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Imagen de portada Sylvia Adriana Dobry, “Memorias del dolor y la esperanza�, 2014 Doctora en Arquitectura y Urbanismo Universidad de Sao Pablo (Brasil) sydobry@gmail.com


N° 53

Mayo – agosto 2014

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes Bogotá, Colombia


Nº 53, mayo – agosto de 2014 Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Dirección y teléfono: Cra. 1 N°18 A – 10, Of. G-421, Bogotá, Colombia, tel-fax: +57 (1) 332.45.06 Correo electrónico: hcritica@uniandes.edu.co - Sitio web: http://historiacritica.uniandes.edu.co

Rector de la Universidad de los Andes Pablo Navas Sanz de Santamaría Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Hugo Fazio Vengoa Directora del Departamento de Historia Camilo Quintero Director Editora Asistente editorial

Ricardo Arias Trujillo, Dr, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, jarias@uniandes.edu.co María Cristina Pérez, Dra, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, hcritica@uniandes.edu.co Daniel Esteban Bedoya Betancur, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, de.bedoya10@uniandes.edu.co

Comité editorial Adriana María Alzate Echeverri, Dra, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, adriana.alzate@urosario.edu.co Aline Helg, Dra, Université de Genève, Ginebra, Suiza, Aline.Helg@unige.ch Michael J. LaRosa, PhD, Rhodes College, Memphis, Estados Unidos, LAROSA@rhodes.edu Karl Offen, PhD, University of Oklahoma, Norman, Estados Unidos, koffen@ou.edu Max S. Hering Torres, Dr phil, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, msheringt@unal.edu.co Javier Guerrero Barón, Dr, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia, javier.guerrero@utpc.edu.co Comité científico

Guillermo Bustos, PhD (Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador), Manolo Garcia Florentino, Dr (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil), Martín Kalulambi, PhD (University of Ottawa, Ottawa, Canadá), Giovanni Levi (Universita’di Ca’Foscari, Venecia, Italia), María Emma Mannarelli, PhD (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú), Anthony McFarlane, PhD (University of Warwick, Coventry, Reino Unido), David Robinson, PhD (Syracuse University, Syracuse, Estados Unidos), Mary Roldán, PhD (Hunter College of the City University of New York, Nueva York, Estados Unidos), Hilda Sabato, PhD (Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina), Gonzalo Sánchez, Dr (Centro de Memoria Histórica, Bogotá, Colombia), Clément Thibaud, Dr (Université de Nantes, Nantes, Francia), Alfredo Riquelme Segovia, Dr (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile).

Editora Facultad de Ciencias Sociales

Martha Lux, Dra, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, publicacionesfaciso@uniandes.edu.co

Equipo informático

Claudia Yaneth Vega, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, cvega@uniandes.edu.co

Traducción al inglés Corrección y traducción al portugués

Felipe Estrada, felipe.estrada.prada@gmail.com Roanita Dalpiaz, ro_popa@hotmail.com

Corrección de estilo Español Guillermo Díez, gudieztecher@yahoo.com Inglés Carol O’Flynn, caroloflynn@hotmail.com Diseño y diagramación

Leidy Sánchez, leidy731@yahoo.es

Impresión Panamericana Formas e Impresos S. A. Distribución Siglo del Hombre Editores Suscripciones http://libreria.uniandes.edu.co/ Páginas del número pp. 260 Formato 19 x 24.5 cm Tiraje 500 ejemplares Periodicidad Cuatrimestral ISSN 0121-1617. Min. Gobierno 2107 de 1987 * Las ideas aquí expuestas son responsabilidad exclusiva de los autores. * El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se mencione la fuente. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité Editorial de la revista. Precio: $ 30.000 (Colombia)


La revista hace parte de los siguientes catálogos, bases bibliográficas, índices y sistemas de indexación: Publindex - Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas, (Colciencias, Colombia), desde 1998. Actualmente en categoría A1. Sociological Abstracts y Worldwide Political Science Abstracts (CSA-ProQuest, Estados Unidos), desde 2000. Ulrich’s Periodicals Directory (CSA-ProQuest, Estados Unidos), desde 2001. PRISMA - Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas (CSA-ProQuest, Gran Bretaña), desde 2001. Historical Abstracts y America: History & Life (EBSCO Information Services, antes ABC-CLIO, Estados Unidos), desde 2001. HAPI - Hispanic American Periodical Index (UCLA, Estados Unidos), desde 2002. OCENET (Editorial Oceano, España), desde 2003. LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México), desde 2005. Fuente Académica, Current Abstracts, EP Smartlink Fulltext, TOC Premier, Academica Search Complete, SocINDEX (EBSCO Information Services, Estados Unidos), desde 2005. RedALyC - Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (UAEM, México), desde 2007. DOAJ - Directory of Open Access Journal (Lund University Libraries, Suecia), desde 2007. Informe académico y Académica onefile (Thompson Gale, Estados Unidos), desde 2007. CLASE - Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (UNAM, México), desde 2007. DIALNET - Difusión de Alertas en la Red (Universidad de La Rioja, España), desde 2007. CIBERA - Biblioteca Virtual Iberoamericana/España/Portugal (German Institute of Global and Area Studies, Alemania), desde 2007. SciELO - Scientific Electronic Library Online (Colombia), desde 2007. CREDI - Centro de Recursos Documentales e Informáticos (Organización de Estados Iberoamericanos, España), desde 2008. HLAS - Handbook of Latin American Studies (Library of Congress, Estados Unidos), desde 2008. LAPTOC - Latin American Periodicals Tables of Contents (University of Pittsburgh, Estados Unidos), desde 2008. Social Sciences Citation Index - Social Scisearch - Arts and Humanities Citation Index - Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition (ISI, Thomson Reuters, antes Thomson Scientific, Estados Unidos), desde 2008. SCOPUS - Database of abstracts and citations for scholarly journal articles (Elsevier, Países Bajos), desde 2008. LatAm -Estudios Latinamericanos (International Information Services, Estados Unidos), desde el 2009. SciELO Citation Index (Thomson Reuters–SciELO), desde 2013.

Portales Web: http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia), desde 2001. http://www.cervantesvirtual.com/portales/ (Quórum Portal de Revistas, Universidad de Alcalá, España), desde 2007. http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/lenlaces (Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, Argentina), desde 2007. http://www.historiadoresonline.com (Historiadores OnLine - HOL, Argentina), desde 2007.


Los árbitros de este número de la revista fueron: Olga Yanet Acuña Rodriguez (uptc, Colombia) Susana Ofelia Bandieri (Universidad Nacional del Comahue, Argentina) María Fernanda Barcos (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) Raimundo Bassols Jacas (Fundación Almenara, España) Hal Brands (Duke University, Estados Unidos) Herbert Braun (University of Virginia, Estados Unidos) Edwin Cruz Rodríguez (Universidad Nacional de Colombia) José Manuel Díaz Blanco (Universidad de Huelva, España) Juan Camilo Escobar Villegas (Universidad eafit, Colombia) Donato Fernández Navarrete (Universidad Autónoma de Madrid, España) Milton Godoy Orellana (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile) Manuel González de Molina (Universidad Pablo de Olavide, España) Aimer Granados (Universidad Autónoma Metropolitana, México) Sergio Grez Toso (Universidad de Chile) Salomon Kalmanovitz (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia) Markus Lampe (Universidad Carlos iii, España) Pablo León Aguinaga (Georgetown University, Estados Unidos) Lucía Lionetti (Universidad Nacional del Centro de la Provincia Buenos Aires) Maria Celeste Lopes Natário (Universidade do Porto, Portugal) Edwin López Rivera (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia) Julio M. Luqui-Lagleyze (Universidad Católica de Argentina) Pedro Marques Gomes (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) Juan David Montoya Guzmán (Universidad Nacional de Colombia) Federica Morelli (Università degli Studi di Torino, Italia) Leandro Morgenfeld (Universidad de Buenos Aires, Argentina) Hernán Alejandro Olano García (Universidad de la Sabana, Colombia) Alberto Pena Rodríguez (Universidade de Vigo, España) Jerónimo Pizarro (Universidad de los Andes, Colombia) Carlos Armando Preciado (Universidad de Guanajuato, México) Eduardo Restrepo (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) Francisco Antonio Rubio Durán (Universidad Pablo de Olavide, España) Pablo Ariel Scharagrodsky (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina) Luis Fernando Trejos Rosero (Universidad del Norte, Colombia) José Fernando Valencia Grajales (Universidad Nacional de Colombia) Ignacio Zubizarreta (Universidad de Buenos Aires/conicet, Argentina)


Tabla de contenido Carta a los lectores

8-10

Artículos Tema abierto Jaime Valenzuela Márquez, Pontificia Universidad Católica de Chile

13-34

Indios urbanos: inmigraciones, alteridad y ladinización en Santiago de Chile (siglos xvi-xvii)

Raúl O. Fradkin, Universidad de Buenos Aires, Argentina

35-59

La revolución, los comandantes y el gobierno de los pueblos rurales. Buenos Aires, 1810-1822

Germán A. de la Reza, Universidad Autónoma Metropolitana, México

61-81

El Congreso anfictiónico en la ciudad de México a la luz de un documento inédito (1826-1828)

Antonio Galarza, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

83-107

“Un nuevo puerto para Buenos Aires”. La boca del río Salado como alternativa a los bloqueos portuarios en el Río de la Plata (1830-1850)

Gabriel Carrizo, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina

109-128

La educación corporal salesiana en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955

Fernando Purcell, Pontificia Universidad Católica de Chile

129-154

Conectando realidades: los voluntarios del Cuerpo de Paz en Suramérica y la Guerra Global contra la pobreza en la década de 1960

Pablo Andrés Nieto Ortiz, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia

155-176

El reformismo doctrinario en el Ejército colombiano: una nueva aproximación para enfrentar la violencia, 1960-1965

Suzana Cavaco, Universidade do Porto, Portugal

177-198

Oportunidades y constreñimientos: prensa portuguesa durante los últimos años del régimen autoritario (1968-1974)

Espacio estudiantil Nelson Eduardo Rodríguez Hernández, Universidad de los Andes, Colombia

201-223

El imperio contraataca: las expediciones militares de Antonio Caballero y Góngora al Darién (1784-1790)

Reseñas Jaime Humberto Borja Gómez, Universidad de los Andes, Colombia

227-231

Chicangana-Bayona, Yobenj Aucardo. Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo Mundo. De lo maravilloso medieval a lo exótico colonial. Siglos xv-xvii. Bogotá: Universidad del Rosario, 2013.

Daniel Esteban Bedoya Betancur, Universidad de los Andes, Colombia

231-234

Lasso, Marixa. Mitos de armonía racial. Raza y republicanismo durante la era de la revolución, Colombia 1795-1831. Bogotá: Universidad de los Andes/Banco de la República, 2013.

Álvaro Villegas, Universidad Nacional de Colombia

235-238

Franco Díez, Germán. Mirando solo a la tierra. Cine y sociedad espectadora en Medellín (1900-1930). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2013.

Notilibros Acerca de la revista Normas para los autores Políticas éticas

239-241 242 243-245 246-247


Table of Contents Letter to readers

8-10

Articles Open Forum Jaime Valenzuela Márquez, Pontificia Universidad Católica de Chile

13-34

Urban Indians: Migrations, Alterity, and Ladinoization in Santiago de Chile (16th and 17th Century)

Raúl O. Fradkin, Universidad de Buenos Aires, Argentina

35-59

Revolution, Commanders, and Government of Rural Towns. Buenos Aires, 1810-1822

Germán A. de la Reza, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico

61-81

The Amphictyonic Council of Mexico City in Light of an Unpublished Document (1826-1828)

Antonio Galarza, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

83-107

“A New Port for Buenos Aires”. The Mouth of the Salado River as an Alternative to the Port Blockades of Rio de la Plata (1830-1850)

Gabriel Carrizo, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina

109-128

Corporal Salesian Education in the Military Government of Comodoro Rivadavia, 1944-1955

Fernando Purcell, Pontificia Universidad Católica de Chile

129-154

Connecting Realities: Peace Corps Volunteers in South America and the Global War on Poverty during the 1960s

Pablo Andrés Nieto Ortiz, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia

155-176

Doctrinarian Reformism in the Colombian Army: a New Approach to Face Violence, 1960-1965

Suzana Cavaco, Universidade do Porto, Portugal

177-198

Opportunities and Constraints: Portuguese Press during the Last Years of the Authoritarian Regime (1968-1974)

Student Space Nelson Eduardo Rodríguez Hernández, Universidad de los Andes, Colombia

201-223

The Empire Strikes Back: the Military Expeditions of Antonio Caballero y Góngora to El Darien (1784-1790)

Book Reviews Jaime Humberto Borja Gómez, Universidad de los Andes, Colombia

227-231

Chicangana-Bayona, Yobenj Aucardo. Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo Mundo. De lo maravilloso medieval a lo exótico colonial. Siglos xv-xvii. Bogotá: Universidad del Rosario, 2013.

Daniel Esteban Bedoya Betancur, Universidad de los Andes, Colombia

231-234

Lasso, Marixa. Mitos de armonía racial. Raza y republicanismo durante la era de la revolución, Colombia 1795-1831. Bogotá: Universidad de los Andes/Banco de la República, 2013.

Álvaro Villegas, Universidad Nacional de Colombia

235-238

Franco Díez, Germán. Mirando solo a la tierra. Cine y sociedad espectadora en Medellín (1900-1930). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2013.

Book Notes About the journal Submission Guidelines Ethical Policies

239-241 242 243-245 246-247


Lista de conteúdos Carta aos leitores

8-10

Artigos Tema aberto Jaime Valenzuela Márquez, Pontificia Universidad Católica de Chile

13-34

Índios urbanos: imigrações, alteridade e ladinização em Santiago do Chile (séculos xvi-xvii)

Raúl O. Fradkin, Universidad de Buenos Aires, Argentina

35-59

A revolução, os comandantes e o governo dos povos rurais. Buenos Aires, 1810-1822

Germán A. de la Reza, Universidad Autónoma Metropolitana, México

61-81

O Congresso anfictiônico na cidade do México à luz de um documento inédito (1826-1828)

Antonio Galarza, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

83-107

“Um novo porto para Buenos Aires”. A foz do rio Salado como alternativa aos bloqueios portuários no Rio da Prata (1830-1850)

Gabriel Carrizo, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina

109-128

A educação corporal salesiana na Governação Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955

Fernando Purcell, Pontificia Universidad Católica de Chile

129-154

Conectando realidades: os voluntários do Corpo de Paz na América do Sul e a Guerra Global contra a pobreza na década de 1960

Pablo Andrés Nieto Ortiz, Universidad Pedagógica Nacional, Colômbia

155-176

O reformismo doutrinário no Exército colombiano: uma nova aproximação para enfrentar a violência, 1960-1965

Suzana Cavaco, Universidade do Porto, Portugal

177-198

Oportunidades e constrangimentos: imprensa portuguesa nos últimos anos do regime autoritário (1968-1974)

Espaço Estudantil Nelson Eduardo Rodríguez Hernández, Universidad de los Andes, Colômbia

201-223

O império contra-ataca: as expedições militares de Antonio Caballero e Góngora ao Darién (1784-1790)

Resenhas Jaime Humberto Borja Gómez, Universidad de los Andes, Colômbia

227-231

Chicangana-Bayona, Yobenj Aucardo. Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo Mundo. De lo maravilloso medieval a lo exótico colonial. Siglos xv-xvii. Bogotá: Universidad del Rosario, 2013.

Daniel Esteban Bedoya Betancur, Universidad de los Andes, Colômbia Lasso, Marixa. Mitos de armonía racial. Raza y republicanismo durante la era de la revolución, Colombia 1795-1831. Bogotá: Universidad de los Andes/Banco de la República, 2013.

Álvaro Villegas, Universidad Nacional de Colombia

231-234

235-238

Franco Díez, Germán. Mirando solo a la tierra. Cine y sociedad espectadora en Medellín (1900-1930). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2013.

Notilivros Sobre esta Revista Normas para os autores Políticas éticas

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Carta a los lectores

Carta a los lectores La revista Historia Crítica, desde su fundación en 1989 hasta la actualidad, ha difundido el conocimiento histórico, al mismo tiempo que ha fortalecido los diálogos de la Historia con otras ciencias sociales. En este fortalecimiento ha sido fundamental su propio recorrido: la importancia concedida a los procesos arbitrados y la existencia de comités asesores; la ampliación de su contexto de estudio, que conecta en la actualidad a los lectores con realidades latinoamericanas e, incluso, mundiales; la publicación de artículos de otras disciplinas y de académicos de diversas áreas —sociólogos, economistas, antropólogos, filósofos, geólogos y politólogos—. Como también la presencia de temáticas abiertas, nuevos dossiers, traducción de artículos, entrevistas a diversos investigadores, y, en los últimos años, divulgación de trabajos en inglés y portugués. En esta edición de Tema abierto que se presenta a consideración de nuestros lectores se observa nuevamente la diversidad temática, la multiplicidad de debates, los diálogos entre disciplinas y el encuentro de estudiosos en torno a la historia. Los dos primeros artículos del número estudian temáticas amplias enmarcadas en espacios particulares: los procesos de inserción urbana y de movilidad social indígena en Chile, así como las disputas desatadas en los pueblos rurales por el control de las comandancias militares en Buenos Aires. Jaime Valenzuela Márquez explora las migraciones y los traslados de indígenas andinos: huarpes de Cuyo, juríes del Tucumán y mapuche-huilliches del sur del reino de Chile. La ladinización y la alteridad resultan ser para el autor las nociones fundamentales para explicar no sólo el desarraigo y el destierro que conllevaba la movilidad de estos grupos, sino además los procesos de adaptación e incorporación al sistema cultural occidental. Mientras que Raúl O. Fradkin estudia los cambios políticos y los conflictos militares vividos en la campaña bonaerense tras los proyectos revolucionarios centralistas, en donde se daban abiertas disputas por el control de las comandancias militares y las aspiraciones de mando de los pueblos. El autor concluye mostrando las contradicciones existentes entre la construcción de un gobierno organizado por las autoridades superiores y el significado otorgado al autogobierno en la campaña. El tercero y cuarto artículos se ubican en la primera mitad del siglo xix, cuando se están viviendo trascendentales procesos de ordenamiento territorial, político y religioso en las nuevas repúblicas americanas tras los procesos

Historia Critica No. 53, Bogotá, mayo - agosto 2014, 260 pp. issn 0121-1617 pp 8-10


Carta a los lectores

independentistas. Germán A. de la Reza analiza los primeros antecedentes del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en el istmo de Panamá, y las discusiones que conllevaron su organización final en el poblado de Tacubaya, en Ciudad de México. Tras un estudio pormenorizado de varios acontecimientos, muestra que si bien en esta asamblea se contaba con la participación de las Provincias Unidas del Centro de América, México, Perú y la Gran Colombia, las contradicciones entre los delegados plenipotenciarios, el ordenamiento del Gobierno de México y la participación de naciones externas —Estados Unidos, Gran Bretaña y Países Bajos— llevaron a la suspensión definitiva de esta asamblea, sin conmemorarse su primera sesión. Antonio Galarza, por su parte, reflexiona sobre el comercio desarrollado en la desembocadura del río Salado, un puerto alternativo al de la capital de la provincia de Buenos Aires. Se examinan los inicios de organización del puerto, el tipo de comercio desarrollado, el papel de algunos mercaderes, la posición estratégica del puerto y el control desplegado por las autoridades locales y provinciales. A continuación se encuentran los artículos de Gabriel Carrizo, Fernando Purcell y Pablo Andrés Nieto Ortiz, que indagan, respectivamente, por los procesos de educación corporal en Comodoro Rivadavia (Argentina), los Cuerpos de Paz en Suramérica y el reformismo doctrinario en el Ejército colombiano. Carrizo indaga acerca del discurso corporal de los salesianos y la Administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf), para mostrar el acercamiento de la Iglesia católica a los sujetos que laboraban en estas empresas, y, de manera especial, la construcción de un tipo de masculinidad impartido en las escuelas de Artes y Oficios. Entretanto, Purcell se adentra en los Cuerpos de Paz de Estados Unidos, integrados por jóvenes capacitados en comunidades pobres, que comenzaron a consolidarse en Suramérica durante la década de 1960. Con este objetivo se describen la formación de estos Cuerpos, las conexiones establecidas entre distintas realidades, la experiencia de los propios voluntarios y sus frustraciones en los países suramericanos. Nieto Ortiz reflexiona en los distintos procesos de transformación del proyecto doctrinario del Ejército colombiano, estudiando el papel cumplido por Alberto Ruiz Novoa y algunos de sus contradictores —especialmente, Gabriel

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Carta a los lectores

Revéiz Pizarro—. Esto para mostrar la injerencia de las Fuerzas Armadas en el campo político, las contradicciones del Estado colombiano, la proclamada “autonomía militar” del Ejército y las consecuencias de la violencia en el país. Por último, se presentan el artículo de Suzana Cavaco sobre la prensa diaria portuguesa durante el régimen del Estado Novo, depuesto en 1974, y en el Tema estudiantil, el artículo de Nelson Eduardo Rodríguez Hernández sobre las expediciones militares de Antonio Caballero y Góngora en el Darién (17841790). Cavaco —siguiendo los postulados del sociólogo Pierre Bourdieu sobre el microcosmos del espacio social o elementos macroambientales— estudia las fuerzas externas que proporcionaron oportunidades y constriñeron la industria periodística en Portugal. La autora destaca las fuerzas políticas y legales de la prensa; las fuerzas económicas durante la crisis de la prensa y después del desarrollo de la publicidad; las fuerzas tecnológicas y los retos asumidos en el proceso de modernización de los periódicos; y, finalmente, la distribución, que se constituía en una de las actividades claves de la industria periodística. Rodríguez Hernández, por otro lado, considera las expediciones militares que se realizaron en la provincia del Darién con el propósito de reducir los Cunas a las estructuras poblacionales españolas. Para ello, se realiza un recorrido por el programa expedicionario del virrey-arzobispo Caballero y Góngora; se describen las expediciones y sus principales dificultades; se destaca la influencia del Gobierno inglés en el ordenamiento económico de la provincia; y se enfatiza en las negociaciones entre los Cunas y la Corona española; al mismo tiempo se señalan las dificultades de estos tratados cuando se encontraban en juego los intereses de múltiples actores: los comerciantes, los expedicionarios, el Virrey, los ingleses y los indígenas. Finalmente, les recordamos a nuestros lectores que el mes de noviembre se llevara a cabo el evento de lanzamiento de publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, en el que se conmemorarán los veinticinco años de fundación de la revista Historia Crítica y los quince de la Revista de Estudios Sociales con la participación del reconocido historiador Robert Darnton.

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Indios urbanos: inmigraciones, alteridad y ladinización en Santiago de Chile (siglos xvi-xvii) Ï

Jaime Valenzuela Márquez

Profesor del Instituto de Historia y coordinador del Laboratorio de Historia Colonial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciado en Historia por esta universidad y doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París). Entre sus publicaciones se destacan: Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial (1609-1709) (Santiago: dibam, 2013 [2001]). Es editor además, junto con Alejandra Araya, de América colonial. Denominaciones, clasificaciones e identidades (Santiago: Universidad de Chile/ puc/ril, 2010) y de América en diásporas. Esclavitudes y migraciones forzadas (siglos xvixix) (Santiago: puc/ril, [en prensa]). jvalenzm@uc.cl

Artículo recibido: 05 de marzo de 2013 Aprobado: 06 de agosto de 2013 Modificado: 02 de septiembre de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.01

Ï Este artículo recoge documentación y reflexiones que forman parte de los proyectos de investigación financiados por Fondecyt Nº 1070451 (2007-2010) y Nº 1100215 (2010-2014). Un agradecimiento por la colaboración profesional que a lo largo de estos años se ha recibido de Patricia Palma, Katherine Quinteros, Esteban Soler, Macarena Sánchez y, especialmente, Hugo Contreras.

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Indios urbanos: inmigraciones, alteridad y ladinización en Santiago de Chile (siglos xvi-xvii)

Indios urbanos: inmigraciones, alteridad y ladinización en Santiago de Chile (siglos xvi-xvii) Resumen: En Santiago de Chile, durante el período que siguió a la Conquista y se configuró su sociedad urbana, se observan los diferentes indígenas que migraron a ella: andinos, huarpes de Cuyo, juríes del Tucumán y mapuche-huilliches del sur del reino de Chile. El propósito de este artículo es ilustrar su gran diversidad geográfica y étnica, al estudiar la llegada, el despliegue y la movilidad de estos actores y sus descendientes, así como sus formas de arraigo y estrategias de integración. Palabras clave: Santiago de Chile, amerindios, ciudad, migración, identidad, multiculturalismo.

Urban Indians: Migrations, Alterity, and Ladinoization in Santiago de Chile (16th and 17th Century) Abstract: During the period following the Conquista and when the Santiago de Chile’s urban society was formed, one can observe various indigenous peoples that migrated to the city: Andinos, Huarpes of Cuyo, Juries from Tucaman, and Mapuche-Huilliches from the south of the Kingdom of Chile. The objective of this article is to show the great geographic and ethnic diversity of the city by studying the arrival, deployment and mobility of these actors and their descendants, as well as their forms of settlement and their strategies for integration. Keywords: Santiago de Chile, Amerindians, city, migration, identity, multiculturalism.

Índios urbanos: imigrações, alteridade e ladinização em Santiago do Chile (séculos xvi-xvii) Resumo: Em Santiago do Chile, durante o período que seguiu à Conquista e configurou sua sociedade urbana, observam-se os diferentes indígenas que migraram a ela: andinos, huarpes de Cuyo, juríes de Tucumán e mapuche-huilliches do sul do reino do Chile. O propósito deste artigo é ilustrar sua grande diversidade geográfica e étnica, ao estudar a chegada, a dispersão e a mobilidade desses atores e de seus descendentes, bem como de suas formas de fixação e estratégias de integração. Palavras-chave: Santiago do Chile, ameríndios, cidade, migração, identidade, multiculturalismo.

Historia Critica No. 53, Bogotá, mayo - agosto 2014, 260 pp. issn 0121-1617 pp 13-34


Jaime Valenzuela Márquez

Indios urbanos: inmigraciones, alteridad y ladinización en Santiago de Chile (siglos xvi-xvii)

Introducción

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studiar el mundo indígena en contextos urbanos remite a experiencias sociales, étnicas y laborales que forman parte estructural de los mundos coloniales americanos. De ahí que se asigne el plural a estos vocablos, justo para ilustrar también las diversas realidades que se desplegaron al abrigo de un proceso relativamente común y comparable: el de la creación y el poblamiento de espacios urbanos en función de la dinámica colonizadora y administrativa de los invasores. Un espacio adecuado a sus parámetros occidentales de habitación, socialización y control, pero que también fue alimentado con un universo variopinto de no-hispanos, entre los que destacaron habitantes amerindios desplazados por las dinámicas coloniales y compulsiones laborales, deportados como esclavos, criados o concubinas, o atraídos en su desarraigo por las posibilidades de integración al “Nuevo Mundo” que emergía del caos1; sin olvidar, por cierto, a todos aquellos que integraron los contingentes de las huestes conquistadoras como aliados voluntarios o sirvientes forzados, y con cuyo aporte militar, laboral y sexual se selló el control de importantes regiones americanas2. Así, pues, este artículo muestra que la mayoría de los indígenas que habitarán las urbes americanas tendrán la categoría de “foráneos” o forasteros, producto de migraciones lejanas o traslados cercanos3. Se trata, por cierto, de individuos o grupos que, al menos en la etapa

1

Sobre la migración indígena como estrategia para evitar la compulsión laboral hispana, ver: Thierry Saignes, “Indian Migration and Social Change in Seventeenth-Century Charcas”, en Ethnicity, Markets, and Migration in the Andes: At the Crossroads of History and Anthropology, eds. Brooke Larson y Olivia Harris (Durham: Duke University Press, 1995), 167-195.

2

Laura E. Matthew y Michel R. Oudijk, eds., Indians Conquistadors: Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica (Norman: University of Oklahoma Press, 2012); Christophe Giudicelli, “‘Indios amigos’ y movilización colonial en las fronteras americanas de la monarquía católica (siglos xvi-xvii)”, en Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las monarquías ibéricas, ed. José Javier Ruiz Ibáñez (Madrid/México: fce, 2009), 349-377.

3

Paul Charney, “Negotiating Roots: Indian Migrants in the Lima Valley during the Colonial Period”, en The Indian in Latin American History. Resistance, Resilience, and Acculturation, ed. John E. Kicza (Wilmington: Scholarly Resources Inc., 2000), 139-156. También, Rolando Mellafe, “Esquema del fenómeno migratorio en el virreinato peruano”, en Historia social de Chile y América. Sugerencias y aproximaciones, ed. Rolando Mellafe (Santiago de Chile: Universitaria, 1986), 131-145; Woodrow Borah y Serborne F. Cook, “The Urban Center as a Focus of Migration in the Colonial Period: New Spain”, en Urbanization in the Americas from Its Beginnings to the Present, eds. Richard P. Schaedel, Jorge E. Hardoy y Nora Scott Kinzer (París: Mouton, 1978), 383-398.

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de la Conquista, provenían de matrices étnicamente reconocibles y diferenciables. Pero éstas sufrirán cambios radicales luego de la experiencia del desplazamiento y, sobre todo, con la inserción en las nuevas concentraciones urbanas y la inevitable interacción social y biológica con los “otros” que allí habitaban, también de condiciones y orígenes diversos —por ejemplo, los inmigrantes africanos y sus descendientes afromestizos—4. Este mosaico urbano —en palabras de Poloni-Simard— influirá también en las estrategias de inserción y de interacción, de adaptación y de movilidad y, en definitiva, en la reconfiguración identitaria que desarrollarán estos sujetos5. Esto se ha articulado en torno a las nociones de “ladino” y de “ladinización”, como propuesta de lectura de las formas culturales adaptativas que predominan en el proceso de inserción urbana y de movilidad social de los sujetos “subalternos”. Por tanto, la ladinización, en la misma lógica de la hispanización y occidentalización, se entiende como aquel proceso que viven los pueblos indígenas desde el momento de la Conquista para incorporar elementos europeos en sus formas de ser y entender el mundo; pero que apunta a una actitud proactiva, donde esos elementos son digeridos culturalmente y utilizados conscientemente para adaptarse, movilizarse y obtener mejores condiciones de vida en los nuevos contextos de dominación colonial6. Una alteridad activa es lo que definiría, entonces, al bullente universo humano que se despliega y concentra en los espacios urbanos coloniales, donde reafirman o transforman sus identidades en contacto con “otros” y en función de las categorías del sistema; al mismo tiempo que se activan contactos, redes y solidaridades transversales. Lo que conlleva desarraigos más o menos traumáticos del desplazamiento originario; los indios urbanos —forasteros o “criollos”— vivieron un proceso de aprendizaje de los usos, formas y códigos del mundo colonial; aprendizaje muchas veces voluntario y consciente que permitía, por lo mismo, incorporar

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Ann M. Wightman, Indigenous Migration and Social Change. The Forasteros of Cuzco, 1570-1720 (Durham/Londres: Duke University Press, 1990); Karen Vieira Powers, Andean Journeys: Migration, Ethnogenesis, and the State in Colonial Quito (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1995); Felipe Castro Gutiérrez, “Migración indígena y cambio cultural en Michoacán colonial, siglos xvii y xviii”, Colonial Latin American Historical Review 7: 4 (1998): 419-440; Nicolás Sánchez Albornoz, La ciudad de Arequipa, 1573-1645. Condición, migración y trabajo indígenas (Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín, 2003).

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Jacques Poloni-Simard, La mosaïque indienne. Mobilité, stratification sociale et métissage dans le corregimiento de Cuenca (Équateur) du xvie au xviiie siècle (París: ehess, 2000); John K. Chance, “The Urban Indian in Colonial Oaxaca”, American Ethnologist 3: 4 (1976): 603-632; Lyn B. Lowry, “Forging an Indian Nation: Urban Indians under Spanish Colonial Control (Lima, Perú, 1535-1765)” (Tesis de Doctorado en Historia, University of California-Berkeley, 1991); Felipe Castro Gutiérrez, coord., Los indios y las ciudades de Nueva España (México: unam/Instituto de Investigaciones Históricas, 2010); Dana Velasco Murillo, Mark Lentz y Margarita Ochoa, eds., City Indians in Spain’s American Empire: Urban Indigenous Society in Colonial Mesoamerica and Andean South America, 1530-1810 (Brighton: Sussex Academic Press, 2012).

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Carmen Bernand, “Mestizos, mulatos y ladinos en Hispanoamérica: un enfoque antropológico de un proceso histórico”, en Motivos de la antropología americanista. Indagaciones en la diferencia, ed. Miguel León-Portilla (México: fce, 2001).

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estos elementos como estrategias para insertarse en él, mejorar una posición social, negociar o resolver algún conflicto. Ser ladino, entonces, iba mucho más allá del significado que se le asignaba preferentemente en la época, y que apuntaba básicamente a aquellos individuos (indios y negros) que entendían la lengua castellana y podían hablarla. Significaba manejar, además, ciertas dotes de astucia, prudencia, sagacidad y manejo de los códigos colectivos y plurivalentes de la sociedad colonial, como se dejaba entender en la propia península Ibérica7. En ese mismo sentido, el acceso a los ritos de integración religiosa constituye un espacio de ladinización sustancial, toda vez que el bautismo significaba la incorporación al sistema de nominación occidental, mientras que el matrimonio conllevaba una reorganización del sistema parental conforme a formas, criterios ideológicos y referentes simbólicos católicos8. Por otro lado, se debe considerar el aprendizaje de oficios, técnicas de manufactura e identificación corporativa de origen occidental, que figuran entre los canales de integración más recurrentes y generalizados de los indios en el Nuevo Mundo9. También hay que observar el acceso a la justicia, que conlleva la utilización de las herramientas de represión y de disciplinamiento jurídico hispanas para zanjar conflictos y litigios10. Por tanto, el indio urbano que se construye en este proceso y que se estudia aquí como sujeto colonial —más allá de la funcionalidad exógena e instrumental y la capacidad performativa que posee el concepto de “indio”11—, se alza como una categoría de análisis útil a esta

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Al definir el término en 1611, Covarrubias agregaba al manejo lingüístico del castellano por parte de moriscos y “extranjeros”, el hecho de que: “Estos eran tenidos por discretos y hombres de mucha razón y cuenta, de donde resultó dar este nombre a los que son diestros y solertes [habituados] en cualquier negocio”. Sebastián de Covarrubias Horozco, Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid: Iberoamericana/Vervuert/Universidad de Navarra, 2006 [1611]), 1158.

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Juan Carlos Estenssoro Fuchs, Del paganismo a la santidad. La incorporación de los indios del Perú al catolicismo, 15321750 (Lima: ifea/pucp/Instituto Riva-Agüero, 2003).

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James Lockhart, El mundo hispanoperuano (1532-1560) (México: fce, 1982); Estela Noli, “Transformaciones de larga duración en las poblaciones indígenas: el trabajo como vehículo de ladinización”, en Indios ladinos, criollos aindiados. Procesos de mestizaje y memoria étnica en Tucumán (siglo xvii), ed. Estela Noli (Rosario: Prohistoria, 2012), 75-103.

10 Jacques Poloni-Simard, “Los indios ante la justicia. El pleito como parte de la consolidación de la sociedad colonial”, en Máscaras, tretas y rodeos del discurso colonial en los Andes, ed. Bernard Lavallé (Lima: ifea/pucp/Instituto Riva-Agüero, 2005), 177-188. 11 José Luis Martínez Cereceda, Gente de la tierra de guerra. Los lipes en las tradiciones andinas y el imaginario colonial, parte ii (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú/dibam, 2011); Irene Silverblatt, “El surgimiento de la indianidad en los Andes del Perú central: el nativismo del siglo xvii y los muchos significados de ‘indio’”, en De palabra y obra en el Nuevo Mundo. 3: La formación del otro, eds. Miguel León-Portilla et al. (Madrid: Siglo xxi, 1992). Aproximaciones recientes pueden encontrarse en Alejandra Araya y Jaime Valenzuela, eds., América colonial. Denominaciones, clasificaciones e identidades (Santiago: Universidad de Chile/puc/ril, 2010), y en Christophe Giudicelli, ed., Fronteras movedizas. Clasificaciones coloniales y dinámicas sociopolíticas en las fronteras de las Américas (México: cemca/El Colegio de Michoacán, 2011).

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exposición. Esto debido a que la etnificación que viven los “indios” de las ciudades condensa, en su experiencia histórica, la dialéctica entre la herencia de los fragmentos del “primer encuentro”, los deslindes ideológicos trazados por la administración colonial y la práctica activa de negociación y movilidad social en un contexto de alteridad como el urbano12. La atención se fija entonces en la movilidad (geográfica y social), la diversidad (étnica) y la dilución (o recomposición) identitaria. Por lo tanto, implica preguntarse, en primer lugar, por la experiencia del desarraigo y del desplazamiento o traslado (forzado o “voluntario”, individual o colectivo) y, en segundo lugar, por los procesos de rearraigo, adaptación laboral, inserción espacial y regeneración del tejido social en el lugar de destino. Para ilustrar este fenómeno, se observarán, en primer lugar, los actores indígenas que confluyen, se asientan e interactúan en el seno de la ciudad de Santiago, explorando su diversidad de orígenes geográficos y étnicos. Luego, el artículo se concentrará en el espacio urbano y en las características espaciales que asumió dicha presencia.

1. Los indios de Santiago Pese a su pequeña dimensión y a su rol periférico entre las ciudades del Imperio español, la capital chilena desarrollará un escenario social que reflejará toda la complejidad propia del proceso colonizador que se estaba viviendo en América colonial. A la llegada de los europeos, la cuenca del río Mapocho y su comarca cercana contenían una población que fue rápidamente dislocada y sometida a fuertes cambios sociales y étnicos por efecto de las exigencias laborales y los desplazamientos forzados asociados a las encomiendas agrícolas y mitas mineras y urbanas13. A ello se unirán los problemas comunes al resto del Nuevo Mundo, como la caída demográfica causada por las mismas condiciones de trabajo y las enfermedades pandémicas, que, unidas a terremotos y sequías, seguirán marcando coyunturas de falta de mano de obra en la ciudad y en las chacras de los alrededores durante todo el siglo xvii, aumentando las presiones y los incentivos para el traslado e inserción de indígenas forasteros. Entre éstos, se destacan mayoritariamente cuatro sectores: andinos, huarpes de Cuyo, juríes del Tucumán y mapuche-huilliches del sur del reino de Chile.

12 Gregorio Salinero, “Mobilité et identités dans les études de la relation Espagne-Amérique (xvie-xviiie siècles)”, en Mezclado y sospechoso. Movilidad e identidades, España y América (siglos xvi-xviii), ed. Gregorio Salinero (Madrid: Casa de Velázquez, 2005), 3-22. 13 Leonardo León Solis, La merma de la sociedad indígena en Chile central y la última guerra de los Promaucaes, 1541-1558 (Saint Andrews: University of St. Andrews, 1991); Hugo Contreras Cruces, “Encomienda y servicio personal entre las comunidades indígenas de Chile central, 1541-1580” (Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Chile, 2010).

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La presencia andina en Chile central hundía sus raíces en la fase expansiva del Tawantinsuyu meridional, cuando algunas colonias de mitimaes diaguito-incaicas llegaron a asentarse en la cuenca del Mapocho14, por lo cual los yanaconas andinos que en 1541 acompañaron la expedición del conquistador Pedro de Valdivia desde el Cuzco y la región del Collao no habrían llegado a un espacio cultural completamente ajeno. Se hace referencia a un contingente de alrededor de mil personas que, como cargadores, traductores, sirvientes, “soldados”, mineros y concubinas, se constituyeron en activos colaboradores de la invasión europea; al punto que los españoles tenderán a distinguirlos del resto de indígenas locales y a integrarlos de mejor manera. En efecto, la colaboración prestada en los primeros tiempos se tradujo en que el Cabildo de Santiago les otorgó una serie de solares en la ribera extraurbana del río Mapocho, donde los antiguos yanaconas fueron instalándose comenzando su proceso de transformación en moradores urbanos. Hasta allí fueron llegando también, durante el resto del siglo xvi y primeras décadas del xvii, nuevos inmigrantes andinos, aunque ahora con trayectorias individuales y procedencias más diversas que la primera oleada, ya que se encuentran sujetos procedentes de Arequipa, Cuzco, Trujillo, Lima, Jauja ( Junín), Huamanga (Ayacucho), Huánuco y Pisco; como también indígenas procedentes de Chuquisaca y Cochabamba (en la actual Bolivia), e incluso de Guayaquil y Quito. A juzgar por los contratos notariales donde dejaron testimonio, estos inmigrantes habrían alcanzado un 9% de la población indígena asentada en Santiago15, una proporción no menos significativa si se considera la influencia cualitativa que tendrán en las dinámicas sociales y laborales de la ciudad. En otro momento se ha estudiado con mayor detalle este fenómeno, así como la evidencia documental que muestra la resiliencia social y económica de al menos parte de aquellos inmigrantes, que a lo largo de sus vidas lograron consolidar un patrimonio material y una red sociourbana anclada en aquel sector periurbano16. Muchos de ellos llegarían a ser prósperos y reconocidos artesanos, con sus solares poblados de chacras, viñas y olivares, con casas de teja y otros bienes acumulados que signaban una exitosa inserción en la sociedad y economía loca-

14 Osvaldo Silva Galdames, “Consideraciones sobre la presencia inca en la cuenca de Santiago: Chile central”, Boletín del Museo Arqueológico de La Serena 16-17 (1976-1977): 211-243; Rubén Stehberg y Gonzalo Sotomayor, “Mapocho incaico”, Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 61 (2012): 85-149. 15 Álvaro Jara, “Los asientos de trabajo y la provisión de mano de obra para los no-encomenderos en la ciudad de Santiago, 1586-1600”, en Trabajo y salario indígena, siglo xvi, ed. Álvaro Jara (Santiago: Universitaria, 1987), 21-81. 16 Jaime Valenzuela Márquez, “Indígenas andinos en Chile colonial: inmigración, inserción espacial, integración económica y movilidad social (Santiago, siglos xvi-xvii)”, Revista de Indias lxx: 250 (2010): 749-778.

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les. Esto iba acompañado de otros signos sociales y simbólicos que reflejaban su capacidad de tejer redes de sociabilidad y de parentesco espiritual —padrinos de bautismo o matrimonio, albaceas de testamento, testigos en pleitos—, y que confirman los procesos concomitantes que se han indicado desde el comienzo en este artículo17. Se observa, por un lado, una suerte de “etnogénesis migratoria”, donde los andinos y sus descendientes recomponen una determinada identidad nominal (definiéndose como cuzcos), lo que permite distinguirlos frente a los otros (incluso otros indios)18; y, por otro lado (en aparente paradoja), ello se produce en medio de un escenario espacial y un universo de prácticas, plenamente abiertos a interactuar, mezclarse e influirse con esos “otros”, conviviendo, laborando o practicando su religiosidad19. De esta forma, si se detalla en los registros matrimoniales, por ejemplo, puede constatarse una propensión claramente heterogámica a la hora de elegir cónyuges por parte de los diferentes habitantes no-hispanocriollos de la capital, en general, y de los inmigrantes andinos, en particular. Exogamia que con frecuencia se orienta hacia el segmento de españoles pobres y mestizos, quizás como mecanismo de movilidad ligado al capital simbólico que aportaría la hispanización20. En el curso de los años, como apunta Álvaro Jara, las inmigraciones (forzadas o voluntarias) se diversificaron incluyendo a todas las regiones periféricas, y aun a algunas extraordinariamente alejadas de Chile21. Entre las más importantes destacan la provincia chilena de Cuyo y la región transandina de los Juríes (Tucumán), especialmente Córdoba y Santiago del Estero. Por esta razón, hacia fines del siglo xvi y primeras décadas del xvii la mayor cantidad de los indios forasteros que se encontraban en Santiago eran huarpes cuyanos, desterrados por sus encomenderos, que habitaban en la vertiente chilena de los Andes. En principio, se trataba de una migración estacional, una suerte de mita sui generis,

17 Ana María Presta, “Devoción cristiana, uniones consagradas y elecciones materiales en la construcción de identidades indígenas urbanas. Charcas, 1550-1650”, Revista Andina 41 (2005): 109-130. 18 Jaime Valenzuela Márquez, “Los indios cuzcos de Chile colonial: estrategias semánticas, usos de la memoria y gestión de identidades entre inmigrantes andinos (siglos xvi-xvii)”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, Debates (2010): s/p., consultado el 30 de enero de 2014, <http://nuevomundo.revues.org/60271>. 19 Jaime Valenzuela Márquez, “Devociones de inmigrantes. Indígenas andinos y plurietnicidad urbana en la conformación de cofradías coloniales (Santiago de Chile, siglo xvii)”, Historia 43: i (2010): 203-244. 20 La información parroquial sobre registros matrimoniales para este período es sumamente fragmentaria y discontinua para definir series cuantitativas que permitan mostrar tendencias. Por lo tanto, las conclusiones de este artículo son relativas y están basadas en un estudio general sobre los primeros libros de la Parroquia del Sagrario, situada en la iglesia mayor de la ciudad, cuyos primeros fragmentos de matrimonios datan desde 1579 hasta 1692. Consultar: Archivo del Arzobispado de Santiago (aas), Santiago-Chile, Parroquia del Sagrario, Libros: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 21. 21 Álvaro Jara, “Los asientos de trabajo”, 58.

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aunque rápidamente se caracterizó por ser una práctica irregular en lo legal, abusiva en el traslado forzado a través de la cordillera (encollerados con cadenas y cuerdas) y generalmente definitiva (es decir, sin retorno)22. Lo cierto es que su presencia urbana adquirió progresiva notoriedad y peso numérico durante el siglo xvii, como lo reflejaba en 1614 un informe del oidor Machado al indicar que los huarpes representarían cerca del 37% de los indios que vivían en la ciudad y sus contornos23. Dimensión que se mantendría en la segunda mitad del siglo, según constataba el obispo Diego de Humanzoro al informar que hacia el suroriente de la ciudad la parroquia de San Saturnino era conocida como “de los huarpes”, orientación que también habría tenido la contigua doctrina de Ñuñoa. Ambas parroquias, de hecho, habrían sido fundadas por este eclesiástico, justamente para cristianizar a los huarpes inmigrantes que poblaban y trabajaban en las chacras circundantes24. Tan importantes en número como los cuzcos o los huarpes eran los indios procedentes del Tucumán, llamados también juríes, cuya llegada a Chile probablemente estuvo vinculada con las caravanas de múltiples productos que circulaban a través de los ejes mercantiles regionales que unían a Buenos Aires con Santiago y a ambos con el Alto Perú —La Plata y Potosí—, y donde la ciudad de Córdoba se articulaba como un centro económico de gran importancia25. De hecho, numerosos son los conciertos notariales donde aparecen indígenas de Córdoba, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero, pero también de los poblados de Esteco, La Rioja o Santa Fe. Muchos de ellos son mu-

22 Álvaro Jara, “Importación de trabajadores indígenas en Chile en el siglo xvii”, en Guerra y sociedad en Chile y otros temas afines, comp. Álvaro Jara (Santiago: Universitaria, 1984), 261-293; María del Rosario Prieto, “Formación y consolidación de una sociedad en un área marginal del Reino de Chile: la provincia de Cuyo en el siglo xvii”, Anales de Arqueología y Etnología 52-53 (1997-1998): 17-366; Catalina Michieli, Los huarpes protohistóricos (San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 1983). Varios documentos, escritos entre 1626 y 1629, especialmente cartas del obispo de Santiago y del Cabildo de Mendoza al rey, denuncian esta situación. Ver también, a modo de ejemplo para dos momentos diferentes del xvii: “Memorial [del Cabildo de Mendoza] en que se informa a S. M. de las cosas y estado de esta provincia de Cuyo”, Mendoza, 1619, en Biblioteca Nacional de Chile (bnch), SantiagoChile, Biblioteca Medina, Manuscritos, vol. 120, pza. 2148, ff.243-262, y “Carta del Cabildo de San Luis de Loyola a la reina”, San Luis, 12 de mayo de 1670, en bnch, Biblioteca Medina, Manuscritos, vol. 147, pza. 2842, ff.48-57. 23 Antonio Vázquez de Espinoza, Compendio y descripción de las Indias Occidentales (Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1969 [ca.1629]), 482-483; Álvaro Jara, “Los asientos de trabajo”, 61 y 64. 24 “Cuadro descriptivo de las doctrinas del obispado de Santiago enviado al rey de España por el Illmo. Fr. Diego de Humanzoro”, Santiago, 14 de julio de 1662, en Colección de documentos históricos recopilados del Archivo del Arzobispado de Santiago, vol. i, comp. Elías Lizana (Santiago: Imprenta de San José, 1919), 233. 25 Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial: mercado interno, regiones y espacio económico (Lima: iep, 1982); Josefina Piana de Cuestas, Los indígenas de Córdoba bajo el régimen colonial (1570-1620) (Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1992).

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chachos de corta edad, como Juan, quien en 1614 se contrataba para servir a un clérigo de Santiago y declaraba ser “indio ladino en lengua castellana y ser natural de Londres en el Tucumán y ser de edad de doce a trece años”26. Hay casos en que los mercaderes justamente aprovechaban los conocimientos que estos forasteros poseían de sus regiones de origen, incorporándolos en sus travesías comerciales, como sucedió con Nicolás, indio de Santiago del Estero y artesano sillero, que en 1643 fue contratado en la capital chilena por Andres Manuel Palomino “para ir en su compañía a la provincia de Tucumán”27; u ocupándolos para viajar hacia tramos más alejados de aquellos circuitos, como le ocurrió a Pablo, indio originario de Córdoba, asentado en 1631 para servir a Sebastián de Torres, “que estaba presente de partida para el puerto de Buenos Aires e ir en su compañía por tiempo de un año”28. Un cuarto grupo de actores indígenas que deben incorporarse en este proceso de construcción histórica de los indios urbanos de Santiago es el de los mapuches y huilliches del sur —o “indios de Arriba”—, en su mayoría esclavizados y deportados, y que destacan demográficamente entre la población de la ciudad. Esta importancia deriva del conflicto bélico que se mantiene en la frontera meridional del reino de Chile, sumado al incremento del tráfico comercial y del asentamiento hispano en la capital —y su consecuente demanda de mano de obra para servicios domésticos y obras públicas29—, así como la consolidación de las grandes haciendas en la “zona de paz” de Chile central. Para subvenir a aquella demanda se encontraban relativamente cercanos y asequibles —además de los indios cuyanos— los “bárbaros” del sur, rebeldes contumaces e “infieles apóstatas”, quienes serán secuestrados y trasladados en grandes cantidades hacia Chile central, a la región agrominera de Coquimbo e incluso al Perú, especialmente durante la vigencia de su esclavitud legal, entre 1608 y 167430. Junto con la esclavitud, se puede considerar la costumbre generalizada —ilegal, pero muy arraigada— de “sacar” niñas o muchachos indios para “llevarlos” a otro lugar a

26 “Asiento de trabajo de Juan, indio muchacho, ladino, natural de Londres en el Tucumán”, Santiago, 20 de marzo de 1614, en Archivo Nacional Histórico (anh), Santiago-Chile, Fondo Escribanos de Santiago, vol. 99, f.104. 27 “Asiento de trabajo de Nicolás, indio, natural de Santiago del Estero”, Santiago, 26 de enero de 1643, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 117, f.24v. 28 “Asiento de trabajo de Pablo, indio, natural de Córdoba”, Santiago, 23 de enero de 1631, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 71, f.11. 29 Armando de Ramón, Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana (Santiago: Sudamericana, 2000). 30 Álvaro Jara, Guerra y sociedad; Jaime Valenzuela Márquez, “Esclavos mapuches. Para una historia del secuestro y deportación de indígenas en la Colonia”, en Historias de racismo y discriminación en Chile, eds. Rafael Gaune y Martín Lara (Santiago: Uqbar, 2009), 225-260.

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trabajar en diversas tareas31. Se está aquí ante experiencias individuales de indios e indias “sueltos”, no adscritos a un estatuto de posesión ni obligación laboral como la esclavitud o la encomienda; personas que muchas veces se encuentran en los contratos notariales de la ciudad como indios asentados para laborar con comerciantes, propietarios de chacras, artesanos, arrieros, clérigos, entre otros; e indias que se contratan en el servicio doméstico urbano a cambio de un salario, vestuario y protección. Muchos de estos sujetos, por cierto, correspondían a “indios amigos” de las reducciones fronterizas —exentos legalmente de tributo y encomienda—, que desde fines del siglo xvii alimentaron un creciente éxodo individual hacia el norte en busca de trabajo remunerado en la construcción o mantención de los fuertes o quizás en obras urbanas de la ciudad de Concepción32. Entre los numerosos ejemplos, para Santiago puede ilustrar el caso del indio Diego, que en su asiento declaraba “ser natural de las ciudades de arriba y haberse criado en la de La Serena deste dicho Reino”33. Antón, por su parte, dijo “haberse criado desde niño en la guerra deste reino y no tener encomendero ni hecho asiento con persona alguna”, por lo que ahora quería concertarse con un vecino de la capital34. En 1628, por su parte, acudía ante el escribano “un indio que dijo llamarse Pedro y ser natural de Arauco y que de su voluntad había bajado a esta ciudad tres o cuatro años ha, y de su voluntad a servido a diversas personas”35. Claro está que las experiencias urbanas o periurbanas de estos desterrados y sus descendientes seguramente fueron muy diversas, dependiendo también del grado de libertad y movilidad del que gozaban. Pero lo cierto es que la documentación notarial muestra claros indicios de que los que accedían a estos “conciertos” y se insertaban en la vida

31 Jaime Valenzuela, “Esclavos mapuches”, 225-260; Hugo Contreras Cruces, “Una enfermedad vieja y sin remedio: la deserción en el Real Ejército de la Frontera de Chile durante el siglo xvii”, Fronteras de la Historia 16: 2 (2011): 457. 32 Andrea Ruiz-Ezquide, Los indios amigos en la frontera araucana (Santiago: dibam, 1993); Iván Inostroza Córdova, Historia de Concepción. Organización colonial y economía agraria, 1600-1650 (Temuco: Universidad de la Frontera, 1998); Luz María Méndez Beltrán, “Trabajo indígena en la frontera araucana de Chile”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 24 (1987): 213-249; Hugo Contreras Cruces, “‘Siendo mozetón o güeñi salió de su tierra a vivir entre los españoles’. Migración y asentamiento mapuche en Chile central durante el siglo xviii, 1700-1750”, Historia Indígena 9 (2005-2006): 7-32; Carlos Ruiz Rodríguez, “Presencia de los mapuche-huilliche en Chile central en los siglos xvi-xviii. Desarraigo y mestizaje”, Boletín del Museo y Archivo Histórico Municipal de Osorno 4 (1998): 1-71. 33 “Asiento de trabajo de Diego, indio, natural de las ciudades de arriba”, Santiago, 30 de octubre de 1621, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 127, f.260v. 34 “Asiento de trabajo de Antón, indio, criado en la guerra del reino”, Santiago, 28 de febrero de 1624, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 129, ff.45v-46. 35 “Asiento de trabajo de Pedro, indio, natural de Arauco”, Santiago, 5 de septiembre de 1628, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 69, f.147v.

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económica urbana cumplían generalmente con los requisitos de ladinización que se han descrito. Y, por lo demás, revelan que este mismo proceso de ladinización ya habría comenzado en los espacios de origen o en lugares intermedios, lo que se ha visto también para indios provenientes de otras regiones, como Tucumán o los Andes. Se trata, en todo caso, de una inmigración cuya magnitud —tanto en su dimensión forzada como en la “voluntaria”— es difícil de cuantificar, si bien la evidencia existente ilustra la dimensión alcanzada por el fenómeno. Sin ir más lejos, la propia élite del distrito capitalino, demandante de mano de obra, se mostró temerosa del creciente número de aucaes (indios rebeldes) que se estaban asentando en la región ya desde fines del siglo xvi36. Por el contrario, en el caso de los mapuches y huilliches, se trató de un desplazamiento frecuente y numeroso a lo largo de todo el período, e incluso hasta bien entrado el siglo xviii. Lo que permite observar que, a diferencia de andinos y cuyanos, los araucanos, osorninos y “chilotes” habrían seguido alimentando una suerte de “mapuchización” continua de Chile central, en general, y de la ciudad de Santiago y su comarca, en particular. Si se observa, por ejemplo, un segmento de los registros de bautismo de indios en el Sagrario —la principal y única parroquia durante muchas décadas en la capital chilena—, durante una coyuntura cronológica particularmente significativa para la esclavización indígena como fue la década de 1665-1675, se advierte que los indios “de Arriba” alcanzan un promedio cercano al 30% del total de indios bautizados, manteniendo así la tendencia de fines del siglo anterior37. No obstante, y pese a esta afluencia de inmigración “fresca”, también se observa una rápida ladinización lingüística, como un primer paso de inserción y transformación, de la mano con la catequización de los curas doctrineros. Así lo atestiguaba el propio obispo de Santiago en 1669, al señalar que, en general, los indios de aquella comarca se manejaban con el castellano, “menos algunos aucaes esclavos, recién traídos de la guerra, a los cuales es forzoso esperar a que aprendan la lengua castellana, y la aprenden muy breve”38.

36 Testimonio de Domingo de Eraso (4 de enero de 1600), citado en Álvaro Jara, Guerra y sociedad, 180. Si se observan las partidas de bautismo de la Parroquia del Sagrario, es claro que el porcentaje de inmigrantes “de Arriba”, ya en fechas preesclavistas como 1585-1609, tendería a fluctuar entre el 20 y el 35% del total de indios que recibieron el sacramento, lo que permite confirmar el peso demográfico que desde temprano tenía este grupo en la ciudad. Ver: aas, Parroquia del Sagrario, Libros: 1, 2 y 3. Al respecto: Armando de Ramón, “Bautizos de indígenas según los libros del Sagrario de Santiago correspondientes a los años 1581-1596”, Historia 4 (1965): 229-235. 37 aas, Parroquia del Sagrario (1663-1692), Libros: 7, 8, 10 y 21. 38 “Carta del obispo Diego de Humanzoro a la reina regente”, Santiago, 29 de marzo de 1669, en Colección de documentos, vol. i, 295.

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Ahora bien, al lado de la mano de obra masculina y adulta estaban los niños y las mujeres “de Arriba”, estas últimas preferidas para el servicio doméstico. Los niños y adolescentes, por su parte, tendían a ser los favoritos en las razias esclavistas del sur y también en los secuestros individuales y las “compras” “a la usanza” —intercambio de personas por productos alimenticios o bienes occidentales—, pues tenían ventajas comparativas para una inversión a largo plazo: no sólo su precio era menor —en el caso de los esclavos—, sino que también eran más fáciles de “aclimatar” a las nuevas condiciones de vida y a las formas culturales occidentales (lengua, religión y hábitos), y, por lo mismo, más difícil su huida. El desarraigo infanto-juvenil más intenso iría acompañado, entonces, de una mayor radicación espacial y ladinización cultural y, eventualmente, de cierta fidelidad a sus “amos”. Podemos citar, por ejemplo, el caso de Catalina, una india “libre” que al asentarse en 1620 declaraba “ser natural de las ciudades de arriba y desde su niñez haberse criado en casa del capitán Jorge Fernández de Aguiar que está presente y de su voluntad quiere servirle tiempo de un año […]”39. Dos años más tarde, Francisco, un “indio muchacho” originario de Chillán, se asentaba para servir a un abogado de la Audiencia, no sin antes dejar en claro el desarraigo de su cuerpo y de su memoria, señalando “no saber si tiene padre ni madre […] no supo decir de qué encomienda era y de su voluntad, por no tener asiento hecho con ninguna persona más de que estaba en compañía de un indio de Martín de Liseras”40. Los asientos de trabajo muestran, en todo caso, que para los “de Arriba” que no estaban esclavizados, la ciudad constituía un escenario propicio para encontrar trabajos remunerados y generar un asentamiento y un arraigo espacial. También posibilitaba acceder a mecanismos de movilidad laboral que canalizaban, por ejemplo, las actividades artesanales propias de las urbes de la época. Así, al igual que se observa para los inmigrantes andinos y en general para los indios habitantes en Santiago, numerosos son los contratos de aprendizaje con maestros de tal o cual oficio, en que a cambio de su obra de mano el aprendiz adquiría los conocimientos necesarios para luego poder independizarse abriendo su propio taller. Así ocurrió, por ejemplo, con Antón, “indio ladino en lengua castellana […] natural de arriba y no conocer encomendero”, quien, “por conseguir la virtud, se asentó por aprendiz de sastre con el sargento Pedro Méndez de Sotomayor”41.

39 “Asiento de trabajo de Catalina, india, natural de las ciudades de arriba”, Santiago, 13 de febrero de 1620, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 127, f.291. 40 “Asiento de trabajo de Francisco, indio muchacho, natural de Chillán”, Santiago, 11 de agosto de 1622, anh, Escribanos de Santiago, vol. 128, f.10. 41 “Asiento de trabajo de Antón, indio ladino, natural de Arriba”, Santiago, 11 de abril de 1631, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 132, f.96.

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Esta estrategia se observa con mayor frecuencia para el caso de “muchachos” —categoría bajo la cual las fuentes coloniales incluyen a niños y adolescentes—, sobre todo hijos de inmigrantes, que así accedían a una movilidad generacional de inserción social y acumulación patrimonial. Entre numerosos casos, el de Felipe, un “indiecillo muchacho” que es presentado como “criollo desta ciudad”, pero que es hijo de una india de Osorno, quien lo asienta por dos años como aprendiz del maestro zapatero Alonso Basurto42. En 1613, por su parte, un indio de Valdivia, que vivía encomendado cerca de Santiago, traía a su hijo de 11 años para que trabajara con un fraile del convento agustino de la capital, “para que en el dicho tiempo le enseñe e industrie en las cosas de nuestra santa fe católica y buena policía y más le ha de dar de vestir en cada un año un vestido de paño y de comer y curarle en sus enfermedades si tuviere necesidad”43. Lo que resulta interesante de destacar es que estos inmigrantes se insertan en un escenario de prácticas laborales que son comunes a todos los indios urbanos (inmigrantes o “criollos”), así como a mestizos de diverso origen y mezcla biológica, por lo que el aprendizaje artesanal formal puede advertirse como una experiencia generalizada de inserción laboral y, en definitiva, de ladinización para el conjunto de sectores “subalternos” de la ciudad, donde también se cruzan los orígenes geográficos. Así ocurrió con Perucho, “un indio muchacho de nueve o diez años, ladino, natural desta ciudad”, a quien sus padres presentan ante la autoridad pues desean “que el dicho su hijo se asiente por carta por aprendiz de zapatero con Andrés, indio cuzco, maestro del dicho oficio”44. Por tanto, la ladinización sigue de cerca estas experiencias de movilidad sociolaboral, mostrando a cada instante estrategias individuales propias de un mundo donde los “engaños” de la apariencia física y las negociaciones identitarias forman parte de los posicionamientos en una sociedad tan compleja y diversa como era la que poblaba una urbe colonial de la época. El oficial de sastre Juan del Campo, por ejemplo, andaba por las calles vestido de indio, mostrando una autoadscripción que sin duda podía beneficiarlo en determinados escenarios45. Pero en el momento de concertarse con un maestro del

42 “Asiento de Felipe, indio muchacho, criollo de la ciudad de Santiago, hijo de Águeda, india de Osorno”, Santiago, 3 de febrero de 1623, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 128, f.207. 43 “Asiento de trabajo de Baltasar, indio, hijo de Pedro, indio, natural de Valdivia”, Santiago, 23 de enero de 1613, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 81, f.45. 44 “Asiento de aprendiz de Perucho, indio muchacho, natural de la ciudad de Santiago de Chile”, Santiago, 24 de noviembre de 1629, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 133, ff.210-210v. 45 Berta Ares Queija, “Mestizos en hábito de indios: ¿estrategias transgresoras o identidades difusas?”, en Passar as fronteiras. Il coloquio internacional sobre mediadores culturais, séculos xv a xviii, eds. Rui Manuel Loureiro y Serge Gruzinski (Lagos: Centro de Estudios Gil Eanes, 1999), 145.

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oficio —que sí “era” indio— no dudo en separar su cuerpo del vestuario, haciendo valer su condición de mestizo biológico, quizás para lograr mejores condiciones en el contrato o simplemente para dejar por escrito —con la validez jurídica que poseía el documento notarial— una condición que lo distinguía de su maestro46.

2. La ciudad de los indios Más allá del límite norte propiamente urbano, definido por el río Mapocho, se fue formando un sector periurbano cuya población se había asentando y distribuido en forma aleatoria e irregular. Callejuelas y ranchos lindaban con chacras, viñas, molinos y quintas de producción frutal. Allí vivía una buena parte de los artesanos y de la población de servicio de la ciudad, y se condensaba, por lo mismo, una presencia importante de sus indígenas47. Se está haciendo referencia al “barrio” de la Chimba, concepto quechua que significaba, justamente, “del otro lado del río”; es decir, más allá de una suerte de frontera geográfica para la ciudad propiamente tal, la de la cuadrícula occidental y de la “vida en policía”. Su poblamiento colonial comenzaría a delinearse a principios de la década de 1560, precisamente con el asentamiento de algunos de los yanaconas andinos que habían venido al servicio de los conquistadores. De hecho, la mayoría de los matrimonios de indios registrados en las últimas décadas del siglo xvi y que declararon habitar en dicho espacio fueron, justamente, de personas originarias de regiones andinas y que en su mayor parte ejercían allí algún oficio artesanal. Por lo demás, inmigrantes más recientes, que no tuvieron acceso a aquellas “mercedes” posconquista, también tuvieron en esa zona un espacio de llegada y de acogida, y buscaron arraigarse allí a través de la compra o el alquiler de sitios, como sucedió con el maestro sastre Juan de Luna, “indio del cuzco”, que en 1615 lo vemos arrendando un solar en la Chimba48. Los cuzcos, los mapuches y huilliches chilenos, los huarpes y juríes trasandinos, entre otros, tuvieron allí el espacio de extramuros que se convirtió en su barrio de asentamiento y reproducción. No faltaron entre sus habitantes, por cierto, parte de los africanos traídos como esclavos, a los que se fue sumando la creciente población de mestizos y mulatos, conformando un lugar claramente “subalterno” y de relativa autonomía en el plano de su

46 “Concierto de Juan del Campo, mestizo en hábito de indio, oficial de sastre”, Santiago, 21 de mayo de 1629, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 132, f.128. 47 Carlos Ruiz Rodríguez, “La zona norte de Santiago: población, economía y urbanización, 1540-1833” (Tesis de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1986). 48 “Arriendo de un solar en la Chimba de Juanes de Herrera a Juan de Luna, indio cuzco”, Santiago, 9 de julio de 1613, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 46, f.56.

