasar con los más desfavorecidos? ¿Cuál es el elemento que va a dotar de cohesión y de solidaridad en esta sociedad? El concepto de comunidad. ¿Quién dota a la sociedad vasca del concepto de comunidad? El nacionalismo.

dental. Sin embargo, ese mismo nacionalismo se viste de campa, se mueve a son de txistu y tamboril y se reúne alrededor de unos pinchos de tortilla en un batzoki. Es como si convivieran dos liturgias. Una, anclada en el concilio de Trento y, la otra, más allá del Vaticano segundo.

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vista económico se fundamenta en las pequeñas realidades bien gestionadas. Ahí es donde nuestro propio proyecto de identidad nacional cubre un elemento que va a permitir el desarrollo económico y competitivo.

TAMBIÉN EN LO POLÍTICO “La gran riqueza del Pueblo Vasco –explica Imaz– es que hemos sido capaces de conjugar históricamente los conceptos de tradición e innovación. Y no estoy hablando del siglo XXI, sino del siglo XVIII. Estoy hablando de Larramendi y de Munibe. Hablo de esa ilustración vasca que fue capaz de ratificar el concepto de nación en

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términos modernos en el propio Larramendi y de traer al mismo tiempo al mejor científico que en ese momento había en Europa, que era Proust, para llevarlo a Bergara, con Chavaneu y, los hermanos Elhuyar para investigar en el campo de la química. Allí se descubrió el Wolframio, que por cierto se llamó “vergaricio” en su primera nomenclatura. Esa es la clave de nuestro país, que hemos sido capaces de mantener por un lado nuestra propia identidad y estar en la ola de las nuevas corrientes.”

“Hemos sido innovadores también en lo político –matiza Josu Jon Imaz– Sabino Arana fue un revolucionario para su tiempo, pues su idea de Euskadi engancha con una concepción moderna para la época como es el principio de las nacionalidades en Europa. La reunificación alemana es de la segunda mitad del siglo XVIII y la italiana de 1860-70. El discurso de Wilson con el principio de las nacionalidades es de 1918, y la conferencia de Lausana. Sabino es previo a todo eso. Y el propio discurso de solidaridad internacional en referencia a los nacionalismos catalán o gallego, o respecto a la guerra colonial de los Boers, es absolutamente innovador.” “Por eso –apostilla– no hay una ruptura, hay dos caras del mismo nacionalismo. Una que vive un sentimiento de identidad y otra que lo quiere preservar y desarrollar avanzando con los tiempos. Por eso hemos sobrevivido, por eso llevamos 109 años como partido”. EL ESTADO-NACIÓN NO ES UN OBJETIVO PARA EL SIGLO XXI P.– Hablando de futuro, el nacionalismo vasco ha abierto muchas expectativas en la sociedad vasca en relación con la propuesta de Nuevo Estatuto Político aprobado a finales de año por el Parlamento Vasco. Se ha hablado de poder de decisión, de convi-

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vencia para una generación de vascos, de ausencia de violencia, de mayor consenso que el anterior marco estatutario... ¿no son quizá demasiados objetivos, no resulta demasiado ambicioso? R.– Las expectativas en los proyectos son necesarias cuando lo que buscas es una solución a un problema histórico. Nosotros creemos que contamos con la confianza, con el respaldo suficiente de la so“El Partido ciedad para que socialista ha este proceso tervuelto a mine adecuadasucumbir a una mente. Por eso tentación de no estamos ilusionaquerer abordar dos para que espor el momento to finalice con el la solución del autogobierno problema vasco que la sociedad e intentar vasca necesita nuevamente para los tiempos enterrarlo a que vienen y nos través de una haga volver a ese nueva espíritu de pacto correlación de sobre el que tefuerzas en el nemos que basar escenario nuestra decisión electoral” como sociedad y nuestra articulación en un espacio más amplio. P.– ¿Admitiría el silogismo de que la propuesta es nacionalista y nacional el resultado de la misma? R.– Yo no sería nacionalista si tuviese una nación normalizada. Si fuese danés o finlandés no sería nacionalista en el término conceptual al uso. Sabino Arana se declara nacionalista porque dice que somos un pueblo, tenemos una lengua que va del Adour al Ebro. Luego somos una nación. Y dice, siguiendo los parámetros políticos de la época, del siglo XIX, que si para ser una nación debo ser un Estado reivindico también esa estructura política. Pero el nacionalismo es un instrumento. P.– Luego, será nacionalista hasta que tengamos un Estado propio...

R.– No, porque cuando mencionamos lo del Estado propio lo hacemos con parámetros del siglo XIX. No debemos apostar por las estructuras caducas. Para mí, el Estado-Nación no es el objetivo del siglo XXI. Nosotros somos pequeños y no nos podemos equivocar en nuestras apuestas históricas. En ese sentido hay una frase que se la oí hace muchos años a Xabier Arzalluz. Nosotros somos David. Y David ganó una vez a Goliat. Por eso aparece en la Biblia, porque el resto de las veces siempre ha ganado Goliat. Nosotros somos David y no podemos equivocarnos. El estado-Nación clásico es una figura en recesión. En este momento se está creando otro horizonte y tenemos que apostar por el futuro. La clave es que seamos una nación reconocida, que tengamos capacidad de decisión, que podamos engancharnos a las nuevas estructuras y jugar ahí. El Estado ha sido y es un instrumento en el siglo XIX y en el XX, pero tengo mis serias dudas de que el Estado sea un instrumento válido mirando hacia el siglo XXI. SOBERANÍA COMPARTIDA P.– De acuerdo pero, siendo nacionalista como se define, si no hay un final políticamente germinado en un Estado, puesto que está en decadencia, y si la propuesta nacionalista tiene que ser conformada con otras propuestas no necesariamente nacionalistas en el ámbito de la comunidad nacional, (por eso decía que nacional es el resultado) el problema que tendrán los otros nacionales, que no nacionalistas, es cuál es el límite de saciabilidad de los nacionalistas. Que no estemos permanentemente en una especie de puja por elevación diciendo que ahora Plan Ibarretxe y luego no sé qué. ¿Percibe que esa sensación se pueda dar en los vascos no nacionalistas y que eso sea un problema de cara a conseguir objetivos plausibles? R.– Las cosas van a llevar su propia evolución y todavía tenemos un amplio camino que recorrer. Los pasos que vayamos a dar, unos y otros, deberán ser equivalentes. Nosotros, los nacionalistas vascos queremos construir una Nación y esa Nación deberá incorporarse a ese nuevo concierto

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que se está construyendo hace sin conocer realmente si “Los choques de en Europa. Ahora bien, lo esto será así o no. Igual ya no trenes no son que no vale es que unos pasan más tranvías pero luego deseables y desde la demos pasos adelante para pasa un expreso o luego no. responsabilidad del aceptar ese nuevo marco Nunca se sabe. Puede que haya europeo desde nuestra sinmás trenes más adelante y al fiPartido gularidad nacional y otros nal lleguemos tarde al destino y Nacionalista Vasco se aferren a la estructura de se lo digo al Estado español. La tenemos que hacer Estado-nación en su conEuropa que se está construyentodo lo posible para cepción más uniformista y do lleva a España y nos lleva jacobina. Esa concepción también a nosotros hacia la peque todas las agujas de la nación española tamriferia. España es frontera exteferroviarias nos bién tendrá que dar sus parior de la Unión Europea y tiepermitan que los sos en ese sentido, porque ne toda la inestabilidad del acuerdos sean aquí la única insaciabilidad Magreb, con Marruecos ahí al por el momento es la de lado. Con toda esa situación, el posibles” aquellos que siguen aferramayor interesado en encontrar dos a esa estructura básica una estabilidad en el tiempo es de Estado nación uniforme español conceel propio Estado español. Los vascos, evibido como único sujeto de soberanía. Nodentemente estamos ante un tren que necesotros ya hemos dado pasos. sariamente tenemos que coger, pero la propia España como Estado tiene que La propuesta de nuevo estatuto polísolucionar los problemas vasco y catalán tico que hemos puesto encima de la mesa para hacer frente a los retos que va a tener no es una propuesta que parte de la concomo Estado en los próximos tiempos. Por cepción de un único sujeto de soberanía lo tanto yo no voy a decir que sea el últique es el Pueblo Vasco. Va mucho más allá. mo tren. Quizá haya más, pero si no lo toEs mucho más moderna. Podíamos haber ma, el Estado español va a pagar los retrapuesto eso, que por otro lado es un princisos en la búsqueda de soluciones.” pio político básico de nuestro ideario. Sin embargo hemos redactado algo que pretenLA TENTACIÓN DEL PSOE de trascender del choque clásico de soberanías e ir a una concepción de co-soberanía Para el presidente del PNV, “el nacioo soberanía compartida tratando de adaptar nalismo vasco ha hecho dos apuestas vanuestro propio estatus político a la situalientes en los últimos tiempos y además ción que estamos viviendo. Luego la insaequivalentes. Son dos apuestas, dos caras ciabilidad la veo en otro lado, no en el ámde la misma moneda. Una hecha para el Esbito del nacionalismo vasco. tado y otra hecha para la propia sociedad vasca. La primera es la Declaración de BarPAGAR EL RETRASO celona y la segunda es la propuesta de nuevo Estatuto Político”. La firmeza de sus declaraciones, que siempre se ven apoyadas con un braceo enérgico, dota credibilidad a la imagen y al P.– Se le olvida Lizarra. discurso de Josu Jon Imaz. No obstante, sus R.– Para nosotros Lizarra fue un prorespuestas siempre buscan un término conceso de paz. Otros lo entendieron como un ciliador. Matiza y subraya, hasta dos veces proceso de construcción nacional. Pero pala misma frase. E hila argumentos con agilira nosotros fue un proyecto de paz. dad. No le gusta cerrar puertas y se niega a aceptar que “con la propuesta aprobada Declaración de Barcelona. Julio del por el Parlamento Vasco estemos ante un 98. Se habla específicamente de una doble último tren”. “Yo soy de pueblo ferroviario, asunción; nuestro compromiso en la consy cuando alguien habla del “último tren”, lo trucción de un Estado español, nuestro

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compromiso de participación en el mismo a partir de la asunción de nuestra libre capacidad de trabajar para adherirnos a él. Eso en la historia del nacionalismo vasco, hace que la de julio del 98 sea una de las declaraciones más explícitas de compromiso de participación en un Estado plurinacional. Sin embargo, no fue atendida la importancia que aquel texto tuvo. Un compromiso adquirido por el PNV, CiU y el Bloque Nacionalista Galego. La propuesta de Nuevo Estatuto Político es, en cierta medida, el reverso de la moneda. Decimos que estamos dispuestos, desde la libre decisión de la sociedad vasca y desde el respeto a la capacidad que tenemos como nación, a abordar la toma de decisiones, de implicarnos en este proyecto a partir de un pacto que enlaza con una tradición pactista que en el campo de la sociedad vasca va más allá del propio nacionalismo.

o alaban los elementos de crispación o de tensión, mi tesis siempre ha sido, y vuelvo a lo del barro, retornar a los campos diáfanos y con hierba bien cuidada porque el pequeño basa su juego en la técnica y ahí es donde ganamos. El que el barro haya bajado de la cintura hasta los tobillos creo que es bueno. A partir de aquí, ¿eso significa que el Partido Socialista ha cambiado sus posiciones de fondo en relación a la sociedad vasca? No. Con los datos que hay hoy en la mano, no. Incluso tengo la sensación de que el Partido Socialista ha vuelto a sucumbir a una tentación, de no querer abordar por el momento la solución del problema vasco e intentar nuevamente enterrarlo a través de una nueva correlación de fuerzas en el escenario electoral, cosa que por otra parte no es nueva, ya que lo intentaron con otro estilo, en otro ámbito, con otro talante si se me permite la expresión, en el año 2001, de la mano de Mayor Oreja y Nicolás Redondo.

P.– ¿Cree sinceramente que es posible un acuerdo con el Partido Socialista? R.– Ha habido un cambio en las formas y en los estilos, lo cual no es baladí. Creo que estamos volviendo a una cierta normalidad en los estilos políticos. Eso es bueno porque frente a los que preconizan

Estoy convencido de que el Partido Socialista ha sucumbido a esta tentación, pero lo más probable es que pase mayo y que el Partido Socialista se vuelva a encontrar con el problema político y además con una relación de fuerzas tan desfavorable o más para el propio partido socialista que la que tiene en estos momentos.

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El Partido Socialista se va a volver a encontrar con la realidad de una sociedad que está demandando una solución política. Y si no es ahora, a partir de mayo tendrá que hacer frente al problema.

P.– Hacía tiempo que una estrategia política como la llevada a cabo por el nacionalismo no era tan transparente. Se ha presentado y aprobado una propuesta de nuevo estatuto político. Tras su aprobación deberá negociarse con el Estado en las Cortes Generales Habrá nuevas elecciones autonómicas. Pretenderán obtener mayoría absoluta para, en el caso de no ser aprobada, ratificarla a través de una consulta popular ¿Estaremos ante lo que alguno ha denominado como conflicto democrático? R.– El propio Estatuto de Gernika marca un periodo de tiempo a partir de la aprobación del nuevo texto de estatuto político. Hay un plazo de seis meses de negociación entre las Cortes Generales y el Parlamento Vasco sobre el contenido de ese texto. Desde la responsabilidad que tenemos, vamos a intentar de encontrar elementos de negociación y acuerdo en torno a esta propuesta para que podamos llegar a un final consensuado y espero que todos seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Espero que esa responsabilidad esté también en los aleros del otro tejado. P.– Pero volviendo al símil ferroviario vamos inexorablemente, si las cosas continúan inalterables, al choque de trenes. R.– Los choques de trenes no son deseables y desde la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco tenemos que hacer todo lo posible para que todas las agujas ferroviarias nos permitan que los acuerdos sean posibles.

P.– En Madrid en la época de la República se hizo una nueva línea de Metro que empezaron por ambos lados y los túneles nunca se llegaron a cruzar. Le llamaban el “túnel de la risa” porque de hecho hicieron dos túneles. Unos avanzaban por un lado y otros por el contrario sin llegarse a cruzar. Después de hablar tanto de choque de trenes, puede que nos encontremos unos y otros en el túnel de la risa. Batasuna hace una propuesta, el nacionalismo otra a través de la propuesta del lehendakari Ibarretxe, los socialistas la suya y nunca llegamos a converger. R.– En Euskadi también existe una leyenda en tal sentido, que data de 1860 cuando se se construía el túnel entre Zegama y Alsasua, la cavidad ferroviaria más larga de la época con más de tres kilómetros de longitud. Cundió el desánimo porque creían que las galerías no iban a encontrarse pero, al final sí lo hicieron. Hay que comprobar si las obras que se llevan van en dirección adecuada. Tenemos todos la responsabilidad de cavar en la dirección correcta y creemos que estamos excavando en una vía para el acuerdo.

“Batasuna tiene que ser consciente de que en el año 98 aterrizó sobre una pista de aterrizaje de 600, 700.000 metros. Ahora, si quiere, va a aterrizar en una de 145.000.Tienen que poner el avioncito en dirección a la pista y van a aterrizar en su propio espacio político”

DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS P.– Hemos tenido el “Pentecostés” del velódromo. Y Batasuna con tres de sus siete votos ha permitido que la Propuesta de Nuevo Estatuto resulte viable. Sin embargo, en todo este escenario siguen existiendo muchas lagunas para llegar a una conclusión que el conjunto de la sociedad vasca parece anhelar, que esta vez sí es la de verdad para alcanzar la normalización política y la pacificación. ¿Qué análisis hace el PNV de esta nueva situación? R.– Lo de “nueva” la sitúo entre comillas. En este tema tenemos que mezclar adecuadamente dos ingredientes. La ilusión por las soluciones y la prudencia. El análi-

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sis que vengo haciendo desde el 14 de noviembre es que son bonitas las palabras dichas en el velódromo y que tendrán validez y abrirán caminos siempre que se produzca un hecho en paralelo que es la desaparición definitiva de la violencia en este país. No me vale de nada que alguien hable de que hay que retirar la violencia de nuestras calles cuando es ese mundo la que la está ejerciendo. Por lo tanto, la retirada sólo puede venir de una decisión de la componente de ese mundo. No me vale que se diga que se apuesta exclusivamente por las vías pacíficas y democráticas si inmediatamente no hay una aplicación de ese principio general al conjunto de la izquierda ra-

nuestros límites desde el minuto uno. Desde personas vinculadas al proceso de paz irlandés recibí hace muchos meses un consejo, todo proceso tiene sus límites y los límites hay que marcárselos muy claramente al de enfrente, porque si no se los marcas estás sentando, probablemente, las bases de un fracaso posterior.

Tengo la impresión de que en el proceso de Lizarra, que lo viví en primera persona, ese mundo fue activando dosis de amenaza, de kale borroka a lo largo del proceso midiendo al que tenía enfrente y llegando a la conclusión de que podía compatibilizar la violencia con la presión política y la apuesta política y así movía los límites. Y al final del camino eso abocó en la situación que todos conocemos. Por lo tanto, creo que “Desde el aislacionismo no se puede construir nada” hay que mandar una señal muy nítida. Es absolutamente incompatible el establecimiento de ningún tipo de proceso político con alguien que mínimadical. Ese pronunciamiento del velódromo mente se mueve en terrenos en los que estendrá o tendría algún valor solamente si vité presente la violencia. De baja intensidad, niera acompañado de una desaparición dede amenaza, o del tipo que sea, es absolufinitiva de la violencia en este país. Lo detamente incompatible y ese límite el munmás será un discurso vacío. Un envoltorio do de Batasuna lo tiene que tener muy clasin ningún tipo de contenido. La puesta en ro. Sólo una forma de que ganen en valor de ese proyecto sólo puede venir de credibilidad, y que no se equivoquen, porla desaparición definitiva de la violencia, de que si Batasuna está pensando en que puelo contrario estaríamos solamente ante hude llevar a cabo un proceso en el que mo. mientras ellos están amenazando, tensionando, atacando sedes de partidos políticos, poniendo bombas aquí y allá, y pienP.– ¿Batasuna o ETA tenían unas expectatisan que alguien políticamente les va a vas mayores de la reacción del PNV o nehacer caso es que se han equivocado de cesitan criticar especialmente al PNV para país. No ya el PNV, la sociedad vasca no va evidenciar su incapacidad de dar más pasos a permitir eso, por lo tanto que se dejen de adelante? historias, de milongas. Que den el paso si R.– Se equivocan en sus análisis si eslo tienen que dar y si no lo dan que asuperan otra reacción por parte del PNV. Creo man el fracaso de su proyecto político, que que tenemos que dar pasos para que ese va a suponer al abismo que van. Para que mundo deje la violencia de una vez por tohagan su reflexión les tenemos que marcar das, pero creo que no podemos darles semuy claramente cuál es el límite. La violenñales equivocadas. Con la experiencia críticia la tenéis que retirar de la calle vosotros. ca que tenemos del proceso de Lizarra, Ese es el mensaje que tienen que recibir y creo que ese mundo puede percibir señales a partir de ahí, que no se preocupen, que equívocas de cuáles son nuestras posicioel PNV y el conjunto de las formaciones pones y eso no puede ser. Tenemos que planlíticas de este país estamos dispuestos a tearles directamente nuestras reflexiones, embarcarnos en un diálogo multilateral, a

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hablar, a buscar soluciones políticas. A hablar de los aspectos que le afectan a la decisión de la sociedad vasca. Si estamos en ello ya sin que estén ellos. A hablar de la territorialidad. Pero el paso lo tienen que dar ellos.

Madrid, en una empresa y reiniciando todos los ataques a batzokis y casas del pueblo, no vale nada, ¿Qué se han pensado? ¿que el conjunto de la sociedad vasca se va a dejar tomar el pelo por ellos?

SU PROPIA PISTA DE ATERRIZAJE P.– Volvemos a estar en el túnel que no se encuentra, porque ellos sostienen que dieron el paso, que fue la declaración de Anoeta, que no han encontrado réplica, por eso ETA pone unas bombas que se autocontrola para no matar y que nadie recoge su mensaje. R.– Si piensan que lo de Anoeta es un gran paso se equivocan de sociedad. Hay otro símil del proceso de paz irlandés, lo del coche de segunda mano. Estos creen que tienen un coche de segunda mano (la lucha armada de ETA) que lo ponen en el mercado y piden 12.000 Euros para que alguien se lo compre. No, la sociedad vasca no está en eso, porque “su coche” no tiene dirección, tiene el chasis destrozado, “Bueno –dicen ellos–, rebajamos el precio y vale tres mil euros”. Que no, que no es ese el proceso.

P.– Pero en Irlanda encontraron a John Hume que le puso precio y lo compró. R.– Lo que tienen que hacer es ir a Tráfico y dar de baja el vehículo y tendrán plan Prever. Y en Irlanda no sólo estaban el IRA, el Sinn Féin y el SDPL. Estaba el Gobierno británico y el Gobierno irlandés y la declaración de Dowin Street. Fue otra situación. La sociedad vasca, en estos momentos, no va a conceder otro escenario. Ellos juegan contra reloj porque todos serenemos grandes beneficiados de la desaparición de la violencia de ETA, pero políticamente el más beneficiado con la desaparición de la violencia de ETA, que no se engañen, va a ser Batasuna y la Izquierda Abertzale, porque va a ser la única manera que construyan su espacio político. ETA les va a terminar llevando al abismo político. Y cada día que tarde en pasar, peor. Por lo tanto, valorando en sus justos términos lo dicho en Anoeta, con una bomba la víspera en el cuartel de Belagua, y a los pocos días en

P.– ¿Y el PNV va a seguir ejerciendo el papel de “controlador aéreo” dispuesto a poner “pistas de aterrizaje” a ese mundo? R.– Batasuna tiene que ser consciente de que en el año 98 aterrizó sobre una pista de aterrizaje de 600, 700.000 metros. Ahora, si quiere, va a aterrizar en una de 145.000. Tienen que poner el avioncito en dirección a la pista y van a aterrizar en su propio espacio político. Y a partir de ese aterrizaje entraremos, no solo el Partido Nacionalista Vasco sino el conjunto de las formaciones políticas. Pero van a aterrizar sobre su propia pista, entre otras cosas porque hemos vivido el proceso del año 98, que además lo hicimos con mucha convicción y mucha buena fe, y hemos conocido lo que es un proceso político en el que uno busca un proceso de paz y se encuentra con la tutela de una organización armada que hace pender su propia apuesta de los pasos políticos que otros demos. Aquello, lo vivimos intensamente y apostamos por su solución y yo entre ellos, pero los tiempos son otros y no vamos a repetir el proceso en aquellas condiciones

P.– El lehendakari ha hablado de una situación post-ETA. ¿Se ve en 2005 posibilidades reales de que la violencia de ETA se acabe? R.– El lehendakari habla de una situación post ETA con una significación. Lo que ha dicho es que ETA ya no marca la agenda política de este país y en ese sentido estamos en una situación post ETA. Eso no significa que ETA pueda decidir huir hacia delante. Pero ETA está un doble declive, uno operativo y otro social. Tienen dos caminos, el de dar de baja el coche en tráfico y luego ya hablaríamos entre todos del plan prever o una segunda que es una huida hacia delante, y si se obstinan por este camino, su propio

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Txema Montero, Koldo Mediavilla y Josu Jon Imaz en un distendido ambiente.

mundo se va a desenganchar, terminando en una grapización. Todos necesitamos la desaparición de ETA y sería una gran noticia para todos, pero políticamente es la izquierda abertzale la que necesita más que nadie la desaparición de ETA. Eso lo tienen que interiorizar.

