VI.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL PROCESO CONSTITUYENTE
En esta sección, defenderemos la especial posición que ocupan los pueblos indígenas con respecto al Estado chileno, así como la importancia de un proceso constituyente inclusivo que siente las bases para un pacto constitucional intercultural, formulando propuestas legislativas para hacerlo posible. La importancia del momento histórico al que por estos días asistimos, está estrechamente ligada a la posibilidad de refundar el Estado con la participación de todas las personas que habitan en el territorio. En este contexto, emerge la necesidad de saldar una deuda con los pueblos originarios que se arrastra desde los comienzos de nuestra vida independiente como Estado. Esto exige un nuevo acuerdo entre todas comunidades que habitan en Chile. No obstante, el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, que convoca a la ciudadanía a ser protagonista del proceso constituyente, no contiene ninguna referencia a los pueblos originarios, a pesar de que, según el Censo de 2017, 2.185.792 personas declaran pertenecer a alguno de ellos, lo que equivale aproximadamente a un 13% de la población. Esta cifra ha ido incrementándose progresivamente desde el retorno a la democracia. Desde luego, este “nuevo trato” entre el Estado chileno y los pueblos originarios debe traducirse en contenidos e instituciones que reflejen su carácter multicultural. Más allá de que un mero reconocimiento constitucional, que a estas alturas parece insoslayable, una adecuada integración a la vida pública de los pueblos originarios debe traducirse en el reconocimiento jurídico de sus instituciones tradicionales, así como de los mecanismos necesarios para asegurar su participación en las instituciones comunes a todo el Estado. Es evidente que el diseño de dichas instituciones multiculturales no se puede realizar en ausencia de los propios concernidos. Si hay algo que han puesto de manifiesto millones de personas que se han movilizado en las calles estas últimas
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