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configuración y dinámica espaciales. De hecho, ya en el primer sínodo eclesiástico celebrado en 1626 se constataba la numerosa población que ya por esos años vivía “de la otra banda del río”, al manifestar la necesidad de crear una parroquia en el lugar, “porque mucha parte del año y, mayormente en tiempo de aguas, se queda más de la mitad de la gente sin oír misa, por la descomodidad y difusión de los moradores y muchos lodos y arroyos que hay en las calles”49. Más de un siglo después aún se mantenían estas características, y el Cabildo de Santiago justificaba la próxima construcción de un convento de recolección dominica en la zona, considerando que aquellos habitantes no siempre podían atravesar el río para asistir a los oficios religiosos de la ciudad: “[...] no siendo menos obstáculo que toda la gente del vecindario de la Chimba es pobre y no tiene la decencia precisa para comparecer entre la lucida de la ciudad, lo que les retrae de asistir y así se reconoce en algunas personas de ese distrito total ignorancia de nuestra santa fe”50. No obstante, y a la luz de las hipótesis que se están revelando en este artículo, es necesario relativizar la contraposición que normalmente se hace entre una Chimba india (o, en general, “subalterna”) y una ciudad hispanocriolla “intramuros”, en una perspectiva que fijaría al río Mapocho como una suerte de limes sólo franqueable para efectos laborales y en forma circunstancial. Esto no quita que sean dichos componentes sociales y “étnicos” los que efectivamente predominen en los respectivos espacios, sino que apunta a pensar dicho curso fluvial más bien como una “frontera”, con toda la porosidad y movilidad con que este concepto se ha utilizado para los fenómenos que se articulan, por ejemplo, en torno al río Biobío y a la guerra de la Araucanía51. Lo cierto es que la documentación muestra a numerosos indios de diferente procedencia habitando dentro de la traza de damero, comprando sitios para edificar sus casas o, en el caso de artesanos que viven en la Chimba, alquilando habitaciones de residencias hispanas, a fin de utilizarlas como tiendas para sus productos. Entre numerosos ejemplos, para comienzos del xvii podemos mencionar el caso de Martín de Torres, un “indio ladino” y maestro sastre que en 1623 arrendaba una casa en la ciudad, vecina a la de un capitán español52;

49 Francisco González de Salcedo [Transcripción de Carlos Oviedo], “Sínodo diocesano de Santiago de Chile celebrado en 1626, por el ilustrísimo señor Francisco González de Salcedo”, Historia 3 (1964): 354. 50 “Informe del Cabildo de Santiago al rey”, 20 de septiembre de 1751, Archivo Provincial de Santo Domingo (apsd), Santiago-Chile, vol. 06/A-48, pza. 34, ff.72-74; “Informe del obispo de Santiago al rey”, 12 de agosto de 1751, en Archivo de la Provincia Franciscana de Chile (apfc), Santiago-Chile, Fondo Asuntos varios, vol. 3, ff.387-389. 51 Sergio Villalobos et al., Relaciones fronterizas en la Araucanía (Santiago: Universidad Católica de Chile, 1982). 52 “Arriendo de una casa en Santiago de propiedad de Sebastián Vásquez a Martín de Torres, indio ladino, maestro sastre”, Santiago, 3 de julio de 1623, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 105, f.305v.

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mientras que al año siguiente el indio Hernando Pérez, “maestro platero de oro”, alquilaba una tienda enfrente de la plaza de armas53. No sólo se buscaban estos espacios pequeños para ofrecer sus productos, sino también inmuebles más amplios donde los indios y mestizos artesanos instalaban sus tiendas e incluso su hogar. Así lo había previsto el maestro zapatero y fundador de la Cofradía de Nazarenos, Hernando Muñoz, originario de Huánuco y probablemente mestizo, quien en 1613 arrendaba a Diego Serrano “unas casas que tengo y poseo en la plaza desta ciudad con el alto y tienda y su corral”. Tan central era la posición del inmueble que en el contrato se dejó explícitamente señalada la obligación del zapatero de que “todas las veces que hubiere regocijos en la plaza he de dar a el dicho Diego Serrano para la gente de su casa una ventana de las que caen a la dicha plaza”54. Por su parte, el sombrerero y tintorero Antonio de la Vega Pomayere, natural de Jauja, tenía tienda alquilada a Gaspar de Ahumada —poderoso miembro del Cabildo— y al final de sus días legaba una casa que había comprado en plena traza de la ciudad55. Avanzando un poco en el tiempo, y por citar un caso vinculado a inmigrantes del sur de Chile, se puede mencionar a la india Mariana Mundaca, originaria de Concepción, quien testaba en 1721 un sitio urbano que le había sido legado a comienzos del siglo por los españoles a quienes servía. Allí se encontraba “arranchada y poblada” junto a su nuera (otra india) y sus tres nietos (Ignacio, María y Pascuala), los cuales se convirtieron en los herederos del terreno, prácticamente el único bien que Mariana tenía y pudo testar56. Se menciona el nombre de sus nietos pues cuarenta años más tarde aparecen en medio de un proceso judicial donde otra india, Agustina Irarrázaval, litiga con Pascuala el derecho al sitio y a la casa. Allí se menciona, entre otros antecedentes, que Ignacio habría logrado establecerse como maestro zapatero y tintorero, y que incluso ostentaría un grado militar —más simbólico que efectivo— como “capitán de los indios naturales de esta ciudad”57.

53 “Arriendo de un tienda de propiedad de los hijos menores de doña Ana de Oliva a Hernando Pérez, indio, maestro orfebre”, Santiago, 22 de octubre de 1624, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 129, f.168. 54 “Carta de arrendamiento de una tienda propiedad de Diego Serrano a Hernando Muñoz, maestro zapatero”, Santiago, 18 de abril de 1613, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 98, ff.70-70v. Ver también el “Testamento de Hernando Muñoz”, Santiago, 16 de diciembre de 1614, en anh, Escribanos de Santiago, vol. 82, f.488. 55 “Testamento de Antonio Felipe de la Vega Pomayere Coraca”, Santiago, 20 de mayo de 1668, en Testamentos de “indios” en Chile colonial: 1564-1801, comp. Julio Retamal Ávila (Santiago: Universidad Andrés Bello/ ril, 2000), 208-211. 56 “Testamento de Mariana Mundaca”, Santiago, 5 de junio de 1721, en Testamentos de “indios”, 236-238. 57 “Pascuala Mundaca con Agustina Irarrázabal, india, sobre mejor derecho a un sitio y casa situada en Santiago”, 1757-1792, en anh, Fondo Real Audiencia, vol. 1683, pza. 1, ff.1-91v, y vol. 1873, pza. 1, ff.1-75.

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A modo de conclusión En este artículo se han observado varios “tipos” de indios habitando la ciudad de Santiago, la mayoría originarios de lejanas tierras e insertos en la dinámica de la alteridad y de la concentración espacial que implicaba la vida urbana colonial. La mirada se ha centrado cronológicamente en los períodos que se podrían denominar como “formativo” y “medio”, entre los siglos xvi y xvii, época en la que se dan las negociaciones sociales y gestiones identitarias, en pleno desarrollo y cristalización de los distintos mestizajes biológicos e hibridaciones culturales. Se ha observado que todos ellos tienen recorridos vitales y generacionales también diversos, entre la compulsión laboral, la desnaturalización colectiva o el vagabundeo personal. El desarraigo, principalmente, forma parte de estas experiencias y alimenta las representaciones subjetivas y condiciones objetivas de los actores, así como las formas y posibilidades de inserción social y económica en el lugar de destino, y que dependen en buena medida de variables como el género y la edad de los sujetos, como se ha visto para el caso de los inmigrantes mapuches. En el plano laboral, justamente, la documentación informa de un segmento importante —al menos cualitativamente hablando— que se ha integrado al sistema colonial, ejerciendo una actividad laboral (a veces calificada), construyendo un patrimonio y a veces accediendo a testamentos y escrituras notariales para vincular sus bienes y contratarse en servicios a terceros. Una cantidad más importante se ha integrado a través de canales simbólicos tan fuertes como insoslayables en el contexto ideológico estudiado, como eran los sacramentos católicos. En este caso, es la ciudad, precisamente, la que brinda (o presiona con) estos circuitos de arraigo individual y de posicionamiento formal. Pero también la que genera las condiciones para tejer redes sociales y familiares plurales y, en definitiva, para que los “indios” que aparecen en la documentación sean parte de una recomposición identitaria en permanente ladinización, más allá de los orígenes geográficos o étnicos específicos —entendiendo que éstos tampoco constituían identidades preconcebidas e impolutas—. Una situación aún más evidente para los descendientes de inmigrantes, que nacen y crecen en este nuevo contexto urbano —que forja su estructura cognitiva—, y que no poseen una experiencia personal con aquella realidad “originaria”, más allá del eventual recuerdo de padres o abuelos. Por otra parte, se ha observado la intensa y secular concentración espacial de muchos de estos indios en un barrio específico de la “otra ciudad”, la no-castellana, donde la convivencia con otros grupos permitió la generación de un barrio que, si bien poseía las características de un espacio periurbano subalterno, no por ello dejaba de tener una relación estrecha y cotidiana, en términos sociales y materiales, con el damero hispano. Y en suma, a través del caso de Santiago de Chile se ha observado la articulación de un proceso histórico que comenzaba con diferentes experiencias migratorias y desembocaba en prácticas de ladinización características de concentraciones urbanas coloniales como la estudiada. Entre uno y otro extremo de esta cadena vital se encontraban

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experiencias de desarraigo, errancia, oportunidades laborales y un sinnúmero de encuentros y desencuentros con la alteridad que bullía en la ciudad; proceso de mayor duración, sin duda, donde la ladinización será, en definitiva, un escalón más —aunque fundamental— para la cristalización de lo que las fuentes del siglo xviii denominarán “plebe urbana”.

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La revolución, los comandantes y el gobierno de los pueblos rurales. Buenos Aires, 1810-1822 Ï

Raúl O. Fradkin

Profesor titular de Historia de América en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), investigador del Instituto Ravignani de la misma universidad y profesor asociado de Historia de América de la Universidad Nacional de Luján (Argentina). Entre sus publicaciones recientes se encuentran: Historia de la Provincia de Buenos Aires. De la Conquista a la crisis de 1820, t. ii (Buenos Aires: unipe/edhasa, 2012), y “Guerra y sociedad en el litoral rioplatense en la primera mitad del siglo xix”, en Las fuerzas de guerra en la construcción del Estado en América Latina, siglo xix, eds. Juan C. Garavaglia, Juan Pro y Eduardo Zimmermann (Rosario: Prohistoria, 2012), 319-356. raul.fradkin@gmail.com

Artículo recibido: 01 de abril de 2013 Aprobado: 02 de julio de 2013 Modificado: 10 de julio de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.02

Ï Este trabajo forma parte del Proyecto “Guerra y sociedad en el Río de la Plata durante la primera mitad del siglo xix. Formas de movilización, liderazgo e identidad colectiva”, ubacyt N° 20020100100595.

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La revolución, los comandantes y el gobierno de los pueblos rurales. Buenos Aires, 1810-1822

La revolución, los comandantes y el gobierno de los pueblos rurales. Buenos Aires, 1810-1822 Resumen: Este trabajo analiza las disputas en los pueblos rurales de la campaña bonaerense por el control de las comandancias militares. Se busca identificar las posibilidades que se abrieron durante el proceso revolucionario para transformar el gobierno local en un contexto de aguda contradicción entre la voluntad del gobierno superior de controlar la campaña y la aspiración de autogobierno de los pueblos. De este modo, se aspira a precisar algunos de los componentes de sus culturas políticas que eran producto de una peculiar combinación y apropiación selectiva de las tradiciones coloniales y los discursos revolucionarios.

Palabras clave: Buenos Aires, gobernabilidad, gobierno local, medio rural, liderazgo político.

Revolution, Commanders, and Government of Rural Towns. Buenos Aires, 1810-1822 Abstract: This paper analyzes the disputes that took place in rural towns during the Buenos Aires Campaign for the control of military commands. We seek to identify the opportunities that arose during the revolutionary process to transform the local government in a context of deep contradictions between the will of the upper government to control the campaign, and the aspirations of self-government of the towns. Through this, we identify some of the components of the political cultures that were a product of a singular combination and selective appropriation of colonial traditions and revolutionary discourses.

Keywords: Buenos Aires, governance, local government, rural environment, political leadership.

A revolução, os comandantes e o governo dos povos rurais. Buenos Aires, 1810-1822 Resumo: Este trabalho analisa as disputas nos povos rurais da companhia bonaerense pelo controle das comandâncias militares. Pretende-se identificar as possibilidades que se abriram durante o processo revolucionário para transformar o governo local em um contexto de aguda contradição entre a vontade do governo superior de controlar a campanha e a aspiração de autogoverno dos povos. Desse modo, aspira-se precisar alguns dos componentes de suas culturas políticas que eram produto de uma peculiar combinação e apropriação seletiva das tradições coloniais e dos discursos revolucionários.

Palavras-chave: Buenos Aires, governabilidade, governo local, meio rural, liderança política.

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Raúl O. Fradkin

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Introdución

L

a renovación de los estudios de las independencias hispanoamericanas se ha producido en un contexto en el cual coexisten diversas perspectivas analíticas e interpretativas1. Sin embargo, pueden identificarse algunas convergencias que permiten delimitar problemas que ameritan una especial atención. Entre ellos, cabe señalar la importancia que tuvieron las transformaciones y las disputas por el gobierno de las áreas rurales y de sus pueblos. Por ejemplo, las indagaciones del constitucionalismo gaditano han puesto en evidencia los dilemas desencadenados por la inclusión de las poblaciones rurales en la ciudadanía política2, y los estudios de las guerras demostraron el protagonismo de los pueblos rurales y sus aspiraciones autonómicas3. La historiografía rioplatense no ha quedado al margen de esta renovación y ha demostrado que el eje principal de los conflictos abiertos por la crisis revolucionaria estuvo constituido por las disputas en torno a la retroversión de la soberanía a los pueblos entre la antigua capital virreinal y las ciudades principales, así como entre ellas y sus ciudades subordinadas. Por cierto, no se trataba de una peculiaridad únicamente rioplatense 4, aunque el examen de la experiencia en este contexto sugiera que los orígenes de es-

1

Al respecto: Alfredo Ávila, “Las revoluciones hispanoamericanas vistas desde el siglo xxi”, Revista de Historia Iberoamericana 1: 1 (2008): 10-39, y Federica Morelli, “Entre el antiguo y el nuevo régimen. La historia política latinoamericana del siglo xix”, Historia Crítica 33 (2007): 122-155.

2

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3

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4

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ta suerte de “revolución territorial” no pueden atribuirse tan sólo a la influencia de la Constitución de Cádiz 5. A uno y otro lado del Atlántico los proyectos revolucionarios centralistas afrontaron la amenaza de que pudieran confluir las aspiraciones federalistas de los pueblos con el creciente activismo político popular. Y es en ese sentido que cobra particular interés la experiencia rioplatense, por cuanto, como se ha señalado, en ella se produjo “la más radical versión de la retroversión de la soberanía a los pueblos”: así, la confrontación entre la dirigencia revolucionaria de Buenos Aires y la insurgencia oriental liderada por José G. Artigas permitió que desde ella emanara un discurso que no sólo proclamaba la legitimidad de la retroversión de la soberanía a los pueblos —como en el resto del imperio—, sino que también postulaba que era la nueva Provincia Oriental la depositaria de la soberanía y ella misma era el producto de la “unión de los Pueblos libres”6. Sin embargo, las implicancias de estos principios para toda la estructura política y territorial también se hicieron evidentes en los pueblos que se mantuvieron leales al gobierno supremo de la revolución, a pesar de su tendencia creciente al centralismo. Ahora bien, tematizar adecuadamente el gobierno de los pueblos rurales supone desplazar el foco de atención acostumbrado desde las ciudades y las élites urbanas hacia las áreas rurales, sus pueblos y los modos de ejercer el gobierno local7. Este trabajo busca avanzar en esta dirección considerando una dimensión no siempre atendida por los historiadores: las disputas desatadas en los pueblos rurales por el control de las comandancias militares en un contexto de activa movilización política y armada de amplios sectores sociales8. Considerarla puede ayudar a develar facetas menos conocidas de las luchas políticas, así como modos de

5 Antonio Aninno, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo xix. De la formación del espacio político nacional, coord. Antonio Annino (Buenos Aires: fce, 1995), 177-226; Gabriela Tío Vallejo, “Rupturas precoces y legalidades provisorias. El fin del poder español en el Río de la Plata”, Ayer 74 (2009): 133-162. 6

José María Portillo Valdés, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana (Madrid: Marcial Pons, 2006), 101-123. José Artigas (1764-1850) se constituyó a partir de 1811 en el líder de la insurgencia en la Banda Oriental, y desde 1813, en jefe de la nueva provincia y principal opositor a la dirigencia revolucionaria de Buenos Aires; desde 1815 condujo una Liga de los Pueblos Libres que extendió su influencia por todo el litoral rioplatense. Ver: Ana Frega, Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa (Montevideo: Banda Oriental, 2007).

7

Raúl O. Fradkin, “Los actores de la revolución y el orden social”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” 33 (2010): 79-90.

8

La cuestión ha sido planteada en Juan Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997), e Irving Reynoso Jaime, Las dulzuras de la libertad. Ayuntamientos y milicias durante el primer liberalismo. Distrito de Cuernavaca, 1810-1835 (México: Nostromo, 2011).

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intervención que ampliaban los márgenes de la participación y excedían los canales abiertos por las nuevas prácticas electorales9. Para ello, se analizará la experiencia de la campaña bonaerense, un espacio que, si bien no era el epicentro de la guerra, se convirtió en la decisiva retaguardia del gobierno revolucionario. Su estudio permite observar los modos en que el Directorio —el régimen político imperante en las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1814 y 1820— intentó gobernar esa campaña y el papel que asignó a los comandantes militares de los pueblos. Se trataba, de alguna manera, de la versión local de un proceso más amplio que suponía la militarización de ese gobierno y la transformación de sus ejércitos en su base de sustentación social por excelencia10. Ese proceso suponía un grado de control inédito sobre la población rural, y se desarrolló en un contexto de infructuosa reticencia de las autoridades superiores y de la élite urbana a la inclusión de los vecindarios rurales en la ciudadanía política11. Esa situación puso en evidencia la contradicción entre la voluntad del gobierno superior de controlar la campaña y la aspiración de autogobierno de sus pueblos. Los comandantes militares estuvieron así en el ojo de la tormenta, por lo que analizar las disputas que se desataron en torno a ellos permite situar el desarrollo de las nuevas prácticas electorales en un contexto más amplio y más denso de estrategias desplegadas por los vecindarios rurales, y precisar algunos de los componentes de sus culturas políticas. Sin embargo, la cuestión es tan significativa como elusiva a la observación histórica y sólo puede rastrearse a través de indicios dispersos y fragmentarios. Por ello, se apeló a un corpus documental heterogéneo compuesto básicamente de los partes y las comunicaciones entre autoridades locales y superiores, los sumarios militares y algunos juicios tramitados ante la justicia ordinaria12.

9

Claudia Guarisco, “La Constitución de Cádiz y la participación política popular en la Nueva España, 18081821. Balance y nuevas perspectivas”, Revista Complutense de Historia de América 33 (2007): 55-70; Víctor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui Victoriano, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880 (Madrid: csic, 2000).

10 Recuérdese que la Junta Provisoria instaurada en Buenos Aires en mayo de 1810 fue sustituida a fines de ese año por una más amplia que incluyó a los diputados de las principales ciudades del Virreinato, pero no a los de los pueblos rurales. Desde septiembre de 1811 el poder supremo fue ejercido por un Triunvirato, y a partir de 1814, por un Director Supremo, hasta su disolución en febrero de 1820. El mejor análisis al respecto sigue siendo el de Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla (Buenos Aires: Siglo xxi, 1972). 11 José Carlos Chiaramonte, Marcela Ternavasio y Fabián Herrero, “Vieja y nueva representación: los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820”, en Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo xix, 19-64; Marcela Ternavasio, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852 (Buenos Aires: Siglo xxi, 2002); Vicente A. Galimberti, “La unanimidad en debate. Los procesos electorales en la campaña de Buenos Aires entre 1815 y 1828”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” 36 (2012): 85-114. 12 Estas fuentes provienen del Archivo General de la Nación (agn), Buenos Aires-Argentina, División Nacional, Sala x, Fondos: Guerra, Gobierno y Sumarios Militares.

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Para presentar el argumento se ha dividido el trabajo en tres apartados: primero se ofrece un panorama de las transformaciones operadas en las formas de gobierno local de los pueblos de la campaña bonaerense durante la década de 1810; luego se presentan las evidencias de las disputas abiertas en los pueblos por el control de las comandancias militares; y por último se analiza la situación de los comandantes durante la crisis desatada por la desintegración del régimen directorial, cuando la aspiración pueblerina para elegir a sus comandantes emergió en plenitud13.

1. El gobierno de la campaña bonaerense y sus pueblos durante la era revolucionaria Al iniciarse el siglo xix la campaña de Buenos Aires era una angosta franja recostada sobre el Río de la Plata limitada por sus fronteras con los grupos indígenas de las pampas. A pesar de ello, la sociedad rural presentaba un marcado dinamismo que se ponía de manifiesto tanto en su crecimiento demográfico y productivo como en la notoria movilidad y autonomía de una población que en su mayor parte estaba conformada por un amplio espectro de medianos y pequeños productores rurales14. Ese hinterland de la ciudad de Buenos Aires no era una unidad administrativa ni integraba completamente la jurisdicción de su Cabildo. Por el contrario, formaba parte de una Intendencia que, instaurada en 1783, no sobrevivió indemne al vendaval revolucionario y, para 1815, estaba restringida a la campaña de la ciudad15. Las consecuencias de esta situación fueron múltiples, dado que el gobierno de esa campaña pasó a convertirse en una necesidad perentoria, ya que debía proveer el creciente número de reclutas y buena parte de los recursos necesarios para sostener el esfuerzo de guerra. Pero: ¿cómo gobernar esa campaña y sus pueblos para que ello fuera posible? Un desafío fue definir el lugar de la población rural en el orden político en construcción. En este sentido, conviene recordar que si bien para 1813 los vecinos de esa campaña fueron

13 El 1º de febrero de 1820 las fuerzas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y sus aliados derrotaron al ejército directorial en la batalla de Cepeda, provocando la disolución del Directorio y del Congreso y de lo que quedaba en vigencia del régimen de intendencias. Se abría, así, una situación de ausencia de toda autoridad central y un proceso de formación de entidades estatales que, aunque se proclamaban provinciales, asumían la condición de soberanas. 14 El análisis más completo de la economía y sociedad rural bonaerenses en Juan C. Garavaglia, Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830 (Buenos Aires: Ediciones de la Flor/iehs/ Universidad Pablo de Olavide, 1999). 15 En 1813 el gobierno supremo tuvo que aceptar la formación de la Provincia Oriental; al año siguiente, la formación de dos nuevas provincias —Entre Ríos y Corrientes—, y en 1815, la de Santa Fe. Un examen actualizado de la formación de la Provincia de Buenos Aires en Raúl O. Fradkin, dir., Historia de la Provincia de Buenos Aires. De la Conquista a la crisis de 1820, t. 2 (Buenos Aires: unipe/edhasa, 2012).

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convocados a participar en la elección de diputados para la Asamblea General Constituyente, el paso más decisivo fue la sanción de un Estatuto Provisional en abril de 1815, que extendía el ejercicio de la ciudadanía política a los vecindarios rurales. Pero esa decisión era sólo un efecto de la crisis coyuntural del poder directorial, pues, una vez que se consolidó un nuevo reglamento sancionado en 1817, volvió a excluirlos. Mientras tanto, se buscó militarizar el gobierno de la campaña. Así, en 1814 se constituyó una Comandancia General de Campaña separada de la Comandancia de Fronteras existente desde fines de la década de 1770. La primera tenía asignada la tarea de organizar seis nuevos regimientos milicianos de caballería, al frente de los cuales fueron puestos oficiales regulares que venían a sumarse al de Voluntarios de la Frontera, instituido en 180116. La segunda tenía el mando sobre las guarniciones fronterizas con los indios: sus jefes eran también veteranos pero sus fuerzas eran totalmente milicianas. Un paso adicional se dio en 1818 con la constitución de una Delegación Directorial de Campaña, que pretendía ser una suerte de gobierno político y militar centralizado de ella, y al año siguiente se intentó subdividir la campaña en tres departamentos militares. El rediseño de la arquitectura general era, con todo, más sencillo que redefinir cómo se gobernaría cada pueblo y cada partido. La tradición colonial les asignaba el rol principal a los jueces territoriales, los Alcaldes de Hermandad y sus tenientes. Se trataba de jueces legos reclutados entre los principales vecinos y designados por los dos Cabildos que tenían jurisdicción en este territorio, primordialmente el de Buenos Aires y el de la Villa de Luján. Esos Alcaldes eran la principal autoridad civil de cada partido, que generalmente tenía como cabecera un poblado. Hacia 1810, había unos 28 pueblos que se habían formado en torno a antiguas reducciones, y la mayor parte, alrededor de parroquias y fuertes fronterizos; sólo uno de ellos, el de la Villa de Luján, tenía un estatuto jurídico específico y estaba dotado de su cabildo y contaba con sus propios partidos dependientes. El resto se empleaba como cabecera de partido al mando de un Alcalde, mientras que algunos de la frontera ni siquiera ostentaban esa condición y estaban a cargo del comandante de la guardia17. De este modo, el margen de autogobierno local era extremadamente limitado y sólo se ampliaba en la práctica por las restricciones que hallaba el gobierno superior para hacer efectiva su autoridad. En consecuencia, en los pueblos se desarrollaba una sorda lucha política en la cual diversas alianzas familiares se disputaban el favor de sus cabildos, para obtener la designación de un alcalde que gozara de su favor. De alguna manera, la tríada de alcaldes, curas

16 Juan Ramón Balcarce, “Organización de la caballería”, Frontera de Luján, 28 de julio de 1815, en Museo Mitre, Documentos del Archivo de Pueyrredón, t. iii (Buenos Aires: Imprenta de Coni Hermanos, 1912), 215-225. 17 María E. Barral y Raúl O. Fradkin, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, en El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural, 1780-1830, dir. Raúl O. Fradkin (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007), 25-58.

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párrocos y comandantes constituía una formación política corroída por disputas jurisdiccionales, a través de las cuales solían canalizarse las luchas entre facciones locales conformadas por alianzas de familias rivales con sus respectivas clientelas. Esas luchas cobraron mayor intensidad durante la revolución, pues la marginación de los vecinos de origen europeo de los empleos honoríficos en las alcaldías y la milicia rompió el equilibrio entre estos grupos de poder local y gestó alineamientos políticos enfrentados18. En esas condiciones, la competencia jurisdiccional fue particularmente intensa entre los jueces territoriales —reclutados entre los vecinos principales del pueblo— y los comandantes militares, que eran oficiales regulares ajenos a las tramas sociales locales, pero muy necesitados del apoyo social que pudiera ofrecer alguna facción pueblerina. Esa competencia se focalizó en tres cuestiones centrales: la clasificación de los habitantes para destinarlos al servicio de línea o de milicias, la persecución de los desertores y “vagos” (y, por tanto, la definición de a quiénes se podía imputar esta condición), y la imposición de auxilios y contribuciones. Las tres tensaban las relaciones sociales locales y entre los pueblos y un gobierno superior que optaba por depositar en los comandantes cada vez más facultades. Así, desde 1817 el gobierno dispuso que las guarniciones fronterizas debían mantenerse únicamente con el aporte de su vecindario, quedando sus comandantes autorizados a ejercer plenamente el “gobierno económico”. Ello tuvo como consecuencia que se conformarse una suerte de fiscalidad local descentralizada, pero cuya eficacia estaba sometida a negociación con el vecindario19. Como sucedió en otros, las lealtades políticas aparecían amenazadas por las exigencias y contribuciones sobre los pueblos. Por eso la trayectoria de las comandancias militares en los pueblos bonaerenses fue por demás azarosa. Aunque antes de 1810 había algunas comandancias en los fuertes de frontera y en puntos de las riberas del Paraná o del río de la Plata, fue a partir de 1812 que se instauraron comandancias en prácticamente todos los pueblos, aun en aquellos que no eran fronterizos. Esa política no parece haber sido parte de un plan concreto y delimitado, sino la sedimentación de una concepción del gobierno de los pueblos rurales, que retomaba y extremaba la noción de “gobierno político y militar” heredada de la administración borbónica.

18 El mejor análisis de la composición y el funcionamiento de estas redes clientelares locales es el de José Mateo, Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de Buenos Aires) en el siglo xix (Mar del Plata: unmdp/gihrr, 2001). 19 Por esta razón, lo sucedido en la Guardia de Luján en 1819 resulta paradigmático: acosado por la escasez de recursos, su comandante debió convocar a una “junta general de vecinos” para negociar con ellos las contribuciones y los auxilios que habrían de prestar para sostener la guarnición; véase: Expediente sin carátula, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-1-2, exp. 535; y “Sumario formado sobre esclarecimiento de un altercado entre el comandante de esta Guardia Cptn. Pedro Orona y Tte. Cnel. Retirado Dn. Manuel Martínez Fontes vecino de ella”, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-1-5, exp. 664.

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Para limitar sus alcances, desde los pueblos se intentó condicionar quiénes podían ser sus comandantes esgrimiendo el mismo principio en el cual el gobierno revolucionario basaba su legitimidad: la autoridad debía contar con el consentimiento de los pueblos. De este modo, el intento de militarizar el gobierno rural no fue aceptado pasivamente, y los núcleos vecinales recurrieron a los vínculos informales con alguna autoridad superior, a representaciones colectivas y a demandas judiciales por abuso de autoridad en la justicia civil y militar. Lo cierto es que esas demandas y representaciones colectivas se acrecentaron notoriamente desde 1815, demostrando el uso generalizado del derecho de petición por parte de los vecinos y milicianos de la campaña20. A través de ellas es posible registrar las disputas políticas desatadas en los pueblos por el gobierno local y las nociones que las orientaban.

2. Las disputas por las comandancias de los pueblos En estas condiciones, cuando un pueblo era cabecera de partido, el reclamo vecinal solía presentarse como una disputa entre Alcaldes y Comandantes, y cuando no tenía ese estatuto, era el cura párroco quien solía encabezar los reclamos. En ambas situaciones se apelaba a una retórica que invocaba la voluntad unánime del pueblo, aunque apenas podía disimular las divisiones que los corroían, dado el clima social de creciente antagonismo entre aquellos que se identificaban como “americanos”, “patricios” o “hijos del país” y los calificados como “españoles europeos”. En este sentido, la guerra revolucionaria no sólo estaba desestabilizando completamente el equilibrio de los grupos sociales preeminentes en los pueblos constituidos por un conglomerado de pocas familias dedicadas al comercio o la cría de ganados, sino que tenía un papel disociador de las identidades preexistentes y a su vez coagulador de otras nuevas21. Una forma característica que adoptaron estos reclamos fue la impugnación de los comandantes acusándolos de proteger y apañar a los “europeos”. Por tanto, antes que oponerse abiertamente a contar con comandantes, los vecindarios intentaron que su designación recayera en sus propios alcaldes: se trataba, de alguna manera, de una suerte de inversión de la concepción de la fusión del “gobierno político y militar”. Ello sucedió, por ejemplo, en el pueblo de San Fernando, situado a poca distancia de la ciudad de

20 Oreste C. Cansanello, De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos. Buenos Aires, 18101852 (Buenos Aires: Imago Mundi, 2003). 21 Clément Thibaud, “Formas de guerra y construcción de identidades políticas. La guerra de independencia (Venezuela y Nueva Granada 1810-1825)”, en Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, coord. Jaime Rodríguez O. (México: mapfre, 2005), 339-364.

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Buenos Aires, sobre la costa del río Paraná. El pueblo había sido fundado en 1803 y era sede de una comandancia militar, pero sólo hasta 1812 adquirió la condición de cabecera de partido. Para entonces, una treintena de vecinos presentaron una representación contra el Comandante Carlos Belgrano exigiendo su desplazamiento y propusieron que fuera reemplazado por el Alcalde de Hermandad22. ¿Qué hizo el gobierno? Rechazó las imputaciones, envió al comandante a otro destino y designó un reemplazante. Pero ello no resolvió las tensiones pues éste también sufrió en 1815 la impugnación de los vecinos con argumentos casi idénticos23. Por supuesto, mayor capacidad de resistencia podía ejercer el Cabildo de la Villa de Luján, aun cuando estaba restringida por los enfrentamientos entre grupos vecinales. Así, a fines de 1812 Belgrano fue designado “Comandante Militar y Presidente” del Cabildo de la Villa, y el fundamento de esa decisión era una representación colectiva que habían efectuado algunos vecinos contra los capitulares. Claramente, el gobierno revolucionario aprovechó la división para avanzar sobre la autonomía del cuerpo capitular, pero esa voluntad centralizadora se vio limitada por su debilidad, por lo que el Cabildo logró recuperar su autonomía aprovechando la crisis del régimen directorial de abril de 181524. Más aún, ese Cabildo acrecentó su legitimidad al implementarse la “elección popular” de sus miembros, y desde entonces aumentaron sus disputas con los sucesivos comandantes. Varias eran las razones, pero eran centrales el servicio y el mando de las milicias. Así, en julio de 1815 un grupo de 41 vecinos de la Villa y otro de 27 vecinos del partido subordinado de San Antonio de Areco presentaron sendas representaciones proponiendo sustituir el servicio mensual rotativo por una partida permanente de 30 hombres remunerados, cuyo gasto sería solventado por ellos mismos. Sin embargo, otros vecinos se opusieron, y el Comandante Militar, si bien aceptaba la formación de la partida asalariada, se resistió a que los vecinos pudieran eludir sus obligaciones de servicio, pretendiendo ser él quien recaudara y administrara los fondos25. El conflicto continuó y el Cabildo exigió el desplazamiento del Comandante, y que se nombrase en su lugar a uno que no

22 “Informaciones tomadas, sobre la Conducta Publica del Comand.te Militar de la Jurisdicción y Pueblo de S.n Fernando de Buena Vista”, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-29-10-1, exp. 116. 23 Expediente sin carátula, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-29-11-3, exp. 318. 24 A principios de abril de 1815 se produjo una sublevación del Ejército y las milicias de campaña contra el Director Supremo, Carlos de Alvear, que derivó en su sustitución por el Cabildo de Buenos Aires, la constitución de una Junta de Observación y la sanción del Estatuto Provisional, que no casualmente reconocía derechos electorales a los vecinos de campaña, y a los cabildos, el mando directo de las milicias urbanas. 25 “Miguel Arauz al Gobernador Intendente”, Villa de Luján, 9 de agosto de 1815, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra, X-8-8-4.

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sólo fuera nativo de la Villa, sino también designado por el Cabildo26. Como el gobierno ratificó al comandante, los capitulares lo acusaron de buscar “la depreción del Cavildo y sus Justicias” y de haberse “Abrrogado quantas facultad.s v.e. pueda imaginar” transformándose en un “despótico usurpador”27. De este modo, y como sucedería en muchos otros episodios, los grupos vecinales hacían uso de un tópico central del discurso revolucionario (la denuncia del “despotismo” y la “tiranía”), para sustentar su lucha por controlar el gobierno local. Esto mostraba que la revolución había llegado a los pueblos para quedarse. La conflictiva situación habría de mostrar consecuencias políticas más amplias, cuando en 1816 tomó forma en Buenos Aires una tendencia confederacionista, que obtuvo predicamento en los pueblos bonaerenses: ella se pronunciaba contra “el despotismo de los gobiernos”, se proclamaba como la expresión de “la voluntad de la campaña y los pueblos de Buenos Ayres”, y proponía que la provincia se constituyera en un estado “confederado e independiente”28. De este modo, las disputas locales se transformaban en un alineamiento político mucho más amplio que, aunque derrotado, dejaría su simiente en la campaña bonaerense. En lo inmediato, esa alternativa política fue derrotada pero la conflictiva situación en la Villa de Luján repercutió en sus partidos dependientes. Lo sucedido en el Fortín de Areco lo muestra con claridad: ese poblado tenía origen en un fortín fronterizo construido en 1779, pero recién en 1812 fue establecido como cabecera de partido, decisión que el Cabildo de Luján había tomado en respuesta a una representación de los “vecinos labradores” del poblado, quienes invocaron que se hallaban “careciendo de la Jurisdicción política q.e se halla reasumida Unicamente en los Jueces de Herm.d y Comisionados por el Gov.no p.r haverse separado del todo de los Comandantes Militares resulta que en este destino carecemos de un Juez q.e administre pronta Just.a a sus vecinos”. Para esos vecinos, entonces, jurisdicción política y gobierno de sus jueces eran inseparables, y por ello solicitaban que la designación del Alcalde recayera en “un Patricio”29.

26 “Oficio del Cabildo de la Villa de Luján al Superior Gobierno”, Villa de Luján, 4 de agosto de 1815, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra, X-8-8-4. 27 “Joseph Gerónimo Colman, Francisco Rocha y Roque Jazinto Peres al Gobernador Intendente”, Villa de Luján, 14 de noviembre de 1815, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra, X-8-8-4. 28 A mediados de este año se dieron a conocer representaciones firmadas por decenas de “ciudadanos” de los pueblos de Areco, Pilar, Capilla del Señor, Villa y Guardia de Luján que apoyaron esta alternativa. El mejor análisis al respecto en Fabián Herrero, Movimientos de Pueblo. La política en Buenos Aires luego de 1810 (Buenos Aires: Ediciones Cooperativas, 2007). 29 “Acta del Cabildo de la Villa de Luján”, 22 de agosto de 1812, en Archivo Histórico “Estanislao Zeballos” (ahez), Luján-Argentina, Cuaderno copiador de las Actas del Cabildo de la Villa de Luján, Nº 2, ff.175-175v. La importancia del gobierno de los jueces en los pueblos ha sido subrayada por Antonio Annino, “Imperio, constitución y diversidad en la América Hispana”, Historia Mexicana lviii: 1 (2008): 179-227.

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Aceptada la petición, el poblado pasó a tener un juez territorial reclutado en el mismo vecindario, y poco después esos vecinos irían por más: en 1816 se presentó una representación firmada por 24 vecinos solicitando la remoción del Comandante Militar, al que acusaban de tratarlos “con tal despotismo y Esclavitud q.e parece que estuviésemos bajo del Yugo antiguo y aun más cruel”. Se advierte así que el discurso revolucionario era retomado por los labradores de la frontera y que lo empleaban para disputar el gobierno local cuestionando a un comandante que, afirmaron, “dice que él solo Gobierna”. Las consecuencias de la transformación del poblado en cabecera de partido eran palpables y la representación estaba encabezada por el alcalde de la Hermandad y acompañada del sargento de la compañía miliciana30. Que la disputa no era coyuntural se advirtió en 1818, cuando otro comandante del fortín enfrentó la oposición de otro alcalde, del sargento mayor de milicias y de un grupo de vecinos: ahora no sólo pedían su desplazamiento sino que proponían quién debía reemplazarlo. El comandante se defendió acusando a sus oponentes de ser un grupo de “españoles europeos” dedicado a desmoralizar “a los habitantes patriotas” y “enemigos de la causa”. No estaba solo: otros vecinos presentaron una representación acusando al Alcalde de imponer contribuciones a los “patricios” y no exigírselas a los “españoles europeos”31. Se advierte, entonces, que las disputas jurisdiccionales se combinaban con las divisiones en los pueblos y que ellas hacían suyas los clivajes que estaba definiendo la revolución. Pero, ¿cómo se procesaban estos conf lictos en aquellos pueblos que no contaban con alcaldes? Lo sucedido en la Guardia de Rojas puede servir de ejemplo. La Guardia había sido fundada en 1777 y recién se tornaría en cabecera de partido en 1822, por lo que su gobierno estuvo exclusivamente a cargo de un comandante militar. Sin embargo, su vida política local no fue más tranquila, y en septiembre de 1815 un grupo de vecinos pidió la remoción del comandante. Esta representación estaba encabezada por el capellán de la guarnición, dos tenientes y un sargento de milicias, quien aclaró que firmaba “por mi y por todos los de la compañía q.e no saben firmar”. Como en otros casos, se impugnaba “el más humillante despotismo con que nos trata y rige”, y, aprovechando

30 “Representación de los Vecinos Patricios de Fortín de Areco”, 1816, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra, x-9-3-2. 31 “Sumario formado para el esclarecimiento de la acusación hecha por el comandante de este punto contra las personas del Alcalde D. Manuel Antonio Coll y el Sargento Mayor D. Antonio Uriarte”, 1818, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-5, exp. 996; “Sumaria información seguida contra el Español Juan Coll por haber sido acusado de inovediente á las órdenes dadas p.r el Comandante de este punto”, 1818, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-29-10-4, exp. 229.

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la coyuntura política, denunciaban que el comandante actuaba “confiado quizás del favor que disfrutaba de algunas Personas que formaban la viciosa facción q.e desapareció en Abril último”. Por tanto, estos vecinos-milicianos no sólo se sentían con derecho a impugnar a su comandante, sino que, además de firmar una representación, también lo hicieron en forma airada y pública manifestando que no lo querían: “p. r ser Sarraceno de Com.te y q.e querían ser mandados p.r un legítimo Patricio”, lo repudiaron “p.r q.e era maturrango y q.e los había tratado injustamente de ladrones” y exigían su inmediata partida del pueblo. El clima de agitación lo corrobora un testimonio que muestra que, reunidos en la pulpería los milicianos, “empezaron a decir q.e no querían a D.n Pedro Bergara por Com.te p.r q.e era sarraceno y q.e mas bien querían q.e los mandase un negro como este fuese Americano”32. Los “patricios” lograron su propósito pero ello tampoco trajo la calma al pueblo, y en 1818 fue Antonio Uriarte, Sargento Mayor del Regimiento Nº 6 de Milicias de Campaña y Comandante militar de la Guardia de Rojas, el denunciado por un grupo de vecinos, que lo acusaban de provocar el despoblamiento de la Guardia y de invadir la jurisdicción eclesiástica desplazando al síndico de la iglesia, “sin alegar más razón p.a ello que dho Síndico es Europeo”. Esa revancha de los “europeos” y sus aliados “americanos” derivó en un sumario, que se convirtió en escenario de la confrontación política vecinal, donde cada grupo presentó su propia representación, en contra y a favor del comandante. Sin embargo, aquellos que apoyaban inicialmente al comandante formularon una petición que tenía mayores implicancias: no sólo reclamaban que “se nombre un nuevo Coman. te digno de la confianza pública”, postulando que esa confianza “es la base que forma la unión de las Provincias del Sud América y lo único que pretende este pobre e infeliz vecindario”; también propusieron que se realizara una suerte de consulta popular, que si no era una elección formal, se asemejaría a ella: “Nosotros llenaríamos con cien firmas este papel si se conociese el arte de escribir entre la vecindad pero careciendo todos o los mas de esta abilidad propondríamos a v.s. como medio para esclarecer la verdad el que se comisionase desde esa un oficial imparcial que explorase los deseos de toda la población”33.

32 “Sumario contra Don Pedro Zoylo de Bergara, Capitán de Caballería acusado por los vecinos de la Guardia de Rojas de haberles hecho varios vejámenes y piden la remoción de Bergara de aquella comandancia de dicha Guardia”, 1815, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-3, exp. 952. 33 “Criminal contra Antonio Uriarte sargento mayor del expresado regimiento acusado de mal manejo y conducta en los desempeños de su cargo”, 1818, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-2, exp. 923

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Por cierto, el gobierno superior no aprobó la iniciativa, pero ella ilustra lo profundamente arraigado que estaba entre los pobladores de la frontera el principio del consentimiento y su traducción práctica: el gobierno local, aun el de rango militar, debía contar con ese consentimiento. Sin duda, un componente central de la “antigua constitución” que hacían suyo los discursos revolucionarios hispanoamericanos, y que abrevaba en la tradición del derecho natural y de gentes, aparecía plenamente entre los vecinos de la campaña bonaerense y era empleado para usos particulares34.

3. La desintegración del régimen directorial y los comandantes de la campaña La crisis de 1820 marcó un momento de inflexión en la historia rioplatense. La derrota del ejército directorial y la desintegración de toda forma de autoridad central en las Provincias Unidas abrieron un proceso de formación de entidades estatales provinciales soberanas. En territorio bonaerense su desarrollo fue particularmente intenso, y la inestabilidad política recién comenzó a resolverse en octubre de ese año con la consolidación de un gobierno estable que habría de tomar en sus manos la estructuración del nuevo estado provincial35. Hasta ahora la atención historiográfica ha estado concentrada en analizar cómo se procesó esa crisis en la ciudad y en las estrategias desplegadas por la élite urbana para afrontarla, pero si la atención se desplaza hacia los pueblos de campaña se puede obtener una mirada diferente. Por lo pronto, se advertirá que en ella la crisis del régimen directorial comenzó antes de la batalla de Cepeda y que su superación tardó mucho más en producirse que en la ciudad. En este sentido, conviene recordar que desde 1815 el espacio fronterizo entre la jurisdicción de Santa Fe y de Buenos Aires se convirtió en una zona de guerra, con el consiguiente incremento de la presión del gobierno sobre la población rural en busca de reclutas y recursos, la multiplicación de las deserciones, la

34 José Carlos Chiaramonte, “La antigua constitución luego de las independencias, 1808-1852”, Desarrollo Económico 50: 199 (2010): 331-361. 35 Entre febrero y octubre de 1820 se sucedieron distintos gobiernos, y por momentos coexistieron varios simultáneamente. A su vez, durante varios meses el territorio provincial estuvo ocupado por fuerzas militares de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El procesamiento de la crisis dio lugar a la aparición de una nueva institución, la Junta de Representantes, cuya función primordial era inicialmente elegir al Gobernador, y que se conformaba con diputados electos por la ciudad y su campaña. Una vez expulsadas las fuerzas santafesinas del territorio, en septiembre fue electo el Gobernador Martín Rodríguez, y la Junta se transformó en una institución permanente de carácter legislativo. Con el apoyo de toda la élite económica social y de la mayor parte de la élite política revolucionaria, ese gobierno (1820-1824) acometió la tarea de diseñar la arquitectura institucional del nuevo estado provincial y restaurar el orden social.

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proliferación del bandolerismo, y una mayor conf lictividad interétnica con los grupos indígenas pampeanos. Esas circunstancias amenazaban el orden social de los pueblos y se tradujeron en una creciente oposición al gobierno directorial y en la emergencia de liderazgos locales, algunos de los cuales se tornaron abiertamente competitivos con las autoridades formalmente establecidas36 . Mientras tanto, la indisciplina de las tropas regulares y milicianas derivaba en episodios de sublevación colectiva que amenazaban con sumarse a la disidencia federal o, al menos, con una franca resistencia hacia los oficiales regulares. De esta manera, para 1819 el esfuerzo desplegado para disciplinar a las milicias y encargarles el mantenimiento del orden social, la defensa de la frontera y sostener la guerra, se deshacía desde su misma base37. La situación de los comandantes militares de los pueblos se tornó crítica: si pretendían mantener su autoridad sobre las milicias debían negociar con ellas las condiciones del servicio; y si esperaban apoyo local debían retacearle prestaciones al gobierno superior. En tales condiciones, las disputas por las comandancias adquirieron completa centralidad, y cuando se desintegró el régimen directorial, se crearon condiciones propicias para que las aspiraciones de autogobierno de los pueblos emergieran en plenitud. Claramente, esa situación fue muy evidente en las zonas controladas por las tropas federales, donde los comandantes fueron desplazados y sustituidos por movimientos de pueblo amparados por ellas. Sin embargo, también se produjeron destituciones de comandantes donde esas fuerzas no habían llegado: así, por ejemplo, a principios de marzo el comandante de la Guardia de Ranchos debió dejar el mando al capitán de milicias por la intimación que le realizaron más de 60 vecinos armados, expresando que era su voluntad que entregase el mando alegando “el poco gusto con q.e vive este vecindario con el mando de Vm y todos a voz gral. aclaman p. r el Cap. n Izquierdo” 38 . La lucha por las comandancias, entonces, ya no requería necesariamente el consentimiento de la autoridad superior.

36 Raúl O. Fradkin y Silvia Ratto, “Territorios en disputa. Liderazgos locales en la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1815-1820)”, en Desafíos al Orden. Política y sociedades rurales durante la Revolución de Independencia, comps. Raúl Fradkin y Jorge Gelman (Rosario: Prohistoria, 2008), 37-60. 37 “Cornelio Saavedra al Director Supremo”, Villa de Luján, 21 de marzo de 1819, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra, x-11-2-5; “Francisco de Uzal al Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra”, Posta de la Cañada de Rocha, 27 de noviembre de 1819, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra: Comandantes de Campaña y Frontera, x-11-3-3. 38 “Hilarión de la Quintana al Comandante de las fuerzas de mar y tierra de la provincia”, 4 de marzo de 1820, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra: Correspondencia entre el Gobernador en Campaña Manuel Dorrego y el Gobierno substituto, x-11-8-5.

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La situación puede observarse con claridad en los poblados situados a la vera del Paraná y próximos a Santa Fe. Baradero era el más antiguo de los pueblos y se había originado en una reducción formada en 1615, y desde 1785 era cabecera de partido. San Pedro, en cambio, había sido fundado en 1780 y convertido también en cabecera, en 1785. En ambos casos, las relaciones entre alcaldes y comandantes habían sido muy tensas antes que irrumpieran las tropas federales. Así, por ejemplo, en San Pedro el Alcalde fue denunciado en 1819 por los insultos reiterados a la autoridad del comandante, pero éste debió afrontar una representación de un grupo de vecinos que pidieron su desplazamiento y una demanda del Alcalde por invadir su jurisdicción. En tales condiciones, en agosto de 1819, un grupo de vecinos armados irrumpió en el pueblo saqueando las casas de los vecinos que apoyaban al comandante39. Sin embargo, se mantuvo en su puesto hasta la batalla de Cepeda, pero tras ella una fuerza federal ocupó el pueblo e intimó al vecindario “a q.e nombrase Com.te y Alc.e”, y al día siguiente repitieron la misma operación en Baradero 40. De este modo, la invasión federal no instalaba la anarquía en la campaña —como denunciaba la prensa de Buenos Aires y sostuvo la historiografía durante mucho tiempo—, sino que creaba una ocasión propicia para que los pueblos rurales eligieran tanto a sus comandantes como a sus alcaldes. El inestable gobierno provincial que surgió de las negociaciones con los jefes federales designó como Comandante de Armas a Miguel Estanislao Soler, quien no sólo dispuso el desplazamiento del comandante de Baradero, sino que además decretó la extinción de la comandancia. Esa decisión fue forzada por una representación firmada por 35 vecinos y publicada en la Gazeta de Buenos Aires a principios de abril, en clara demostración de que el gobierno intentaba congraciarse con los vecinos y avalaba su accionar. La representación atribuía al comandante “la ruinosa discordia que ha cinco años se halla introducida en este pueblo y partido” —datando claramente el origen de la tensión en el momento en que el gobierno directorial había procedido a la reorganización de las milicias en 1815— y denunciaba que “la familia de los San Martines” había copado todos los empleos de oficiales de milicias imponiéndole al vecindario una “dura servidumbre”. De este modo, los vecinos opuestos al comandante reclamaban que “no solo nuestra capital debe disfrutar la gloria al verse libre de sus opresores”, y afirmaban que “queremos ver sin autoridad

39 “Cornelio Saavedra al Director Supremo”, Villa de Luján, 9 de agosto de 1819, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra, Delegado de Campaña, x-11-2-5. 40 “Alejo Matos al Gobernador, Baradero”, 27 de febrero de 1820, en agn, División Gobierno Nacional, Soler, Balcarce y Rodríguez, Comandantes y Alcaldes de Campaña, x-11-8-9.

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entre nosotros á D. Bernabé San Martín que ha sido en este partido uno de los agentes más análogos a las ideas de la antigua administración”41. Como se advierte, la coyuntura política general era hábilmente utilizada para resolver la disputa pueblerina. Y el gobierno no tenía mucho margen pues la tensión social en la campaña era extrema: por ejemplo, el pueblo de San Pedro había sido saqueado por una partida de desertores, y esa irrupción insubordinó a la plebe, que atacó a los principales vecinos, alcalde incluido, e intentó participar por propia cuenta en el saqueo42. Una situación de este tipo imponía soluciones políticas, y, en este sentido, el diagnóstico de Soler era preciso. Pocos días después elevaba una propuesta al Gobernador que claramente tenía en cuenta los reclamos vecinales: “No siendo precisas las Comandancias Militares en lo interior de la Campaña particularm.te en los Partidos y Pueblos de Pilar, Areco, Navarro, Cañada de la Cruz y otros que no sean inmediatos a la Frontera es mi opinión sean abolidas dignándose v.e. ordenar se me remita una relación de las q.e hubiere en el territorio p.a extinguirse como he dicho las innecesarias y que los Alcaldes cuiden y zelen el territorio de su dependencia auxiliados de las milicias a cuyos Gefes se puede ordenar presentar quatro hombres que alternando de ocho en ocho días desempeñen esta obligación como q.e es un servicio al interés propio de sus bienes y familias durando al menos mientras se remonta alguna fuerza que puede llenar aquel objeto y afirmar la tranquilidad de sus hogares. Siendo gral esta medida pronto apuraremos los desertores y haraganes, aumentará el Exercito su fuerza y asegurado el vecindario se procederá al licenciamiento y organización de la Milicia bajo mejores bases q.e correspondan al objeto de su instituto”43.

Puede advertirse, así, que las máximas autoridades militares ni siquiera sabían a ciencia cierta cuántas comandancias militares estaban realmente vigentes, y percibían que si querían obtener consenso local debían eliminarlas, al menos las que no estaban en la frontera. En el resto de la campaña, por tanto, el gobierno local debía volver a ser un gobierno de los jueces con el auxilio de las milicias, es decir, fuerzas y autoridades locales. De ahí

41 Junta de Historia y Numismática Argentina y Americana, Gaceta de Buenos Aires. Reproducción fascimilar (18101821), t. 6 (Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1915 [1820-1821]), 128-130. 42 “Sumario contra varios oficiales y sargentos acusados de complot intentado en San Nicolás de los Arroyos contra el comandante militar Coronel don Celestino Vidal”, 1820, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-4, exp. 975. 43 “Estanislao Soler al Gobernador Manuel de Sarratea”, Villa de Luján, 15 de abril de 1820, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra: El General Miguel Soler y el Exmo. Sr. Gobernador. Correspondencia, x-11-7-3.

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que el gobierno enviara una circular a todos los Alcaldes de Hermandad informándoles la supresión de las comandancias que no integraran la línea de frontera. El fundamento de la decisión era preciso: se buscaba garantizar “la libertad civil de los Pueblos y la necesidad de poner término a las competencias de jurisdicción”44. Lo cierto es que ese diagnóstico ya estaba circulando con anterioridad. Tal como sucedió con el Alcalde de Primer Voto del Cabildo porteño, quien transmitía las quejas contra el comandante militar del partido de Las Conchas, acusándolo de cometer múltiples agravios contra “los vecinos quietos y honrados de aquel destino y en depresión manifiesta de la autoridad civil de los Pueblos”. En este caso particular, también eran el Alcalde de la Hermandad y el cura párroco quienes encabezaban el reclamo y forzaban su reemplazo45. Si bien estaba claro que la “libertad civil de los Pueblos” y el gobierno de los comandantes se habían tornado incompatibles y que ahora los reclamos vecinales hallaban eco en un débil gobierno provincial, la decisión no parece haberse hecho efectiva, probablemente, porque ese gobierno no logró sobrevivir. Por eso no extraña que las disputas por las comandancias continuaran y que incluso siguieran después de estabilizado un gobierno provincial a partir de octubre de 1820. A principios de 1821, por ejemplo, las compañías milicianas de la Guardia de Salto estaban prácticamente desintegradas. Salto era un fortín fronterizo constituido en 1752 y transformado en cabecera de partido en 1816, que contaba con una larga tradición de gobierno local de carácter militar. Pero no por ello sus vecinos aceptaron tranquilamente el ejercicio de una autoridad, a cuyo despotismo atribuían la emigración de muchas familias: las autoridades procedieron a su reemplazo pensando que sería “muy probable q.e regresen a su domicilio muchos vecinos de aquel Pueblo, q.e por la permanencia del en el mando se recelaban de hacerlo”46. Y denuncias análogas seguían llegando al gobierno desde diferentes pueblos de la campaña47. Las disputas jurisdiccionales no menguaban, y a mediados de 1821 se produjo un duro enfrentamiento entre el comandante militar de San Antonio de Areco y los Alcaldes de

44 De este modo, se suprimían las Comandancias Militares de Ensenada, San Fernando, San Pedro, Baradero, San Nicolás, Pilar, Arrecifes y Cañada de la Cruz. 45 “Plaza de Buenos Ayres, año de 1820. Sumario seguido contra el coronel graduado Dn. Francisco Usal por el hecho cometido contra el paysano Gregorio Basquez”, 1820, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-2, exp. 924. 46 “Cornelio Saavedra al Gobierno”, Arrecifes, 28 de enero de 1821, en agn, División Nacional, Sala x, Guerra: Correspondencia del Gral. Saavedra desde Arrecifes, x-12-4-3. 47 “Sumario Contra el Cap.n graduado de Sarg.to Mayor y Comand.te de la Gua. de Luxan Dn. Anacleto Millan acusado de haver dado 50 asotes al individuo del fuero coman Gregorio Paes”, 1821, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-1-3, exp. 605.

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Hermandad de ese partido y de San Andrés de Giles, quienes exigían su desplazamiento. En uno de sus escritos, el comandante dejó constancia de la experiencia acumulada: “Todos, o la mayor parte de los habitantes de la Camp.a indicados a ser Alcaldes, o Tenientes, o q.e lo han sido en otras ocaciones, están acostumbrados á lebantar estos papeles contra los Gefes militares porque, ó consiguen su obgeto sorprendiendo a los magistrados, ó quedan impunes de sus falsas imputaciones”. El comandante cuestionado le advertía también al gobierno que esas estrategias vecinales escondían propósitos más amplios: los alcaldes, decía, han “sido Cabezas p.a entablar las Republicas y separacion de Provinc.”. Para ello, decía, han estado “seduciendo, y haciendo firmas a ruego á homb.s q.e ni sabian lo q.e se les leia, p.a de este modo fomentar la discordia”, confirmando que la práctica de la representación colectiva excedía con creces al reducido número de vecinos alfabetizados. Para el comandante no había duda: “el objeto de estos alc.des es q.e hayan muchas separación.s para ver si al cabo pueden conseguir q.e Areco sea una Republica p.a poder nombrar su Capitan Gral”48. Éste no parecía ser un simple temor infundado, sino que expresaba la experiencia vivida durante la crisis de 1820. Justamente, esos pueblos fueron algunos de los que protagonizaron el mayor desafío que sufrió la ciudad desde su campaña. A mediados de ese año, parte de las milicias de campaña y el cabildo de Luján eligieron como gobernador a Soler, y derrotada esta estrategia aprovecharon la “protección” del “ejército federal” de Santa Fe y formaron una “Junta de los Pueblos Libres”, que eligió como gobernador a Carlos María de Alvear sin el concurso de la ciudad y en abierta oposición a ella. Parte de la campaña, de sus pueblos y sus milicias aparecían así disputándole a la ciudad la condición de cabeza del cuerpo político, y lo hacían forjando su propia representación. Aunque ambas opciones fueron derrotadas por las tropas del gobierno provincial, el comandante de San Antonio de Areco le recordaba al gobierno al año siguiente sus peores temores advirtiéndole que detrás de las disputas jurisdiccionales se escondía la pretensión de esos pueblos de convertirse en “república” y elegir su “capitán general”. Mientras tanto, algunos comandantes pudieron sortear la crítica situación manteniendo sus apoyos locales. Así, a comienzos de 1822 volvía a agitarse el pueblo de Fortín de Areco, cuando veinticinco vecinos elevaron una representación reclamando que no fuera desplazado su comandante por una demanda judicial que lo acusaba de abuso de autoridad. El gobierno y las máximas autoridades militares de la provincia estaban en un dilema: esos vecinos apoyaban a su comandante, pero seguían intentando intervenir en una cuestión que el gobierno quería reservarse para sí. Por eso, calificaron de “tumultuoria” la representación al suponer una interferencia civil en la cadena de mandos militares, situación agravada por que había sido firmada

48 Expediente sin carátula, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-29-11-6, exp. 400.

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no sólo por el Alcalde y los vecinos, sino también por soldados y suboficiales milicianos. Para ellos, en cambio, su petición era legítima, dado que había sido realizada “a nombre del Pueblo” y que —como dijo uno de ellos— “todos los vecinos hacían cabeza”49. Para 1822, entonces, la cuestión de las comandancias militares en los pueblos de campaña seguía abierta y en disputa. Sin embargo, en aquel momento el gobierno provincial había emprendido una completa reformulación institucional, que incluyó la instauración de un sistema representativo surgido de un régimen electoral que asignaba el derecho al sufragio a todos los hombres libres mayores de edad y la disolución de los cabildos de Buenos Aires y de Luján. Como consecuencia, se sustituyó la justicia capitular por jueces letrados, y a los Alcaldes de Hermandad, por Jueces de Paz designados por el gobierno y reclutados entre los vecinos de cada partido50. De este modo, se operó una notable ampliación de la participación electoral de la población rural, un rasgo que habría de convertirse en decisivo del nuevo orden político51. Pero aún faltaba resolver la cuestión de las comandancias militares en los pueblos. Así, el 20 de marzo de 1822, un decreto suprimió todas las comandancias militares en los puntos de la campaña, con excepción de aquellas situadas en la frontera52. Por tanto, en ellas continuaron las disputas entre comandantes y vecindarios y siguieron adoptando su forma característica de competencia con los jueces territoriales, ahora jueces de paz. Así, por ejemplo, en la Guardia de Navarro, durante todo 1822, esa rivalidad derivó en un sumario por abuso de autoridad contra un comandante al que juez y vecinos acusaban de atacar “la seguridad individual” y violentar “la jurisdicción civil, y no menos a la autoridad del Gobierno”; más aún, una noche “se fijaron en los palenques de algunas Pulperías pasquines chocando al Comandante”. Para el oficial sumariante la conclusión era clara: “uno de los efectos más tristes de nuestras pasadas convulsiones es la discordia que reina de familia a familia, de partido a partido y aun de pueblo a pueblo presentándose bajo este aspecto el origen q.e ha dado merito a este sumario”53.

49 “Contra D. Juan Ceballos y vecinos del Fortín de Areco por haber subscripto una representación tumultuaria”, 1822, en Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (ahpba), La Plata-Argentina, Fondo Juzgado del Crimen, 34.3.46, exp. 4. 50 Jorge Gelman, “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo xix”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” 21 (2000): 7-32. 51 Juan Carlos Garavaglia, “Elecciones y luchas políticas en los pueblos de la campaña de Buenos Aires: San Antonio de Areco (1813-1844)”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” 27 (2005): 49-74. 52 Registro Oficial 9, Buenos Aires, 23 de marzo, 1822, 115. 53 “Información sumaria contra el Cap.n reformado y Comd.te Militar de la Guardia de Navarro D. Juan Pascual Martines”, 1821, en agn, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-2-1, exp. 546.

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Conclusión La trayectoria de las comandancias en los pueblos bonaerenses permite advertir las dificultades para construir un gobierno de la campaña que la pusiera efectivamente bajo el control de las autoridades superiores. Muestra también que el nuevo orden tuvo que construirse empleando recursos antiguos y enfrentando las opciones que se plantearon desde los pueblos. Estas disputas ilustran hasta qué punto la administración revolucionaria hizo uso de la concepción borbónica del gobierno político y militar, pero también cuáles eran las concepciones alternativas imperantes en los pueblos acerca del gobierno legítimo y que resultaban de una peculiar combinación y apropiación selectiva de tradiciones antiguas y discursos revolucionarios. De este modo, desde los pueblos no sólo se invocó el principio del consentimiento y se apeló a formas de acción colectiva ensayadas en la era colonial, sino que también se postuló y se disputó el derecho al autogobierno en nombre de los mismos principios que fundaban la legitimidad revolucionaria. En esa época de convulsiones y mutaciones los lenguajes políticos aparecían particularmente inestables y acrecentaban su polisemia. Probablemente, el término “pueblo” lo expresaba con mayor nitidez, pues su pluralidad de sentidos implicaba agudas contradicciones, como ponía de manifiesto su enunciación en singular o en plural. Por cierto, la tradición política hispana legaba un sentido primordial según el cual por “pueblo” no debía entenderse la masa de habitantes de un determinado espacio o la generalidad de hombres libres, sino una comunidad local políticamente organizada y expresada a través de su cabildo o ayuntamiento54. Era esa concepción la que esgrimían los pueblos bonaerenses al presentarse como “personas morales” y como cuerpos de voluntad unánime a la hora de reclamar su reconocimiento como tales. Por lo que pujaron obstinadamente apelando tanto a los recursos que legaba esa tradición como a los que ofrecía la revolución, y las oportunidades que les abría. Convertirse en cabecera de partido, incidir en la designación de alcaldes o comandantes y, si fuera posible, elegirlos o al menos convalidarlos fueron algunas de las estrategias ensayadas en pos de ese objetivo. Era el peligro que advertía el comandante de San Antonio de Areco, cuando les imputaba la pretensión de convertirse en “república” y elegir su propio “capitán general”. Ahora bien, si se coteja la experiencia bonaerense con las que se estaban produciendo en el resto de la antigua Intendencia, pueden advertirse diferencias sustanciales. Mientras que en las

54 Noemí Goldman y Gabriel Di Meglio, “Pueblo/Pueblos”, en Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, ed. Noemí Goldman (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008), 131-144; y José María Portillo Valdés, “Pueblos y naciones: los sujetos de la independencia”, Historia y Sociedad 23 (2012): 17-35.

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campañas oriental y entrerriana la política borbónica de las décadas de 1780 y 1790 derivó en la multiplicación de pueblos, a los cuales se les reconoció el estatuto de villas y el derecho a contar con cabildos, ello no sucedió en la campaña bonaerense, salvo en la Villa de Luján. Además, durante la revolución aquellas campañas se convirtieron en escenario de la guerra, mientras que la bonaerense ofició de retaguardia; en consecuencia, cuando en la Provincia Oriental la revolución multiplicaba aún más los cabildos rurales, el gobierno porteño logró evitarlo en su campaña. A su vez, en el litoral los vecindarios rurales, tuvieran o no cabildos, lograron imponer la práctica de elegir a los comandantes militares que los gobernasen, pero esa aspiración pudo ser contenida en la campaña bonaerense, al menos, hasta la crisis de 182055. La diferencia se explica: la desintegración del orden directorial en las campañas del litoral había sido muy anterior y completa. Las experiencias y aspiraciones desatadas durante la era revolucionaria marcaron la agenda de los nuevos estados. A pesar de sus diferencias, los estados provinciales rioplatenses se consolidaron asociando la noción de “pueblo” a la de “provincia”. Pero la consagración de esta asociación de sentido traía consigo la negación a los pueblos rurales de su derecho al autogobierno. Así, la instauración de una representación provincial que incluía las poblaciones rurales era el éxito del federalismo y de una concepción política que se construyó afirmando la soberanía provincial frente al poder central u otras entidades provinciales, pero imponiendo un gobierno interior a cada provincia de carácter centralizado y opuesto a las pretensiones autonómicas de sus pueblos rurales. Era, por cierto, muy distinta de la concepción enunciada por Artigas de la provincia como “unión de los pueblos libres”, y su defensa de la “soberanía particular de los pueblos”56. Por tanto, la arquitectura institucional que adoptaron vino a acabar con la práctica de los vecindarios de elegir a sus comandantes locales. En Buenos Aires, donde esa práctica nunca fue aceptada por los sucesivos gobiernos, se instauró un régimen representativo basado en un ejercicio amplio del sufragio y que incluía en la ciudadanía política a la población masculina libre, incluida la de la campaña. Sin embargo, no habilitó ninguna instancia de gobierno local electivo o representativo y el gobierno de los pueblos de campaña, que no se situaban en la línea de fronteras, quedó en manos de sus vecinos a través de jueces de paz seleccionados y cooptados por el gobierno provincial, mientras que las comandancias militares a cargo de oficiales regulares siguieron imperando en los pueblos fronterizos. En otros términos, en este aspecto al menos, el nuevo orden no era sino una versión remozada del antiguo.