P.– Hay un asunto que nos inquieta seriamente. La reaparición con base cierta de denuncias por torturas. Es inquietante porque da la impresión de que nunca terminamos de pasar página y afecta a derechos fundamentales de las personas. Nos interesaría saber si el PNV ha hecho algún tipo de seguimiento a estas denuncias, si ha tenido algún tipo de actividad de cara a esclarecerlas y si está dispuesto a promover algún tipo de protocolo legal de cara a las instituciones policiales para que la tortura desaparezca. R.– Si perdemos esas referencias vamos dados. Estamos siguiendo el tema. Lo seguimos con mucha atención y desde luego estamos dispuestos a buscar todos los elementos que puedan hacer posible el que

este tipo de actuaciones desaparezcan y no solamente del ámbito de la tortura. No podemos caer como sociedad en ese embrutecimiento. Lo mismo digo de la política penitenciaria. Los presos son sujetos de derechos y una política penitenciaria no pueda cumplir el papel de una política vengativa. No podemos ver con normalidad que un padre, una madre, un hermano tengan que sufrir una pena que desde luego ni desde el punto de vista de derecho humano básico ni de política penitenciaria es aceptable como la que es el alejamiento de los reclusos de sus lugares de origen. Como sociedad no podemos caer en quedarnos callados ante situaciones de ese tipo. Por ello estamos a favor de la modificación de aspectos legales, si los hubiere, que garanticen los derechos humanos y hagan inviable la existencia de actuaciones de este tipo. Estaríamos dispuestos, desde un equilibrio garantista, a buscar fórmulas, protocolos que impidieran la existencia de ámbitos potenciales de impunidad, compatibilizando dichos métodos con la necesaria protección de los propios agentes policiales en la investigación de un delito.

hermes nº:13 de 13. elkarrizketa. Josu Jon Imaz. Txema Montero y Koldo Mediavilla

Un sí rotundo a la Constitución Europea P.– Tres razones para el “sí” a la Constitución Europea R.– La primera, Europa como ámbito de paz y seguridad. Somos la primera generación que no hemos tenido que ver ni vivir tragedias como las tres guerras europeas, desde la Franco-Prusiana hasta la segunda guerra mundial. Eso ha sido gracias al concierto europeo. Razón importante. Segunda. Los términos de bienestar económico, de crecimiento que estamos viviendo en el conjunto europeo, pero también en la sociedad vasca en los últimos 18 años. Para un país como el nuestro el que ese espacio avance en términos de bienestar, en términos económicos y de equilibrio social es clave. Tercero, como nacionalista vasco, la estructura que va a ir subsumiendo, integrando, creando un paraguas de derecho por encima del Estado-nación del cual estamos escapando en esta fase histórica es la Unión Europea.Y tenemos que apostar porque ese proyecto avance. No nos podemos equivocar de adversario. Los vascos necesitamos que el Estado-nación que a lo largo de 250 años ha reducido nuestras posibilidades de desarrollo como pueblo vaya diluyéndose en una estructura superior sin olvidar que somos un pueblo dividido con una frontera creada en el río Bidasoa.Yo como nacionalista vasco creo en la nación vasca que va desde el Adour hasta el Ebro. Para mí eso no es discurso, eso es convicción, sentimiento y objetivo político. Además, nuestra acción política pasa por la creación de un espacio económico, cultural y político del Adour al Ebro.

R.– Pero yo defiendo el “sí”. No creo en los discursos asépticos en los que uno hace una defensa del sí y del no. En la vida uno puede hacer un análisis muy frío de datos, plantear un balance, sumar, restar y llegar a conclusiones. Yo en este tema parto de la convicción de que Europa es un motor necesario para que Euskadi encuentre su espacio nacional en este mundo abierto. Por tanto, no puedo defender el “no” con convicción. Puedo hacer el paripé de defender tres razones para el “no”, pero no sería creíble. La única crítica que desde mi punto de vista cabe al texto de tratado Constitucional europeo es el hecho de que el paso que propone es excesivamente timorato, débil, poco ambicioso. Esa crítica la comparto plenamente. Pero al mismo tiempo el hecho de que el paso sea excesivamente débil, timorato y poco ambicioso ¿es una razón suficiente para oponernos? La historia de estos últimos 50-60 años no nos ha ido demostrando que son precisamente esos pequeños pasos los que han ido tejiendo un espacio que al día de hoy es prácticamente irreversible. Segunda reflexión, ¿Cuál iba a ser la respuesta de Europa a un “no”? ¿Iba a ser más Europa, un avance de las posiciones federalistas o iba a suponer refrendar el argumento de aquellos que se están oponiendo desde la defensa a ultranza del Estado-nación? Evidentemente iban a ser estos últimos los que lideraran el no avance. Iban a ser Charles Pascua, Le Pen y compañía. Todos aquellos que están poniendo palos en las ruedas del proyecto europeo para volver a las posiciones de Niza y no nos olvidemos que éstas eran las posiciones de Jose María Aznar. En ese sentido creo que no debemos equivocarnos en esta apuesta histórica ni como europeos ni como vascos.

bai

P.– Tres razones para el “no”. R.– Yo defiendo el “sí”, por lo tanto... P.– Pero cuando el PNV discutió internamente el proyecto de Constitución Europea valoró también...

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P.– En este contexto, para avanzar en esos pasos timoratos, qué supone la constitución del grupo parlamentario nuevo en el que usted ha sido elegido recientemente Vicepresidente. R.– A nivel europeo no cabe ya admitir que las formaciones federalistas europeas, me estoy refiriendo a todo el núcleo primigenio de la Democracia Cristiana, por el hecho de sumar fuerzas han ido cayendo en un proceso de adulteración ideológica y estratégica del proyecto. Está muy bien que para que uno avance con Europa pueda sumar, pero claro si se suma a los conservadores británicos, al PP de Aznar y ala Forzza Italia de Berlusconi, lo que ya no puede reivindicar es la bandera del federalismo europeo. Por lo tanto, Europa necesita una formación política que con convicción reivindicase el proyector federal europeo como meta estratégica, aunque sea de menor dimensión. No podemos olvidar a tenor de la dimensión de que el grupo parlamentario que se constituye tiene 88 europarlamentarios, siendo la tercera fuerza política de la Cámara. Europa necesitaba este espacio. Como nacionalistas vascos contemplamos este grupo con los pies en el suelo y volvemos a lo de David. Y cuando uno es David, lo primero que tiene que hacer uno es integrarse en redes. Desde el aislacionismo no podemos construir nada, y fundamentalmente nosotros aportamos historia y aportamos legitimidad en la medida de que fuimos socios fundadores de los Nuevos Equipos Internacionales, a finales de los cuarenta y finales de los cincuenta. Creo que es una aportación que la han valorado convenientemente los partidos de mayor dimensión y más fuertes que el nuestro que conforman este Partido Demócrata Europeo y buena prueba de ello, además de que contamos con una vicepresidencia es que el primer Consejo Político de esta formación se va a celebrar en Bilbao entre los días 5 y 6 de febrero. Somos pequeños, pero también contamos en el ámbito europeo.

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El Estado español y los Estatutos de Autonomía vascos

l análisis de los procesos autonómicos vascos en el Estado español carece generalmente de un estudio mínimamente crítico del contexto administrativo y político en el que se han producido. Por ello, antes de tratar de los Estatutos de Autonomía vascos, resulta necesario plantear dos cuestiones preliminares: Una cuestión preliminar: la construcción del Estado español En el proceso de construcción del Estado español, a lo largo de los siglos XIX y XX, pudieron haberse seguido dos modelos, atendiendo a dos diferentes formas de identificar su realidad interna:1 En el caso de haberse reconocido que los habitantes del Reino de España pertenecían a diferentes naciones, así como la existencia en su interior de una realidad diversa, estratificada, se hubiera podido atribuir al Estado el papel de mediar y conciliar las relaciones entre sus ciudadanos de naciones diversas, minoritarias o mayoritarias. LUIS DE GUEZALA (Bilbao, 1962) Coordinador Este modelo de Estado hudel Instituto “Uzturre” y biera protegido su diversiTécnico del Archivo del Nacionalismo de la Fundadad interna, procurando soción Sabino Arana. lucionar los problemas Doctor en Historia y Máster en Archivística por la causados por ella y aproveUniversidad del País Vasco. char sus ventajas. Como historiador se ha dedicado a dos áreas de investigación preferentes: la crisis del Antiguo Régimen en Bizkaia y la historia del nacionalismo vasco.

La otra interpretación posible era la de considerar

a los habitantes del Estado como un elemento orgánico, formando parte de una única nación correspondiente a “una unión perfecta, única e indivisible”. En este caso se corre el riesgo de que las élites políticas dirigentes del naciente Estado se dediquen a intensificar la “pureza” de la nación orgánica con la que se identifican, suprimiendo, de muy diferentes formas e intensidades, la diversidad real de los ciudadanos bajo la administración estatal. Creo que nadie dudará hoy en día que el segundo de estos dos modelos ha sido el que ha caracterizado la construcción del Estado español (y también el francés). Cabe sólo la discusión de hasta qué grado, en las diferentes coyunturas históricas, han llegado los intentos de su administración por “homogeneizar” a todos sus habitantes y “purificar” la unidad nacional, eliminando, cultural, política o, incluso, físicamente, a quienes no se correspondían con el modelo orgánico de español. No me voy a extender más sobre esta cuestión, sobre la que se pueden encontrar muchas claves en el anterior número de esta revista, especialmente en el artículo del profesor Xacobe Bastida Freixedo2, pero sí quiero destacar que, a la hora de abordar la cuestión autonómica en el Estado español, la historiografía nacional-estatalista española evita generalmente realizar ningún análisis, mucho menos ninguna crítica, sobre el propio Estado español y su creación, lo que, en mi opinión, invalida completamente sus conclusiones.3

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Otra cuestión preliminar: ¿Tratados internacionales o concesiones graciosas? Diferentes interpretaciones y finalidades Derivado de lo anterior, una es la gran cuestión a tener en cuenta al tratar sobre los Estatutos de autonomía, debatida ya anteriormente, y de forma idéntica, en lo referente a la cuestión de los ordenamientos forales vascos: ¿Son una concesión graciosa de la monarquía o el Estado español, o corresponden a unos derechos de los vascos, como habitantes de unos territorios con derechos históricos (según el foralismo) o miembros de una nación diferente (según el nacionalismo vasco)? En todos los procesos estatutarios se llegará a acuerdos o pactos entre la administración del Estado español y los vascos respondiendo a estas dos diferentes interpretaciones de cada parte. Para los españoles, siempre se estará condescendiendo con los vascos al permitirles una autonomía relativa, con el riesgo continuo del agravio comparativo respecto al “resto” de los españoles. Y como tal condescendencia “graciosa”, siempre y en cualquier momento se podrá modificar, limitar o suspender, esta autonomía de forma unilateral, sin que sea necesario el consentimiento o el acuerdo de los vascos. Idéntico planteamiento al de los monarcas absolutos españoles sobre los Fueros vascos. Para los vascos, por el contrario, estos Estatutos son fruto de un pacto que realizan con el resto del Estado, por el que se les reconoce únicamente una parte de la capacidad de autogobierno que les corresponde por sus derechos históricos o nacionales. Lógicamente, para cualquier modificación de este pacto sería necesario un nuevo acuerdo entre las dos partes.

Junto a esta diferente interpretación de base de un mismo texto estatutario cabe considerar otra cuestión importante, el de su finalidad, que también es distinta según la parte. Para el nacional-estatalismo español no parece que haya sido la mejora de la gestión administrativa la principal finalidad de los Estatutos de autonomía para los vascos, sino su integración voluntaria en el Estado, en el mejor de los casos, o, más probablemente, su asimilación, la desmovilización de las reivindicaciones nacionales, e incluso la fragmentación o la desunión del nacionalismo vasco. Tampoco parece que la simple mejora administrativa ha sido el objetivo que ha hecho apostar a la mayoría de los nacionalistas vascos por los Estatutos de Autonomía, sino otras dos cuestiones principales: por un lado la posibilidad de frenar, aunque sea con un autogobierno limitado, el proceso de aculturación y desvasquización promovido por las autoridades estatales, y, por otro, que las instituciones autónomas vascas puedan servir de estadio previo a una estatalidad propia. Y también el reconocimiento oficial, en la medida o el grado que sea posible, de la realidad vasca. Curiosamente, gran parte de la historiografía nacional-estatalista española, pretendiendo distinguir nacionalistas vascos “buenos” (“autonomistas”) de los “malos” (“independentistas”), no quiere ver estos objetivos. Basándose para ello en la ausencia de documentación que los explicite y en el análisis de textos en donde no se mencionan, sin explicar que ello se debe a la secular y efectiva ausencia de libertades en el Estado español, que suponía represión e ilegalización de la organización o la persona nacionalista vasca que los hiciera públicos.

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Una última cuestión previa a tener en cuenta, relacionada con todo lo anterior, es la relativa a la soberanía vasca y su no reconocimiento por el Estado español, y lo que esto desvirtúa un régimen supuestamente democrático cuando se ha proclamado como tal. Una anécdota puede ser muy clarificadora de este tema, para entender la interpretación real que del mismo se hacía y se puede hacer desde el nacionalismo vasco. Y se produjo precisamente en el período más cercano a la democracia del Estado español, su II República. Sucedió estando José Antonio Aguirre, entonces un joven, carismático y prometedor político, diputado a Cortes españolas, esperando a la entrada de Sabin Etxea a que terminaran su paseo habitual por los Jardines de Albia Luis de Arana Goiri, Baltasar de Amezola y Baltasar de Amezaga, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. Viendo llegar a los tres hombres mayores, dignos, severos, con sus trajes oscuros, dijo a los jóvenes que le rodeaban:4 “Ahí vienen las legítimas Autoridades de Euzkadi”.

Las primeras propuestas autonómicas El primer objetivo político explícito del nacionalismo vasco a finales del siglo XIX fue la restauración de los ordenamientos forales y de sus instituciones, las diputaciones forales, después de su eliminación definitiva, “manu militari”, tras la ocupación del País Vasco por el ejército liberal que había vencido al carlista en 1876. Aunque no se suele considerar así, en mi opinión ésta era en la práctica una propuesta autonómica. Reivindicar la derogación de la considerada ley abolitoria de los Fueros del 25 de octubre de 1839 tenía ventajas para el nacionalismo vasco de carácter interno y externo. Sirvió, a finales de 1903, tras la muerte de Sabino de Arana, como fórmula

de conciliación de las diferentes sensibilidades existentes entre los cada vez más numerosos miembros del Partido Nacionalista Vasco, que podían interpretar de diferente manera el grado de autonomía o independencia que habían significado los Fueros vascos. Fue útil, también, para posibilitar la aproximación de muchos foralistas que acabarían identificándose con el nacionalismo vasco. Además, era posible manifestarla públicamente sin que pudiera servir de excusa para la represión estatal y la ilegalización de la organización política en cuyos estatutos figurara. Ya que incluso el régimen político de la denominada Restauración española tenía difícil considerar “ilegal” la petición de supresión de una ley concreta. Es de destacar, incluso, que la primera moción que presentara Sabino de Arana al ser elegido diputado provincial de Bizkaia fue la relativa a la creación de un “Consejo Regional Vasco” integrado por los cuatro territorios vascos bajo administración española. El caso es que habría que esperar a 1917, tras un gran auge electoral experimentado por el nacionalismo vasco, para que se concretara, junto a otras formaciones políticas, un proyecto de autonomía que fue presentado formalmente al Gobierno español por las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. A pesar de que se manifestaba explícitamente en el proyecto que este se planteaba “dentro de la unidad de la nación española”, la iniciativa no prosperó. Era el primer año en que se celebró en España el “Día de la Raza”, y sólo faltaban cuatro para que la monarquía parlamentaria pasase a ser monarquía dictatorial, gobernando el Estado un Directorio Militar dirigido por el general Miguel Primo de Rivera, con el acuerdo tácito del monarca Alfonso XIII, que de esta manera incumplía su juramento a la Constitución española hasta entonces vigente.

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La oportunidad de la II República española Tras la proclamación de la II República española el 14 de abril de 1931 por los ayuntamientos elegidos en las elecciones municipales, la mayoría de los ayuntamientos vascos plantearon la proclamación de la República vasca federada a ésta, convocando a tal efecto una Asamblea de municipios vascos en Gernika, cuya celebración fue impedida por fuerzas del Ejército y la Guardia Civil. A partir de entonces el nacionalismo vasco dirigió sus esfuerzos a la consecución de un Estatuto de Autonomía lo más amplio posible y que englobase a todos los territorios vascos bajo administración española. Las izquierdas y derechas españolas apoyarían u obstaculizarían el proceso autonómico de diferente forma según las diversas coyunturas que se irían dando. En un principio, con los partidos de izquierda y republicanos en el Gobierno español, las derechas apoyarían el Estatuto de Autonomía vasco para conseguir establecer un “oasis” de las medidas laicistas, reformistas y progresistas gubernamentales, mientras desde el Gobierno se recelaba del proyecto por este motivo y por el hecho de que, a diferencia del nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco no había apostado inicialmente por la República. Por el contrario, cuando las derechas accedieran al Gobierno español, en el período conocido como “bienio negro”, perderían el principal interés que habían tenido en el Estatuto y obstaculizarían su desarrollo. Desde el nacionalismo vasco se intentó articular la reivindicación autonómica a través de los municipios, por ser las únicas instituciones que momentáneamente contaban con el aval de haber sido elegidas democráticamente así como por ser la base tradicional de la organización política del País. Se constituyó una “Comisión Perma-

nente de Alcaldes de Euzkadi”, integrada por los de Laudio, Getxo, Azpeitia y Sangüesa a la que se le encargó su entrevista con las Comisiones Gestoras de las cuatro Diputaciones (designadas por el Gobierno español) para consensuar los criterios para valorar un proyecto de Estatuto encargado a la Sociedad de Estudios Vascos. Este proyecto fue aprobado el 14 de junio de 1931 en Estella por una Asamblea de Ayuntamientos vascos, presentándolo al Gobierno español 420 alcaldes que partieron con este motivo en un tren a Madrid el 21 de septiembre. Pero la posterior promulgación de la Constitución de la República española hizo necesaria la adaptación a ella del proyecto de Estatuto, retrasándose el proceso autonómico. A finales de 1931 la Comisión de Alcaldes y las Gestoras acordaron la constitución de una Comisión encargada de reelaborar el proyecto de Estatuto. Este proyecto, conocido como “de las Gestoras”, fue presentado para su aprobación en una Asamblea de Municipios vascos celebrada en Pamplona el 19 de junio de 1932. En ella, cambiando algunos apoderados navarros el mandato de voto favorable recibido, los representantes de Navarra no aceptaron el proyecto, votando 123 en contra y 109 a favor, absteniéndose 35. Si todos los alcaldes navarros hubieran respetado el mandato de sus ayuntamientos el resultado hubiera de 127 votos a favor, 115 en contra y 25 abstenciones.5 El caso es que, como resultado de esta alteración de los votos, el proceso autonómico vasco se suspendió temporalmente, quedando Navarra apartada de él. El 6 de agosto de 1933 una Asamblea de Ayuntamientos vascos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa aprobó en Vitoria un proyecto de Estatuto que fue sometido a plebiscito en estos tres territorios el 5 de noviembre, quedando aprobado por abrumadora mayoría en Bizkaia (88,44%) y Gipuzkoa

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(89,52%), y relativa en Álava. Se presentó a las Cortes el 21 de diciembre, pero en ellas eran, tras las elecciones del 15 de noviembre, mayoritarios los parlamentarios de derechas, contrarios al proyecto. La voluntad del Pueblo Vasco quedó, una vez más, menospreciada por quienes no le reconocían, como se ha comentado al principio de este artículo, el derecho a decidir su futuro. Era igual que el 80, el 90 o el 100% de los vascos quisieran un Estatuto de Autonomía. Su “concesión” sólo dependía de la decisión española. Y el proyecto quedó paralizado varios años.

Jaungoikoaren aurrean apalik Ante Dios humillado

Euzko-lur ganian zutunik En pie sobre la tierra vasca

Asabearen gomutaz Con el recuerdo de los antepasados

Gernika’ko zuaizpian Bajo el Árbol de Gernika

Nere aginduba ondo betetzia Juro

Aquel primer Estatuto era el más limitado competencialmente comparado con todos los demás, los anteriores proyectados y el vigente actualmente. Un Estatuto “de mínimos”, pero que tuvo una aplicación “de máximos”, no por “concesión graciosa”, sino porque la inesperada y heroica resistencia de los gudaris del Ejército de Euskadi ante el avance de los sublevados posibilitó la constitución de un Estado vasco “de facto”. Con su Gobierno, su Ejército, su moneda, sus documentos de identidad y pasaportes, su reconocimiento internacional...

Fueron sólo nueve meses, pero su impronta Zin dagit Cumplir fielmente mi mandato en el imaginario y la meEl 1 octubre de moria colectiva del Pue1936, varios meses desblo Vasco convertirían pués de iniciada la Gueeste episodio en decisivo rra Civil tras el fallido inpara el proceso de constento de golpe de Estado de los militares trucción nacional vasco. Fraguado junto al derechistas, las Cortes españolas elegidas hecho de la persistencia de un Gobierno en febrero de ese mismo año, aprobaron el vasco en el exilio, presidio por Aguirre hasprimer Estatuto de Autonomía “concedido” ta su muerte en 1960, y por su sucesor, Jepor autoridades españolas a parte del País sús María de Leizaola las dos décadas posVasco, más limitado aún que a sólo tres teteriores. Un Gobierno vasco único rritorios, ya que los sublevados controlaban representante legítimo de la voluntad de ya la mayor parte de Gipuzkoa y Álava. El los vascos durante cuarenta largos años. 7 de octubre de 1936, tras haber jurado fidelidad ante las “legítimas autoridades” en un acto secreto, juraba en Gernika como La oportunidad de la Monarquía primer Lehendakari, José Antonio Aguirre. de Juan Carlos I El fallecimiento del dictador FrancisPodía haber añadido “Escuchando el co Franco en 1975 obligó a un cambio de eco de los bombardeos de la artillería fascisrégimen político en el Estado español, data”, que en aquellos momentos masacraba do que el mantenimiento de una dictadura las posiciones defensien el occidente eurovas de los gudaris en el peo a finales de los frente establecido entre años setenta era inviaOndarroa y Elgeta. ble.

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Como historiador comprendo que la valoración del periodo entonces iniciado y aún vigente, bajo la jefatura del sucesor elegido por el caudillo fascista, está mediatizada tanto por las experiencias personales como por la imposibilidad de tener acceso a muchos datos que hoy en día no son públicos y son importantes para realizar cualquier análisis. Aún así cabe la opinión. Coincido con la expresada por Bastida Freixedo, en el artículo referido, de que la Constitución española de 1978, hoy en vigor, recoge la teoría esencialista de la nación española de Ortega. Entiende el Estado como una nación orgánica, con todo lo que ello significa y he comentado. Y se fundamenta en una nación española preexistente al propio texto constitucional, patria eterna, única e indivisible. Encargando a las fuerzas armadas estatales la custodia de esta indivisibilidad ¡en una constitución promulgada en Europa occidental a finales del siglo XX! Resulta fácil de comprender que no se nos reconozca a los vascos peninsulares la posibilidad de decidir nuestro propio destino cuando la Constitución española, en aras de su esencialismo organicista, confía en el Ejército la custodia de los valores eternos caso de que los propios españoles decidan algún siglo alterar según su propio criterio su “destino en lo universal”, marcado por los retrógrados que definieron y decidieron los contenidos, en 1978, 1975 o antes, del vigente texto constitucional. El Estatuto de Autonomía de 1979 para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa está supeditado al texto y contexto constitucionales citados, y a la mentalidad política española que los ha propiciado. Resultado: un Estatuto con amplias capacidades competenciales pero con una aplicación “de mínimos” y, lo que es peor, sin ninguna garantía de

cumplimiento, como corresponde a lo planteado al principio de este artículo. Revelado, tras un cuarto de siglo, como papel mojado al arbitrio de disposiciones legislativas de las Cortes españolas, decretos del Gobierno español y sentencias de los Tribunales españoles. Nunca reconocido como un pacto, se puede modificar, limitar o suspender al gusto de la única fuente de soberanía reconocida por el nacional-estatalismo español: la nación española, que graciosamente y en un momento de buen humor concedió la autonomía a los vascos. Poco ha cambiado en varios siglos en este aspecto. Y las analogías con los incumplimientos del Gobierno de los Estados Unidos de América de sus acuerdos con las naciones indias que confinaban en Reservas autónomas resultan cada vez menos peregrinas y más estimables.

¿La última oportunidad? Nos encontramos en una coyuntura política en la que el flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y, sobre todo, su indefensión respecto a los decretos, leyes y sentencias españolas, han hecho que haya dejado de ser un marco válido. El Gobierno vasco presidido por Juan José Ibarretxe ha presentado un proyecto de modificación de este marco autonómico en el que la piedra angular es el respeto a la voluntad de los vascos. No es de extrañar que esta idea haya chocado frontalmente con el esencialismo del nacional-estatalismo español, no democrático, autoproclamado demócrata y patriota constitucional. Si no reconocen la posibilidad de decidir su futuro a los propios españoles, fuera de su estrecha visión unionista y de

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destino en lo universal, ¿reconocerán este derecho a los vascos? ¿Podrán soplar los aires de libertad en la Península Ibérica, provenientes del norte? ¿O la “decisión” de una generación, sin otra opción que el asentimiento, a finales de los años setenta del siglo pasado, podrá imponerse sobre la de todas las que le sucedan, sin tener éstas nunca la opción de expresarse? ¿Seguirán reinando los conceptos trasnochados, esencialistas y antidemocráticos de frescos generales y de sus sucesores, provenientes de la imposición por la fuerza, sobre la voluntad libre de las mujeres y los hombres mayores de edad que habitamos estas tierras? Es posible que el proyecto presentado por Juan José Ibarretxe para establecer un nuevo marco de convivencia de la mayor parte del Pueblo Vasco con el resto del Estado español sea la última oportunidad para establecer una solución basada en un Estatuto de Autonomía. Y, como dijo el propio Lehendakari Ibarretxe el 2 de diciembre de 2004, al presentar una reedición del libro de su antecesor José Antonio Aguirre De Gernika a Nueva York pasando por Berlín, sea cual sea el futuro de Euskadi “está y estará siempre en manos de los vascos y de las vascas, digan lo que digan las leyes que tengamos en cada momento.”

NOTAS

1 Michael Mann, en su interesante e inquietante artículo titulado “La cara oculta de la democracia: la limpieza étnica y política como tradición moderna”, publicado en el nº 1, pp. 2050, de la edición en castellano de New Left Review, de febrero de 2000, aporta una clarificadora definición de estos dos modelos de Estado.

Bastida Freixedo, Xacobe: “La resurrección de Ortega. Acerca de la casquería constitucional”, en Hermes, 14, pp. 2-14, Bilbao, noviembre de 2004. 2

3 Ocurre lo mismo cuando la historiografía nacional-estatalista española aborda el estudio del nacionalismo vasco. No sólo es “invisible” el nacionalismo español en estos análisis, sino también el propio Estado español, del cual nunca se encuentra ningún defecto a lo largo de los siglos XIX y XX y se presenta siempre, por los “patriotas constitucionales”, normalmente por omisión, como una Arcadia feliz y un sistema ¡democrático!, cuando, por ejemplo, y sin tener en cuenta que la corrupción era una de las principales características del sistema, todavía en 1863 el porcentaje de población a la que se le permitía votar era únicamente del ¡1’08%! (Cases Méndez, José Ignacio: “El sufragio censitario”, en Historia 16, Extra II, pp. 51-60, Madrid, abril de 1977). Esto, normalmente, se “olvida”.

Entre ellos José Antonio de Durañona, que acabaría siendo su secretario, a cuyo testimonio debemos el conocimiento de este hecho. 4

Jimeno Jurio, José María: Navarra jamás dijo no al Estatuto vasco, pp. 103-104., Pamplona, 1977. 5

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Elecciones en EEUU: El Encantamiento de la Identidad.

1. Introducción. El sentido de las elecciones en EEUU.

as elecciones políticas a la presidencia de EEUU han abierto un sinfín de posibilidades a los analistas sociales y políticos. Han sido unas elecciones televisadas, comentadas y debatidas. Era como si todos tuviéramos que tomar partido, como si el primer martes del mes de noviembre del año 2004 los ciudadanos votaramos a “nuestro” candidato fuéramos o no estadounidenses. Una campaña electoral larga, muy larga, un panorama interno y externo problemático y la posibilidad del cambio habían movilizado a la opinión pública del hemisferio occidental como si de elecciones propias se tratara. Europa se sumía en su particular quiniela creyendo que la voluntad mueve montañas y que la opción demócrata era la que más le interesaba. Pero en EEUU –lugar de la confrontación– el voto estaba más disputado. Republicanos y demócraANDER GURRUTXAGA Catedrático de Sociología tas redescubren el valor de la del País Vasco. Autor de un importante número de contienda, desentierran el gusto obras y artículos científipor la participación política y se cos. Entre las más importantes están: “El Código sumergen en un debate donde Nacionalista Vasco durante se cruzan argumentos cuyas reel franquismo”. (Barcelona 1985). “Estructura y proceferencias se encuentran en unos sos sociales en el País Vascasos en lo más profundo de la co”. (Bilbao 1990). Fue vicerrector de la UPV. Direclógica política norteamericana y tor de Universidades del en otros en la situación econóGobierno Vasco, viceconsejero de Universidades e Inmica del país, en la crisis identivestigación.

taria de la nación, en el significado de la construcción de una nueva moralidad pública (aborto, homosexualidad, investigación con células madre), en la gestión de la seguridad después del 11S o en el valor político del miedo. El resultado involucra la estructura de las relaciones internacionales, la seguridad de regiones enteras del mundo o la estabilidad económica. La gestión de la guerra de Irak es una referencia constante, las relaciones de EEUU con sus aliados tradicionales, otra y la forma de tratar los conflictos internacionales preocupa a unos y a otros. La disputa electoral no se dirime exclusivamente bajos esos supuestos, sino que del interior de la sociedad política norteamericana surgen voces que reclaman una forma distinta de hacer política, es decir, discursos que sean capaces de renovar el legado de la etapa republicana y recuperar la política de valores democráticos que después del 11S quedaron en suspenso. El resultado de las elecciones no deja indiferente a nadie. Por eso, la victoria del presidente Bush (en el voto popular, en los votos electorales, y en las dos cámaras; Congreso y Senado), la participación histórica del electorado y la geografía electoral de los estados norteamericanos, abren posibilidades de interpretación y, sobre todo, generan un debate donde se confrontan argumentos políticos, disquisiciones electorales, explicaciones de la victoria republicana con temores por la derrota demócrata y el

hermes nº:2 de 10. Elecciones en EEUU: El Encantamiento de la Identidad. Ander Gurrutxaga Abad

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reconocimiento de que han sido unas elecciones donde se involucran añoranzas, esperanzas, frustraciones, miedos, temores, cansancio e ilusiones. Tengo la impresión de que ha sido un proceso que nos ha permitido conocer mejor las señas de identidad del electorado norteamericano, pero que nos ha alejado de la descripción de las tendencias profundas que explican los resultados, en cuanto se ha sustituido el análisis de éstos por el juego perverso de los estereotipos, por las ilusiones rotas o por las esperanzas recompensadas. El artículo pretende comprender la lógica de los resultados electorales, relacionándolos con el valor de la ideología y con el redescubrimiento de la confrontación alrededor de cuál es hoy el precio de la identidad en el universo social de EEUU. La hipótesis que defiendo es que el resultado de los comicios ha dependido de la entrada en escena del valor de la tradición y de su instrumento preferido; la identidad. Aquel que sabe responder mejor a las preguntas: ¿quiénes somos? y ¿qué nos pasa? es el que ha ganado. La economía ha tenido un efecto menor y la guerra de Irak estaba amortizada en la conciencia de los electores antes de empezar la campaña. La conclusión a la que llego es que el regreso de la ideología identitaria es el factor que mejor explica por qué ha ganado Bush.

2. El mundo a escena. Las razones del contexto. El ambiente que rodea las elecciones estaba “preñado” de impaciencia, de escepticismo y de críticas hacia la gestión de las consecuencias del 11S. No sólo se duda de la eficacia de la guerra como instrumento de disuasión, sino que se pone en tela de juicio la acción ideológica del neoconservadurismo norteamericano con la explicitación que éste realiza del reeen-

cuentro con la tradición religiosa, reciclada como el regreso a la identidad purificada del Credo norteamericano o el “derribo” iniciado contra las libertades civiles por mor del temor y la histeria desatadas tras el 11S, donde la Ley Patriot Act o Guantánamo no eran sino algunas de sus expresiones más groseras. George Bush estaba en el punto de mira de casi todos. Para unos, era la “necesidad hecha virtud”, para otros un peligro para la democracia y, por extensión, para el mundo. Para los más, un “emperador” que no sabía que administraba un imperio. Por eso, el 11S y sus consecuencias marcaban la velocidad y las expresiones de las elecciones. Este era el ambiente que reinaba y nadie podía mostrarse ajeno a él. Es como si hubiese que tomar partido porque el contexto Una mirada a lo que se escribe nos sitúa en los condicionamientos que las elecciones deben superar. Así, por referirme a algunas de las más significativas; los críticos del sistema leían las claves de las elecciones desde el recelo que les causa la intervención norteamericana en Irak y la gestión política que del “imperio” lleva a cabo la administración republicana. Ignacio Ramonet (2004, 6) escribe en Le Monde Diplomatique lo siguiente, “esta elección, la más importante del mundo, concierne a partir de este momento a todos los habitantes del planeta que tendrán que sufrir, de una manera u otra, sobre los planos estratégicos, económico, cultural o ecológico, las consecuencias de las decisiones adoptadas por el jefe de la única hiperpotencia mundial (…) George W. Bush ha puesto en marcha, desde hace cuatro años, una nueva política con tal grado de agresividad y peligro, al restablecer a las fuerzas armadas el papel de instrumento privilegiado de la política internacional, que un nuevo mandato le reafirmaría en esta actitud de “emperador del planeta” y le daría nuevos bríos pa-

hermes nº:3 de 10. Elecciones en EEUU: El Encantamiento de la Identidad. Ander Gurrutxaga Abad

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ra emprender posiblemente nuevas expediciones armadas”.

Pero ¿es el miedo el mejor aliado de América?”

Otros autores, como M. Mann (2004, 28), redactan el “Imperio incoherente”, concluyendo que, “se trata de un imperio incoherente cuyo militarismo confiado e hiperactivo no tardará en destruirlo. Como reacción a sus limitaciones, los nuevos imperialistas se aferran aún con más fuerza al único poder del que disponen en abundancia, la devastadora potencia militar ofensiva. Mi conclusión será que, en realidad, el nuevo imperialismo estadounidense se está convirtiendo en el nuevo militarismo estadounidense. Pero eso no es suficiente para mantener un imperio”.

Entre los análisis destaca la tesis del carácter excepcional, diferencial de EEUU. La “excepcionalidad norteamericana” es como la bóveda que protege el sistema político y electoral, despista a unos y confirma a otros en sus posturas ¿pero, en realidad, de qué se habla cuando se cita con tanta frecuencia el carácter excepcional norteamericano? Seymour Martín Lipset (2000) escribió un libro titulado;“El excepcionalismo norteamericano” donde desarrolla con suficiencia este punto de vista. Es la obra de A. de Tocqueville (1986),“La Democracia en América”, la que mejor describe y populariza los primeros síntomas de la excepción. En el origen, EEUU es un territorio inmenso, sin pasado histórico, rico y abundante en materias primas, donde el peso de la memoria y de los actos que la acorralan son inexistentes, es una tierra por colonizar y para colonizar. Las bases del hecho son conocidas, Lipset (2000,17) las cita del modo siguiente, “Estados Unidos, nacido de una revolución, es un país organizado en torno de una ideología que incluye un conjunto de dogmas acerca de la naturaleza de una sociedad buena. La ideología de la nación puede describirse en cinco palabras: libertad, igualitarismo, individualismo, populismo y laissez-faire. La ideología revolucionaria que se convirtió en el Credo Norteamericano es el liberalismo en sus versiones del siglo XVIII y el siglo XIX”.

Los había, como A. Callinicos (2003), que critican la estructura y la estrategia del poder que adivina detrás de la gestión que se hace del 11S, sea en el caso de Afganistán o en la guerra contra Irak, o la de aquellos que enseguida entrevieron las consecuencias electorales que iban a tener tales acontecimientos y directamente se preguntaban sobre el futuro de los EEUU (N. Birnbaum, 2004). Otros autores, por ejemplo, el anterior asesor del presidente Clinton, B. Barber (2004, 15), reflejan las dudas sobre el carácter que ha tomado su país después del 11S. Lo expresa de esta manera, “Estados Unidos, niño mimado del destino durante tanto tiempo, sigue una trayectoria enfrentada con la historia. Aislado del viejo mundo por dos siglos de independencia casi mítica, pero desconcertado por una súbita conciencia de vulnerabilidad, no consigue leer el mensaje de ineludible interdependencia que define el nuevo mundo del siglo XXI (…) La cuestión relevante no es sólo si aquél puede desarrollar nuevas estrategias de guerra preventivas y continuar siendo fiel a sus valores democráticos intrínsecos, y, por tanto, mantener buenas relaciones con sus vecinos de todo el orbe, sino si tales estrategias son o no efectivas para proteger al país del terrorismo. Ningún Estado puede sacrificar su seguridad en aras de las aspiraciones más nobles. (...)

Ni podemos, ni debemos olvidar lo que dicta R. Rorty (1999, 25) cuando pretende escribir sobre otras formas de ver la historia de EEUU. Dice el filósofo norteamericano lo siguiente, “cuando se pretende explicar qué es realmente tu país o qué significa verdaderamente su historia, nadie sabe cómo se podría ser objetivo, igual que cuando intentas explicar quién eres realmente tú mismo o cuál es realmente el balance de tu propio pasado. Plantearnos preguntas sobre nuestra identidad nacional o individual es parte de un proceso por el que decidimos qué haremos en el futuro, en qué trataremos de convertirnos”.

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Las dificultades para establecer el canon de la excepción no deben llevarnos a pensar que no hay ingredientes en el campo de la experiencia histórica como para olvidarnos de ese carácter. De hecho, N. Birnbaum (2004) describe las diferencias, sobre todo, pensando en Europa Occidental, de siete maneras. La primera es la experiencia del tiempo histórico. Las dificultades norteamericanas para reconocerse en una comunidad de memoria, protegida por un lejano pasado histórico es, paradójicamente, una de sus señas de identidad. Lo que ocurre es que esas señas están mediatizadas por una historia interna reciente, sin el pedigrí que los europeos dicen tener, pero que no deja de ser conflictiva, plagada de contrastes y que, como recoge N. Birnbaum, “la borradura y la homogeneización simultáneas de la memoria nacional se hacen evidentes en la descripción del imperio estadounidense. En este punto, como sucede con los problemas internos, la reconstrucción del pasado por parte de los historiadores y las falsificaciones de una ideología nacional narcisista describen países diferentes”. La segunda es la inmigración y sus consecuencias. La asimilación de millones de personas que acudieron al territorio de EEUU buscando los bienes de la tierra prometida es un logro de la capacidad de integración del país. No obstante, la lectura que cada una de estas comunidades realiza del credo y de la excepción son diferentes, por más que la exaltación de éstos provoca la aquiescencia de las generaciones recientes de inmigrantes que saben que sólo siendo “muy americanos” podrán labrarse un futuro. Las características religiosas expresan un cuadro distintivo. Es verdad que los ciudadanos norteamericanos representan mejor que ninguna otra sociedad avanzada, la significación de los valores religiosos en sus vidas (cerca del 70% es nominalmente protestante, 12% católica, 3% practica el

budismo, el hinduismo o el islamismo, 2% son judíos. Un tercio de los protestantes son fundamentalistas; los católicos están divididos entre una minoría de tradicionalistas y una mayoría que apoyan las consecuencias del Concilio Vaticano II), pero también es verdad que casi la mitad de su ciudadanía muestran síntomas claros de laicismo y que la pluralidad moral es la norma para ellos, lo que me lleva a hacer dudar de la tesis de que exista una religión estadounidense, y ciertamente no existe un ethos político o social derivado de las creencias religiosas de los estadounidenses. La sociedad norteamericana se puede escribir con algunos de los colores del arco iris, en negro, rojo, blanco y amarillo. Los indios fueron o desapareciendo u ocupando un lugar subordinado, a medida que la gran marcha hacia el Oeste define las fronteras internas del nuevo país. Su marginación se institucionalizó con la consolidación del credo WASP (ciudadano blanco, protestante y anglosajón) y con el sentido de qué es ser norteamericano. Las relaciones del credo con la minoría negra han sido un constante aldabonazo en la lógica democrática de los derechos civiles. Tuvieron que pasar más de cien años desde el final de la guerra civil norteamericana para que a los negros les fueran reconocidos los derechos civiles en varios Estados norteamericanos (especialmente del Sur), lo cual si bien ha sido suficiente para asegurar la igualdad formal no lo ha sido para disminuir significativamente la pobreza (desproporcionalmente más alta que en otros grupos de la sociedad norteamericana), la falta de acceso a la educación o las carencias en programas de apoyo social. Las relaciones con las personas procedentes de Asia han cambiado con los años, partiendo de una preocupación y, en ocasiones, hostilidad por su presencia se ha pasado a una cierta aceptación, muy ligada a los éxitos cosechados por países como Japón, Corea del Sur, Singapur o China en sus procesos de modernización económica.

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La relación del mercado con la nación es un signo muy llamativo de la lógica interna norteamericana. La excepcionalidad sobre la que estoy escribiendo tiene por detrás la aspiración y el triunfo de la lógica del mercado. EEUU entró al siglo XX con una economía de consumo masivo, muy extendida gracias a la electrificación y al uso del automóvil. La agricultura norteamericana producía un excedente para la exportación, y la venta adicional de bienes industriales y petróleo permitía al país reintegrar el capital extranjero tomado en préstamo para la expansión interna. Con la Primera Guerra Mundial, EEUU se convirtió en el país extranjero en otorgar crédito, lo que le permitió dominar gran parte de la economía mundial desde 1918 hasta el fiasco de la guerra de Vietnam. Pero paradójicamente, como expresa N. Birnbaum (2000, 39), “el colapso del bloque soviético coincidió con el declive económico estadounidense: periodos más cortos de expansión, un nivel de vida que se hundía, la necesidad de importar conocimiento científico y tecnológico, y una dependencia creciente de préstamos extranjeros. La participación relativamente alta de EEUU en el mercado mundial financiero no sería ninguna barrera para una grave depresión si los prestamistas extranjeros cancelaran sus préstamos a Estados Unidos (…). Un pueblo cargado con deudas debe correr dos veces más rápido para quedarse en el mismo lugar económico”. La carencia de ahorro entre las familias, la alta tasa de deuda externa y la dependencia del crédito externo para mantener el nivel de vida, son problemas que pueden amenazar la competitividad económica norteamericana. La ideología del mercado debe enfrentar además los desafíos de los otros dos grandes modelos vigentes. Uno de ellos es el asiático, fuertemente exportador, presidido por una elevada tasa de ahorro y por la acción del estado defendiendo con su política económica la inercia de su definición de mercado. El otro, el europeo con un mer-

cado regulado, con un estado del bienestar desarrollado y con tasas de competitividad e internacionalización de sus productos. De esta manera, el modelo norteamericano, con un mercado no regulado, con un Estado poco desarrollado en sus aspectos sociales y con una dependencia de los inversores extranjeros cada vez más fuerte para mantener su nivel de vida y la competitividad, debe actuar fuera de sus fronteras para asegurar la permanencia de “su” modelo y de su definición de mercado. Hay, en consecuencia, una confrontación ideológica alrededor de cuál es el modelo de mercado que debe imperar en el mundo. El Estado norteamericano depende para su funcionamiento de la judicialización de la política. En el derecho consuetudinario, las doctrinas del precedente autorizan a tomar disposiciones restrictivas legales. El propio sistema electoral depende del Colegio Electoral y el nombramiento de dos senadores para cada estado sin importar el tamaño o el número de sus moradores. Así, un estado con dos millones de ciudadanos tiene la misma representación que otro con treinta y cinco millones. Por otra parte, las reglas de procedimiento del senado requieren sesenta votos de cien para presentar una ley. Esto significa que los representantes de una minoría de la población podrían bloquear textos legales beneficiosos para toda la nación. Las expresiones culturales de la sociedad norteamericana han dependido de su papel opositor, ya que la idea de cultura estadounidense estaba asociada a la revolución continua y no lograda. No obstante, las transformaciones de la cultura han impactado, de manera significativa, en la pretensión histórica norteamericana; la cultura responde a públicos fragmentados y su legado cultural se ha distinguido no por la realización de su sueño primigenio sino por la proliferación de sus expresiones de cultura de masas; sean la cinematografía –auténtico caballo de Troya de lo

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“americano”–, el arte, la literatura o los productos televisivos. En una palabra, la experimentación cultural norteamericana ha quedado reducida a la cultura de masas: auténtico legado cultural de lo “norteamericano”. No obstante, una sensación de desamparo recorre la definición cultural. R, Bellah la definió muy bien cuando en su libro “Los Hábitos del Corazón” (1989, 351) decía, hay una sensación generalizada de que la promesa de la era moderna se nos está escapando (…) ¿Cómo se mantiene unida nuestra cultura, cuando la cultura popular, y particularmente la televisión y los demás medios de comunicación consideran una virtud la carencia de discriminación cualitativa, y cuando la cultura intelectual, dividida como está, no se decide a manifestarse sobre las cuestiones más amplias de las existencia? La cultura de la separación ofrece dos formas de integración, ¿o deberíamos decir pseudo integración? (…) Uno es el sueño del éxito personal. El segundo es la descripción de vivos sentimientos personales”. El peso del “sopor” moderno tenía un campo “natural” para desenvolverse entre los intersticios que la impugnación del optimismo norteamericano dejaba abiertos porque no se sabía muy bien cuál era el “espíritu” que debía proporcionar el sentido a la idea de nación. De esta forma es como florecen desde la expectativa excepcional, la necesidad de encontrar respuestas a la pregunta: ¿quiénes somos? Los europeos no supieron captar la infraestructura que se movía por debajo de la tradición política norteamericana. Esta definía los términos del juego que proponen las elecciones de noviembre de 2004. Europa, como casi siempre, depende de la relación del doble vínculo con los norteamericanos: son aliados pero eso no impide que la crítica al “imperio” se transforme en una de sus señas de identidad. Están con ellos pero, a la vez, no están, o mejor aún, quieren estar en los términos que ellos definen. Europa no era el objeto de la campaña electoral, pero Europa aparece como el escenario sobreentendido, sobre todo para los europeos, que

quizá soñaban –sin pretenderlo– que ellos también tenían derecho al voto. Por supuesto, nada de esto ocurre y mientras este juego de alianzas entre la seducción por el sueño y la realidad va desarrollando su partida, las elecciones reales encaran otro tipo de dificultades. 3. Las claves de las elecciones. Recordemos algunas claves del resultado electoral que puede servirnos para clarificar algunas de las cuestiones que sobrevuelan la “sorpresa” o la “decepción” de unos frente a la “alegría” e incluso el “entusiasmo” de otros. Es “curioso” que la reelección del presidente Bush no se haya jugado en los términos que desde Europa se creía que se iba a jugar. Si paradójicamente desde aquí se pensaba que Irak y el terrorismo eran los grandes temas de campaña, el análisis de los resultados cuestionan estos hechos. Lo primero que hay que decir –teniendo en cuenta las encuestas realizadas a la salida de los lugares de votación en todo EEUU– es que solo el 47% de la población y un 50% de votantes manifestaba estar de acuerdo con la guerra. Recordemos, el 51% votó por Bush y el 48% por Kerry. El voto femenino fue a parar algo más a Kerry que a Bush (50% frente al 49% de los hombres), pero el apoyo femenino a los demócratas se quebró debido a los problemas con la seguridad que manifestaban las votantes femeninas. La edad muestra una división muy clara: los jóvenes de menos de 30 años votaron en un 55% por Kerry, pero todos los demás grupos de edad se inclinaron por el candidato republicano. El voto joven estuvo condicionado por la movilización anti-Bush que lideraron cantantes, artistas y grupos mediáticos. De hecho, los que votaron por primera vez (la mayoría jóvenes) lo hicieron por el candidato demócrata en un 57%. Aun siendo muy importante el papel de estos grupos no lo fue lo suficiente como para contrarrestar el apoyo mayoritario al ganador entre las generaciones adultas, especialmente entre los más viejos.