55 Un examen al respecto en Raúl O. Fradkin, “La revolución en los pueblos del litoral rioplatense”, Estudios IberoAmericanos 36: 2 (2010): 242-265. 56 José Gervasio Artigas, Obra selecta (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2000).

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Raúl O. Fradkin

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El Congreso anfictiónico en la ciudad de México a la luz de un documento inédito (1826-1828) Ï

Germán A. de la Reza

Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (México). Magíster en Filosofía e Historia por la Universidad de Bucarest (Rumania), doctor en Filosofía por la Universidad Toulouse Le Mirail (Francia) y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París ii (Francia). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 3) y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus últimas publicaciones incluyen: La invención de la paz (México: Siglo xxi, 2009), libro galardonado con el premio internacional Pensamiento de América “Leopoldo Zea” del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 2010, y El ciclo confederativo. Historia de la integración en el siglo xix (Lima: Universidad de San Marcos, 2012). delareza@hotmail.com

Artículo recibido: 01 de marzo de 2013 Aprobado: 08 de agosto de 2013 Modificado: 26 de agosto de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.03

Ï El artículo forma parte del proyecto de investigación “Teoría y práctica de la integración en las Américas”. Una parte de la investigación fue financiada con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) de México.

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El Congreso anfictiónico en la ciudad de México a la luz de un documento inédito (1826-1828)

El Congreso Anfictiónico en la ciudad de México a la luz de un documento inédito (1826-1828) Resumen: El presente artículo examina las causas por las cuales la asamblea anfictiónica, convocada por Simón Bolívar para unir las nuevas repúblicas americanas, no pudo sesionar en México luego de su traslado desde Panamá en 1826. Se definen las posiciones de los ministros plenipotenciarios apelando a fuentes primarias y a documentos de la época, incluida una minuta inédita de la reunión de los ministros de Estados Unidos y la Gran Colombia. Este último documento, cuya importancia es contextualizada en este artículo, permite conocer la controversia que dividió a los hispanoamericanos en torno a la posibilidad de instalar la asamblea sin esperar la ratificación de los tratados del Istmo.

Palabras clave: Ciudad de México, Congreso anfictiónico, Simón Bolívar, siglo xix.

The Amphictyonic Council of Mexico City in Light of an Unpublished Document (1826-1828) Abstract: This paper examines the reasons why the Amphictyonic Council, called by Simon Bolivar to unite the new American republics, could not meet in Mexico after it relocated from Panama in 1826. We define the positions of the plenipotentiary ministers based on primary sources and documents of that time, including the unpublished minutes of the meeting between ministers of the United States and the Gran Colombia. The importance of this document is put in context in this article, and the document allows the controversy that divided Hispanic Americans regarding the possibility of installing the Council without waiting for the ratification of the Isthmus Treaties to become known.

Keywords: Mexico City, Amphictyonic Council, Simon Bolívar, 19th century.

O Congresso anfictiônico na cidade do México à luz de um documento inédito (1826-1828) Resumo: O presente artigo examina as causas pelas quais a assembleia anfictiônica, convocada por Simón Bolívar para unir as novas repúblicas americanas, não pôde ter sessão no México após sua transferência do Panamá em 1826. Definem-se as posições dos ministros plenipotenciários apelando a fontes primárias e a documentos da época, incluída uma minuta inédita da reunião dos ministros dos Estados Unidos e da Grã-Colômbia. Este último documento, cuja importância é contextualizada neste artigo, permite conhecer a controvérsia que dividiu os hispanoamericanos em torno da possibilidade de instalar a assembleia sem esperar a ratificação dos tratados do Istmo.

Palavras-chave: Cidade do México, Congresso anfictiônico, Simón Bolívar, século xix.

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Germán A. de la Reza

El Congreso Anfictiónico en la ciudad de México a la luz de un documento inédito (1826-1828)

Introducción

D

ías antes de concluir las revueltas por la Independencia, el 7 de diciembre de 1824, Simón Bolívar convocó desde Perú la realización de un Congreso anfictiónico en Panamá. Con esta junta, este militar pretende unir las nuevas repúblicas hispanoamericanas bajo un régimen confederal que no sólo aglutine sus ejércitos y políticas exteriores, sino que también instaure el arbitraje como mecanismo de solución de discusiones y cree a la vez un mercado regional con aranceles más bajos que el promedio. Luego del nombramiento de ministros plenipotenciarios, los gobiernos de Colombia, las Provincias Unidas del Centro de América, México y Perú giran las instrucciones oficiales y despachan a sus delegaciones al Istmo (véase Cuadro 1). Cuadro 1. Delegados al Congreso de Panamá de 1826

Confederados

País

Estatus

Estados Unidos

Antonio Larrazábal Pedro Molina Pedro Gual Pedro Briceño Méndez Mariano Michelena José Domínguez Manso José María Pando Manuel Pérez de Tudela Manuel Vidaurre Richard Anderson John Sergeant

Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario Min. plenipotenciario

Gran Bretaña

Edward Dawkins

Observador oficial

Países Bajos

Jan Verveer

Observador no oficial

Centro de América La Gran Colombia México Perú

Neutrales

Panamá

Tacubaya Antonio Larrazábal Pedro Gual Mariano Michelena José Domínguez

John Sergeant Joel Poinsett

Jan Verveer

Fuente: elaboración del autor a partir de Horacio Clare Jr., Los delegados al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 (Panamá: El Mundo, 1967)1.

1

Algunos puntos por tener en cuenta respecto a este cuadro: a) José María Pando es sustituido por Pérez de Tudela, cuando Bolívar lo nombra Ministro de Relaciones Exteriores; b) Richard Anderson fallece en su trayecto a Panamá; c) John Sergeant llega a la Gran Colombia después de la clausura del Congreso; d) Joel Poinsett sustituye a Anderson en México.

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Los delegados que sesionan en la sala capitular del Convento de San Francisco en Panamá entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 negocian cuatro convenciones, principalmente: 1) el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, que establece la confederación hispanoamericana; 2) la Convención de Contingentes, que se considera central para la organización de la defensa común; 3) el Concierto Reservado, que se refiere de manera especial al artículo 2° de la Convención de Contingentes, consagrado a la liberación de Cuba y Puerto Rico; 4) y el Concierto sobre la traslación del Congreso a la Villa de Tacubaya, “una legua distante de la Ciudad de México”2. En este último tratado, al parecer de menor importancia e ignorado por algunos historiadores, está el origen de un episodio de grandes repercusiones, y resulta ser la principal fuente del presente artículo. En este documento, además de indicar el cambio de sede para las futuras reuniones del Congreso, se muestra la falta de organización y legitimación de las nuevas repúblicas, que permiten la aparición de dos tesis opuestas sobre el quehacer de los delegados en la ciudad de México, mientras se aprueban los tratados de Panamá3. Así, la primera sostiene que es posible sesionar sólo si se ratifican los tratados; la segunda, en cambio, defiende la idea de que la apertura de las conferencias formales depende de estipulaciones anteriores, en particular del Tratado Confederativo firmado por la Gran Colombia y México en 1823. La primera es defendida entre 1826 y 1828 por los plenipotenciarios de la Gran Colombia y de las Provincias Unidas del Centro de América, por ejemplo: Pedro Gual, antiguo ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia, coautor de las bases de los tratados y líder moral del Congreso, y Antonio Larrazábal, exrepresentante del Virreinato de Nueva España ante las Cortes de Cádiz. La otra la esgrimen en 1827 los ministros mexicanos como alternativa ante la imposibilidad de aprobar los tratados por las cámaras legislativas mexicanas: Mariano Michelena, miembro del triunvirato que gobierna el país tras la caída del emperador Agustín de Iturbide, y José Domínguez Manso, miembro del Colegio de Abogados y uno de los hombres de confianza del propio Iturbide. Su argumento es apoyado por Joel R. Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México, y, a partir de 1827, representante de su país ante el Congreso americano4.

2

“Protocolo de la décima conferencia verbal”, 15 de julio de 1826, en Documentos sobre el Congreso anfictiónico de Panamá, comp. Germán A. de la Reza (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2010), 204, 209-231.

3

Las evidencias documentales de ambas tesis se encuentran en Daniel F. O’Leary, comp., Memorias del General O’Leary, vol. ii (Caracas: Ministerio de la Defensa de Venezuela, 1981); Antonio de la Peña y Reyes, comp., El Congreso de Panamá y algunos proyectos de Unión Hispano-Americana (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1926); José Rodríguez Cerna, comp., Centro América en el Congreso de Bolívar: contribución documental, inédita, para la historia de la Primera Asamblea Americana (Guatemala: Tipografía Nacional, 1956); y en The Latin American Library (lal), Tulane-Estados Unidos, Manuscript Collections (mc) [Localizada en la Tulane University (Nueva Orleans)].

4

Sobre la biografía de los delegados, remitirse a: Horacio Clare Jr., Los delegados al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 [Facsímil de los Protocolos firmados en Panamá el 15 de julio de 1826] (Panamá: El Mundo, 1967).

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En cierta forma, esta controversia constituye el nudo gordiano de las relaciones entre los delegados de la asamblea americana, que ahondará en sus diferencias hasta hacerlas irreparables. Para su estudio se emplearán fuentes primarias y colecciones documentales, así como un manuscrito inédito conservado en la sección Poinsett Papers de la Sociedad Histórica de Pensilvania (Estados Unidos). Se trata de la minuta de la reunión entre Pedro Gual y Joel R. Poinsett a principios de 1827, dada a conocer por primera vez en este artículo y traducida del inglés hace algunos años5. Su contenido, redactado de puño y letra por el estadounidense Poinsett, tiene algunas quemaduras y palabras ilegibles, sustituidas en la traducción por términos plausibles entre corchetes. En términos generales, empero, su sentido es diáfano, lo cual ayuda a comprender la citada controversia y el contexto más general en que se desarrolla, es decir, el episodio mexicano de la anfictionía y su desenlace6. Esto es tanto más significativo, por cuanto el estudio del traslado de la asamblea a Tacubaya y la permanencia de los ministros reunidos durante más de dos años dispone de limitados recursos documentales y ha sido objeto de escasa investigación histórica7.

1. El traslado a México La negociación y redacción del Concierto sobre la traslación de la asamblea se realizaron en el Istmo de Panamá durante las conferencias informales de finales de junio de 1826. En ellas, Perú propone a Quito; las Provincias Unidas de Centro de América, a Costa Rica;

5

Joel R. Poinsett, “Objections of Pedro Gual to Meet the Congress at Tacubaya”, 14 de abril de 1827, en Historical Society of Pennsylvania (hsp), Filadelfia-Estados Unidos, Colección Poinsett Papers, vol. 4, 1.

6

Cabe precisar que el presente artículo no se ocupa de la iniciativa bolivariana en general, ni de las razones de su fracaso. Sobre el conjunto de los proyectos confederativos de inspiración bolivariana, consultar: Germán A. de la Reza, El ciclo confederativo. Historia de la integración latinoamericana en el siglo xix (Lima: Universidad de San Marcos, 2012). Sobre el desenlace existen numerosas explicaciones: José María Tornel, secretario del entonces presidente Guadalupe Victoria, señala la limitada asistencia de las nuevas repúblicas hispanoamericanas; así, el largo tiempo que los plenipotenciarios debieron esperar en México la llegada de los tratados ratificados. Breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de la nación mexicana desde el año de 1821 hasta nuestros días (México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985). Pedro Zubieta otorga más importancia a la “resistencia pasiva sino hostil” de México hacia el proyecto bolivariano, conclusión que comparte Jesús María Yepes. Remitirse a: Pedro Zubieta, Congresos de Panamá y Tacubaya (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 1986), 131; y Jesús María Yepes, Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954, t. i y ii (Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1955), 116. Francisco Cuevas Cancino asocia factores objetivos y subjetivos, las fuerzas centrífugas de los países hispanoamericanos (junto con la anarquía) y el convencimiento de Bolívar de que sus “esfuerzos anfictiónicos” son inútiles. Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas (Caracas: Gobierno de Venezuela, 1976), 141-142. Por último, Manuel Medina Castro considera como causas el recelo con el que México ve a Colombia y la influencia desestabilizadora de Estados Unidos. Estados Unidos y América Latina, siglo xix (La Habana: Casa de las Américas, 1968), 186.

7

Para un estudio reciente, consultar: Germán A. de la Reza, “El traslado del Congreso anfictiónico de Panamá al poblado de Tacubaya (1826-1828)”, Revista Brasileira de Política Internacional 49: 1 (2006): 68-94.

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México, a Mérida (Yucatán), y la Gran Colombia insiste en mantener la sede en el Istmo, a pesar de sus evidentes problemas de insalubridad y carencia de recursos8. Como ninguna de las partes parece coincidir, los plenipotenciarios de México cambian su propuesta de Mérida por un elegante suburbio de la capital denominado Tacubaya, moción finalmente aceptada por el conjunto de las delegaciones9. El Concierto se compone fundamentalmente de diez artículos. El primero ubica la nueva sede de la asamblea en Tacubaya. El segundo establece la duración de las conferencias en tiempos de paz (“tres meses, prorrogables a dos más”) y en períodos de beligerancia permanente. Los siguientes norman las actividades de las conferencias y el quinto asienta “los fueros, prerrogativas e inmunidades” de los plenipotenciarios, sus familias y comitivas. El último artículo instituye que a la llegada de los ministros de “las demás potencias de América”, la asamblea revisará el Concierto “para hacer en él las variaciones que se juzguen convenientes”. Por razones que no necesitan explicitarse, ninguno de los artículos se ocupa de las labores de los ministros mientras esperan en México la aprobación de los tratados10. Luego de la firma de las convenciones, el Congreso de Panamá clausura sus actividades el sábado 15 de julio, pero antes de partir, las delegaciones se dividen de manera que uno de los integrantes regrese a su país llevando los tratados y el otro se dirija a México. Así, por ejemplo, Pedro Molina, el prócer centroamericano; Manuel Vidaurre, del Perú, y el general Pedro Briceño Méndez, de la Gran Colombia, parten de regreso a sus respectivas naciones. Edward Dawkins, el observador inglés, se embarca con rumbo a Londres, para esperar allí la

8 A causa de la epidemia de “vómito negro” (fiebre amarilla), el 14 de junio fallece James Le Mesurier, y un mes después Leornard Childers, ambos secretarios de Edward Dawkins. “Dawkins a George Canning”, 16 y 17 de junio-16 de julio de 1826, en British National Archives (bna), Londres-Inglaterra, Colección Foreign Office (fo) 97-115, 125, 134 y 229. Según Pedro Briceño Méndez, esa plaga “amenazaba inminentemente la vida de los ministros de México y Centro América, algunos de los cuales asistieron a las conferencias estando enfermos”. “Briceño Méndez al Secretario de Estado del Departamento de Relaciones Exteriores”, Bogotá, 15 de agosto de 1826, en Memorias del General O’Leary, vol. ii, 539. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Richard C. Anderson, y representante de su país ante el Congreso de Panamá, falleció durante su travesía de Bogotá a Cartagena por el mismo motivo, y un año atrás su esposa. “Briceño Méndez al Secretario de Estado”, 628; “José M. Salazar a Henry Clay”, Washington, 20 de noviembre de 1826, en Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente a la independencia de las naciones latinoamericanas, comp. William R. Manning (Buenos Aires: Librería y Editorial “La Facultad”, 1930), doc. 660; Francisco Pividal, Bolívar: pensamiento precursor del antiimperialismo (La Habana: Casa de las Américas, 1977), 225. Sobre las carencias de víveres y alojamiento, remitirse al relato de Manuel Vidaurre, ministro plenipotenciario del Perú, en “Carta a José Cavero y Salazar”, Panamá, 11 de julio de 1825, en El Congreso de Panamá (1826), prólogo y estudio de Raúl Porras Barrenechea (Lima: Imprenta La Opinión Nacional, 1930), 449-450. 9 Las instrucciones del 9 de marzo de 1826 sólo prevén el traslado a Yucatán. Consultar: Congreso de Panamá y algunos proyectos, 15. 10 El Congreso de Panamá, 416-418; Daniel F. O’Leary, comp., Memorias del General O’Leary, vol. xxiv, 361-362; Germán A. de la Reza, comp., Documentos sobre el Congreso, 218-219.

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instalación de la asamblea en Tacubaya, mientras que Jan Verveer, el observador no oficial de los Países Bajos que arribó en el momento de culminar la estancia en Panamá, decide ir directamente a México. Por último, tras una travesía sin contratiempos, Michelena, Domínguez Manso, Gual y Larrazábal desembarcaron en Acapulco en agosto de 1826. Gual permaneció en el puerto hasta enero de 1827 para atender a su esposa, que acababa de dar a luz11. Verveer llegó a la ciudad de México en septiembre, y John Sergeant, uno de los plenipotenciarios de Estados Unidos, lo hace en enero de 1827 (el otro, Richard C. Anderson, falleció en Cartagena durante su viaje a Panamá)12. Del peruano Manuel Pérez de Tudela las fuentes sugieren que llegará en “ocho o diez días”, aunque sale de Panamá para regresar al Perú. Así, pues, en un primer momento los ministros están de acuerdo en la realización de una asamblea en México. Poco antes de salir de Panamá, Molina y Larrazábal informan a su gobierno que los delegados que acudirán a México formarán “una Comisión Permanente que vaya preparando y adelantando los futuros trabajos y reciba la ratificación para su canje”13. Esta interpretación al parecer no la sustenta ningún documento oficial. En cambio, la totalidad de los testimonios insiste en que la asamblea no podía funcionar antes de la aprobación del Concierto sobre la traslación. Incluso, Dawkins, interlocutor minucioso de los ministros hispanoamericanos, transmite esa interpretación a su gobierno el 15 de octubre de 1826. Concretamente, señala que “el Congreso se reunirá cerca de [la Ciudad de] México después del intercambio de las ratificaciones”14. En enero de 1827, Sergeant inquiere los motivos por los que no sesiona la asamblea en Tacubaya, y Larrazábal responde prácticamente en los mismos términos: “[Se] verificará dicha reunión cuando se presenten en esta ciudad los otros ministros plenipotenciarios; que la llegada de estos ministros será después de que por los otros gobiernos de las respectivas repúblicas se verifique la ratificación de los tratados celebrados en Panamá”15. Esta información la transmite Michelena a Sergeant el 19 de marzo de 182716, a pesar de que seis meses atrás Poinsett la había comunicado al Departamento de Estado, dirigido por el

11 “Antonio Larrazábal al Secretario de Estado”, 20 de enero de 1827, en Centro América en el Congreso, 173. 12 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 23 de septiembre de 1826; 30 de diciembre de 1826; 10 de enero de 1827, en Centro América en el Congreso, 153, 168 y 169. 13 “Larrazábal y Pedro Molina al Secretario de Estado”, 1 de julio de 1826, en Centro América en el Congreso, 133-134. 14 “Dawkins a Canning”, 15 de octubre de 1826, en bna, fo 97-115, 325. 15 “John Sergeant a Larrazábal”, 16 de enero de 1827, y “Larrazábal a Sergeant”, 19 de enero, en Centro América en el Congreso, 170-172. 16 “Sergeant a Mariano Michelena”, 19 de marzo de 1827; “Michelena a Sergeant”, 24 de marzo, de 1827, en Francisco Cuevas Cancino, Del Congreso de Panamá, 143.

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secretario Henry Clay17. En ese período los ministros insisten en la aprobación de los tratados como condición previa para poder reunirse en conferencias formales, aunque esta actitud variará en los siguientes meses. En realidad, la ratificación de los tratados por todos los países firmantes resulta más difícil de lo esperado. En tanto, se inicia con retraso en las cámaras legislativas de la Gran Colombia, debido a que Briceño Méndez espera el visto bueno de Bolívar. En las Provincias Unidas de Centro de América, es afectada por la creciente inestabilidad que vive el territorio, que disgregará finalmente la federación y que, a mediados de 1826, además obliga a Molina a quedarse lejos de la capital. En Perú, el gobierno surgido del golpe de Estado de principios de 1827 ignora los tratados y busca acabar con el proyecto confederativo. En México, por otro lado, el examen legislativo de los tratados parece tener mejor suerte. Se inicia el 14 de octubre de 1826, cuando el presidente Guadalupe Victoria los pasa a la Cámara Baja y los diputados exponen al delegado centroamericano que “los encuentran arreglados a los que esta misma República había celebrado con Colombia [en 1823]; a las instrucciones dadas a [Michelena y Domínguez Manso] y a los intereses generales de las repúblicas confederadas”18. Cuando el Congreso mexicano termina sus sesiones en diciembre de ese año sin haberlos aprobado, el ánimo no decae y se piensa que la ratificación se proporcionará durante el siguiente mes19. Por esta razón, el Presidente dirige a las cámaras su Mensaje ponderando la utilidad de los tratados confederativos y los beneficios de su ratificación, en enero de 1827. Casi sin transición, empero, agrega la noticia del próximo reemplazo de la Constitución de la Gran Colombia por la denominada Constitución Vitalicia de Bolívar y hace una encendida defensa de las instituciones mexicanas y de su inviolabilidad20. Larrazábal no registra esta parte de la intervención de Victoria, pero sí sus consecuencias: muestra que a partir de entonces algunos legisladores mexicanos se dicen opuestos a resolver el caso de los tratados, mientras no se conozca el resultado de los conflictos vividos en las Provincias Unidas de Centro América y la Gran Colombia21. Pero no todos los diputados piensan de esa manera. Un día antes del vencimiento del plazo para la ratificación, el 15 de marzo, la Comisión de Relaciones Exteriores les asegura que se

17 “Joel R. Poinsett a Henry Clay”, México, 6 de septiembre de 1826, en American State Papers. Documents, legislative and executive of the Congress of the United States, 1774-1875, Serie Foreign Affairs, vol. vi (Washington: u.s. Congress/ Gales and Seaton, 1831-1861), doc. 443: 361. 18 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 14 de octubre de 1826, en Centro América en el Congreso, 156. 19 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 10 de enero de 1827, en Centro América en el Congreso, 169. 20 “Informe del presidente Guadalupe Victoria al abrirse las Sesiones del Congreso, México”, 1 de enero de 1827, en Documentos de Guadalupe Victoria, t. i, comp. Carlos Herrejón (México: inehrm, 1986), 180. 21 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 28 de febrero de 1827, en Centro América en el Congreso, 180-181.

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ocupará de los tratados de Panamá inmediatamente después del acuerdo comercial con el Reino Unido22. Sin embargo, el 2 de abril el legislativo mexicano descarta el Tratado de Unión y la Convención de contingentes, por considerar que la situación política de todo el territorio ofrece un panorama incierto. Confundido, el ministro centroamericano no sabe cómo interpretar la oposición de las cámaras23, por lo que el 11 de ese mes parece estar convencido de que los tratados no se ratificarán, por cinco razones distintas: “[L]as demoras que este asunto ha sufrido, las que está sufriendo y sufrirá todavía, pues aún no se ha dado cuenta con el dictamen de la comisión, que según me han asegurado individuos de ella hace mes y medio que está extendido; la ninguna franqueza y el misterio que se nota en este punto; la poca importancia que se da a la alianza con unas repúblicas que suponen debilitadas y despedazadas por los partidos; el resfrío o indiferencia que generalmente se advierte; la ninguna noticia que se tiene de los ministros del Perú”24.

Como lo muestra este documento, el Ministro piensa que los diputados buscan “disfrazar su intención y dorar su conducta”, y sentencia: “todo me hace desconfiar de nuestra unión, en términos que no llegaré a creerla hasta no verla efectuada”. Como podía anticiparse, las cámaras concluyen sus labores el 21 de mayo de 1827 sin revisar los tratados. Cuando el presidente Victoria llama a un período extraordinario, sin fecha para su instalación, Larrazábal comprende que la iniciativa es inútil25. Cabe precisar aquí que la oposición del poder legislativo mexicano responde a más de un motivo. Es probable que el desinterés e incluso la oposición a la ratificación de los tratados de Panamá resultaran en parte del Mensaje de Victoria y de las noticias que llegaban del sur hispanoamericano, pero también cumple un papel sustantivo la propia inestabilidad política del país, marcada por la pugna entre las logias yorkinas y la escocesa. Esta confrontación influencia de manera sistemática los debates entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, republicanos y monárquicos, panamericanistas e hispanoamericanistas, incluidos variantes y diversos grados de radicalización de estos grupos. Un buen ejemplo de ellos es que, dirigidos en la sombra por Poinsett, los yorquinos abogan por un régimen liberal y federalista, cercano al modelo estadounidense; entretanto, los escoceses, por su lado, se presentan como conservadores, proclives a la centralización, y algunos de sus miembros, como Lucas Alamán, comparten los ideales hispanoamericanistas.

22 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 14 de marzo de 1827, en Centro América en el Congreso, 182. 23 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 4 de abril de 1827, en Centro América en el Congreso, 183-184. 24 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 11 de abril de 1827, en Centro América en el Congreso, 184-185. 25 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 12 de abril de 1827, en Centro América en el Congreso, 189.

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Ahora bien, a principios de 1827 la situación del país se agrava como consecuencia del descubrimiento de un complot para restaurar el poder español. El hecho estimula los ataques contra la logia escocesa, y en los meses siguientes los estados de Jalisco, México, Guanajuato, Coahuila, Texas y el Gobierno federal expulsan a gran número de españoles26. Como respuesta, el vicepresidente Nicolás Bravo, líder de los conservadores, se subleva contra el Gobierno central el 23 de diciembre de 1826, aunque sufre una aparatosa derrota, y varios de sus correligionarios parten al exilio. Esto puede llevar a suponer el triunfo definitivo de los yorkinos, pero en realidad las cosas toman un rumbo distinto. En las elecciones presidenciales de septiembre de 1828, 137 diputados —o su equivalente, 11 votos legales— sufragan a favor del disidente yorkino Manuel Gómez Pedraza, y sólo 123 por Vicente Guerrero —9 votos legales—, el candidato oficial de los yorkinos27. La derrota de su líder desencadena la ira de los yorkinos, quienes derrocan al presidente electo sumiendo al país en el caos28. Esta crisis acompaña los vaivenes de la ratificación de los tratados de Panamá desde sus inicios hasta la conclusión del mandato del presidente Victoria. Su incidencia, no discernible en todas sus facetas, constituye sin duda el telón de fondo del proceso de aprobación. Esto no quiere decir que no influyeran los conflictos de la Gran Colombia, la desintegración de la Federación centroamérica y los riesgos de dispersión, o las noticias referidas al Perú, donde el golpe de Estado de enero de 1827, el desalojo de las tropas bolivarianas y la guerra contra la Gran Colombia conducen al abandono del proyecto confederativo. Pero en términos explicativos, la difícil situación política del país anfitrión es decisiva.

2. La entrevista de Gual y Poinsett Junto con la primera decepción en las cámaras mexicanas, los representantes de la Gran Colombia, Centroamérica, México y Estados Unidos afinan sus tácticas concernientes a la instalación de la asamblea. La defendida por Gual y luego por Larrazábal sigue siendo el reclamo de la aprobación de los tratados como etapa previa a la organización de conferencias formales. La instrumentada por Michelena y Domínguez, en cambio, aboga a favor de la ratificación como uno de los temas de discusión de la asamblea. Poinsett, en definitiva, apoya

26 Entre 1827 y 1828, el número de españoles residentes en el país disminuye en 27%, con importantes variaciones según las entidades federativas. En el Distrito Federal, la reducción llega a 80%. Harold S. Sims, La expulsión de los españoles de México 1821-1836 (México: fce, 1985), 231-232. 27 Michael Costeloe, La primera república federal de México 1824-1835 (México: fce, 1996), 182. 28 Esta asonada tampoco prospera; el vicepresidente Carlos Bustamante socava la autoridad de Vicente Guerrero y promueve su derrocamiento por incapacidad, en 1831.

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esta última porque las ratificaciones conducen a la creación de una confederación y una alianza militar que su país no desea. Todavía más: la cronología de algunos hechos sugiere que el estadounidense no sólo apoya este pensamiento, sino que también lo inspira. En este punto, es necesario ir por partes. En abril de 1827, poco después de su nombramiento como plenipotenciario en reemplazo de Anderson, el estadounidense comunica a sus homólogos que él y Sergeant están “prontos a concurrir al Congreso luego que se reúna”29. Gual responde enseguida que es necesario proteger los “derechos e inmunidades” de los ministros plenipotenciarios y recomienda esperar las ratificaciones30. El asunto motiva la reunión de ambos personajes en el mes de mayo. La minuta de ese encuentro, redactada por Poinsett, resume con bastante precisión el Concierto y los argumentos del ministro colombiano, aunque el título —“Las objeciones de Pedro Gual para la reunión del Congreso de Tacubaya”—, ubicado al comienzo del texto, resulta equívoco. El documento, inédito y prácticamente desconocido, explica lo siguiente: “Las objeciones de Gual para la reunión del Congreso en Tacubaya se fundan principalmente en la no ratificación del Tratado de Panamá por el Gobierno de México, especialmente de una convención referida [...] exclusivamente al carácter [...] del que se reviste en México [la presencia] de los ministros de los Estados americanos. Esta convención establece que los ministros podrían encontrarse en la villa de Tacubaya o en cualquier otro lugar dentro del territorio de México, o en otro lugar, que ellos crean conveniente y donde pueden gozar de salud y seguridad, que sus sesiones tendrán la duración de tres meses prolongados según su deseo por dos meses más [...] que a la llegada de los ministros ellos serían investidos con todos los derechos, privilegios e inmunidad a los cuales tienen derecho los ministros plenipotenciarios debidamente acreditados ante el Gobierno [al cual] pertenece el territorio. Que para este objetivo […] [los ministros] iban a enviar una lista de su comitiva de manera que sus familias fueran a disfrutar los privilegios y exenciones que las familias de los embajadores regulares [...] tienen. Que Tacubaya no debería ser guarnecido por ninguna tropa excepto a deseo y solicitud del Congreso, y que a ninguna autoridad del país le estaba permitido entrar al pueblo sin la autorización [de la asamblea] exceptuando la autoridad civil y municipal del lugar. Esta convención no habiendo sido ratificada, él considera que los ministros están aquí sin el [...] carácter del que deberían estar investidos para su protección y que ellos

29 “Poinsett a Larrazábal”, 30 de abril de 1827, en Centro América en el Congreso, 188. 30 “Gual a Poinsett”, 4 de mayo de 1827, en hsp, Poinsett Papers, vol. 4, f.1.

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propusieron en Panamá habiendo sido reunidos allí bajo la fe de tratados prexistentes. Ellos están aquí más por la invitación de los representantes de México, una invitación que no ha sido confirmada por su gobierno. El Sr. Sergeant y yo mismo, hemos leído la convención que contiene tanto como yo recogí las estipulaciones arriba mencionadas junto a otras de no gran importancia”31.

En este documento, la alusión al convite mexicano, iniciativa “no confirmada por su gobierno”, refleja el pensamiento y la situación de Gual y Larrazábal. En efecto, fuera de esa invitación, nada ampara la presencia del conjunto de los ministros en ausencia de las ratificaciones. Pero si esa opinión es compartida por todos hasta ese momento, en las nuevas circunstancias, Poinsett se distancia y prefiere culpar a Gual de la no instalación de la asamblea. Sin duda, el argumento no tiene el fundamento requerido, pero anticipa la explicación que los plenipotenciarios mexicanos esgrimirán en contra del colombiano poco después. Sin sorpresas, Gual también desconfía de Poinsett, y no sólo por su actitud frente a la instalación de la asamblea, sino por la notable influencia del estadounidense sobre los congresos estadales, las cámaras de la Federación y otras instituciones del país, lo que permitía explicar el inmovilismo legislativo mexicano32. Otro motivo se relaciona con el rechazo a la aprobación del Concierto sobre el artículo ii, que, como es conocido, es objetado por Henry Clay33, así como con la creciente hostilidad del Gobierno estadounidense hacia las políticas de Bolívar en Perú y la Gran Colombia, que Gual no desconocía. Esto explica por qué en sus instrucciones a Poinsett y Sergeant, fechadas el 16 de marzo de 1827, Clay les advierte que Bolívar tiene ambiciones monárquicas y pretende manipular al Congreso anfictiónico34. Supuesto esto, el 22 de junio de 1827 —fecha del primer aniversario de la apertura de la asamblea en el Istmo y varias semanas después del encuentro de Gual y Poinsett—, los

31 Joel R. Poinsett, “Objections of Pedro Gual”, 4. Traducción libre del autor. 32 Según José María Tornel, la multiplicación de los prosélitos del yorkismo llegó al extremo “de dominar en el congreso general, especialmente en la cámara de diputados, en las legislaturas de los Estados, en sus gobiernos, en los cuerpos del ejército y en la mayor parte de las autoridades civiles y políticas”. Breve reseña histórica, 46. 33 “Poinsett a Clay”, México, 21 de octubre de 1826, en National Archives and Records Administration (nara), Washington d.c.-Estados Unidos, Record Group 59: General Records of the Department of State, Administrative History (59.1), microfilm n° 97, rollo ii, 232: 65-66. 34 Herny Clay, “Instrucciones a Sergeant y Poinsett”, Washington, 16 de marzo de 1827, en Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (ahsrem), México d.f.-México, Legajo Encuadernado (le) 877, f.12. “Entrada del día 17 de febrero de 1830”, en Memoirs of John Quincy Adams, vol. viii, ed. Charles Francis Adams (Filadelfia: J. B. Lippincott & Co., 1876), 190.

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mexicanos remiten su primera misiva en calidad de anfitriones. El motivo es conocer si los delegados de la Gran Colombia y Centroamérica están dispuestos y habilitados para continuar las conferencias anfictiónicas, ya que, “para decidirse” a instalar la asamblea, el gobierno mexicano “necesitará instruirse previamente si los Plenipotenciarios que residen en esta capital se hallan suficientemente habilitados y en disposición de reunirse”35. Gual responde casi de inmediato advirtiendo que se trata de la primera comunicación que recibe desde su llegada a México, y que, por la fecha expedida en el documento, el plazo acordado en Panamá para la ratificación ha cambiado. Califica las dudas sobre su acreditación como una señal de que México “o desaprueba o deja en suspenso las demás estipulaciones acordadas solemnemente en el Istmo”36 . Termina la carta preguntando si es posible la reunión de los plenipotenciarios en Tacubaya, y cuál es su objeto en ausencia de base legal. Larrazábal, más conciso, se limita a aclarar a sus interlocutores que está suficientemente habilitado en virtud de los poderes conferidos por su gobierno, en febrero de 182637. Michelena y Domínguez vuelven a escribir a Gual para reclamarle el no dar “una contestación precisa” a su requerimiento y que “para tal reserva [seguramente] tendrá algún motivo poderoso”, que deberá ser ponderado por el Gobierno de la Gran Colombia38. Según ellos, la única prerrogativa que el Concierto agrega a las establecidas en el tratado bilateral de 1823 —y que su país no había cumplido aún— era el libre franqueo de la correspondencia de los ministros. Al final de su misiva, y casi en los mismos términos que Poinsett, los ministros acusan a su colega colombiano de no desear la apertura de la asamblea. En su respuesta, enviada al día siguiente, Gual rechaza airadamente “que la libertad de las correspondencias [haya sido] la única prerrogativa adicionada en Panamá a las comprendidas en el Tratado de 1823”39. Casi todos los artículos negociados en Panamá, agrega, “contienen reglas especiales y tan peculiares, que no era dable se hubiesen tenido presentes” en 1823. Como conclusión del intercambio epistolar, Michelena y Domínguez

35 “Michelena y José Domínguez Manso a Gual”, 22 de junio de 1827, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 110-111. 36 “Gual a Michelena y Domínguez”, 23 de junio de 1827, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 111-113. 37 “Larrazábal a Michelena y Domínguez”, 23 de junio de 1827, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 113-114. En nota dirigida a su gobierno, el ministro centroamericano expresa su desacuerdo con Gual, por creer que éste exige “una especie de garantía sobre la ratificación de los tratados”. El señor Gual no “tiene derecho para exigir tal cosa, ni los otros autorización para prestarse a ella”. “Larrazábal al Secretario de Estado”, 24 de julio de 1827, en Centro América en el Congreso, 202. 38 “Michelena y Domínguez a Gual”, 27 de junio de 1827, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 114-116. 39 “Gual a Michelena y Domínguez”, 28 de junio de 1827, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 116-118.

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informan a su gobierno que el delegado centroamericano tiene “disposición y suficiente autorización”, pero que Gual pone “obstáculos” a sus requerimientos40. En estas comunicaciones diplomáticas es posible observar un tono poco común. Por ejemplo, no se explica exclusivamente por la influencia de Poinsett, las noticias llegadas de Centroamérica y la Gran Colombia o la guerra entre este último territorio y el Perú. Pero además, la irritación mexicana es personalizada y se centra en Gual. Es posible que en alguna medida se debiera a las intrigas antibolivarianas, cada vez más nutridas desde finales de 1826, y que, en el caso de la Cancillería mexicana, tienen un informante directo: José Anastasio Torrens, su encargado de negocios en Colombia entre 1824 y 1828. Si bien este funcionario ocupa una posición relativamente subalterna, sus informes no podían ser ignorados completamente, pues se trata del único informante, y el tenor de sus notificaciones coincide con las acusaciones que enarbola la campaña antibolivariana en varios países del continente. Sus informes, un tanto largos y frecuentes, acusan a Bolívar de crear un partido favorable a sus propósitos en México y de buscar “un trastorno” con el fin de “probar que las instituciones republicanas no sólo no convienen a Colombia sino a ningún Estado americano”. Recomiendan además vigilar a los colombianos que hay en México, sobre todo a los que mantienen contactos con Bolívar “u otras personas de Colombia”41. La referencia a Gual deja de ser velada cuando lo sindican como enemigo “de las instituciones liberales”, y de buscar “causar trastornos”42. Con todo, las comunicaciones de Michelena y Domínguez Manso son más conciliadoras a partir del 19 de julio, sin que por ello se cambiara de posición. En su tercer oficio dirigido al colombiano, Michelena y Domínguez Manso son contundentes al afirmar que México “observará las estipulaciones contenidas en el convenio de Panamá”, y que habiendo resuelto el asunto de su habilitación —el Gobierno insiste en ampararla en el Art. 16 del tratado bilateral de 1823—, era posible inaugurar

40 “Michelena y Domínguez al gobierno de México”, 5 de julio de 1827, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 118-19. 41 “Nota reservada de José Anastasio Torrens”, Bogotá, 3 de julio de 1828, en ahsrem, le 1699 (iii), ff.83-87. La actitud de Torrens lleva cierto tiempo formándose. El 17 de mayo de 1825, un año antes de la celebración del Congreso del Istmo, previene a su gobierno que “Colombia no ha dejado cosa por mover para adquirir el influjo en la Asamblea de Panamá y figurar allí como la primera de las nuevas repúblicas”, en ahsrem, le 1699, ff.13-14. Para un interesante análisis del encriptamiento de los comunicados de Torrens, remitirse a: Roberto Narváez, “El Diario reservado n° 18 (1829) de José Anastasio Torrens”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México 38 (2009): 139-163. 42 “Nota de Torrens”, Bogotá, 14 de noviembre de 1827, ahsrem, le 1699 (iii), f.74. El activismo de Torrens conduce a que Colombia solicite su retiro el 14 de julio de 1829. Ver: “Estanislao Vergara al Ministro de Estado de México”, Bogotá, 14 de julio de 1829, ahsrem, Legación de México y Ministros de Relaciones Exteriores de México y Santo Domingo 1825-1875, ff.24.

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la asamblea43. La nota concluye señalando tres puntos: primero, que la ratificación de los tratados no es un asunto exclusivamente mexicano; segundo, que la asamblea de Tacubaya no depende de los tratados de Panamá sino de los preexistentes; y por último, que el tema de la ratificación debe ser uno de los objetivos de las conferencias.

3. El activismo del presidente Victoria, retiro de los plenipotenciarios y clausura de la asamblea en Tacubaya En agosto de 1827, un suceso inesperado lleva al Gobierno mexicano a buscar la instalación inmediata de la asamblea en Tacubaya. Victoria aprueba un presupuesto especial, pide a los plenipotenciarios mexicanos que se muden a Tacubaya y comunica su propósito a los ministros hispanoamericanos44. El motivo es la reciente solicitud del Gobierno centroamericano de que la asamblea medie en la guerra civil que devora al país45. Interesado en la posibilidad de ser útil en una coyuntura delicada para su gobierno, Larrazábal le escribe pidiendo instrucciones y nueva acreditación46. Gual, en cambio, se dirige a los mexicanos para proponerles una reunión previa e informal, posición a la que poco después se suma Larrazábal47. Desilusionados por no instalar la asamblea inmediatamente, Michelena y Domínguez se retiran para pedir autorización, aunque con el tiempo abandonan la iniciativa. Larrazábal ve con enojo esa actitud, ya que el encuentro sugerido por Gual “nunca tendría otro carácter que el de la conversación de cuatro amigos”, y si Michelena y Domínguez tenían autorización para organizar la asamblea, más la tendrían para asistir a una reunión conducente a ella48. Sin embargo, es probable que este silencio tuviera otra motivación: las presiones que ejerce Poinsett sobre el Ejecutivo mexicano en el tema centroamericano. En efecto, desde la separación de Guatemala del Imperio de Iturbide, Estados Unidos considera que toda injerencia de México es dañina para la independencia centroamericana, y además, como señala su

43 “Michelena y Domínguez a Gual”, 19 de julio de 1827, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 120-123. 44 “Gual al Ministro de Relaciones Exteriores”, 15 de septiembre de 1827, en Memorias del General O’Leary, vol. xxiv, 387. 45 Francisco Cuevas Cancino, Del Congreso de Panamá, 143; “Larrazábal al Secretario de Estado”, 29 de agosto de 1827, en Centro América en el Congreso, 206-207. 46 El delegado centroamericano piensa en una alternativa para salir del impasse de las ratificaciones: prorrogar el plazo de vencimiento, “en cuyo caso quedarían en todo su vigor las bases sobre que se apoyó la reunión en Panamá”. “Larrazábal al Secretario de Estado”, 31 de agosto de 1827, en Centro América en el Congreso, 208-209. 47 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 31 de agosto de 1827, en Centro América en el Congreso, 203; “Larrazábal a Gual”, 28 de noviembre de 1827, lal, mc, “Asamblea de Tacubaya”, doc. 4, f.1. 48 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 19 de septiembre de 1827, en Centro América en el Congreso, 212-213.

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embajador, puede “afectar materialmente la balanza del poder en el hemisferio occidental”. Como consecuencia, Poinsett reclama directamente por toda iniciativa de México que involucre a su vecino meridional49. En diciembre de 1827, casi tres meses después del último contacto de los ministros, es el turno de Gual de insistir en la necesidad de una reunión previa para “fijar los principios con que la asamblea americana podría concurrir a poner un término a las calamidades que afligen a Centroamérica”50. Aunque Michelena y Domínguez renuevan su preferencia por tratar el tema en “la Asamblea de los nuevos Estados de América”51, aceptan reunirse con sus colegas en casa de Larrazábal dos días antes de Navidad. En su exposición, Gual recomienda que la mediación la realice la asamblea, “suponiendo que exista” o, en su defecto, que sea solicitada a los países representados en ella. Reconoce la importancia de que el Gobierno de Guatemala haya aprobado “la mediación y otras medidas análogas de conciliación que propusieron los plenipotenciarios de México”, pero señala la necesidad de que el Estado de San Salvador también las acepte, ya que “es por ahora de facto un cuerpo político separado”52. Con éstas y otras declaraciones sobre las incapacidades de la asamblea, los ministros se separan sin alcanzar un acuerdo, y así termina la única iniciativa de pacificación confederal. Por ello, hasta la conclusión de su residencia en México, los ministros no volverán a referirse al proceso de desintegración de la Federación de Centroamérica y al rápido deterioro de la unión colombiana. A consecuencia de esto, así como por el deterioro de su salud, Larrazábal toma la decisión de volver a Centroamérica a finales de 182753. Gual comunica iguales intenciones a los ministros mexicanos en su encuentro del 25 de noviembre, aunque la ocasión también le sirve para transmitir una noticia importante: la Gran Colombia “ha ratificado ha tiempo lo que habíamos estipulado en el Istmo”54. Tomados por sorpresa, Michelena y Domínguez invocan las dificultades políticas en las que se encuentra su país y aseguran que “las comisiones [de la Cámara Baja] tenían ya preparado su informe” para presentarlo a votación del

49 “Poinsett a Clay”, 30 de diciembre de 1828, en Correspondencia diplomática, doc. 920. Dicho esto, no existe evidencia de que el estadounidense rechazara el deseo centroamericano de asociar a México en la tarea buscar la mediación confederal. 50 “Gual a Larrazábal”, 4 de diciembre de 1827, en lal, mc, doc. 6, f.1. 51 “Michelena y Domínguez a Gual”, 20 de diciembre de 1827, lal, mc, doc. 4, f.1. 52 “Protocolo de la conferencia verbal tenida entre los delegados”, Tacubaya, 22 de diciembre de 1827, en El Congreso de Panamá y algunos proyectos, 142-150. 53 “Larrazábal a la Cancillería Centroamericana”, 10 de noviembre de 1827, en Centro América en el Congreso, 218. 54 “Memorándum de la conferencia del día 25 de noviembre de 1827”, en lal, mc, doc. 3, f.1; Documentos sobre el Congreso, 246-249.

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pleno. Al enterarse de la ratificación colombiana, el presidente mexicano remite a los diputados la solicitud de que se atienda la ratificación, “con la preferencia que [la cámara] estime correspondiente”55. Y al mismo tiempo advierte del riesgo de que Gual abandone el territorio nacional, lo que pondría en graves dificultades la apertura de la asamblea de Tacubaya. Poco recomendada por la aparente falta de apuro del Presidente, la iniciativa fracasa. Esto conlleva que el primero de febrero de 1828, Gual y Larrazábal visiten por separado a Victoria para despedirse. El presidente mexicano insiste en hacer un nuevo esfuerzo y les da las más amplias seguridades de que “el punto de los tratados quedaría concluido en todo el presente mes”. Los plenipotenciarios consideran la oferta y deciden postergar su salida del país por un tiempo más56. Pero al parecer en vano, ya que pasan trece semanas sin que el Congreso mexicano comunique novedad alguna. Por eso, el 10 de mayo, Victoria se dirige a la Cámara de Diputados de manera enérgica: “Es de suma necesidad la conclusión del [...] asunto de los tratados de Panamá antes de cerrarse las sesiones ordinarias del Congreso general. El decoro de la nación está altamente comprometido por haber pasado ya catorce meses del término fijado en ellos mismos para su ratificación”57. Ese mismo día, la Cámara le devuelve el documento de la Convención de Contingentes por estimar que no puede tenerlo en cuenta “por ahora”58, pero aprueba el Tratado de Unión, Liga y Confederación, con exclusión del Artículo 1459. Aunque la Convención de Contingentes representaba uno de los puntos de mayor interés para los confederados, el avance en la ratificación de cualquiera de los tratados hace renacer las esperanzas de todos. Por corto tiempo, no obstante, las sesiones terminan sin que el Senado revise el tratado confederativo, por lo que Victoria convoca a sesiones extraordinarias en julio para concluir con el estudio de los pendientes. Con inusual tenacidad, el 28 de julio la Cámara Alta desaprueba el Tratado de Unión argumentando la inconveniencia de un acuerdo con países que sufren cambios internos, y cuyo articulado hace referencia, por demás, a ejércitos inexistentes60.

55 “Juan José Espinosa de los Monteros a la cámara de diputados”, 20 de diciembre de 1827, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 126-127. 56 “Larrazábal al Secretario de Estado”, 12 de enero y 2 de febrero de 1828, en Centro América en el Congreso, 202-203. 57 “Monteros a los diputados José M. Herrera, Ramón Pacheco y Crescencio Rejón”, 10 de mayo de 1828, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 135. 58 “Secretaría de la cámara de representantes a la Presidencia”, 10 de mayo de 1828, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 135-136. 59 Pedro Zubieta, Congresos de Panamá y Tacubaya, 133; Francisco Cuevas Cancino, Del Congreso de Panamá, 147. El Art. 14 prohíbe las alianzas con otros países sin previo acuerdo de la asamblea. 60 “Gual al Ministro de Relaciones Exteriores”, 6 de agosto de 1818, en Memorias del General O’Leary, vol. xxiv, 404. Francisco Cuevas Cancino, Del Congreso de Panamá, 148.

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En vista de la situación, Larrazábal acelera los preparativos para su retiro de México. Sabedores de que se trata de una decisión definitiva, Michelena y Domínguez manifiestan su pesar y la ponen en conocimiento del Ejecutivo61. El 27 de septiembre de 1828, con nuevo presidente electo desde el primero de ese mes, Victoria se dirige a la Cámara de Senadores y, para dar mayor peso a sus palabras, adjunta las cartas de retiro de Gual y de Larrazábal. En la misiva insta a que “se dé cuanto antes la resolución correspondiente, sea cual fuere, acerca de los tratados de la citada asamblea”62, pero el Senado reitera su negativa y suspende la aprobación realizada en la Cámara de Diputados63. El 9 de octubre de 1828, los ministros plenipotenciarios organizan su último encuentro bajo la bandera de la confederación hispanoamericana. Formal por primera vez, esta reunión tiene por objeto la cancelación de los esfuerzos para revivir la asamblea en el poblado Tacubaya. Gual, su convocante, desea “concluir este desgraciado negocio con una especie de acta en la que [él y Larrazábal se pongan] a cubierto de toda interpretación siniestra, luego que nos vayamos de este país”64. La reunión se realiza en su domicilio en Tacubaya, donde Gual culpa de los resultados al “poco o ningún interés que los Estados Unidos Mexicanos toman por la reunión de los Plenipotenciarios americanos en su territorio”. De esto, agrega, fue tomando conocimiento prácticamente desde su llegada a Acapulco65. Las quejas del ministro centroamericano no son diferentes: “[Los hechos] lo habían convencido profundamente de que, o Méjico no tenía interés en concurrir por su parte a la realización de la Confederación americana, o repugnaba que la Asamblea se reuniese en su territorio; que cualquiera de estos extremos que fuese cierto, era en su concepto una razón suficiente para retirarse en obsequio mismo de la Confederación, porque de lo contrario era preciso que se hiciese ridículo y despreciable un proyecto tan importante, que en otro tiempo y otras circunstancias acaso se podrá renovar con mejor éxito”66.

Los plenipotenciarios mexicanos discuten que las cámaras tienen mejor actitud hacia los tratados y que las modificaciones que habían propuesto no alteraban la esencia de lo estipulado en Panamá. Concluyen con el ofrecimiento de que si esas instalaciones no parecían suficientes a los

61 “Michelena y Domínguez a Larrazábal”, 12 de septiembre de 1828, en Centro América en el Congreso, 237-238. 62 “Monteros a la cámara de diputados”, 27 de septiembre de 1828, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 139-140. 63 Francisco Cuevas Cancino, Del Congreso de Panamá, 148. 64 “Gual a Larrazábal”, 5 de octubre de 1828, en Centro América en el Congreso, 233-234. 65 “Protocolo de la conferencia final de Tacubaya”, 9 de octubre de 1828, en Congreso de Panamá y algunos proyectos, 143; Documentos sobre el Congreso, 250-258. 66 “Protocolo de la conferencia final de Tacubaya”, 145; Documentos sobre el Congreso, 250.

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delegados, la asamblea podía trasladarse a otro lugar. Gual y Larrazábal replican que ya habían recibido promesas semejantes en el pasado y que el cambio de sede “no podía producir ningún buen efecto en estos momentos”. Ambos coinciden en que la asamblea no volverá a reunirse en un plazo cercano. En noviembre y diciembre de 1828, Victoria debe hacer frente al Motín de la Acordada, nombre que recibe la asonada que encabeza el general Vicente Guerrero, y que sume al país en la inestabilidad. En uno de sus últimos actos de gobierno, Victoria se dirige al Congreso el 1° de enero de 1829 para informar que: “La devolución por las Cámaras de la Unión de los tratados celebrados por nuestros plenipotenciarios en la Asamblea General Americana, reunida en el istmo de Panamá, y la situación respectiva de cada Estado, ha ocasionado el regreso a sus países de los ministros por las repúblicas de Colombia y Centroamérica, que han pedido, al efecto, sus pasaportes. En consecuencia, no puede por ahora la Asamblea continuar en la villa de Tacubaya”67.

Conclusiones Con notable simetría, el fracaso del proyecto bolivariano coincide con una nueva ola de fracturas en casi todas las repúblicas hispanoamericanas. En México, el intento de reconquista española de 1829 es seguido de la separación de Texas en 1836 y su posterior anexión a Estados Unidos, preámbulo de la pérdida de la mitad del territorio en la guerra con este último país de 1846 a 1848. Cuando Larrazábal regresa a las Provincias Unidas de Centro América encuentra al país sumido en la guerra civil y a punto de desintegrarse, con un gobierno federal que opera en el vacío hasta 1838, cuando es sustituido por cinco pequeñas repúblicas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Gual no presencia mejores circunstancias en Colombia. A su llegada, es hecho prisionero por las tropas de ocupación peruanas, y luego de su liberación, Bolívar lo comisiona para negociar un tratado de paz con el general José de La Mar. La victoria, ratificada por el Tratado de Tarki, no impide la división de este país en tres repúblicas: Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, todavía incorporando la provincia de Panamá. Al sur, la guerra entre Brasil y Buenos Aires termina con la creación de Uruguay, la tercera y última escisión del antiguo Virreinato de la Plata después de Paraguay y el Alto Perú. En ese período, el episodio de Tacubaya parece simbolizar el fin de la solidaridad hispanoamericana y de una época que tuvo a su alcance posiblemente la creación de la nacionalidad más grande de Occidente. Sin embargo, el movimiento confederativo sobrevive a la coyuntura:

67 “El presidente G. Victoria en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso General”, 1 de enero de 1829, en Un siglo de relaciones internacionales de México (a través de los Mensajes Presidenciales) (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1935), 28.

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en realidad sólo ha concluido la primera de sus etapas. A principios de 1831, Lucas Alamán, de regreso a la Cancillería mexicana, toma la iniciativa de convocar a la asamblea americana para concluir los trabajos dejados pendientes en Panamá. Se trata de varios proyectos superpuestos, que incluyen la firma de un tratado comercial y el envío de emisarios a los distintos gobiernos hispanoamericanos. La empresa diplomática, que busca contrarrestar la creciente influencia de Estados Unidos, no obtiene los resultados deseados, y, luego de siete invitaciones y prolongadas embajadas, es abandonada en 1843. Cuando el Congreso de unión hispanoamericana se reúne finalmente en Lima, en 1846, México está bajo ocupación estadounidense, lo que le impide asistir a la asamblea, cuya organización había promovido durante trece años. Aunque la controversia sobre las condiciones necesarias para instalar la asamblea anfictiónica en suelo mexicano sea secundaria para la explicación del fracaso del primer ensayo de integración del continente, no por ello deja de ser significativa, como lo ha mostrado este artículo. La sucesión de encuadres, la descripción de asambleas y el análisis de decisiones divergentes han permitido ponderar no sólo las consecuencias del traslado, sino la controversia entre los distintos ministros. Contribuye a esto el documento estudiado de Poinsett, cuyas partes exhiben el origen de la separación de los ministros durante su espera en la ciudad de México; al mismo tiempo que aclara algunos aspectos ignorados de la estrategia estadounidense y del desenlace general del proyecto bolivariano.

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Licenciado, doctor y profesor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata (unmdp) y becario posdoctoral del conicet (Argentina). Integrante del Grupo en Historia Rural Rioplatense (gihrr) y del Centro de Estudios Históricos (cehis). Doctorado Interuniversitario en Historia, unmdp/Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (unicen). Es compilador del libro Debates y diagnósticos sobre las sociedades coloniales latinoamericanas (Mar del Plata: gihrr/Universidad Nacional de Mar del Plata, 2010) y autor de “Relaciones interétnicas y comercio en la frontera sur rioplatense. Partidas indígenas y transacciones comerciales en la guardia de Chascomús (1780 y 1809)”, Fronteras de la Historia 17: 2 (2012): 102-128. afgcuervo@hotmail.com

Artículo recibido: 02 de abril de 2013 Aprobado: 08 de agosto de 2013 Modificado: 28 de agosto de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.04

Ï El presente artículo forma parte de la tesis doctoral titulada “Prácticas comerciales y fiscalidad sobre la circulación de mercancías en la campaña porteña. Un estudio de caso: Chascomús entre 1780 y 1850”, presentada en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) en 2012. Esta investigación fue financiada por Becas de Posgrado Tipo i y Tipo ii del conicet (Argentina). Una versión preliminar fue presentada en las iv Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Portuarios, La Plata, noviembre de 2012.

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“Un nuevo puerto para Buenos Aires”. La boca del río Salado como alternativa a los bloqueos portuarios en el Río de la Plata (1830-1850)

“Un nuevo puerto para Buenos Aires”. La boca del río Salado como alternativa a los bloqueos portuarios en el Río de la Plata (1830-1850)

Resumen: En el presente artículo se presenta un análisis del comercio desarrollado en la desembocadura del río Salado, constituido a partir de la guerra con el Imperio del Brasil (1825-1828) en un puerto alternativo al de la capital provincial de Buenos Aires. A partir de fuentes poco exploradas por las investigaciones que tratan este tema, se estudian las diferentes actividades económicas que se desarrollaron en este nuevo puerto —transporte, fletes, importación y exportación— entre 1830 y finales de 1850. Al mismo tiempo que se examinan los problemas que generó para las autoridades el afán de control sobre las actividades desplegadas.

Palabras clave: Argentina, Buenos Aires, siglo xix, puerto, comercio, bloqueo.

“A New Port for Buenos Aires”. The Mouth of the Salado River as an Alternative to the Port Blockades of Rio de la Plata (1830-1850) Abstract: This article presents an analysis of the commerce that took place at the mouth of the Salado River, which was born from the war with the Brazilian Empire (1825-1828) in an alternate port to the one in the provincial capital of Buenos Aires. By delving into sources that have not been explored much by investigations on this subject, we study the various economic activities that took place in this new port—transportation, freight, import, and export— between 1830 and late 1850. Simultaneously, we examine the problems that the need for control over these activities generated for the authorities.

Keywords: Argentina, Buenos Aires, 19th century, port, commerce, blockade.

“Um novo porto para Buenos Aires”. A foz do rio Salado como alternativa aos bloqueios portuários no Rio da Prata (1830-1850) Resumo: No presente artigo, apresenta-se uma análise do comércio desenvolvido na foz do rio Salado, constituído a partir da guerra com o Império do Brasil (1825-1828) em um porto alternativo ao da capital provincial de Buenos Aires. A partir de fontes pouco exploradas pelas pesquisas que tratam desse tema, estudam-se as diferentes atividades econômicas que se desenvolveram nesse novo porto —transporte, fretes, importação e exportação—, entre 1830 e finais de 1850. Ao mesmo tempo em que se examinam os problemas que gerou, para as autoridades, a ânsia de controle sobre as atividades realizadas.

Palavras-chave: Argentina, Buenos Aires, século xix, porto, comércio, bloqueio.

Historia Critica No. 53, Bogotá, mayo - agosto 2014, 260 pp. issn 0121-1617 pp 83-107


Antonio Galarza

“Un nuevo puerto para Buenos Aires”. La boca del río Salado como alternativa a los bloqueos portuarios en el Río de la Plata (1830-1850)

Introducción

A

fines del período colonial el puerto de Buenos Aires constituía un centro neurálgico de la economía rioplatense, articulando diversos circuitos comerciales que unían producciones regionales del interior con ultramar, y viceversa. Esta posición relevante en el entramado económico se profundizó con el transcurrir del siglo xix, erigiéndose el puerto y la aduana en el argumento de mayor peso para explicar la preponderancia que la economía porteña detentaba sobre las del resto de las provincias del desaparecido Virreinato del Río de la Plata. Tan vital resultó ser la actividad portuaria para Buenos Aires y la Confederación Argentina que los diversos conflictos bélicos que se suscitaron con otros países tuvieron como factor común los bloqueos como una herramienta mediante la cual el enemigo pretendía asfixiar los recursos porteños. Pero si bien el puerto de la ciudad capital era sin dudas el más relevante en cuanto a infraestructura y actividades, existían otros espacios donde se realizaban diferentes transacciones, tanto legales como ilícitas. Entre éstos se encontraban el puerto de Las Conchas, la Ensenada de Barragán, la costa de Quilmes y el puerto de Carmen de Patagones (mapa 1). Algunos autores sostienen la idea de un “complejo portuario rioplatense”, en donde la interacción entre estos puntos, junto a Colonia del Sacramento, Maldonado y Montevideo, constituía un entramado portuario, que funcionaba de manera conjunta y complementaria durante el período tardo colonial1. El destacado papel de estos puertos alternativos para el embarque y desembarque de mercaderías y tropas de otros puertos bonaerenses, como el de Patagones (fundado en 1779), ha sido

1

“En el caso del Río de la Plata [...] se constituyó un complejo portuario que logró integrar ambas orillas [...] En el momento de máxima integración, entre los años 1720 y 1778, ese complejo portuario estaba formado por las ciudades-puerto (Buenos Aires, Colonia del Sacramento y Montevideo), una serie de puertos secundarios (como Las Conchas, Maldonado o la Ensenada de Barragán) y un número indefinido (e indefinible) de desembarcaderos clandestinos, ubicados principalmente sobre la orilla de Buenos Aires”. Fernando Jumar et al., “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo portuario rioplatense. Siglo xviii”, Anuario del iehs xxi (2006): 236.

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puesto de relieve, en especial para el período de la guerra con el Imperio del Brasil. En el marco del enfrentamiento, las tropas brasileñas bloquearon el acceso al puerto de la capital y otros puntos de importancia, principalmente la Ensenada de Barragán, Las Conchas y Quilmes. El protagonismo de Carmen de Patagones en la guerra de corso ha sido subrayado por algunos trabajos vinculados a la denominada historia tradicional, resaltando su constitución como centro de actividades corsarias durante el conflicto, y en particular, el combate suscitado con flotas imperiales en ese puerto en 18282. En ese mismo año, además —y en parte como consecuencia del ataque—, se fundó el fuerte-puerto “Fortaleza protectora argentina”, que daría lugar a la ciudad de Bahía Blanca, sede de uno de los complejos portuarios más importantes de la actual provincia bonaerense. La desembocadura del Salado, ubicada en la bahía Samborombón (límite exterior del Río de la Plata) quedaba comprendida en el partido de Chascomús, formando parte también de la región cercana a la barra los partidos de Dolores, Magdalena y Monsalvo. De comienzo errático durante los años veinte, el puerto del Salado continuó funcionando durante varias décadas. A diferencia de otras terminales portuarias, la historiografía no cuenta con estudios que analicen las actividades económicas desarrolladas en el mismo y su importancia para el territorio argentino. Si bien algunos trabajos hacen alguna mención de la existencia de embarques y desembarques en diferentes puntos de la costa bonaerense, la conformación de un puerto y la continuidad de actividades mercantes en la desembocadura, la terminal del río Salado ha pasado casi inadvertida hasta la actualidad por la historiografía3. En gran medida, las referencias se limitan a lo sucedido durante la guerra contra el Imperio del Brasil, cuando funcionaba allí un centro corsario y operaban naves de guerra y otras que, dedicadas a la exportación de mercaderías, intentaban burlar el bloqueo4.

2

Ángel Carranza, Campañas navales de la República Argentina, t. iv (Buenos Aires: Secretaría de Estado de Marina, 1916). Formado a fines del período colonial, el fuerte de Patagones tenía una destacada importancia también en el comercio con los indígenas no sometidos. Consultar: María Teresa Luiz, Relaciones fronterizas en Patagonia. La convivencia hispano-indígena a fines del período colonial (Ushuaia: Asociación Hanis, 2006), y Jorge Bustos, “Indios y blancos, sal y ganado más allá de la frontera. Patagones 1820-1830”, Anuario iehs 8 (1993): 27-45.

3

Julio Djenderedjian menciona, a modo de hipótesis, la posibilidad de la existencia de fondeaderos en la bahía Samborombón y el impulso que cierta actividad portuaria de cabotaje podría haber representado para la comercialización de trigo de esa zona en el mercado de Buenos Aires. Ver Eduardo Míguez, Jorge Gelman y Julio Djenderedjian, “Debate sobre La agricultura bonaerense en la primera mitad del siglo xix, de Julio Djenderedjian”, Boletín del Instituto Ravignani 31 (2009): 171-192.

4

“El puerto de Samborombón que estaba situado muy cerca de la boca del río, durante la guerra fue anulado por el puerto del Salado. En 1826 fue provisto de dos baterías, algunas embarcaciones, una guarnición, se lo habilitó como puerto y el 1º de octubre de 1828 concluida la guerra se clausuró [...] Este puerto ubicado en la boca del río, adquirió protagonismo porque permitió la exportación de mercadería general (cueros, tasajo, vinos, etc.) y fue fondeadero de corsarios [...]”. Adriana Pisani, Historias del Salado y la Bahía (Crónicas y documentos del pasado) (Buenos Aires: Dunken, 2006), 84. Lamentablemente, la obra no presenta un examen de la actividad portuaria ni respalda la información con referencias documentales.

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Mapa 1. Accesos portuarios en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo xix

Fuente: elaboración propia a partir de Guillermo Banzato y Sol Lanteri, “Forjando la frontera. Políticas públicas y estrategias privadas en el Río de la Plata, 1780-1860”, Historia Agraria 43 (2007): 435-458.

Lo anterior explica el interés de este artículo por estudiar la actividad económica en este puerto alternativo al de la ciudad de Buenos Aires entre 1830-1850 5. Se busca poner de relieve, a partir del recurso a fuentes poco exploradas, las posibilidades que abrió la existencia del novel puerto para la realización de transacciones comerciales y cómo la

5 No hemos incluido aquí el análisis de los años 1820, debido a la parquedad de la información documental hallada hasta el momento. Esperamos en trabajos posteriores cumplimentar el objetivo de extender nuestro análisis hasta dicha década.