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La étnia de pertenencia y la renta de los electores, jugaron un destacado papel en las elecciones. La mayoría blanca se inclinó por Bush en un 57%, mientras que los demócratas arrastraron al 86% del voto negro, el 64% de los asiáticos y el 54% de los hispanos. Estos datos demuestran que la asociación tradicional entre voto hispano=voto demócrata resulta elección tras elección discutible. De hecho disminuye y esta minoría aparece más dividida en cada elección respecto a quién dar la confianza electoral, sobre todo en los estados del sur donde la influencia republicana está más extendida y más sentida. De hecho, hay una asociación entre el triunfo de Bush en Florida y la movilización del voto cubano en ese mismo estado. Cuando introducimos en el análisis los ingresos de los votantes, hay una nítida asociación; cuantos más ingresos tienen los votantes más votos para el partido republicano, quizá por la promesa conservadora de consolidar la reducción de impuestos y preocuparse por la inseguridad de los núcleos urbanos. Los de rentas más modestas, los que más necesitan de la acción social del Estado y de los programas de salud pública votaron mayoritariamente a Kerry. Los demócratas conservaron su histórica mayoría entre los trabajadores afiliados a sindicatos (56% de los votos). Recordemos que en EEUU sólo el 16% de los trabajadores están afiliados a un sindicato. La variable que discrimina mejor el voto y la que describe el “estilo electoral norteamericano” es la movilización de aquellos para quienes los valores religiosos tienen un lugar significativo en la política y los que defienden la familia tradicional. Los casados votaron más a Bush mientras que los solteros se identificaron con Kerry, muy en particular las mujeres solteras, dos tercios de las cuales votaron demócrata. Los homosexuales votaron abrumadoramente por Kerry (81%), mientras que los heterosexuales apoyaron a Bush (53%).

La práctica religiosa y la religiosidad norteamericana jugaron un papel destacado. Así, los que van con frecuencia a la iglesia (una o más veces por semana) no lo dudaron, apostaron por los republicanos en un 65%, mientras que los menos asiduos a los cultos religiosos institucionalizados votaron a Kerry en un 57%. El tipo de religión tuvo su papel; los protestantes fueron en un 61% a votar por Bush, los católicos también le apoyaron en un 51%, en contraste con otras religiones, más proclives al sueño demócrata: por ejemplo, los judíos votaron en un 74% a Kerry. La conclusión es evidente; la mayoría de la población norteamericana es religiosa y cristiana, estaba preocupada por la doctrina sobre el aborto, querían oponerse a ella, no les gustaban los matrimonios entre homosexuales ni estaban entusiasmados por los experimentos con células madre. Encontraron, o así quisieron creerlo, en los demócratas mayor comprensión para este tipo de hechos que entre los republicanos y ante ello se entregaron al legado de defensa de la tradición religiosa que transmitía el presidente Bush, ayudado por pastores de la iglesia evangelista renacida y por un sector del clero católico que buscaba nuevas vías para reencontrarse con el “alma” tradicional estadounidense. La defensa de la familia y de los valores tradicionales constituyeron el bastión y el sedimento ideológico de la renacida identidad tradicional norteamericana. La excepción norteamericana se plasmó, ¡esta vez sí!, en la recuperación de los valores de la tradición religiosa. Los efectos de este hecho sobre el resultado electoral resultaron determinantes y el candidato que supo patrimonializar mejor la defensa de la nación en clave de tradición religiosa partió con ventaja. Esta no pudo ser contrarrestada por aquellos inclinados a ver un mundo más complejo y que habían hecho del juego de colores el fundamento de sus vidas.

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Junto a los valores de la tradición y de la defensa de la familia, también los que simbolizaban el individualismo del credo libertario norteamericano tuvieron un papel significativo de apoyo a los republicanos. En el contexto electoral se plasmó en el rechazo a los impuestos y en la afirmación del derecho a tener armas y a defender la propiedad. El 65% de los propietarios de armas votaron a Bush. En resumen, los factores que más influyeron en el voto fueron: la edad, el nivel de ingresos, el grupo étnico al que se pertenece junto a la defensa de los valores tradicionales, recogidos y vehiculizados en las creencias religiosas –especialmente la protestante renacida y, en menor medida, la católica–. Esto explica que aquellos estados donde la preeminencia de los factores descritos están más anclados dieran su voto a los republicanos que representaba Bush. Esto fue en los estados del sur y del oeste (menos los que tocan la costa del Pacífico). Este hecho se reproduce cuando analizamos la composición del Congreso y del Senado o cuando describimos el color partidario de los gobernadores de los Estados. En cambio, los estados donde las características sociológicas y los valores descritos están menos consolidados (California, Nueva York, Oregón, Washington, Nueva Inglaterra…) dieron la victoria a Kerry. Sus votos no pudieron compensar los obtenidos por los republicanos en los estados del sur y del oeste, por más que sean los estados demócratas los más avanzados económica y culturalmente de EEUU. 4. Ideología, identidad y tradi-

guerra de Irak, paradójicamente, jugó un papel menor. Fue como si los electores norteamericanos tuvieran el hecho amortizado antes de tomar la decisión de trasladarse a su colegio electoral para depositar el voto. Otro tanto ocurrió con la economía (el caso del estado de Ohio es significativo; es, en estos momentos, uno de los estados más pobre de EEUU, su industria sufre una crisis severa, ha perdido durante el primer mandato del presidente Bush miles de puestos de trabajo, sin embargo votó republicano); pese a que ésta –la economía– está en situación de espera y pese a que el crecimiento económico no ha sido el esperado, pese a que sus problemas estructurales se suceden –incremento del número de parados, desorbitado crecimiento de la deuda externa, tasas de ahorro mínimo, descenso de la competitividad– y pese a que el nivel medio de vida desciende, la economía tiene un peso menor del que aparentemente le corresponde en las decisiones del electorado. Es como si preocuparse de la economía para que ésta ocupe, junto con la guerra de Irak, un lugar preeminente a la hora de elegir nuevo presidente fuese una opción equivocada. Mientras tanto el electorado norteamericano se “defendía” de las consecuencias del 11S intentando responder a la pregunta que formula S. Huntington (2004): ¿quiénes somos? El intento de atender a la explicación de esta pregunta se expresa en la campaña electoral. La respuesta sólo puede partir de la relectura de la tradición, de la recuperación de la memoria histórica y de la recreación de la identidad nacional.

ción. Las elecciones de noviembre de 2004 se jugaron bajo unas condiciones que no eran las que creíamos en Europa. Aquí estábamos sumergidos en las consecuencias del debate alrededor de las consecuencias de la guerra de Irak y en su crítica. Allí, la

En el texto de Huntington (2004, 19) encontramos una respuesta contundente a la cuestión, como si estuviera escribiendo el guión de la pregunta señalada. Dice así, “la prominencia de la identidad nacional de los estadounidenses ha variado a lo largo

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de la historia (…) Los trágicos acontecimientos del 11 de setiembre provocaron un regreso espectacular de dicha identidad al primer plano. La probabilidad de que los estadounidenses se sientan especialmente identificados con su nación aumenta cuando consideran que ésta está en peligro. Pero en el momento en que pierde intensidad la sensación de amenaza puede volver a priorizar otras identidades por encima de su identidad nacional. En segundo lugar, los estadounidenses han definido a lo largo de los siglos la sustancia de su identidad en términos de raza, etnia, ideología y cultura, en grados diversos (…) Los elementos clave de dicha cultura son: la lengua inglesa; el cristianismo; la convicción religiosa; los conceptos ingleses del imperio de la ley; la responsabilidad de los gobernantes y los derechos de los individuos, y los valores de los protestantes disidentes (…) En tercer lugar, esa cultura angloparlante ha constituido un elemento central de la identidad estadounidense durante tres siglos”. La respuesta reúne algunos elementos determinantes; ofrece la representación del pasado –el Credo de los norteamericanos–; una lectura simple y contundente de la excepcionalidad; una interpretación del valor del Credo transformado en religión civil; la recreación de la significación de la tradición y la restauración de la identidad nacional expresada a través de la sobresignificación de la comunidad de memoria. Se recrea aquí en toda su expresión lo que había formulado Jaroslav Pelikan (1989, 187) “mientras que la tradición es la fe viva de los muertos, el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Una tradición viva nunca constituye un programa para juicios morales automáticos. Es siempre un proceso continuo de reinterpretación y reapropiación. Tal proceso supone, no obstante, que la tradición posee suficiente autoridad para que la búsqueda de su significado actual sea públicamente llevada a cabo como un proyecto común”.

Las elecciones norteamericanas despliegan lo que M. Castells (2004) denomina “elección de valores”. Se opta por interpretar lo que debe ser la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? y se opta por una de las posibilidades que la tradición sociopolítica norteamericana había elaborado. Es el regreso a valores “seguros”, como respuesta a la incertidumbre y a la inseguridad post 11S. No es extraño que algunos valores siempre presentes en la historia de EEUU –pero durante mucho tiempo solo utilizados para analizar el caso de algunas minorías–, como son el miedo, el temor difuso a las amenazas, el pesimismo por el futuro se cuelen por la puerta de atrás pero pasan enseguida a ocupar el lugar central en el contenedor de las respuestas a las preguntas formuladas. En estas circunstancias, ¿qué mejor que replegarse hacia adentro e invertir en valores seguros que ya habían demostrado su eficacia en otras circunstancias? La ecuación que se establece entre inseguridad / miedo / tradición / identidad / creencia / nación / religión sale a la superficie con una fuerza y una constancia inesperada y olvidada en una sociedad “tan pasota”, tan “desafecta” como la norteamericana. Las elecciones demuestran que estas características con las que algunos definen el comportamiento social y electoral de los norteamericanos pueden no sólo suspenderse sino ignorarse cuando se dan las circunstancias adecuadas. No creo, como ha dicho M. Castells (2004), que se trate de una ruptura donde los estados más localistas o provincianos norteamericanos se afirman frente a los estados más complejos, más globalizados, sino una forma distinta de interpretar, de vivir y de expresar la identidad. Los resultados nos dicen que en ciertas circunstancias cuando se pregunta: ¿quiénes somos? no hay una única respuesta, lo que sí debe haber es una Respuesta.

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La disputa norteamericana es un conflicto que se dirime en estas últimas elecciones presidenciales, alrededor de las respuestas más indicadas a la pregunta formulada. Y una de esas respuestas, no la única, es la que ha ganado. La versión que triunfa es la que ha sido capaz de enlazar y reproducir de manera más contundente y eficaz el sistema de respuestas que importantes sectores sociales estaban esperando. Con esto no quiero decir que el resultado de las elecciones sea intrascendente ¡por supuesto que no! Las consecuencias, como recoge N. Birnbaum (2004) son múltiples; lo son hacia dentro de la sociedad norteamericana, lo son hacia fuera; lo son en la política exterior, lo son en las relaciones con aliados y enemigos, lo son en el tratamiento de las consecuencias de la guerra de Irak, etc.

5. Conclusiones. 1. El hecho electoral norteamericano demuestra que no hay respuestas definitivas, conclusivas a los problemas humanos. 2. EEUU demuestra que aquellos hechos que son muy importantes, como por ejemplo la economía o la guerra, han tenido un peso menor del que muchos hubiéramos deseado. Es como si los electores hubieran dicho; son importantes pero “ahora no toca” después “ya veremos”, como si la “realidad real” quedara suspendida y la sociedad norteamericana hubiese entrado en un momento histórico donde la ideología es “lo que toca”. 3. Podríamos decir que la situación no deja de ser paradójica; una economía globalizada, con dificultades, en guerra, “resucita” el espíritu de la tradición y consigue ligar la suerte de las elecciones a aquel y a aquellos que aparecen mejor dotados para imponer “su” interpretación de los hechos. En esto, los republicanos han demostrado, como expuso el expresidente Clinton, más habilidad. 4. Los ideólogos republicanos “descubren”; 1) que la tradición religiosa, defi-

nida a su modo y a su manera, da crédito electoral, 2) que con ella pueden ganarse o perderse elecciones y 3) que las preguntas por la identidad no han perdido vigencia sino que como expresa A. Smith (2004,173), “mientras persistan los fundamentos sagrados de la nación y el materialismo y el individualismo seculares no hayan socavado las creencias centrales de una comunidad de historia y destino, el nacionalismo –como ideología política, como cultura pública y como religión política– está destinado a florecer, y la identidad nacional seguirá proporcionando una de las piezas fundamentales para la construcción del orden mundial contemporáneo”. 5. El discurso de Bush es elemental pero económico, no necesita más complejidad, le basta la simplicidad del creyente para ganar elecciones. No ha jugado, todo lo contrario, a “salvar el mundo” ni tan siquiera intenta comprenderlo sino que le basta situar la identidad y la tradición en primer plano para responder a la “crisis identitaria” estadounidense tras el 11S. Lo que pasa es que en nuestro tiempo las crisis que ya no nos destruyen pueden ser, incluso, creativas.

BIBLIOGRAFÍA. - Barber, B. El Imperio del Miedo. Piados. Barcelona. 2004. - Bellah, R. Hábitos del Corazón. Alianza. Madrid. 1989. - Birnbaum, N. ¿Qué hace diferente a Estados Unidos? Letras Libres, nº 38. Noviembre 2004. - Birnbaum, N. Después del Apocalipsis… ¿o antes de él? El País. 8/11/2004. - Callinicos, A. Los Nuevos Mandarines del Poder Americano. Alianza. Madrid. 2003. - Castells, M. Elección de valores. La Vanguardia, 6/11/2004. - Huntington, S. P. ¿Quiénes Somos? Piados. Barcelona. 2004. - Lipset, S. M. El Excepcionalismo Norteamericano. FCE. México. 2000. - Mann. M. El Imperio Incoherente. Piados. Barcelona. 2004. - Ramonet, I. Le Monde Diplomatique. Octubre. 2004. - Rorty, R. Forjar nuestro País. Piados. Barcelona. 1999.

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Subjektua eta Erabakia Oteizarengan

odernia eta anti-moderniaren arteko gatazkan kokatu behar da Oteizaren obra eta pentsamendua. Adibide bat: “Artea sakramentua da” –horixe izan zen Oteiza ateoaren tesia estetiko nagusia, luze argudiatua, bere lehen obra mardulean. Kolonbiako San Agustin hiriko eskultura prehistorikoez honela idatzi zuen: “Euren estatuekin harremanetan jartzean, eurekin komulgatzean, gizon guzti hauek sorgindu egiten ziren, jainkotu, espiritualki gizon-jaguar itxuraldatzen ziren, gizon oso, “super-gizon”. Oraindik ere gelditzen da kultura Agustinianoaren sorkuntza garai honen arrastorik, denborak aldatu eta usteldutako ebidentziarik: beren harri edo forma sakratuen Eukaristia sinbolikoa: estatuaren bitartez transfigurazioaren sakramentua.”1 Ezin esan Oteiza gizon piadoso bat zenik, baina bere fundamentalismo estetikoa adierazteko ez zuen aurkitu bere haurtzaroko fede galduaren erretorika sakramentala baino hizkuntza egokiagorik. Eta horrela aurkitzen dugu garaiko euskal artistarik modernista eta esperimentalena bere tradizio erlijiosoaren antimodernia bete-betean eta kreatiboki besarkatzen. Lan honetan azaldu nahi dut gaurko pentsamenduan bizi-bizirik dauden tentsioak eta dilemak islatzen dituela Oteizaren harrera estetiko kontrajarri honek.

JOSEBA ZULAIKA Renoko Center for Basque Studies-eko zuzendaria da. Oteizaren antologia bat argitaratu berria da ingelesez, “Oteiza's Selected Writings.” Euskal etnografiaz eta estetikaz lan ugari argitaratu du.

Posmoderniaren debatea nagusitu zaigun garai nahastu hauetan Oteizaren jokaera adierazgarria da. Minimalismoaren eta gainontzeko korronte aban-

goardista guztien aitzindari egin izan nahi ohi da Oteiza, baina ez dago zalantzarik goian aipaturiko ikuspegiak eta geroago euskal pertsonaia eta arazoetaz azaldu zituen iritziak posmodernismoa aurrez-aurre oposatuko zutela. Posmoderniak modan jarri duen “etika irekia”, dekonstrukzioaren “egia ugari” eta partzialak, alteritatearen konportaera ustekabeak, eta abarrentzako, Oteizaren absolutismo estetiko eta Erabakiaren lehentasuna jarrera kontrajarriak dira. Oteizaren dogmatismoak, konspirazioak, komando kulturalak, eta abar, diktadore baten pentsamendua gehiago antzematen dute posmoderno batena baino. Eskandalua sortzea atsegin zuen artista honek, bazuen figura historiko bat posmoderniako autore guztiak baino mila aldiz gogokoago: San Inazio. Honek bai bazuela zer irakatsirik Oteizarentzat. Laurogeita hamabi urte zituela eta afaldu ondoren hainbat barre algara eginda, “dena amaitua dago” meditazio ilunari eman zion batean, “ruinak besterik ezin diteazke etorri hemendik aurrera” esatean, zein ruina zitzaizkigun lagungarri nik galdetzean, ez zuen zalantza handirik: San Inazio. “Baina, gizona, zer ikasi dezakegu gaur egun beragandik” nik protestatzean, bere erantzuna sendo etorri zen: “erabakiak nola hartu jakiteko arraultzak zeuzkan.” Oteizaren mentalitatea ezagutzeko bere munduan Erabakiak zuen garrantzia ulertu beharra dago. Erabaki batek lehena eta geroaren artean behin betiko zatiketa ireki lezake. Iraultza amaigabe amestuak, konspirazio ilun ezinezkoak, “haur berria” eta antzeko mesianismo injenuoak, edozer, Erabaki behin betiko baten ondorio izan zitezkeela sendo sinesten zuen Oteizak.

hermes nº:2 de 4. Subjektua eta Erabakia Oteizarengan. Joseba Zulaika

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Nork irakatsi zion lezio hau? Loiolako santuak, jakina. Ez dago bere Ejerzizio Espiritualetako suzko ezpatak ziren hitz lakoniko haiek gogora ekarri besterik: “Hay cosas que son objeto de una elección inmutable.” Eta Oteizak bere tuneletik eransten dio: “Loiolak bere erabakia euskal estiloan eta soldadu bezala hartzen du.”2 Quousque Tandem…! iraultzailearen ondoren Oteizak idatzi zuen liburu luze bakarrak, Ejercicios espirituales en un túnel, Loiolarengandik hartu zuen ez bakarrik bere izenburua, baita ere loiolatarraren grina mundu modernoak ekarritako arazo intelektual nagusien kontraesanei erantzuna aurkitzekoa. Bere herriko drama politikoak behartuta, Oteizak “euskal” arazo historiko eta estetikoak bere diskurtsoaren erdian eta nahasiki jarriko ditu. Baina ezin ahaztu, aurreko bere lanekin jarraiki, liburuaren lehen orriaren aurrez jarri duen “aklarazioan” nola aipatzen dituen Huidobroren hitzak: “Itxasoa irekiko da kastigua bete duten lehen naufragoei irtetzen uzteko.” Walter Benjamín-en antzera, moderniaren naufragioan harrapatutako gizon baten meditazioak dira Oteizaren testu hauek. Interesatzen zaion “egia” naufragoarena da, beregan eta bere herrian katastrofe bat bestearen ondoren ikusi ondoren, eta urperatzen ari zaion ontziaren mastatik, azkenik sumatzen duen iluminazioa. Naufragioa teorizatzeko Oteizak norengana eta Loiolarengana jotzen du, ez haren santitate modelua gogoko duelako, eta haren kontrareformako mundu atzerakoia eta militarismoa higuingarri izan arren. “Espainiarekin konpartitu dugu mundu erlijioso zaharkitu bat defendatzeko errua, arrazonamendu artistiko eta zientifikoetan berritzen ari zen mundu berri baten aurka.”3 Bere buruari galdetzen dio: “zer gertatzen zait neri San Inaziorekin?”, segidan erantzuteko: “Amodio neurrigabe bat diot eta bere beharkizun gaur izango zen eta bera bakarrik izan zitekeen honentzat… gizon triste eta benetakoa, ezinezko eta sakonki bizirik dagoen honen presentzia

konkretua da orain sentitzen dudana”.4 Zer aurkituko du ba Loiolarengan? Haren Erabakirako gaitasuna. Latinitateak ahuldua ikusten du Oteizak euskal izaera, salbuespen bakar batzuekin, ze “badira gure artean… erabakiak hartu dituzten batzuk”,5 Loiola batik-bat. Oteizaren heroiak ez dira lehenik gizon tolerante eta irekiak, Erabakia hartzeko indarra dutenak dira. Bizi garen mundu erori eta nahasian, Erabakiak salbatzen gaitu, eta “norberagan arriskua bizi duenak bakarrik, egiten du aukera”.6 Erabakitzeko gaitasun horren ondorioak dira hainbat aldiz aipaturiko Loiolaren “ekintza-gizon” izatea, haren “metodoa”, haren “euskal karakterra”, haren ejerzizioen “lojika”, haren “euskal jenio organizatzaile arauak”, etabar. Esan beharrik ez dago, Oteizak ez ditu batere gogoko Loiolaren “erabaki terriblea”ren ondorioak: “gizona atzera bidaliarazi egingo du, mundu honetatik atera arte. Bere erabaki izugarria horixe da: gizona lurretik desterrarazi egingo du (Jainkoarentzat). Loiolako Inazio konpiradore bat da”.7 Zer du beraz gogoko erabakian? Erabakiak egiteko ahalmen beraren forma du atsegin. Ematen du Erabakiaren ahalmenak bakarrik salba gaitzakeela. Askatasuna, berriztapena, iraultza… dena behin betiko Erabakiak bakarrik erabaki lezakeela ikasi du Oteizak Loiolagandik. Erabakiaren teoria oteiziar honek giza-nahimenarekin du zerikusi nagusia. Konozimendua alde batera gelditzen da. Loiola “gure historiako tontorik unibertsalenetako”-tzat jotzen du Oteizak,8 eta bere erretratorik gogokoena Bruegel-en “itsuen parabola” du. Ideia on bat izan ez dezakeen gizon txiki, konspiratzaile, erren, biolento, erromes, santu atzerakoi horretan zer aurki lezake batek baliogarririk? Konspiratzailea “gizon gaixoa da” Oteizarentzat, baina huraxe du hala ere gogoko, ze: “konpiratzailearentzat mundua hutsik dago, ez du mundu honetan sinesten, dogmarekin bat egiten du, amets batekin, ekintza batekin, eta berak ematen dio zentzua munduari”.9