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actividad portuaria incentivó el despliegue de otras actividades económicas. También se indaga acerca de los problemas vinculados al orden y la consolidación de los derechos de propiedad sobre las mercancías circulantes. El examen de estos tópicos se realiza a partir de su contextualización en el proceso de construcción de un orden social en el mundo rural, que inscribía entre sus principales preocupaciones la regulación de las transacciones comerciales y la consolidación de los derechos de propiedad de las mercancías 6. En referencia a este último aspecto, la constitución de un puerto alternativo en un punto de la campaña distante de la capital se mostró como un desafío para las posibilidades de control por parte de las autoridades provinciales. Se intentará pues dilucidar cuáles fueron los problemas que enfrentó el Gobierno —control de la evasión, el contrabando, entre otros— y de qué manera buscó controlarlos.

1. Los comienzos del puerto del Salado En el contexto de la guerra contra Brasil, el llamado puerto del Salado se constituyó en un escenario comercial alternativo a la capital, en especial para la llegada de mercaderías de ultramar. Tanto fue así que el gobierno de la época habilitó la descarga mercante en la bahía Samborombón, debido a que, gracias a la presencia de naves imperiales en las aguas del Río de la Plata, resultaba casi imposible hacerlo en el puerto de Buenos Aires. Pero una vez finalizado el conflicto bélico, se dispuso, mediante decreto de octubre de 1828, que se desocuparan los puertos del Tuyú y del Salado, otrora autorizados: “Decreto prohibiendo la descarga de buques en los puertos del Salado y Tuyú: Art. 1- Queda sin efecto desde esta fecha el decreto que permitió la descarga de buques en los puertos del Salado y Tuyú [...] Prefijase el término de 30 dias, contados desde esta fecha, para que los expresados puertos sean desocupados enteramente por los buques que actualmente existen en ellos [...]” 7.

6

Se han desarrollado estos aspectos en la tesis doctoral, a partir del estudio de caso del partido de Chascomús. Antonio Galarza, “Prácticas comerciales y fiscalidad sobre la circulación de mercancías en la campaña porteña. Un estudio de caso: Chascomús entre 1780-1850” (Doctorado Interuniversitario en Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2012). Esta perspectiva está acorde con la propuesta de Congost acerca de la idea de una construcción de los derechos de propiedad en el sentido “liberal” del término a lo largo del siglo xix. Remitirse a: Rosa Congost, “De la idea de una propiedad absoluta a los derechos de propiedad como construcción social. Nuevos retos para los estudios históricos”, Estudios del ishir 1: 1 (2011): 71-81.

7

Pedro de Angelis, comp., Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Aires, desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de diciembre de 1835 (Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836), 954. Se agradece esta referencia a Julio Djenderedjian.

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Sin embargo, la actividad en la Bahía y puntos cercanos no fue un evento episódico limitado a la coyuntura bélica. Algunos años después, por ejemplo en 1832, la guardia de Atalaya (Partido de Magdalena) fue escenario de otro enfrentamiento con naves de bandera francesa que, provenientes de Montevideo, atacaron la costa bonaerense. Así lo destacaba el Sargento Mayor del 6º regimiento de campaña: “[...] en el día de la fecha, de 9 a 10 de la mañana, han atacado los franceses el Puerto de Atalaya, habiendo desembarcado los enemigos una fuerza como de seiscientos hombres, que hacían fuego de artillería e infantería, el que fue contestado por el piquete a mi mando y últimamente por el auxilio de los 45 infantes de que di cuenta a v. e. Los franceses han cometido la misma infame barbarie incendiando 8 buques de los 21 que estaban en el puerto y destruyendo los efectos que había a bordo y en tierra [...]”8.

La refriega, conocida como Batalla del Sauce, muestra la continuidad de la existencia de actividad portuaria en otros puntos de la costa bonaerense, incluso en períodos de relativa paz. Pero fue de nuevo un bloqueo a la capital el que puso de manifiesto la importancia de los puertos alternativos existentes en la costa provincial 9. El asedio ejercido por Francia entre 1838 y 1840 hizo mermar notoriamente las entradas y salidas de productos por intermedio de la ciudad de Buenos Aires, decayendo con fuerza los ingresos que percibía el fisco provincial por impuestos al comercio exterior. El principal renglón de exportación porteño —los cueros vacunos—, como se muestra en la tabla 1, presentó una drástica reducción durante el conf licto con el país galo, lo cual se tradujo en la casi total desaparición de las exportaciones de corambres, en 1839. Situación similar ocurrió durante el bloqueo anglo-francés entre 1845 y 1848, aunque la menor efectividad de la presión militar sobre el Río de la Plata se deja entrever en las cifras exportadas durante dichos años, que descendieron respecto de los anteriores, pero que lejos estuvieron de desaparecer. La efectividad del bloqueo francés de fines de la década del treinta se vio matizada por la actividad desplegada en diferentes puntos de la provincia, entre ellos en el llamado puerto del Salado. Contando ya con la experiencia de años anteriores, la constitución de la

8

“El sargento mayor graduado del 4 escuadrón del 6º regimiento de campaña al Coronel don Prudencio Rosas”, Magdalena, mayo 9 de 1832, en Andrés Calcagno, Apuntaciones históricas sobre Magdalena (La Plata: Taller de Impresiones Oficiales, 1930).

9

Para apreciar el descenso de estos ingresos por comercio exterior, ver Tulio Halperín Donghi, Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850) (Buenos Aires: Prometeo, 2005 [1982]), 245.

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desembocadura del río Salado como alternativa al puerto de la capital bonaerense generó un dinamismo propio de terminales portuarias, que mostró el despliegue de actividades de carga, descarga y transporte de mercaderías. Prueba de esto lo constituyó la proliferación de medios de transporte (principalmente, carretas) que posibilitaban actuar en la eventual descarga de las embarcaciones que en aquella zona burlaban el bloqueo. El mayor volumen de circulación mercantil quedó graficado en el relato del Juez de Paz de Chascomús, quien hacia fines de noviembre de 1838 sostenía: “[...] El infrascripto Juez de Paz y Comisario, tiene la honra de dirigirse a v. e. y elevar a su conocimiento lo siguiente: Que en virtud de haber tenido noticia positiva de la existencia de algunos buques con carga en la Boca del Salado, como también una grande acumulación de carretas venidas de esa capital para el transporte de la carga [...]”10. Tabla 2. Exportación de cueros vacunos por el puerto de Buenos Aires 1835-1850 (en unidades) Años

Cueros vacunos exportados

Años

Cueros vacunos exportados

1835

534.213

1843

2.054.715

1836

622.702

1844

1.786.351

1837

823.635

1845

1.942.297

1838

355.993

1846

436.739

1839

8.501

1847

1.545.307

1840

83.779

1848

1.348.790

1841

2.340.638

1849

2.961.342

1842

1.399.471

1850

2.424.251

Fuente: Miguel Rosal y Roberto Schmit, “Del reformismo colonial borbónico al librecomercio: las exportaciones pecuarias del Río de la Plata (1768-1854)”, Boletín del Instituto Ravignani 20 (1999): 80-81.

Un análisis sobre los impuestos que recaían sobre estos medios de transporte arroja como resultado un significativo aumento en su número en la zona circundante a la Bahía. Se observaba que mientras que entre en 1837 y 1838 apenas se registraron cinco carretas en los partidos cercanos a la desembocadura del Salado, por el contrario, en 1839 y 1840 los

10 Archivo General de la Nación (agn), Buenos Aires-Argentina. Departamento Documentos Escritos, División Nacional. Fondo Juzgados de Paz, Sesión Juzgados de Paz Campaña, Serie Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, folio con fecha (f.)1-xi-1838.

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impuestos ilustran un aumento significativo en su número (108 y 75, respectivamente), sin duda alentado por la presencia de embarcaciones mercantes que fondeaban en el novel puerto11. Este impulso económico se expresó también en la existencia de galeras y coches utilizados para el transporte de personas, y en la aparición de dos departamentos de maderas en el partido de Chascomús, que seguramente abastecían de insumos a las embarcaciones que fondeaban en la Bahía12. Además, es probable que la presencia de naves con tripulaciones que necesitaban abastecerse de pertrechos haya incidido en el número de atahonas registradas en el mismo partido durante fines de los años treinta, tal como lo permiten apreciar los registros fiscales de la época. Así, por ejemplo, si hasta 1836 apenas existían registros de atahonas en Chascomús, en 1837 se registraron cuatro, en 1838 y 1839 se registraron tres y en 1840 dos13. Las atahonas se utilizaban para la molienda de la harina, insumo indispensable no sólo para las panaderías de la región, sino también para los bizcochos que componían buena parte de la dieta de los marineros14. La “existencia de algunos buques con carga” se presentó como una positiva novedad para los partidos en torno al Salado. La fluida actividad mercantil se mostró además pasible de generar disturbios en la zona, principalmente a partir de la acumulación de carretas, que generó la preocupación de las autoridades. Tal como había ocurrido en tiempos de la guerra contra Brasil —cuando se asentó allí una batería militar—, se dispuso enviar una partida de milicianos para “evitar el desorden” en la desembocadura del río15. Sin embargo, las penurias por las que atravesaba el fisco porteño ante la abrupta caída del comercio externo llevaron a retrasar el respaldo con hombres y recursos a la decisión de las autoridades locales de efectivar el control sobre la zona. Ante la solicitud de Felipe Girado —Juez de paz de Chascomús en

11 Los partidos incluidos son Chascomús, Magdalena, Dolores y Monsalvo. Si bien también debe tenerse en cuenta la existencia de un mayor peso fiscal sobre estos medios de transporte, la amplia diferencia entre los valores es significativa. Lamentablemente, fruto de las exenciones impositivas de 1841 a los “fieles” al gobierno porteño en los levantamientos de 1839, las fuentes fiscales utilizadas pierden representatividad. 12 Estos establecimientos se dedicaban a la comercialización de maderas para diferentes usos: construcciones edilicias, embarcaciones, entre otros. Uno de ellos estaba a nombre de Baldomero Pereda, un empresario de la época que poseía también casas de comercio en Buenos Aires y en el pueblo de Chascomús. El otro estaba a cargo de Pedro Casteli, dueño además de una atahona, una tienda y una pulpería en el mismo pueblo. Ambos abrieron sus respectivos Departamentos de maderas en 1839. “Patentes de pulpería de campaña”, en agn, Sección Contaduría Nacional, Sala iii, legs. 33-7-19 (1839) y 33-7-20 (1840). 13 Las atahonas (o tahonas) consistían en molinos de harina cuya rueda era movilizada con caballería. 14 Sobre la importancia de los bizcochos en la dieta a bordo, así como las características de su producción, ver María Emilia Sandrín, Bizcocheras, lancheros y demás…Los estímulos económicos de la guerra para los sectores medios y bajos del complejo portuario rioplatense. 1735-1737 (Sarrebruck: Editorial Académica Española, 2011). 15 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.1- xi-1838.

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1838— para aprobar el envío de milicianos, desde la gobernación le contestaron: “[...] que es asertada la disposición de V., en cuya virtud es de su aprobación y que asi puede continuar hasta que la partida segn V. lo ha dispuesto, hasta qe vaya la fuerza de milicia que debe custodiar aquel punto, y la batería qe piensa s.e. colocar en la boca del Salado tan luego como tenga recursos pecuniarios pª estos gastos[...]”16. También se contemplaban razones militares a la hora de asentar partidas de control en las desembocaduras de los ríos Samborombón y Salado. Una y otra se presentaban como potenciales puntos de desembarco de tropas, no sólo francesas sino también de algunas comandadas por Juan Lavalle, principal opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas, quien planeaba internarse en territorio provincial17. Debido a este riesgo, finalmente se asentaron las baterías para la supervisión de estos parajes, confirmando la constitución de este punto de la campaña como lugar de desembarco e incluso de abastecimiento de buques: “[...] que el 30 y 31 de Agosto último embarcó el foragido unitario Juan Lavalle, en el Puerto de Martín García, una expedición militar compuesta de 600 a 700 hombres con destino de invadir probablemente por algun punto de la costa la Provincia, y como al territorio de este Partido corresponden los Puertos de los ríos Salado y Samborombon y podría suceder fuesen estos invadidos por un efecto de la frenética desesperación de aquel malvado, no obstante hallarse los indicados puntos defendidos por un destacamento militar [...] ha ordenado a todos los milicianos pasivos de su dependencia no puedan ausentarse de sus respectivos cuarteles, o del Partido [...]”18.

2. El puerto del Salado: comercio y problemas con los derechos de propiedad La constitución de la boca del Salado como punto de carga y descarga de embarcaciones había llegado para quedarse, pues continuó una vez finalizado el bloqueo francés, y se mantuvo durante las décadas siguientes. La cercanía que el puerto poseía respecto a las

16 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.2-xi-1838. El tachado es original. 17 Sobre la coyuntura crítica de 1839 para el gobierno de Rosas y los problemas que debió enfrentar, puede consultarse Jorge Gelman, Rosas bajo fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros (Buenos Aires: Sudamericana, 2009). 18 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.2- ix-1839.

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estancias ganaderas del sur de la provincia posibilitó que se erigiera en un lugar privilegiado para el aprovisionamiento de las naves de guerra de la Escuadra de la Confederación Argentina. Un buen ejemplo de ello se detalla en julio de 1841, cuando Guillermo Brown se dirigió al Juez de Paz de Chascomús, Felipe Girado, solicitándole la entrega de carne para el consumo de las tropas a bordo: “[...] Al Juez de Paz de Chascomús El comandante Gral. en Gefe de la Escuadra de la Confederación Argentina qe subscribe tiene el honor de dirigirse a V. para poner en su conocimiento qe necesitando de carne fresca para el consumo de la Escuadra Argentina de su mando, y con la suficiente autorización de Nuestro Ilustre Restaurador de las Leyes Brigadier General Dn Juan Manuel de Rosas, para ocurrir a V. por las reses qe necesite pª dicho objeto pide a V. por el presente qe entregue al Comandante de la Goleta de Guerra Libertad Teniente Dn José María Cordero, veinte reses a la mayor brevedad posible, facilitándole al mismo tiempo la comodidad en el embarque [...]”19.

El abastecimiento de carne a la tripulación de la Escuadra naval también se vio facilitado por las medidas que el gobierno provincial implementó luego de la insurrección de los “libres del sud”, en 1839. La confiscación de bienes y propiedades a los rebeldes posibilitó que una variada gama de gastos del Estado se cubrieran con la producción de los establecimientos embargados20. El ejemplo por antonomasia de esta situación lo constituyó el abastecimiento de carne y caballos para las tropas provinciales. Criados y faenados en las estancias de los partidos del sur (Chascomús y Dolores), eran luego enviados a los cantones donde se asentaba el Ejército y a los navíos a cargo del almirante Brown. El incentivo a la producción pecuaria que representaba la existencia del Cantón del Salado, las milicias de campaña y la división del Ejército allí establecida era significativo. Según las palabras del Juez de Paz de Chascomús, José Antonio Linera, se habían reunido unos 4.147 cueros como resultado del consumo de reses de las tropas asentadas en la zona, lo que significaba un promedio mensual superior al millar de unidades en 1841:

19 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x , leg. 20-10-7, f.20-vi-1841. 20 Sobre este tema, consultar Guillermo Banzato, “Las confiscaciones y embargos de Rosas en Chascomús, 1840-1850”, Cuadernos del piea 15 (2001): 5-32; Jorge Gelman y María Inés Schroeder, “Juan Manuel de Rosas contra los estancieros: los embargos a los ‘unitarios’ de la campaña de Buenos Aires”, Hispanic American Historical Review 83: 3 (2003): 487-520. Sobre el levantamiento, ver el texto ya citado de Jorge Gelman, Rosas bajo fuego.

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“[...] que habiendo hecho entrega al rematador Dn José Portuguéz de todos los cueros existentes procedentes del consumo de la División del nº 6, Cantón del Salado, Milicia Pasiva y familia hasta el día 5 de octubre último en qe se presentó a recibirlos, y transcurrido hasta hoy cerca de un trimestre [...] resulta qe existen cuatro mil ciento cuarenta y siete cueros en buena condición y estado, correspondientes 3286 a la División del nº 6, 180 al cantón del Salado y 681 a la milicia pasiva en servicio activo y familias [...]”21.

El dinamismo que la actividad portuaria imprimió a la región se puso de manifiesto nuevamente —y con mayor énfasis— durante el asedio emprendido por las tropas anglofrancesas a partir de 1845. Bajo el nuevo bloqueo, las actividades en el flamante puerto del Salado generaron nuevas oportunidades para realizar negocios y transacciones, con la consecuente necesidad de supervisión por parte de las autoridades a fin de evitar conflictos, evasión y contrabando, tal como había ocurrido durante el bloqueo de los años treinta. El control de las operaciones vinculadas a la carga y descarga de buques recayó en los jefes militares de las tropas asentadas en la desembocadura del río. Debido a los pocos recursos navieros que poseía la provincia —en su mayoría naves de combate—, se debieron utilizar embarcaciones de particulares para el control y guía de los barcos que transportaban mercaderías. Esta situación fue más que beneficiosa para uno de los comerciantes que actuaba en la zona: Don Bartolo (o Bartolomé) Bossi22. Este comerciante, dueño de una ballenera y otras embarcaciones mercantes, ofreció al “Jefe de la Barra del Salado” trasladar al oficial práctico que debía guiar las embarcaciones que fondeaban en la desembocadura del río. El relato del coronel Joaquín Hidalgo, a cargo de la batería del Salado, permite apreciar cómo se practicaban las entradas de los buques:

21 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (ahpba), La Plata-Argentina, Fondo Juzgado de Paz, Sección Juzgado de Paz de Chascomús, leg. 39-2-14, folio con fecha (f.) 30-i-18530. Es probable que el referido “José Portuguéz” fuera José Coelho de Meyrelles, reconocido comerciante y empresario que, como se verá más adelante, también tenía intereses en la zona. 22 Bartolomé Bossi era un marino de origen italiano que a los 20 años de edad llegó al Río de la Plata. Durante muchos años fue práctico y luego capitán de diversas embarcaciones a vela que realizaban la carrera entre Buenos Aires y Montevideo. Fue también comisionado por el Gobierno del Brasil para estudiar la región del Mato Grosso, a la que realizó un viaje fruto del cual publicó el libro Viage pintoresco por los rios Paraná, Paraguay, San Lorenzo, Cuyabá y el Arino tributario del grande Amazonas; con la descripción de la provincia de Mato Grosso bajo su aspecto físico, geografico, mineralojico y sus producciones naturales (París: Librería Parisiense, 1863). Sobre su biografía, se ha consultado en “Cias. de Navegación Rioplatense. Bartolomé Bossi”, Historia y Arqueología Marítima, <http://www.histarmar.com.ar/BuquesMercantesArgAnt/ BartolomeBossi.htm>.

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“[...] a los oficiales de la Batería les hice conocer el canal, sondas y determinar los rumbos a que corre la entrada, y salida del Río Salado, éste servicio fue hecho con las embarcaciones de Don Bartolo Bossi, y el mismo en persona me ayudó, ninguno de los buques que aquí han arribado conocen la Barra del Río Salado, porque se llevan tres cuatro días bordeando Norte y Sur, en demanda de la Barra y ninguno puede arribar a ella, y todos baran, por supuesto quedan expuestos en esta posición a que el enemigo se apodere de ellos, o les pegue fuego, sin que yo pueda hacer en su beneficio nada que proiva la captura, o el incendio, y para evitar este paso he convenido con Don Bartolo Bossi quien tiene Ballenera de su propiedad tripuladas por su cuenta y mención, para que a las cuatro o cinco millas de distancia del Puerto donde se avista sin peligro de barar cualquier Buque, tripule su Ballenera al mando de un oficial de la Batería Práctico del Río que les haga señal que den fondo, con el objeto de que no varen y para demarcarles que esa es la Barra del Río que ninguno conoce [...]” 23 .

Si bien Bossi no recibía dinero alguno de las autoridades por trasladar al oficial “práctico”, sí había acordado un arancel de nueve pesos fuertes que cobraba a las embarcaciones particulares por prestar el servicio de guía, y de esta forma evitar que los buques encallaran por desconocer la desembocadura del río. Una vez que los barcos se introducían por la boca del Salado, ayudados por las señales del oficial a bordo de la ballenera de Bossi, los capitanes de las embarcaciones solicitaban el servicio de un práctico que los guiara para remontar el curso del río y fondear en un lugar seguro. Según el coronel a cargo del puerto, los capitanes de los barcos mercantes le ofrecían ingentes cantidades de dinero para que pusiera a su disposición un oficial que los guiase en la navegación. Aunque esta labor se realizaba de manera gratuita, Hidalgo sostenía que al recurrir a la ballenera de Bossi para el traslado del oficial que guiaba los buques, aquél tenía derecho a percibir un arancel 24. La tripulación de Bossi prestaba servicios además remolcando buques, transportando a espías de la guarnición militar y llevando a cabo la carga y descarga de las mercancías que trasladaban los navíos, actuando como flete: “[...] los capitanes de los Buques mercantes ruegan al S or Bossi les flete sus balleneras y tripulaciones, para con este auxilio

23 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.23iv-1846. Énfasis del autor. 24 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.24iv-1846.

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cargar y alijar un Buque a la mayor brevedad” 25. Pero no sólo percibía dinero de los particulares, sino que también se había visto beneficiado por el comandante, quien le había conferido el negocio de la venta de carne a los buques. Esta actividad originó la denuncia por parte del capitán del Puerto de Buenos Aires, Pedro Gimeno, quien alertó a las autoridades provinciales sobre los desórdenes que estaba causando la faena de animales para el consumo del cantón del Salado y de las tripulaciones que allí se abastecían de pertrechos: “[...] las reses que consumiera la tropa del cantón en la boca del Salado se han estado tomando arbitrariamente con el mayor escándalo, atropellándose las propiedades y procediéndose así con desorden brutal, cuyo modo de robar y atacar la propiedad, ni aun en tiempos de una extraordinaria licencia y desenfreno puede tolerarse [...]” 26. La preocupación por el respeto de la propiedad del ganado era una constante para los diferentes gobiernos del período, que buscaban poner límite a prácticas consuetudinarias como el abigeato y la apropiación directa que mantenían plena vigencia en la campaña durante las décadas en cuestión 27. El problema residía en que las reses que consumía la tropa acantonada en el Salado, así como las destinadas al consumo de las tripulaciones de diferentes embarcaciones, eran faenadas por los propios milicianos, quienes obtenían a cambio de sus labores veinte pesos en moneda corriente. Los milicianos vendían la carne a Bossi por el precio convenido —o su equivalente en raciones de yerba, tabaco y sal—, quien finalmente la comercializaba con los buques que llegaban hasta la barra del Salado. El coronel Hidalgo señalaba que en virtud de los escasos recursos con los que contaba, conseguía los bienes con que pagaba a los milicianos a través de la venta de los cueros de los animales faenados, comprados por el propio Bossi a razón de cuarenta pesos la pesada. Es decir que para este comerciante el bloqueo representaba una buena oportunidad para hacer negocios: empleaba su ballenera como guía de las embarcaciones, hacía fletes, vendía carne a las tripulaciones de los barcos, así como yerba, tabaco y sal a las tropas acantonadas en la Bahía, al tiempo que compraba los cueros de los animales consumidos por las milicias. Como se verá más adelante, estos cueros los comercializaba en el mismo puerto, incluso contraviniendo algunas disposiciones gubernamentales.

25 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.24iv-1846. 26 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.28-v-1846. 27 El problema del respeto por los derechos de propiedad de las mercancías se ha desarrollado en Antonio Galarza, “Prácticas comerciales y fiscalidad sobre la circulación”, 307-408.

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Fruto de la denuncia de este negocio y de los desórdenes generados por sus milicianos, el comandante de la guarnición del Salado fue interrogado por las autoridades de la capital. El capitán Pedro Gimeno sumó además la sospecha de que el propio Hidalgo obligaba a los buques a comprar carne para sus tripulantes en aquel punto —con la subyacente suspicacia de beneficiar los negocios de Bossi—. En su declaración, el comandante detallaba cómo, ante la penuria de recursos, había organizado la comercialización de las reses para el consumo de las tropas empleando a los pocos milicianos con los que contaba y que usaban sus propios caballos en las faenas: “[...] contemplo inmediatamente a los ocho milicianos y al dho Teniente Sarate que con sus manadas y tropillas hacen el ejercicio de carnear diariamente y les doy una libra de yerba cada semana una cuarta de tabaco y sal que para esto he hecho uso de los cueros del abasto que D. Bartolo Bossi me da el tabaco y la yerba por el mismo valor de la fatura del Brasil y me paga la pesada de cueros a cuarenta pesos unica acción generosa que he notado en todos los capitanes y encargados que arriban en este punto, porque quieren pagar los cueros al mas bajo precio y he pagado la arroba de tabaco al Señor Casares a trescientos cincuenta pesos [...]”28.

Además, y en respuesta a los supuestos desórdenes generados en las faenas de ganado, puso de relieve el cuidado que había encargado a los milicianos para la extracción de reses que se destinaban al abasto de las embarcaciones. Según su declaración, había ordenado que los animales recogidos fueran preferentemente sin marcas (sin dueño conocido), y en el caso de poseerlas, sus soldados debían restituir los cueros al propietario: “[...] cada vez que vayan a carnear con sus caballos con destino de abastecer a los Buques mercantes carnearan animales de marca desconocida que en este rincon hay algunos y que la carne la entregaran a D. Bartolo Bossi por 20 pesos, mutua recompensación del trabajo de ellos y de sus caballos y cuando el animal carneado es de marca conocida devuelban el cuero a su dueño o propietario de este modo los tengo sugeto a todos los trabajos que esijo de ellos sin violencia, y socorro a los Buques que necesitan de este artículo que de ninguna otra parte pueden obtenerlo como llebo dicho, me parece que no es un sacrificio para un capitán de Buques el pagar cinco pesos por un cuarto de carne cuando ellos ruegan que se le vendan y para que lo tengan disponible a su voluntad he encargado al señor Bossi corra con este negocio [...]”29.

28 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.23iv-1846. Énfasis del autor. 29 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.23iv-1846. Énfasis del autor.

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Finalmente, desde la capital se dio orden a Hidalgo para que nombrase un reemplazo al frente del puerto, y se dirigiera a la ciudad a tomar instrucciones. La nota enviada al Juez de Paz era clara respecto a la necesidad de terminar con el circuito que había establecido el propio Coronel para la comercialización de las reses, y ponía en manos del Juez del partido la responsabilidad de ordenar las faenas y extracciones de animales: “Que de este espantoso desorden es V. el principal culpante con que al Juez de Paz del Partido que ha debido hacer entregar esas reses en el orden que corresponde, y que en su virtud s.e. lo apercibe y le previene que en adelante cuide que las reses q consume la fuerza acantonada en la Boca del Salado se entreguen al Comandante en orden”30. Luego de estos sucesos, el Alcalde de cuartel, José Casagemas —que actuaba como comisionado de la supervisión de la carga y descarga de los buques desde el año anterior—, incautó una partida de doscientas nueve arrobas de cueros de nutria que el propio Bartolo Bossi intentaba comercializar sin el correspondiente permiso de la Colecturía provincial. La extracción de estos cueros había sido prohibida por el Gobierno en 1842, en parte para remediar la escasez de peones en la campaña, dado que era una actividad que permitía obtener recursos alternativos al empleo en las estancias31. Los cueros incautados, provenientes del partido de Dolores, habían sido presentados ante Casagemas con una guía falsa que los autorizaba a comercializar como si se tratara de “cerda”. El alcalde embargó la partida, ante lo cual Bossi presentó una autorización de la Colecturía que al parecer lo habilitaba a vender esa mercadería. Sin embargo, al ser consultadas las autoridades por el Juez de Paz sobre cómo proceder ante la situación, el dictamen fue más que claro sobre el respeto que debía guardarse al decreto de 1842, y ordenaron enviar las pieles a la Aduana en la ciudad de Buenos Aires para que fueran vendidas en remate público: “[...] que el permiso de la Aduana nunca puede ser para autorizar la infracción de los decretos vigentes, ni crímenes de ninguna naturaleza, y se le ordena a Dho Juez de Paz, que los cueros de nutria mencionados los remita a esta ciudad a la Aduana al colector general, al que se le comunicará este decreto para que los reciba, y proceda a su venta en público remate, permitiendo su exportación al que los comprase, pagando los derechos correspondientes”32.

30 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.28-v-1846. 31 “Decreto del 1-viii-1842”, en Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1842), 16. 32 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.5viii-1846.

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Este caso muestra la oportunidad del ahorro de transporte que presentaba a las producciones de la región —en este caso, Dolores— la posibilidad de colocar las mercaderías sin necesidad de trasladarlas hacia la capital provincial. Asimismo, pone en evidencia las dificultades que el Gobierno enfrentaba en el control de las transacciones comerciales que se efectuaban en este paraje. La utilización de cueros de nutria era una actividad cuyos orígenes en la región pampeana se remontan al período prehispánico, y su importancia se mantuvo durante todo el período colonial y el siglo xix33. Este producto tenía una diversidad de utilidades, entre las cuales la principal era la confección de prendas de vestir, como sombreros y ropas de abrigo. En los primeros años del siglo xix los cueros de coipo se habían convertido en una mercancía que circulaba desde Buenos Aires hacia Europa y Norteamérica34. La importancia de estas pieles era regionalmente variada; no sólo se producían en el sur de la campaña porteña sino también en el nordeste de la misma y en distintas zonas de Santa Fe, desde donde eran enviadas a los mercados de ultramar a través del puerto de Buenos Aires35. Según explica Eric Wolf, el comercio de pieles se había tornado, ya antes del siglo xix, en un fenómeno mundial que había conectado a diferentes poblaciones nativas americanas con los europeos, operando modificaciones económicas y culturales en los distintos grupos participantes en los intercambios36. No fue la única oportunidad en que un comerciante pretendió embarcar este tipo de cueros a través de buques fondeados en el puerto del Salado. Al lusitano Coelho de Meyrelles también le fue incautada una partida de pieles de nutria que pretendía exportar. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, el ministro de Hacienda Insiarte aprobó la transacción, debido a que el portugués poseía boletos de la Aduana para comercializar la partida en cuestión, y, al parecer, ésta no era originada en faenas ilegales. Si bien el Gobierno había prohibido la matanza de nutrias por las razones expuestas, permitía la

33 El Myocastor coypus es un roedor acuático que habita diferentes lagos y lagunas de Sudamérica. Es comúnmente conocido como coipo o nutria, nombres que utilizamos aquí indistintamente. “En sitios arqueológicos del partido de Chascomús, el coipo fue una parte muy importante de la dieta de los cazadores recolectores pescadores, sumado a la explotación de peces, aves y cérvidos. La misma situación se repite en los sitios arqueológicos del nordeste bonaerense, por ejemplo Río Luján y Cañada Honda y en otros del Humedal del Paraná inferior”. Paula Ecosteguy y Virginia Salerno, “La caza del coipo. Su importancia económica y social desde momentos prehispánicos hasta la actualidad”, Anales de Arqueología y Etnología 6364 (2008-2009): 292. 34 Miguel Ángel Palermo, “Cueros y más cueros. Ficha antropológica”, Fauna Argentina 20 (1983): 23-26. [El número 20 de Fauna Argentina estuvo dedicado al coipo]. 35 Para una estimación de la salida de estos cueros, consultar Miguel Rosal y Roberto Schmit, Del reformismo colonial, 69-109. 36 Eric Wolf, Europa y la gente sin historia (México: fce, 1985), 196-239.

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exportación de los cueros provenientes de otras provincias, algo que el Ministro manifestó explícitamente al Juez de Paz de Chascomús, dejando en claro además el poco respeto que se había tenido a la normativa hasta entonces: “[...] que el decreto vigente [...] no priva que se exporten los cueros procedentes de las demás provincias de la Confederación; y que por ello naturalmente no manda que el Colector General deje de permitir la exportación Que no por esto es acertado ni conforme que el Colector haya dado permiso para embarcar y exportar sin previa consulta al Gobierno, cueros de nutria en puntos en que pueden ser de los que se hayan faenado con infracción de aquel decreto, ni para los que aunque estén en esta Ciudad puedan considerarse de procedencia sospechosa, tanto más cuando ha sido tan notoria como atrevidamente escandalosa la violación que se ha estado haciendo del Decreto mencionado [...]” 37.

Los casos señalados permiten apreciar cómo los bloqueos portuarios supusieron que varias de las actividades comerciales hasta entonces desarrolladas en Buenos Aires comenzaran a tener lugar también en la boca del río Salado38. Esta situación, inaugurada con el bloqueo brasileño de la década del veinte, se mantuvo en los años posteriores, especialmente durante el bloqueo francés de 1838-1840 y el anglo-francés de 1845-1848. No obstante, una vez concluido este conflicto, las actividades continuaron, y de ello informan las fuentes del Juzgado de Paz de Chascomús. En ellas se detallan los aforos cobrados a algunas embarcaciones provenientes de Montevideo a principios de los años cincuenta, consistentes en un 12% sobre la valuación estimada del volumen comerciado39. Los expedientes de aforo realizados en el puerto del Salado muestran además la vinculación de éste con el de Buenos Aires, y especialmente con el de Montevideo, desde los cuales se obtenían mercancías. Asimismo, se destaca la presencia de buques mercantes no sólo de bandera argentina y uruguaya sino también brasileña (ver anexo 1). Cabe señalar que las mercancías ingresadas, en su mayoría consignadas por individuos de los

37 agn, Juzgados de Paz, Juzgados de Paz Campaña, Juzgado de Paz de Chascomús, Sala x, leg. 20-10-7, f.7viii-1846. Énfasis del autor. 38 Es probable también que el comercio interétnico haya tenido cierta gravitación sobre las transacciones efectuadas en el novel puerto, aunque hasta el momento no se hayan encontrado indicios que puedan confirmarlo. Sobre el comercio en la frontera, Silvia Ratto, La frontera bonaerense (1810-1828). Espacio de conflicto, negociación y convivencia (La Plata: Archivo Histórico “Ricardo Levene”, 2003). 39 Ver: ahpba, Juzgado de Paz, Juzgado de Paz de Chascomús, leg.39-2-14, f.16-iv-1853. Aunque luego el comisionado José Casagemas realizó nuevamente el aforo y aumentó los derechos de $4.839 a $7.900 sobre un total de mercadería con un valor de $ 40.329.

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partidos circundantes a Samborombón (Chascomús y Dolores), eran bienes de consumo variados. Así lo relatan algunos testimonios de los años setenta del siglo xix, donde se describe la continuidad de entrada de buques por la región del Samborombón (en Ajó, cercano a la desembocadura del Salado) y de los vínculos con Montevideo: “Cuando el Venturoso y Grande Americano Juan Manuelito Rosas o Rosado se declaró amigo de Dios y enemigo de los hombres y fusiló a algunos súbditos franceses en el año 38, el Gobierno francés no se conformó con sus hechos y mandó bloquear nuestros puertos, desde el Cabo San Antonio al norte, era a más de riesgosa la entrada de Buques. Sólo el Ajó fue el que franqueó su puerta a muchos buques que descargaban a plancha artículos de almacén y tienda; el primer buque introductor fue una goleta de un señor Pedevilla cargado con artículos de almacén por cuenta de los señores Lima y Monteiro, comerciantes de la plaza de Montevideo. Después de esa goleta, el arribo de buques fue sucesivo [...] y otros varios dueños y patrones de buques que tienen esta carrera transportando frutos de campo a esa Capital y retornando con artículos de ultramar”40.

Ahora bien, para 1857, y en el marco de grandes inundaciones que anegaron extensas superficies de campo en Buenos Aires, el río Salado fue testigo de una nueva apuesta de navegación mercantil. Varias embarcaciones a vela, y hasta algunas a vapor, lograron remontar el curso del río gracias a que las fuertes lluvias aumentaron el caudal del Salado 41. La empresa Aspiazú y Cía. logró, en mayo de aquel año, la aprobación de la Cámara de Representantes para realizar la navegación a vapor desde el puerto de la capital hasta la desembocadura del Salado y por su interior. Con la intención de comerciar efectos en Dolores y Chascomús, así como de embarcar la producción local hacia el exterior, algunos pailebotes y balleneras incursionaron río arriba, llegando el vapor Río Salado del sud incluso hasta la laguna de Chascomús 42. Pese al furor que por entonces generó en la prensa local y en buena parte de la población de la zona, la posibilidad de remontar el río hasta el interior de la provincia duró hasta que las

40 Isidoro Fulcos, ca. 1871, citado en Roberto Cova, Pedro Luro. Un pionero de la Pampa (Mar del Plata: Municipalidad de General Pueyrredón, 1966), 296 y ss. Se agradece al Dr. José Mateo esta referencia. 41 Carlos Moncaut, Biografía del Salado (La Plata: s/e., 1970) [Edición del autor], y Viaje del vapor “Río Salado del sud” de Buenos Aires a Chascomús en 1857 (La Plata: s/e., 1957) [Edición del autor]. 42 En los diarios de la época (como La Tribuna y El Nacional) pueden verse los anuncios de los emprendimientos comerciales, tales como los de las goletas Clorinda y Protectora, junto al vapor Yerba y algunas embarcaciones menores que partieron, en el mes de julio, desde el puerto de la capital a comerciar en el Salado. Remitirse a Carlos Moncaut, Biografía del Salado, 64 y ss.

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aguas bajaron nuevamente, dando por terminado el proyecto de la compañía Aspiazú y liquidándose sus bienes43 . Más allá de estos frustrados proyectos, la navegación comercial en torno a la desembocadura del río se mantuvo en años posteriores, puesto que para 1858, el Manual de la navegación del Río de la Plata, escrito por Alcide Boucart, destacaba la existencia del puerto y de fábricas de ladrillos en sus inmediaciones. Sin duda, la zona cercana al puerto era un punto destacado para llevar a cabo la producción de ladrillos y cargarlos en las embarcaciones, reduciendo el costo del flete terrestre: “Después de haber dado un buen resguardo a la parte se. del banco de Punta de Piedras, y cuando se llegue al S. de él, puede un buque atracarse a la costa a distancia de 5 a 8 millas, según sean sus dimensiones, a la altura de la boca del Salado [...] al S. del río y a la distancia de 5 millas de su boca, hay una eminencia cubierta de árboles, llamada Monte Rosas, cuya parte superior llegará tal vez a 9 metros (32 pies) sobre el mismo nivel. Otro objeto, cuya apariencia se hace actualmente notable, es una fábrica de ladrillos de color rojo, alta de 6 metros sobre la costa, a 2 ½ millas al sso de la embocadura del rio [...]”44.

El autor del Manual indicaba que, debido a las características geográficas de la entrada del río, sólo era apto para embarcaciones de poco calado, e incluso a veces era muy dificultoso el acceso. Señalaba también que por fuera de su desembocadura, se hallaba un buen fondeadero para barcos pequeños, de ocho o nueve pies de agua en bajamar 45. Así, pues, estos testimonios dejan entrever cómo el puerto del Salado se mantuvo en actividad al menos hasta fines de 1850, completando así un cuarto de siglo de funcionamiento, alentado por los conf lictos bélicos y los bloqueos portuarios suscitados en el Río de la Plata.

43 En el diario El Nacional salió publicado durante 1858 un aviso con la liquidación de bienes de la compañía: “Se venden los artículos siguientes depositados en la costa del Río Salado, en el ‘paso del callejón’, por liquidación de negocio: vigas y tirantes de pino Tea y Rusia, como para galpones y corrales, 1.200 cartones-piedra de una vara cuadrada, lo mejor conocido para techos, y 5 carros con rodados altos con todos sus arreos correspondientes […] El que se interese por todo o por parte de estas existencias, ocurra a la calle Balcarce N° 5 de las 10 en adelante, escritorio de Aspiazú y Cía”, citado en Carlos Moncaut, Biografía del Salado, 71. 44 Alcide Boucart, Manual de la navegación del Río de la Plata (Madrid: Imprenta Fortanet, 1858), 87. Se agradece Dr. Julio Djenderedjian por esta referencia. 45 Alcide Boucart, Manual de la navegación, 87.

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Consideraciones finales El hilo conductor del presente artículo lo constituyó el estudio de la conformación en la desembocadura del río Salado de un puerto alternativo al de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo lugar a partir de los bloqueos entre las décadas de 1820-1840. En relación con este eje, se abordaron aspectos vinculados a cómo se benefició la economía de la región circundante de las actividades portuarias que comenzaron a desarrollarse en la bahía de Samborombón. En una segunda instancia, se estudian algunas de las problemáticas que presentó la constitución de este puerto para las autoridades locales y provinciales. Si bien este puerto alternativo en la costa sur de la provincia emergió con los bloqueos, perduró en los años en que se normalizó la actividad en la capital provincial, tal como pudo observarse a partir del análisis presentado. Este puerto dejó en evidencia cómo varios puntos de la costa bonaerense operaron como fondeaderos —Atalaya, Tuyú, bahía de Samborombón— y funcionaron de manera complementaria al puerto de la ciudad capital. En la “barra del Salado” se desarrollaron entonces nuevas actividades, propias de una terminal portuaria: carga y descarga de mercancías, transporte en carretas y aprovisionamiento de embarcaciones. La presencia de navíos, según pudo observarse, pareció incidir también en el fomento de actividades vinculadas a las necesidades de los buques —venta de maderas para las embarcaciones y de harina para fabricar provisiones—, como lo muestran los registros fiscales que ilustran la existencia de atahonas y establecimientos nuevos dedicados a la venta de maderas en la región circundante al novel puerto. A partir del bloqueo francés, el puerto del Salado se transformó además en punto de aprovisionamiento de carne vacuna para las embarcaciones que respondían al mando del almirante Brown; situación que se mantuvo durante los años cuarenta, incluso una vez finalizados los enfrentamientos con el país galo. Durante el bloqueo anglofrancés de mediados de la década, se destacó la exportación de cueros de nutria —y seguramente, también vacunos—. Junto a ello, se pudo constatar que navíos mercantes —incluso de bandera inglesa— atracaban en las costas de la Bahía a fin de colocar productos para comercializar en la campaña bonaerense, burlando de esta forma el bloqueo efectuado sobre la capital. Para la década de 1850, se tuvo la oportunidad de analizar el ingreso de navíos al puerto del Salado desde Buenos Aires y Montevideo, confirmando la continuidad de actividades, incluso en tiempos de relativa paz. Junto a las autoridades locales, un comisionado de la Aduana de la capital realizaba el cobro de los aforos correspondientes a las mercancías introducidas por barcos de bandera argentina, uruguaya y brasileña, lo

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que habla de una organización más compleja del puerto respecto de los años anteriores. La información analizada permite asegurar igualmente que bienes de consumo popular, tales como aguardiente, yerba, tabaco, azúcar y vinos, entre otros productos, constituían la mayor parte de los cargamentos que ingresaban a la provincia a través de este puerto. Pero la importancia de la desembocadura del Salado como vía de entrada para el comercio fluvial se mostró en particular durante 1857. Fruto en gran medida de fuertes lluvias que produjeron inundaciones en el territorio bonaerense, el río Salado se volvió temporalmente navegable para embarcaciones de mayor calado, lo que permitió que algunas balleneras, pailebotes, e incluso un par de naves a vapor, incursionaran en el mismo. La experiencia, si bien breve, mostró la importancia que el puerto mantuvo durante esos años como vía de entrada al comercio de importación-exportación. Por otra parte, la actividad portuaria no sólo presentó posibilidades para algunos comerciantes que, como en el caso analizado de Bossi, podían obtener beneficios al alquilar su ballenera, comercializar carne, cueros y gestionar la carga y descarga de mercancías, sino que también presentó inconvenientes para las autoridades. La dinámica portuaria sin duda generó la presencia de peones empleados en la carga y descarga, y en el transporte (la acumulación de carretas lo confirma), así como seguramente de un sinnúmero de gentes y actividades, de los cuales las fuentes difícilmente pueden informar —marginales, polizones en los navíos, entre otros—. No obstante, a partir de los documentos examinados se han podido constatar las dificultades para el fisco de controlar las transacciones comerciales, como también el escollo que significaba para las autoridades la continuidad de prácticas consuetudinarias como el abigeato y la apropiación directa de animales y cueros (difíciles de erradicar, incluso dentro de las filas de la milicia). En tal sentido, el respeto por los derechos de propiedad de los animales que se faenaban para el abasto de embarcaciones y tropas instaladas en la región se mostró como una preocupación destacada en la agenda de las autoridades locales. Para finalizar, es preciso subrayar que este aspecto de la historia de la provincia de Buenos Aires —la actividad en puertos alternativos al de la capital durante los bloqueos— permite matizar los efectos negativos que tuvieron los conflictos bélicos sobre la economía porteña en su conjunto. También contribuye a poner de relieve algunas de las formas en que la sociedad del período se adaptó a estas críticas coyunturas. El dinamismo presente en la región circundante a la desembocadura del Salado es una muestra elocuente de las posibilidades que generaron los bloqueos sobre el puerto de la capital en otros espacios de la provincia, facilitando la entrada y salida de mercancías y volviendo aún más dificultoso el control de las autoridades sobre la dinámica mercantil y las prácticas consideradas ilegales.

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Antonio Galarza

Anexo 1. Embarcaciones aforadas en el Puerto del Salado (enero-abril de 1853) Tipo y nombre Queche Pepito Solo

Buenos Aires

Nacional

30-Ene

No especifica

Antonio Ríos

Queche Camilo

Buenos Aires

Nacional

01-Feb

No especifica

Manuel Lavié

Pailebot Pio Nono Pailebot Mercedes Pailebot Margarita Pailebot Río Salado Goleta Río Salado Ballenera Luisito Goleta Espadarte Bergantín Goleta Hidra Pailebot Mercedes Pailebot Presidente Giró

Buenos Aires

Nacional

03-Feb

No especifica

Manuel Lavié

Nacional

12-Feb

Azúcar, tabaco, ginebra, papel

Montevideo Uruguay

25-Feb

150 barricas de harina $ 37.500

Montevideo Nacional

27-Feb

Tabaco, papel, harina $ 65.845

Montevideo Nacional

28-Feb

150 barricas de harina $ 37.500

Montevideo Uruguay

14-Mar

Montevideo Brasil

14-Mar

Montevideo Uruguay

14-Mar

Nacional

16-Mar

Montevideo Uruguay

28-Mar

Nacional

28-Mar

Nacional

28-Mar Harina, sal, bebidas

Goleta Luisa Goleta Enrique Queche Juanito Queche Manuelita Queche Manuelita No especifica

Origen

Bandera Arribo

Montevideo Uruguay

28-Mar

Montevideo Uruguay

16-Abr

Montevideo Uruguay

16-Abr

Tipo de mercancías

Galletas, tabaco paraguayo, té, canela Bebidas, yerba, galleta, fideos, arroz Vino, yerba, sal, ginebra Yerba Paraguay, azúcar, ginebra, aceite Bebidas, tabaco, yerba, galleta, arroz Café, yerba, tabaco, bebidas

Monto comerciado

$ 52.248

Consignatarios

Juan Bautista Iriarte Montero y Arteaga Zubelso y Duarme Montero y Arteaga

$ 52.611

Antonio Zubelso

$ 93.725

Manuel Goñi

$ 184.280

José Barbosa

$ 65.486

Juan Bautista Iriarte

$ 49.926

Juan Basavilbaso

$ 96.260

Santiago Lavié

$ 114.285

José Blanco Casarriga

Harina, yerba, tabaco, $ 89.255 ginebra, vino Sal, yerba, arroz, $ 48.528 aguardiente, caña

José Barbosa Manuel Sabino

Rollos de tabaco

$ 3.640

Cesario Ganetto

Yerba, alimentos, bebidas, papel

$ 40.327

Antonio Zubelso

Fuente: elaboración propia a partir de: ahpba, Juzgado de Paz, Juzgado de Paz de Chascomús leg. 39-2-14, f.30i-1853, al f.16-iv-1853.

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“Un nuevo puerto para Buenos Aires”. La boca del río Salado como alternativa a los bloqueos portuarios en el Río de la Plata (1830-1850)

Bibliografía Fuentes primarias Archivo: Archivo General de la Nación (agn), Buenos Aires-Argentina. Fondo Juzgados de Paz, Sección Juzgados de Paz Campaña; Sección Contaduría Nacional. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (ahpba), La Plata-Argentina. Fondo Juzgado de Paz, Sección Juzgado de Paz de Chascomús.

Documentación primaria impresa: Angelis, Pedro de, compilador. Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Aires, desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de diciembre de 1835. Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836. Bossi, Bartolomé. Viage pintoresco por los rios Paraná, Paraguay, San Lorenzo, Cuyabá y el Arino tributario del grande Amazonas; con la descripción de la provincia de Mato Grosso bajo su aspecto físico, geografico, mineralojico y sus producciones naturales. París: Librería Parisiense, 1863. Boucart, Alcide. Manual de la navegación del Río de la Plata. Madrid: Imprenta Fortanet, 1858. Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1842.

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Antonio Galarza

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La educación corporal salesiana en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955 Ï

Gabriel Carrizo

Profesor adjunto ordinario de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina) y profesor adjunto interino del Departamento de Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina). Magíster en Partidos Políticos y Doctor en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Investigador asistente del conicet. Es compilador, en compañía de Brígida Baeza y Edda Lía Crespa, del libro Comodoro Rivadavia a través del siglo xx. Nuevas miradas, nuevos actores, nuevas problemáticas (Buenos Aires: Municipalidad de Comodoro Rivadavia/Certamen Fondo Editorial, 2007). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “De ‘militar autoritario’ a ‘héroe del nacionalismo petrolero’. Acerca de los usos políticos de Mosconi en la Argentina contemporánea”, Sociedad y Economía 23 (2012): 17-36, y “‘Entrenar el cuerpo para las grandes fatigas’. Acerca de los discursos de educación corporal durante la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955”, Revista Estudios del ishir 3: 5 (2013): 82-100. gabo.carrizo@gmail.com

Artículo recibido: 01 de abril de 2013 Aprobado: 16 de agosto de 2013 Modificado: 09 de septiembre de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.05

Ï Este artículo fue realizado con financiamiento del Proyecto de Investigación denominado “Trabajo, espacio e identidades políticas en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955”, de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina), 2011-2013. Una versión previa fue presentada en el congreso Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe, entre el 7 y 10 de enero de 2013, en la Universidad de Santiago de Chile.

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La educación corporal salesiana en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955

La educación corporal salesiana en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955 Resumen: En este artículo se analizarán las formas que fue adquiriendo el discurso corporal de la comunidad educativa salesiana en el marco de la denominada Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, entre 1944 y 1955. Desde mediados de la década de los treinta la congregación salesiana impulsó, con la colaboración de la Administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf), una formación técnica para los jóvenes que posteriormente ingresarían a la empresa petrolífera estatal. Se mostrará que, con la instalación de una Escuela de Artes y Oficios en 1937, la Iglesia pretendió acercar la doctrina cristiana al mundo del trabajo, y con ella, a un modo determinado de masculinidad.

Palabras clave: Patagonia central-Argentina, masculinidad, discurso corporal, relación Iglesia-educación.

Corporal Salesian Education in the Military Government of Comodoro Rivadavia, 1944-1955 Abstract: In this paper we will analyze the ways in which the corporal discourse became part of the Salesian educational community in what is known as the Military Government of Comodoro Rivadavia, between 1944 and 1955. Starting in the mid-1930s, the Salesian congregation fostered, with the aid of the Administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf: Treasury Petroleum Fields), technical education for youngsters that would later become part of the state owned oil company. We will show that, by opening a Technical School in 1937, the Church expected to bring the Christian Doctrine closer to the world of labor, and with this, to a specific form of masculinity.

Keywords: Argentina, Central Patagonia, masculinity, corporal discourse, Church-education relationship.

A educação corporal salesiana na Governação Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955 Resumo: Neste artigo, serão analisadas as formas que foi adquirindo o discurso corporal da comunidade educativa salesiana na denominada Governação Militar de Comodoro Rivadavia, entre 1944 e 1955. Desde meados da década de 1930, a congregação salesiana impulsionou, com a colaboração da Administração de Jazidas Petrolíferas Fiscais (jpf), uma formação técnica para os jovens que, posteriormente, ingressariam na empresa petrolífera estatal. Será mostrado que, com a instalação de uma Escola de Artes e Ofícios em 1937, a Igreja pretendeu aproximar a doutrina cristã ao mundo do trabalho e, com ela, a um modo determinado de masculinidade.

Palavras-chave: Argentina, Patagônia central, masculinidade, discurso corporal, relação Igreja-educação.

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Gabriel Carrizo

La educación corporal salesiana en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955

Introducción “Ingresé a ypf el 14 de mayo de 1949 en el sector de Tanques y Cañerías, porque les tengo que aclarar que en aquel tiempo los que egresaban del colegio de Artes y Oficios, por lo general ingresábamos en ypf, ya que la mayoría de los chicos que concurríamos al Deán Funes, éramos hijos de agentes de la empresa. Era la tradición, el abuelo, el padre y los hijos en ypf, entonces yo ingresé en el sector que tenía relación con mi oficio que era medio oficial chapista”. “Recuerdo que Escalante nunca tuvo escuela, concurría a la Escuela Nacional N° 42, fui hasta quinto grado y como quería seguir artes y oficios, tuve que cursar el sexto grado en el Colegio Salesiano Deán Funes [...] De Artes y Oficios salí como mecánico ajustador, de allí pasé a ypf a Taller central, que esto fue en el año 1947, luego pasé a Montaje; en el año 1950 me tocó el servicio militar, y el 30 de noviembre de 1951 reingresé a la empresa en Producción”. “Luego ingresé como alumno en el Colegio Salesiano Deán Funes de Artes y Oficios que, prácticamente, era el único colegio secundario que había en aquella época [...] En el colegio Deán Funes hice cinco años de artesano y me recibí en el año 1948, después de egresado trabajé unos meses en Petroquímica y luego ingresé en ypf en el año 1949” 1.

L 1

os tres testimonios que se han escogido para la introducción de este artículo remiten al pasado evocado por extrabajadores de la empresa estatal ypf, en el marco de los festejos por el Centenario del Descubrimiento del

Antonio Boffi y Susana Álvarez, Campamentos de ypf en el recuerdo. En la memoria de su gente (Comodoro Rivadavia: Libros del Viento, 2007), 29, 65 y 35, respectivamente.

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Petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia en 20072. Como se observa, el relato está demarcado por una serie de hitos en esa trayectoria de vida: el impedimento de proseguir estudios secundarios, la posibilidad de continuarlos con la creación de la Escuela de Artes y Oficios, la obtención de un oficio a partir de los conocimientos técnicos adquiridos, y posteriormente, el ingreso efectivo a un sector de la empresa petrolífera estatal. El interés de este artículo es aportar a una dimensión poco explorada en los estudios del mundo del trabajo petrolero3: la construcción de un modo de ser hombre, experimentada en la trayectoria educativa de aquellos que posteriormente ingresaban como empleados en ypf. En otros trabajos se ha analizado el discurso de instituciones creadas durante dicho período, como la Dirección General de Educación Física y la Junta Territorial de Boy Scouts, las cuales promovieron determinadas formas de intervenir sobre el cuerpo de los jóvenes comodorenses4. En esta investigación se avanzará nuevamente en esta dirección, pero ahora analizando de qué manera el discurso militar se trasladó al ámbito educativo,

2 Comodoro Rivadavia es una ciudad ubicada en la costa del golfo San Jorge, en la Patagonia central argentina. Fue fundada en 1901, y desde 1907, año en que se descubrió petróleo en sus adyacencias, la explotación de dicho recurso se transformó en el principal motor económico de la localidad. En 1922 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf), bajo la dirección del general Enrique Mosconi, la cual se privatizaría en los inicios de la década de los noventa bajo la presidencia de Carlos Menem. Recientemente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner volvió a estatizar la empresa. Para el estudio de la ciudad y la industria petrolera, se sugiere consultar, entre otros: Daniel Márquez y Mario Palma Godoy, Comodoro Rivadavia en tiempos de cambio. Una propuesta para la revalorización de nuestras identidades culturales (Comodoro Rivadavia: Proyección Patagónica, 1993); Daniel Márquez y Mario Palma Godoy, Distinguir y comprender. Aportes para pensar la sociedad y la cultura en Patagonia (Comodoro Rivadavia: Proyección Patagónica, 1995); Nicolás Gadano, Historia del petróleo en Argentina. 1907-1955: desde los inicios hasta la caída de Perón (Buenos Aires: Edhasa, 2006); Brígida Baeza, Edda Lía Crespo y Gabriel Carrizo, comps., Comodoro Rivadavia a través del siglo xx. Nuevas miradas, nuevos actores, nuevas problemáticas (Comodoro Rivadavia: Municipalidad de Comodoro Rivadavia/Certamen Fondo Editorial, 2007); Edda Lía Crespo, “Comunidades mineras, prácticas asociativas y construcción de ciudadanías en la zona litoral del golfo San Jorge. Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, 1901-1955” (Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de San Martín, 2011). 3

Edda Lía Crespo, “Los campamentos petroleros estatales de Comodoro Rivadavia, 1901-1957” (Informe Final de Investigación, unpsjb, 1991); Susana Torres, “Two Oil Company Towns in Patagonia: European Immigrants, Class and Ethnicity, 1907-1993” (Tesis de Doctorado en Historia, Rutgers University, 1995); Mirta Lobato y Edda Lía Crespo, “Comunidades mineras, prácticas asociativas y construcción de la ciudadanía en la zona litoral del golfo San Jorge. Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia (1901-1955)” (Informe Final de Investigación, unpsjb, 2005); Daniel Cabral Marques, “Las empresas estatales extractivas y la configuración de identidades sociales ligadas al mundo del trabajo en la Patagonia Austral (1907-1955)” (Tesis de Maestría en Historia, unpa/unmdp, 2008).

4

Gabriel Carrizo, “‘Entrenar el cuerpo para las grandes fatigas’. Acerca de los discursos de educación corporal durante la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955”, Revista Estudios del ish i r 3: 4 (2013): 82-100.

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Gabriel Carrizo

en este caso particular a la escuela de Artes y Oficios de la comunidad salesiana, centrándose principalmente en el discurso corporal. La primera parte de este artículo estudiará la creciente vinculación entre las autoridades de ypf, miembros de la comunidad salesiana y representantes de las Fuerzas Armadas entre los inicios de la explotación petrolífera y la emergencia del peronismo5. Mientras que en la segunda parte, dada la creación de una Zona Militar en 1944, a partir de la necesidad de consolidar una “nación en armas” (cuestión que implicó la militarización de la Patagonia central), se analizará de qué manera el modelo de educación corporal salesiana se constituyó en referencia al ser considerado esencial para el trabajo y para la defensa de la patria.

1. La comunidad salesiana, el nacionalismo petrolero y el peronismo En los últimos años la historiografía argentina incorporó la perspectiva regional o provincial al análisis del peronismo, ilustrando las características que adquirieron sus orígenes en el interior del país6. Esta perspectiva implicó analizar el impacto del peronismo en la Patagonia, en donde se destacaron la llamativa y acelerada incorporación a la política formal de los sectores populares; la ruptura generada en la esfera laboral a partir de los nuevos derechos sociales; y una mayor presencia del Estado en estos territorios, evidenciando a su vez un cambio de actitud respecto de los mismos7. Otra transformación que provocó el peronismo estuvo dada por el impulso de la industrialización, lo cual determinó que el Estado generara acciones tendientes al mejoramiento de la enseñanza técnica en todo el país, para así formar “una juventud de obreros especializados y técnicos capaces de altos y efectivos rendimientos”8.

5

Un primer avance en esta temática puede encontrarse en: Gabriel Carrizo, “El Estado y la comunidad salesiana: de la disputa a la complementariedad. La educación salesiana en los yacimientos petroleros de Comodoro Rivadavia, 1914-1961”, en La educación en la Patagonia Austral: el rol del Estado, vol. 3, coord. Dina Rozas (Rosario: Prohistoria, 2010), 253-287.

6

César Tcach y Darío Macor, eds., La invención del peronismo en el interior del país (Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2003).

7

Aixa Bona y Juan Vilaboa, comps., Las formas de la política en la Patagonia. El primer peronismo en los Territorios Nacionales (Buenos Aires: Biblos, 2007).

8

“La enseñanza técnica posibilita un buen futuro a nuestra juventud”, El Chubut, Comodoro Rivadavia, 10 de junio, 1948, 8.

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Estos cambios implicaron que los establecimientos de formación técnica adquirieran una importancia estratégica. De allí que en 1946 el Boletín Salesiano, denominado “La obra de Don Bosco en la Patagonia Septentrional”, destacara la exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Comodoro Rivadavia, realizada en el edificio de ypf de la ciudad de Buenos Aires entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre. Se trataba de la producción de 270 jóvenes, en su mayor parte hijos de obreros de ypf, dándose a conocer de esta manera “la obra que la Congregación salesiana realiza en el centro principal de la producción del petróleo en la República Argentina” 9. En esta publicación se daban a conocer claramente los objetivos educativos que perseguía la comunidad salesiana en la zona: “[...] se trata de aplicar íntegramente el sistema de educación de San Juan Bosco, sistema llamado preventivo, porque se propone tomar jóvenes buenos y preservarlos de caer en los caminos del vicio, y a los que ya han caído, se trata de sustraerlos de estos caminos y mantenerlos en un ambiente donde les sería imposible o al menos difícil volver a ellos. Pues bien: la música, el teatro, las diversiones honestas, como la gimnasia, los deportes, los paseos, son algunos de los instrumentos que facilitan la práctica de este sistema de educación”10.

Este nuevo escenario se daba en el marco de la coronación de la denominada “nación católica”, luego del golpe de 1943, proceso que se había iniciado en la década de los treinta cuando se desencadenó el avance del catolicismo inf luyendo de manera creciente en la sociedad argentina, en pos de restaurar la tradición católica11. En este sentido, Loris Zanatta12 ha destacado algunas innovaciones entre las inquietudes del catolicismo que se gestaron durante esta época, que son importantes para enmarcar en este proceso la historia del colegio. Por un lado, la Iglesia católica comenzó a ocuparse cada vez más de la legislación social y, por el otro, buscó impregnar con la doctrina cristiana el mundo del trabajo. En este sentido, la aparición de la denominada “cuestión social” demandó que además del Estado y el sector empresarial, también

9

“La Obra de Don Bosco en la Patagonia Septentrional. Año xix, N° 209”, Bahía Blanca, octubre de 1946, en Archivo Central Salesiano (acs), Buenos Aires-Argentina, Sección Obras, 3.

10 “La Obra de Don Bosco en la Patagonia”, 17. 11 Luis Alberto Romero, “Una nación católica, 1880-1946”, en La Argentina en el siglo (Buenos Aires: Ariel/Universidad Nacional de Quilmes, 1999), 314-324.

xx,

ed. Carlos Altamirano

12 Loris Zanatta, Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943 (Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 1996).

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desde la Iglesia se propusieran diversas respuestas. Así, pues, la creciente presión obrera desafiaba al mundo católico, razón por la cual urgía la “recristianización” de los trabajadores para prevenirlos de la inf luencia marxista13 . En realidad, los Salesianos se habían establecido en la Patagonia en 1875 con el firme propósito de evangelizar su creciente población, en el marco de un período caracterizado por una fuerte tensión entre el Estado nacional y la Iglesia católica14. Por lo que se puede afirmar que la oferta educativa salesiana fue inmediata y paralela a la estatal, pero también, que para el Estado argentino dichas escuelas eran consideradas un elemento negativo, y se dudaba de su verdadero propósito de “argentinización”15. Sin embargo, en 1913 el Gobierno argentino fundó en Comodoro Rivadavia el Colegio Miguel Rúa, una de las primeras experiencias educativas en la ciudad, que dio inicio a la obra estable de los salesianos. Pero además, como lo indica el Boletín Salesiano de 1946, periódicamente miembros de la congregación habían transitado por la localidad, “y en una de esas visitas tocó a uno de ellos, el R. P. Ludovico Dabrowski, bendecir el pozo que poco tiempo después delataría la existencia del oro negro y viscoso que mueve actualmente al mundo”16 . A partir de la intensificación de los vínculos entre los padres salesianos y las autoridades de la Explotación Nacional de Petróleo, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se decretó el otorgamiento de una superficie aproximada de cuatro hectáreas y media17. Así, pues, los Salesianos fundarían además el Colegio Deán Funes, contando en un primer momento con la decisiva ayuda del primer director de ypf, el general Enrique Mosconi, en 192918 . A través de los años, tanto los distintos administradores de la empresa estatal como los sucesivos directores del Colegio Deán Funes establecieron vínculos cada vez más sólidos; de ahí

13 Mariela Ceva, “El catolicismo social, la cuestión obrera y los empresarios en el contexto argentino de la primera mitad del siglo xx”, en Los avatares de la “nación católica”. Cambios y permanencias en el campo religioso de la Argentina contemporánea, coords. Claudia Touris y Mariela Ceva (Buenos Aires: Biblos, 2012), 37-50. 14 Lilia Ana Bertoni, “¿Estado confesional o Estado laico? La disputa entre librepensadores y católicos en el cambio del siglo xix al xx”, en Conflictos en democracia. La vida política argentina entre dos siglos, comps. Lilia Ana Bertoni y Luciano De Privitellio (Buenos Aires: Siglo xxi, 2009), 45-70. 15 María Andrea Nicoletti, “¿Honestos ciudadanos o ciudadanos católicos?: un panorama sobre la educación patagónica a través de los informes ‘Escuelas del Sud’ del vocal J. B. Zubiaur y ‘Los salesianos del Sud’ de P. Marabini” (ponencia presentada en el v Congreso de Historia Regional, Río Gallegos, Argentina, 2002). 16 “La Obra de Don Bosco en la Patagonia Septentrional”, 3. 17 Cayetano Bruno, Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en Argentina, 1922-1934 (Buenos Aires: Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1993). 18 Enrique Mosconi, El petróleo argentino (Buenos Aires: Círculo Militar, 1983).

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que los hechos más significativos de la vida escolar estuvieran unidos indefectiblemente a las acciones de ypf19, dando lugar a una serie de contraprestaciones20. Tanto en las celebraciones católicas como en donaciones, pago de sueldos y premios a los alumnos, es posible observar la presencia constante de la empresa estatal y de la institución militar. A la vez, la congregación le garantizaba a ypf la disciplina de los niños (hijos de sus agentes) mediante la educación para el trabajo, colaborando en la moralización de los futuros trabajadores, ante la creciente y peligrosa influencia del comunismo en el movimiento obrero21. Ahora bien, la educación técnica proporcionada por los religiosos se orientó a los jóvenes por considerarlos inexpertos y maleables, buscando convertirlos en la fuerza más apta para ser incorporada al sistema productivo, en el marco de un creciente avance de los saberes técnicos en la cultura argentina22. La necesidad de una formación técnica y cristiana de los jóvenes, identificados con los intereses de la Nación (y, por ende, de ypf), daría lugar a la concreción de una Escuela de Artes y Oficios en 1937, institución educativa que le permitiría consolidar a la congregación la presencia católica en la vida pública. Desde allí impondría valores morales y pautas disciplinarias dirigidos a obtener individuos dóciles y trabajadores, tal como lo requería la industria, objetivo que era también apreciado por miembros del Ejército. En este sentido, la escuela sería concebida como una “fortaleza encargada de velar por el cumplimiento de ese afán de constitución de un ‘sujeto pedagógico’ específico a través de las ceremonias y actos que mezclaban los ‘ritos nacionales’ con los ‘ritos ypefianos’”, imprimiendo en los educandos

19 En 1941, con motivo de la celebración del Descubrimiento del Petróleo, se destacaba el apoyo de ypf a diversos emprendimientos educativos: la Escuela de Artes y Oficios, que, anexada al colegio salesiano, daba formación técnica a 130 alumnos, es decir, instrucción práctica y teórica de electricidad, soldadura, carpintería, modelado y mecánica de autos y motores diésel, tornería, tratamientos térmicos —y que en los cursos superiores los alumnos recibían un pequeño jornal, a manera de estímulo, que era abonado por ypf—; la denominada Escuela Complementaria —cuyos sueldos eran abonados por ypf, y se daban cursos de taquigrafía, contabilidad, economía doméstica, corte y confección y música—; la Escuela de Analfabetos, que funcionaba en iguales condiciones; y la Escuela de Perforación, donde se preparaban los futuros maquinistas, encargados de turno y jefes de sondeo, y cuyos alumnos ingresaban con un jornal de acuerdo con las funciones que efectivamente desempeñaban en los yacimientos petrolíferos. A la terminación de sus estudios, recibían el nombramiento correspondiente. “Intensa obra social y de cultura”, El Chubut, Comodoro Rivadavia, 13 de diciembre, 1941, 9. 20 Ana Infeld, “Una vía viva para los alumnos artesanos. La Escuela de Artes y Oficios del Colegio Salesiano Deán Funes de Comodoro Rivadavia (1938-1961)”, en Historia de la educación en la Patagonia Austral. Docentes y alumnos. Protagonistas, organización y conflictos en las experiencias educativas patagónicas, dir. Edgardo Osanna (Rosario: Prohistoria, 2007), 75-106. 21 Gabriel Carrizo, “La Patagonia argentina en el período de entreguerras. Acerca de los orígenes de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia”, Antíteses 2: 4 (2009): 669-691. 22 Inés Dussel y Pablo Pineau, “De cuando la clase obrera entró al paraíso. La educación técnica estatal en el primer peronismo”, en Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1945-1955), dir. Adriana Puiggrós (Buenos Aires: Galerna, 2003), 107-173.

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que el sentido de civilización y progreso estaba asociado no sólo a la institución escolar, sino también a los destinos de ypf23. También a partir de la década de los treinta, el catolicismo comenzó a concebir al joven como un sujeto político transformador y posible de ser organizado en un colectivo. Por esta razón, la Iglesia le adjudicará a la juventud una fuerza de cambio privilegiada para modificar un presente visualizado como sombrío, en un contexto de crisis del liberalismo como sistema de valores. Los religiosos entendían que había que cristianizar el lugar de trabajo, partiendo de la premisa de que ámbitos como el de la fábrica y el taller eran de por sí lugares de contacto con adultos, y, por ende, los jóvenes podían estar cerca de influencias perniciosas24. No obstante, ante la necesidad de trabajo del joven, el poder disciplinario de la escuela no estaba presente, sumándose la visión negativa respecto de los lugares de trabajo. Sería ciertamente en las escuelas de enseñanza profesional en donde el joven encontraría un modelo disciplinante y moralizador necesario25. La enseñanza técnica en el discurso de la Iglesia tenía el sentido de evitar, a través de la dignificación del trabajo —sobre todo el trabajo manual—, la seducción del pecado, del vicio o la subversión ideológica, capaz de acrecentar el conflicto social. En efecto, la moderación de aquellas conductas consideradas alejadas del canon pedagógico de los salesianos era el objetivo principal del disciplinamiento de los jóvenes alumnos y futuros trabajadores26. Asimismo, la implementación de un modelo pedagógico denominado “preventivo” 27 era la forma empleada por la congregación para crear un sistema de pensamiento y de

23 Mariela Racedo, “La escolarización en Plaza Huincul”, en Sobre maestros y escuelas. Una mirada a la Educación desde la Historia. Neuquén, 1884-1957, comps. Mirta Elena Teobaldo y Amelia Beatriz García (Rosario: Arca Sur, 2000), 87-109. 24 Silvia Simonassi, “Educar el cerebro o pensar con las manos: los industriales rosarinos y la formación técnica para el trabajo en los albores del peronismo”, en Trabajadores y empresarios en la Argentina del siglo xx: indagaciones desde la historia social, comps. Daniel Dicósimo y Silvia Simonassi (Rosario: Prohistoria, 2011), 159-174. 25 Jessica Blanco, “Las distintas juventudes de la Iglesia en Argentina a mediados del siglo xx. Los casos de la Juventud de Acción Católica y la Juventud Obrera Católica”, Letras Históricas 4 (2011): 139-160. 26 Marcela Pronko, “La formación del trabajador en la Doctrina Social de la Iglesia católica. Argentina, 19001930” (ponencia presentada en el vi Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, San Luis Potosí, México, mayo de 2003). 27 Los salesianos pusieron en práctica un sistema educativo elaborado por ellos mismos denominado sistema preventivo, por oposición al represivo, que consistía “en dar a conocer las prescripciones y reglamentos y vigilar después de manera que los alumnos tuvieran siempre sobre sí la mirada del Director o de los asistentes, quienes sirven de guía y corrigen a los niños con amabilidad”. Se ha señalado que el sistema preventivo no era un modelo educativo sino un método disciplinario, que incorporó como novedad el afecto a las relaciones personales, concibiendo la relación entre educadores y educandos en forma análoga a la de padres e hijos. Alejandra Landaburu, “Niñez, educación y construcción de la identidad salesiana. Tucumán 1916-1930” (ponencia presentada en las ix Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia, Córdoba, Argentina, 24-26 de septiembre de 2003).

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conductas singulares, que llevase al alumno a reconocerse y ser reconocido en cualquier situación como un componente de un grupo exclusivo. Este diseño educacional lentamente va a perfilar una nueva cultura institucional, promoviendo la formación de una élite (la ypefiana) que adoptase hábitos de pensamiento comunes y que fuese capaz de promover la reproducción de ese modelo en el espacio social 28 . Además, esa “vía militar a la cristiandad” emprendida en aquel tiempo implicaba en el terreno educativo que se trataría de reeducar a los jóvenes extraviados por la escuela laica, y que se debería promover la implantación en las aulas del espíritu de la educación militar. Según Loris Zanatta, “el modelo educativo de la Iglesia estaba inspirado en la vida militar. Esta habría identificado en el Ejército al garante de la catolicidad de la Nación, profundamente compenetrado de la ideología del catolicismo argentino. Por lo tanto, Iglesia y Ejército se unieron en defensa de la argentinidad católica, constituyendo un bloque político, ideológico y cultural acabadamente alternativo contra el laicismo educativo” 29. Hasta este punto se ha visto que los procesos experimentados por la Iglesia católica en la década de los treinta facilitarían la vinculación entre la congregación salesiana y las autoridades de ypf. En el siguiente apartado se estudiará, por un lado, de qué manera la coyuntura iniciada luego de 1943 daría lugar a la necesidad de contar con una población preparada física y moralmente para asumir con éxito un potencial conflicto bélico; y, por el otro, por qué la educación corporal implementada por los salesianos se constituyó en referencia para las autoridades de la gobernación militar.

2. Masculinidad, cuerpo y educación salesiana durante la gobernación militar En un texto con fecha del 19 de abril de 1929, denominado “El poder de la nación”, el general Enrique Mosconi sostenía: “La virtud guerrera exige un cuerpo de oficiales de alta moral y destacado valor profesional; pero tales actividades no se ejercitarán con eficacia y los objetivos no podrán ser logrados, si el ciudadano no alimenta un hondo amor a la patria, si no

28 Roseli Boschilia, “As redes de sociabilidade e a construção da identidade em colégios masculinos católicos” (ponencia presentada en las viii Jornadas de Historia de las Mujeres/iii Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Córdoba, Argentina, 2007). 29 Loris Zanatta, Del Estado liberal a la nación católica, 316.

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rinde culto a las tradiciones nacionales, si no siente el orgullo de la historia y del porvenir argentino, si no aspira a convertirse por su esfuerzo y su trabajo en un hombre capaz de comprensión, de voluntad dinámica y tenacidad activa, que son los basamentos de la grandeza de la patria [...] Manteniendo despierto el espíritu cívico y patriotismo del pueblo, desarrollando en el niño y en el hombre, en la joven y en la madre el sentimiento del deber, de disciplina, de amor al trabajo y ambición de grandeza, toda obra individual llegará al florecimiento y finalmente al éxito colectivo; extendiendo la cultura física e intelectual se prepara el material humano con la aptitud necesaria para los grandes esfuerzos físicos y morales; estimulando el crecimiento de nuestra economía y de nuestras industrias es como concurriremos a la formación de una conciencia segura de nuestra fuerza, para tomar dominio completo del país, vigilar por su integridad y llevar hasta los confines del territorio la vibración del alma nacional”30.

Para Mosconi, como lo indica el documento citado, el poder de una nación radicaba en contar con una adecuada organización de su población para la guerra. Éstas serían las bases de lo que se denominó la “nación en armas”, que para la época era considerado el concepto de defensa nacional moderno, emitido por el mariscal Von der Goltz en 1883. En tanto, el rol de la aviación en la Segunda Guerra Mundial había señalado que las poblaciones dejaban de estar al margen de las actividades bélicas. Esto implicaba la necesidad de utilizar el tiempo de paz a fin de alistarse para la guerra, y que la misma no era ya un asunto que competía solamente a los militares, sino que era una cuestión que debía involucrar y comprometer a la totalidad de un país. De allí la conveniencia de contar con “reservas instruidas”, adecuado planeamiento y preparación en materia de recursos militares31. A esto se sumaba, en el marco por demás de una biologización del discurso político, la urgencia de “sanear la Nación”, al diagnosticarse que la sociedad argentina era un organismo social enfermo. Al parecer, el declive de la Nación —situación susceptible de ser aprovechada por enemigos externos e internos— se evidenciaba en la pérdida de vitalidad provocada por la creciente

30 Enrique Mosconi, Dichos y hechos, 1904-1938 (Buenos Aires: El Ateneo, 1938), 210. 31 Además de los aspectos señalados, una “nación en armas” demandaba la cohesión del frente interno, es decir, que se debía instalar una perfecta tregua entre los diversos sectores de la sociedad, suspendiendo los conflictos. A esto debía sumarse un adecuado desarrollo industrial (nos referimos a la siderurgia, la química y el petróleo) para lograr una industria bélica propia. Ernesto López, El primer Perón. El militar antes que el político (Buenos Aires: Capital Intelectual, 2009).

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decadencia física de la población32. Esta caracterización “dio sustento a una serie de prácticas educativas que centraron su atención en la educación del cuerpo de los escolares a los efectos de promover la formación de una nueva raza sobre la que se edificaría el cuerpo social de la nación”33. Por tanto, la escuela se constituyó en el ámbito propicio para transmitir saberes que apuntaban a sanear y moralizar el cuerpo de los niños —lo cual sugiere la imagen de que dicho cuerpo puede ser pasible de corrección, ajuste y encauzamiento—, y a través de ellos, el cuerpo de la Nación34. En tal sentido, teniendo en cuenta la importancia estratégica que había adquirido desde 1907 la cuenca del golfo San Jorge, a partir de su riqueza petrolífera, era vital contar con recursos humanos sanos y prestos para una eventualidad bélica: de allí la importancia que adquirió la condición física de los jóvenes, asociando la salud física y moral como elementos determinantes del poderío militar de la Nación. Sobre todo cuando se alertaba acerca de aquellos jóvenes que por deficiencias físicas debieron ser excluidos del servicio militar obligatorio en 1937: “El análisis de las estadísticas militares, resultante del examen médico de los ciudadanos convocados anualmente al servicio, como los informes producidos por diversas sociedades que cuidan de la salud del infante y del adolescente, han demostrado que parte de nuestra juventud carece de condiciones físicas favorables para afrontar con decisión las durezas de la vida y constituir, por otra parte, una raza fuerte promisoria de grandes destinos”35.

Las autoridades militares sostenían que varios factores habían contribuido a las condiciones físicas desfavorables de los jóvenes argentinos: la cantidad y calidad de los alimentos; la ausencia de reglas y hábitos de higiene; y la abundancia de viviendas carentes de sol y aire. Además se señalaba que si bien los ejercicios gimnásticos figuraban en los programas escolares, se les otorgaba una importancia secundaria, se les aplicaba con un criterio esencialmente deportivo o de juego, y convivía en su enseñanza una variedad de métodos. En otras palabras, se planteaba que la principal causa de la falta de fortaleza física en los jóvenes se debía a que hasta aquel momento no se contaba con un sistema de educación física orientada a fines militares.

32 Daniel Lvovich y Ernesto Bohoslavsky, “Elitismo, violencia y degeneración física en los diagnósticos de las derechas argentina y chilena (1880-1945)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos Debates (2009): s/p. [Edición digital], consultado el 27 de agosto de 2013, <http://nuevomundo.revues.org/57777>. 33 Lucía Lionetti, “Discursos, representaciones y prácticas educativas sobre el cuerpo de los escolares. Argentina en las primeras décadas del siglo xx”, Cuadernos de Historia 34 (2011): 33. 34 Ticiane Bombassaro y Alexandre Fernandez Vaz, “Sobre a formação de professores para a disciplina Educação Física em Santa Catarina (1937-1945): ciência, controle e ludicidade na educação dos corpos”, Educar em revista 33 (2009): 111-128. 35 “La Educación Física de la juventud”, El Chubut, Comodoro Rivadavia, 30 de enero, 1937, 7.

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Teniendo en cuenta estas dificultades, en 1948 se creó el cargo de Director-Inspector General de Educación Física, que sería desempeñado por un profesor de Educación Física del Ejército y pasaría a depender directamente del Gobernador Militar contando con amplias facultades, como fue el caso del capitán de Gimnasia y Esgrima Ricardo Comes36. El nuevo funcionario, que contaba con una formación militar en educación física y que se había convertido en referencia para la comunidad salesiana en cuanto al adiestramiento corporal de los jóvenes, reunía las condiciones ideales para el nuevo cargo. Comes también ostentaba el cargo de Delegado General Scout y, por lo tanto, se encargaba de la organización y regulación del scoutismo en la zona. Entre los méritos que se le adjudicaban y que lo hacían merecedor del cargo, se mencionaban la organización y reglamentación de la Federación de Basket del Chubut, la fundación del Club Deportivo Deán Funes, de la Asociación de Deportes del Chubut y del Club Hípico San Jorge. Además de ser considerado una figura destacada en la promoción del deporte en Comodoro Rivadavia37. Esta determinación muestra que era la práctica militar la que proporcionaba el modelo de lo que debía ser entendido como “educación gimnástica”. Sobre todo porque las autoridades entendían que el vigor físico del ciudadano era lo que definía su potencia para el ejercicio laboral y, simultáneamente, lo que demostraba cuantitativamente la pujanza de la Nación argentina. De allí que las prácticas deportivas desde una concepción militar no sólo tenían como finalidad cuerpos saludables y socialmente productivos, sino que principalmente eran consideradas importantes para la conformación de un “músculo de guerra y de trabajo”38, tal como lo revela la siguiente cita: “La educación física nos proporciona elementos capaces de poder combatir aventajadamente los gérmenes patógenos y alejarnos de los vicios, tan arraigados, reconquistando de este modo, para algunos la salud y conservándola para los demás. De la misma manera que se endereza una planta, así despaciosamente, desde temprana edad, se debe comenzar a practicar gimnasia, para que de este modo se pueda haber inyectado el deseo y la voluntad de ser fuertes, buenos y disciplinados soldados del mañana, únicos, verdaderos y sólidos basamentos sobre los cuales descansa el bienestar, porvenir y tranquilidad de la patria”39.

36 “La Dirección General de Educación Física se creó”, El Chubut, Comodoro Rivadavia, 5 de marzo, 1948, 5. 37 “Teniente primero Ricardo Comes. Desde que se radicó entre nosotros se ha dedicado con especial interés a fomentar la cultura física entre la juventud de nuestra zona. Se ha distinguido don Ricardo Comes en varios deportes, cuyas enseñanzas han contribuido a su progreso”. Salvador Paz Núñez, Álbum Histórico de los Deportes de Comodoro Rivadavia (Comodoro Rivadavia: s/e., 1948), 75. 38 William Moreno Gómez, “Escuela, cuerpo y milicia, historias de un redoble, de un simulacro que no termina”, Educar 37 (2009): 101. 39 “Educación Física”, El Chubut, Comodoro Rivadavia, 3 de abril, 1947, 6.

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Aquí se habla de la juventud como un período o un momento en el que la construcción de la personalidad del individuo se somete a una doble presión social, por cuanto la cultura le proyecta dos modelos de ser: uno que apunta a la comprensión de las conductas adultas, y otro que respalda los patrones genéricos: masculino o femenino. Por ello, conforme se advierte que la conducta de los jóvenes es normada, se confirma que los individuos ya introyectaron los valores, principios y conductas socialmente esperados para la interrelación con los otros40. Por tanto, aquí se entiende la construcción de la masculinidad como un proceso colectivo, de modo que “varias masculinidades” son construidas en dependencia unas de otras, y también en relación con las feminidades 41. Estas identidades no son estáticas, sino que están histórica y espacialmente situadas, al tiempo que una forma hegemónica de masculinidad tiende a erigirse en dominante, ejerciendo gran inf luencia y autoridad en un contexto y tiempo determinados. De ahí que la configuración de la masculinidad en la escuela sea un proceso complejo, lleno de confusiones y contradicciones, en el que inf luye una multitud de variables, tales como la etnia, la clase social, el contexto cultural, la cultura familiar, la cultura escolar, la edad y la orientación sexual. Asimismo, cada colegio dispone de su propio régimen de género, que está formado por expectativas, reglas y rutinas. Todo ello crea diferentes repertorios de acción con profundos efectos en la configuración de la identidad personal. Además, la configuración de una identidad masculina es una empresa colectiva y está unida a la adquisición de estatus dentro del grupo de compañeros. La masculinidad, por ejemplo, construida en el Colegio Deán Funes desde su creación, en 1929, encontró su cultivo tanto en los talleres (donde los alumnos aprendieron las relaciones propias del mundo laboral) como en los lugares de implementación de prácticas deportivas —donde la belleza y el buen estado físico fueron asumidos como símbolos de la unión entre cuerpo y alma, como emblemas del coraje y del espíritu masculino—. Tal como se expresa en la revista institucional del colegio, denominada Oro Negro, en donde un exalumno afirmaba en 1950: “Mi querido colegio: eres un hogar donde se forja la robustez del músculo y la suavidad de las almas; en tu seno transcurrieron años provechosos al cabo de los cuales se imprimió tu molde imborrable en nuestros espíritus”42.

40 Rafael Montesinos, Las rutas de la masculinidad. Ensayos sobre el cambio cultural y el mundo moderno (Barcelona: Gedisa, 2002). 41 Pierre Bourdieu, La dominación masculina (Barcelona: Anagrama, 2000). 42 “Palabras ex-alumnos”, Revista Oro Negro (1950): 13. [Localizado en Archivo del Colegio Salesiano Deán Funes (acsdf), Comodoro Rivadivia-Argentina].

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Como se puede apreciar, en esta institución se sintetizaba el ideal del espíritu masculino producto de la unión entre el cuerpo y el alma, ilustrando además la perdurabilidad de los valores plasmados en los jóvenes durante la experiencia escolar. A lo largo de su historia, tanto en los espacios destinados a los juegos deportivos como en el Taller, se construyó un modo de ser masculino. Un lugar en donde los ritos, códigos y representaciones fueron reforzados a través de los diversos actores institucionales, en sintonía con los preceptos de la pedagogía salesiana. El dispositivo de prácticas y símbolos desplegados por el colegio con la firme promoción de ypf consolidó el “ideal de formar al buen ciudadano (varón), útil, productivo, obediente, dócil, sano, racional y, fundamentalmente, viril”, horizonte que se enmarcaba en la “construcción de un cuerpo masculino apto para el trabajo, para un determinado estilo de vida moral y para la defensa del territorio nacional”43. Para los salesianos, el adiestramiento deportivo ocupaba un lugar central en el sistema preventivo, pues lo consideraban motor de la construcción de una identidad salesiana, y vehículo formidable de valores, en la búsqueda de una finalidad moral y religiosa44. Las distintas crónicas que reflejan la cotidianeidad del Colegio Deán Funes, a través de innumerables fotografías y relatos, presentan un universo masculino asociado con las actividades deportivas, siendo el fútbol y el básquet los más practicados entre alumnos, profesores y personal eclesiástico. Como algunos autores han sostenido, “es frecuente que en las instituciones educativas jugar bien al fútbol sea un signo de alto estatus dentro de la jerarquía masculina, pues permite poner en juego valores propios de la masculinidad hegemónica tales como la competitividad, la agresividad, la disciplina, la fuerza física, el valor del sufrimiento, la demostración del valor y el riesgo”45. El cuerpo como construcción social y cultural aparece fuertemente modelado por prácticas sociales de distinto tipo, entre ellas, las prácticas físicas y/o deportivas. Las prácticas corporales contribuyen al armado de ciertas masculinidades, en donde para hacer valerlas los varones deben convencerse y convencer a los demás de que no se es homosexual. El cuerpo tiene entonces un papel fundamental en la construcción de la masculinidad y la actividad física, que se pone de manifiesto a través del deporte, que permite exhibir el cuerpo y presentarlo ante los demás. Pablo Scharagrodsky, a este respecto, ha afirmado que “[…] los niños en las clases de Educación Física a través de las prácticas deportivas (especialmente el fútbol)

43 Pablo Scharagrodsky, “El scautismo en la educación física bonaerense argentina. Acerca del buen encauzamiento varonil (1914-1916)”, Mora 9-10 (2004): 64. 44 Alejandra Landaburu, “Niñez, Educación y construcción de la identidad salesiana”, 5. 45 Ma del Carmen Rodríguez, “Identidad masculina y contexto escolar: notas para un debate”, Revista de Educación 342 (2007): 404.

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aprenden a reafirmar su identidad masculina heterosexual como parte de un guión aceptado y naturalizado. Esto se da a partir de un conjunto de símbolos e imágenes que se transmiten, distribuyen y ponen en circulación avalando la idea de la sexualidad activa, penetrante e impulsiva”46. En tal sentido, son varios los espacios sociales en donde el varón debe demostrar que es un verdadero hombre, siendo el espacio deportivo uno de los más privilegiados, en donde “la masculinidad es una aprobación ‘homosocial’. En muchas ocasiones las actividades físicas, lúdicas y/o deportivas se convierten en potentes medios para que otros varones admitan y admiren el arquetipo hegemónico de la virilidad socialmente aceptada y esperable”47. No obstante, muy pocos varones pueden alcanzar dicho ideal. En resumen, utilizado como vehículo de relaciones sociales, en los colegios católicos el fútbol se constituyó en un deporte que, además de promover el establecimiento de redes de sociabilidad, cumplía el papel esencial de construcción de masculinidad, desplegándose un conjunto de técnicas y métodos de vigilancia y control sobre los movimientos del cuerpo, al cual se le adiestra, se le imponen reglas, se le imponen restricciones y obligaciones. Como han sostenido autores como Norbert Elias48, aquí adquiere importancia, tanto en el nivel individual como en el colectivo, una “liberación controlada de las emociones” que está en el fundamento de la función del deporte en la civilización occidental. En tanto, el deporte cumple la función de liberar las pulsiones agresivas, buscando que la violencia se encuentre contenida por reglas dentro de un espacio-tiempo delimitado. La interiorización progresiva de las pulsiones, de las emociones y de las constricciones, es parte fundamental del “proceso de civilización”, en su búsqueda de la pacificación del mundo social. Asimismo, este modelo preconizaba la figura de hombre viril y saludable que debería estar apto para desempeñar dos funciones importantes, en la sociedad capitalista y en la concepción de familia en el catolicismo: trabajo y reproducción.

Conclusiones El discurso de la militarización de la Patagonia central contenía como argumento geopolítico la protección de un recurso natural estratégico como el petróleo, y esto determinó la creación de una Zona Militar entre 1944 y 1955 en torno a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

46 Pablo Scharagrodsky, “Género, masculinidades y educación física. Varones exitosos y varones devaluados”, en Cuerpo y cultura. Prácticas corporales y diversidad, comp. Ángela Aisenstein (Buenos Aires: Libros del Rojas, 2006), 170. 47 Pablo Scharagrodsky, “Género, masculinidades y educación física”, 174. 48 Norbert Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas (México: fce, 1998).

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Dicho discurso sobredeterminó una serie de prácticas y relaciones identitarias que culminaron en la naturalización de la necesidad de disciplina y de un orden político autoritario. En este sentido, se ha visto de qué manera el discurso geopolítico fue influenciando diversos aspectos de la vida comunitaria, entre ellos el campo educativo. De allí el propósito de la escuela salesiana de asumir el rol de sanear y moralizar los cuerpos de los niños, incluyéndolos en la sociabilidad propia del Ejército argentino. Del mismo modo, la escuela de Artes y Oficios de Comodoro Rivadavia estuvo destinada a la formación de obreros cristianos perfectamente instruidos en el trabajo y aptos para ser más tarde capataces y jefes de taller, “para beneficio de la sociedad y de la patria”. Este discurso se alineaba perfectamente con la concepción mosconiana del trabajador de ypf como soldado civil, que debía estar al servicio del desarrollo de la comunidad nacional. Por último, a partir de este trabajo se puede sostener que durante la Gobernación Militar se articuló toda una serie de discursos que habían adquirido presencia desde el inicio de la década de los veinte en Argentina, es decir, los del joven desprovisto de ideas peligrosas, los de la necesidad de defensa de un recurso estratégico y los de una nación en armas.

Bibliografía Fuentes primarias Archivos: Archivo Central Salesiano (acs), Buenos Aires-Argentina. Sección Obras. Archivo del Colegio Salesiano Deán Funes (acsdf), Comodoro Rivadavia-Argentina.

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Fernando Purcell

Profesor asociado del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó sus estudios de pregrado en esta universidad y de doctorado en la University of California (Estados Unidos) en 2004, donde investigó la historia trasnacional y global. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran, en coedición con Alfredo Riquelme, Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo global (Santiago: ril Editores/ihi-uc, 2009), y ¡De película! Hollywood y su impacto en Chile, 1910-1950 (Santiago: Taurus, 2012). fpurcell@uc.cl

Artículo recibido: 06 de marzo de 2013 Aprobado: 10 de julio de 2013 Modificado: 13 de agosto de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.06

Ï Esta investigación fue posible gracias a la financiación recibida como parte del proyecto Fondecyt No. 1110050.

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Conectando realidades: los voluntarios del Cuerpo de Paz en Suramérica y la Guerra Global contra la pobreza en la década de 1960 Resumen: Este artículo aborda el trabajo de los voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos en Sudamérica durante la década de 1960. El argumento que se trata en esta investigación es que a través de su entrenamiento en comunidades pobres de Estados Unidos y su intervención en contextos similares sudamericanos, se transformaron en conectores de distintas visiones de acción comunitaria. Esto permite insertar al Cuerpo de Paz dentro del escenario de lo que fue una verdadera guerra global contra la pobreza. Este argumento se sustenta en cartas y testimonios así como en prensa y documentación oficial rescatada de archivos y bibliotecas de Estados Unidos y Sudamérica. Palabras clave: Sudamérica, Cuerpos de Paz, Guerra Fría, Estados Unidos, desarrollo comunitario, pobreza.

Connecting Realities: Peace Corps Volunteers in South America and the Global War on Poverty during the 1960s Abstract: This article examines the work of Peace Corps volunteers in South America during the 1960s. It argues that through their training in impoverished communities in the United States and their intervention in similar contexts in South America, these volunteers connected diverse visions of community action aimed at eradicating poverty. This allows an inclusion of a historical comprehension of the Peace Corps within the scenario of a Global War on Poverty. The argument derives from the analysis of letters and testimonies, press items, and official documents found in archives and libraries both in the United States and South America. Keywords: South America, Peace Corps, Cold War, United States, community development, poverty.

Conectando realidades: os voluntários do Corpo de Paz na América do Sul e a Guerra Global contra a pobreza na década de 1960 Resumo: Este artigo aborda o trabalho dos voluntários do Corpo de Paz dos Estados Unidos na América do Sul durante a década de 1960. Argumenta-se que, por meio de seu treinamento em comunidades pobres dos Estados Unidos e sua intervenção em contextos similares sul-americanos, transformaram-se em conectores de diferentes visões de ação comunitária. Isso permite inserir o Corpo de Paz no cenário do que foi uma verdadeira guerra global contra a pobreza. Esse argumento se sustenta em cartas e testemunhos, bem como em imprensa e documentação oficial resgatada de arquivos e bibliotecas dos Estados Unidos e da América do Sul. Palavras-chave: América do Sul, Corpos de Paz, Guerra Fria, Estados Unidos, desenvolvimento comunitário, pobreza.

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Introduction

T

he Peace Corps is a volunteer project established in 1961 by John F. Kennedy that has sent young Americans abroad for two-year stints to collaborate in community development in urban and rural areas in the Third World. Some twenty thousand volunteers arrived in South America in the 1960s, one of the regions of the world that received the largest number of volunteers during that decade. This happened within the framework of U.S. interventions in Latin America after the Cuban Revolution, which had different expressions such as the Alliance for Progress, military interventions, cultural projects and diplomatic efforts, among other things.1 Their presence in remote areas was part of what Alan McPherson has described as a process of increasing North-South intimacies,2 which grew in size during the Cold War, a conflict in which not just violence, but the logic of modernization through social and economic development was also crucial in Latin America. Indeed, the challenge of development provided a key battlefield in which the United States and the Soviet Union both strove to impose their respective visions of how to modernize the world. Demonstrating the efficacy of their contending ideologies became a matter of crucial importance.3 From the U.S. perspective, the Truman Doctrine, formulated in 1947 by President Harry Truman, had launched a new era in the comprehension and handling of world affairs, especially regarding the countries of the Third World. U.S. support in areas of technology, industry, agriculture, education, nutrition, birth control and agricultural management were

1

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2

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3

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decisive aspects of U.S. foreign policy.4 The Peace Corps was one of the tools the United States drew on to achieve its modernizing objective, and in Latin America it was conceived as a local complement of the structural changes promoted through the Alliance for Progress. Since Peace Corps actions had direct impact on small communities, the study of the program offers a window through which to examine local manifestations of the Cold War.5 Nevertheless, the historical relevance of the Peace Corps goes beyond its connections to U.S. foreign policy. Its work was also linked to local institutions, both public and private, in host countries. Through community development projects, volunteers contributed to a process in which distinct and often contending visions of Cold War efforts were embedded in a truly global war on poverty.6 Much has been written about the presence of the Peace Corps in the world. Kennedy’s initiative has captivated historians who emphasize the fascinating experiences of volunteers in their host societies, their motivations, and a wide range of details related to how the organization functioned institutionally.7 Nonetheless, little has been written about the Peace Corps in Latin America and still less about the volunteers’ training in the United States, which included community work in areas of extreme poverty.8 Nor has sufficient attention been paid to Peace

4 See Matthew Connelly, Fatal Misconception. The Struggle to Control World Population (Cambridge: Belknap Press/Harvard University Press, 2008); Arturo Escobar, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1995); Amy L. S. Staples, The Birth of Development. How the World Bank, Food and Agriculture Organization, and World Health Organization Changed the World, 19451965 (Kent: Kent University Press, 2006). On the use of international aid as a central element of U.S. foreign policy in Latin America, see Jeffrey F. Taffet, Foreign Aid as a Foreign Policy. The Alliance for Progress in Latin America (New York: Routledge, 2007). 5 Regarding the relationship between large development projects and the Peace Corps, see Michael Latham, Modernization as Ideology. American Social Science and “Nation Building” in the Kennedy Era (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000), 109-150. 6

Robert F. Clark, Victory Deferred. The War of Global Poverty (1945-2003) (Lanham: University Press of America, 2005).

7

Some of the most influential books are: Elizabeth Cobbs-Hoffman, All You Need is Love: The Peace Corps and the Spirit of the 1960s (Cambridge: Harvard University Press, 1998); Fritz Fischer, Making Them Like Us. Peace Corps Volunteers in the 1960s (Washington: Smithsonian Institution Press, 1998), and Gerard T. Rice, The Bold Experiment: jfk’s Peace Corps (South Bend: University of Notre Dame Press, 1985).

8

Bibliography on the Peace Corps in South America is still scarce. See, Cecilia Azevedo, Em nome da América. Os Corpos da Paz no Brasil (Sao Paulo: Alameda, 2008); Molly Geidel, “Sowing Death in Our Women´s Wombs: Modernization and Indigenous Nationalism in the 1960s Peace Corps and Jorge Sanjinés’ Yawar Mallku,” American Quarterly 62: 3 (2010): 763-786; James F. Siekmeier, “Sacrificial Llama? The Expulsion of the Peace Corps from Bolivia in 1971,” Pacific Historical Review 69:1 (2000): 65-87; and Glenn F. Sheffield, “Peru and the Peace Corps, 1962-1968” (Doctoral Dissertation, University of Connecticut, 1991). Regarding the volunteers’ community work in the United States, see discussion within a broader examination of poverty in the United States during the twentieth century in Alyosha Goldstein, “On the Internal Border. Colonial Difference and the Locations of Underdevelopment,” in Poverty in Common. The Politics of Community Action During the American Century (Durham: Duke University Press, 2012), 77-110, Kindle Edition.

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Corps interaction with the ideas and community development projects generated within the host societies—a serious oversight considering that the vast majority of young people who traveled to South America collaborated with local public and private institutions, many of which had been operating long before the Peace Corps arrived. These institutions had their own notions of community development, which did not always coincide with those of the Peace Corps. Countries such as Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Peru had their own initiatives to fight poverty on a local level. When they welcomed the Peace Corps, it was not simply so that they could learn from the proposals brought by the young foreigners, but rather because they sought to strengthen their own institutions and projects, which were often tied to needs and initiatives related to social order. Studies of the Peace Corps tend to emphasize a unidirectional logic according to which development discourses originated in the First World during the Cold War and focused on the need to bridge the gap between modern and traditional societies through actions and projects that emanated from the center of the modern world. The attention paid therein to how volunteers lived in the Third World and what they did, or attempted to do, overshadows discussion of how local efforts and realities decisively shaped what volunteers ultimately accomplished. This article problematizes the analysis of the Cold War by questioning the unidirectionality of community development and contrasting the linear core-periphery discourses with a historical reality in which the “periphery” had a great deal to say and propose in terms of the fight against poverty. It focuses on two fundamental elements that break with the unidirectional core-periphery historiographical narratives regarding the Peace Corps. First, many volunteers had already confronted situations of poverty in the United States before heading abroad. Second, as soon as they arrived in South America, they realized they were not the only ones who had something to contribute. They had to contrast their own visions with those held by local people and institutions, many of which had been working in community development long before the Peace Corps was created in 1961. In order to highlight the multi-centrality of the global war on poverty, this article adopts a global view of the Peace Corps and its role in the eradication of poverty. Hence, it diverges from approaches to world history that structure narratives around localized axes related to dominant European or Western cultures.9 The argument here is that through their training in impoverished communities in the United States

9

On the limitations of world history, see Hugo Fazio Vengoa, “La historia global y la conveniencia para el estudio del pasado y del presente,” Historia Crítica Edición Especial (2009): 317. On the plurality of Cold War scenarios, see Odd Arne Westad, “Exploring the Histories of the Cold War. A Pluralist Approach,” in Uncertain Empire. American History and the Idea of the Cold War, eds. Joel Isaac and Duncan Bell (New York: Oxford University Press, 2012), 51-59.

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and their intervention in similar contexts in South America, the volunteers connected diverse visions of community action aimed at the eradication of poverty. Moreover, the political and social realities they encountered decisively shaped not only the realms and places where they worked but also the ways in which they worked on community development. A global view, such as that proposed by Odd Arne Westad, contributes to the decentralization of Cold War studies by revealing how agents in the Third World—South America, in this case—generated and implemented community development proposals.10 Although these proposals generally complemented those of the Peace Corps, they also had their own particularities that often conflicted with the visions of the young American volunteers.11 Finally, the contribution of this article consists of its exploration of Cold War narratives that highlight the role of non-state agents whose actions were not limited to the violence and terror of the period. Although these aspects are highly important for understanding conflicts in the region, they tend to overshadow other relevant aspects of the Cold War experience in South America.12 With the inclusion of new actors and a global perspective that questions nation-centrism, this article explores different layers of Cold War history in the region.

1. The Peace Corps and Training in the United States Describing some Peace Corps volunteers’ impressions after doing community development work in Washington, D.C., evaluator R. William Tatge stated in 1966 that, “Some even wondered why they were going to Brazil when there is much to do right here.”13 As part of their training, these young people had gone into the poor communities of Cardozo and Takoma Park, where many Brazilian immigrants lived. The idea was for volunteers to live with Brazilian families in order to familiarize themselves with Portuguese and to confront challenges similar to those they would find in South America. One of the basic Peace Corps principles regarding community work was that participants needed to prepare themselves in

10 Odd Arne Westad, The Global Cold War (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). 11 On efforts to decentralize visions of the United State’s role in the world, see Jessica C. E. Gienow-Hecht, Decentering America (New York: Berghan Books, 2007). 12 An important book that has called for such visions is Gilbert Joseph and Daniela Spenser, In from the Cold. Latin America’s New Encounter with the Cold War (Durham: Duke University Press, 2008). 13 “Report by R. William Tatge, Distribuido el 8 de noviembre de 1966,” 8 November, 1966, in National Archives ii (nara ii), College Park-United States, Record Group (rg) 490, Training Evaluation Reports, 1964-1969, Box 3, Folder “Brazil School Lunch. University ed Georgetown University,” 14. Tatge worked for the Peace Corps and was one of dozens of people in charge of evaluations during the two to three-month training periods volunteers experienced before traveling to the Third World.

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conditions similar to those they would face in host countries. Deborah Jones made this clear in a Peace Corps report, stressing that volunteers needed to learn about and adjust “to a new way of life, and becoming aware of the role of an alien in a new way of life.”14 When Deborah Jones wrote about the “real world,” she was referring to the importance of training in host counties. Yet this approach was only put into practice at the end of the 1960s. How, then, could the Peace Corps achieve its objective of finding social contexts in the United States similar to those in South America during the bulk of the decade? The question is relevant because the core of Kennedy’s Peace Corps project rested on the need to bridge the gap between traditional and developed societies. This of course presupposed the existence of an abysmal asymmetry in terms of education and technical capacity between the United States and the Third World. However, as the domestic poverty-eradication campaigns launched by President Lyndon B. Johnson’s Great Society project in 1964 revealed, the United States had its own contradictions. Proposals from universities interested in securing training contracts with the Peace Corps further evidenced these contradictions. Authorities from the University of New Mexico, which prepared most of the volunteers who went to Latin America during the 1960s, offered a fitting setting for training. “It should be emphasized that the under-privileged Spanish-speaking communities of New Mexican cities such as Albuquerque and Santa Fe constitute a living laboratory for the trainee, as well as a useful linguistic environment.”15 They insisted that “the unique environmental features (with islands of primitive peoples and underdeveloped communities) provide the State with unparalleled environmental resources.”16 Indeed, the 1960s saw the United States at a crossroads of its own in terms of poverty, a point the Soviet Union was eager to exploit. Consequently, the U.S. government took on new responsibility by attacking domestic poverty just as it was approaching racial problems.17 After witnessing stunning poverty during the presidential campaign in West Virginia, Kennedy timidly began by enacting social policies that aimed to safeguard the well-being of families

14 “Report by Robert Joy, Distributed 12 September 1969,” in nara ii, rg 490, Training Evaluation Reports, 19641969, Box 5, Folder “Training Evaluation Peru Agricultural Extension,” 2. Although the Peace Corps Training Office closed in 1967, thereby increasing the autonomy of the Training Directors in each of the four areas into which the institution divided the Third World, there was still a certain amount of accumulated experience and ideas that had gained strong currency within the Peace Corps. Deborah Jones, “Looking at the Trainee ‘68 Model,” Peace Corps Volunteer 7: 6 (1969): 24-28. 15 “Proposal for a Peace Corps Training Center,” Albuquerque, 10 November, 1962, in Center for Southwest Research [University of New Mexico] (cswr), Albuquerque-New Mexico, New México Digital Collections, 13, <http://econtent.unm.edu/cdm/ref/collection/ULPhotoImag/id/1494>. 16 “Proposal for a Peace Corps Training Center,” 2. 17 Mary Dudziak, Cold War Civil Rights: Race and the Image of American Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2000).

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whose heads of household were unemployed.18 Nevertheless, it was Johnson who declared an “unconditional war on poverty” in his State of the Union address of January 1964. Shortly afterwards, Congress responded by approving the Economic Opportunity Act, which created the Office of Economic Opportunity to coordinate efforts to diminish the grinding poverty in which almost 20% of the U.S. population lived.19 The effort included the creation of Volunteers in Service to America (vista) in 1965, which replicated on a domestic level what the Peace Corps had been carrying out on the international level since 1961.20 Despite its internationalist vocation, the Peace Corps participated in concerns about domestic poverty through the training programs for its volunteers. Whether in New York, Washington, D.C., Sacramento, Los Angeles, Taos, or Michigan, the institution always attempted to expose its people to the experience of poverty.21 It further complemented this by recreating precarious environments on university campuses where volunteers undertook important aspects of their preparation.22 Whether in concrete community activities or in recreating impoverished environments, the Peace Corps collaborated in the “unconditional war on poverty,” though this was not part of its initially declared mission. Its varied community efforts in the United States helped to strengthen institutionally the government and private agencies involved. More importantly, Peace Corps training engaged volunteers in a global campaign that exposed them to diverse visions of community work and they interacted with academics, professionals, and public and private institutions dedicated to the same general objectives. Some volunteers even had the opportunity to work in the United States with Latin American community development workers, such as the group of thirty Colombians from Acción Comunal with whom volunteer Prudence Barber worked in settlements in upper Manhattan in New York.23 One of the many examples of Peace Corps work in the United States was when a group of 100 volunteers headed to Brazil conducted part of their training in California in 1966.

18 Frank Stricker, Why America Lost the War on Poverty and How to Win It (Chapel Hill: North Carolina Press, 2007), 37-41. 19 Annelise Orleck, “Introduction. The War on Poverty from the Grass Roots Up,” in The War on Poverty. A New Grassroots History 1964-1980, eds. Annelise Orleck and Lisa Gayle Hazirjian (Athens: The University of Georgia Press, 2011), 1-28. 20 T. Zane Reeves, The Politics of the Peace Corps & vista (Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1988), 14-15. During the Nixon administration, both programs were combined into a single agency known as action. 21 As a complement, volunteers often underwent training programs in their host countries in the initial weeks after their arrival. 22 Noel Greenwood, “Peace Corps Lives Chilean Life,” Los Angeles Times, Los Angeles, 8 October, 1967, n/p. 23 “Interview with Prudence Barber,” 22 September, 2006, in John F. Kennedy Presidential Library (jfk), BostonUnited States, Returned Peace Corps Volunteers, Oral History Interview, MR2007-10: 1.

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They worked with fourteen California agencies in Sacramento, Stockton, Richmond, San Francisco, Oakland, Westley and the Watts neighborhood in Los Angeles for three weeks,24 and their experience working directly in these communities was intense. In several projects, as a report noted, the agencies “provided lists of families, from which the trainees had to find one with whom to live.” Then, “once a week, the trainees at each locale met for a two and half hours’ discussion of their work. All trainees kept a log of their experiences, and each agency evaluated its trainees.”25 Such experiences were not taken lightly. Although the internal documents clearly established that “the training is for Peace Corps service,”26 the Peace Corps was entirely committed and its training had real impact on communities. A leader of the indigenous community of Chama, New Mexico even requested a longer-term relationship in 1964. As he argued, Peace Corps leaders at the University of New Mexico “were the spark plugs of a new feeling and inspiration that Chama has never before experienced.”27 As their letters and memoirs show, many volunteers found their community work experiences in the United States profoundly moving. University training programs stressed that they would experience culture shock when living far away from home, but many volunteers—such as Rachel Cowan from Wellesley, Massachusetts, who grew up in a suburb of wealthy, white Protestants—already suffered it in the United States. Recalling, years later, the experience of leaving her comfortable Massachusetts town to attend training at the University of New Mexico in Albuquerque, she wrote, “We were already leaving America behind, at least the America we knew.”28 Encountering poverty in her own country was a shock, especially given the contemporary prevailing discourse that conceived of poverty as a foreign reality, alien to the United States.29 Fieldwork was a fundamental aspect of training that required adequate theoretical preparation. Universities were charged with proposing courses according to the academic specialties of each and the areas determined by the Peace Corps, which carefully evaluated

24 The experience occurred in 1966, a year after race riots in August 1965 in Watts that resulted in the death of more than 30 people, hundreds of injuries, and more than 3,000 arrests. This generated certain anxiety for many volunteers. 25 “Training Evaluation atp-Brazil Urban Community Development by Joseph C. Kennedy,” 22-24 August, 1966, in nara ii, rg 490, Training Evaluation Reports, 1964-1969, Box 3, Folder “Brazil ucd atp/1 Sacramento State Summer 1966,” 5. 26 “The Peace Corps Training Program: A Guide to its Basic Components, Division of Training, Fourth Revision,” 15 June, 1962, in cswr, Peace Corps Collection, Folder “Training Guide to Basic Components, 1962,” i-3. 27 “Letter from K. R. Lively to Heyt Trowbridge,” 6 February, 1964, in cswr, Peace Corps Collection, Folder “Correspondence Community Feedback 1964,” n/p. 28 Rachel Cowan, Growing Up Yanqui (New York: The Viking Press, 1975), 34. 29 Alyosha Goldstein, Poverty in Common, Position 991 to 1001 of 4859 [Kindle Edition].

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the training programs. This did not imply homogeneity; each university had its own specialists and focused on its own particular strengths. Moreover, internal Peace Corps documents recognized the diversity of approaches and outlined up to eight different definitions of community development. 30 For instance, Michigan State University, where a significant number of volunteers destined for South America did their training, emphasized a “holistic approach to community development.”31 This urged volunteers to perceive the relationships between different parts of a community “so as to press forward the job of development on as many different fronts as possible, coordinating each developmental plan with what is already happening in the community and with what is already being planned.”32 Like anthropology students with notebook in hand, volunteers in Michigan were trained to observe, survey and carefully register everything they saw before starting any action. The designers of this community intervention paradigm believed that trained volunteers would achieve an “understanding on firmer scientific ground than other [community development] training systems are able to furnish.” More than an alternative, the holistic approach was a retooled version of traditional methods that emphasized the formation of action committees for self-help projects. At Michigan, though, volunteers were not pushed “to try and solve the problems of his community by rushing to form co-ops, clubs and committees that may or may not be needed.”33 Regardless of the type of activities developed or whether training took place in Albuquerque, Taos, or New York, volunteers tended to familiarize themselves with different social intervention paradigms, at least on a theoretical level. After several weeks of training at the University of New Mexico, Jane Bales wrote her parents that, “perhaps it is about time I start explaining a few of the ideological concepts that we are becoming saturated with.” Before going into detail, she pointed out that, “although we don’t know now with what organization we will be working, we do know what we will be doing! And although it sounds as vague as heck to say ‘community development,’ there are a few specific ideas behind it.” She summarized these ideas as “the process through which a group of people learn to identify and solve their own

30 “Some Definitions of Community Development,” in cswr, Peace Corps Collection, Folder “Training Guide to Basic Components, 1962,” 1-3. 31 This method of community development was devised by msu-men Edmon Alchin, John Donoghue, Iwao Ishino and Stewart Marquis. 32 “Training Evaluation. Chile Community Development. Michigan State University by Meridan H. Bennett,” 9 December, 1965, in nara ii, rg 490, Training Evaluation Reports, 1964-1969, Box 4, Folder “Chile cd Michigan State 12/9/65 Bennet,” 4. 33 “Training Evaluation. Chile Community Development,” 6.

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problems with the materials they have at hand […]. When a Peace Corps person leaves a community, he should leave a strong structure that is capable of organizing and leading itself into action.”34 Bales thus reflected the impact of the theory courses she attended at the University of New Mexico, where the prevalent approach was self-help—helping the community to recognize its own needs—in contrast to other models such as Michigan’s. Finally, beyond everything volunteers had learned in the United States, including the paradigms they embraced, they had to grapple with the difficulty of submitting their service to the initiatives generated by local governments and institutions that had invited the Peace Corps. These bodies sought to further their own community development projects, many of which had clearly political objectives and often sprang from a deeply paternalistic relationship between the state and citizens.

2. Working on Fertile Ground Nevertheless, the Peace Corps found fertile ground in South America. Convinced of the need to ameliorate poverty, in the late-1950s and during the 1960s several Latin American governments set out to pursue development through the creation of a series of bureaus and ministries charged with economic and social planning that complemented earlier offices charged with promoting industrialization after the Great Depression. 35 Thus, South America entered into what the Chilean historian Mario Góngora defined as the era of global planning, a period marked by an enormous inf luence of the social sciences on the design of social intervention policies. 36 In countries such as Peru, Chile and Colombia, government initiatives focused on community development, albeit with an eye on political objectives. Supported by the Alliance for Progress, such initiatives promoted reformist processes that aimed to prevent Latin America from falling into the hands of the communists. 37 The existence of national development initiatives explains the warm welcome the Peace Corps received upon arrival in South America. Like other countries, Peru had developed its own community development projects throughout the 1960s. President

34 Fred Bales and Jane Bales, Chilean Odyssey. The Peace Corps Letters of Fred Bales and Jan Stebing Bales (Bloomington: Author House, 2007), 25-26. 35 Adolfo Garcé García y Santos, Ideas y competencia política en Uruguay (1960-1973) (Montevideo: Trilce, 2002), 162. 36 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile, siglos xix y xx (Santiago: La Ciudad, 1981). 37 Jeffrey F. Taffet, Foreign Aid as a Foreign Policy, 1-10.

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Table 1. Number of Volunteers 1961-1970

Colombia

1961-1970 4,142

Brazil

4,057

Peru

2,624

Chile

2,155

Ecuador

2,002

Venezuela

1,947

Bolivia

1,819

country

volunteers

Paraguay

222

Uruguay

217

total

19,185

Source: “Twelve Year Summary: Volunteers in a Country at the end of the Calendar Year, June 1971,” in Peace Corps. Congressional Presentation. Fiscal Year 1972, in Peace Corps Digital Library (pcdl) Washington-United States, Congressional and Legislative Material, 4.

Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) launched the most ambitious of these programs in August of 1962 when he institutionalized the Programa de Promoción Popular (Program of Popular Cooperation). Belaúnde insisted that communal actions had deep historical roots and emphasized the “millenarian practices and customs inherent in communal work.”38 As Peru looked for solutions to community problems, this discourse sought to bolster the country’s autonomy by appealing to the “creative potential that made the Incan Empire great.”39 Three years after its establishment, an official brochure argued that “by drawing on the roots of our glorious millenarian past,” Popular Cooperation had “modernized the noble tradition of communal work that is already yielding its first fruits.”40 As authorities from the Institute of National Planning stressed, the “minca and the ayni are the origin of popular cooperation and among many peoples, especially in the Andes, these ancestral practices are still in use.”41 As such, locals did not see the volunteers as the only people authorized to speak and do something about this reality.

38 Octavio Mongrut, coord., Fernando Belaúnde Terry. Peruanidad, democracia e integración (Lima: Auge, 2006), 197. 39 3 años de Cooperación Popular (Lima: Programa de Cooperación Popular, 1966), 1. 40 3 años de Cooperación Popular, 2. 41 Eduardo Orrego V., “Cooperación Popular y Desarrollo,” Cuadernillo de Divulgación 18 (1966): 2.

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The Belaúnde administration also argued that the program’s roots were found in the people and not in government. Officials “only intervened as a catalyst to orient the program, democratically and gradually, toward the creation of new forms of coexistence and productive work.”42 In reality, though, the “people’s” actual contribution was often limited to providing material goods and labor, while the government provided equipment, tools, and technical oversight. The program’s objective, then, was clearly two-fold: on the one hand, to attend to the immediate infrastructural needs of the poor and, on the other, to insert executive authority into provincial and district councils through a decentralized structure.43 The program’s motto—“The People Did It”—reflected the people’s contribution: living in conditions of dire poverty, they put their efforts toward the solution of urgent problems through the construction of such public works as roads, clinics, schools, potable water projects, and irrigation. Balaúnde Terry’s government celebrated “the roar of Popular Cooperation’s motors and the noise of picks and shovels” to be heard in the most remote corners of the mountains.44 Yet, unlike other approaches to poverty in the region, the Peruvian program did not emphasize communal initiatives through, for instance, the formation of local leaders and training that could yield the paradigmatic self-help. Ultimately, the program strengthened initiatives that focused on material development and the growth of a state that, through this decentralizing effort, managed to consolidate an administrative structure. Soon, twenty-six major Popular Cooperation centers, and 144 basic centers, appeared all over the country.45 This structure was similar to other Belaúnde initiatives throughout the decade that sought to strengthen the state while developing policies of territorial integration in keeping with the “Conquest of Peru by Peruvians” as championed by Belaúnde’s Acción Popular party.46 For all of these projects, Belaúnde Terry relied on Peace Corps collaboration. The more than 2,600 volunteers who arrived in Peru in the 1960s became involved in dozens of communities, especially in the Andes and in large cities such as Lima and Arequipa.47

42 Octavio Mongrut, Fernando Belaúnde Terry, 197. 43 Complementing Cooperación Popular, Belaúnde launched in 1966 the Plan Nacional de Desarrollo e Integración de la Población Indígena that sought to incorporate the indigenous world into the national society through actions coordinated by the Ministries of Health, Education, and Agriculture. The program’s motto was “The Last Will Be the First.” Much like Cooperación Popular, the program emphasized the improvement of material conditions through the development of irrigation works, bridges, roads, as well as supervised credit for artisans and agriculture. Octavio Mongrut, Fernando Belaúnde Terry, 217. 44 3 años de Cooperación Popular, 1 and 2. 45 Octavio Mongrut, Fernando Belaúnde Terry, 197. 46 Fernando Belaúnde Terry, La Conquista del Perú por los Peruanos (Lima: Tawantinsuyu, 1959). 47 “Twelve Year Summary,” 4.

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At the same time, though, the Peruvian initiative was among the huge governmental projects in South America that differed the most from the paradigms of community intervention which motivated the volunteers. As will be discussed below, these differences generated more than a few conflicts. Acción Comunal (Communal Action) in Colombia was another ambitious development project that collaborated with the Peace Corps. Indeed, Colombia received more volunteers than any other Latin American country in the 1960s. The Colombian government had launched the project in 1958 in response to discussions that emerged within Colombian society about the establishment of nationwide planning criteria.48 A 1958 law authorized municipal councils, departmental assemblies and the national government to confer “functions of control and oversight of certain public services, or certain intervention in the management of these services” on Communal Action councils. The principle of local autonomy thus merged with the extension of state services for small urban and rural communities.49 Underlying the project was the notion of “popular integration.”50 As an agent of the Colombian Ministry of Public Works pointed out, lower classes, and particularly peasants, lacked forms with which to adequately express their problems.51 The initiative therefore intended to create political and social dynamics that incorporated the lower classes. The renowned sociologist Orlando Fals Borda, an enthusiastic defender of Communal Action, stressed in 1961 that “the principal of autonomy, which is fundamental in community development, implies the acknowledgement of talents and strengths of the groups of people who have generally been ignored by the dominant classes.” Fals Borda was not speaking only as a theorist, but rather as a precursor of social intervention projects. Indeed, at the time, he was working on development projects in the rural neighborhood of Suació in the municipality of Chocontá (Cundinamarca) and had a deep influence on the initial phase of this large government project.52

48 In Colombia, Lauchlin Bernard Currie became one of the great precursors of social planning, which ceased to be the exclusive providence of politicians and involved the work of academics and intellectuals. Currie encouraged urban planning, regional development, and environmental studies. He was also the founder of the Centro de Investigaciones para el Desarrollo, established in the Universidad Nacional in 1967. See Elba Cánfora Argandoña, “Lauchlin Currie,” in Pensamiento Colombiano del siglo xx, vol. ii, eds. Guillermo Hoyos, Carmen Millán y Santiago Castro (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 169-196. 49 Legislación Nacional Sobre Acción Comunal (Bogotá: Imprenta Nacional/Ministerio de Gobierno, 1970), 9-33. 50 Acción Comunal 1960-1966. Bogotá d.e. una ciudad en marcha para beneficio de todo el país (Bogotá: Talleres Editoriales Distrito Especial de Bogotá, 1967), 76. 51 Robert A. Karl, “State Formation, Violence, and Cold War in Colombia, 1957-1966” (Ph.D. Dissertation, Harvard University, 2009), chapter 7. The author generously shared his unpublished dissertation. 52 Orlando Fals Borda, Acción comunal en una vereda colombiana: su aplicación, sus resultados y su interpretación (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1961), iii-iv.

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Communal Action was defined as “the result of communities taking charge of their own problems and organizing in order to solve them, developing their own resources and potential, and utilizing resources outside the communities.”53 This approach hoped to discard state paternalism—“this is not charity”—in favor of the principles of “solidarity,” an emphasis that ref lected, in part, the presence of Catholic priests. Interestingly, this was also part of the Chilean project Promoción Popular (Popular Promotion), to be addressed below. Government authorities were to act only as “coordinators, promoters, guides, and supporters of community efforts.” In sum, this was an initiative in which the state made the community responsible to “identify its needs and how to address them.” In theory at least, these ideas coincided with the predominant concepts in the Peace Corps volunteers’ training. The United States showed its enthusiasm for Communal Action by sending volunteers and showcasing the program in Peace Corps related publications.54 To the degree that Colombian officials embraced the collaboration of volunteers in this grand government project, the National Front governments received credit and economic cooperation in exchange for reforms.55 The project was relatively successful. In 1961, 1,456 Communal Action councils had been established; five years later, the number reached 8,812 and surpassed 15,000 in 1970.56 This expansion occurred in tandem with the growing presence of the Peace Corps, and as had happened in Peru, it helped consolidate the power of the state. It is important to note that the Peace Corps did not work exclusively with governmentdriven projects such as Communal Action; especially in the early part of the decade, it also worked with the National Federation of Coffee Growers, an institution that had worked for decades to improve living conditions and to address social and economic problems in the country’s coffee-growing regions. However, the coffee growers in Colombia, much like the Popular Cooperation in Peru, aimed only to improve the material conditions in rural communities. They financed an important part of the projects but, unlike the Peruvian case, did not actively involve the communities.57 Indeed, hired labor constructed everything,

53 “Acción Comunal,” Colombia Campesina vii: 19 (1960): 13. 54 Acción Comunal en Colombia. Progreso por propio esfuerzo (Bogotá: Alianza para el Progreso, ca. 1965), n/p. 55 John V. Kofas, The Sword of Damocles. U.S. Financial Hegemony in Colombia and Chile, 1950-1970 (Wesport: Praeger, 2002), 37-51. 56 Camilo Borrero García, Acción Comunal y política estatal: ¿un matrimonio indisoluble? (Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, 1989), 32. 57 Morris I. Stein, Volunteers for Peace. The First Group of Peace Corps Volunteers in a Rural Community Development Program in Colombia, South America (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1966), 86-87.

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which led to tensions with volunteers who argued that the approach increased community dependence on producers without strengthening the organizational and political potential of community members.58 In Chile, the government of Eduardo Frei Montalva (1964-1970) sought to incorporate marginalized sectors through the creation of organizations such as neighborhood councils, unions, mothers’ clubs, cultural centers and cooperatives. Independent organizations within the Catholic Church had been sponsoring similar organizations with the participation of Peace Corps volunteers from 1961 to 1964. Popular Promotion followed Social-Christian thinking that emphasized solidarity over private and governmental paternalism. It aimed to “recognize and promote institutions; create and grant services and resources, when necessary, so that the people can organize and assume their position in a modern society.”59 Frei Montalva and his government appropriated many of the principles of community work that came from Catholic think tanks.60 The intellectual circle of the Belgian priest Roger Vekemans, who resided in Chile, was particularly influential. Instead of attributing social problems to capitalist exploitation, Vekeman argued they reflected conditions of marginality, understood broadly to include social, economic and political marginalization. Marginality, he argued, explained why a large portion of the impoverished population had not taken part in the country’s modernization process and had instead suffered internal social disintegration. Social scientists posited that this disintegration entailed a “situation of non-participation,” which extended to the plane of “enjoyment and utilization of spiritual and material goods” including decision-making in the political sphere and personal activities and interests.61 The development of community bases could activate these groups and foment their incorporation and future integration in the path to modernity.62 As the ruling Christian-Democrats declared at the time, this was the only way to give “voice to the masses with which to dialogue with the government and participate effectively in the Liberation Revolution.”63

58 Morris I. Stein, Volunteers for Peace, 86-87. 59 Promoción Popular. Hacia la comunidad organizada (Santiago: Consejería Nacional de Promoción Popular, ca. 1965), 7. [Colección documentos Núm. 1, 3ª edición]. 60 On Eduardo Frei Montalva and his administration, see Cristián Gazmuri, [with Patricia Arancibia and Álvaro Góngora], Eduardo Frei Montalva y su época, 2 vols. (Santiago: Aguilar, 2000). 61 Angélica Cabalá, Estudio de participación dentro de un tipo de asociación voluntaria: Junta de Vecinos (Santiago: Conserjería Nacional de Promoción Popular, 1968), 1. 62 Roger Vekemans and Ramón Venegas, Seminario de Promoción Popular (Santiago: Desal/Secretaría General/ Departamento de Difusión, 1966), 1-8. 63 “La Democracia Cristiana y la Revolución en Libertad,” Juventud Demócrata Cristiana 1: 1 (1965): 46.

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Upon assuming the presidency in late 1964, Frei Montalva quickly established the Popular Promotion National Council whose purpose was to create and strengthen different types of community-based organizations in Chile in order to incorporate them into the institutions of power.64 As the president declared, “The family, the neighborhood, the municipality, the labor union, the region, the private company are all assets that must be fully expressed. They must take on responsibilities and participate in all economic, social, cultural, and political processes.”65 Consequently, neighborhood assemblies and mothers’ clubs experienced significant growth, as did labor unions, which increased from 634 in 1964 to 1,440 in 1970.66 Seeing this development, the Peace Corps set aside its initial work with organizations tied to the Catholic Church in order to collaborate with universities, the Forestry Institute, the Corporation of Agrarian Reform, the Direction of Indigenous Affairs, the Housing Corporation, the National Health Service, the Ministry of Education, and other governmental institutions focused on redistributing public resources.67 The Office of National Planning, established by the Frei administration, became the government’s technocratic center that subsequently defined the areas and institutions with which Peace Corps volunteers would work.68 These are just three examples of large government projects in South America (Bolivia, with its National Program of Community Development,69 and Ecuador carried out similar programs) that served as umbrellas for the placement of thousands of volunteers in urban and rural communities. These cases hardly represent the multiplicity of community development actions of the period, but they do provide a good idea of the varied approaches to community development that existed in South America, as well as their autonomous nature. These programs also show that the Peace Corps worked in countries where community development was very close to local interests. Indeed, the volunteers arrived on a terrain that was fertile for community action.

64 Angélica Cabalá, Estudio de participación, 9. 65 Eduardo Frei, Dos discursos: Marcha de la Patria Joven y Proclamación de los profesionales y técnicos en el Teatro Caupolicán (Santiago: Editorial del Pacífico, 1964), 46. 66 Luis Moulian and Gloria Guerra, Eduardo Frei M. (1911-1982). Biografía de un estadista utópico (Santiago: Sudamericana, 2000), 184. 67 “Program Memorandum. Chile Part ii,” 1967, in nara ii, rg 490, Country Plans, 1966-1985, Box 10, Folder “Chile 1967-1972,” 1-76. 68 Patricio Silva, En el nombre de la razón: tecnócratas y política en Chile (Santiago: Universidad Diego Portales, 2010 [2009]), 131. 69 G. F. Baumann, “The National Community Development Programme in Bolivia and the Utilization of Peace Corps Volunteers,” Community Development Journal 5: 4 (1970): 191-196.

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3. Confronting and Connecting Realities Once in South America, thousands of young volunteers encountered the challenge of facing poverty in urban and rural communities. Despite their links to a U.S. governmental organization that required constant reports and work evaluations, they enjoyed relative autonomy in their daily lives. The majority were recent college graduates; they brought idealism, as well as diverse and pragmatic interests. As Elizabeth Cobbs Hoffman points out, many were motivated to enlist in the Peace Corps by a spirit of adventure that complemented their individual goals and objectives.70 In this sense, their personal motivations and life projects combined with the mission of the Peace Corps, despite intentions in Washington to reduce them. Indeed, the young people eagerly wanted to leave a tangible legacy in the communities where they worked. When their personal ideals clashed with the complex realities they encountered, this impatience led to a high degree of frustration. This was apparent early on among the Peace Corps staff, as an evaluator in Chile noted, recommending the setting of realistic goals because “several have naively high notions of what in fact can be accomplished in the American environment, much less what can be done in a developing society.”71 Frustrations grew when volunteers felt that their training was insufficient for the realities they encountered. Improvements were made during the decade but the problem still existed as late as 1967. Gerold Baumman, director of the Peace Corps in Bolivia, celebrated new curriculum at Utah State University that aimed to provide the technical skills that he required of volunteers: “This is a refreshing experience compared with the non-existing relationships that at times existed between field and training site.”72 But the problem went beyond technical training. Volunteers often complained about how little they knew about the local organizations and political practices that directly impacted their work since most ended up working with the government-run community development programs described above. Volunteers were also frustrated to discover that behind community development projects, such as Promoción Popular in Chile, lay a clearly political background. Indeed, this discomfited some volunteers who rather naively believed they were part of an apolitical crusade. Their community development training in the United States had emphasized a

70 Elizabeth Cobbs Hoffman, All You Need is Love, 123. 71 “Chile. Evaluation Report,” 1963, in nara ii, rg 490, Peace Corps Evaluations, Country Program Evaluations 1963, Box 3, Folder “British Honduras-Costa Rica,” 62. 72 “Letter of Gerold Baumann to John F. Dwan, Assistant Project Director, Peace Corps Training Program, Utah State University,” 22 September, 1967, in Lyndon B. Johnson Presidential Library (lbj), Austin-United States, Personal Papers of Gerold F. Baumann, Box 1, Folder “Chronology File: June-Oct 1967,” n/f.