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Konspiratzaile hauen artean (eta konspiratzaile benetakoei “dena falta zaie”) aipatuko ditugu Oteizak Marx eta Engels, Lenin eta Trosky ere.10 Eta segidan Ortegak Barojaren Aviranetaz esana aipatuko du, “Mundua hutsik dagoenez… kuraiaz bete dezagun”. Aukera ona ala txarra den jakin aurretik hartu beharra dago Erabakia. Jakintzaren aurrekoa izaki, horregatik “aukeratzen du Loiolako Inaziok. Lope de Agirrek aukeratu beharra duela konprenitzen du. Unamunok aukera egiten du. Ez dio axola desberdin eta gaizki aukeratzen dutela: erabaki eta konspiratu egiten dute. Barojak ez du erabakitzen, natura sanoko euskaldunak ez du erabakitzen. Guk gaur erabakitzen jakin beharko genuke”.11 Eskolako jakintza ere ez da arbuiatzekoa, baina bigarren mailakoa da betiere; benetan interesa zaiona “des-saber” edo “ez jakitea” da, eta ezagupenaren desokupatzeaz eta zientziaren usteen aurka hitz egingo du atseginen.12 Bere zeregite estetiko/mitikoa hain zuzen zientziak desliluratzen duena berliruratzea da. Benetako jakituria borondatearen esparruan dago, erabakiak hartzen jakiteko gaitasunean. Zer du honek guztiak gaur egungo egoera intelektualarekin? Harritzekoa bada ere, gure esteta abangoardistaren “totalitarismo” honek badu oihartzunik gaurko posmoderniaren inguruko azken debateetan. Alan Badiou filosofo frantzesak San Pablori buruz idatziak gogora dakarzki, adibidez.13 Edo Slavoj Zizek-ek Lenini buruz idatzi berriak dituenak. Liberalismo ezkertiar eta posmodernoarekin kritiko azaltzen dira autore hauek. Oteizak gustuko izango zuen Zizek-en eskandaluzko postura, zeinek nahiago luke leninista konbenzitu bat, passage à l´acte bere ondorio guztiekin pratikan jarriko duena, eta ez ezkertiar erlatibista bat, arima ederren solidaritate eta askatasunezko proiektu handiak baina benetako ekintzan zikintzeko adorerik gabea. Leninista, alderantziz, “benetakoa da, bere erabakiaren ondorioak guztiz asumitzen dituen zentzuan, erabat

jakitun izanik zer esan nahi duen boterea hartu eta agintzea”.14 Oteizari antzekoak sarritan entzun dizkiogu. Badiou ateoak San Pablori buruz idatzitakoak esanguratsu gertatzen dira Oteizaren erradikalismoa ulertzeko. Filosofo honentzat ere konozimenduaren sarea definizioz “totala” da, gaur egungo fragmentu eta partzialtasunaren aldeko proklamak alde batera utziaz. Kontinjentea izanik ere, Egia bakar eta konkretu bat egokitzen zaio egoera historiko edo Gertakizun bakoitzari. Posmoderniak erabat oposatzen du sasoi bateko ikuspegi platonikoaren dogma, zeinaren arabera mugimendu politiko bat egia metafisiko edo transzendental batean oinarri zitekeen; honela jokatzeak hogeigarren mendeko totalitarismo katastrofikoak besterik ez digu ekarri, dio posmoderniak. Oteizak, platoniarra izaki, eta Badiouk bezala, Egiaren politika unibertsal batean sinesten zuen. Bere Egia estetikoa zen funtsean, baina filosofoen egiaren antzera dimentsio “metafisikoa” eta betikoa zuen alde guztietatik (gogora bere “kaixa metafisikoak”). Posmoderniaren ikuspegitik Gauza Benetakoarekin egindako edozein enkontru amets patetiko eta engainoso bat besterik ezin daiteke izan. Ez horrela Oteiza edo Badiourentzat. Subjektuaren hizkuntzatik, eta ez Konozimendu neutrotik, egiten du zentzu Badiouren Egia-Gertakizunak; amodioak jota bazaude, edo kausa politikoren bati guztiz emana, edo egia zientifiko baten deskubrimenduz harrapatua, edo esperientzia estetiko baten mende, barrutik eta ez kanpotik dakizu, shiboleth baten antzera, gertakizun bakar horren Egia. Subjektu hizkuntza honek hizkuntza arrunta bere onetik ateratzen du, honen oinarrizko esanahiak errotik astinduz, eta erreferentzia “hutsik” bertan behera utziaz. Huts honen zuloa apustu bat gertatzen zaio Subjektuari, erabaki behin betikoa esijitzen duena, ekintzaren bidez helburua lortu arte, Egia ezagutu arte. Benetako Gertakizun iraultzailea egoeraren “hutsune” honetan sortzen da. Ez da harritzekoa beraz bai Ba-

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diouri eta bai Oteizari (eta Laclau, Zizek eta gaur egungo beste pentsalari interesgarrien ugariei) “hutsa”ren hizkuntza hau nahitaezko gertatzen zaiela Subjektuaren hizkuntza hori artikulatzeko orduan. Baina zergatik erlijiora jo, eta kristau erlijiora bereziki, Subjektuaren zatikatze eta egiaztatzea teorizatzeko orduan, Badiouk eta Oteiza ateoek, katoliko dogmatikoak bailiran, bere santuekin egiten dutenaren antzera? Agian, Zizekek dioen bezala,15 erlijioa delako ideologiaren domeinu oinarrizkoa, bere “sintoma” nagusia, eta Badiou eta Oteizaren antzeko pentsalarien Egia Subjektuari egiten zaion Althusser-en “interpelazio ideologikoa” delako, erlijioak fededunari egiaren gordeleku eta testigu izateko egiten dion eskakizuna. Badiouk San Pabloren defentsa sutsua egiten du honek Kristoren Pizkundearen fikzioaren inguruan sortu zuen kristau Egia-Gertakizuna egitazko “singularitate unibertsala” dela argudiatuz; hau da, gertakizun bakarra indibiduoak unibertsalki (herrialde, sexu, klase sozialen gainez) Subjektu izatera deitzen dituena. Oteizak San Inazioren mundu atzeratuarekin bezala, Badiouk ondo daki San Pabloren mirakulu eta gainontzekoak oskurantismo erlijiosoa besterik ez direla, gaur egun inolako justifikaziorik gabeak. Pizkundearen fabulan oinarrituriko kristautasuna Egia-Gertakizunaren paradigma bezala jartzea eskandalu bat da gaur egungo mundu intelektualean, baina Badiouren soluzioa, Oteiza hainbat gogoratzen diguna, esankorra da: San Pablo azken batean egiaprozeduraren kondizio formalen teorikoa da, ze berak eskaintzen digu Egia-Gertakizun bati unibertsalki fidelitatea gordetzea nola ematen den. Nahiz eta San Pabloren edo San Inazioaren mezu partikularrak ez duten guretzako jadanik balio, kristau erlijioan Subjektua nola gauzatzen denaren modu operatiboak badute gure autore hauentzat errelebantzia eta unibertsaltasun apartekoa. (Oteizaren beste autore min bat, Unamunoren zehar, ezin ahaztu hemen, Kierkagaard) Honek guztiak formalki Oteizaren “erabakia”rekin du zerikusi estua. Zeren, Zizekek laburbiltzen duen bezala, “zer gertatuko litzateke Badiouk Egia-Gertakizuna

deitzen duena, bere erradikalenean, erabaki ekintza guztiz formala bada, benetako egia bat, baina azken finean aipatzen duen Egia-Gertakizun horren estatus zehatzari (benetakoa ala fikziozkoa) axolagabe? Zer Egia-Gertakizunaren osagai funtsezko batekin ari bagera hemen—zer Gertakizunari egitazkoari fidelitatea “dogmatikoa” bada, Fede baldintzagabearen zentzu zehatzean, arrazoi egokiak esijitzen ez dituen jarrerarena, eta horretxegatik hain zuzen edonolako “argumentazioak” gezurta ezin lezakena?”.16 Oteiza dogmatikoa zein ados egongo litzateken! Oteizarentzat eskultura denbora eliminatzeko tresna zen. Bere idazle maiteenetakoa Mallarmé zuen eta honen “dadoen kolpeak ez du halabeharra deuseztatuko” esaldia behin eta berriro errepikatzen da Oteizaren idatzietan. Denboraren hutsune horretan eta zortearekin aurrez-aurre, indibiduoak Subjektu izateko deia jasotzen du —Erabakiaren ordua da. Oteizaraen “hutsak”, “denboragabeziak”, “dadoak”, “kaxa metafisikoak”, “maskarak” eta beste asmakizun guztiak gauza formalak direla esan beharrik ez dago, estetikak eta mitologiak diren bezala, erabakiak eta pizkundeak bezala, Subjektuak eta “haur berriak” bezala, baina erabakior diren formak, transfigurazio eta iraultza guztien iturri bakarra. Erabakiaren kolpea da Loiolarengandik ikasi duena Oteizak, ez haren moralismoak eta masokismoak. Subjektua erabaki horixe da.

NOTAS 1 Interpretación estética de la estatuaria megalítica Americana (Madrid: Ediciones de Cultural Hispánica, 1952), 115. 2 Jorge Oteiza, Ejercicios espirituales en un túnel… 288 3 4 5 Ibid. 275 Ibid. 274 Ibid. 13 6 7 8 Ibid. 326 Ibid. 288 Ibid. 125 9 10 11 Ibid. 280 Ibid. 288 Ibid. 327 12 Interpretación, 47 13 Alan Badiou, Saint Paul: La foundation de l’universalisme (Presses Universitaires de France, 1997). 14 Slavoj Zizek, The Ticklish Subject: The Absent Center of Political Ontology (Verso, London, 2000), 218. 15 16 Ibid. 141 Ibid. 144

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SABINO ARANAREN ILOBA CARMEN AIZPURUK EUSKAL ABERTZALETASUNAREN SORTZAILEAREN LEGATU PERTSONALA EMAN DIO DOHAINTZAZ ABERTZALETASUNAREN AGIRITEGIARI ETA MUSEOARI Sabino Aranaren heriotzaren (1903ko azaroaren 25a) urteurrenarekin batera, Carmen Aizpuruk, Sabino Arana Goiri eta Nikole Atxikallende senar-emazteen agiri, altzari eta bestelako tresneriaren jaraunsle bakarrak, Sabino Arana Kultur Elkargoak kudeatzen duen Euskal Abertzaletasunaren Museo eta Agiritegiari eman dio dohaintzaz euskal abertzaletasunaren sortzailearen legatu pertsonala. Carmen Aizpuru Sabino Aranaren iloba da Nikoleren, haren emaztearen, aldetik eta egoera ezin hobean gorde eta artatu ditu gaur arte osabaren zenbait agiri, altzari, jantzi eta beste tresna batzuk. Jaraunspenez jaso zituen EAJren sortzailearen bizitza pribatuko gauza horiek, Sabino Aranaren alde pertsonal eta gizatiarrenari buruzkoak, hain zuzen.

Horrenbestez, dohaintzaren handia Sabino Aranaren langela nabarmentzen da: mahaia eta idaztegiko zenbait material, beirarasaliburutegi bi, aulki bat eta besaulki bi, bakoitza bere aldekoak; Larrinagako espetxean egon zenean erabili zuen burusia; haren kapela garaia eta eskularru zuriak; artailu bat gipuzkoar afiliatu batzuek idatzitako eskaintzarekin zorionak emateko Bizkaian diputatu-akta lortzeagatik; “Azken afaria”ren argazki bat marko eta guzti; eta arreo osoa (mahai-zapiak, oherako jokoak, ontziteria, beirateria…) Horrekin guztiarekin batera, Carmen Aizpuruk bere biblioteka partikular osoa ere eman dio dohaintzaz Sabino Arana Kultur Elkargoari. Biblioteka XIX. mendearen azken aldean eta XX.aren lehenengo herenean argitaratutako liburuki ugarik osatzen dute. Orobat, nabarmena da Sabino Aranaren biblioteka pertsonala: testu-liburuekin, kontsultarakoekin eta gai ugaritakoekin. Kultur Elkargoak ondasun horiek agiritegi eta museo ondarea aberasteko baliatuko ditu, horretara euskal abertzaletasunaren sortzailearen mezua eta legatua gorde, artatu eta ezagutarazteko. Dohaintzaz emandako gauza eta material hauek guztiak 2005eko urtarrilaren 25era arte ikusi ahalko dira, Artea-Arratian Euskal Abertzaletasunaren Museoak daukan Manu Egileor aretoan Sabino Aranaz irekita dagoen erakusketan.

CIEN AÑOS DE NACIONALISMO VASCO EN BERGARA Dentro de los actos que la Junta Municipal de EAJ-PNV de Bergara ha organizando para celebrar el centenario de la inauguración de su primer batzoki, el ex-presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV, Xabier Arzalluz, presentó el pasado 2 de diciembre en esta villa del Alto Deba el libro “Bergarako batzokia. Ehun urte abertzaletasunaren bideak jorratzen - Batzoki de Bergara. Cien años abriendo camino nacionalista” .

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El volumen, editado por la Fundación Sabino Arana, y prologado por el propio Arzalluz, es un trabajo de investigación histórica realizado por el periodista Juan Luis Bikuña, quien destaca la labor social, cultural y política que ha realizado el batzoki entre los bergareses en sus cien años de historia. En el libro, Bikuña comienza recogiendo el insólito brote del nacionalismo en Bergara, emanado en la ideología “Bizkaitarra” de Sabino Arana, que caló en la villa en 1903 merced al impulso de hombres como Fidel Agirreolea, Marcos de Mugica o Secundino de Ugalde inspirados, seguramente, por su paisano Koldo Eleizalde. Y, un año después, el 12 de diciembre, “62 socios del pueblo y 21 socios forasteros” lograron abrir su primera sede: Bergarako Euzko Batzokiya. A partir de ahí, Bikuña va relatando la aportación política y cultural del Batzoki al pueblo de Bergara recogida de crónicas de periódicos de los primeros años del pasado siglo, de datos obtenidos en el Archivo Municipal y de testimonios de hombres y mujeres que dieron lo mejor de su vida por un ideal. Con pinceladas políticas de distintas etapas como telón de fondo, se cuentan, además, las actividades socioculturales desarrolladas desde el Batzoki: enseñanza del catecismo, representaciones teatrales, conciertos corales, etc., en los dos emplazamientos que tuvo en la calle Bidekurutzeta, hasta la invasión franquista el año 1936. Describe, también, otros episodios como los vividos por la “Resistencia” (a través de los recuerdos de Jokin Intza, exiliado en Caracas y posteriormente brazo derecho de Rezola en Iparralde), su organización, algunos hombres y mujeres que tomaron parte en ella, las distintas y arriesgadas acciones llevadas a cabo por arrojados militantes; la entrega absoluta a una ideología de hombres como Agustín Unzurrunzaga “Zabale”, que prefirió entregar su vida antes que delatar a sus compañeros de filas...El trabajo arduo de gentes anónimas que lucharon por su Pueblo. Después, la llegada de la democracia y la recuperación del viejo Batzoki en el año 1975. Y la bomba que la “Triple A” colocó en el portal del Batzoki en febrero de 1979 causando importantes destrozos; y la nueva ubicación de la sede en San Pedro kalea. En fin, historia y realidad actual reflejada, además, a través de 49 fotografías recabadas en archivos y familias bergaresas. Es, en definitiva, la historia de cien años marcando el camino nacionalista.

Con este trabajo de investigación, Bikuña ha tratado, como él mismo asegura, de “lanzar una mirada retrospectiva, de recordar cien años de vida y abrir una ventana al futuro. Así de simple. Así de sencillo. Ayer la vida era distinta, hoy los tiempos son diferentes pero el espíritu es el mismo. Al final, cien años no son nada...” va desgranando este recorrido comenzando por los orígenes de la primera sede nacionalista ubicada en Bidekurutzeta, pasando por los años 30, la guerra del 36, la “Resistencia”, la recuperación del “viejo” batzoki con la llegada de la democracia hasta llegar a la actual sede en la calle San Pedro.

SABINO ARANA KULTUR ELKARGOAK “BITXIAK. GURE HISTORIAKO AGIRI-BITXIAK. SABINO ARANA GOIRI” SAILEKO BILDUMA BAT ARGITARATUKO DU BERE BAZKIDEENTZAT. Sabino Arana Kultur Elkargoak, euskal abertzaletasunaren sortzailearen heriotzaren mendeurrena ospatzeko garatu dituen jardueren bukaeratzat, “Bitxiak. Gure historiako agiri-bitxiak. Sabino Arana Goiri” saileko bilduma bat argitaratu berri du bere bazkideentzat bakarrik. Kontu handiz landutako karpeta bat da, eta barruan, berrogeitik gora faksimil: eskuizkribuak, gutun eskuz idatziak, eskola-liburuxkak, argazkiak, ezkontza-txartela, ikurrinaren diseinua, “Euzkadi” egunkariaren ale bat, etab., eta guztiek dute zerikusia harako “Euzkotarren aberria Euzkadi da” burutapen hura argi eta garbi eta lehenen aldarrikatu zuen gizonarekin. Horretara, Kultur Elkargoko bazkideek zenbait dokumentu gorde ahalko dituzte gomutagarritzat; hain zuzen ere, horiek guztiok bere garaian jazarriak izan ziren euskal abertzaletasunarekin zerikusia izatearren, baina gaur egun harrotasun-zio eta gure historiaren ber-bertako lekuko bilakatu dira.

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Justizia administrazioak elebidun izan behar du

an honen ideia nagusia horrela laburbil daiteke: Konstituzioak aukeraturiko hizkuntza ereduaren eta honen oinarri den ofizialkidetasun printzipioaren arabera, herritar euskaldunek, Justizia Administrazioarekin dituzten harremanetan, euskaraz aritzeko oinarrizko eskubidea dute; eskubide horrek bi alderdi ditu: alde batetik, alderdi aktiboa, euskaraz aritzeko eskubidea, hots, Justizia Administrazioari zuzentzerakoan euskara erabiltzekoa, eta bestetik, alderdi pasiboa, erantzuna ere euskaraz jasotzeko eskubidea; bi alderdi horiek eskakizun bakar batean batzerik bada: judiziozko prozedura euskaraz eramatea, hau da, prozedurak erabilitako lan-, eztabaida-, eta erabakihizkuntza euskara izatea; horretan oinarritzen da eskubide horrek dakarren Justizia Administrazioaren betebeharra, betebehar hori gauzatzeko nahitaezkoa zaielarik elebidun izatea; eta eskubide-betebehar horiek Espainiako Oinarrizko Arauetan jasota daudelarik, benetan gauzatu ahal izateko neurriak falta dira, ESTEBAN UMEREZ ARGAIA Bizkaiko Abokatuen Bazkuhala lege-aldaketak nola neurri neko Euskara Batzordeko pertsonal eta baliabide materiakide. Eusko Jaurlaritzako Justizia Saileko Euskararen lak. Normalkuntzarako Batzordean hartzen du parte, abokatu aholkulari modura. Justizia Euskaraz Elkarteko kide ere bada”. “Esteban Umerez Argaia (Arrasate, 1974) Abokatua. Bizkaiko Abokatuen Bazkuneko Euskara Batzordeko kide. Eusko Jaurlaritzako Justizia Saileko Euskararen Normalkuntzarako Batzordean hartzen du parte, abokatu aholkulari modura. Justizia Euskaraz Elkarteko kide ere bada”.

1.– Judiziozko prozedurak euskaraz eramatea legezko eskubidea da herritarrontzako, eta justizia administrazioarentzako, betebeharra Euskara erabiltzeko eskubidea Espainiako Oinarrizko

Arauek aintzatesten duten oinarrizko hizkuntz eskubidea dela, eta honek betebeharra dakarrela, honako arauek baieztatzen dute: Espainiako Konstituzioko 3. artikuluko 2. paragrafoa: “Beste hizkuntza espainiarrak ere ofizialak izango dira dagokien Autonomi Erkidegoan, norbere Estatutuen arabera”. Konstituzioko 9-2. artikuluaren arabera: “Botere publikoei dagokie gizabanakoen eta taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eraginkorrak izan daitezen baldintzak sustatzea; horien osotasuna eragotzi edo zailtzen dituzten oztopoak baztertzea eta herritar guztiek bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean parte hartzea erraztea”. 14. artikuluak, bere aldetik, zera ezartzen du: “Espainiarrak berdintsuak dira legearen aurrean, eta ezin izango da jaiotzan, arrazan, sexuan, erlijioan, iritzian edo bestelako baldintza edo inguruabar pertsonal nahiz sozialean oinarritutako diskriminaziorik gailendu”. 24-1. artikulua: “Pertsona orok du epaile eta auzitegien babes eraginkorra jasotzeko eskubidea bere bidezko eskubide eta interesak egikaritzerakoan, eta ezin izango da inolaz ere defentsagabeziarik eragingo”. Azkenik, 10-2. artikulua: “Konstituzioak aintzatesten dituen oinarrizko eskubide eta askatasunen inguruko arauak Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren eta gai horietan Espainiak berresten dituen nazioarteko itun eta hitzarmenen arabera interpretatuko dira”. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuko 6. artikuluak dio: “Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hiz-

hermes nº:2 de 7. Justizia administrazioak elebidun izan behar du. Esteban Umerez Argaia

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kuntza ofizialen maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera, eta guztiek dute bi hizkuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea (...) Hizkuntza dela-eta, ez da inor gutzietsiko”. Nazioarteko arauen artean, zera dio Giza eskubideen Deklarazio Unibertsalaren 2. artikuluak: “Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta askatasunak, eta ez da inor bereziko (...) hizkuntza, (...) edo beste inolako gorabeheragatik”. Zentzu berean arautzen dute 1966ko Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Hitzarmenak; 1966ko Eskubide Zibil eta Politikoen Hitzarmenak; 1992ko Gutxiengo Nazional, Etniko, Erlijioso eta Linguistikoetako kide diren pertsonen eskubideen gaineko Adierazpenak; Kultur aniztasunaren gaineko UNESCOren Adierazpenak; eta Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenak. Azkenik, derrigorrezkoa zaigu gai honetan berebiziko garrantzia duen Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Ituna aipatzea. Itun hau 2001 urtetik hona da zuzenean aplikatu beharreko zuzenbidea Espainian, honek 2001eko irailaren 15ean argitaratu baitzuen, Estatuko Aldizkari Ofizialean, Itunaren berrespen tresna. Eta berrespen tresna horretan berariaz jasotzen da Espainiako Erresumak Itunaren 9-1. artikulua bere osotasunean onartzen duela. 9-1. artikulu honen arabera, laburbilduz, “jurisdikzio-organoek, aldeetako batek eskatuta, prozesua eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzan gara dezatela ezartzeko” konpromisoa hartu zuen Espainiak. 2.– Konstituzioak aukeratutako hizkuntza-ereduak horrela eskatzen du “Konstituzioak aukeratutako eredua hizkuntza-aniztasunean eta ofizialkidetasunean oinarritzen den eredu bat da, eta ho-

nek berez dakar herritarrek euskara erabiltzeko eskubidea izatea Administrazio Publiko guztien aurrean, bai eta, ondorio logiko modura, Administrazioek euskaraz erantzuteko betebeharra izatea, erabaki konstituzional baten emaitza delako” Aurreko atalean aipatu arauetan, eta ahaztu ahal izan ditudan bestetan, oinarritzen dira euskaldunon hizkuntz eskubideak. Ene ustetan, gainera, eskubide izaera hori bat dator Konstituzioak 1978an aukeratu zuen Estatu mota eta hizkuntzaereduarekin. Konstituzioaren Aitzinsolasak ematen digu lehendabiziko aztarna: “Espainiako Nazioak, justizia, askatasuna eta segurtasuna ezarri nahian, eta osatzen duten guztien ongia lortu asmoz, bere subiranotasuna erabilita, honako borondatea aldarrikatzen du: espainiar eta Espainiako herri guztiak babestea, giza eskubideen, beraien kultura eta ohituren, hizkuntza eta erakundeen egikaritzan”. Eta 3-3. artikuluak irizpide hau berresten du: “Espainiako hizkuntza-modalitate ezberdinen aberastasuna begirune eta babes berezia jasoko duen ondare kulturala da”. Funtsezko aldarrikapen horiek egin eta gero, ofizialkidetasunean oinarritutako hizkuntzaeredu bat ezartzen du Konstituzioak zalantzarik gabe: hau da, Estatuaren hizkuntz espainiar ofiziala gaztelera dela dio (3-1. artikulua) eta beste hizkuntzei ofizialtasun bera aintzatesten die norbere Autonomi Erkidegoan (3-2. artikulua). Ofizialtasun horrek zer esan nahi duen, eta ea hizkuntza-eskubideak sorrarazten dituen jakin ahal izateko, Konstituzio Auzitegiak berak botatako hitzak baino ezer hoberik ez da, 1986ko ekainaren 26ko 82/1986 Epaian: “Konstituzioko 3-1. eta 2. artikuluak eta honekin bat datozen Autonomi Estatutuetakoek osatzen dute hizkuntza-aniztasunaren arauketaren oinarria (...), Espainiako Konstituzioaren “hizkuntza-ereduaren lerro nagusien” barruan, Estatuko Aboka-