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discursive stripping of ideology, and they were surprised to find that the community work in South America had political ends. Volunteer Jan Bales, who worked in Chile in a project to establish mothers’ clubs in outlying neighborhoods of Santiago, complained about the fact that politics distorted community intervention. “I observed this mothers’ club in action and was struck by the inadequacy of the material and presentation of Eleonor (a girl I like), but she and other middle class do-gooders here seem to be missing the boat when it comes to defining these people’s real needs.”73 Other frustrations sprang from the difficulty of adapting paradigms learned in American universities to local realities on the ground. Interventions in South America emanated from different notions of community development, which, combined with paternalistic state practices, led community members to expect that volunteers would help them in whatever ways they considered necessary. A local storeowner in Villa Rivero (Bolivia) surprised volunteer Stuart Goldschen by saying that he “had never heard of the Peace Corps, and after listening to our explanation, he thought we were missionaries who had brought money to help the people. He seemed to accept the fact that we were here to help where possible without the use of heavy financial aid, but he didn’t really believe it.” Frustrated, Goldschen contrasted the storeowner’s view with his own action plan that reflected the paradigms he had learned during his training. Goldschen was “interested in developing an attitude of progress that would endure more than a physical symbol of monetary response that would wither away. It was a longrange goal and a difficult one to achieve.” Nonetheless, his insensitivity to the cultural reality he encountered, in addition to his adherence to the theoretical intervention strategies he had learned, caused significant difficulties. For example, when his neighbors asked him for poison to kill vincuchas (triatoma infestans, a parasite known as the “Kissing Bug” in English), he accepted but insisted that they pay for it. Even though the poison was inexpensive, he wanted to “avoid the misconception later that the new gringo was in town to give away money and goods.” He made explicit his concern when he noted that, “We would never institute self-help programs among the people if we couldn’t teach them to tap their own resources before seeking help.”74 The frustration was greater still when the tenets of community development caused problems regarding cultural insensitivity or misunderstandings of the context of communities. One group of volunteers wanted to maximize profits for a mountain community in Peru by strengthening its ceramics production, but got caught up in a real disaster when the

73 Fred Bales and Jane Bales, Chilean Oddissey, 54-55. 74 “Face to Face: The Diary of a Peace Corps Volunteer in Bolivia by Stuart Goldschen,” in jfk, Returned Peace Corps Volunteers, Box 36, Folder “Bolivia. Goldschen, Stuart. Diary of pc Volunteer: Face to Face,” 24, 35 and 39.

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neighboring indigenous community accused them of witchcraft. The volunteers “had developed a high-firing kiln which will better preserve the glaze on the local pottery and thus give the people a better market in Lima.” Nonetheless, by pushing a market-driven notion of production, they altered the relationships among mountain communities that practiced the same trade. Then, as a report noted, “rival potters, have spread the word that the Peace Corps Volunteers are witches.”75 An incident in Vicos, Peru, where a group of volunteers was expelled, was even more serious. Together with the government of Peru, Cornell University had established an experimental anthropology project in this mountain community.76 The project sought to break a chain of social and economic problems by quickly bringing the “sixteenth-century feudal society” into twentieth-century civilization, as a Washington Post article dramatically put it.77 In 1962, Peace Corps volunteers arrived in Vicos; after a year of work, reports in the U.S. press suggested that everything was going well. New York Times correspondent Juan de Onis enthusiastically wrote that “the Indian peasants of this Andean community have moved in a decade from servitude and subsistence agriculture to self-government, a share in the money economy and ownership of the land they work.”78 However, a group of volunteers were determined to develop the community through production projects that ignored the environment and local cultural realities. The volunteers seized an opportunity to buy land with hot springs near Chancos, where they decided to resuscitate an old hotel and establish a restaurant. They drew up a business plan, certain that the rest of the community would share their enthusiasm. The community accepted the project reluctantly, without understanding that the profits “would go into community coffers.” Through the volunteers’ efforts, the community secured two loans, including one from the Bank of America, with which to buy the land and refurbish the hotel. These loans generated deep distrust, but the volunteers further antagonized the community by imposing strict work norms on the indigenous laborers they directed. They fired workers who were “lazy” and drank alcohol, including the community’s most respected leaders.79

75 “Memorandum Peace Corps Country Director in Peru to Jack Vaughn,” in nara ii, rg 490, Records of the Peace Corps Latin America Regional Office, Correspondence of the Peace Corps Director Relating to Latin America, 1961-1965, Box 4, Folder “rss & www chron file la may 1964,” n/f. 76 Henry F. Dobyns, Paul L. Doughty y Allan R. Holmberg, Measurement of Peace Corps Program Impact in the Peruvian Andes. Final Report (Cornell: Cornell University, ca. 1966), 59-60. 77 “Peruvian Indians are Studied,” The Washington Post, Washington, 17 December, 1956, A1. 78 Juan de Onis, “Indians in the Andes Advance from Peonage,” The New York Times, New York, 5 September, 1963, 3. 79 Paul L. Doughty, “Pitfalls and Progress in the Peruvian Sierra,” in Cultural Frontiers of the Peace Corps, ed. Robert B. Textor (Cambridge: The mit Press, 1966), 235.

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The Lima press widely published the consequences. Robert Roberts, who thought up the project, and seven other volunteers had to flee Vicos because of threats of violence and were later expelled from Peru entirely. As much as the Regional Director for the Peace Corps in Latin America, Frank Mankeiwicz, tried to give it a positive spin, the experiment was a total failure. He defended his position saying, “I think it was a great triumph for community development. Where else will the native population vote out gringos? And in their own language!”80 Not all the relationships between Peace Corps volunteers and the institutions they worked with were so conflictive. Otherwise, it is doubtful that 20,000 volunteers would have arrived in South America in a single decade. Many volunteers were able to comprehend the need to adapt to the realities they encountered. In a “Pragmatic Approach to Community Development in Peru,” it was noted for example that “with less and less presumptuousness and increasing humility the Peace Corps in Peru have recognized that refined arts of Community Development, learned in a highly developed technological society, did not apply per se in the land of the Incas.”81 Elsewhere, in the mountains of Ecuador, for instance, volunteers learned to appreciate and take advantage of traditional communal collaboration. One volunteer acknowledged that the idea of self-help was already an integral part of mountain communities in the form of the minga, “a collective work party sometimes representing the entire community that works on projects of common benefit.” His positive description, and ability to make use of the minga, was clear in his account: “Nearly every able-bodied man and boy from Buena Vista and the surrounding neighborhood was there. Everyone was hacking away with some kind of tool which was anything from a machete, ax, berretta, shovel or hoe.”82 Other volunteers carried out successful projects by working with institutions such as the Catholic Church, while still others knocked on the doors of ngos, as well as various public and private institutions to request material support, among other things. Volunteers called on usaid, care, foundations and ngos that were willing to provide materials for educational projects and community development initiatives. In order to advance their projects, volunteers took advantage of the support among Peace Corps authorities for such alliances.83 In this

80 “An explanation of Community Development as it is practiced by the Peace Corps in Latin America by Frank Mankeiwicz, Regional Director Latin American Programs,” in lbj, Personal Papers of Gerold F. Baumann, Box 20, Folder “Peace Corps in Latin America: Reports and Projects,” 6. 81 “The U.S. Peace Corps in the Slums of Latin America: A Pragmatic Approach to Community Development,” in lbj, Personal Papers of Gerold F. Baumann, Box 20, Folder “Peace Corps in Latin America: Reports and Projects,” 2. 82 “Tom Trail. The pcv in Ecuador. The Voice of Experience,” 1964, in jfk, Returned Peace Corps Volunteers, Box 63, Folder “Tom Trail. The pcv. in Ecuador. The Voice of Experience,” 18-19. 83 “Tom Trail. The pcv. in Ecuador. The Voice of Experience,” 2.

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way, Peace Corps volunteers formed part of what Akira Iriye has called a global community characterized by individuals and institutions that pushed toward a global interconnectedness, in this case for the global war on poverty.84

Conclusion The presence of young Peace Corps volunteers gave rise to a dialogue between different existing paradigms and connected varied community development efforts—private and public—both in the United States and in South America. They brought ideas that were shared with local developers both on the ground and through training programs. These training programs (formal and informal) linked them with private institutions and efforts including the Catholic Church, trade associations, ngos and public programs. In this sense, the Peace Corps collaborated in the broad process of connecting diverse spaces and efforts that constituted a global fight against poverty. As Yun Casalilla has underscored, “what could really lead to a new global history, in precise terms, is the study of the interaction between distant areas, situated in diverse cultural contexts all over the world, taking up the effects of these at a local level.”85 To the degree that its volunteers operated as connectors of diverse forums where the problems of community development were discussed, the study of the Peace Corps clearly reveals this process. This is a phenomenon best grasped through a global perspective. As A. G. Hopkins argues, “globalization was a multi-centered phenomenon and that, even today, it can be understood fully only by recognizing that it is not simply the result of a dominant center activating lesser peripheries, but is jointly produced by all parties to the process.”86 This did not occur uniformly; every global phenomenon has different rhythms and densities. What ultimately becomes global originates in the local. Along these lines it could be argued that, unlike the argument found in many narratives about the Peace Corps, the political and social realities that volunteers encountered in countries like Chile, Colombia and Peru decisively shaped not just the realms and environments where they worked but the way they did community development as well.

84 Akira Iriye, Global Community. The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World (Berkeley: University of California Press, 2002). 85 Bartolomé Yun Casalilla, “Localism, Global History and Transnational History. A Reflection from the Historian of Early Modern Europe,” Building on the Past Online Papers 3 (2007): 4. 86 A G. Hopkins, “Introduction: Interactions between the Universal and the Local,” in Global History. Interactions between the Universal and the Local, ed. A .G. Hopkins (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 5.

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The conflicts that emerged about how to approach community development, together with the autonomy with which South American governments and institutions carried out their own projects, show that the Peace Corps was not an isolated organization that acted according to unidirectional intervention designs. On the contrary, only the broad context of a truly global war on poverty—in which multiple institutions and individuals interacted, joined efforts, clashed, and conflicted—can elucidate the actions of Peace Corps volunteers during the 1960s.

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El reformismo doctrinario en el Ejército colombiano: una nueva aproximación para enfrentar la violencia, 1960-1965 Ï

Pablo Andrés Nieto Ortiz

Docente de la maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). Antropólogo y magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es candidato a doctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Miembro del Grupo de Investigación Sujetos y Nuevas Narrativas en la Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales (Categoría A en Colciencias). Formó parte del Equipo de investigación del Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación: La tierra en disputa. Memorias del despojo y de la organización campesina en la Costa Caribe 1960-2010 (Bogotá: Taurus/Semana/cnrr/Memoria Histórica, 2010). Es autor del artículo “Memorias y formas de construcción social del territorio. Ideas para el debate”, Persona y Sociedad 26: 3 (2012): 67-84. nietoortiz@gmail.com

Artículo recibido: 01 de abril de 2013 Aprobado: 02 de julio de 2013 Modificado: 19 de julio de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.07

Ï El presente artículo es producto de la tesis de maestría en Historia presentada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Fue financiado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso) Buenos Aires-Argentina, en el Programa de Becas clacso-asdi, concurso “El papel de las Fuerzas Armadas en América Latina y el Caribe”, en 2004.

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El reformismo doctrinario en el Ejército colombiano: una nueva aproximación para enfrentar la violencia, 1960-1965

El reformismo doctrinario en el Ejército colombiano: una nueva aproximación para enfrentar la violencia, 1960-1965 Resumen: El artículo tiene como objetivo analizar el proceso de transformación del Ejército colombiano entre 1960 y 1965, el cual estuvo marcado por decisiones políticas de los gobernantes, por la intervención política de las Fuerzas Militares y por apuestas fácticas desarrolladas por el cuerpo castrense para eliminar las primeras guerrillas revolucionarias. Se pretende argumentar, así, dos tesis. Por un lado, que la relación entre el Ejército y el gobierno civil no fue unívoca en un período de transición institucional, y, por el otro, que la subordinación política y la autonomía militar fueron quebrantadas por la intromisión de militares en el campo político, y de gobernantes en lo militar. Palabras clave: Ejército, guerra revolucionaria, subordinación política, autonomía militar, violencia.

Doctrinarian Reformism in the Colombian Army: a New Approach to Face Violence, 1960-1965 Abstract: The objective of this paper is to analyze the transformation process of the Colombian Army between 1960 and 1965, which was driven by the political decisions of the rulers, the intervention of the Armed Forces, and by factual gambles made by the military to eliminate the first revolutionary guerillas. Through this, we expect to argue two hypotheses: first that the relationship between the Army and the civilian government was ambiguous during a period of institutional transition; and, second, that political subordination and military autonomy were breached by the intromission of military players in the political scene, and by rulers in the military scene. Keywords: Army, revolutionary war, political subordination, military autonomy, violence.

O reformismo doutrinário no Exército colombiano: uma nova aproximação para enfrentar a violência, 1960-1965 Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o processo de transformação do Exército colombiano entre 1960 e 1965, o qual esteve marcado por decisões políticas dos governantes, pela intervenção política das Forças Militares e por apostas fáticas desenvolvidas pelo corpo castrense para eliminar as primeiras guerrilhas revolucionárias. Assim, pretende-se argumentar duas teses. Por um lado, que a relação entre o Exército e o governo civil não foi unívoca em um período de transição institucional e, por outro, que a subordinação política e a autonomia militar foram enfraquecidas pela intromissão de militares no campo político e de governantes no militar. Palavras-chave: Exército, guerra revolucionária, subordinação política, autonomia militar, violência.

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El reformismo doctrinario en el Ejército colombiano: una nueva aproximación para enfrentar la violencia, 1960-1965

Introducción

A

.lo largo de la primera mitad de la década de 1960, la presencia cada vez más activa de guerrillas de corte revolucionario hizo consolidar una posición doctrinaria más certera al Ejército colombiano para combatirlas. El cuerpo castrense viró desde posiciones meramente militaristas y de “tierra arrasada”, promulgadas especialmente por dirigentes políticos con incidencia en el Ejército, hasta posiciones más conciliadoras, estableciendo la causa de su presencia en las condiciones objetivas del país, siendo el mayor exponente el general y ministro de Guerra Alberto Ruiz Novoa. De ahí, que en el presente artículo se pretenda evidenciar dos visiones poco conciliadoras —una guerrerista y la otra basada en la necesidad de buscar transformaciones políticas para frenar a las nacientes guerrillas—, en donde el papel protagónico de Ruiz Novoa resulta decisivo para entender las transformaciones en la doctrina militar del Ejército colombiano durante 1960-1965.

1. Un punto de vista desde la élite política: el Ejército colombiano y su posibilidad de derrotar la violencia revolucionaria Desde inicios de la década de 1960, el posicionamiento político y militar del cuerpo castrense sobre los movimientos armados ilegales tuvo un cambio radical. Si bien éstos no lograban abarcar todo el país y aún no era claro un proceso de transformación desde las estructuras del Estado, con el surgimiento de los primeros movimientos de guerrillas de corte izquierdista, táctica y estratégicamente el Ejército colombiano cambió sus móviles políticos e ideológicos1. Como lo afirmó Steven Rooks, mayor del Ejército de Estados Unidos, citado por el entonces coronel Álvaro Valencia Tovar, a raíz de una visita que realizó a la zona de Marquetalia, en el sur del departamento del Tolima, “en la guerra de guerrillas revolucionarias más que nunca, cualquier organización militar depende de las capacidades y aptitudes de los individuos que

1

Adolfo Atehortúa Cruz, “Los estudios acerca de las Fuerzas Armadas en Colombia: balances y desafíos”, Análisis Político 51 (2004): 19.

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buscan como objetivo final el cambio y la transformación del Estado”2. En otras palabras, la guerra irregular buscaba poseer la mente del hombre: “hay que luchar por la mente humana en el campo estratégico y conducir una victoriosa guerra en el orden táctico. Quien posea el pensamiento de los ciudadanos ha ganado la batalla”3. En este nuevo panorama, la doctrina de la Defensa Nacional tuvo un cambio significativo dentro del Ejército. Como lo expresó el citado Valencia Tovar en un artículo publicado en la Revista de las Fuerzas Armadas: “Con la guerra de guerrillas ya no se trata de articular la maniobra de grandes masas de hombres y de material hasta encontrar el acto estratégico que permita imponer la voluntad del adversario. Se trata ahora [con la guerra de guerrillas] de la combinación invisible de presiones sicológicas, del manejo de fuerzas políticas, de la penetración ideológica sobre la mente del hombre [...] ahora la guerra es más política que militar”4.

Si bien el Ejército colombiano optó por una estrategia de guerra psicológica contra el adversario que combatía, la posición que tomó la élite política frente a la violencia y el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas se resumió en “mano dura” y “justicia por vía de las armas”. El senador Hernando Navia, por ejemplo, propuso reformar el sistema carcelario y la rama judicial, mientras que los senadores Jaime Pava Navarro, José Domingo Liévano y Delio Andrade coincidieron en señalar la impunidad como una de las principales causas de la violencia y de la falta de éxito de las operaciones del Ejército contra “los bandoleros”. Por ejemplo, Jaime Pava Navarro, recordando una frase del senador Mosquera Chaux, según la cual el Gobierno no había hecho cuanto era posible, consideraba que la situación se complicaba aún más cuando era evidente que la ciudadanía, al tratar de cooperar, era dejada a su propia suerte5. Mientras que José Domingo Liévano, quien había sido gobernador del departamento del Huila y que para aquel entonces tenía el cargo de senador de la República, planteó que la violencia estaba resurgiendo y que el Ejército no tenía los medios necesarios para enfrentarla. Ante esta situación, su propuesta era contundente: “armar a los campesinos, formar grupos civiles que sirvieran como guías al Ejército”. En el mismo sentido, el gobernador del Huila, Guillermo Ortega, pidió armas que deberían estar bajo el control absoluto de los campesinos6.

2

Álvaro Valencia Tovar, “La guerra contrarrevolucionaria. Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria”, Revista del Ejército 5: 15 (1962): 540.

3

Álvaro Valencia Tovar, “La guerra contrarrevolucionaria”, 556.

4

Álvaro Valencia Tovar, “Defensa nacional y guerra revolucionaria”, Revista de las Fuerzas Armadas 8: 24 (1962): 397.

5

Jaime Pava Navarro, “El gobierno anuncia batalla final contra los violentos”, El Tiempo, Bogotá, 15 de agosto, 1962, 2.

6

Estas propuestas fueran descritas también por Jaime Pava Navarro, “El gobierno anuncia batalla”, 8.

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No obstante, para algunos oficiales la percepción que la élite política tenía de las Fuerzas Armadas resultaba completamente desoladora y contraria a los cambios que se estaban operando en su interior. Consideraban, por el contrario, que el Ejército había sido frecuentemente abandonado a su propia suerte, sin recibir del Estado y de la opinión pública el impulso y la orientación que necesitaba. Un punto de vista que también se observaba en los medios de comunicación escritos de aquella época. Por ejemplo, en el periódico El Tiempo “Calibán” pedía una reformulación de la táctica y la estrategia militares: “Es desde las Fuerzas Armadas donde deben fundarse las reformas políticas, económicas y administrativas; de nada le serviría al Ejército ganar una escaramuza si no comprende que las formas de la guerra reflejan las condiciones que la engendran. De esta forma, para definir el papel de las Fuerzas Armadas, lo primero es estudiar el concepto de Nación; para plantear y llevar a la práctica la unión Fuerzas Armadas-pueblo resulta necesario definir la idea de Nación”7.

Aparte de los procesos de transformación doctrinal del Ejército y de las posturas frente a la presencia de la violencia, en este contexto se debatía la subordinación política del Ejército de manera contradictoria por el Gobierno colombiano. Si bien los gobernantes habían planteado que “cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo primero que se quebranta es su unidad […] La política mina la moral y la disciplina de las Fuerzas Armadas”8, al mismo tiempo sostenían que “El Ejército es arrancado del pueblo, movido por un interés superior que el de la simple defensa primitiva. Ese interés superior, esa idea más alta, ese sentimiento más ambicioso, ese propósito, puede llamarse también idea política”9. Pero resultaba insostenible reducir al Ejército a ser sólo agente de ejecución de una política en la cual no tendría parte; este papel puramente instrumental resultaría impracticable e impensable en la sociedad de la época. El coronel Valencia planteaba: “Un soldado digno de ese nombre y particularmente ese soldado-ciudadano de una democracia, no puede ser ni un mercenario indiferente al color de la bandera que sirve, ni un esclavo que se utiliza sin su consentimiento”10. Sin embargo, viabilizar los postulados sobre el papel de la institución castrense en la sociedad política resultaba casi imposible. El coronel Enrique Ruano Monzón arguyó la necesidad de relacionar el Ejército y practicar su incidencia en la política misma de la Nación:

7

Calibán, “Danza de las Horas”, El Tiempo, Bogotá, 23 de febrero, 1962, 2.

8

Jaime Piedrahíta, “El Ejército y la Nación”, La Nueva Prensa 80-81 (1962): 5.

9

Jaime Piedrahíta, “El Ejército y la Nación”, 5.

10 Álvaro Valencia Tovar, “Editorial”, El Tiempo, Bogotá, 7 de agosto, 1962, 2.

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“Nuestras fuerzas militares son insuficientes, mal armadas y mal equipadas. Es verdad que el territorio nacional está dividido en zonas que corresponden a unidades operativas. Pero ya hemos experimentado que cuando se presenta un problema de orden público dentro de la jurisdicción de una brigada, nos hemos visto precisados a debilitar otras para atender a la región afectada […] Para una acción antirrevolucionaria, anticomunista, antiguerrillera, no es suficiente una acción militar; se hace necesario que todas las fuerzas vivas de la Nación colaboren para el éxito de la campaña. Debemos recordar que en la guerra revolucionaria el problema no radica en la destrucción de las tropas rebeldes; el problema está en el dominio de la población que apoya esta guerra, el que la domine ya ha ganado”11.

Así, pues, se planteaba la falta de autonomía de las Fuerzas Armadas, que podía llevar a la violencia, a la que debía sumarse, para el general Ruiz Novoa, la existencia de impunidad y silencio de los campesinos colombianos. Así, “[…] el día que se logre la cooperación de los campesinos, la fuerza pública terminará con la violencia”12, dijo Ruiz Novoa cuando se organizaron los primeros comités cívico-militares en Colombia. De igual forma, estableció que la violencia también se debía a la debilidad del propio Estado, pues a su juicio, la violencia se fundamentaba no sólo en la carencia de herramientas para enfrentar el conflicto, sino en que el Estado no tenía recursos adecuados en materia de justicia penal, y que los códigos y procedimientos no se correspondían con las necesidades del momento13. Si bien el Ejército debatió continuamente la forma de hacerles frente a las nacientes guerrillas de corte revolucionario, a la alta impunidad y a su fragilidad institucional, los mecanismos proporcionados para llevar a buen término esta tarea hicieron que el cuerpo castrense optara por descifrar al enemigo desde la doctrina anticomunista y la búsqueda de mecanismos de reformismo social y político en el país. A este respecto, Alberto Lleras Camargo, en un discurso pronunciado en mayo de 1958, planteó que todas las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, deberían servir a un “Propósito Nacional”. La Doctrina de Defensa Nacional fue inspirada por este propósito, es decir, se creía que sin justicia social no se podía producir reforma social alguna, y sin ésta posiblemente se favorecería al comunismo. En este

11 Enrique Ruano Monzón, “La guerra revolucionaria en Colombia”, Revista del Ejército 2: 10 (1962): 33. 12 Alberto Ruiz Novoa, “La impunidad: ¿para qué lo encarcelo si yo lo entro por una puerta el juez lo libera por la otra?”, El Tiempo, Bogotá, 4 de agosto, 1962, 2. 13 Alberto Ruiz Novoa, El gran desafío (Bogotá: Tercer Mundo, 1965), 76.

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orden de ideas, la defensa contra el comunismo no estaba exclusivamente en la fuerza de las armas, sino además en la eliminación de las desigualdades sociales del país14. En este contexto, se hacía ahora necesaria una nueva concepción de las Fuerzas Armadas que debía partir de un verdadero diagnóstico social, con una doctrina que debería estar determinada por la relación con la sociedad a partir de la solución de sus problemas inmediatos15. Así, poco a poco fue surgiendo un “nuevo profesionalismo” determinado por las condiciones sociales, políticas y económicas de la Nación (ver tabla 1). Tabla 1. Modelos de profesionalismo militar en Colombia Viejo profesionalismo “Escuela Tradicional”

Nuevo profesionalismo “Escuela Coreana”

Función de los militares

Seguridad externa y salvaguarda de la soberanía

Seguridad interna y desarrollo económico

Actitudes de los civiles para con el gobierno

Aceptan la legitimidad

Segmentos desafían la legitimidad

Capacitación militar exigida

Altamente especializada e incompatible con la capacitación política

Capacitación política y militar interrelacionada

Impacto de la socialización profesional

Los militares políticamente neutros

Politiza a los militares

Impacto en las relaciones entre civiles y militares

Formación de un militar apolítico y bajo el control de los civiles

Manejo político-militar

Fuente: César Torres del Río, Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional (Bogotá: Planeta, 2000), 103.

2. El debate en torno al libro La Violencia en Colombia En este contexto de cambios y transformaciones militares, al coronel Álvaro Valencia Tovar, posteriormente comandante de la Escuela de Infantería, se le encomendó en agosto de 1962 redactar un informe sobre el reciente libro La Violencia en Colombia, publicado por Germán Guzmán, Eduardo Umaña y Orlando Fals Borda. Si bien el Coronel reconoció que

14 Elsa Blair, Conflicto armado y militares en Colombia. Cultos, símbolos e imaginarios (Medellín: cinep/Universidad de Antioquia, 1999). 15 Osiris Villegas, La guerra comunista (Bogotá: Librería del Ejército, 1965), 64.

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el libro era el primer estudio profundo sobre la violencia, también formuló críticas relacionadas con su impacto en la opinión pública y frente al papel de las Fuerzas Armadas. La revista La Nueva Prensa, en un artículo dedicado a Valencia, catalogado “el hombre del año”, realizó una importante reflexión acerca de su informe de este libro, coordinado por monseñor Guzmán. En un aparte del escrito, el Coronel planteó: “El libro producirá las siguientes repercusiones: a) en los círculos intelectuales ajenos a la política, puede constituir un impacto de considerable trascendencia: voces aisladas más o menos influyentes se alzarán en diversas partes en un esfuerzo esporádico y desvertebrado para generar remedios y soluciones; b) en el medio estudiantil, agudizará sentimientos hostiles contra el Ejército. La utilización con sentido demagógico de los errores y horrores que el libro reproduce no puede despreciarse; es recomendable estudiar medidas de neutralización; c) en el medio pol��tico, la obra será utilizada según los intereses de cada corriente; el partido conservador, empeñado en utilizar la violencia, mal puede recurrir a este libro donde se le golpea duramente por su cuota de participación activa en el incendio, el sector minoritario del partido liberal reunido en el mrl es posible el más interesado en una explotación de este pasado bochornoso para desacreditar al enemigo político y atacar al Ejército, para el comunismo este estudio se constituirá en una nueva fuente de nutrición para su campaña de descrédito a las instituciones democráticas, a los partidos tradicionales y a la fuerza pública”16.

Este informe generó en distintos círculos políticos importantes reflexiones por destacadas personalidades del país. Por un lado, recibió elogios provenientes de diferentes sectores sociales y políticos. Por ejemplo, Fabio Lozano Simonelli, editorialista del diario El Espectador, escribió el 12 de agosto de 1962: “El libro no parte de una dimensión entre buenos y malos. Todo análisis de la violencia —tal como lo hizo el coronel Valencia— que no enjuicie a la totalidad de la sociedad colombiana, sufre de una radical e incurable equivocación”17. Mientras que Gonzalo Canal Ramírez llegaría a una conclusión similar a la de Valencia: “todos los colombianos por acción o por omisión, somos responsables de estas víctimas”18. De la misma forma, el procurador Andrés Holguín, en un informe rendido al Presidente, planteó: “es precisamente la estructura social y económica actual la que engendra esa violencia”19.

16 “El hombre del año”, La Nueva Prensa (1963): 55. 17 Fabio Lozano Simonelli, “La Violencia en Colombia”, El Espectador, Bogotá, 12 de agosto, 1962, 4. 18 Gonzalo Canal Ramírez, “Editorial”, El Tiempo, Bogotá, 29 de agosto, 1962, 2. 19 “Editorial”, El Espectador, Bogotá, 23 de agosto, 1962, 4.

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Por otro lado, las repercusiones negativas tanto del libro La Violencia en Colombia como del informe redactado por este Coronel no se hicieron esperar. Así, entre el 21 y el 30 de septiembre de 1962, se realizó un debate en la Cámara de Representantes para discutir el contenido de estos dos escritos, en el que las distintas posiciones se hicieron evidentes. De igual forma, en un editorial del diario El Espectador se planteó que La Violencia en Colombia era una obra sectaria. Unos meses después, en el mismo diario, apareció un artículo del senador Darío Marín planteando que el libro y el análisis realizado por el coronel Valencia Tovar discriminaban políticamente a la oficialidad del Ejército. Y al mismo tiempo afirmaba que las sugerencias del Coronel, de que este libro debía ser considerado como un documento de estudio por el mismo Ejército, eran peligrosas e inconvenientes. En este mismo sentido, los senadores Álvaro Gómez Hurtado, Evaristo Sourdís, Lucio Pabón Núñez, Aurelio Caicedo Ayerbe y Luis Granados le pidieron al Presidente que “destituyera al coronel Valencia Tovar por el contenido del informe y por las exageradas propuestas para la eliminación de la violencia” 20. Como también lo hizo el senador Marín Picio al solicitar que el libro fuera prohibido entre los militares21. El mismo senador sindicó al coronel Valencia por introducir la política en las filas del Ejército, por responsabilizar de la violencia sectaria a los partidos políticos y deliberar contrariando la norma constitucional que lo prohíbe. En respuesta a las críticas formuladas, el general Ruiz Novoa, en sesión plenaria de la Cámara de Representantes, afirmó que la violencia no tenía origen en las Fuerzas Armadas, sino en los senadores, los representantes y los jefes políticos que ordenaron a los campesinos matarse unos contra otros para ganar elecciones, y estableció que un factor negativo para combatir a los bandoleros era la falta de un adecuado sistema de transporte para los militares. Como réplica a lo dicho por el general Ruiz Novoa, el representante Rafael Cerra planteó: “Quiero recordarle general Ruiz Novoa que mientras las patrullas militares carecen en los campos de medios de transporte, acaban de ser importados 500 mercedes benz para que se movilicen por las ciudades los altos oficiales […] quiero recordarle una vez más general que nosotros seguimos elogiando a nuestros soldados y no a esos oficiales que aprovechan su estatus para vivir en cómodas casas y en hermosas oficinas” 22.

20 Calibán, “No he pedido ni pediré la baja, dice el teniente coronel Valencia Tovar, a raíz de su informe del libro La Violencia en Colombia”, El Tiempo, Bogotá, 4 de noviembre, 1962, 2. 21 Marín Picio, Archivo de la Presidencia de la República (apr), Bogotá-Colombia, Fondo Despacho del Presidente, caja Nº 2, Carpeta Reservado, Comando General de las ffmm, Estado Mayor General D-2. 22 Rafael Cerra, “Oficiales y soldados”, El Tiempo, Bogotá, 5 de abril, 1965, 2.

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De igual forma, el senador Raimundo Emiliani arguyó, según lo relatado por Edgar Téllez y Álvaro Sánchez, que “el problema de este país es que los militares se ponen a estudiar sociología y política y comienzan a conspirar después se vuelven políticos” 23. Para profundizar más en el debate surgió una serie de comentarios en defensa del libro y del informe presentado. La revista La Nueva Prensa planteó, el 3 de noviembre de 1962: “El Ejército de Colombia está al mando de sí mismo […] Lo que impide obedecer las órdenes de los directorios políticos, acostumbrados desde 1948 hasta 1953 a manejarlo a su antojo, con el pretexto de que el militar debe obedecer cuanto ordene el poder civil. El Ejército no va a seguir el juego de unos cuantos politicastros. No quiere ser la guardia pretoriana de nadie” 24. Otro punto de vista fue presentado por Gilberto Vieira, secretario ejecutivo del Partido Comunista Colombiano, quien en el semanario La Voz de la Democracia dijo que “el incidente [entre el informe del coronel Valencia y ciertos sectores de la élite política frente al libro La Violencia en Colombia] es sólo un síntoma que pone en evidencia un nuevo proceso de diferenciación del Ejército” 25. También, el representante del Movimiento Revolucionario Liberal, Álvaro Uribe Rueda, escribió en el semanario La Calle, a raíz del debate sobre este informe: “queremos un Ejército independiente que no sea instrumento de partido” 26. Este debate no fue ajeno a los oficiales de las Fuerzas Armadas. El general Pedro Nel Sotomayor estableció que “es falso que el coronel Valencia sea político; lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a aceptar que un militar sea un intelectual”27. El propio Valencia defendió su posibilidad de la deliberación política: “Los oficiales por principio y por formación intelectual somos ajenos a la política. Esto no quiere decir que no nos preocupemos por el acontecer nacional; no podemos estar ajenos a los problemas y a los sucesos y a las cosas que ocurren en nuestro alrededor. El hecho mismo de que tengamos que sostener el orden legítimo, apoyar a las instituciones, devolver la tranquilidad perdida en algunas áreas del país, nos obliga a estar en contacto con la realidad nacional”28.

23 Edgar Téllez y Álvaro Sánchez, Ruidos de sables (Bogotá: Planeta, 1997), 112. 24 “En defensa del ejército nacional”, La Nueva Prensa 82 (1962): 71. 25 Gilberto Vieira, “Editorial”, La Voz de la Democracia, Bogotá, 15 de noviembre, 1962, 11. 26 Álvaro Uribe Rueda, “Editorial”, La Calle, Bogotá, 20 de noviembre, 1962, 3. 27 Pedro Nel Sotomayor, “Editorial”, Periódico de las Fuerzas Armadas, Bogotá, 22 de noviembre, 1962, 3. 28 Álvaro Valencia Tovar, “El golpe de estado es para el ejército un imposible moral, dice Valencia Tovar”, El Tiempo, Bogotá, 5 de noviembre, 1962, 22.

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Como se puede evidenciar, el debate sobre el informe del libro La Violencia en Colombia generó una fuerte resonancia que pasó desde políticos y representantes del Congreso hasta distintos oficiales del cuerpo castrense. La discusión no era el análisis realizado por el coronel Álvaro Valencia Tovar frente al libro en cuestión. En realidad, el problema de fondo era la incursión de ciertos oficiales en asuntos políticos, lo que transgredía el pacto firmado entre Lleras Camargo y la oficialidad a principios de 1958 en el Teatro Patria, es decir: la subordinación de los militares en la arena política 29. En tal sentido, poco a poco se configuraba cierto sector que buscaba abrir esas fronteras infranqueables de la política en los miembros del Ejército colombiano. Y es precisamente el protagonismo del general Alberto Ruiz Novoa el que empieza a resquebrajar dicho límite entre la política y lo militar.

3. El caso Ruiz Novoa y su autonomía militar en la política Ahora bien, el 4 de abril de 1962, cuatro meses antes que asumiera Guillermo León Valencia como presidente de la República de Colombia, el general Ruiz Novoa, entonces comandante del Ejército, lanzó duras críticas al Congreso sobre las condiciones políticas de Colombia: “A mí me da la impresión, cuando oigo hablar a los representantes, que no estoy en el parlamento de Colombia. Me da la sensación de que estamos en el parlamento de Finlandia o de Inglaterra, donde los parlamentarios no conocen el origen de la violencia de este país. Los representantes no conocen cuál es el problema de la violencia, y si la conocen no están interviniendo de buena fe. Nosotros sabemos cuál es el origen de la violencia en Colombia ¿Quién le ha impuesto a esa masa ignara, sin educación, a esa masa que no ha tenido redención, ese morbo de la violencia? Todos sabemos que no son las Fuerzas Armadas las que dijeron a los campesinos que se fueran a matar unos contra otros para ganar las elecciones. Sabemos que no fueron las Fuerzas Armadas las que dijeron a los campesinos que asesinaran a los hombres, a las mujeres y a los niños para acabar con la semilla de sus adversarios políticos, sino los representantes y los senadores, los políticos colombianos” 30.

29 Francisco Leal Buitrago, La seguridad nacional a la deriva. Del Frente Nacional a la posguerra Fría (Bogotá: Uniandes/flacso, 2002). 30 Alberto Ruiz Novoa, “La violencia la desataron los políticos, dice Ruiz Novoa”, La Nueva Prensa 82 (1962): 21.

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No obstante, la intervención política del general Ruiz Novoa se hizo evidente en dos momentos posteriores. El primero de ellos, en una carta enviada por el General, publicada en el diario El Espectador a principios de 1963, en la que planteó sus apreciaciones sobre la “inflación controlada”31. El segundo momento se llevó a cabo en el homenaje que la Sociedad de Agricultores de Colombia (sac) ofreció a las Fuerzas Armadas, y fue cuando Ruiz Novoa planteó su posicionamiento más crítico. El 27 de mayo de 1964, día del homenaje, Manuel Castellanos, presidente de la sac, se desbordó en elogios por la labor hasta entonces realizada por el ministro de Guerra Ruiz Novoa, en particular por combinar las acciones militares y sociales en defensa del campesinado. Para Castellanos, era claro que este militar personificaba la visión desarrollista dentro de las Fuerzas Armadas. Las palabras del general Ruiz Novoa en el homenaje, al parecer, fueron ejemplares a este respecto: “Es evidente que las injusticias sociales y económicas son tan generadoras de violencia como del bandolerismo aparecido como secuela de la violencia política y que esta situación de desequilibrio incide fundamentalmente sobre el orden público, cuyo mantenimiento corresponde al Ministerio de Guerra. Considero mi deber contribuir a que esta situación no se repita, porque estoy convencido de que la única manera de evitar el progreso del comunismo es con la aplicación de una fina sensibilidad social que reparta la riqueza equitativamente y disminuya el abismo que hay entre las clases sociales en la sociedad colombiana. Es urgente e inaplazable, modificar las estructuras de nuestra sociedad. El gobierno está frenado por los sectores y por las personas influyentes”32.

En este discurso se condenó el régimen agrario como uno de los factores de la violencia, y se habló a partir de datos tomados del censo agropecuario de 1960 y del informe Lebret sobre la inequitativa distribución de la tierra. También se cuestionó fuertemente la importación de maíz al país, mientras miles de campesinos se quedaban con sus productos sin poder venderlos33. De manera elocuente se pidió un cambio de “estructuras”, realizar una reforma agraria, transformar el régimen bicameral y la manera como eran elegidos los concejales y

31 Por ejemplo: “No deseo polémicas pero defiendo mi derecho a la opinión. Como ciudadano colombiano espero que se respete ese derecho. Se ha dicho que he recomendado la inflación como política. Creo que el concepto es inexacto ya que opinar sobre un asunto es muy distinto de recomendar, pero aún en el caso de que la opinión pudiera tomarse en ese sentido, ella no significa que se vaya a ejecutar. El hecho de que un ministro opine, por ejemplo, que es necesario mejorar nuestro sistema de defensa nacional y que esboce unas respuestas al respecto, no sería en ningún momento mirado con extrañeza por el ministro de guerra, sino por el contrario, como una contribución a la solución”. “El derecho a opinar”, El Espectador, Bogotá, 14 de enero, 1963, 3. 32 Alberto Ruiz Novoa, El gran desafío, 70. 33 Carlos Miguel Ortiz, Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50 (Bogotá: cerec/Uniandes, 1985).

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diputados en el país34. Ante este pronunciamiento, la réplica del presidente Guillermo León Valencia en el mismo evento fue clara: para él los “grupos de presión” no existían y el término utilizado por el general Novoa tenía un claro sabor marxista: “Mi general Ruiz, la grandeza de Colombia consiste en que un presidente legítimo, aunque inerme, le pueda decir ‘no’ a un ministro que tiene en sus manos todas las armas de la república”35. El diario El Espectador también atacó las palabras del general Ruiz Novoa y le recordó a las Fuerzas Armadas que ellas igualmente pertenecían a esos “grupos de presión”. Senadores y representantes se pronunciaron igualmente; por ejemplo, la senadora Bertha Hernández de Ospina le dijo al General: “¿Usted va a dejar el uniforme para dedicarse a la política?”36; entretanto, el senador Zuleta Ángel le pidió la renuncia a Ruiz Novoa. Asimismo, el senador Caicedo Ayerbe censuró el discurso y la estrategia de acción cívico-militar en el homenaje realizado por la sac a las Fuerzas Armadas: “Creo que en la fiesta del Tequendama hizo crisis un tipo de sociología muy peligrosa, en virtud de la cual la violencia no sólo se explica económicamente sino que obedece a fuertes motivaciones morales. Ello arrancó con un libro célebre sobre el tema [La Violencia en Colombia] y culminado con el nunca bien lamentado y lamentable informe de un coronel del Ejército [Valencia Tovar]. Esa teoría del bandolero héroe lleva a la imposibilidad moral de reprimir la violencia. Contradice, además, todo el esfuerzo de la nación y del Ejército por recuperar su unidad moral y jurídica”37.

Las discrepancias entre Ruiz Novoa y el presidente Valencia, que se hicieron evidentes a raíz del discurso en la sac, fueron aprovechadas por los opositores políticos del Gobierno. El mrl “línea dura”, con Álvaro Uribe Rueda a la cabeza, anunció que apoyarían a Ruiz Novoa en una posible candidatura presidencial38. Por su parte, Alberto Zalamea dedicó algunas páginas de su revista para comentar los planteamientos políticos del general Ruiz Novoa: “Se habló en todo espacio del ‘golpismo’. Lo que había producido Ruiz Novoa con su discurso en el homenaje de la sac a las Fuerzas Armadas iba más allá del simple golpe militar. Hay que recordar, como lo dice lnp es que la oligarquía no le teme a los golpes de Estado; generalmente los aprovecha. Lo que está ocurriendo en Colombia es muy distinto y más complejo: es la

34 Álvaro Valencia Tovar, Mis adversarios guerrilleros (Bogotá: Planeta, 2009). 35 Citado por: Edgar Téllez y Álvaro Sánchez, Ruidos de sables, 150. 36 “Las palabras contra el general Ruiz”, El Tiempo, Bogotá, 28 de mayo, 1964, 4. 37 Álvaro Valencia Tovar, Testimonio de una época (Bogotá: Norma, 1992), 414. 38 “Editorial”, El Espectador, Bogotá, 29 de mayo, 1964, 3.

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demostración de que las Fuerzas Armadas piensan, de que han comprendido su razón de ser en una nación subdesarrollada”39. Por otro lado, el senador conservador Darío Marín argüía que el discurso de Ruiz Novoa era una intervención en política40. La respuesta del general Ruiz fue enfática: “la prohibición de deliberar no podía convertir a los militares en ciudadanos de segunda clase”41. Entre tanto, los rumores de golpe militar aumentaban y el presidente Valencia salió a desmentir lo dicho, intentando mostrarse partidario de defender el derecho de los militares a participar en deliberaciones políticas, pero siempre dejando claro que “el general Ruiz Novoa no ha deliberado; ha opinado y aquí hay libertad de opinión”42. Posteriormente agregó: “[…] lo que sucede, es que el Ejército de Colombia no puede quedarse rezagado sólo en el ejercicio de las actividades militares, sino que está en el deber de incorporarse día a día con mayor fervor y entusiasmo al estudio de los grandes problemas nacionales, para aportar sus luces, pues si ellas nos dan confianza y seguridad tienen derecho también a participar en nuestras deliberaciones”43. No obstante, para el presidente Valencia, el discurso que pronunció el general Ruiz Novoa no era un discurso sobre la pacificación, sino un discurso con tono presidencial. Según el Presidente, dicho discurso lo elaboró el director de la revista La Nueva Prensa, Alberto Zalamea. Por tanto, poco a poco el panorama se oscurecía al tenerse pruebas de que el general Ruiz Novoa había tenido reuniones además con el golpista anapista Hernando Olano Cruz44. Como se puede evidenciar, la posición del presidente Guillermo León Valencia frente a lo planteado por el general Ruiz Novoa resultó contradictoria. En ocasiones elogió los resultados militares alcanzados por el Ministro de Guerra y en otras planteó que la intromisión del General en asuntos políticos sólo le correspondía al gobierno y no a las Fuerzas Armadas. Dichas posiciones disímiles terminaron con la destitución de este General a raíz de los sucesos acaecidos en el paro cívico del 25 de enero de 1965. El 30 de diciembre de 1964 la Unión de Trabajadores de Colombia (utc) convocó a un paro general, previsto para el 25 de enero de 1965, en contra de una serie de reformas laborales propuestas por el Gobierno. Respecto a la protesta dentro de la cúpula castrense, se observaron fuertes contradicciones. El ministro Ruiz Novoa calificaba el paro como

39 Alberto Zalamea, “Algo más importante que un golpe”, La Nueva Prensa, 9 de junio, 1964, 75. 40 Darío Marín, “Editorial”, El Espectador, Bogotá, 31 de mayo, 1964, 3. 41 Álvaro Uribe Rueda, “Un apóstol de la democracia”, La Nueva Prensa 84 (1964): 93. 42 Calibán, “Ruiz no ha renunciado y no creo que lo haga, dice el presidente Valencia”, El Tiempo, Bogotá, 30 de mayo, 1964, 12. 43 Álvaro Valencia Tovar, “La política y los militares”, El Tiempo, Bogotá, 15 de diciembre, 1964, 2. 44 Edgar Téllez y Álvaro Sánchez, Ruidos de sables, 136.

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“ilegal” pero no subversivo, mientras que el comandante de las Fuerzas Armadas, general Gabriel Revéiz Pizarro, era de la opinión que el movimiento era ilegal y subversivo45. Ante la posición que tomó el general Ruiz Novoa de no ilegalizar el paro, aparecieron carteles en Bogotá apoyando su decisión: “el país exige orden y desarrollo, Ruiz Novoa es la salvación”46. Igualmente, en otras ciudades se imprimieron letreros y afiches que aludían a Ruiz Novoa como el “salvador de la situación” vivida en el país. Sin embargo, sería el mismo General el encargado de prohibir el uso de carteles en los que se hacía propaganda política con su nombre e imagen militar. Motivo por el cual el general Revéiz invitó a Ruiz Novoa a no dejarse utilizar por las oscuras intenciones de quienes intentaban convertir las Fuerzas Armadas en una fuerza anárquica y subversiva47. Ante tal situación, el senador liberal Gilberto Moreno calificó a Ruiz como el “empleado subalterno de Rojas Pinilla”48; entretanto, el senador Carlos Mejía —citado por Calibán en el diario El Tiempo— ironizaba diciendo: “es inoficioso preguntarle al general [Ruiz Novoa] a qué partido pertenece: ¡el golpe militar avisa!”49. Diego Tovar Concha, representante conservador, sostuvo asimismo que “el presidente Valencia era prisionero del general Ruiz Novoa y está haciendo todo lo posible para que él no se tome el poder”50. Aunque el paro fue abortado, los rumores de una alianza entre el general Ruiz Novoa y el presidente de la utc, Tulio Cuevas, hacían pensar en un inminente golpe militar. Esto ocurría cuando las diferencias entre Ruiz Novoa y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Gabriel Revéiz Pizarro, quedaban en el ambiente político evidenciando una clara fisura entre la alta oficialidad del cuerpo castrense. A pesar de que existía un consenso frente a la no realización del paro, el general Revéiz seguiría planteando la necesidad de la “mano dura” frente a la protesta. Este General dijo “que de presentarse motines o hechos ilícitos que atenten contra la paz pública, las Fuerzas Armadas los reprimirán con toda decisión y la energía que la situación requiera”51. Del mismo modo, para buena parte de la opinión pública las negociaciones entre el Ministro de Guerra y el presidente de la utc eran un indicador de un posible golpe de Estado. Así, después del escrito de Ruiz Novoa sobre la “inflación controlada”, su discurso en el homenaje de la sac y

45 Gabriel Revéiz Pizarro, “El paro y los generales. Subversión no sedición”, El Tiempo, Bogotá, 1 de febrero, 1965, 2. 46 “Ruiz Novoa desautoriza carteles”, El Tiempo, Bogotá, 23 de enero, 1965, 15. 47 César Torres del Río, Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional (Bogotá: Planeta, 2000). 48 Gabriel Revéiz Pizarro, “El paro y los generales”, 2. 49 Calibán, “Danza de las Horas”, El Tiempo, Bogotá, 29 de enero, 1965, 2. 50 Diego Tovar Concha, “Editorial”, El Tiempo, Bogotá, 4 de febrero, 1965, 2. 51 “Se reprimirá cualquier motín, dice el general Revéiz”, El Tiempo, Bogotá, 24 de enero, 1965, 12.

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lo sucedido en el paro del 25 de enero de 1965, el general Revéiz, acompañado del comandante del Ejército, general Ayerbe Chaux, y otros altos mandos militares, fueron a entrevistarse con el Presidente para exigirle la renuncia de Ruiz Novoa52. El general Revéiz, le planteó al presidente Valencia: “Señor presidente, vengo a presentarle a usted la dimisión de mi cargo de comandante de las Fuerzas Armadas porque no me gusta la política beligerante que viene desarrollando el general Ruiz Novoa como ministro de guerra”53. Es por esta razón que se decía entonces que la destitución de Ruiz Novoa no fue una orden del Presidente, sino una imposición de los altos mandos militares. Los ataques al general Ruiz Novoa no sólo provinieron de la alta oficialidad. El director del diario El Tiempo criticó al Ministro de Guerra por su alta “deliberación política”. La respuesta a esta acusación fue contundente en La Nueva Prensa: “[…] Vale la pena aclarar esos dos conceptos. En lo que se refiere a ese concepto de ‘deliberación’ es importante expresar de una vez por todas, que éste se refiere a la obediencia que los militares deben a los militares en relación con el servicio y que las órdenes deben cumplirse sin discusión. También se refiere a la deliberación en materia de política partidista, no sólo por la prohibición de deliberar consignada en la constitución, sino porque está expresamente vetada en la misma carta esta intromisión. Pero la prohibición de deliberar no puede convertir a los militares en ciudadanos de segunda o tercera clase por el sólo hecho de servir a las armas de la república”54.

Aunque el presidente Valencia destituyó a Ruiz Novoa acusándolo de atentar contra el Gobierno, la destitución se debió a la posición que tomó este General frente al paro del 25 de enero, sostuvo Ignacio Valencia, secretario privado de la Presidencia55. Para evitar cualquier rumor sobre un golpe de Estado, se nombró a Revéiz como ministro de Guerra, lo que creó un aparente ambiente de tranquilidad política pues Ruiz Novoa representaba confusión y desorden. No obstante, desde el momento en que Ruiz Novoa dejó el Ministerio de Guerra, su posición política empezó a manifestarse ante la opinión pública. Una de sus primeras apariciones políticas se refirió al papel de las Fuerzas Armadas en el escenario político latinoamericano56. El exgeneral plantearía que “en América Latina las Fuerzas Armadas sólo

52 “No hubo imposición de las Fuerzas Armadas al presidente Valencia”, El Tiempo, Bogotá, 29 de enero, 1965, 12. 53 “El general Revéiz propuso acuartelar a todo el Ejército si el presidente Valencia no aceptaba el retiro de Ruiz Novoa”, El Tiempo, Bogotá, 30 de enero, 1965, 5. 54 “Militares en retiro renuevan apoyo a Ruiz Novoa”, La Nueva Prensa 86 (1965): 51. 55 “El presidente no hará cacería de brujas, dice Ignacio Valencia secretario de la presidencia”, El Tiempo, Bogotá, 28 de enero, 1965, 9. 56 Daniel Pécaut, Orden y violencia. Evolución sociopolítica de Colombia entre 1930 y 1953 (Bogotá: Norma, 2001).

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han sido un instrumento para mantener al pueblo en la esclavitud económica y política en beneficio de unos pocos disfrazados demócratas”57. En cuanto a su destitución, las discrepancias del general Revéiz con Ruiz Novoa eran viejas, diría el general Germán Fajardo. El nuevo comandante de las Fuerzas Armadas admitiría que existían fuertes contradicciones, en cuanto a doctrina militar se refiere, entre estos dos militares58. Sin embargo, desde la perspectiva de Ruiz Novoa, su destitución tenía otros ingredientes adicionales como la reunión de los comandantes de la Brigada, en donde expresó: “las Fuerzas Armadas además de su misión puramente constitucional y legal, pueden contribuir a mejorar las condiciones generales de la Nación […] Afirmé que la situación del país no podía apoyarse solamente en las medidas de fuerza sino que también eran necesarios hechos complementarios en materia social, económica y política”59. Ante la versión de Ruiz Novoa, el nuevo ministro de Guerra, el general Revéiz, esgrimió: “Por encima de la lealtad a Ruiz Novoa estaba la lealtad al país. Yo nunca di un ultimátum al Presidente para que destituyera a Ruiz Novoa. Lo que hice fue plantearle una alternativa al presidente para defender la cohesión y unidad de las Fuerzas Armadas pues dentro de las filas empezaba a crearse descontento ante los planteamientos sobre la deliberación que predicaba Ruiz Novoa […] la presentación de las teorías sobre temas económicos, políticos y sociales que venía haciendo el general Ruiz Novoa no podía continuar de esa manera porque se trataba de exposiciones que en boca de un oficial del Ejército calaban en el personal de las Fuerzas Armadas en forma que ponía en peligro la unidad de la institución”60.

Estas críticas se daban a pesar de que el general Ruiz Novoa, siendo ministro de Guerra, realizó el plan de “pacificación” del país, aumentó el servicio militar obligatorio a dos años, reorganizó la institución castrense con la creación de centros de instrucción y la intensificación del entrenamiento en la Escuela de Lanceros en las técnicas de guerra de guerrillas, denunció las causas sociales, políticas y económicas de la violencia; elaboró el denominado Plan Lazo; implantó una nueva conciencia dentro de la institución castrense para hacer emerger a las Fuerzas Armadas de la postración política, social e intelectual en la que se encontraba, y para superar la inferioridad con la que se trataba a los oficiales y suboficiales, a quienes se les

57 Alberto Ruiz Novoa, “Editorial”, La Voz de la Democracia, Bogotá, 4 de febrero, 1965, 3. 58 “Las discrepancias del general Revéiz con Ruiz Novoa eran viejas, dice el general Fajardo”, El Tiempo, Bogotá, 29 de enero, 1965, 8. 59 Alberto Ruiz Novoa, “Ruiz Novoa relata su retiro”, El Tiempo, Bogotá, 30 de enero, 1965, 13. 60 “Por encima de la lealtad a Ruiz Novoa estaba la lealtad al país, dice Revéiz”, El Tiempo, Bogotá, 28 de enero, 1965, 11.

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calificaba como “chafarotes”, “ignorantes” y “fracasados”61. Para el mejoramiento intelectual creó entonces la Revista de las Fuerzas Armadas, la Revista del Ejército y el Periódico del Ejército; reorganizó la Escuela Militar de Cadetes para elevar la enseñanza en el ámbito universitario; fundó la cátedra de Filosofía Militar, con el fin de explicar a fondo el sentido y misión de las Fuerzas Armadas, y dar a conocer el papel de esta institución en los países subdesarrollados, en beneficio de la Nación62. Todas las acciones que realizó Ruiz Novoa tenían como fin último poner al militar en contacto con los problemas generales de la Nación: “Quienes menosprecian a las Fuerzas Armadas están acostumbrados a usarlas como un garrote contra el pueblo. Yo quise llevar a los cuadros de las Fuerzas Armadas la comprensión de los problemas políticos, sociales y económicos para que así la institución pudiera contribuir a su eliminación […] prediqué a la oficialidad que Colombia no puede ser grande e importante mientras la gran mayoría de su pueblo siga sumida en el estado de miseria. Los militares deben velar no solamente en ganar batallas, sino también en contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de su pueblo. Para mí el paro del 25 de enero ante todo era un conflicto político que requería soluciones políticas. El gran culpable de esta situación es el egoísmo de ciertos sectores políticos, sin conciencia social ni de sus obligaciones para con su comunidad. Les muestran el fantasma comunista, convocan a las brujas del castrismo y mencionan con alarma las palabras de comunismo y revolución. Queremos decirle al pueblo que no se dejen asustar con el comunismo y el castrismo y deseamos reiterar que la única valla verdadera contra esas doctrinas es la reforma de las estructuras. Para mí no se ha violado la constitución Nacional en cuanto a la deliberación de los militares, el no deliberar según la Constitución Nacional no tiene relación alguna con el derecho a opinar; lo que está prohibido es intervenir en la política partidista”63.

Luego de su retiro, el general Ruiz Novoa argumentó que “cuando hablé de la ‘reforma de las estructuras’ en el homenaje de la sac y la lucha contra los ‘grupos de presión’ lo que yo estaba era atacando a los gremios económicos”64. Unos meses después planteó las condiciones en las que se encontraba el personal militar diciendo: “Si la clase dirigente

61 Andrés Dávila, El juego del poder: historia, armas y votos (Bogotá: cerec-Uniandes, 1998). 62 Gonzalo Bermúdez Rossi, Pronunciamientos, conspiraciones y golpes de Estado en Colombia. De la conspiración septembrina al proceso 8.000 (Bogotá: Ediciones Expresión, 1997). 63 “Ruiz Novoa revela sus propósitos”, El Tiempo, Bogotá, 1 de febrero, 1965, 8. 64 “Ruiz Novoa disuelve su movimiento para afiliarse al liberalismo”, El Tiempo, Bogotá, 10 de mayo, 1965, 5.

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hubiera pasado por los cuarteles se daría cuenta de nuestros soldados y de su bajo grado de formación y cultura”65. Y en lo que respecta a la estrategia militar, dijo: “antes se creía que la represión militar era suficiente para acabar con los bandoleros; en eso estábamos equivocados”66. Por tanto, las contradicciones entre los generales Revéiz y Ruiz Novoa evidenciaron un elemento mucho más estructural: realmente la subordinación política y autonomía militar eran los elementos en discordia. Por esta razón, y con la llegada del general Revéiz, el nuevo posicionamiento doctrinario evidenciaba distintos escenarios dentro del cuerpo castrense, lo que produjo dos “Escuelas” doctrinarias que se consolidaban dentro del Ejército: la “Escuela Tradicional” y la “Escuela Coreana”. Esta realidad política, caracterizada por la lucha entre filosofías opuestas (el comunismo y la democracia capitalista), tuvo un fuerte impacto dentro del Ejército, en particular en lo relacionado con la comprensión de la agresión comunista y la ubicación del enemigo. No resulta exagerado concluir que en Colombia, desde el punto de vista militar, se inventó el enemigo en nombre de una respuesta continental. En este contexto, bajo la prédica anticomunista proveniente de Estados Unidos, el Ejército pasó de una “adscripción partidista” en la que se privilegiaba la lucha del enemigo —siendo éste el opositor del gobierno de turno—, a una lucha “anticomunista”. Con la participación de Colombia en la Guerra de Corea, en 1951, los jóvenes oficiales que regresaron de Corea tuvieron una nueva concepción sobre el papel de su institución en los destinos nacionales y una experiencia excepcional en el arte de la guerra. Así, se comenzó a cimentar un cambio de naturaleza sobre el quehacer militar que acabó con las antiguas concepciones de guerra regular y tradujo la necesidad que en ese momento se tenía: dejar de ser una fuerza armada para defender exclusivamente las fronteras nacionales, para empezar a enfrentar a los armados dentro del país. Esta reorientación estratégica que caracteriza la llamada “Escuela Coreana” exigía el abandono del apoliticismo y neutralidad de la institución castrense. Una de las lecciones era que el comunismo no sólo debía partir de una clara estrategia militar, sino también que su freno debía establecerse desde una clara incidencia política, económica y social en Colombia67. Por su parte, la “Escuela Tradicional” estaba basada en la apoliticidad y el seguimiento irrestricto de las decisiones de la élite política. De esta manera, la presencia militarista y la “tierra arrasada” eran las obligaciones impuestas al Ejército. La lucha entre los dos sectores

65 Alberto Ruiz Novoa, “Nuevo plan contra la violencia”, El Tiempo, 10 de septiembre, 1965, 2. 66 Alberto Ruiz Novoa, “Nuevo plan contra la violencia”, 2. 67 Álvaro Echeverri, El poder y los militares. Un análisis de los ejércitos del continente y Colombia (Bogotá: Sudamérica, 1978).

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dentro del Ejército fue el común denominador a lo largo de la primera mitad de la década de 1960. Con la destitución de Ruiz Novoa —uno de los mayores exponentes de la “Escuela Coreana”— y la llegada de Revéiz al Ministerio de Guerra —el mayor exponente de la “Escuela Tradicional”—, se podría plantear que la acción militarista para la segunda mitad de la década sería absoluta68.

Conclusión Desde la llegada a la comandancia del Ministerio de Guerra del general Revéiz y después de los primeros meses de un inminente golpe de Estado por parte del general retirado Ruiz Novoa, las condiciones del Ejército variaron considerablemente. Con todo, este artículo comprueba dos tesis centrales. Por un lado, la relación entre el cuerpo militar y el gobierno civil no fue unívoca durante el período de estudio. La subordinación política y la autonomía militar del cuerpo castrense fueron quebrantadas en varios momentos por la intromisión de los militares en las decisiones políticas, y la de los gobernantes en aquellas de orden puramente militar. Por el otro, las diferencias doctrinarias dentro del Ejército en el período de estudio, especialmente en relación con concepciones disímiles sobre lo político y lo militar, fueron una constante y tuvieron repercusiones de diverso orden en el devenir institucional del cuerpo castrense69. Igualmente, se habla de la subordinación política y de la autonomía militar del cuerpo castrense como formas de relación con el gobierno civil, y determinantes del estatuto político que tiene frente a la sociedad política colombiana. No obstante, la intromisión de los militares en las decisiones políticas resultó frecuente, como también la injerencia de la élite política en asuntos estrictamente militares. Sin embargo, “subordinación política” y “autonomía militar” fueron una realidad que en un largo período se transfiguró. La autonomía militar se vio coartada por el peso influyente de la élite política, que le imprimió un compromiso de proporciones abismales, exigiéndole al cuerpo militar la eliminación de los agentes catalizadores de la violencia por vía de las armas, es decir, la acción del Ejército no como un “medio” para un fin político, sino como solución en sí misma70. En contraposición a dichas concepciones, una importante fracción del Ejército construyó su deber no solamente a partir de acciones de “tierras arrasada”, sino con apuestas

68 Jonathan Hartlyn, La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1993). 69 Francisco Leal Buitrago, El oficio de la guerra: la Seguridad Nacional en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo/iepriUniversidad Nacional de Colombia, 1994). 70 Augusto Varas, La autonomía militar en América Latina (Caracas: Nueva Sociedad, 1988).

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estructurales en los órdenes social y político. La acción cívico-militar, por ejemplo, partía de la idea de que sin un verdadero bienestar nacional no podrían solucionarse los problemas de violencia. El objetivo de esta tendencia “desarrollista” no se situó solamente en torno al uso de la fuerza y el arrasamiento militar de los territorios en manos de los “violentos”; también puso en juego la posibilidad de que en ciertas zonas del país el Estado hiciera parte real de la vida de los colombianos. En este orden de ideas, para conducir la “guerra” se debería poseer una profunda comprensión del devenir nacional, por lo que impedirle a la cúpula militar ponerse en el juego de la “política” y su relación con la “guerra” pondría en tela de juicio los verdaderos alcances del manejo de la seguridad y del mantenimiento de la soberanía nacional. Como se mostró en este artículo, ciertos sectores de la élite política le impusieron al cuerpo castrense niveles de “subordinación militar”, y en el escenario político le brindaron ciertas prerrogativas. En ese sentido, la Defensa Civil y las Autodefensas como política militar, y la puesta en práctica de modelos de desarrollo dirigidos por el Ejército, son la evidencia de ciertos niveles de “autonomía política”. En cuanto a este último elemento, es importante aclarar que, si bien se pueden evidenciar rasgos de autonomía dentro del Ejército, la élite política le quitaba y le ponía tal posibilidad al cuerpo armado dependiendo de sus intereses locales y regionales. Aunque la “subordinación política” y la “autonomía militar” son preceptos emanados de la aplicación de la doctrina militar prusiana desde principios del siglo xx, en la cual la apoliticidad de las Fuerzas Armadas era una necesidad para mantener las instituciones legítimamente constituidas, de este artículo se desprende una contradicción en la retórica planteada. Se observa que desde la llegada y la participación de distintos oficiales de alto rango (como el general Alberto Ruiz Novoa) en las decisiones políticas, la “subordinación política” y “autonomía militar” se deben leer de forma matizada, ya que se incorporaron a la discusión dos nuevos elementos: la “subordinación militar” y la “autonomía política”.

Bibliografía Fuentes primarias Archivo: Archivo de la Presidencia de la República (apr), Bogotá-Colombia. Fondo Despacho del Presidente.

Publicaciones periódicas: El Espectador. Bogotá, 1962-1964. El Tiempo. Bogotá, 1962-1965. La Calle. Bogotá, 1962.

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La Nueva Prensa. Bogotá, 1962-1965. La Voz de la Democracia. Bogotá, 1962-1965. Periódico de las Fuerzas Armadas. Bogotá, 1962. Revista del Ejército. Bogotá, 1962. Revista de las Fuerzas Armadas. Bogotá, 1962.

Documentación primaria impresa: Bermúdez Rossi, Gonzalo. Pronunciamientos, conspiraciones y golpes de Estado en Colombia. De la conspiración septembrina al proceso 8.000. Bogotá: Expresión, 1997. Ruiz Novoa, Alberto. El gran desafío. Bogotá: Tercer Mundo, 1965. Valencia Tovar, Álvaro. Mis adversarios guerrilleros. Bogotá: Planeta, 2009. Valencia Tovar, Álvaro. Testimonio de una época. Bogotá: Norma, 1992. Villegas, Osiris. La guerra comunista. Bogotá: Librería del Ejército, 1965.

Fuentes secundarias Atehortúa Cruz, Adolfo. “Los estudios acerca de las Fuerzas Armadas en Colombia: balances y desafíos”. Análisis Político 51 (2004): 12-24. Blair, Elsa. Conflicto armado y militares en Colombia. Cultos, símbolos e imaginarios. Medellín: Universidad de Antioquia/cinep, 1999. Dávila, Andrés. El juego del poder: historia, armas y votos. Bogotá: cerec/Uniandes, 1998. Echeverri, Álvaro. El poder y los militares. Un análisis de los ejércitos del continente y Colombia. Bogotá: Sudamérica, 1978. Hartlyn, Jonathan. La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1993. Leal Buitrago, Francisco. El oficio de la guerra: la Seguridad Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo/ iepri-Universidad

Nacional de Colombia, 1994.

Leal Buitrago, Francisco. La seguridad nacional a la deriva. Del Frente Nacional a la posguerra Fría. Bogotá: Uniandes/flacso, 2002. Ortiz, Carlos Miguel. Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50. Bogotá:

cerec/

Uniandes, 1985. Pécaut, Daniel. Orden y violencia. Evolución sociopolítica de Colombia entre 1930 y 1953. Bogotá: Norma, 2001. Téllez, Edgar y Álvaro Sánchez. Ruidos de sables. Bogotá: Planeta, 1997. Torres del Río, César. Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Bogotá: Planeta, 2000. Varas, Augusto. La autonomía militar en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad, 1988.

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Suzana Cavaco

Profesora auxiliar de la Facultad de Economía de la Universidade do Porto (Portugal) y de Ciencias de la Comunicación de la misma universidad desde 2003. Miembro del Centro de Investigação Media e Jornalismo (cimj). Es doctora en Historia por la Facultad de Letras de la Universidade do Porto (Portugal); magister en Relaciones Históricas entre Portugal, Brasil, África y Oriente por la misma universidad; y licenciada en Comunicación Social por la Escola Superior do Jornalismo (Portugal). Su libro Mercado media em Portugal no período Marcelista: os media no cruzamento de interesses políticos e negócios privados (Lisboa: Colibri, 2012) fue distinguido con el premio Calouste Gulbenkian, en el ámbito de la Historia Moderna y Contemporanea de Portugal, entregado por la Academia Portuguesa de la Historia, en 2012. scavaco@scavaco.com

Artículo recibido: 01 de abril de 2013 Aprobado: 28 de junio de 2013 Modificado: 22 de julio de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.08

Ï Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el iv Seminário Internacional Media, Jornalismo e Democracia, realizado por el Centro de Investigação Media e Jornalismo (cimj), Lisboa, 6-7 de diciembre de 2012. Esta investigación no recibió financiamiento externo.

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Oportunidades e constrangimentos: imprensa portuguesa nos últimos anos do regime autoritário (1968-1974)

Oportunidades y constreñimientos: Impresa portuguesa durante los últimos años del régimen autoritario (1968-1974) Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la situación de la prensa diaria portuguesa durante los últimos años del régimen autoritario del Estado Novo, depuesto en 1974, identificando oportunidades y constreñimientos que se colocaban a la industria periodística. En tal sentido, se explorarán fuerzas externas (o elementos macroambientales) influyentes en la producción y recepción de periódicos, particularmente: políticas, económicas y tecnológicas. Con esto se busca contribuir a una comprensión más profunda de la industria periodística en Portugal, en un momento en que muchos periódicos fueron adquiridos por grandes grupos económicos/financieros. Palabras clave: Portugal, periódicos, control de la comunicación, acceso a la información.

Opportunities and Constraints: Portuguese Press during the Last Years of the Authoritarian Regime (1968-1974) Abstract: The objective of this paper is to analyze the situation of the Portuguese daily press during the last years of the authoritarian regime of the Estado Novo, deposed in 1974, by identifying the opportunities and constraints placed upon the press industry. To this end, we will explore external forces (or macro-environmental elements) that influenced the production and reception of newspapers. We will focus specifically on political, economic, and technological forces. With this, we hope to contribute to a deeper understanding of the Portuguese newspaper industry in a time in which large economic and financial groups purchased many newspapers. Keywords: Portugal, newspapers, control of communications, access to information.

Oportunidades e constrangimentos: imprensa portuguesa nos últimos anos do regime autoritário (1968-1974) Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a situação da imprensa diária portuguesa nos últimos anos do regime autoritário do Estado Novo, derrubado em 1974, através da identificação de oportunidades e constrangimentos que se colocavam a essa indústria jornalística. São exploradas as forças externas (ou elementos macroambientais) influenciadoras da produção e receção de jornais, nomeadamente: forças políticas, económicas, sociais e tecnológicas. Este artigo contribui para uma melhor compreensão da indústria jornalística em Portugal, numa altura em que vários jornais foram adquiridos por grandes grupos económicos/financeiros. Palavras-chave: Portugal, jornais, controlo da comunicação, acesso à informação.

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Suzana Cavaco

Oportunidades e constrangimentos: imprensa portuguesa nos últimos anos do regime autoritário (1968-1974)

Introdução

E

ntre 1933 e 1974, Portugal esteve sujeito a um regime político, cuja perspetiva de organização do Estado era “autoritária, anti-democrática, corporativa, nacionalista, de ideologia única e repressiva”1. Oliveira Salazar foi o principal fundador e condutor do Estado Novo, edificado sobre os “alicerces” da Ditadura Militar (19261933). Salazar comandou os destinos do país como Presidente do Conselho de Ministros, durante 36 anos, até ficar incapacitado devido a problemas neurológicos. Para suceder a Salazar, o Presidente da República, Américo Tomaz, escolheu um dos construtores do aparelho jurídico-político do regime: Marcello Caetano. Apesar das semelhanças ideológicas entre os dois estadistas, Caetano tinha, relativamente ao seu antecessor, uma visão mais moderna do uso dos meios de comunicação de massa enquanto instrumentos de influência política2. À frente do Governo, o tom do discurso político de Caetano contrastava com o de Salazar, ao dar a sensação de uma abertura, de um propósito de descompressão e de um certo esforço de revitalização do regime3. Porém, essa “primavera política” não chegou a florir4. As alterações políticas não foram relevantes, e os partidos políticos e a liberdade de imprensa continuaram a não ser admitidos. O problema do Ultramar também não se resolveu, o que prolongou a guerra em África. Os esforços de maior justiça social e de desenvolvimento económico não foram suficientes para responder aos desafios e expectativas da sociedade portuguesa. Se para uns, as reformas eram insuficientes, para outros, eram exageradas e destruidoras do regime salazarista. O regime foi derrubado a 25 de abril de 1974.

1

Luis Reis Torgal, Estado Novo, Estados Novos, vol. 1 (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2009), 366-367. Para Torgal, tratava-se de um “fascismo à portuguesa”.

2

Suzana Cavaco, Mercado media em Portugal no período Marcelista: os media no cruzamento de interesses políticos e negócios privados (Lisboa: Colibri, 2012), 33.

3

Hipólito de la Torre Gómez, “Marcelo Caetano: últimas razones del Estado Novo”, Espacio, Tiempo y Forma 5: 19 (2007): 100, acedido a 3 de julho de 2013, <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie52007-0004&dsID=Documento.pdf>.

4

Mário Soares, Portugal amordaçado: depoimento sobre os anos do fascismo (Lisboa: Arcádia, 1974), 657.

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Durante a governação marcelista (1968-1974), a imprensa diária foi alvo do interesse de grandes grupos económicos/financeiros. Dos treze jornais diários que se publicavam nas duas maiores cidades portuguesas, Lisboa e Porto, seis passaram a ser propriedade destes grupos: A Capital, O Comércio do Porto, Diário do Norte, Diário Popular, Jornal do Comércio e O Século. Em 1968, já haviam sido adquiridos o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e um terço do capital do Diário de Lisboa. Ao grupo dos não adquiridos pertenciam a Época, que era o órgão oficioso do “partido” único do regime; o Novidades, pertencente à Igreja Católica, e o República, que se posicionava claramente como diário de oposição. O Primeiro de Janeiro estava na mira de um grande grupo económico/financeiro quando o regime caiu. Esse movimento de concentração de propriedade levanta duas questões: Que oportunidades se colocavam ao negócio da imprensa nos últimos anos do regime autoritário? e Que constrangimentos? A esse respeito, propomo-nos analisar a situação da imprensa diária portuguesa através da análise do seu meio envolvente, procurando identificar as principais oportunidades e constrangimentos que se lhe colocavam. Partimos da perspetiva de que a informação não é um bem gratuito e que os jornais são entidades económicas comprometidas em produzir e disseminar conteúdos dirigidos aos consumidores5, e que a capacidade de uma empresa em satisfazer as necessidades/desejos dos clientes é afetada: quer pelos agentes próximos à empresa que constituem o microambiente (concorrentes, fornecedores, intermediários, mercados de clientes, públicos diversos e a própria empresa), quer por forças externas que constituem o macroambiente (forças societais: forças políticas, económicas, demográficas, culturais, naturais e tecnológicas)6. Entendemos que o modelo de organização industrial —que considera que as condições exógenas ao funcionamento do mercado (tecnologia, procura, intervenção governamental) são influenciadas e influenciam a estrutura do mercado, a conduta das empresas e o desempenho7— ganha especial relevância no caso da atividade dos media, na qual se incluem os jornais diários. Seguimos na esteira de Pierre Bourdieu, para quem o campo jornalístico —ainda que organizado segundo uma estrutura homóloga à dos outros campos sociais (entendidos como microcosmos do espaço social)— está submetido a coações externas que o afetam, tratando-se de um campo em que a lógica “comercial” tende a pesar mais do que a lógica “intelectual” (ou “cultural”), por estar permanentemente a ser avaliado pelo mercado:

5

Robert G. Picard, Media Economics: Concepts and Issues (Newbury Park: Sage Publications, 1989), 14.

6

Philip Kotler e Gary Armstrong, Principles of Marketing (Boston: Pearson, 2012), 90.

7

Luís Cabral, Economia industrial (Amadora: McGraw-Hill, 1994), 14.

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“O campo do jornalismo tem uma particularidade: depende muito mais das forças externas do que todos os outros campos de produção cultural, campo das matemáticas, campo da literatura, campo jurídico, campo científico, etc. Depende muito diretamente da procura, está submetido à sanção do mercado, do plebiscito, talvez ainda mais do que o campo político. A alternativa entre o ‘puro’ e o ‘comercial’ que se observa em todos os campos [...] impõe-se aqui com uma brutalidade particular e o peso do pólo comercial torna-se particularmente forte [...]”8.

A nossa abordagem assume, por outro lado, que, tratando-se de uma indústria que faz negócio com ideias, cultura e informação9, os jornais “não são só negócio, respondendo a forças económicas, mas são também instituições sociais e culturais”10. Ou seja, funcionam no sistema económico para ir ao encontro das necessidades e desejos não só privados como públicos11. Neste artigo, concentramos especial atenção nas forças macroambientais políticas, económicas e tecnológicas. No entanto, sempre que pertinente, fazemos referência a elementos que se enquadram no microambiente, como por exemplo, os mercados de clientes (mercado do consumidor e mercado do anunciante), os concorrentes (nomeadamente concorrência intermedia que se verifica entre imprensa e televisão), os fornecedores e os intermediários (como bancos e canais de distribuição). Optamos por destacar a distribuição, por ter sido um sector fortemente afectado por forças externas.

1. Forças políticas: o peso da regulação política e legal De entre as forças que constituem o macroambiente, a regulação política sobressai pela sua maior visibilidade. A “censura prévia” —que, com a Lei de Imprensa de 1971 (Lei 5/71 de 5 de novembro) e o Estatuto da Imprensa (Decreto-Lei 150/72 de 5 de maio) que a abrange e desenvolve, passou a denominar-se “exame prévio”— constituía uma barreira ao funcionamento dos jornais, influenciando a sua produção e procura. Não permitia que os jornais pudessem satisfazer as necessidades informativas do seu público leitor. Por exemplo, a questão do Ultramar —que passava pelas várias opções de relacionamento político, sociocultural e

8

Pierre Bourdieu, Sobre a televisão (Oeiras: Celta, 1997), 57.

9

David Croteau e William Hoynes, The Business of Media: Corporate Media and the Public Interest (Thousand Oakes: Pine Forge Press, 2001), 1.

10 Denis McQuail, Teoria da comunicação de massas (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003), 194. 11 Robert G. Picard, Media Economics, 8-9.

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económico entre Portugal e as suas possessões ultramarinas— era um tema que interessava aos portugueses, desde logo porque a guerra colonial —iniciada em 1961 e desenvolvendo-se desde 1964 em três frentes de combate: Angola, Guiné e Moçambique, que lutavam pela independência— mobilizava parte substancial dos recursos materiais (em 1969, as despesas consagradas às forças armadas tinham um peso de 54,7% no orçamento)12 e de recursos humanos da metrópole (em 1973, correspondia a 6% da população ativa13 ou força de trabalho). Apesar da questão ultramarina ter condicionado a governação marcelista14 e de ser a grande responsável pelo derrube do regime15, ao jornalista estava vedado questionar, criticar ou mostrar tudo o que não fosse abonatório ou estivesse em conformidade com os interesses do poder político em exercício. Mas, os tabus e as arbitrariedades da censura, chamada de “lápis azul” (que na realidade era também vermelho), não se limitavam aos assuntos de caráter militar, de segurança nacional ou de ordem pública. A simples referência a certos nomes, livros e instituições era cortada. O Estado incumbia-se no papel de promover e vigiar a moralidade preconizada pelo poder instituído. Nesse sentido, o Estatuto da Imprensa de 1972 manteve a proibição, entre outros, da descrição pormenorizada e sensacionalista de casos de vadiagem, libertinagem, uso de estupefacientes, suicídio e crimes violentos. Era proibida a publicação de “extratos de processos sobre o estado e a capacidade das pessoas ou referentes a crimes contra a honestidade, de ultraje à moral pública, de aborto ou de difamação ou injúria”16. Contudo, os danos da censura não se limitaram ao “silêncio” provocado pelos cortes parciais ou totais. A censura resultava, desde logo, em desperdício de tempo, trabalho e material, independentemente do volume de despesas feito —por exemplo, em viagens e em comunicações à distância. Obrigava a alterações ou à procura de outras alternativas menos oportunas ou adequadas. Com o tempo, a autocensura atingia o jornalista, induzindo-o a deixar de questionar e refletir sobre determinados problemas, para evitar aborrecimentos. A autocensura era, aliás, a “virtude” ambicionada pelo regime. “O Governo conseguiu disciplinar a Imprensa [...] Hoje, os nossos jornalistas não precisam da censura, porque

12 René Pélissier, “Guerras coloniais”, em Dicionário de História de Portugal, vol. 8, coord. António Barreto e Maria Filomena Mónica (Porto: Figueirinhas, 1999), 162. 13 José da Silva Lopes, A economia portuguesa desde 1960 (Lisboa: Gradiva, 2002), 126. 14 Escreveu Marcello Caetano, pouco depois da queda do regime: “Na verdade, toda a minha atuação de governante foi condicionada pela questão ultramarina. A sua existência explica muito do que fiz – e também muito do que não pude fazer”, Depoimento (Rio de Janeiro: Distribuidora Record, 1974), 17. 15 Fernando Rosas, “Marcelismo: ser ou não ser”, em A transição falhada: o Marcelismo e o fim do Estado Novo (19681974), coords. Fernando Rosas e Pedro Aires Oliveira (Lisboa: Notícias, 2004), 19. 16 “Decreto-Lei 150/72”, Diário do Governo, i série, Lisboa, 5 de maio, 1972, 570 (3).

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atuam não apenas nos termos da lei, mas segundo uma ética de comedimento e de equilíbrio, como convém ao interesse nacional”, afirmou Salazar (antecessor de Caetano), em entrevista a um jornal brasileiro, em 196117. Os serviços da Censura souberam explorar o deadline e o carácter perecível da informação jornalística, ao atrasar a transmissão das suas decisões —“autorizado”; “autorizado com cortes” (ou “autorizado parcialmente”); “suspenso” (ou “demorado”); “cortado” (ou “proibido”)— aos jornais. Com frequência, deixavam o órgão de comunicação social no dilema: ou prescindia de informação interessante (atual e oportuna) para o leitor, ou esperava e corria riscos quanto à venda do produto jornalístico (por chegar tarde às bancas), já que os jornais estavam sujeitos a horários de fecho da redação, sob pena de ficar comprometida a distribuição do jornal pelo país. A imprensa do Porto manifestou-se prejudicada face à de Lisboa no tempo de demora nas decisões da Censura, que chegava a inviabilizar por manifesta desatualização (como aconteceu no fim da campanha eleitoral de 1969) a publicação, no Porto, de material jornalístico já publicado na Capital. Houve mesmo um dirigente de um jornal portuense que propôs o reforço do pessoal da Censura para combater o prejuízo, pois chegava “a diferir de 3 a 5 dias a autorização ou não de notícias publicadas pela Imprensa de Lisboa!!!”, conforme se lê no relatório dirigido ao Secretário de Estado da Informação, em outubro de 1969, remetido pelo homem que assumia então as funções de assessor de comunicação de Marcello Caetano18. A ação exercida pela censura sobre a imprensa sofreu oscilações de maior ou menor dureza, no tempo da governação marcelista. Em 1969, Raul Rego, no ii Congresso Republicano de Aveiro, calculou em cerca de novecentos mil escudos o prejuízo anual causado pela censura a um jornal menos conformista19. Havia a considerar não só os desperdícios de tempo e material, inerentes às emendas; como também os custos das deslocações do funcionário, que cada jornal era forçado a ter, por sua conta, com a tarefa de se deslocar, mais de uma vez por dia, à Comissão de Censura com as provas tipográficas. Desrespeitar decisões da

17 A entrevista ao então Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, conduzida pelo jornalista brasileiro Alves Pinheiro e publicada pelo jornal O Globo, foi reproduzida no jornal português O Século (Lisboa) com o sugestivo e extenso título: “A actualidade nacional na política interna, nos problemas ultramarinos, nas nossas relações com os outros povos é analisada com rara objectividade, límpida clareza e a mais completa isenção numa entrevista concedida pelo sr. Presidente do Conselho ao jornal brasileiro ‘O Globo’”. A entrevista ocupou parte da primeira e da segunda página de O Século, de 31 de agosto de 1961. 18 “Relatório de Jorge Rodrigues destinado a Moreira Baptista”, 11 de outubro de 1969, em Arquivo Nacional da Torre do Tombo (antt), Arquivo Marcello Caetano (amc), Série Correspondência, Subsérie Jorge Eduardo Tavares Rodrigues, cx. 48, nº 38, anexo 1, f.5. 19 Raul Rego, “A Censura Prévia Administrativa”, em Teses e documentos: textos integrais, vol. 1, ed. ii Congresso Republicano de Aveiro (Lisboa: Seara Nova, 1969), 174.

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Censura acarretava multas. Atrevimentos numa edição podiam valer ao jornal meses em “prova de página”. A “prova de página” representava uma verdadeira dor de cabeça para o jornal que recebesse essa punição, pois potenciava as probabilidades de atrasos e seus efeitos negativos. Diferente das provas tipográficas a granel (provas individuais, sem indicação da página em que seria publicado o texto), a “prova de página” obrigava a uma diagramação (ou paginação) prévia, pelo que uma pequena alteração num texto implicava tirar uma nova “prova de página” e sujeitar de novo à apreciação do exame prévio. Todo o material do jornal —incluindo anúncios comerciais, palavras cruzadas e previsão meteorológica— ficava sujeito ao escrutínio dos censores. Sempre que o jornal era forçado a sacrificar a sua melhor escolha, a qualidade do produto era afetada, refletindo-se a prazo no interesse do leitor pela aquisição da informação colocada à venda. Em caso de cortes substanciais ou totais, o jornal via-se impelido a substituir por um anúncio publicitário (muitas vezes autopromocional); ou por outro texto jornalístico. Esta última opção podia resultar em desorganização da paginação, ao completar uma página com notícias de outras secções editoriais. Na realidade, o regime impedia a existência de uma relação de transparência e confiança entre o jornal e os seus leitores. O jornal estava proibido de usar espaços em branco para assinalar os cortes da Censura20; bem como, a partir de 1972 (com o Estatuto da Imprensa21), de publicar o tradicional aviso aos leitores (usado no tempo de Salazar) de que o jornal fora “Visado pela Censura”. O Estatuto da Imprensa de 1972 (Decreto-Lei 150/72 de 5 de maio) não trouxe apenas novidades negativas: pôs fim à autorização prévia e à caução. Estas duas exigências, impostas desde 1936 (Decreto-Lei 26.589 de 14 de maio) a quem se propusesse a lançar um jornal, funcionaram não só como medidas de controlo preventivo da imprensa, mas também como barreiras à entrada de novos agentes, impedindo a diversidade informativa (já que o pluralismo era proibido). Por outras palavras, durante três décadas e meia, a fundação de um novo jornal em Portugal esteve condicionada à análise da “idoneidade intelectual e moral dos responsáveis” e à prova dos meios financeiros “indispensáveis”. Exigia-se à empresa que, por meio de depósito, fiança ou aval bancário, prestasse garantia suficiente dos salários e

20 Diferente do que acontecera na i República durante a i Guerra Mundial. O Decreto 2.308 de 31 de março de 1916 dispunha que a parte da publicação mandada eliminar pela censura não era substituída, ficando em branco o espaço que lhe fora reservado. A “censura dos espaços em branco” perdurou até fevereiro de 1919. Diário do Governo, i série, Lisboa, 31 de março, 1916, 291. 21 O art. 101º, nº 2 do Decreto-Lei 150/72 de 5 de maio estabelece “Nos textos ou imagens publicados não é consentida qualquer referência ou indicação de que foram submetidos a exame prévio”. Diário do Governo, i série, Lisboa, 5 de maio, 1972, 570 (11).

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ordenados, ou correspondentes despesas de colaboração, composição, revisão e impressão durante o prazo de seis meses. A exigência de caução impelia a imprensa a recorrer à banca, propiciando relações de dependência que a fragilizavam. A substituição do diretor ou editor —mesmo por falecimento— estava sujeita a autorização da Direção dos Serviços de Censura, que era quem detinha a competência de avaliar a “idoneidade moral” dos candidatos. A discricionariedade da autorização prévia refletiu-se no mercado, explicando o diminuto número de novos títulos desde 1936. Se entre 1910 e 1935 (em 25 anos) foram publicados 208 novos diários, entre 1936 e 1972 (em 36 anos) apenas se criaram 19 novos títulos22. O fim da autorização prévia, ao facilitar a criação de uma empresa jornalística e a nomeação do diretor, tornou possível a Francisco Pinto Balsemão lançar o semanário Expresso. Balsemão era, nessa altura, deputado da Assembleia Nacional, integrando a chamada “ala liberal” que estava em rota de colisão com o chefe do Governo: enquanto Marcello Caetano optava por manter o regime autoritário, ainda que menos repressivo; a “ala liberal” pugnava por uma rápida e radical abertura política do regime, estando disposta a colaborar e apoiar Caetano na condição de este dar sinais claros de transformar o regime numa democracia. O Estado Novo assistia então, pela primeira vez, à irreverência de um grupo de deputados que pretendia agir com independência face ao Governo. O fim da autorização prévia, como condição necessária para se fundar um jornal, permitiu à “ala liberal”, que entretanto abandonou a Assembleia Nacional, existir noutro palco de atuação política: o Expresso23. Este semanário rapidamente desagradou Marcello Caetano —um leitor atento de jornais—, de tal forma que deixou “de ler o Expresso, porque o jornal o crispava”24. A publicidade oficial serviu de arma ao poder político do Estado Novo para exercer censura económica. Pelos Decreto-Lei 26.589 de 14 de maio de 1936 e Decreto-Lei 27.543 de 1 de março de 1937, os jornais de ideologia oposta à situação deixaram de poder usufruir da receita proveniente dos anúncios de caráter oficial, incluindo editais e anúncios judiciais (sob pena de estes não terem validade legal). Estes diplomas legais feriam gravemente a concorrência. Mas, se uns eram economicamente sufocados, os jornais que beneficiavam desta espécie de subsídio indireto estavam expostos à pressão política. Quanto à tributação fiscal, é de referir que o Imposto

22 Com base na informação publicada por Mário Matos Lemos, Jornais diários portugueses do século xx: um dicionário (Coimbra: Ariadne Editora, 2006). 23 Suzana Cavaco, “Jornalismo no fim do Estado Novo: o caso ‘Expresso’”, Revista Estudos de Jornalismo 1 (2012): 21, acedido a 4 de janeiro de 2013, <http://www.revistaej.sopcom.pt/ficheiros/20130103-revista_final.pdf>. 24 Marcello Caetano citado em “Carta de Francisco Balsemão a Marcello Caetano”, 11 de abril de 1974, em antt, amc, Secção Presidente do Conselho de Ministros, Série Correspondência e documentação diversa, cx.13, Correspondência, nº 20, f.3.

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do Selo sobre a publicidade aumentou sete pontos percentuais em 1971, ao passar de 3% para 10% (Decreto-Lei 653/70 de 28 dezembro25). A medida não foi bem acolhida pelo Grémio da Imprensa Diária, por entender que teria “grave repercussão na já precária situação económica da maior parte das Empresas agremiadas”26. A subida no referido imposto favorecia a confusão entre informação e publicidade, isto é, favorecia a inserção de publicidade não identificada. Quanto à alteração do preço de venda dos jornais, durante o Estado Novo ela não era ordenada por meio de decreto, mas era encarada como um problema com “incidências políticas”, e como tal, o Governo tinha uma interferência decisiva na alteração do preço. Durante a governação marcelista, a subida de preço por exemplar do jornal diário ocorreu duas vezes, por resolução do Grémio Nacional da Imprensa Diária: a primeira a 1 de outubro de 1969 passando para 1$50 (e após 13 anos a 1$00); a segunda a 1 de fevereiro de 1974, passando para 2$50. Em ambos os casos, o aumento dos preços apenas foi possível após diligências do Grémio junto do Governo: na primeira vez com o argumento de que resultaria em “grave prejuízo” para a grande maioria dos seus Associados se não se efetivasse o “projetado aumento”; na segunda vez, argumentando que tal alteração era insuficiente e tardia, perante o agravamento dos custos de produção27. Vários jornais acompanharam publicamente as críticas do Grémio. Por exemplo, o jornal O Comércio do Porto afirmou que o aumento do preço dos jornais em 1974 fora “retardado até ao limite máximo possível, com grande prejuízo das empresas jornalísticas”, pelo que serviria “apenas para minorar a grave situação económica das empresas jornalísticas”28. Este procedimento do Governo em protelar a decisão de alteração do preço de venda dos jornais contribuía para a fragilidade financeira das empresas jornalísticas, tornando-as potencialmente mais vulneráveis a pressões. Uma postura que contrariava a noção de pagamento de bens e serviços pelo “justo preço” preconizada pelo corporativismo, uma doutrina que orientava constitucionalmente o regime. “Fixar o justo preço é determinar o mínimo custo de produção e o máximo do lucro legítimo que a ele se pode adicionar”, explicava Marcelo Caetano, enquanto docente de Direito Corporativo29.

25 Diário do Governo, Lisboa, 28 de dezembro, 1970, 1968 (7). 26 Grémio Nacional da Imprensa Diária, Relatório e contas do Grémio Nacional da Imprensa Diária em 31 de dezembro de 1970 (Lisboa: gnid, 1971). 27 Grémio Nacional da Imprensa Diária, Relatório e contas do Grémio Nacional da Imprensa Diária em 31 de dezembro de 1968 (Lisboa: gnid, 1969); Grémio Nacional da Imprensa Diária, Relatório e contas do Grémio Nacional da Imprensa Diária em 31 de dezembro de 1969 (Lisboa: gnid, 1970); Grémio Nacional da Imprensa Diária, Relatório e contas do Grémio Nacional da Imprensa Diária em 31 de dezembro de 1972 (Lisboa: gnid, 1973); Grémio Nacional da Imprensa Diária, Relatório e contas do Grémio Nacional da Imprensa Diária em 31 de dezembro de 1973 (Lisboa: gnid, 1974). 28 “Novo preço dos jornais diários”, O Comércio do Porto, Porto, 27 de janeiro, 1974, 1 e 7. 29 Marcello Caetano, Lições de direito corporativo (Lisboa: s/e., 1935), 144-145.

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2. Forças económicas: o agravar da “crise da imprensa” após “época de ouro” da publicidade A adesão de Portugal à Associação Europeia de Comércio Livre (efta), em 1960, marcou o início de uma nova fase na economia portuguesa, tradicionalmente fechada. Entre 1960 e 1973, registou um crescimento económico a um ritmo acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (ocde) e sem paralelo na história do país: em treze anos, o Produto Interno Bruto (pib) nacional cresceu a uma taxa média anual de 6,9% (a preços constantes); entre 1969 e 1973 foi de 8,6%. Esse crescimento deveu-se à expansão dos sectores secundário e terciário que, em 1973, representavam respetivamente 36% (em 1960 era 30%) e 49% (cerca de 45% em 1960) do pib. A atividade publicitária viveu então um período de grande prosperidade. Em 1968, contava com três mil membros e movimentava, anualmente, cerca de mil e quinhentos milhões de escudos —milhão e meio de contos30. O peso da agricultura e pesca no emprego total dos portugueses baixou dos 48,8% de 1953, para os 23,7%, em 1973. Muitos migraram para Lisboa, Porto e outros distritos do litoral (como Setúbal) em busca de melhores condições de vida. O crescimento do consumo privado, que se acentuou a partir de meados dos anos 60, acompanhou o aumento dos ordenados e salários (gráfico 1). Nos grandes centros urbanos, emergiu uma classe média que começava a fazer férias, a comprar carro e eletrodomésticos. O despertar da sociedade de consumo estimulou o investimento publicitário, favorecendo, por sua vez, a indústria dos media que operava no mercado do anunciante (isto é, que vendia ao anunciante acesso às audiências). Na imprensa, os anúncios de página inteira passaram a ser frequentes. O número de páginas dos jornais aumentou para poder acomodar o aumento da publicidade. Os valores relativos ao consumo de papel de jornal são elucidativos: no início dos anos 70, os jornais de Lisboa consumiam 45 mil toneladas de papel de jornal31, um valor 500% superior às 7,5 mil toneladas importadas, em média, em meados da década de 30 e dirigidas aos jornais de todo o país32. Numa época marcada pelo dinamismo económico, jornais como o Jornal de Notícias, O Primeiro de Janeiro e A Bola davam-se ao luxo de rejeitar publicidade para dar prioridade ao material da redação. O Primeiro de Janeiro chegava a dar preferência aos anúncios de necrologia face aos anúncios a bancos, por estes últimos ocuparem quartos de páginas, meias

30 “Grande prémio da publicidade”, Diário de Lisboa, Lisboa, 7 de fevereiro, 1968, 1-2. 31 Grémio Nacional da Imprensa Diária, Relatório e contas do Grémio Nacional da Imprensa Diária em 31 de dezembro de 1973, s/p. 32 Conforme preâmbulo do Decreto-Lei 26.589, de 14 de maio de 1936. Diário do Governo, i série, Lisboa, 14 de maio, 1936, 519.

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Gráfico 1. Evolução do consumo privado e dos ordenados e salários, entre 1953 e 1973 250000 200000 150000 Ordenados e Salários Consumo privado

100000 50000 0

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Milhões de escudos

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Fonte: elaboração própria a partir de “Séries longas para a economia portuguesa – pós ii Guerra Mundial”, Banco de Portugal, <http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/SLEPort/Paginas/ SeriesLongasEconomiaPortuguesaposIIGuerraMundial.aspx>.

páginas ou páginas inteiras. Ou seja, preteria-se os bons clientes precisamente por serem bons clientes! Isto acontecia porque a publicidade estava garantida: “Os anunciantes faziam bicha ao fim de semana, no átrio do jornal, para entregar os seus anúncios! [...] Neste aspeto, era um tempo de luxo […]”, recorda Abílio Marques Pinto, antigo jornalista de O Primeiro de Janeiro33. Em 1973, em virtude do incremento do esforço de guerra no Ultramar e da crise internacional (“choque petrolífero”), a economia portuguesa desacelerou. Em consequência, os orçamentos dos anunciantes retraíram-se, ditando o fim da “época de ouro” da atividade da publicidade em Portugal (1960-1973)34. Algumas agências de publicidade cessaram a sua atividade, causando “a alguns jornais diários vultosos prejuízos por falta de pagamento de publicidade de sua conta”35. Já em situação difícil em 1972, a “crise da imprensa” agudizou-se em 1973, fruto da quebra nas receitas provenientes da publicidade; e do aumento dos custos operacionais. A isto acrescentavam-se as dificuldades de abastecimento da sua principal matéria-prima: o papel. Em contraste com os bons resultados alcançados na produção de pasta e de papéis de qualidade, a indústria papeleira portuguesa só episodicamente ou em muito pequena escala produziu papel

33 Abílio Marques Pinto citado em: Fernando Correia e Carla Baptista, Memórias vivas do jornalismo (Alfragide: Caminho, 2010), 30-31. 34 Rui Estrela, A publicidade no Estado Novo (1960-1973) (Lisboa: Simplesmente Comunicando, 2005), 90. 35 Grémio Nacional da Imprensa Diária, Relatório e contas do Grémio Nacional da Imprensa Diária em 31 de dezembro de 1973, s/p.

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de jornal36. Apesar de abrangida pelo condicionamento industrial em 1931, e depois considerada indústria-base no seguimento da Lei do Fomento em 1945, a indústria papeleira portuguesa mostrou-se incapaz de satisfazer as necessidades da imprensa diária em obter papel barato e em grande quantidade. Todo o papel consumido pela imprensa diária portuguesa era importado do estrangeiro37. Apesar da baixa tributação alfandegária ao papel de jornal importado38, o fato de só uma empresa (sodipel-Sociedade Distribuidora de Papel, criada em 1967 pela Companhia Portuguesa de Celulose com as principais empresas escandinavas) deter, praticamente, o exclusivo de tal importação dificultava as negociações. O problema da dependência do fornecimento externo agravou-se a partir de outubro de 1973, com a escassez mundial de papel, em virtude do aumento do consumo mundial de papel e da conjuntura internacional. A crise petrolífera de 1973 fez disparar o preço do papel de jornal, que passou de 5 para 8 contos a tonelada39, o que significou um aumento de 60%, face a 1972. O petróleo afetava não só o transporte como a produção de papel, pois eram necessários dois barris e meio de petróleo por cada tonelada de papel40. Perante as dificuldades de abastecimento de papel de jornal, a Empresa do Jornal de Notícias viu-se obrigada, no último trimestre de 1973, a reduzir o número de páginas publicadas diariamente41. Também a Sociedade Industrial de Imprensa viu-se forçada a diminuir o número de páginas do Diário Popular e a renunciar a uma edição especial, numerada, da ordem do milhão de exemplares, programada para dezembro desse ano. Isto depois de, em 1972, registar a sua “maior tiragem de sempre”, e “o mais expressivo volume de publicidade nele inserido”42. Ou seja, a escassez de papel obstava

36 Jorge Fernandes Alves, “A estruturação de um sector industrial: a pasta de papel”, Revista da Faculdade de Letras: História 3: 1 (2000): 153-182. 37 Grémio Nacional da Imprensa Diária, Relatório e contas do Grémio Nacional da Imprensa Diária em 31 de dezembro de 1973, s/p. 38 Jorge Fernandes Alves, “O papel de jornal e a imprensa em Portugal”, em Desenvolvimento económico e mudança social: Portugal nos últimos dois séculos: homenagem a Miriam Halpern Pereira, orgs. José Vicente Serrão et al. (Lisboa: ics, 2009), 198. Pouco antes da queda do regime, a imprensa noticiou que o Governo aprovou, a 5 de fevereiro de 1974, um diploma que previa a isenção aduaneira para o papel de jornal. “Conselho de Ministros”, O Comércio do Porto, Porto, 6 de fevereiro, 1974, 1. 39 “Renascença Gráfica, s.a.r.l.: Relatório do conselho de administração, balanço e contas e parecer do conselho fiscal referentes ao exercício de 1973”, Diário do Governo, iii série, Lisboa, 23 de abril, 1974, 3303. 40 “Escassez de papel de imprensa ameaça os jornais britânicos”, O Comércio do Porto, Porto, 25 de abril, 1974, 1. 41 “Empresa do Jornal de Notícias s.a.r.l.: Relatório, contas e balanço apresentados pelo conselho de administração e parecer do conselho fiscal do exercício de 1973”, Diário do Governo, Lisboa, 7 de maio, 1974, 3803. 42 “Sociedade Industrial de Imprensa, s.a.r.l.: Relatório, balanço e contas e parecer do conselho fiscal referentes ao exercício de 1972”, Diário do Governo, iii série, Lisboa, 16 de junho, 1973, 4891; “Sociedade Industrial de Imprensa, s.a.r.l.: Relatório, balanço e contas e parecer do conselho fiscal referentes ao exercício de 1973”, Diário do Governo, iii série, Lisboa, 16 de maio, 1974, 4260.

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os jornais de aumentarem as receitas através da publicidade para compensar o agravamento dos custos de exploração. Este agravamento devia-se também aos aumentos com os encargos com o pessoal (incluindo encargos sociais). A taxa de desemprego em Portugal decresceu entre 1968 e 1973, passando de 3,1% para 1,4%. A escassez de mão-de-obra reflectiu-se na subida dos salários e da inflação, além de dar poder negocial aos trabalhadores. Pelo Contrato Coletivo de Trabalho de 1971, a retribuição mínima do trabalho jornalístico (num diário de grande expansão) passou a variar entre 2,5 mil escudos e 9,7 mil escudos, que correspondiam ao “período de experiência” e ao “chefe de redação”, respetivamente. Esta última categoria registou um aumento salarial de 50,4% face aos valores do Contrato Coletivo de Trabalho de 1966. O vencimento do “repórter” passou a ser de 5,3 mil escudos; e o do “redator” 6,3 mil escudos (mais 53,7% do que em 1966). O valor da remuneração do “estagiário de 2º ano” (4 mil escudos) era superior aos 3,3 mil escudos do salário mínimo nacional, fixado pelo Governo, em maio de 1974 (um mês depois da revolução que depôs o regime)43. Contudo, os jornais pagavam acima do estipulado pelo Contrato Coletivo de Trabalho. Tal pode ser constatado pelos valores dos vencimentos dos jornalistas declarados ao Sindicato Nacional dos Jornalistas, pelas empresas jornalísticas em dezembro de 197044. Por exemplo, no Diário de Lisboa e no Diário Popular havia redatores que, em dezembro de 1970, ganhavam 13 mil escudos acima do que veio a ser acordado em 1971. Pelo Contrato Coletivo de Trabalho de 1966, os jornalistas tinham direito a uma diuturnidade de 10% sobre a respetiva retribuição mínima mensal, por cada cinco anos na mesma categoria e empresa, até ao máximo de três diuturnidades. A questão das diuturnidades não sofreu alterações em 1971. O que trouxe de novo o Contrato Coletivo de Trabalho de 1971 foi a gratificação a que os jornalistas passaram a ter direito a receber, por altura do Natal: uma gratificação correspondente, pelo menos, a 50% do vencimento mínimo da respetiva categoria. Duas alterações relativamente a férias: todos os jornalistas com um ano de serviço passaram, em 1971, a ter direito a um período de férias remuneradas de trinta dias seguidos —em 1966, os trinta dias estavam reservados para quem tivesse mais de cinco anos de atividade na empresa; vinte dias remunerados para os jornalistas com “um ano de bom e efetivo serviço”—; todos os jornalistas passaram a ter “direito a receber anualmente um subsídio de férias no início destas, igual ao seu vencimento mensal”, em 1966 apenas os jornalistas com cinco anos tinham “direito a um subsídio de férias correspondente a 50% do respetivo ordenado mínimo legal”.

43 “Decreto-Lei 217/74”, Diário do Governo, i série, Lisboa, 27 de maio, 1974, 654. 44 Dados coligidos e publicados em Rosa Maria Sobreira, Os jornalistas portugueses 1933-1974: uma profissão em construção (Lisboa: Livros Horizonte, 2003), 181-184.

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3. Forças tecnológicas: os dilemas da modernização dos jornais A imprensa via-se impelida a renovar o equipamento industrial devido à inevitabilidade do desgaste das máquinas e apetrechos. Mas não só por isso. Havia também que satisfazer a necessidade de incremento do número de páginas e da tiragem, bem como de tornar os jornais mais apelativos a um público leitor, cada vez mais seduzido pela televisão. Acompanhar o progresso tecnológico, se por um lado permitia evoluir e melhorar a produtividade; por outro implicava, geralmente, avultados investimentos. Ou seja, os avanços tecnológicos tanto podiam representar oportunidades importantes, como ameaças ou perturbações. A decisão do reequipamento industrial era muitas vezes adiada anos a fio. Chegava até a provocar conflitos internos. Uma certa inquietação envolvia a obtenção de meios técnicos avançados, tanto pela incerteza da rendibilidade económica da sua futura utilização, como pela incapacidade financeira das empresas de jornais que as empurrava para obtenção de financiamentos, que muitas vezes conduziam ao incumprimento, levando a que esses jornais ficassem na mão dos credores. Para além disso, a aquisição de nova maquinaria podia implicar a remodelação ou ampliação do edifício, ou mesmo exigir novas instalações. Três exemplos: A compra de uma nova rotativa pela Companhia Nacional Editora, proprietária do Diário da Manhã, exigiu em 1952 a aquisição do prédio contíguo, indemnização aos inquilinos e obras de adaptação45. Em 1972, a Sociedade Industrial de Imprensa, proprietária do Diário Popular, procedeu a “importantes obras de remodelação” das instalações, abrangendo a construção de um novo imóvel para a instalação de uma nova máquina de impressão46. Nessa altura, as oficinas do Diário de Lisboa (da Renascença Gráfica) estavam já equipadas com fotocomposição e impressão offset, que eram então o que havia de mais moderno na área. A Renascença Gráfica, da família Ruella Ramos, foi mesmo pioneira em Portugal. A nova maquinaria, negociada em 1966 e em fabrico já em 196747, só chegou em 1971. No entretanto, em fevereiro de 1968, o Diário de Lisboa fez saber que iria construir uma nova sede para acomodar a nova maquinaria48. Mas, um ano e meio depois, os planos do novo edifício do jornal ainda aguardavam

45 “Importâncias necessárias para a remodelação do jornal Diário da Manhã e sua justificação”, Lisboa, em antt, Arquivo Oliveira Salazar (aos), Secção Correspondência Oficial, subsecção Presidência do Conselho, 54, pt. 3, f.10. 46 “Carta da administração da Sociedade Industrial de Imprensa dirigida à Secretaria Nacional de Informação e Cultura”, 20 de novembro de 1972, em antt, Arquivo Secretariado Nacional de Informação (sni), Censura, cx. 540. 47 “46º ano do Diário de Lisboa”, Diário de Lisboa, Lisboa, 8 de abril, 1967, 16. 48 “1968: ano da renovação do nosso jornal”, Diário de Lisboa, Lisboa, 19 de fevereiro, 1968, 1.

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autorização da Câmara Municipal de Lisboa49. O tempo foi passando e a Renascença Gráfica acabou por desistir da ideia de mudar de instalações. “Só por milagre se conseguiu meter a máquina (offset) no bairro alto [bairro antigo de ruas estreitas no centro de Lisboa, onde se situava o Diário de Lisboa]”, recorda Maria do Carmo Ruella Ramos que acrescenta, em tom de graça: “A maquinaria demorava imenso tempo a chegar. Era como hoje uma encomenda de submarinos”50. A obsolescência, por vezes rápida, do equipamento é outro dos grandes problemas associados ao esforço de modernização tecnológica. Nos anos 60, o Diário Popular não tinha ilusões quanto a isto: “[...] não nos iludimos, pois surgem na indústria tipográfica sucessivas e bruscas inovações e, por vezes, sucede que máquinas encomendadas com antecedência podem considerar-se ultrapassadas pouco após a montagem”51. Em 1968, dois anos depois de instalar o segundo grupo de rotativas que encomendara em 1962, o Diário Popular dava início a uma renovação da tipografia52. No caso do Jornal de Notícias, a rotativa, encomendada em 1965 e cuja dimensão implicou mudança de instalações, foi instalada em 1971, numa altura em que já estava desatualizada, pelo que o jornal produziu-se graficamente em chumbo, até meados dos anos 80. Ou seja, o Jornal de Notícias não tirou oportunamente proveito das potencialidades que o desenvolvimento tecnológico já permitia em 1971, quando foi instalada a máquina. O offset permitia uma impressão mais limpa, mais rápida, e um maior número de cópias. Ou seja, oferecia qualidade e quantidades de produção superiores às obtidas com a impressão “em chumbo”. Esta última tornava a profissão de tipógrafo especialmente difícil no verão. Nas oficinas de O Comércio do Porto, o ar tornava-se “irrespirável”53. Contudo, o novo sistema veio abalar fortemente a classe dos tipógrafos: a prazo, fez desaparecer os revisores, os paginadores, os linotipistas, os tituleiros e os caixitas, entre outros ofícios tipográficos54. Ou seja, o uso de novas tecnologias na indústria de jornais teve implicações noutras actividades profissionais e noutros negócios. A arte da tipografia acabou por inibir a modernização tecnológica das redações. Em 1974, era ainda normal os jornalistas escreverem à mão, pois, como os textos jornalísticos não eram assinados, o manuscrito, por ser “mais personalizado”, permitia ao tipógrafo identificar o

49 “Carta de Jorge Rodrigues a Marcello Caetano”, 20 de julho de 1969, em antt, amc, Correspondência, Jorge Eduardo Tavares Rodrigues, cx. 48, nº 19. 50 Entrevista a Maria do Carmo Pinto Ruella Ramos, Lisboa, 10 de maio de 2011. 51 Sociedade Industrial de Imprensa, Relatório, balanço e contas e parecer do conselho fiscal, referentes ao ano de 1968 (Lisboa: Sociedade Industrial de Impresa, 1969). 52 Sociedade Industrial de Imprensa, Relatório, balanço e contas e parecer do conselho fiscal, referentes ao ano de 1966 (Lisboa: Sociedade Industrial de Impresa, 1967). 53 Entrevista a Alípio Dias, Lisboa, 8 de agosto de 2011. 54 Acácio Barradas citado em: Fernando Correia e Carla Baptista, Memórias vivas, 69-70, 75.

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autor55. A máquina de escrever era então uma inovação pouco frequente nas redações portuguesas. As telecomunicações também assumem especial relevância na indústria jornalística, que delas depende para obtenção e transmissão de informação. No que respeita às comunicações telefónicas, Portugal estava atrasado. Em 1969, com 73 telefones por mil habitantes, Portugal estava em penúltimo lugar de entre os países da ocde, dos quais treze registavam valores acima dos 200 telefones por mil habitantes. Os eua e a Suécia lideravam a lista com 567 e 515 telefones, respetivamente56.

4. Distribuição: um sector fortemente afetado por forças macroambientais Fazer chegar o produto/serviço ao cliente constitui uma das actividades-chave da empresa. Trata-se de um fator que influencia a escolha do(s) segmento(s) de clientes que a empresa visa servir e dos segmentos que vai ignorar. Influencia o fluxo de rendimentos (receitas provenientes do leitor e do anunciante) e até o próprio produto (entendido como a agregação de benefícios que a empresa propõe ao cliente). A distribuição de jornais estava condicionada, entre outros, pelo estado de desenvolvimento de grandes infra-estruturas. Se, por exemplo, o acesso à televisão exigia investimento público na rede eléctrica e na rede de antenas de difusão de ondas hertezianas; a difusão da imprensa relacionava-se com as potencialidades e debilidades da rede viária e transportes. No fim do Estado Novo, estava ainda em discussão a concessão da construção e exploração de uma rede nacional de auto-estradas, num total de 346 km57. A frota rodoviária de cada um dos três matutinos do Porto partia de madrugada (por volta das 3 horas), percorrendo muitas vezes estradas sinuosas em tempo de chuva e nevoeiro. Se em cidades do litoral Norte, como Braga, podia-se ler o jornal vindo do Porto entre as 5 e as 6 horas da manhã; em Bragança (no Nordeste transmontano) o jornal chegava às duas da tarde (ou mais tarde). O “jornal que fechasse primeiro, e que saísse primeiro, tinha vantagem sobre os outros em matéria de vendas”58. Muitos postos de venda fechavam sábado à tarde e durante o domingo. Atrasos na edição e/ou distribuição podiam fazer com que um jornal, que habitualmente estivesse nas bancas ao sábado de manhã, estivesse disponível apenas na segunda-feira.

55 Entrevista a José Costa Carvalho, Porto, 14 de agosto de 2011. 56 “Les Pays Membres de l’ocde”, L’Observateur de l’ocde, Paris, fevereiro, 1972. 57 O plano do Governo previa a conclusão da auto-estrada Lisboa-Porto, o prolongamento da auto-estrada do estádio nacional até Cascais e a construção da auto-estrada Porto-Guimarães. 58 Entrevista a José Costa Carvalho, Porto, 14 de agosto de 2011.

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Este foi um dos problemas vividos pelo Expresso, um semanário que inseria notícias de última hora para competir com os jornais diários no dia de saída (aos sábados). Quando sujeito à “prova de página” (castigo da censura), o fecho do jornal era “um pesadelo”, pois as demoras dos censores arrastavam a impressão para horas tardias, resultando num “esforço titânico” para distribuir o jornal por todo o país. “Isso era muito cansativo e muito desgastante”, recorda Balsemão, fundador, diretor e principal acionista do jornal59. Na realidade, numa indústria em que o prazo de validade dos produtos é muito curto, as demoras nas decisões da Censura agravavam os efeitos dos próprios cortes da censura. Ruella Ramos, diretor do vespertino Diário de Lisboa, queixou-se da “incompetência e má vontade dos censores”, acusando-os de deliberadamente prejudicarem o jornal, ao adiar até às 17 horas as provas de Censura, “do que resultava manifesta inviabilidade de atingir a Província”60. Também Luís Fontoura, presidente do conselho de administração da Sociedade Gráfica De A Capital (sgc), reclamava da retenção, pela Censura, do material do jornal A Capital até às 15 horas, pois este vespertino tinha de se começar a imprimir às 14 horas, sob pena de não se ter “a tiragem a tempo de a meter nos comboios e nos carros”61. Como sublinhava Fontoura, provocar a inutilização do material impresso constituía uma outra forma de censura. Embora os jornais da tarde de Lisboa apostassem na informação regional, mantendo uma “vasta e onerosa” rede de correspondentes62, a concentração populacional e urbanização acelerada, verificada entre 1958 e 1974 (fruto do êxodo rural), favoreciam uma geografia de difusão especialmente concentrada em Lisboa e Porto. Davam até oportunidade ao lançamento de novos produtos. Por exemplo, o vespertino Diário de Lisboa lançou em 1968 a “edição da noite”, atendendo “às exigências de uma certa informação especial sobre certos aspectos da vida lisboeta que se afirma principalmente às primeiras horas da noite”. Esta “edição da noite” podia ser encontrada nas três maiores cidades do país: Lisboa, Porto e Coimbra. Na capital, o leitor interessado podia adquirir essa “edição da noite” em quarenta e quatro tabacarias abertas até às 20 horas (pois havia estabelecimentos que encerravam às 19 horas)63. A primeira edição noturna do Diário de Lisboa esgotou nalgumas zonas da cidade

59 Entrevista a Francisco Pinto Balsemão, Lisboa, 21 de julho de 2011. 60 “Carta de Jorge Rodrigues a Marcello Caetano”, 9 de setembro de 1969, em Cartas particulares a Marcello Caetano, vol. 2, org. José Freire Antunes (Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985), 92. 61 Entrevista a Luis Fontoura, Lisboa, 7 de julho de 2011. 62 “Três jornalistas debateram em mesa-redonda problemas da imprensa”, Diário Popular, Lisboa, 9 de abril, 1970, 11. 63 “Edição a Noite do ‘Diário de Lisboa’ está desde hoje à disposição do público”, Diário de Lisboa, 20 de fevereiro, 1968, em antt, Arquivo pide/dgs, Secção Serviços Centrais, processo Centro de Informação (1) cs ci (1) referente ao jornal Diário de Lisboa, Proc. 212 ui 1176 f.55.

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poucos minutos depois de aparecer ao público, tendo os ardinas (vendedores ambulantes) sido “assaltados” pelos leitores64. Este caso mostra também como a facilidade de colocação do produto no mercado podia influenciar a informação produzida. Na realidade, as vendas fora das duas grandes cidades comportavam transtornos que não se ficavam pelo tempo de deslocação e custos acrescidos (por exemplo, com os portes do correio65). A dispersão habitacional fora dos centros urbanos, quando associada a fracas acessibilidades, dificultava o estabelecimento de parcerias com canais de venda.

Conclusão A indústria jornalistica, tal como qualquer empresa, não opera num vácuo, mas num ambiente complexo, sujeita a forças políticas, económicas, socioculturais e tecnológicas. No período em estudo, grandes forças macroambientais proporcionaram algumas oportunidades e originaram muitas ameaças que afetaram as empresas de jornais, chegando a impedi-las de satisfazer as necessidades/desejos dos seus clientes. O ambiente político, por exemplo, sufocou de um modo geral o desenvolvimento da imprensa, desde logo pelas limitações impostas pela censura prévia aos conteúdos publicados. Em nome da proteção da opinião pública, o Estado impossibilitava os jornais de informar com verdade o seu público —especialmente quando se tratava de informação relevante ao país, como a guerra colonial. Os serviços de Censura souberam também explorar o deadline inerente à atividade jornalística. Num tempo em que os jornais eram produzidos em chumbo, um “simples corte” do censor era o suficiente para se ter de refazer toda a composição, já que os espaços em branco eram proibidos. Os atrasos dos serviços de Censura, mesmo que a decisão fosse “autorizado”, podiam inviabilizar irremediavelmente a publicação do texto jornalístico (dada a acentuada perecibilidade deste) ou comprometer a distribuição da edição do jornal pelo país. Ou seja, os efeitos secundários da censura podiam ser tão graves para a empresa (e para a sociedade) quanto os efeitos de um corte total. A regulação legal e inerente burocratização obstaram a livre concorrência, afetando a estrutura do mercado dos jornais diários durante várias décadas. A obrigação de autorização prévia e caução para a fundação de um novo jornal, que vigorou entre 1936 e 1972, não

64 “A edição da noite foi um êxito”, Diário de Lisboa, Lisboa, 21 de fevereiro, 1968, 1. 65 Em 1926, o Decreto 12.428 de 29 de setembro fez cessar a dispensa de franquia postal dos jornais e outras publicações periódicas. Essa dispensa fora concedida em 1918 (Decreto 3.773 de 19 de janeiro de 1918) em face da insuficiência das providências tomadas em 1916 (pela Lei 511 de 15 de abril) para impedir o agravamento da crise da imprensa jornalística.

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visava proteger as empresas umas das outras, mas salvaguardar o próprio regime político de publicações periódicas cujos responsáveis não se enquadrassem na “idoneidade intelectual e moral” proclamada pelo Estado Novo. Após uma “época de ouro” que marcou o negócio da publicidade (fruto da industrialização e terciarização do país e do despertar da sociedade de consumo), o “choque petrolífero” de 1973 abalou a imprensa. Esta teve de enfrentar não só o agravamento dos custos de produção e distribuição, como também a escassez da sua principal matéria-prima (o papel). O preço de venda ao público dos jornais foi aumentado; mas, não o suficiente nem no momento desejado pela imprensa. Ainda que se tratasse de uma resolução da assembleia geral do Grémio Nacional de Imprensa Diária, o poder político, considerando a alteração de preço do jornal um assunto com “incidências políticas”, procurava retarda-la ao máximo. Esse aumento de preço tardio e desatualizado (em virtude do agravamento dos custos provocados também com os aumentos dos encargos com o pessoal) contribuía para a fragilidade financeira das empresas jornalísticas, potenciando a sua vulnerabilidade a pressões.

Bibliografia Fontes primárias Arquivos: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (antt), Lisboa-Portugal. Fundos: Arquivo Marcello Caetano (amc), Arquivo Oliveira Salazar (aos), Arquivo pide/dgs, Arquivo Secretariado Nacional de Informação (sni).

Publicações periódicas: Diário de Lisboa. Lisboa, 1968-1974. Diário do Governo, i série. Lisboa, 1916-1974. Diário do Governo, iii série. Lisboa, 1968-1973. Diário Popular. Lisboa, 1970 L’Observateur de l’ocde. Paris, 1972. O Comércio do Porto. Porto, 1974. O Século. Lisboa, 1961.

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Entrevistas: Entrevista a Balsemão, Francisco Pinto. Lisboa, 21 de julho de 2011. Entrevista a Carvalho, José Costa. Porto, 14 de agosto de 2011. Entrevista a Dias, Alípio. Lisboa, 8 de agosto de 2011. Entrevista a Fontoura, Luís. Lisboa, 7 de julho de 2011. Entrevista a Ramos, Maria do Carmo Pinto de Ruella. Lisboa, 10 de maio de 2011.

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Nelson Eduardo Rodríguez

Historiador y antropólogo de la Universidad de los Andes (Colombia). Es miembro del grupo de estudio e investigación Historia Colonial, coordinado por la profesora Diana Bonnett Vélez, de la misma universidad. Entre sus publicaciones recientes se encuentra: “Cartografía de la frontera bárbara: las representaciones del Darién a propósito del conflicto entre el Virreinato de Nueva Granada y los Cunas”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 19: 1 (2014) [En prensa]. xnelsonrodriguezx@yahoo.com

Artículo recibido: 02 de abril de 2013 Aprobado: 08 de agosto de 2013 Modificado: 02 de septiembre de 2013

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.09

Ï Este artículo hace parte de la tesis de pregrado “Bárbaros en el corazón del imperio: interacción y disputa entre cunas y europeos en el Darién durante 1774-1792”, defendida en la Universidad de los Andes (Colombia) para obtener el título de historiador. Una parte de este artículo se presentó en “Borderlands and Indigeneity in Conversation Conference, Columbia University”, Nueva York, Estados Unidos, marzo 29, 2013. La investigación se desarrolló con recursos propios.

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El imperio contraataca: las expediciones militares de Antonio Caballero y Góngora al Darién (1784-1790)

El imperio contraataca: las expediciones militares de Antonio Caballero y Góngora al Darién (1784-1790) Resumen: Este artículo analiza las expediciones militares realizadas en el Darién entre 1784-1790 teniendo como principal propósito presentar el modelo de reducción llevado a cabo en esta provincia, su proceso de elaboración y posterior desarrollo. Así como exponer el trasfondo comercial que durante las expediciones pudo producir efectos sociales para la región, sus habitantes indígenas y el propio virreinato neogranadino. Todo esto para argumentar que la ofensiva virreinal al Darién yuxtapuso métodos persuasivos y violentos impulsados por ingleses, lo que movilizó importantes recursos, acciones diplomáticas, y el transporte de personas de diversos lugares del Atlántico. Pero también que, a pesar de su aparente magnitud, las expediciones no fueron eficaces por el poder de los indígenas de negociar y evadir a las autoridades coloniales, y por la escasa presencia de agentes de colonización local que aseguraran las nuevas fundaciones. Palabras clave: Darién, mundo atlántico, Cunas, reformas militares, expedición militar.

The Empire Strikes Back: the Military Expeditions of Antonio Caballero y Góngora to the Darien (1784-1790) Abstract: This article analyzes the military expeditions deployed in the Darien between 1784 and 1790, with the goal of presenting the reduction model designed and implemented in this province. The article also aims to expose the commercial underpinnings of the expeditions that may have had social effects upon the region, its indigenous inhabitants, and the Neogranadine Viceroyship. This is done to support the argument that the Viceroy’s offensive in the Darien combined persuasive and violent methods driven by the English and that resulted in the mobilization of large amounts of resources, important diplomatic actions, and the transportation of people from various places on the Atlantic. The paper also supports the argument that, despite their apparent magnitude, the expeditions were not effective due to the power of the indigenous peoples in negotiating with colonial authorities and evading them, as well as to the weak presence of local colonization agents that could protect the new foundations. Keywords: Darien, Atlantic world, Kunas, military reforms, military expeditions.

O império contra-ataca: as expedições militares de Antonio Caballero y Góngora ao Darién (1784-1790) Resumo: Este artigo analisa as expedições militares realizadas no Darién entre 1784 e 1790; tem como principal propósito apresentar o modelo de redução realizado nessa província, seu processo de elaboração e posterior desenvolvimento. Além disso, expõe o contexto comercial que, durante as expedições, pôde produzir efeitos sociais para a região, seus habitantes indígenas e o próprio vice-reinado neogranadino. Tudo isso para argumentar que a ofensiva virreinal ao Darién justapôs métodos persuasivos e violentos impulsionados por ingleses, o que mobilizou importantes recursos, ações diplomáticas e o transporte de pessoas de diversos lugares do Atlântico. Mas também que, apesar de sua aparente magnitude, as expedições não foram eficazes pelo poder dos indígenas de negociar e evadir as autoridades coloniais, e pela escassa presença de agentes de colonização local que garantissem as novas fundações. Palavras-chave: Darién, mundo atlântico, Cunas, reformas militares, expedição militar.

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Introducción: el Darién, un vacío territorial cuna

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a región del Darién colonial, en la frontera actual de Colombia y Panamá, era vital para la Corona española, debido a su posición estratégica en medio del Caribe y el Pacífico, y a la abundancia de recursos naturales1. No obstante, la zona era controlada principalmente por grupos indígenas no reducidos, lo que impidió su rápida articulación al circuito comercial y administrativo de la América española. El dominio colonial se limitó entonces a algunos poblados inestables, debido a las revueltas internas y a las hostilidades de los cunas2. Los factores que explican esta condición son diversos, pero algunos de los más importantes son la dificultad para establecer empresas evangelizadoras efectivas, los problemas para dirigir iniciativas de poblamiento en la zona, la fragilidad de la burocracia nativa y, principalmente, el dominio territorial cuna3. La provincia se caracterizó, además, por los conflictos interétnicos entre indígenas, europeos y negros. Existen numerosas investigaciones acerca de la provincia del Darién4. La mayor parte de los trabajos abordan los primeros años de las fundaciones españolas, exponen la cotidianidad en éstas

1

José Manuel Serrano Álvarez, “La gobernación de Cartagena de Indias y el sistema defensivo indiano en el siglo xviii”, Revista de Historia Militar xlix: 98 (2005): 37-75; Luis Fernando González Escobar, El Darién: ocupación, poblamiento y transformación ambiental. Una revisión histórica (Medellín: itm/Colección Bicentenario de Antioquia, 2011).

2

Reina Torres de Araúz, Etnohistoria Cuna. Tesis para la investidura formal como académica de la historia (Panamá: eupan, 1974); James Howe, A People Who Would Not Kneel: Panama, the United States, and the San Blas Kuna (Washington: Smithsonian Institution Press, 1998), cap. 1.

3

Ignacio Gallup Díaz, “The Spanish Attempt to Tribalize the Darién, 1735-50”, Ethnohistory 49: 2 (2002): 281-317; Carl Langebaek, El diablo vestido de negro y los cunas del Darién en el siglo xviii (Bogotá: Uniandes, 2006), 7-56. Sobre la política de poblamiento en este período en la Costa Atlántica del Virreinato, en especial del trabajo de Antonio de la Torre, remitirse a: Manuel Lucena Giraldo, “Las nuevas poblaciones de Cartagena de Indias. 1774-1794”, Revista de Indias liii: 199 (1999): 762-781; Ignacio Gallup Díaz, “‘Haven’t We Come To Kill the Spaniards?’ The Tule Upheaval in Eastern Panama, 1727-8”, Colonial Latin American Review 10 (2001): 251-271.

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Hay trabajos que se proponen abarcar todo el período colonial darienita: Severino de Santa Teresa, Historia documentada de la Iglesia en Urabá y el Darién, 5 vols. (Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones, 1957); Reina Torres de Araúz, Etnohistoria Cuna; Joaquín García Casares, Historia del Darién: cuevas, cunas, españoles, afros, presencia y actualidad de los chocoes (Panamá: Editorial Universitaria Carlos Manuel Gastezarro, 2008); Mónica Martínez Mauri, La autonomía indígena en Panamá: la experiencia del pueblo Kuna (siglos xvi-xxi) (Quito: Abya Yala, 2011); Luis Fernando González Escobar, El Darién: ocupación, poblamiento.

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y esbozan las causas que llevaron a su abandono progresivo5. De igual forma, se han realizado investigaciones dirigidas a reconstruir la distribución, interacción y disputa entre los grupos nativos darienitas ante los desafíos suscitados por la llegada europea. Estos trabajos identificaron el proceso de constitución étnica de los indígenas que habitan o habitaron el Istmo6. Sobre el siglo xvii se conocen el impacto de las iniciativas de reducción indígena, la interacción entre nativos y europeos, la época de la piratería y el período de la colonización escocesa. Mientras que para el xviii son más escasas las investigaciones, aunque se destacan aquellas que analizan las revueltas en los poblados de indios. Algunas se preguntan por el abandono progresivo de la región y la pérdida de control territorial español, ya que con el tiempo la Corona dejó de tener empresas extractivas y colonizadoras en la zona. Otras abordan el proceso de constitución misional y las respuestas indígenas7. A pesar de estos aportes, hay vacíos investigativos sobre la segunda mitad del siglo xviii y, principalmente, del período de las reformas militares8. El desconocimiento se evidencia en generalizaciones que desconocen el papel de los cuna en la configuración de la región. Se ha argumentado, por ejemplo, que el Darién dejó de ser una prioridad para este virreinato y que la provincia fue un lugar marginal dominado por la concordia interétnica, donde los factores ambientales fueron más determinantes que el accionar indígena para explicar la escasa presencia virreinal9. Asimismo, la segunda mitad del siglo xviii se enmarca en el plan de reformas militares

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Sobre los primeros años del Darién hay una compilación de artículos reciente: Paolo Vignolo y Virgilio Becerra, eds., Tierra Firme. El Darién en el imaginario de los conquistadores (Bogotá: icanh, 2011).

6

Reina Torre de Araúz, Estudio etnológico e histórico de la cultura chocó (Panamá: Universidad de Panamá, 1966); James Howe, “Algunos problemas no resueltos de la etnohistoria del Este de Panamá”, Revista Panameña de Antropología 2 (1977): 36-37; Katherine Romoli, Los de la lengua de cueva: los grupos indígenas del Istmo oriental en la época de la conquista española (Bogotá: icanh, 1987), 178-181; Patricia Vargas Sarmiento, Los Embera y los Cuna: impacto y reacción ante la ocupación española, siglos xvi y xvii (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 1993).

7

Ignacio Gallup Díaz, The Door of the Seas and Key to Universe: Indian Politics and Imperial Rivalry in the Darien, 16401750 (Nueva York: Columbia University, 2004).

8

Hay tres investigaciones que estudian el Darién durante la segunda mitad del siglo xviii: Manuel Luengo Muñoz reconstruye las discusiones y el proceso que condujeron a las expediciones militares durante la ocupación de Antonio Caballero y Góngora. Su propósito es presentar las circunstancias que concretaron el plan de ocupación, pero no aborda el desarrollo de las mismas ni sus consecuencias. Este trabajo fue el primero en resaltar la magnitud de las empresas expedicionarias en el Darién y mencionar el acervo documental del Archivo de Sevilla para investigar este proceso. “Génesis de las expediciones militares al Darién en 1785-1786”, Anuario de Estudios Americanos 18 (1961): 333-416. Pero el primer análisis de las reformas en esta provincia fue realizado por Allan Kuethe, quien reconstruye los métodos militares utilizados por el Virreinato y los indígenas, Military Reform and Society in New Granada, 1773-1808 (Gainesville: The University Press of Florida, 1978), 130144. También se han transcrito informes de la época que están acompañados de análisis; ver, por ejemplo: Álvaro Baquero y Antonio Vidal, La gobernación del Darién a finales del siglo xviii. El informe de un funcionario ilustrado (Barranquilla: Uninorte, 2004).

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José Manuel Pérez Ayala, Antonio Caballero y Góngora, virrey y arzobispo de Santa Fe 1723-1796 (Bogotá: Imprenta Municipal, 1950), 167; Manuel Luengo Muñoz, “Génesis de las expediciones militares”, 333-416; Aline Helg, Liberty and Equality in Caribbean Colombia 1770-1835 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2004), 18-41; Mónica Martínez Mauri, La autonomía indígena, 39-45.