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tuaren hitzetan. (...) Hizkuntza bat ofiziala da, bere errealitatea edo fenomeno sozial modura duen pisua edozein delarik ere, botere publikoek euren artean eta subjektu pribatuekiko dituzten harremanetarako komunikazio-bitarteko arrunt modura onartzen dutenean, balio eta efektu juridiko osoekin. (...) Horren ondorioz sortzen den koofizialtasunak autonomi lurraldean kokatuta dauden botere publiko guztiak hartzen ditu, Administrazio zentralaren eta zentzu hertsian estatuko beste erakundeen menpe dauden organoak salbuetsi gabe. (...) Hizkuntz koofizialtasun estatutua duten lurraldeetan, partikularrek edozein hizkuntza ofiziala erabiltzeak balio juridiko osoa du, beraz, lurralde horretan kokaturiko edozelako botere publikoekin dituzten harremanetan, pertsonek hizkuntza ofizial bat erabiltzeko duten eskubidea Konstituzioan eta dagokion Autonomi Estatutuan oinarritutako eskubidea delarik. (...) Azken finean, hizkuntza baten ofizialtasunak berez eragiten du kasu batzuetan botere publikoek beraien eginbideak eta herritarrarekiko harremanak hizkuntza horretan garatu beharra, interesatuak hori aukeratu eta horretarako baliabideak jarri direnean (...) euskaraz artatua izateko eskubidea (“derecho a ser atendido en euskera”), prozedura hizkuntza honetan hasi eta bultzatzen denean, koofizialtasunaren ondorio logikoa da, eta hori ukatzea gutxiagoko “status” batean jartzea litzateke. Eta administratuak euskara erabiltzeak, sekula, Estatuko edo Autonomiako Administrazioari zailtasunak eragiten badizkio, zailtasun horiek erabaki konstituzional baten emaitza dira eta ezin dira izan erabilpen hori funtsik gabe uzteko aitzakia”. Argi dago, beraz, Konstituzio Auzitegiaren hitzetan, Konstituzioak aukeratutako eredua hizkuntza-aniztasunean eta ofizialkidetasunean oinarritzen den eredu bat dela, eta honek berez dakar herritarrek euskara erabiltzeko eskubidea izatea Ad-

ministrazio Publiko guztien aurrean (eskubidearen alderdi aktiboa), bai eta, ondorio logiko modura, Administrazioek euskaraz erantzuteko betebeharra izatea (alderdi pasiboa), erabaki konstituzional baten emaitza delako. 3.– Gaur egungo itzulpen sistema ez da hizkuntz eskubideak benetan gauzatzeko baliabidea: justizia administrazioak elebidun izan behar du “Judiziozko prozedura hizkuntza da, dialektika, eta maila honetan funtsezkoa da Epailea, prozesuko eragile nagusia, mezu juridikoa eta eztabaida dialektikoa herritarrak aukeraturiko hizkuntzan zuzenean jaso eta erantzuteko gai izatea. Zentzu honetan, itzulpen sistemak hurrentasunaren oinarrizko printzipioa urratzen du”. Hausnarketa horiek Justizia Administraziora ekarrita, berezkoa da ondorioa: Justizia Administrazioa botere publikoa da, eta Konstituzioaren eta Legeen menpe dago, derrigorrezkoa zaiolarik herritarren eskubideak, hizkuntza-eskubideak kasu honetan, gauzatu ahal izateko behar diren neurriak hartu eta betearaztea. Justizia administratu beharraz ari garen honetan, gainera, ezaugarri propioak ematen dira: edozein judiziozko prozeduratan erabakitzen diren gaiek berebiziko garrantzia dute auzitara doan herritarrarentzako (egoera pertsonalak, askatasunaz gabetzeko zigorrak, ondare eta pertsona eskubideak, egoera administratiboak, lan harremanak, eta abar), eta hori dela eta prozedura-arau eta berme bereziak ezartzen dira judiziozko prozesuetan, Justiziaren eta herritarren artean sortzen diren harreman bereziak ez baitira nolanahikoak. Justizia administrazioak, horrela, arreta handiagoa jarri behar du herritarrekiko dituen harremanetan, baita hizkuntza-eskubideen inguruan ere. Hortaz, ofi-

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zialkidetasunak, hizkuntza-eskubideen errespetuak, maila berezi bat hartzen du harreman zehatz hauen esparruan: ezinbestekoa da Justizia Administrazioak bi hizkuntza ofizialak ezagutzea eta erabiltzeko gai izatea, herritarrari, bere eskubidearen egikaritzan aukeratutako hizkuntza edozein delarik ere, behar duen erantzuna eman dakion. Judiziozko prozedura hizkuntza da. Hizkuntzaren bitartez ezartzen dira alderdi bakoitzaren jarrerak, hizkuntzaren bitartez igortzen mezu juridikoak, eta hizkuntzaren bitartez bideratzen eztabaida juridikoak. Erabakia ere, Epaia, hizkuntzaren bitartez ematen da. Hots, judiziozko harremanak, eztabaidak eta erabakiak dialektikoak dira. Eta maila honetan funtsezkoa da Epailea, prozesuko eragile nagusia, mezu juridikoa eta eztabaida dialektikoa herritarrak aukeraturiko hizkuntzan zuzenean jaso eta erantzuteko gai izatea. Itzultzaileak ez baitu harreman dialektiko horretan behar bezain besteko funtzioa betetzen. Itzultzailea mezu juridikoaren igorle eta hartzailearen artean ezartzen den bitartekoa da, filtroa, eta ez dio Epaileari mezu juridikoa bere jatorrian eta osotasunean hartzen uzten. Eten egiten du harreman dialektiko hori, eta unean uneko zailtasunaren eta gaitasunaren esku uzten du mezu juridikoa zuzenki igorri eta jaso ahal izatea. Beraz, itzulpen sistemak hurrentasunaren oinarrizko printzipioa urratzen du, eta kolokan jartzen du herritarrak babes judizial eraginkorra jaso ahal izatea. Xede horretarako, ondorioz, nahitaezkoa da Justizia Administrazioak euskara ezagutzea eta erabiltzeko gai izatea, behar diren neurriak hartuz. 4.– BJLOko 231. artikulua eta konstituzio auzitegiaren interpretazioa aldatu egin behar dira

“Ez BJLOko 231. artikuluak ezarritako arauketa ez eta Konstituzio Auzitegiak egindako interpretazioa ere, ez datoz bat Konstituzioak ezarritako hizkuntza-ereduarekin eta judiziozko prozeduran eman beharreko berme eta printzipioekin”. “Judiziozko prozeduraren hizkuntza herritarrak aukeratutako hizkuntza ofiziala izan behar da; horrek esan nahi du eginbide eta jardun guztiak aukerako hizkuntza ofizial horretan landu eta garatu behar direla”. Aldiz, judiziozko prozeduren hizkuntza arautzen duen Legea ez dator bat aurreko atalean jasotako hausnarketekin, ez eta, beraz, Konstituzioak ezarritako hizkuntza-ereduarekin eta aintzatetsitako hizkuntza-eskubideekin. Prozeduraren hizkuntza Botere Judizialaren Lege Organikoko 231. artikuluak arautzen du nagusiki, horrekin bat datozen beste artikulu batzuekin batera. 231. horren arabera, “1.– Jarduera judizial orotan, Epaile, Magistratu, Fiskal, Idazkari eta epaitegietako zein auzitegietako gainerako funtzionarioek GAZTELANIA, hau da, Estatuko hizkuntza ofiziala, erabiliko dute. 2.– (...) Autonomia Erkidegoko berezko hizkuntza ofiziala ere ERABILI AHAL IZANGO DUTE, baldin eta ezein alderdik aurka egingo ez balu, hizkuntza ez jakiteak defentsagabezia eragingo lukeela alegatuta. 5.– (...) Ahozko jardueretan, Epaileak edo Auzitegiak INTERPRETE izendatu ahal izango du erabili den hizkuntza hitz egiten duen edozein pertsona, zin egin edo hitz eman ondoren”. Artikulu horrek, beraz, Epaileek euskara erabili ahal izatea xedatzen du, baina ez erabili BEHAR izatea, eta ahozko jardueretan interpreteen esku hartzea arautzen. Ñabardura bat nabarmendu beharra badago, gainera: BJLOko 231. artikulu horrek berdin hartzen ditu gaztelania ez diren beste hizkuntza guztiak, eta inolako ezberdintasunik ez du egiten ofizialak eta ez ofi-

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zialak diren hizkuntzen artean. Horrela, tratamendu berbera jasotzen dute gaztelania ez den edozein hizkuntzen hiztunek (demagun, frantsesek, ingelesek, arabiarrek, txinatarrek, euskaldunek, katalanek edo galegoek), Espainian, Konstituzioak hala ezarrita, gaztelania ez besteko hizkuntza ofizialak badaudela ahaztuta, eta ondorioz, status ofizial hori eta horri lotutako hizkuntza-eskubideak urratuta. Halaber, gaztelania ez den beste hizkuntza ofizial bat erabiltzeak hizkuntza hori ezagutzen ez dutenei defentsagabezia eragin dakiekeela onartzen du artikulu horrek, baina ez da sekula onartzen kontrakoak, hots, hizkuntza ofizialaren erabilpena ukatzeak, defentsagabeziarik eragin dezakeenik. Hori baita Konstituzio Auzitegiak ezarri duen dotrina, interpretazioa. Adibidez, 1997ko urriaren 1ean emandako ebazpenean, argi uzten du Auzitegi honek itzulpen sistemaren inguruko iritzia: “errekurtsogileek eta beraien letradu defentsariek ahozko judizioan euskaraz aritzeko egin zuen eskariari emandako erantzuna da, juridikoki funtsatua eta logikoki neurrizkoa dena; arrazoi hori dela bide, horiek ezin dituzte babes-demandan salatzen diren eskubideak urratu, alegia, babes judizial eraginkorrerako eskubidea, berme guztiak izango dituen prozesu baterako eskubidea eta defentsa-eskubidea”. Aitzitik, gorago emandako argudioetatik ondorioztatzen da, ez BJLOko 231. artikuluak ezarritako arauketa ez eta Konstituzio Auzitegiak egindako interpretazioa ere, ez datozela bat Konstituzioak ezarritako hizkuntza-ereduarekin eta judiziozko prozeduran eman beharreko berme eta printzipioekin (bereziki, hurrentasun printzipioa). Hori dela eta, ene ustetan, erabat beharrezkoa da biak –legea eta dotrina– berrikusi eta aldatzea. Ildo horretatik doa berriki, 2004ko urriaren 1ean, Bizkaiko Probintzi Auzitegi-

ko 1. Sekzioak Konstituzio Auzitegiari igorri dion inkonstituzionaltasun auzia edo kuestioa(1). Hain zuzen ere, BJLOko 231. artikulua Konstituzioaren aurkakoa ote den galdetu dio Bizkaiko Probintzi Auzitegiak beste hari, herritarrak euskara hutsean epaitua izateko eskubidea aldarrikatu duen zigor-arloko epaiketa baten karira. Eta ongi etorria eman behar diegu honen moduko ekimenei, argudio juridiko hauek erabiltzen eta iritzi hauek plazaratzen hasteko garaia baita. Zentzu berberetik doa Kataluniako Parlamentuak Botere Judizialaren Lege Organikoa aldatzeko egindako Lege Organiko Aldaketa Proposamena(2). Proposamen honen arabera, lekuan lekuko hizkuntza eta zuzenbide propioa ezagutzea derrigorrezko betekizuna izango da dagokion Autonomi Erkidegoan lan egin nahi duten Epaile eta Magistratuentzako. Prozeduraren hizkuntza ere herritarren aukeraren araberakoa izango da. Dagoeneko jaso du Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren kontrako txostena, baina iritzi honek ez duenez botere legegilea lotzen, Kongresu eta Senatuak izango dute orain hitza. Beste alde batetik, Justizia Administrazioak eta bestelako Administrazio Publikoek duten arauketa ezberdinaz ere behar da aipuren bat egin. Hainbatean aipatu dugun hizkuntza-eredu elebiduna eta hizkuntzen ofizialkidetasun hori hobeto errespetatzen da prozedura administratiboen kasuan. 30/1992 Legeko 36. artikuluak ezarritakoaren arabera, prozedura administratiboak interesatuak aukeraturiko hizkuntza ofizialean izapidetuko dira. Interesdun ezberdinen artean ezadostasunik balego, gaztelania da arau honek ezartzen duen hondarreko hizkuntza (hau zalantzan jartzerik ere bada), baina agiriak eta lekukotzak aukeratutako hizkuntza ofizialean eman beharko ditu Administrazioak.

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Administrazio Publikoentzako baliagarria den eredu honek berdin balio beharko luke Justizia Administrazioarentzako, hau ere botere-zerbitzu publiko baita eta herritarren eskubideekiko betebehar berberak dituelako. Betebehar zorrotzagoak, akaso, herritarren eskubideak bermatzerakoan eta legea betearazterakoan zeregin berezia baitu Justizia Administrazioak. Ene ustetan, herritar guztion hizkuntza-eskubideak bermatzeko, aukeratzen dugun hizkuntza ofiziala edozein delarik ere, Justizia Administrazioan ezarri behar den formulazioa honakoa da: judiziozko prozeduraren hizkuntza herritarrak aukeratutako hizkuntza ofiziala izan behar da; horrek esan nahi du eginbide eta jardun guztiak aukerako hizkuntza ofizial horretan landu eta garatu behar direla; prozeduran dauden alderdiek hizkuntza ofizial desberdinak aukeratuz gero (ezadostasun edo “discrepancia” hitza albo batera utzita), bi hizkuntza ofizialetan eraman beharko da prozesua, horrek bakarrik bermatzen baitu ez zaiola inori defentsagabeziarik eragingo; eta, horretarako, Justizia Administrazioak, berau osatzen duten eragile nagusi diren Epaile, Magistratu eta Idazkariek, egokia den kopuruan, bi hizkuntza ofizialak ezagutu eta menperatu behar dituzte. (Bide batez, Ministerio Fiskalak betebehar berbera duela uste dut, Konstituzioko 124. artikuluak ezarritakoaren arabera, eta nire iritziz ezin zaio “alderdi” izaera onartu zentzu honetan, herritarrei, pertsona fisiko zein juridikoei, dagokien eskubidea bere buruarentzako aldarrikatu baino, eskubide hori bermatu eta betearaztea delako bere funtzioa). 5.– Zuzenbide konparatuak eman diezaguke erantzuna “Helburua lortzeko behar diren neurriak hartu behar ditu bai Legeak baita Justizia Administrazioak ere, eta bide hori po-

sible dela frogatzeko Zuzenbide Konparatuan aurki ditzakegun adibideak aztertu baino ez dugu behar”. Argudiatu dudan bezala, Justizia Administrazioak bi hizkuntza ofizialak ezagutu behar ditu eta prozesuaren hizkuntza herritarrak aukeratutakoa izan behar da. Helburu hori lortzeko behar diren neurriak hartu behar ditu bai Legeak baita Justizia Administrazioak ere, eta bide hori posible dela frogatzeko Zuzenbide Konparatuan aurki ditzakegun adibideak aztertu baino ez dugu behar(3). Adibidez, Italian, Bolzanoko Probintzian Epaile izan ahal izateko derrigorrezkoa da alemaniar talde etnikoko kide izan eta alemaneraren hizkuntza-gaitasuna frogatzea. Suitzan berdintsu, Friburgo, Berna edo Valais-eko Kantoi elebidunetan, hizkuntza ofizial biak ezagutzea betekizuna da hala Epaileentzako nola justiziari lotutako langileentzako; are gehiago, Suitzako Auzitegi Federaleko Magistratu postuetarako hizkuntza-kuotak daude ezarrita, kasu bakoitza jatorrizko prozeduraren hizkuntza berberean erabaki ahal izateko. Kanadako Quebec estatu federatuan, baina baita Auzitegi federaletan ere, prosezua zuzentzen duen epaileak bi hizkuntza ofizialak ezagutu behar ditu, herritarrek hala eskatuz gero, interpreterik gabe ulertzeko eta erantzuteko gai izan daitezen. Belgikako adibidea ere berdina da: lurraldeka zatikatuta daude hizkuntza ofizialak eta epaitegiak, baina Bruselako eskualdean lan egin ahal izateko elebidunak izan behar dute Epaileek. Betekizun horiekin batera, hizkuntzaren araberako eskuduntza– eta banaketa-arauak aurreikusten dituzte herrialde horietako legeriek. Ez dakit zer iritzi mereziko lukeen Espainiako kasuan, eta Auzitegi Gorenari begira, hizkuntza-gaitasunaren betekizuna eskatzeak, baita kasazioko auzitegi horren Magistratuei ere. Baina, oraingoz, ez dugu

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hainbeste eskatzen. Hizkuntza koofizialak dituzten Autonomi Erkidegoetan bai, horietan behintzat bada beharrezkoa Justizia Administrazioa elebiduna izatea. Gure kasura ekarrita, bermatu beharrekoa hori litzateke, Justizia Administrazioa elebiduna izatea. Eta horren antolakuntzaren barruan, aztertu beharrekoa da euskara ezagutzen ez duten Epaile, Magistratu eta Idazkariak nola euskaldundu, edo zer nolako Epaile, Magistratu eta Idazkari elebidun kopurua behar den, goragoko Auzitegietan eta kide askotako organoetan nola antolatu, zein baliabide material eta pertsonal jarri xede horren zerbitzura. Aztertu beharreko bideak eta zailtasunak asko dira, baina Konstituzio Auzitegiaren beraren hitzak errepikatuta, “zailtasun horiek erabaki konstituzional baten emaitza dira eta ezin dira izan [hizkuntza-eskubide] hori funtsik gabe uzteko aitzakia”. 6.– Justizia administratzeko modua legitimatzeko bidea izan daiteke, bai eta batasuna gordetzeko modua ere “Batasunaren inguruko eztabaida aukera politikoen esparruan mugitzen da, eta hizkuntza-eskubideen auzi honetan zinez uste dut argudio juridikoen eremuan murgildu behar dugula”. Planteamendu hauen aurka askotan entzun izan dugu, Epaile eta Magistratuei hizkuntza-gaitasuna eskatzea Botere Judizialaren eta, ondorioz, Estatuaren batasunaren aurkakoa dela. Ez hain urruti ere, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak oraintsu azaldu du argudio hori, gorago aipatu dugun Kataluniako Parlamentuak egindako BJLO Aldatzeko Promosamena gaitzesteko egin duen txostenean, 2004ko azaroaren 18koan(4). Argudio horren azterketak beste artikulu propio bat eskatuko lukeen arren, labur eman nahi dut honen inguruko nire hausnarketa. Ene ustetan, Justizia Adminis-

trazio elebidun batek, batasun hori kolokan ez jartzeaz gain, horren mesederako onura ere ekarriko luke: esan nahi baitut, prozesua herritarrak aukeratutako hizkuntza ofizialean eramateko gai den Justizia Administrazio bat herritarrengandik hurbilago egongo da zalantzarik gabe, hurrentasun (eta honen poderioz, hurbiltasun) printzipioa eta babes judizial eraginkorra benetan bermatuz, eta hainbat aldiz aldarrikatutako batasun hori zalantzan jartzen duten eskubide-urraketak eragin gabe. Edozelan ere, batasunaren inguruko eztabaida hori aukera politikoen esparruan mugitzen da, eta hizkuntza-eskubideen auzi honetan zinez uste dut argudio juridikoen eremuan murgildu behar dugula.

OHARRAK Bizkaiko Probintzi Auzitegia, 1. Sekzioa, Prozedura laburtuko apelazioko 228/04-1 erroilua, 2004.10.01eko Autoa. (1)

(2) Botere Judizialeko 6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, aldatzeko Lege Organiko Proposamena, Kataluniako Parlamentuak egindakoa. Gorte Nagusien Aldizkari Ofiziala, Diputatuen Kongresua, 2004ko apirilak 16, 125-000001 zkia.

Iturria: La Administración de Justicia en un Estado plurilingüe, Zuzendaria: Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga, “Cuadernos de Derecho Judicial” argitalpena, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, Madril, 1999. (3)

(4) Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren web orrian aurki daiteke txosten hau (http://www.poderjudicial.es/CGPJ/default.asp), “Documentos de Interés-Estudios e Informes” atalean.

Bide batez, arras interesgarria da Alfons López Tena Bokalak txosten horri eginiko boto partikularra, lege aldaketa defendatzeko argudio sendoak azaltzen baititu. Tamalez, boto partikular hori ez dut aurrez aipatu web orrian aurkitu.

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El euskara ante los jueces: derecho lingüístico y derecho procesal

a de rechazarse la idea de que en la Comunidad Autónoma de Euskadi los miembros del Poder judicial, como los demás estatales en el proceso (fiscales y secretarios judiciales) carezcan de obligación de sujetarse a las exigencias de la cooficialidad de español y euskara. Es más, como en el resto de servicios públicos que se entienden directamente con la ciudadanía, ya se dispensen por organizaciones estatales periféricas, ya centrales, y al margen de que la potestad jurisdiccional no pertenezca a una Administración pública sino que es Poder público atributivo en el diseño constituyente, distinto del Ejecutivo, se requiere, dentro de los esfuerzos razonables de adecuación progresiva, y teniendo en cuenta las utilidades reales para los justiciables, un futuro cierto de bilingüismo. EDORTA J. HERRERA La STC 82/84 dijo que la coofiCUEVAS Licenciado en Derecho, escialidad significa para una lenpecialidad jurídico-econógua que, “...independientemenmica, por la Universidad de Deusto. Ejerció como abote de su realidad y peso como gado, y profesor de Derefenómeno social... es reconocicho civil de la Universidad del País Vasco, pertenece a da por los poderes públicos rala carrera judicial, siendo actualmente Magistrado de dicados como medio normal de la Sección Primera de la Aucomunicación en y entre ellos y diencia Provincial de Bizkaia. Colaborador de la Dien su relación con los sujetos plomatura de Derecho privados, con plena validez y foral del Instituto de Estudios Vascos, y de la Escuela efectos jurídicos.” de Práctica Jurídica “Pedro Lo que ocurre es que ende Ibarreche”, y autor de artículos en revistas de vatre los operadores jurídicos vasriados campos jurídicos y modelos de procedimiento cos se viene propiciando una en consultores informáticonfusión abundante, que cos, así como del “Manual de la reforma concursal” aprovechan los que se sitúan (Europea de Derecho, en los extremos, esto es, quie2003).

nes sostienen la postura cuya negación inaugura estas líneas (inexigibilidad de que los jueces de Euskadi sean euskaldunes), y quienes aseveran la inhabilidad del juez que no domine suficientemente el euskara para ejercer jurisdicción en un proceso que se siga en Euskadi, al tener que recurrir en determinadas actuaciones al traductor. Se ponen así en el mismo plano el derecho al bilingüismo, que se encara con la elección de la parte o de su Letrado del euskara para dirigirse al tribunal que sea, radicado en el País Vasco, sin óbice alguno y con plena eficacia, y los concretos derechos procesales, cuando el juez del proceso no conoce esa lengua de elección de la parte, y lógicamente se ha recurrido al remedio de un intérprete, y por ello se mantiene que necesariamente ello derruye el derecho de defensa. Los derechos lingüísticos juegan en un plano de legalidad formal, mientras que los derechos del debido proceso sólo se conculcan en un plano material, por vía de hecho, en supuestos concretos, y sin juicios hipotéticos. Según ya se ha glosado la doctrina del TC, resulta independiente el “status” jurídico de oficialidad lingüística de la real implantación social (por ejemplo, es idéntico en Ataun y en Lanestosa, cuando el papel del euskara, por siglos, ha sido muy diferente). Se trata de una opción política, fundada en requerimientos tanto culturales como identitarios. En cambio, la indefensión procesal es el déficit de defensa que se impone al titular del derecho subjetivo constitucionalizado al debido proceso, por lo que nunca puede presumirse, ni cabe reprimirla

hermes nº:2 de 5. El euskara ante los jueces: derecho lingüístico y derecho procesal. Edorta J. Herrera Cuevas

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cuando se haya admitido por el afectado, o resulte un déficit meramente pretextativo. No es tan censurable la mixtificación porque el propio TC, también se introdujo en la misma, cuando con su Providencia de 1 de octubre de 1997 mantuvo: “...que los componentes de los órganos judiciales tengan la obligación de conocer debidamente el idioma cooficial (euskara en el presente caso) en el que deseen expresarse las partes procesales y sus defensores... ni se desprende de precepto alguno de la Constitución, ni se encuentra en la actualidad reconocido por la legalidad ordinaria”. Pues una cosa es la efectiva tutela judicial –lo examinado en el frustrado recurso de amparo, junto con la interdicción de la discriminación–, y que, en abstracto, no fuerza conocer más de uno de los idiomas cooficiales a los jueces de la Comunidad Autónoma donde existan, con arreglo al desarrollo legal del contenido esencial de la garantía de art. 24 CE, y muy otra cosa son los derechos lingüísticos de los justiciables, ciudadanos de Comunidad Autónoma con dos idiomas oficiales –asunto que no se examinaba en el recurso inadmitido “a limine”–, y de los que también se derivan deberes, no ya para el juez de un proceso, sino para todos los jueces de la Comunidad Autónoma. Obsérvese el cruce de planos que, de suyo, significa art. 231.2 LOPJ (replicado en art. 142.2 LEC), cuando asevera que “los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensión”. Obviamente, debe entenderse que no basta alegar el desconocimiento del euskara para obstar que, por ejemplo, un tribunal de Bilbao escoja dicha lengua para sus actuaciones, sino que sería menester demostrar la inde-

fensión, puesto que, en teoría, exactamente lo mismo la puede haber para que se traduzcan las actuaciones judiciales en un sentido, de euskara a castellano, como en el inverso. La “naturalidad” del castellano como lengua del proceso, y la “subsidiariedad” de las demás lenguas españolas, oficiales en su respectivas Comunidades, conduce a dudar de la constitucionalidad del mandato legal. Este distingo entre derechos subjetivos públicos a la opción lingüística, y al debido proceso, es capital. Desde luego, en la Comunidad Autónoma del País Vasco no hay problema de carecerse de idioma común, puesto que la inmensa mayoría se ha escolarizado en castellano, sino del derecho al empleo de la lengua propia como afirmación de identidad. Además, la eus-

kaldun, como minoría bilingüe, no es en la actualidad menospreciada, ni grupo que anhele integrarse en un colectivo mayoritario de superior nivel cultural –que no se reconoce al de castellanófonos–, y para lo que podría bastar con una tutela antidiscriminatoria, sino una minoría voluntaria, en expansión, que pretende instrumentos positivos para ser estimada por sus especiales rasgos, y superando la situación histórica de diglosia, por el valor en sí mismo del plurilingüismo. El bloque de constitucionalidad (art. 3 CE y 6.1 del Estatuto vasco, en nuestro caso), no sólo asumió esta demanda, sino que optó por el criterio territorial –como domina en Europa–, no personal, y en Euskadi, la cooficialidad se impuso en todo su territorio, al margen de que el colectivo bi-

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lingüe sea minoritario, de modo que la utilización de una de las lenguas cooficiales por los poderes públicos, también por los tribunales, no cabe ninguna duda que está condicionada o delimitada por el derecho de opción lingüística de cada ciudadano, al propio tiempo justiciable. Es tan evidente un designio de desigualación activa a favor del euskara y su mundo cultural, dado que los menos podemos imponernos ante la actividad prestacional pública desplegada para todos con nuestra personal opción, como que excluir del mismo a los tribunales abona la imagen de una judicatura como elemento extraño o pseudocolonial, de un cuerpo de altos funcionarios, que además de ejercer un poder estatal prestan un servicio público, desalineados con la comunidad política a la que sirven. Claro que la adaptación a los requerimientos del bilingüismo no depende de los jueces en sí, sino del gobierno de éstos, y de su legislación orgánica. En cambio, la vulneración de derechos procesales constitucionales, del “due proccess of Law” que puede y debe tutelar cada órgano judicial, siempre ha de llevar un significado real y objetivo, como queda dicho, sin permitir que una falta de audiencia, o la desigualdad de partes, se base en excusas, de modo que la indefensión prohibida no es nunca presuntiva, y así el principio destilado del art. 238.3º LOPJ, y la doctrina de SSTC 84/86, 155 y 246/88, 145/89, y 181/94, entre otras. Por ello el uso de una lengua oficial, tanto el castellano de los juzgados, como el euskara que es la opción de los ciertos ciudadanos vascos, no pueden representar infracción “per se” de efectiva tutela judicial, porque una u otra lengua no se conozca, o se conozca mal, por los jueces, en tanto que se disponga de intérpretes correctos y gratuitos, la defensa se ejerza con profesional letrado preceptivo –ningún abogado se maneja con mayor perfección en euskara que en castellano, según es notorio–, y el ciudadano pueda entender directamente al juez, fiscal o secretario judicial, en cuanto que, por lo menos bilingüe, sabe también castellano.

Pero que la indefensión no aparezca como inherente a la ignorancia de una lengua cooficial por el juez, siendo su interdicción misión de cada uno de éstos y no del gobierno de la judicatura, tampoco significa que no pueda aparecer en los procesos en concreto. La cuestión de hecho examinable será la mengua de inmediación judicial material, por cuanto la recepción de la comunicación en euskara de una parte o de un testigo, se captó por el juez por medio de intérprete, y arraigó motivo de indefensión efectiva. Este es un asunto de subido interés, ya que la inmediación resulta capital para valorar la sinceridad, y en ocasiones, la credibilidad subjetiva, y no significa ausencia de distancia con el juez, sino ausencia de intermediarios, sin que deba confundirse el óbice de la traducción con la distorsión o falta de exactitud que pueda producirse del mensaje verbal traducido, sino con la inviabilidad de que se pudiera captar todo lo concomitante a dicho mensaje, que incluye fraseología, dicciones características, o modo de expresión, lo cual se vela cuando lo inmediato al juez es un traductor, y no la fuente personal de la prueba -cada quien interpreta y el intérprete reinterpreta–. La invocación de la doctrina constitucional moderna instaurada desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre, que decreta la nulidad de la revocación en segunda instancia de decisión absolutoria del proceso penal con fundamento en una distinta valoración judicial de la credibilidad de la declaración del acusado, de los testigos o de los peritos, que depusieron en el juicio oral ante el tribunal “a quo”, sin que lo hicieran ante el tribunal “ad quem”, no sirve sólo para tales supuestos, dado que su perspectiva no es jurisdiccional, sino de la protección de los derechos fundamentales, arando el surco de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (v.gr.: SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu contra Rumania, y de 25 de junio de 2000, caso Tierce y otros contra San Marino), con engarce en el derecho a un proceso con todas las garantías, y sólo

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de forma derivada en el principio de presunción de inocencia (STC 118/2003, de 16 de junio, FJ 2). Sirve para reafirmar la noción, que desde cuando el proceso es oral y público, repugna a una doble instancia, de la inmediación material con relación a la prueba valorada. La inmediación formal consiste en que el juicio se configura desde la percepción por sí mismo del Juez de los medios probatorios, sin que se admita el “juez comisionado” o “relator” intermediario de las pruebas para quien sentencia, y en ello no cabe ninguna excepción en sentido propio, mientras que la inmediación material consiste en que el Juez configura su juicio sobre la base de la impresión personal y directa que obtiene de los medios de prueba. Son muy tradicionales determinadas excepciones de “prueba subrogada”, a las que no cabe poner serios inconvenientes, como la valoración como documentos de las declaraciones prestadas en prueba anticipada por manifestantes muertos o en ignorado paradero, o de lo que en realidad son pericias, emitidas por escrito por organismos oficiales, o la valoración, siempre restrictiva del testigo de referencia. Salvedades al principio de inmediación material que no pueden asumirse en muchos casos, son ese famoso mecanismo de polemizar el declarante en el juicio oral del enjuiciamiento penal por relación con la lectura de sus previas deposiciones en fase sumarial, pudiendo hacer prevalecer la evaluación de estas segundas (art. 714 LECrim); la interposición de ciertos medios técnicos escasamente nítidos entre las manifestaciones “vivas” directas y su recepción, como por ejemplo, con la videoconferencia; y en fin, la traducción de un idioma que no conoce el Juez, y que es oficial (cuando no lo es, legalmente no hay derecho a “otra” inmediación, siendo el criterio que impera en la oficialidad territorial).

Ahora bien, la inmediación judicial, que es un instrumento técnico, y a la vez un destilado de postulados sociopolíticos (fin de la prueba tasada, “conciencia” judicial, antiformalismo, democratización de la justicia, etc.), no juega con la prueba preconstituida, aunque sea oralizada (documental y dictamen pericial), sino sólo con la prueba oral, que se constituye en el juicio o vista (declaraciones de parte, testigos o peritos), porque su campo específico es el conocimiento de la integridad de los mensajes verbales, y el privilegio de captar todo lo que no es verbal en las declaraciones humanas. Pero además, no juega siempre. Así, no es nunca factible percibir la sinceridad de un testimonio sin perfecta inmediación (por ejemplo, que es coincidente lo que manifiesta un testigo al identificar a una persona con su recuerdo), pero no ocurre lo mismo con la credibilidad subjetiva (por ejemplo, que es convincente el mensaje del mismo testigo, en el sentido de que lo que recuerda se compadece con la realidad histórica), lo cual muchas veces cabe racionalizarse desde otros datos (por ejemplo, coherencia, contundencia, etc.), y nunca con la credibilidad objetiva, que se apoya en hechos objetivos periféricos de corroboración (por ejemplo, la presencia del identificado en las inmediaciones, su detención con una determinada vestimenta descrita, etc.). Por consiguiente, el punto donde debe situarse la exigencia insobornable de inmediación es el de la afirmación fáctica desde la prueba oral de fuente personal para la que se requiere utilizar máximas de experiencia sobre sinceridad o mendacidad (no, como se confunde tantas veces, a fin de ponderar los elementos espurios que se detectan en la parte, testigo o perito que declara). Tal es “el momento de ejercicio del poder judicial por antonomasia” (Perfecto de Andrés), y si el juez debe reconstruir los hechos desde una afirmación de tal género, según historiador o detective, su valoración

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judicial no estará revestida de corrección, al obtener la prueba sin inmediación material, y como decantar un resultado, u otro, ninguno ilógico, se funda en máximas de experiencia, por definición falibles, en tanto que abstracción o generalización desde casos concretos, supondrá efectiva indefensión (y no cuando la parte desconozca la lengua del proceso, oficial diferente al castellano, que elija el órgano judicial, como presume indebidamente art. 231.2 LOPJ). Dicho cuanto antecede, es absurdo desconocer, tanto que el euskara no ha sido idioma del Derecho en ninguna parte de Euskal Herria hasta hace veinte años, que la producción normativa autonómica y foral nace en castellano, que resulta reciente su imprescindible estudio universitario de cara a la exactitud de un tecnolecto jurídico, que la implantación social sigue siendo bastante minoritaria en muchas partes, y específicamente en el sector de los profesionales jurídicos, y por último, que los servidores públicos en la judicatura son escasos entre los vascos. Sólo quien confía en obtener réditos, bajo rúbrica de “contradicciones del sistema”, puede reclamar al Estado que todos los doscientos jueces de la Comunidad Autónoma dominen el euskara al punto de desempeñar su labor con la misma solvencia que en castellano. El deber de cooficialidad lingüística supone una ponderación de las necesidades y del ritmo de adecuación, que no sólo tenga en cuenta la implantación social y estado técnico del euskara, sino también el principio de unidad jurisdiccional, la actual composición de la carrera judicial, y la rigidez de su estatuto. Pero la situación no puede consistir indefinidamente en ignorar el problema, y el gobierno judicial queda comprometido por una cuestión de eficacia, de un lado, y por su legitimación ante la sociedad vasca, de otro. Una solución pragmática, que hace años debiera haberse auspiciado, es la ins-

tauración de circuitos judiciales euskaldunes, de manera que se intente que existan dos jueces –o dos composiciones distintas de un tribunal–, por lo menos uno titular, aunque el recambio aleatorio sea suplente, en cada orden jurisdiccional, para cada circunscripción territorial del País vasco, y en cada grado procesal, con aptitud para comunicarse con el justiciable en la lengua oficial que éste escoja, aunque sea euskara. El régimen de provisión para la plaza reservada –o inclusión en llamamiento de suplente– se correspondería con una preferencia absoluta para el juez que acreditara, amén de otros requisitos para el puesto (v.gr.: especialización), un determinado perfil lingüístico. Ello no veda en modo alguno que los miembros de la carrera monolingües castellanos sigan enriqueciendo la planta judicial vasca, ni a la luz del actual régimen LOPJ, supone vulneración alguna del derecho al juez natural predeterminado por la Ley. En cambio, en la medida que vaya “cargándose” el circuito de jueces bilingües, se fomentará la demanda de los profesionales, y la imbricación entre el mundo universitario y de los colectivos de juristas vascos, y los tribunales, desapareciendo la desdicha de que hoy día se limite una bronca irrupción del euskara en éstos al militantismo de unos pocos acusados en proceso penal por aquellos delitos que, socairados en motivaciones ideológicas, se instruyen y juzgan en Euskadi (y que injustamente sesga la cuestión en el foro). Mientras tanto, se perseverará negando el derecho de opción lingüística, que en aras de la discriminación positiva, quiso instaurar el bloque de constitucionalidad hace veinticinco años. Y ello, que no puede remediar el juez en cada proceso, ni le compete, tampoco le debe hacer descansar en su deber de exquisita interdicción de la indefensión por ausencia de inmediación material, cuando en ciertas ocasiones se “autoimpone” un traductor.

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Jueces y conocimiento obligatorio del euskera

uando se aborda la cuestión que de forma simplificada podríamos enunciar bajo el rótulo “Jueces y conocimiento obligatorio del Euskera” de algo podemos estar seguros: la polémica está garantizada. Basta con recordar, a mero título de ejemplo, el gran revuelo provocado a raíz de las declaraciones efectuadas por el entonces Presidente del EBB del PNV en el cementerio de Sukarrieta, el 24 de noviembre de 1996, D. Xavier Arzalluz Antia, manifestando, entre otras cosas, que los Jueces que en el País Vasco no hablan euskera “deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor el País, e irse a otro lado, que la Justicia es ancha y España también”; los numerosos incidentes propiciados por determinados Abogados, en su mayor parte pertenecientes al “Abokatu Euskaldunen Sindikatua”, contrarios a la utilización, en los procedimientos judiciales con elemento euskaldun, ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ de los servicios de interpretaIngresó por oposición libre en la Carrera Judicial en el ción y traducción; o, ya más año 1989. Ejerce en el País recientemente, las diferencias Vasco desde el año 1991, ocupando, en la actualidad, plaza de criterio, aireadas en los mede Magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Sudios de comunicación, entre el perior de Justicia, de cuya Sala de Gobierno es miembro “Colectivo Aurrera” y la Seccon la condición de electo. ción Territorial del País Vasco Forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura de la Asociación Profesional de desde el año 1991, habiendo desempeñado el cargo de la Magistratura a consecuencia Presidente de la Sección Tede un artículo publicado en el rritorial del País Vasco, siendo, desde el mes de noviembre diario “El Correo”, el 7 de julio del año 2003, miembro de su Comité Ejecutivo Nacional. de 2004, bajo el título “El eus-

kera es la coartada”, por el Excmo. Sr. D. Juan Pablo González González, Vocal delegado en el País Vasco del Consejo General del Poder Judicial, o, en fin, las críticas recibidas por el actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Excmo. Sr. D. Fernando Ruiz Piñeiro, al señalar, en el curso de una entrevista que le fue realizada en la ETB, que “con independencia de la polémica que pueda haber” en torno al uso del euskera en la Administración de Justicia, “lo cierto es que el Juez, para ejercer como Juez, no necesita el conocimiento de una lengua cooficial”. Nos movemos en un terreno extremadamente “caliente” y muy propicio al fraude intelectual, a la manipulación jurídica o al más descarnado voluntarismo, por lo que subyace tras la exigencia del euskera como requisito de capacidad para el ejercicio de la jurisdicción en el País Vasco, no sólo, pero sí muy principalmente, digámoslo sin tapujos, un proyecto de construcción nacional del que forma parte fundamental un Poder Judicial propio, y el dique que supone para ello el actual entramado orgánico y constitucional. Anticipo ya mi posición: sin reforma orgánica y constitucional que lo haga posible o lo que es lo mismo, pero dicho de otra forma, con lo que el actual sistema legal nos permite, no cabe configurar el conocimiento del euskera por los miembros de la Carrera Judicial como un requisito de capacidad para ocupar destinos situados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

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En las siguientes líneas expondré mis razones. Se podrán compartir o no, pero sólo tendrán valor para mí las objeciones jurídicamente erigidas. La convivencia y la paz social tan sólo se garantizan respetando escrupulosamente la ley. Y la reforma del sistema sólo es legítima y posible dentro de las coordenadas que lo delimitan, sometiéndose a sus reglas, y aceptando de antemano las consecuencias o resultados que el proceso de cambio incoado pudiera llegar a arrojar. Lo demás es, o puro voluntarismo que como tal olvida que el mero deseo de conseguir algo no basta cuando no existe posibilidad real de alcanzarlo, o disputa puramente emocional abocada, por carecer de elementos racionalizados, a encallar sin remedio, lastrada por el peso de los escombros resultantes del violento encontronazo que siempre se producirá entre los sentimientos de signo opuesto.

II. No me parece discutible, al menos desde el punto de vista jurídico que toma como referencia la legislación actualmente en vigor, que el conocimiento del euskera no constituye al presente una obligación para los Jueces y Magistrados destinados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El conocimiento del euskera no se configura como un requisito de capacidad, tan sólo se considera un mérito preferente que se traduce de “facto” en la asignación al Juez o Magistrado que concurse a una plaza de la Comunidad Autónoma, a los solos efectos del concurso de traslado, del puesto escalafonal que le hubiese correspondido si se añadiesen los siguientes periodos de antigüedad a la propia de su situación en el escalafón: a) en concursos para la provisión de plazas correspondientes a órganos jurisdiccionales servidos por miembros de la Carrera Judicial con categoría de Juez: un año; b) en concursos para la

provisión de plazas correspondientes a órganos unipersonales servidos por miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado: dos años, c) y en concursos para la provisión de plazas correspondientes a órganos colegiados: tres años. Así resulta, con toda evidencia, del artículo 341 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prevé, en su primer párrafo, para la provisión de las plazas de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias, en aquellas Comunidades Autónomas que gocen de idioma oficial propio, la valoración como mérito del conocimiento del idioma propio de la Comunidad, y, en su párrafo segundo, la determinación reglamentaria de los criterios de valoración sobre el conocimiento del idioma de las referidas Comunidades Autónomas como mérito preferente en los concursos para órganos jurisdiccionales de su territorio. Determinación de la que se ocupa, en los términos señalados, el Reglamento núm. 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que dedica su Título III (arts. 108 a 113) a la valoración del idioma y del derecho civil especial o foral como mérito preferente en los concursos para órganos jurisdiccionales en las Comunidades Autónomas. No pudiendo deducirse otra cosa del artículo 231 de la LOPJ, dedicado a la lengua de las actuaciones judiciales, a la vista de la sentencia 105/2000, de 13 de abril, del Tribunal Constitucional, que construye su razonamiento sobre la base de que los Jueces y Magistrados no están obligados, a tenor de la legislación en vigor, a conocer el idioma propio de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se hallen destinados. En esta sentencia, y conviene recordarlo, se examinaba la tacha de inconstitu-

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cionalidad que los recurrentes dirigían contra el núm. 4 del señalado artículo 231 en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, pues, a su juicio, el precepto obligaba de hecho a los Jueces y Magistrados a conocer el idioma oficial propio de la Comunidad Autónoma en la que estuvieren destinados, al no autorizarles la norma la traducción de oficio de los escritos y documentos redactados y presentados en dicho idioma. Pues bien, el Tribunal Constitucional rechaza en la sentencia tal motivo de impugnación señalando que: “Del tenor literal de la norma cuestionada no cabe inferir, tal y como argumentan los recurrentes, que tras su reforma por la Ley Orgánica 16/1994 se haya implantado la obligación, que aparecería implícita o se desprendería de forma indirecta del precepto impugnado, de que los Jueces y Magistrados destinados en los órganos judiciales que tengan su sede en el territorio de alguna Comunidad Autónoma que tenga una lengua oficial propia distinta del castellano hayan de conocer dicha lengua. En efecto, ni el art. 231.4 de la L.P.O.J sanciona de manera expresa semejante obligación, ni cabe inferir de su interpretación que la imponga inexcusablemente, siquiera sea de manera implícita. El alcance de la reforma del citado precepto se ha limitado a sustituir la anterior facultad judicial incondicionada de ordenar la traducción de los escritos y documentos redactados en la lengua oficial propia de una Comunidad Autónoma por la simple remisión a una futura regulación legal en la que se articulen los presupuestos, las condiciones y el alcance de dicha traducción, al haber entendido el legislador orgánico llegado el momento de modificar el régimen jurídico de la facultad judicial de proveer de oficio, incondicionadamente, a la traducción de un determinado escrito o documento”.

Ya antes, el propio Tribunal Constitucional, acordando la inadmisión del recurso de amparo núm. 2.310/97-A, había señalado, en providencia de fecha 1 de octubre de 1997, lo siguiente: “En efecto, bajo la cobertura de diversas invocaciones del derecho a la tutela judicial efectiva y otros distintos derechos fundamentales insertos en el artículo 24 CE los recurrentes pretenden que este Tribunal les reconozca el por ellos invocado derecho fundamental a que los componentes de los órganos judiciales tengan la obligación de conocer el idioma cooficial (euskera en el presente caso) en el que deseen expresarse las partes procesales, y sus defensores, derecho fundamental que ni se desprende de precepto alguno de la Constitución, ni se encuentra en la actualidad reconocido por la legalidad ordinaria. Sentada dicha premisa, es obvio que si los recurrentes y sus defensores pretenden ejercitar su derecho a expresarse en euskera durante el desarrollo de las sesiones del juicio oral (derecho que con carácter general consagra el artículo 231 LOPJ), deberán aquietarse, si los componentes del órgano judicial que vaya a conocer del mismo lo estiman necesario para la correcta impartición de la Justicia, al empleo de todas aquellas medidas estrictamente imprescindibles, técnicas y de otro tipo, que el órgano judicial disponga con el exclusivo fin de obtener un conocimiento fidedigno del contenido de las declaraciones y manifestaciones vertidas en dicho idioma, medidas tales como las que ahora se cuestionan (utilización de sistemas de traducción simultánea a cargo de intérpretes de euskera y con la prevención de que toda su labor quede debidamente reglamentada en cintas magnetofónicas), que en modo alguno pueden calificarse como superfluas, inútiles, prescindibles o, desde otro punto de vista, desproporcionadas para lograr el fin

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pretendido. En consecuencia, pues, las referidas medidas no son sino la respuesta jurídicamente y lógicamente proporcionada a la solicitud de los recurrentes y sus letrados defensores de expresarse en euskera durante el juicio oral, las cuales, por tal razón, no pueden originar las lesiones del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a un proceso con todas las garantías y derecho de defensa que se denuncian en la demanda de amparo. Por último, en cuanto a la invocada lesión del artículo 14 CE, los recurrentes no aportan término alguno de comparación capaz de servir de contraste con las resoluciones impugnadas a fin de evidenciar la existencia de una supuesta lesión del derecho a la igualdad en la aplicación judicial del derecho y a no ser discriminados por razón de la lengua”. No parecen necesarias mayores consideraciones. Lo expuesto refleja bien a las claras la posición constitucional al respecto, que se puede compendiar, sin mayor esfuerzo, señalando: 1º) que el derecho de las partes a expresarse en las actuaciones procesales en el idioma propio de la Comunidad Autónoma en que las mismas se desarrollan no tiene como paralelo una obligación de conocimiento de dicho idioma por parte de los Jueces o Magistrados que intervienen en aquéllas, y 2º) que la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de quienes en las actuaciones procesales se expresan en aquél idioma no queda afectada en términos peyorativos cuando se utilizan, de forma adecuada y por resultar necesario para la impartición de la justicia, los servicios de interpretación y traducción. Pudiera parecer que la argumentación anterior deliberadamente está obviando un elemento nuevo y de singular significación, a saber, el representado por La

Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada el 9 de abril de 2001 (BOE de 15 de septiembre de 2001) y en vigor desde el 1 de agosto del mismo año. Nada más lejos de la realidad. Ocurre, simplemente, que dicho instrumento no tiene, en la cuestión de que tratamos, ni el alcance ni la significación que pretendidamente se le ha dado. Ni la Carta establece la obligación de conocimiento por parte de los Jueces y Magistrados de la lengua cooficial. Ni la misma determina, por razón de vulneración o desajuste, la revisión de la antes expresada doctrina constitucional. Sólo con una interpretación abiertamente torcida y carente del necesario rigor jurídico cabría sostener, a mi juicio, que la Carta impone a los Jueces y Magistrados destinados en la Comunidad Autónoma del País Vasco el conocimiento del euskera, o que por la utilización del sistema de interpretación y traducción se están vulnerando los compromisos asumidos en materia de Justicia a que se refieren las disposiciones que en el artículo 9 se contienen en los apartados a.i, a.ii, a.iii, a.iv, b.i, b.ii, b.iii, c.i, c.ii. c.iii y d, de su parágrafo 1, en el apartado a, de su parágrafo 2, o en su parágrafo 3.

III. Tampoco considero suficiente la sola reforma orgánica en orden a la configuración del conocimiento de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas por los miembros de la Carrera Judicial como requisito de capacidad para ocupar destinos situados en sus respectivos territorios. En este punto he de proclamar mi plena conformidad con las consideraciones expuestas en el recientemente aprobado (por mayoría) informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la proposición de Ley Orgánica por la que se

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modifica la Ley O r g á n i c a 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, presentada por el Parlamento de Cataluña. Modificar la LOPJ con el designio de convertir, lo que hoy se considera mérito preferente, en requisito de capacidad, contravendría, a mi juicio, el actual texto constitucional. Se debe de tener en cuenta, en este sentido, que el Poder Judicial es un poder único y del Estado, emanado de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, que a su vez integra la Nación Española, en cuya indisoluble unidad, como patria común e indivisible de todos los españoles, se fundamenta la Constitución Española (arts. 1.2, 2 y 117. 1 y 5 de la CE). Pues bien, a diferencia de la Constitución republicana del año 1931, que permitía a las regiones españolas tener un Poder Judicial propio –en tal contexto surgió el Tribunal de Cassació de Catalunya–, la actual Constitución parte, con toda claridad, del principio de unidad y carácter estatal del Poder Judicial, lo que explica que los entes territoriales en que se organiza el Estado, en particular, las Comunidades Autónomas, carezcan de un Poder Judicial propio. Aparte el ya citado artículo 117, se deben tener en cuenta también: el artículo 149.1.5, que dispone que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia; el artículo 122.1, que establece que los miembros de la Carrera Judicial formarán un Cuerpo único (o “nacional” según interpreta el Tribunal Constitucional en la STC 56/1990), y el artículo 152.1,

segundo párrafo, último inciso, en el que se hace expresa mención al principio de unidad del Poder Judicial. De lo anterior se sigue, como se ha dicho, que España se configura como un Estado políticamente disgregado y judicialmente integrado. Y que, dada la singularidad notoria que al Poder Judicial, y por ende a sus titulares, ha de atribuirse a consecuencia de tan particulares y significativas notas, no cabe proyectar sobre aquél de forma mimética, como señala el informe antes citado del CGPJ, la doctrina sentada en la materia de la que estamos tratando, tanto en sede constitucional (SSTC 82/1986, 46/1991, 337/1994 y 50/1999) como académica, en relación fundamentalmente con las Administraciones Públicas (estatales y autonómicas) y el personal a su servicio. Debiendo de concluirse, así las cosas, que la configuración del conocimiento de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas (léase para entendernos, euskera), no como mérito, sino como requisito de capacidad, para la provisión de destinos de la Carrera Judicial en órganos radicados en sus respectivos territorios, reduciría a cenizas, por el efecto de fragmentación que la compartimentación territorial produciría, al no poder acceder a los destinos de las Comunidades Autónomas con lengua propia más que los Jueces que acreditasen su conocimiento, el carácter nacional imperativamente predicable, en términos constitucionales, de la Carrera Judicial, lo que afectaría a la estructura medular del Poder Judicial co-

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mo Poder del Estado y, por ello, al propio Estado, que no dispondría ya, al menos en sentido material y de efectividad plena respecto de sus condiciones más genuinas y propias, de un Poder Judicial único o nacional ni, por lo tanto, integrado.

IV. La idea que dejo expuesta guarda sintonía con la opinión expresada sobre el particular por el Excmo. Sr. D. Juan Fernando López Aguilar, actual Ministro de Justicia y, además, catedrático de Derecho Constitucional, en el curso de una entrevista concedida a la Asociación Profesional de la Magistratura el 30 de agosto de 2004, y que ha aparecido publicada en la revista “Deliberación”. Debiendo considerarse del máximo interés, por razones que a nadie se le escapan, el parecer del Sr. Ministro, me permito transcribir de forma literal el contenido de la pregunta y de la correlativa respuesta. Pregunta: “Sr. Ministro, está actualmente tramitándose en el Congreso una proposición de Ley, a instancias del Parlamento Catalán, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a dos aspectos importantes. Por un lado al terreno lingüístico. La exposición de motivos de la proposición de ley hace referencia al deseo de “eliminar el principio según el cual el castellano es la lengua propia de la Administración de Justicia” y, por otro lado, la proposición perfila la supresión del carácter na-

cional de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia. Esta proposición superó el trámite de “toma en consideración”. ¿Puede perfilarnos la postura del Ministerio de Justicia en relación a estas dos cuestiones?”. Respuesta: “He tenido oportunidad de hacerlo ya en la tribuna del Congreso, con ocasión de otras iniciativas parlamentarias que han traído ya algunos de los puntos de esta iniciativa autonómica. En primer lugar, he de recordar que la Constitución consagra, afortunadamente, el pluralismo lingüístico como un valor, tanto en el Preámbulo, de manera muy enfática, como en el artículo 3º, que cooficializa las lenguas vernáculas junto con el castellano, que es la lengua oficial en toda España. Esto significa que el castellano no es una lengua disponible, sino lengua oficial en todas las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, también quiero resaltar que el Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución, está regido por los principios de unidad e independencia. Esta unidad se estructura por distintas vías. No solamente en la unidad de jurisdicción sino en la reserva de competencia en el Estado a la hora de legislar sus aspectos estructurales, como la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales de Justicia a través de la legislación orgánica, que sólo es competencia del Parlamento nacional. Y en tercer lugar, merece ser recordado que el gobierno del Poder Judicial está reservado igualmente a un órgano constitucional sustraído a la distribución territorial de competencias,

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que es garantía asimismo de su unidad: el Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, estas piezas fundamentales del sistema constitucional no van a ser modificadas. Nuestra orientación es sostener su mantenimiento y proyección de futuro. Es cierto que se apoyó “la toma en consideración”, pero ello es consecuencia del espíritu de entendimiento que queremos potenciar con las Comunidades Autónomas y de respeto a las iniciativas procedentes de Parlamentos autonómicos. Sin embargo, a partir de ahí, conviene hacer saber que la lengua cooficial no puede conducir a la minoración de derechos de ciudadanos que quieran hacerse valer del castellano en la Administración de Justicia. En la medida en que el Poder Judicial sigue siendo un poder unitario, servido esencialmente por un cuerpo único de Jueces y Magistrados, el idioma de una lengua podrá y deberá ser mérito para acceder a destinos en las distintas Comunidades Autónomas, pero no requisito de acceso. Desde luego, no se va a fragmentar, ni el Gobierno del Poder Judicial, ni su configuración constitucional como cuerpo unitario de servidores de la Administración de Justicia. Distinto análisis puede predicarse de los cuerpos de funcionarios no judiciales. Sin duda, es legítimo propugnar, como en otros ámbitos, una descentralización de los cuerpos de funcionarios, pero no es esa la posición del Gobierno Socialista atendidos tanto los condicionamientos constitucionales como las prioridades de modernización de la Administración de Justicia”. Pues bien, si se asume (otro sería el caso si no se hace) que lo declarado por el Ministro se corresponde con sus pro-

pósitos y supone una manifestación de voluntad acorde con sus verdaderas intenciones, nadie me podrá acusar de profeta por vaticinar, con arreglo a lo que se sabe de antemano, que una propuesta de reforma encaminada a convertir el conocimiento por los Jueces de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas en un requisito de capacidad para servir en los destinos radicados en sus respectivos territorios está, desde el primer momento, y dado que no contará con los apoyos parlamentarios necesarios, condenada al más absoluto de los fracasos (la opinión desfavorable del Partido Popular a una propuesta de reforma como la presentada por el Parlamento de Cataluña es de sobra conocida, y es lógico presumir que, en esta materia, el Gobierno de la Nación, al que respalda el Partido Socialista Obrero Español, habla por la boca de su Ministro de Justicia). ¿Qué sentido tiene pues atizar de forma tan inútil el fuego de la polémica? ¿Qué justifica la activación y mantenimiento de una propuesta que se sabe de antemano que no puede acabar fraguando? También convendría que se nos explicase –y es este un tema que pese a su capital importancia siempre se omite o soslaya– cómo se encararía el estado de cosas generado de llegar a ver a la luz y hacerse efectiva en la práctica una reforma con la envergadura y el alcance de la que ha sido propuesta, máxime en una Comunidad Autónoma como la del País Vasco, en la que no se podría llegar a cubrir prácticamente ni el 5% de su planta judicial, atendido el número de los que, de entre los más de cuatro mil escalafonados con la categoría de Jueces y

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Magistrados, tienen en la actualidad reconocido el mérito profesional por la acreditación del perfil lingüístico en euskera, y que asciende a un total de once personas. ¿Qué pasa con los Jueces actualmente destinados en el País Vasco y que no tienen conocimientos de euskera? ¿De dónde, y dado que un Juez no se improvisa de hoy para mañana, salen los Jueces con conocimiento del euskera necesarios para dotar la planta? ¿Qué nivel de conocimiento del euskera se necesita de verdad para desarrollar con garantías la función jurisdiccional, teniendo siempre en cuenta que el lenguaje, tanto hablado, como escrito, constituye en el ejercicio de tal función una herramienta fundamental? ¿Se puede sostener con rigor científico que los Jueces castellano-parlantes que consiguen, tras arduos esfuerzos, alcanzar el perfil de euskera requerido para que se les reconozca, lo que siendo mérito ahora, se pretende requisito, están en disposición, utilizando el euskera, no ya de mejorar, sino simplemente de desarrollar al mismo nivel que si utilizarán el castellano, su discurso jurídico, su habilidad para razonar o su capacidad motivadora? Todas estas preguntas y muchas más que podría seguir formulando están a día de hoy sin respuesta.

V. Convertir el conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma por los Jueces y Magistrados en un requisito de capacidad para servir en destinos situados dentro de su territorio supondría alterar la estructu-

ra medular del Poder Judicial como poder único y del Estado. Y en el momento actual, constituiría una solución extremadamente radical, que podría sumir en una situación de auténtico caos a la Administración de Justicia, afectando, de forma negativa, el derecho que todas las personas tienen a obtener la tutela judicial efectiva. Ahora más que nunca es preciso perseverar en las políticas que pretenden fomentar el conocimiento de las lenguas cooficiales y su racional y progresiva implantación en el ámbito de la Administración de Justicia. Es la hora de agudizar el ingenio y explorar nuevas vías que permitan, sin pausa, pero también sin prisa, perfeccionar el proceso. Ese es el gran reto con el que se enfrentan los agentes responsables de su diseño, gestión y mejora. Finalizo recordando una reflexión de D. Manuel María Zorrilla Ruiz –Magistrado jubilado y hasta fecha reciente Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco–, que no obstante formularse tiempo atrás, a mi juicio, mantiene hoy todavía todo su vigor y vigencia. Decía D. Manuel, en un interesante trabajo sobre el Poder Judicial en el Estado de las Autonomías, y al hilo del particular relativo al uso judicial de los idiomas autonómicos, “Debe (…) prevalecer la idea –contrariada por actitudes de denuncia exarcebadas y poco razonables o inspiradas en otras motivaciones– de que la normalización judicial de un idioma autonómico de arraigo jurídico menor, aun cuando intensamente llamada a mejores destinos, depende de acciones graduales, diligentes y atemperadas a los requerimientos de las personas, del tiempo y del lugar”.

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Estimado Director: Me ha sorprendido la miserable respuesta de Xacobe Bastida a los que formulamos algunas objeciones a la simplista versión que ofreció el proceso de elaboración de la Constitución de 1978 en el debate, tan grato por lo demás, sobre la idea de nación en Azaña y Ortega. La sorpresa se debe, primero, al hecho de que no haya sentido usted la necesidad de enviarme esas cuartillas, evidentemente escritas después del debate, antes de su publicación por si yo tenía algún comentario que hacer; y, segundo, porque lo que cuenta Bastida, adornado con algo de lo que tuvo ocasión de escuchar en aquel encuentro, no tiene nada que ver con lo allí ocurrido. No entraré en polémica con Bastida; me atengo a mi costumbre de no debatir con quien empieza injuriando; allá él. Pero sí quisiera restablecer lo que yo dije en aquella sesión. Recuerdo que mi primera intervención tuvo por objeto exponer algunas cautelas metodológicas antes de analizar el concepto de nación en Azaña. Naturalmente, esa intervención no guardaba relación alguna con lo expuesto por Bastida, que no habló para nada de Azaña ni de los socialistas, sus aliados de gobierno. Más tarde, ante la dirección que tomaba el debate me permití recordar que la Constitución de 1931 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 habían sido resultado de una negociación entre socialistas, republicanos de izquierda y Ezquerra Republicana de Catalunya y que Ortega no tuvo nada que ver en las negociaciones que condujeron a la aprobación del texto constitu-

D. Santos Juliá, ponente en el Seminario organizado conjuntamente por las Fundaciones Sabino Arana y Alternativas, sobre la “Idea de España en Ortega y Azaña”, envía la carta que publicamos y que en lo que concierne a la Dirección de Hermes se trata de una protesta porque la misma no le participó, previamente a su publicación, el contenido del texto del Sr. Bastida al objeto de que el propio Sr. Juliá ejercitase el derecho de réplica. Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que el Sr. Juliá fue invitado a que publicase su ponencia, o la rehiciera para su publicación, ofrecimiento que fue rehusado por él mismo ha-

cional ni en la posterior aprobación del Estatuto. Finalmente, recordé que si la Constitución de 1978 había copiado en algo a la de la República fue el principio de generalización de las autonomías a todo el territorio del Estado, como cualquiera puede comprobar comparando el artículo 11 de la Constitución de 1931 con el artículo con el 143.1 de la de 1978.Y eso que en 1931 no hubo papelito ni Ortega pintó nada en el asunto. Resulta que, tan infatuado como inició su parlamento, Bastida no fue capaz de oponer ningún argumento a estas sencillas consideraciones limitándose a repetir la simpleza de que la Constitución de 1978 significaba la realización plena de lo escrito por Ortega en 1932. Se conoce que no ha dejado de rumiar desde entonces su incapacidad para responder sobre la marcha a lo que allí se dijo y se ha dedicado a acumular un exceso de bilis hasta no poder más y vomitarla sobre el muñeco inventado para la ocasión. Lo que no podía imaginar es que el producto del vómito fuera recogido integramente en Hermes sin ofrecerme la posibilidad de responder en el mismo número. Por cierto, debo aclarar a sus lectores que no asisto a tertulias, ni varias ni sin variar, que rara vez formo parte de tribunales de doctorado, y que suelen producirme un ligero desdén los individuos que sufren de forma tan aguda el síndrome de la escalera: un alkaseltzer debía ingerir Bastida a ver si se le reduce la acidez de estómago que contrajo, por méritos propios y con efectos tan perdurables, en aquel debate. Santos Juliá.

bida cuenta diversos compromisos que debía atender. El resto de los ponentes Sres. Bastida, Fussi y Lacasta entregaron sus textos tal cual los tenían redactados para el Seminario o modificados después de celebrado aquél. Tan cierto es que el Sr. Bastida utilizó la oferta de publicación para entrar en polémica con el Sr. Juliá, como que éste no puede alegar indefensión por no haber sido advertido de tal circunstancia por los Directores. Tal proceder no se hubiese ajustado al uso periodístico, porque el mismo derecho invocado por el Sr. Juliá (su previo conocimiento del texto del

Sr. Bastida, antes de su publicación, a efectos de réplica), también le asistiría al Sr. Bastida quien a su vez podría exigir su derecho de duplica y en esa espiral metidos, Hermes no acudiría con puntualidad a la cita con sus lectores, quienes, estamos seguros, esperan con impaciencia la contestación, en buena y debida forma, del Sr. Juliá a las tesis del Sr. Bastida. En todo caso, Hermes se enorgullece de publicar en sus páginas a dos firmas de talento incuestionable como son las de los Sres. Juliá y Bastida, por más que en la polémica nos llevemos los Directores algún que otro pescozón, más o menos justificado.

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Cosa de escaso valor

asado un mes desde el publicitado anuncio de Batasuna en Anoeta comprometiéndose a sacar el conflicto de la calle y llevarlo a la mesa de diálogo, la primera reflexión que cabe hacer, no sin un poso de melancolía, es acerca de lo efímero de las propuestas sostenidas exclusivamente en la mercadotecnia política, tan impactante como la publicidad comercial, y con igual fecha de caducidad. La puesta en escena de la cosa tenía buena pinta: secretismo previo, entreverado de filtraciones controladas a la prensa, incluidas reuniones con periodistas durante años vetados; tradicionales descreídos aguzando el oído por si acaso esta es la buena; optimistas inveterados exclamando alborozados ¡por fin!; y sobre todo la propia militancia que apenas había podido leer unos escasos folios, para inmediatamente devolverlos a su procedencia, se mostraba ante la anunciada nueva línea política, dispuesta a renovar sus votos de fe, esperanza y obediencia. Asunto nada menor fue el hecho de que el acto pudiera llevarse a cabo. El propio Otegi no tuvo empacho en comenzar su alocución manifestando orgullosamente intervenir en un acto ilegal de una organización ilegal. La protesta del PP contrastaba con el silencio de las demás formaciones políticas que conocían o suponían que el mitin no hubiese sido posible sin la tolerancia gubernamental. Para los memoriosos, el recuerdo del mitin en el frontón de Gallarta (1977) cuando una ilegal E.I.A. se presentó ante su público con la anuencia del gobierno de Suárez dando pista libre al despegue de Euskadiko Ezkerra, previo el “desdoblamiento” de ETA (p.m.), daba a lo vivido en Anoeta un cierto aire de lo ya visto. Así entendido bien podía ser resultado de un acuerdo de fondo o al menos de un valor entendido entre la izquierda abertzale con ETA como referente, con el Gobierno de Madrid; la primera necesitada de permanecer en la escena institucional buscando desesperadamente su presencia, mediante listas expurgadas, en el próximo Parlamento Vasco; el segundo confiando en que tal presencia imposibilitaría la mayoría absoluta de PNV-EA-EB o al menos bloquearía la propuesta Ibarretxe atenazándola con el “–imposible acuerdo con Batasuna– mientras no condene la violencia”. Cierta lógica política parecía evidenciarse, al menos si la política se entiende como un doy para que des o un tú tienes lo que yo necesito. Pragmatismo este en absoluto ajeno a la trayectoria de la propia izquierda abertzale que sin abandonar su programa de máximos, el socialismo y la independencia, ha transitado sin embarazo por la senda de aceptar la legalidad española, proponer un Estatuto Nacional de Autonomía o, finalmente, admitir como

punto de partida el respeto a la institucionalización por separado de las dos comunidades peninsulares así como la demanda de un Departamento-región para la continental; por no hablar de la amnesia en la reclamación de la hasta hace tiempo innegociable amnistía. Los cuatro años de la próxima legislatura, en los cuales deberá afrontar la dirección del MLNV un proceso penal de pésimo pronostico, podrían facilitar, mediante su intervención parlamentaria, la reconducción de una errática y desastrosa estrategia que ha llevado Batasuna, desde la confrontación próxima a la guerra abierta entre vascos de la ponencia Oldartzen, hasta el acuerdo de Lizarra; desde el apoyo externo a la gobernabilidad del País, hasta el rechazo a la propuesta del lehendakari obstaculizando de esa manera el más serio intento hasta el presente de ejercicio del derecho de decisión de los vascos. Batasuna nos pidió a los vascos un aval en Anoeta, que diésemos crédito a sus palabras y facilitásemos su tránsito hacia la participación política plena. Algunos solicitamos un contra-aval: que si ETA persistiera en su actuación debería ser Batasuna quien “sacando el conflicto de la calle y llevándolo a la mesa del diálogo” exigiera a ETA el fin de la lucha armada. Un mes después, lo dicho en Anoeta resulta cosa de escaso valor. La kale borroka repunta, ETA vuelve al terror con preciso autocontrol dadas las circunstancias, y Batasuna nos vuelve a recordar que las bombas son expresión del irresuelto conflicto. Incapaces de ver lo clamoroso que,después del 11S y del 11M, nadie internacionalmente relevante va a prestar apoyo a una buena causa defendida por malos medios; ajena al mundo circundante; recurren al todo uno de presionar militarmente para negociar políticamente y une su suerte a una ETA de la que los Estados español y francés solo esperan su autoliquidación en el momento en que cometa su próximo error, el del gran atentado. Incapaces de entender que el mayor enemigo de la lucha armada es la propia lucha armada se encaminan a trompicones hacia su fin, conocedores de sus errores, imposibilitados de rectificar, esperanzados en un improbable Pentecostés súbito que nos lleve a todos a reconocer que “la lucha” está justificada. Lo que Batasuna pueda decir en un futuro, de no ir acompañado del anuncio del fin de ETA,tendrá el mismo interés que una oferta de viaje a Faluya, fin de semana –todo incluido–. Por muy impactante, y no dudamos de su capacidad propagandística, que la oferta se presente. Txema Montero

Koldo Mediavilla

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Kepa Garraza

urtarrila 2005 enero. nº: 15 zbk

Elkarrizketa Josu Jon Imaz “No sé si este es el último tren, pero si España no lo toma, pagará el retraso en la búsqueda de soluciones”