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impulsadas por la Corona española para defender sus posesiones de ultramar, dirigidas principalmente al problema de la amenaza extranjera y de los indígenas no reducidos. Por lo que se ha sugerido además que la situación en la provincia del Darién fue reflejo de la inestabilidad en las fronteras de indígenas autónomos, y que las respuestas, a propósito, fueron hemisféricas10. En otros lugares de la América española se efectuaron campañas a las zonas habitadas por los denominados “bárbaros”, como en el norte de Nueva España y del Río de la Plata, al sur de la intendencia de Chile, Florida, el Chaco, la costa de los Mosquitos, entre otros. En el espacio donde se realizaron estas expediciones aumentó el número de efectivos militares, se hicieron esfuerzos por mejorar la disciplina de las tropas, se llevaron a cabo acercamientos que buscaban cortejar a los indios aliados, y se trasladaron colonos a las zonas de frontera. A pesar de que esto se venía haciendo en algunos territorios, bajo Carlos iii dichas medidas impulsaron la profesionalización de los militares11. David Weber, quien estudió los contextos de frontera en conjunto, sostuvo que la conquista de América, para la segunda mitad del siglo xviii, era inconclusa y que los territorios controlados por los indígenas no reducidos representaban más del cincuenta por ciento del territorio americano12. Ahora bien, para la segunda mitad del siglo xviii, el Darién era poco explorado, y la presencia española era mínima. La región se había forjado como una periferia en el sistema administrativo español y su lejanía preocupaba a la Corona13. Como primera medida para reconquistar la región, el Virreinato envió expediciones de reconocimiento en 1761, guiadas por el ingeniero militar Antonio de Arévalo con el propósito de conocer el interior darienita y ubicar los lugares donde se efectuaban los intercambios comerciales con extranjeros enemigos. Este lugar era importante por la vulnerabilidad que representaba en las disputas territoriales, comerciales, o como consecuencia de un posible traslado de las hostilidades desencadenadas en Europa a los mares de América, especialmente al Caribe, en momentos que se desarrollaba la “Guerra de los Siete Años”. Los informes, mapas y descripciones de estos primeros acercamientos impulsaron un viraje en la política de indios de la región. Por ejemplo, Andrés Ariza, gobernador de la provincia desde 1774 y principal funcionario virreinal antes de la ocupación militar, organizó su

10 Allan Kuethe, Military Reform and Society, 133-144. 11 Allan Kuethe, “Carlos iii: absolutismo ilustrado e imperio americano”, en Soldados del Rey: el ejército borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia, eds. Allan Kuethe y Juan Marchena (Barcelona: Universidad Jaume i, 2005), 17-30. 12 David Weber, Bárbaros: los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración (Madrid: Crítica, 2005). 13 Para una discusión sobre la importancia de las periferias en el sistema colonial español y que cuestiona la relación entre centro y periferia en sentido tradicional, consultar: John TePaske, “Integral to Empire: The Vital Peripheries of Colonial Spanish America”, en Negotiated Empires: Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1830, eds. Christine Daniels y Michael Kennedy (Nueva York: Routledge, 2002), 79-104.

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administración en dos frentes. El primero estaba dirigido a la revitalización de la burocracia nativa, por medio de los capitanes cunas, y el segundo se relacionaba con la construcción de guarniciones militares dispersas en la zona y la profesionalización de los efectivos militares, con el propósito de establecer campamentos para atraer agentes de colonización que posibilitaran la ampliación de la frontera virreinal. Los fuertes eran la institución para acceder a las fronteras de los indígenas autónomos, donde no podía organizarse una ocupación militar extensa y ofensiva. Funcionaban como estaciones de guarnición militar y terrenos para la colonización, que luego se adecuaban en centros de poblamiento y haciendas14. Su construcción y despliegue ejemplifican el acercamiento racional a la defensa15. En lugares como el Darién, la construcción de fuertes antecedió a los poblados, que servían no sólo para el ataque, sino también para adaptar a los colonos a las circunstancias del territorio (mapa 1). Sin embargo, durante sus primeros años, las empresas del gobernador Ariza no significaron una renovación significativa de la política de indios, sino que fueron la reutilización de modelos anteriores, a pesar de que sus propuestas se enmarcan en el programa de reformas militares del momento. Su intervención no consiguió someter a los cunas, debido a su capacidad de entablar relaciones diplomáticas y militares con los enemigos de España en las costas del Atlántico. El manejo territorial que tenían los cunas y su capacidad para hostilizar de manera eficaz a los poblados virreinales fueron otros factores determinantes. Los inconvenientes suscitados por la destreza cuna llevaron al virrey Antonio Caballero y Góngora a ordenar una expedición sin precedentes en la zona, donde convergieron funcionarios con experiencia en campañas de pacificación de otras provincias del Virreinato de la Nueva Granada. Dicha expedición se expondrá a continuación.

1. Contexto del programa expedicionario El 16 de agosto de 1783, Carlos iii de España le ordenó al recién nombrado virrey Antonio Caballero y Góngora la ocupación de las costas del Darién. Los informes de los distintos gobernadores aledaños y las descripciones de viajeros de la zona originaron la ofensiva militar del rey. El conflicto con Inglaterra, iniciado en 1778, para ese momento mostraba señales de concluirse, lo que motivaba aún más a la Corona a emprender medidas frente a otros problemas en Ultramar. Días después de la orden real de ocupación, el 3 de septiembre de 1783, se firmó el Tratado de Versalles entre ambas naciones,

14 David Weber, Bárbaros: los españoles y sus salvajes, 256. 15 Allan Kuethe, Military Reform and Society, 249.

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Mapa 1. Provincia del Darién, fuertes y pueblos de indios durante la segunda mitad del siglo xvii

Fuente: Antonio de Arévalo, “Mapa general del golfo del Darién, entre Panamá y Cartagena”, en Archivo General Militar de Madrid (agmm), Madrid-España, Fondo Cartoteca, vol. i, división E, sección B, grupo 6, N. 5234, y Manuel Luengo Muñoz, “Génesis de las expediciones”, 333 [Mapa elaborado por Paola Luna, estudiante de la maestría en Geografía, Universidad de los Andes (Colombia)].

que entregaba Menorca y Florida a España, y se pactaba además el desalojo inglés en Honduras16. Las pérdidas para la Corona británica hicieron que Carlos iii centrara su atención en el Darién y la bahía de Mosquitos, lugares de predominancia “bárbara”. En Mosquitos ya había asentamientos ingleses, y el monarca estaba preocupado de que ocurriera lo mismo en el Darién, donde, según un informe del gobernador de Guatemala,

16 John Lynch, La España del siglo xviii (Barcelona: Crítica, 2010), 288.

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se había diseñado un plan de invasión para tomar toda la costa desde Yucatán hasta el Darién. El gobernador mencionaba la salida de una expedición desde Jamaica para tomar posesión de la punta de San Blas y fortificar allí puestos militares17. El virrey Antonio Caballero y Góngora recibió la orden desde España y comenzó a recoger información pertinente. La principal dificultad para responder al llamado de José Gálvez, Ministro de Indias, eran los costos que el Virreinato tenía que asumir y los escasos recursos a su disposición. Durante esos años Cartagena había obtenido un importante presupuesto destinado a fortalecer el sistema de defensa en las plazas marítimas de la Costa Atlántica, pero éste disminuyó con el conflicto entre Inglaterra y España entre 1778-178318. Caballero y Góngora buscó financiamiento a través del estanco de palo de tinte (madera que produce distintos colorantes empleados en textiles), impulsando su exportación y asumiendo la distribución19. El estanco consistió en la manipulación de los precios de compra y venta, con lo cual se cubrirían los costos administrativos, y las ganancias sufragarían los gastos de la expedición. Pero en 1787 el Virreinato dejó de ser intermediario y comenzó a exportar el palo directamente a Estados Unidos. Para ello, envío a un agente contratado, Salvador de los Monteros, quien fue encargado de vender el producto. El palo de tinte era enviado a Nueva York y Filadelfia, donde luego se remitía a Londres y Ámsterdam. Con el tiempo, el mercado norteamericano fue invadido de este producto, lo que provocó bajas considerables en su precio. No obstante, se consiguieron importantes cantidades de dinero por este comercio durante las expediciones, y se alcanzaron a enviar más de 86.693 arrobas20. A pesar de esto, en la Nueva Granada se emprendieron dos campañas militares a gran escala contra grupos autónomos en la Guajira y el Darién. Estas provincias representaron el eje de los cambios mencionados, primero, por la poca efectividad de las iniciativas misionales, y segundo, por la fuerte presencia de indígenas “bárbaros”. Ambas campañas se apoyaron en fuertes y avanzaron por el territorio indígena a través de colonos y militares. La primera fue en

17 Este rumor fue difundido por el gobernador del Darién e informaba que los ingleses habían tomado Calidonia con el interés de hacer una fortificación en las inmediaciones de San Blas y trasladar allí tropas. Ver: Andrés Ariza, “Gobernador del Darién: su informe sobre la conflictiva situación con la ocupación de Calidonia por los ingleses”, en Archivo General de la Nación (agn), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, Fondo Milicias y Marina, leg. 123, ff.491-496; y “1784. Guatemala. Santafé. Yucatán. Darién. Oficios del Gobernador de Guatemala al Virrey de Santafé, sobre irrupción que piensan hacer los ingleses desde Yucatán hasta el Darién, y sobre los indios Moscos”, en agn, Colonia, Fondo Virreyes, leg. 98, f.593. 18 José Manuel Serrano Álvarez, “La gobernación de Cartagena de Indias”, 37-75. 19 Antonio Caballero y Góngora, “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada, que hace el arzobispo de Córdoba a su sucesor”, 1789, en Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, vol. 1, ed. Germán Colmenares (Bogotá: Banco Popular, 1989), 483-484. 20 Anthony McFarlane, Colombia antes de la Independencia (Bogotá: El Áncora, 1997), 225-232.

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la Guajira, entre 1771 y 1776, que aportó varios elementos al programa expedicionario en el Darién. La situación de inestabilidad en los poblados españoles motivó al virrey Pedro Mesía de la Cerda a impulsar la ocupación en la península de la Guajira, para reducir a los indígenas rebeldes, que habían destruido algunas fundaciones en 1769. El ingeniero militar Antonio de Arévalo fue el comandante de las expediciones en la Península. Su plan consistió en establecer tres fuertes, ubicados en donde los guajiros comerciaban con ingleses y holandeses, como Bahía Honda y Sinamaica, y un cuarto en el interior, en Pedraza. El objetivo era acabar con los suministros de armas que ofrecían los extranjeros, a pesar de que Arévalo no desconocía que había posiblemente más de 8000 indígenas en armas, y sus tropas apenas llegaban al millar. Si bien era consciente de que una ocupación militar volcada a arrasar a los guajiros no tendría éxito, su plan era persuadir a los indígenas con regalos y fomentar el reasentamiento en pueblos de indios. La situación en los fuertes era inestable, debido a los ataques indígenas, que no reconocían los pactos que se efectuaban con los españoles. Los escasos resultados del proyecto de ocupación y la urgencia de volcar la atención en otros problemas, como fortalecer la defensa de Cartagena en tiempos de guerra con Inglaterra, llevaron finalmente al desalojo de las tropas expedicionarias y de las pocas familias que residían en los fuertes21. El problema de las hostilidades de los cunas fue registrado por distintos gobernadores y funcionarios que visitaron la región. Por ello, cuando Caballero y Góngora diseñaba el plan para responder a la orden real, solicitó información y sugerencias a aquellos funcionarios que conocían la situación en el Darién. La recopilación de éstos y el diseño del plan se elaboraron durante 178422, destacándose tres tendencias entre los consultados: una que abogaba por el exterminio, otra que sugería realizar patrullajes desde fortificaciones ubicadas en la zona, y una tercera que apostaba por el sometimiento de los indígenas. Uno de los consultados, Antonio de Arévalo, que tenía entonces el cargo de gobernador de Cartagena, propuso una expedición militar para arrasar con los grupos indígenas y llevarlos a la rendición sin condiciones, que se denominó “golpe de mano”. Arévalo conocía el escaso alcance de un programa de fuertes-poblaciones y no quería repetir el modelo que fracasó en la Guajira. Mientras que Antonio de la Torre, capitán del batallón cartagenero y el encargado de impulsar la creación de nuevas poblaciones en esta gobernación, sugirió un programa que consistía en replicar el modelo de fundaciones indígenas. Por el contrario, otros, como

21 Allan Kuethe, “The Pacification Campaign on the Riohacha Frontier, 1772-1779”, The Hispanic American Review 50: 3 (1970): 467-481. 22 Manuel Luengo Muñoz, “Génesis de las expediciones militares”, 333-416.

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Antonio Vásquez, sargento de la plaza de Cartagena, propusieron una ofensiva gradual, no de exterminio pero apoyada mayoritariamente por indígenas chocoes y negros. Félix Martínez Malo y Ramón Carvajal, gobernadores de Portobelo y Panamá, respectivamente, también estaban en la línea de Arévalo23. El Virrey optó por la propuesta de Antonio de la Torre, pero retomando algunos de los puntos sugeridos por Ariza. En estos años, como consecuencia de la labor de De la Torre, se incrementó el número de poblados pertenecientes a la gobernación de Cartagena. Este capitán había fundado 43 poblados, que reunían a más de 40 mil habitantes24. El informe enviado por el gobernador del Darién, apoyado en la experiencia directa de contacto con los indígenas, argumentaba que el exterminio era impensable, básicamente por las condiciones ambientales y la organización espacial de los indígenas. Comentaba que cuando Arévalo estuvo en las expediciones de 1760, algunos indios lo invitaron a sus moradas quedando sorprendido por lo recóndito de los lugares y por su habilidad para manejar armamento. Además, mencionaba que aunque los indios vivían esparcidos por los ríos, muchos de éstos no eran navegables para las embarcaciones enviadas desde Cartagena25. Así, no proponía ataques por los ríos, a menos que estuvieran apoyados por guarniciones permanentes, y sugería encarar una guerra paulatina y acompañada con empresas de colonización en los fuertes26. Se consideraba entonces que la destreza de los indígenas y el uso del territorio impedían el exterminio de los cunas: “[…] nunca me parece, señor excelentísimo, que de pronto según el espíritu y ardor de la citada de vuestra excelencia se pueden sujetar o exterminar dichos enemigos, aunque contra ellos se destinen excesitos considerables, porque yo comparo su agilidad a la del cuervo en la espesura, su astucia a la de la zorra en la vecindad, y su subsistencia a la de un animal inmundo, que se alimenta con cualquier sabandija”27.

Por tanto, un plan de poblaciones, como se experimentó en el territorio chimila, no tendría efecto para este contexto. El plan de Ariza sugería que Panamá debía construir guarniciones cerca del Palanque, la del Citará en Las Pulgas, Cartagena en Gandi, Caledonia y Mulatas, y en el Darién, una en Puerto Príncipe28. Los fuertes debían tener mínimo cincuenta personas y

23 Manuel Luengo Muñoz, “Génesis de las expediciones militares”, 381. 24 Manuel Luengo Muñoz demuestra que el Virrey optó por el plan propuesto por De la Torre, a pesar de que en las Relaciones no lo menciona. 25 Andrés Ariza, “Informe para establecer fuertes”, 1784, en agmm, Fondo de Ultramar, rollo gd.57.5-2-10-2, f.1. 26 Andrés Ariza, “Informe para establecer fuertes”, f.3. 27 Andrés Ariza, “Informe para establecer fuertes”, f.2. 28 Andrés Ariza, “Informe para establecer fuertes”, f.4.

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una casa fuerte, lo que requería ser impulsado paulatinamente con empresas de colonización europea en los fuertes. No obstante, su propuesta no incluía el Atrato y la provincia de Citará, que eran vitales para el comercio y el sistema territorial del Virreinato.

2. Decurso de las expediciones de 1785-1787 En 1784 se resolvió en Santa Fe, en junta de tribunales, la construcción de nuevas fundaciones en Caimán, Carolina, Concepción y Mandinga29. Para ese momento, la población darienita contabilizada por los españoles no llegaba a 1500, el número de hombres en armas no superaba los 200, y se necesitaban más de 4000 pesos para su funcionamiento30. Después de decidir el plan, el Virrey nombró a Antonio de la Torre como comandante de la expedición. El capitán evadió el llamado, en alusión a un “mal imaginario”, por lo que se encargó esta empresa a Antonio Arévalo31. Los conocimientos que Arévalo tenía de la zona, y su experiencia en las campañas de la Guajira, fueron suficientes para que el Virrey se decidiera por él. Se ordenó a los gobernadores de Cartagena, Chocó, Portobelo y Panamá que atendieran con auxilios las expediciones y requerimientos del gobernador Ariza. Panamá y Cartagena, por ejemplo, eran las encargadas de enviar efectivos de las guarniciones fijas que había en sus plazas, y también los suministros. El Virrey se trasladó a Cartagena para supervisar la campaña del Darién32. Las primeras expediciones salieron en enero de 1785, dirigidas a ocupar los puertos de Caimán, Mandinga y Concepción. Zarparon de Cartagena el 22 y 27 de ese mes, con tres divisiones al mando de Arévalo, las cuales iban rumbo a Caimán y Mandinga, respectivamente. La primera llegó a orillas del río Caimán el 4 de febrero y comenzó la construcción del fuerte, mientras que la segunda arribó a Mandinga el 3 de febrero y fue recibida violentamente por los indígenas33. Paralelamente al desembarco en la costa, se impulsó la reorganización de los pueblos que existían en el interior, como Puerto Príncipe, en el río

29 “Declaraciones de un desertor: sobre los indios del Darién y vías de comunicación en ese lugar”, 1787, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 123, f.720. 30 Juan Jiménez Donoso, “Proyecto de Pacificación para la provincia del Darién, por el teniente coronel de ingenieros don Juan Jiménez Donoso”, 1787, en agmm, Fondo de Ultramar, rollo gd.5-2-11-1, f.12. 31 Manuel Luengo Muñoz sostiene que Antonio de la Torre eludió el nombramiento por encontrarse enfermo. Cuando el Virrey se trasladó allí, supo que él estaba bien, y a esto el autor lo denominó “mal imaginario”. Manuel Luengo Muñoz, “Génesis de las expediciones militares”, 79. 32 José Manuel Pérez Ayala, Antonio Caballero y Góngora, 167. 33 Antonio Arévalo, “Su informe sobre la expedición a las nuevas poblaciones del Darién, como comandante de ella”, 1785, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 122, ff.98-122.

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Sabanas, donde Ariza había fundado algunas poblaciones. La última ocupación, de los cuatro puntos estratégicos del plan, fue en Calidonia, en 1786, que se comenzó a llamar Carolina del Darién. El número de militares que se utilizaron en estas expediciones llegó al parecer a 1000 efectivos. Cartagena despachó las unidades a Caimán y Carolina, mientras que Panamá lo hizo para Concepción y Mandinga34. Las primeras acciones fueron la construcción de guarniciones que permitieran la llegada de más efectivos militares, y posteriormente, instalaciones para recibir pobladores. Allí se trasladaron colonos, personal civil, médicos, carpinteros e indígenas del Chocó35. Los fuertes que recibieron mayores hostigamientos fueron los cuatro nuevos que impulsaba la ocupación, y que se encontraban en territorios donde la mayoría de indígenas contaban con armas de fuego. Para encarar las ofensivas, los efectivos militares se organizaron en dos frentes: los españoles se quedaban en las bases resistiendo los ataques mientras los locales —en su mayoría pardos y algunos indígenas movilizados por líderes tribales— se desplazaban por las inmediaciones para conocer la ubicación y los movimientos de los grupos autónomos. Arévalo dirigió las operaciones desde Cartagena, y Anastasio Zejudo, Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de Cartagena, que también trabajó en la campaña de la Guajira, coordinó las acciones desde la Carolina. Los habitantes de las fundaciones pasaron por varias dificultades. Así, muchos de los efectivos militares se enfermaron, por “los terribles estragos que causaban el temperamento, agua y tiempo”36, siendo necesario el traslado de cirujanos que remitieran los enfermos a Cartagena. Se reportaban recaídos de calenturas y personas con brotes, como consecuencia del consumo de agua de los pozos. Además de esto, los ataques indígenas a las guarniciones causaron muchos heridos y muertos. El número de afectados aumentaba con las expediciones que se emprendían en los reconocimientos del terreno y con las emboscadas a los grupos circundantes. Las principales fueron encaminadas a encontrar pasos desde el sur del Istmo, en los lugares donde el gobernador Ariza había mejorado las pequeñas fundaciones, con los fuertes ubicados en la costa atlántica del Darién. Otro problema de las nuevas fundaciones fue el suministro de auxilios. Panamá fue encargada de enviar suministros a las fundaciones controladas por Ariza, y Cartagena, de trasladar provisiones a las ubicadas en la costa. Pero las embarcaciones tenían dificultades

34 Allan Kuethe, Military Reform and Society, 303. 35 Carlos Sucre, “Remite al virrey, el diario de lo ocurrido en la expedición salida de Cartagena a la conquista de las poblaciones interiores de la costa del Darién”, 1785, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 119, ff.470-479. 36 Juan Jiménez Donoso, “Proyecto de Pacificación”, f.33.

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para acceder a los ríos que comunicaban con los poblados interinos; de ahí que los suministros que lograban enviar sólo contenían reses, gallinas, harinas, fusiles o cartuchos, para los militares y las pocas familias que se asentaron en la provincia37. Para el primer año fueron remitidas 40 familias a Carolina, 30 a Caimán y 24 a Mandinga38. Las nuevas fundaciones eran socorridas por un buque, que fue comprado por un vecino de Cartagena, con financiamiento de la Real Hacienda. El bergantín llevaba suministros desde esta plaza y recibía algunos auxilios de La Habana39. Las dificultades se acentuaban por la escasa articulación entre las fundaciones nuevas y viejas, que impedía el apoyo logístico al interior de la provincia. Las expediciones para el reconocimiento eran conformadas por centenares de efectivos, como las que se adelantaron desde Puerto Príncipe en 1786, a cargo del Teniente Coronel Luis de la Carrera40. El escaso conocimiento expedicionario del territorio se forjó en relación con los comentarios que hacían otros funcionarios, y con indicios suministrados por los propios capitanes cunas. Posiblemente, se dieron malas interpretaciones de esas informaciones. Ante este panorama de desconcierto, las autoridades virreinales enviaron al ingeniero militar Juan Jiménez Donoso para que presentara un informe sobre el curso de los ríos, con las diferentes informaciones de los indígenas y funcionarios de la zona. Las autoridades eran conscientes del escaso conocimiento que se tenía del territorio, pues la información se limitaba a las inmediaciones de los poblados y fuertes. El problema, según Donoso, era la ausencia de comunicaciones entre el norte y sur de la provincia, y también con Panamá. En su informe emprende una diatriba contra Ariza, a quien le reconoce los logros de haber transportado personal a los nuevos establecimientos, pero lo critica por su escaso conocimiento de los ríos y de las articulaciones de sus fundaciones. Aquí es importante tener en cuenta que la mayor parte de los militares que se trasladaron al Darién fueron pardos. Desde la década anterior a la orden de ocupación, se tenía el interés de que los militares españoles entrenaran compañías locales, al planear reducir los costos de

37 “Representaciones de aspirantes a milicianos, auxilios del gobernador de Panamá, de tropa, armas y víveres a don Andrés de Ariza para la expedición del Darién”, 1786, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 107, f.875. 38 “Representaciones de aspirantes a milicianos”, f.887. 39 “Bregante, Manuel, capitán del bergantín ‘Alejandro’, al servicio de la Real Hacienda, en las expediciones al Darién, reclama el pago de parte de la tripulación por cuenta del erario”, 1783-1791, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 107, ff.233-316. 40 “El Gobernador de Panamá informa al Virrey sobre el primer suceso acaecido en la expedición del Teniente Coronel Don Luis de la Carrera al Darién, la enfermedad de éste y de toda su tropa y de la reincorporación de Don Andrés de Ariza en su gobierno. Siguen otros informes y diario del estado de fuerza y hospitalidades de dicha expedición”, 1786, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 116, ff.650-680.

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los salarios y aumentar el número de efectivos disponibles. Con esta iniciativa se creó la compañía disciplinada de dragones en Santa Marta, que acudió al Darién desde 1781 y apoyó la ocupación dirigida por Arévalo41. Por ejemplo, Caimán presentaba en 1787 el siguiente cuadro de artillería: 5 efectivos de milicias blancas, 57 gentes de todos los colores y 47 indios pardos; entretanto, en Carolina se contaba con 7 efectivos de milicias blancas, 45 de gentes de todos los colores y 83 pardos42. La situación límite en la región obligó a que las autoridades establecieran en la plaza de Cartagena sanciones fuertes a los desertores, porque no había muchos aspirantes que quisieran servir allí. Por tanto, y al igual que en los otros proyectos españoles, la mayoría de los milicianos pertenecían a los sectores más bajos de la sociedad43. Aunque esto no debe llevar a desconocer que hubo también individuos que veían en las empresas militares fuentes lucrativas. Por ejemplo, en el Darién, Francisco Javier Rentería, Teniente de Milicias en la provincia de Citará, se ofreció para organizar expediciones contra los indígenas que hostigaban la fundación de San Gerónimo, en inmediaciones de Lorica. Este teniente, quien era dueño de minas y esclavos en este territorio, pretendía, a través de las expediciones, descubrir o registrar minerales durante el reconocimiento del río Sinú44.

3. La conexión Kingston-Calidonia La ocupación militar fue acompañada de acciones diplomáticas en Londres, ya que la Corona española sabía que el problema “bárbaro” se resolvía, en parte, cortando el suministro de armas de fuego y municiones inglesas que los cunas recibían en Calidonia. Por tal razón, en junio de 1785, Bernardo del Campo, conde de Floridablanca y ministro plenipotenciario de la Corte de España, se dirigió a Londres para reunirse con el ministro inglés Francis Osborne, Marqués de Carmarthen y secretario de Estado para Asuntos Externos, bajo el mando de William Pitt, el joven45. Los diálogos buscaban que, en el marco de la negociación de la situación en Nicaragua y Honduras, Inglaterra no apoyara a los grupos indígenas del Caribe

41 Allan Kuethe, Military Reform and Society, 294. 42 “Diversos asuntos del Darién”, 1788, en agmm, Fondo de Ultramar, rollo gd.57.5-2-110-8, ff.40-56. 43 David Weber, Bárbaros: los españoles y sus salvajes, 209-215. 44 Francisco Javier Rentería, “Rentería Francisco Javier, teniente de las milicias de la provincia de Citará, su informe sobre las mismas de la región; pacificación de los indios del Darién, asaltos de ellos, etc. etc”, 1785, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 1, f.187. 45 David Wilkinson, “Osborne, Francis, Fifth Duke of Leeds (1751-1799)”, Oxford Dictionary of National Biography, <http://www.oxforddnb.com/view/article/20876>, parágrafo “Foreign secretary, 1783-1791”.

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y rechazara las acciones emprendidas desde Jamaica. Se le pidió al gobernador de Jamaica, el general Alured Clarke46, prohibir el apoyo a los indios, lo que se concretó en una orden remitida el 17 de junio. En la reunión se acordó que la Corona británica no protegería a los ingleses que comerciaban en Calidonia ni a sus vasallos que pretendían asentarse allí. Incluso, se pactó investigar a fondo los informes que hacían mención de los establecimientos ingleses en las costas del Virreinato de la Nueva Granada47. Después de que los imperios asumieran compromisos recíprocos, José Fuentes, administrador de correos en las costas del Virreinato, informaba desde Jamaica la presencia de cunas que estaban en la isla y habían coordinado con comerciantes ingleses el envío de armamento. También advertía que el 31 de mayo de 1786 se dirigió una flota compuesta por cuatro goletas y dos lanchas cañoneras en apoyo a la isla de San Blas para repeler las expediciones de Arévalo48. Esto mostraba que, a pesar de la continuidad en las relaciones entre indígenas e ingleses, las autoridades neogranadinas supieron aprovechar el ofrecimiento británico de mediación en su confrontación con los cunas. El primer paso en la cooperación entre Madrid y Londres fue el envío al Darién de Robert Hudson, almirante en Mosquito, y del capitán Enrique Hooper, quien había establecido relaciones con los cunas durante la guerra de 1778-1783. Hooper fue enviado desde Kingston para que realizara un reconocimiento del istmo de Panamá, donde fue auxiliado por estos indígenas49. De ahí que fuera requerido por Arévalo para que buscara acercamientos con los grupos de la costa, dada la importancia de su mediación para la firma del tratado de paz. Con estos propósitos, en junio de 1787, Enrique Hooper arribó a las costas del Darién para buscar una solución negociada al conflicto entre cunas y españoles. En un primer momento llegó a las inmediaciones del río Gandi y luego se dirigió a Calidonia, donde encontró al capitán Jack, un indígena que decía comandar una parcialidad aledaña. Hooper logró reunir allí varios líderes tribales en la costa de Calidonia, donde se discutieron algunos puntos que fueron formalizados en el tratado final. En los primeros acercamientos

46 El general Clarke fue gobernador de Jamaica entre 1782 y 1790, sirvió a la Corona en la guerra de independencia en Norteamérica. Después de servir en la isla fue remitido a Quebec, donde también fue gobernador. Terminó su carrera sirviendo al Ejército británico en Bengala, India. Alastair W. Massie, “Clarke, Sir Alured (1744-1832)”, Oxford Dictionary of National Biography, <http://www.oxforddnb.com/view/article/5485>. 47 José Gálvez, “Gálvez José, ministro peninsular; trasmite al virrey de Santa é la orden del ministerio inglés al general Clark, gobernador de Jamaica, para que no se favoreciera a los indios del Darién, dada la buena armonía existente entre Inglaterra y España”, 1785, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 121, ff.1034-1035. 48 José Fuentes, “Fuentes José, su comunicación de Kingston, sobre operaciones contra los indios del Darién. Anexos sobre el mismo asunto”, 1787, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 120, f.317. 49 “Hooper Enrique, capitán inglés: gratificación que se le dio por sus servicios a la colonización española en el Darién”, 1788, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg 123, ff.586-590.

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estaba “el cacique general”, a quien los españoles llamaban Bernardo, dos capitanes, otros indios en nombre de los pueblos del Golfo y las rancherías de los ríos Chucunaque y Bayano. El cuadro lo completaban los capitanes William Hall, de Pintrigandi; Guasical, del río Mono; George de Agones y Urruchichi, de Sucunti50. Además, se contó con la presencia de funcionarios españoles como Antonio de Arévalo, quien fue el encargado de plantear las exigencias y escuchar las del lado cuna. Los delegados indígenas, en su mayoría, conservaron los nombres y títulos que utilizaban con los ingleses. Los puntos principales que conformaron la agenda fueron: 1) Reducción de las parcialidades indígenas, que consistía en reconocer la autoridad del Rey, a cambio del indulto por la violencia contra las expediciones. 2) El cese de los ataques a las nuevas poblaciones. 3) Libertad de movilidad para los indígenas por el Golfo, la costa y cayos, ríos, y los pasajes interinos. 4) Y, finalmente, el incentivo de las relaciones comerciales. Estos dos últimos puntos fueron cruciales en la consolidación del control territorial indígena, pues definían una salida que privilegiaba lo comercial. Los cunas necesitaban suplir la escasa oferta de productos valiosos, debido a las restricciones formales que acordaron los ingleses con Gálvez. Por eso, la negociación fue una oportunidad para continuar comerciando y mediar en la presión militar del Virreinato. En relación con el tercer punto, se enfatizaba: “Todos los indios que quieran pueden desde luego bajar a la costa y hacer sus casas, rancherías, plantaciones, siembra, caza y demás que necesiten para su fomento y beneficio de la tierra tanto en las orillas de los ríos, en su intermedio y en las inmediaciones de la costa como en las islas y cayos que tengan por conveniente”51. Los preacuerdos de esta reunión posibilitaron un encuentro con el Virrey, donde se firmó la paz. A Turbaco acudieron, el 20 de julio de 1787, Antonio Caballero y Góngora, Joseph Carrión y Andrade (gobernador de Cartagena), Francisco Fersen, José Fuentes, el capitán general Bernardo, algunos capitanes que estuvieron en las discusiones previas, como Guillermo Hall, de Gandi, el capitán Jack, y otros líderes tribales52. Allí se aprobaron los puntos discutidos previamente y se especificó que los indígenas no podían tomar justicia por cuenta propia y debían solicitar autorización siempre que quisieran comerciar en Portobelo, Chocó, Panamá y Cartagena. Sobre este punto, se enfatizó en la prohibición de relacionarse con extranjeros, y los españoles asumirían los artículos que los cunas recibían de Jamaica, con veto a la venta y compra de armas. Los cunas podían ir a

50 “Indios del Darién: sus proposiciones a los españoles y lo convenido por estos, tendientes a la reducción de aquellos”, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 118 f.525. 51 “Indios del Darién: sus proposiciones a los españoles”, f.527. 52 “Tratado de Paz: celebrado entre las autoridades españolas reunidas en Turbaco, inclusive el virrey Caballero y Góngora y los caciques del Darién allí presentes, por el cual éstos se sometían a dichas autoridades y reconocían por soberano al monarca español”, 1787, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 123, ff.637-644.

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Cartagena a comprar lo que necesitaban a cambio de sus frutos, y se obligaba a los comerciantes de esta plaza a que únicamente se les pagara con pesos castellanos53. Sobre los caminos, los cunas se comprometieron a administrarlos y a organizar el paso de norte a sur de la provincia. Así, pues, la intervención inglesa concretó una paz basada en los principios que ellos utilizaban para relacionarse con los grupos indígenas enemigos de la Corona española, al ratificar el derecho territorial de los cunas, y fomentaba los acercamientos comerciales.

4. Resultados del pacto: poblamiento, revueltas y el problema de los indios de las montañas Algunas investigaciones que abordan este tratado sostienen que los cunas aceptaron la paz y se rindieron54. Pero en realidad, el panorama resulta aún más complejo, por las sublevaciones que se dieron dentro de los pueblos de indios, en algunos casos como resultado de la disminución del poder de los capitanes tribales y como producto de la articulación de los disidentes internos con los grupos que no negociaron su reducción. No obstante, el Virrey consideraba que el tratado abría la posibilidad de fomentar el poblamiento, por lo que se comenzaron a gestionar las primeras iniciativas para ello. Caballero y Góngora envió una comisión a Estados Unidos para buscar recursos y pobladores, aprovechando los contactos que tenía a través del agente Monteros, por la comercialización del palo de tinte en Nueva York55. Como resultado, de Norteamérica se enviaron importantes suministros como raciones y harinas para las fundaciones, pero también se trasladaron al Darién colonos alemanes, ingleses e irlandeses, junto con algunas familias del Virreinato provenientes de Socorro, San Gil, y del distrito de Santa Fe. En tal sentido, a Cartagena llegaron 64 familias de Norteamérica y 64 solteros ingleses e irlandeses; entretanto, algunos colonos se dirigieron a Carolina del Darién, con el objetivo de fundar pueblos pequeños de 25 a 30 familias. En realidad, el principal propósito era que los colonos se adentraran en el territorio para que las guarniciones protegieran la costa, donde además debían plantar cacao, tabaco y azúcar56.

53 “Tratado de Paz: celebrado entre las autoridades”, f.640. 54 José Manuel Pérez Ayala, “Antonio Caballero y Góngora”, 166-168; Manuel Luengo Muñoz, “Expediciones al Darién”, 413-415; Allan Kuethe, Military Reform and Society, 306-308. 55 Diego de Gardoquí, “Informe de Diego de Gardoquí, al virrey, sobre la comisión que llevara Salvador de los Monteros, respecto de importación, al Nuevo Reino, de casas de madera y otros objetos. Nueva York”, 1788, en agn, Colonia, Fondo Quinas, leg. único, ff.242-246. 56 “Declaraciones de un desertor: sobre los indios del Darién y vías de comunicación en ese lugar”, 1787, en agn, Colonia, Milicias y Marina, leg. 123, ff.743-750.

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De manera simultánea al poblamiento europeo, la violencia dentro de los pueblos de indios aumentó, junto a las incursiones armadas a los poblados y fuertes virreinales. Las fuentes sostienen que los levantamientos fueron resultado de la escasez de víveres en las fundaciones57. Así, pues, durante las revueltas en Caimán, en junio de 1788, el capitán a cargo de una parcialidad aledaña solicitó perdón por un indígena llamado Domingo José Quintana, quien pasó a este fuerte a hurtar los productos que los colonos tenían a su disposición. En su petición solicitaba que ellos pudieran, efectivamente, comerciar con los vecinos de Caimán, ya que los cunas buscaban acceder a sables holandeses, navajas, cuchillos de mesa redondos, ginebra y piedras de chispan. Lo que este caso mostraba era claramente la escasez de estos artículos entre los indígenas, interesados en comprarlos a los españoles por los precios que se habían acordado en el tratado de paz58. No obstante, si se atiende al curso de los enfrentamientos entre las parcialidades indígenas del Darién, en especial los que acontecieron durante las primeras décadas del siglo xviii, podría considerarse que las revueltas respondieron a una ausencia de legitimidad de los capitanes tribales en las poblaciones, pero también a la inexistencia de un mando centralizado entre los indígenas59. Si bien los funcionarios virreinales consideraban que la paz había sido efectiva, lo cierto es que los cunas no funcionaban como una gran confederación, como imaginaban los españoles. Esto resultaba claro para Andrés Ariza, que distinguía entre las autoridades religiosas y militares, haciendo explícito el escaso poder de las segundas. Pero también para Juan Jiménez Donoso, quien, a propósito del tema, dijo: “sus caciques, capitanes o mandones no tienen ninguna autoridad sobre ellos, porque todos son y sólo los miran como jefes, para guiarlos a sus atrocidades que es la causa de que nos hagan una guerra devastadora”60. Por tanto, pese a que se ha argumentado que la militarización entre los cunas aumentó durante la época de las reformas militares en el Darién, esto no significa que los indígenas se hayan convertido en grupos belicistas dirigidos por déspotas militares, sino

57 El capitán en Carolina dijo que escuchó una conversación entre los indios de Chueti con los de Carreto; ellos mencionaron que los indios de Moreti y Tagantí estaban alborotados por la falta de víveres. “Noticias de las incursiones navieras de los ingleses por la costa norte del Istmo del Darién y del comercio de armas que tienen con los indios. Índice de cartas que remite el Gobernador de Panamá al Virrey, referentes a la expedición. Relación de hostilidades. Bajas en el Regimiento de la Reina y otros informes inherentes”, 1784-1788, en agn, Colonia, Fondo Miscelánea, leg. 139, f.543. 58 “Rebelión de los indios del Darién e instrucciones que debe observar el comandante de galeotes de lo que debe practicar entre los ríos Tarena y Caimán, para evitar que los naturales pasen a hacer algún daño”, 1788, en agn, Colonia, Miscelánea, leg. 139, f.334. 59 Sobre las revueltas de la década del veinte, cuando las causas pudieron ser similares, remitirse a: Ignacio Gallup Díaz, “‘Haven’t We Come To Kill the Spaniards?’”, 51-271. 60 Juan Jiménez Donoso, “Proyecto de Pacificación”, f.3.

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que muestra la tendencia de los poderes imperiales de negociar con líderes y verlos como un reflejo de su organización jerárquica. Ahora bien, las autoridades respondieron a las revueltas dentro de los poblados con ahorcamientos públicos y exiliando a los disidentes. Los problemas no sólo fueron entre los indígenas, sino también entre capitanes y ancianos cunas contra los funcionarios de las fundaciones. En tal sentido, se presentó una disputa recurrente durante la apertura de caminos. El comandante de Carolina del Darién, en una carta dirigida al Virrey, comentaba que algunos pobladores se opusieron a los intentos de abrirse paso por sus inmediaciones, buscando detener la tropa destinada a los reconocimientos para llegar al sur de la provincia. Sobre este asunto, sostenía: “Uno de los sentimientos que expresamente manifestó el indio fue el decir que luego que sus muchachos conocieran el descanso y comodidades, que gosaban los reducidos, en donde tenían algún pariente, se bajarían a vivir con ellos, y esto fue en el momento de su partido. A lo que le respondí que nosotros no necesitábamos a ningún indio de la montaña, como lo reconocía, que irían y vendrían con la libertad que les franqueaba naturaleza que la paz que solicitábamos, mas era por su conveniencia que por la nuestra, a fin de que vivieran en reposo, pues ellos mismos confesaban que habían más de daños que no los dejaban descansar con los caminos que dirigíamos sobre sus pueblos que nosotros sólo aspirábamos a hacer un camino para comunicarnos con Cartagena, sin dar los rodeos que hasta aquí dábamos por Panamá y Portobelo”61.

Esto conllevó que en momentos de paz con algunas parcialidades, los funcionarios comienzan a hablar de los indios de la montaña, para hacer referencia a los grupos autónomos e indiferentes al pacto. Los reportes de ataques por parte de estos grupos de la Sierra darienita y el apoyo que ellos ofrecían en las revueltas, como en Tarona, en 1788, cuestionan el planteamiento de que los indígenas “bárbaros” se encontraban en el norte, mientras que el sur era de grupos reducidos62. Éstos mantenían el control en las inmediaciones de los fuertes, y, como consecuencia, las fundaciones virreinales eran archipiélagos contenidos por la ofensiva indígena. Aunque resulta difícil cuantificar la magnitud de estas colectividades, el capitán Jack informó que los grupos en las inmediaciones de su jurisdicción podían sumar alrededor de 5000 personas63, cuando en los pueblos de indios

61 “Noticias de las incursiones navieras de los ingleses”, f.574. 62 Luis Fernando González Escobar, El Darién: ocupación, poblamiento, 71-75. 63 “Rebelión de los indios del Darién e instrucciones que debe observar el comandante de galeotes de lo que debe practicar entre los ríos Tarena y Caimán, para evitar que los naturales pasen a hacer algún daño”, 1788, en agn, Colonia, Miscelánea, leg. 123, f.344.

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el número no superaba el millar. Podría sugerirse así que la categoría de indígenas gentiles o reducidos era dudosa en el Darién, debido la inestabilidad de las fundaciones, la cooperación entre las distintas facciones y la desconfianza que los funcionarios reportan sobre los indígenas que habitaban los pueblos. Posiblemente, esto sirvió para sobrevalorar las labores burocráticas y militares en la provincia.

A modo de conclusión Este artículo puede llevar a elaborar algunas conclusiones preliminares sobre el proceso vivido en la provincia del Darién entre 1784-1790. En primer lugar, la paz firmada con los indígenas fue una medida desesperada para contener los ataques a las nuevas fundaciones españolas, dirigida a una convivencia cordial entre españoles y cunas en el Darién. Para cumplir este objetivo, las autoridades virreinales adoptaron distintas estrategias, de las que pueden resaltarse dos: las empresas de evangelización y las compañas de militarización. Por el contrario, los cunas utilizaron el pacto para afianzar su autonomía en el territorio y disminuir la presión militar que había aumentado con las expediciones, para posteriormente continuar comerciando con otros europeos en el Atlántico. No obstante, en los albores del declive colonial, los virreyes desistieron del interés por esta provincia cerrando una sucesión de intentos de más de 150 años tendientes a reducir a los “bárbaros” darienitas. En segundo lugar, las expediciones de Antonio Caballero y Góngora tuvieron implicaciones significativas para el poblamiento del Darién. El fracaso en las iniciativas y la dificultad para controlar a la población local fueron factores importantes para explicar la escasa red de pueblos en la región, si se compara con la Gobernación de Cartagena y la Provincia de Santa Marta, donde se erigieron distintas fundaciones en la segunda mitad del siglo xviii que permanecen en la actualidad. Las razones, como se mostró, no se limitaron a las condiciones ambientales y territoriales presentes en aquel tiempo, también se relacionaban con el papel cumplido por las poblaciones cunas. En tanto, a pesar de los esfuerzos virreinales, los cunas repelieron la defensa territorial con las armas, el diálogo y la complicidad. Siguiendo lo anterior, en tercer lugar, los cunas —así como otros grupos indígenas conectados en las fronteras imperiales a las redes de comercio atlánticas— ocuparon territorios carentes de administración colonial, de fronteras inestables y de tensiones interétnicas marcadas por la beligerancia, la diplomacia y el comercio. Para el caso del Darién, la distinción entre indígenas “bárbaros” y “gentiles” resulta problemática. Si bien muchos investigadores han empleado estas categorías de los funcionarios virreinales para referirse a los cunas —las rebeliones dentro de los pueblos de indios, las conexiones y divergencias entre las distintas parcialidades, la cooperación entre facciones en armas

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y los grupos que vivían en las fundaciones, así como la participación ambivalente de indígenas en las expediciones—, éstos son indicios que pueden llevar a cuestionar las dos categorías señaladas. Puesto que no se trató de dos bandos contrarios en su formación, sino de múltiples grupos con posturas pendulares, oportunistas, beligerantes y diplomáticas. Esto se daba como resultado de la carencia de estructuras confederativas y de unidades de mando cohesionado. Por último, es importante tener en cuenta que la importancia del Darién durante la Colonia rebasaba la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada. Su control era indispensable en el circuito territorial y comercial del Caribe y el Pacífico, además de ser epicentro de procesos del mundo atlántico como el que se expuso. Sin duda, una mayor comprensión de la situación social del territorio entre la bahía de Mosquitos y la Guyana debe atender a la interacción interétnica y, en especial, al papel de los indígenas como productores, comerciantes y agentes políticos importantes.

Bibliografía Fuentes primarias Archivos: Archivo General de la Nación (agn), Bogotá-Colombia. Sección Colonia. Fondos: Milicias y Marina, Virreyes, Quinas y Miscelánea. Archivo Histórico Militar de Madrid (agmm), Madrid-España. Fondos: Cartoteca y Fondo de Ultramar.

Documentación primaria impresa Caballero y Góngora, Antonio. “Relación del estado del Nuevo reino de Granada, que hace el arzobispo de Córdoba a su sucesor”. En Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, volumen 1, editado por Germán Colmenares. Bogotá: Banco Popular, 1989, 361-493.

Fuentes secundarias Baquero, Álvaro y Antonio Vidal. La gobernación del Darién a finales del siglo xviii. El informe de un funcionario ilustrado. Barranquilla: Uninorte, 2004. Gallup Díaz, Ignacio. “‘Haven’t We Come To Kill the Spaniards?’ The Tule Upheaval in Eastern Panama, 1727-8”. Colonial Latin American Review 10 (2001): 251-271. Gallup Díaz, Ignacio. “The Spanish Attempt to Tribalize the Darién, 1735-50”. Ethnohistory 49: 2 (2002): 281-317. Gallup Díaz, Ignacio. The Door of the Seas and Key to Universe: Indian Politics and Imperial Rivalry in the Darien, 1640-1750. Nueva York: Columbia University, 2004.

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Reseñas Chicangana-Bayona, Yobenj Aucardo. Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo Mundo. De lo maravilloso medieval a lo exótico colonial. Siglos xv-xvii. Bogotá: Universidad del Rosario, 2013, 260 pp. doi:

dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.10

Jaime Humberto Borja Gómez

Profesor asociado al Departamento de Historia de la Universidad de los Andes (Colombia). Magíster y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana (México). Es director del grupo de investigación Prácticas culturales, imaginarios y representaciones (Categoría A1 en Colciencias). jborja@uniandes.edu.co

El canibalismo es uno de los grandes mitos narrativos de la cultura occidental. Sus antecedentes se pueden rastrear desde las escrituras de la otredad de la Antigüedad clásica, donde la acusación de antropofagia se empleó para describir a aquellos pueblos indómitos a la civilización que los definía. Griegos y romanos emplearon este artificio para mostrar el carácter bárbaro de los otros que no eran iguales a ellos, por ejemplo, los escitas de Herodoto1. En las narraciones de la Antigüedad, que la cristiandad medieval absorbió sin esfuerzo, la acusación de canibalismo por lo general estaba asociada a una manera de desprestigiar al otro para mostrar su inferioridad cultural. Incluso, los escritores romanos acusaron a los cristianos primitivos de tal acción, al interpretar el ritual de la Fracción del Pan —comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo— como un acto de antropofagia. Esta tradición de acusar al otro de antropófago se perpetuó en la Edad Media, especialmente con los viajes de exploración del mundo que se iniciaron a partir del siglo xii, y, por supuesto, esta tradición pasó a la escritura de América. Aunque en la actualidad sigue constituyéndose en materia de debate entre antropólogos e historiadores la autenticidad de esta práctica, lo cierto es que tras el descubrimiento y posterior colonización de América, la escritura de los cronistas enfatizó el discurso sobre el canibalismo en función de mostrar la barbarie de los

1

François Hartog, El espejo de Heródoto. Ensayo sobre la representación del otro (México: fce, 2003), 186.

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indígenas. Como bien lo recuerda Álvaro Félix Bolaños, a propósito de la crónica de Pedro Simón, “el canibalismo conforma la esencia de la condición bárbara […] el mejor argumento para proponer y justificar su exterminio y representar el rasgo más conspicuo de la diferenciación entre el ‘nosotros’, los hombres europeos, y el ‘ellos’, los bárbaros de las indias” 2. El discurso que se generó tenía claras intenciones apologéticas de la labor cristiana civilizadora, y fue tan fuerte y convincente el debate que las generaciones posteriores, y hasta el presente, aceptaron con credulidad las bárbaras costumbres indígenas. A mediados del siglo xx, tanto desde la historiografía como desde la antropología y la crítica literaria, se sometió a juicio analítico tratando de “descubrir” los patrones, la veracidad y las intenciones de las narraciones sobre la antropofagia desde la cultura clásica hasta las crónicas de Indias. Pero lo que se había descuidado, el poder de las imágenes, es lo que cubre este libro de Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona. Una de las diferencias significativas de la narración de la antropofagia que se inaugura con el descubrimiento de América, con respecto a las antecedentes clásicas y medievales, es la formidable aparición de imágenes visuales que representan al hombre salvaje en sus acciones caníbales. Esta estrecha relación entre el discurso narrado y el discurso visual es consistente con las condiciones de la época. Para Paolo Vignolo, “A partir del siglo xvi la figura del caníbal aparece en todas partes: se le encuentra en los grabados y en las crónicas de viaje, en los libros de caballerías y en los mapamundis; en las fiestas de corte y en los carnavales populares”3. Para este autor, ese crecimiento de la importancia del canibalismo se explica desde el “imaginario colectivo del Renacimiento”. En este punto coincide la investigación de Chicangana-Bayona, quien en su recorrido pretende mostrar la crisis de la imagen renacentista al analizar las imágenes visuales producidas por los europeos sobre salvajes y caníbales entre los siglos xvi y xvii. Para el efecto, el libro tiene dos direcciones: destacar las permanencias y mostrar las transformaciones de los cánones de representación visual. En este sentido, una de las novedades del libro es el recurso a un tipo de fuente en la que la historiografía tradicional ha depositado su desconfianza: el uso de la imagen para hacer historia. Pinturas, dibujos y grabados se constituyen en la fuente primordial de esta investigación, cuyas procedencias —alemanas, francesas,

2

Álvaro Félix Bolaños, Barbarie y canibalismo en la retórica colonial. Los indios pijaos de fray Pedro Simón (Bogotá: cerec, 1995), 151.

3 Paolo Vignolo, “Hic Sunt caníbales: el canibalismo del Nuevo Mundo en el imaginario europeo”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 32 (2005): 152.

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ibéricas, f lamencas e italianas— aportan una amplia riqueza para conseguir el objetivo: analizar la mirada europea sobre la representación del canibalismo, auspiciado en buena medida por las narraciones escritas que circulaban de los habitantes de América. El trabajo de recolección de imágenes para ensamblar el corpus visual de este libro es exhaustivo, porque además de aportar una completa imagen sobre el salvaje y el caníbal, aboca el problema metodológico de cómo analizar imágenes con una función histórica. Pero el problema no se queda sólo en un análisis iconográfico al estilo de Erwin Panofsky, sino que integra éste a un estudio complejo del contexto particular de la producción de imágenes en el período y su relación con el texto narrativo que les da origen —las crónicas, principalmente—. De esta manera, se intenta restituir la imagen visual al contexto que la produce, es decir, hacer una genealogía de la imagen del canibalismo. Este aspecto es importante, porque muchos de estos dibujos y grabados han sido utilizados de forma indiscriminada y sin tener presente el contexto de su producción, lo que ha llevado a una descontextualización, o si se quiere, a una “manipulación” del artefacto visual para cubrir necesidades historiográficas, a veces con fuerte contenido político. Para ilustrar esta afirmación, bastaría con mencionar el uso intensivo de los grabados de Teodoro de Bry, que tanto fueron empleados por la historiografía protestante para alimentar “la leyenda negra” de la conquista de América. También es importante llamar la atención sobre otro aspecto que le da un valor interesante a esta investigación: aquí se pone en un contexto medieval y clásico la producción de estas imágenes sobre América. El conocimiento sistemático de la idolatría o el canibalismo no puede fundamentarse sólo en los textos de la época, principalmente en las llamadas Crónicas de Indias, como si fueran textos autónomos, sin relación narrativa con su pasado inmediato (lo medieval) y el fundamento de la cristiandad (la Antigüedad). Chicangana-Bayona, en su propuesta, enlaza de manera interesante los aspectos de la cultura medieval y renacentista con la colonia americana al cuestionarse respecto a cómo se trata el problema del caníbal en numerosas imágenes. En este sentido, cumple con lo que se mencionaba anteriormente: deja entrever las continuidades y rupturas que existen entre la imagen europea y el texto indiano. El libro aborda, así, la complejidad de la representación visual, por cuanto muestra “indios renacentistas” o “caníbales medievales”, a su vez establecidos en muchas ocasiones desde los patrones narrativos que impuso el mundo clásico a la tradición medieval y a los inicios del mundo moderno. Esta perspectiva es novedosa porque por lo general el tratamiento del canibalismo, como muchos otros problemas históricos de la conquista europea de América,

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se aborda desde una perspectiva local, es decir, sin observar el complejo mundo de relaciones textuales que invaden la producción narrativa y visual de aquellos siglos. Chicangana-Bayona muestra cómo la construcción histórica del indígena como bárbaro, con el matiz del salvaje, es un discurso que hace carrera en Occidente y que triunfa en el imaginario de esta sociedad. La imagen visual ocupa un lugar destacado en este proceso. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el bárbaro posee otro elemento: el “buen salvaje”, cuyo origen se remonta al Román de la rose en el siglo xiii, en quien se representaba la bondad que reinaba en el mundo en el tiempo “de los primeros padres”. A partir de entonces, se matizó en el pensamiento occidental y alcanzó su mayor grado de desarrollo con el homo selvaticus, el hombre que vive en la selva y que adquiere todos los rasgos del medio en el cual vive: el “salvajismo”, la desnudez y la animalidad4. Comprender este proceso es posible cuando se enlaza la producción de imágenes del siglo xvi con ese tipo de experiencias que vienen de tiempo atrás. Es así que el subtítulo del libro, “De lo maravilloso medieval a lo exótico colonial”, recoge esta tensión entre lo clásico y lo medieval, y la manera como se aboca lo moderno del siglo xvi. Las descripciones fantásticas de la realidad o de la naturaleza, como los hombres salvajes y los caníbales, tenían una función: compensar lo trivial. Los mirabilia —lo maravilloso y lo milagroso— del occidente medieval “tienden a organizarse en una especie de universo al revés. Los principales temas son: la abundancia de comida, la desnudez, la libertad sexual, el ocio”5. Elementos que sin dificultad se encuentran en las imágenes de caníbales que trabaja este libro, y que estaban vinculados con la idea de la idolatría y el homo selvaticus. Son precisamente la desnudez, el canibalismo y la sexualidad, los rasgos indígenas que más destacan las imágenes y los cronistas, como si en ellos se ref lejaran las culpas de la cristiandad y marcaran fronteras casi intransitables entre los dos grupos en encuentro. Para ello hay una explicación: el singular papel que tuvo lo monstruoso dentro de las narraciones visuales y narradas. Sin duda, el sacrificio, la sodomía, el canibalismo, el salvajismo, caracterizan la monstruosidad. Detrás de esta compleja genealogía de la imagen que muestra Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona, no sólo se rastrean diálogos entre las diferentes fuentes y tradiciones textuales y visuales, como él lo menciona (p. 224). También hay un complejo

4

Roger Bartra, El salvaje en el espejo (México: unam-Coordinación de Difusión Cultural/Era, 1993), 60-80.

5 Jacques Le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, trad. Alberto Bixio (Barcelona: Gedisa, 1994), 14.

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entramado moral: la lucha entre vicios y virtudes. Para representar al caníbal, se recurre a todas las imágenes conocidas de vituperio que tenían un largo recorrido en la cristiandad: el canibalismo, las exacerbadas costumbres, la desnudez, la traición y el engaño. Es así como en el indígena caníbal recae la descripción de los vicios físicos y morales en toda la extensión, cuyas imágenes están dirigidas a crear una reacción de rechazo en el lector. Estos problemas visuales, su intertextualidad y su genealogía, ponen de presente el largo camino de la conformación de la alteridad.

Lasso, Marixa. Mitos de armonía racial. Raza y republicanismo durante la era de la revolución, Colombia 1795-1831. Bogotá: Universidad de los Andes/Banco de la República, 2013, 200 pp. doi:

dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.11

Daniel Esteban Bedoya Betancur

Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y estudiante de maestría en Historia de la Universidad de los Andes (Colombia). Miembro del grupo de investigación Etnohistoria y estudios sobre Américas negras (Categoría A en Colciencias). debedoya09@gmail.com

El estudio histórico de la participación política de los sectores subalternos durante el proceso de consolidación de la nación colombiana en el siglo xix ha sido un campo ampliamente trabajado en las últimas décadas por investigadores nacionales y extranjeros1. Investigaciones de historiadores como Alfonso Múnera y Aline Helg han cuestionado las tradicionales perspectivas historiográficas que asimilaban el papel de los afrodescendientes en el Caribe colombiano

1

Ver, entre otros, los estudios de Óscar Almario García, Castas y razas en la Independencia neogranadina, 1810-1830. Identidad y alteridad en los orígenes de la nación colombiana (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012); Alfonso Múnera, Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo xix (Bogotá: Planeta, 2005); Nancy Appelbaum et al., eds., Race and Nation in Modern Latin America (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003); y James Sanders, Contentious Republicans. Popular Politics, Race, and Class in Nineteenth Century Southwestern Colombia (Durham: Duke University Press, 2004).

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a acciones pasivas y ligadas de un modo directo a los proyectos políticos de la élite criolla2. Según esta “historiografía tradicional”, encabezada por José Manuel Restrepo en el siglo xix, la participación de estos sectores en los procesos de independencia estuvo determinada por las acciones de los patriotas blancos, y el rol de negros y mulatos libres en las dinámicas políticas de la “revolución” fue circunstancial y, de cierta manera, apolítico3. Esta “prisión historiográfica”, como lo expresó Germán Colmenares4, edificada por historiadores del siglo xix y parte del xx, ha impedido la comprensión del proceso de construcción nacional desde una perspectiva que reconozca la participación política de las clases populares y cuestione ciertas tendencias que han silenciado y deslegitimado el papel activo y autónomo de los afrodescendientes libres en la llamada “revolución de independencia”. En contra de esta “prisión”, el estudio de la historiadora Marixa Lasso —traducido al español bajo el título Mitos de armonía racial. Raza y republicanismo durante la era de la revolución, Colombia 1795-1831— cuestiona la formación de las retóricas nacionalistas de igualdad racial basadas en discursos de unidad nacional y fraternidad, en contraposición a las dinámicas de exclusión social y política que sufrieron los llamados pardos (descendientes libres de africanos) en las primeras décadas de gobierno republicano. Desde esta perspectiva, Lasso establece que las circunstancias sociales y económicas previas a la crisis del Imperio español y a las guerras de independencia en el contexto caribeño habían propiciado la “americanización de la élite cartagenera” y el “crecimiento de una populosa clase de artesanos y militares pardos” (p. 20), permitiendo a algunos descendientes de africanos un cierto grado de movilidad social y participación política a finales del siglo xviii. Luego, en las primeras décadas del siglo xix, las jerarquías raciales establecidas durante la época colonial empezarían a ser cuestionadas en medio de las luchas independentistas, y las narrativas nacionalistas de igualdad y armonía racial se asimilarían rápidamente a las retóricas patrióticas y antiespañolas. Según la autora, “el consenso sobre la igualdad racial fue alcanzado en los primeros años de esfuerzo independentista” como consecuencia de las necesidades políticas

2

Alfonso Múnera, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano: 1717-1810 (Bogotá: Banco de la República/El Áncora, 1998), y Aline Helg, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano 1770-1835 (Medellín: Universidad eafit/Banco de la República, 2011).

3 Incluso, José Manuel Restrepo llega a afirmar que las élites criollas sedujeron a las “gentes de color” a través de “dinero y licores”. Historia de la Revolución de la República de Colombia, vol. 3 (París: Librería Americana, 1827), 44. 4 Germán Colmenares, “La Historia de la Revolución de José Manuel Restrepo: una prisión historiográfica”, Revista de Extensión Cultural 19 (1985): 6-13.

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coyunturales de las élites criollas americanas (p. 38). En el caso cartagenero, por ejemplo, el peso demográfico de los pardos tuvo gran incidencia en la constitución de alianzas políticas entre las élites cartageneras y los artesanos “de color”, en medio de los debates sobre la representación política de los americanos en las Cortes de Cádiz. Las tensiones políticas de este contexto llevaron a los criollos a “constituir una imagen de diversidad racial que no se opusiese al ideal contemporáneo de nación” (p. 44) y a expresar su molestia ante los prejuicios raciales que expresaban algunos diputados peninsulares. De esta manera, la apelación a la armonía entre los diversos grupos raciales representaba una estrategia política definitiva para las élites americanas; paulatinamente, “la igualdad racial […] se había convertido en una poderosa construcción nacionalista” (p. 54). Sin embargo, ¿qué consecuencias sociales y políticas —incluso culturales— tuvo este ideal de nación —basado en la “unidad y la homogeneidad”— en la constitución de un mito de armonía racial? Partiendo de un vasto acervo documental de carácter público, la autora demuestra de modo sistemático que las retóricas patrióticas y nacionalistas de igualdad racial eran una especie de velo que pretendía difuminar profundos problemas y tensiones de la sociedad colombiana en los primeros años de vida republicana. El miedo a los esclavos fugados y a las acciones políticas de los negros después de los acontecimientos de la revolución haitiana había generado un ambiente de hostilidad hacia las manifestaciones autónomas de los pardos en toda la república. Paradójicamente las élites blanco-mestizas necesitaban representarse a sí mismas como defensoras de la igualdad racial, pero a la vez se encontraban atemorizadas ante difundidos rumores de guerra racial y ante los reclamos de igualdad real por parte de los afrodescendientes libres. Uno de los aportes centrales del texto de Marixa Lasso es precisamente el estudio de la formación de una ideología nacionalista, donde las reclamaciones por discriminación racial pasaron a catalogarse públicamente como actitudes antipatrióticas, antirrepublicanas y sediciosas. A través del análisis de varios casos específicos, esta historiadora plantea que, una vez los pardos empezaron a hacer parte de las dinámicas sociopolíticas de la nación, sus legítimos reclamos como ciudadanos o miembros del gobierno fueron entendidos y deslegitimados como abusos de autoridad, conspiraciones en contra de las élites blanco-mestizas y provocaciones de estos sectores respecto a la “guerra de colores” (pp. 129-150). Con esta estrategia de silenciamiento y omisión, las élites criollas lograron la despolitización de las acciones autónomas de lo pardos tanto en el período independentista como en las primeras décadas republicanas, estableciendo unas narrativas oficiales donde las clases bajas quedaron fuera del panorama político.

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La constitución de este mito de armonía racial promovió entonces un aparente estado de bienestar social en términos raciales, donde “gentes de todos los colores” convivían en una especie de paz republicana. A pesar de ello, las declaraciones públicas y filantrópicas a favor de la manumisión gradual de los esclavos, y la inserción paulatina de los negros y mulatos libres a la sociedad republicana, ocultaban difundidos descontentos y temores de las élites republicanas. La inestabilidad política de la naciente república provocó entonces un particular miedo a la llamada pardocracia (p. 134) y el establecimiento de un discurso oficial donde “desorden social” se asoció directamente a “guerra de castas”. Según James Scott, la formación de estos discursos públicos homogeneizantes responde, en últimas, a la necesidad de las clases altas de “ofrecer pruebas convincentes de la hegemonía de los valores dominantes” y de la eficacia social de dicho discurso5. En este sentido, concluye Lasso, “los rumores sobre la posibilidad de una guerra de colores ayudaron a silenciar el uso del lenguaje racial como lenguaje de la denuncia, y a acallar el debate público sobre si las relaciones raciales en la república verdaderamente estaban caracterizadas por la igualdad” (p. 132). Así, la participación política autónoma de los pardos fue comprendida desde el lenguaje oficial de la sedición y el antirrepublicanismo, mientras que los pardos interpretaban la igualdad en términos alternativos a los imaginados por los gobiernos republicanos. A pesar de la afirmación de Marixa Lasso sobre la eliminación de expresiones racistas del discurso público y oficial de las élites republicanas (p. 150), muchos miembros de la sociedad neogranadina siguieron manifestando en órganos públicos como la prensa periódica su aversión a la inclusión de los afrodescendientes a la nación republicana y su acceso a la ciudadanía6. Si bien el racismo institucional no se concretó directamente en políticas de Estado, los prejuicios raciales siguieron latentes en el ámbito social y cultural, aun después de la abolición de la esclavitud, en 1851. En tal sentido, este estudio, más allá de sintetizar y concluir el debate sobre la inclusión y exclusión de los sectores subalternos —iniciado hace algunas décadas— en las dinámicas homogeneizantes de la formación de la nación, permite repensar la permanencia de expresiones discriminatorias en los discursos oficiales y el silenciamiento tácito de las reclamaciones legítimas, no sólo de las comunidades negras en Colombia, sino de los sectores populares en general.

5

James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos (México: Era, 2000), 27.

6

En periódicos doctrinarios del Cauca como El Misóforo, El Payanés y El Granadino pueden leerse las declaraciones públicas en contra del proceso de abolición de la esclavitud de miembros de la élite caucana, tales como las de Sergio Arboleda y José Joaquín Mosquera. Sus expresiones racistas y discriminatorias en la prensa periódica pueden considerarse parte del discurso hegemónico de las élites blanco-mestizas a mediados del siglo xix.

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Franco Díez, Germán. Mirando solo a la tierra. Cine y sociedad espectadora en Medellín (1900-1930). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2013, 238 pp. doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.12

Álvaro Villegas

Profesor asistente adscrito al Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Magíster y doctor en Historia por la misma universidad. Integrante del Semillero de Investigación Historia, Teoría y Análisis Cinematográfico. aavilleg@unal.edu.co

Mirando solo a la tierra es un libro importante, y lo es básicamente por tres razones. En primer lugar, desde La aventura del cine en Medellín1, publicado hace más de veinte años, no se editaba ningún libro que recogiera una investigación histórica sólida, rigurosa y ambiciosa sobre el cine en esta ciudad. Aunque existen artículos valiosos —por ejemplo, el de la historiadora Orielly Simanca Castillo2— que se ocupan de procesos puntuales desde una revisión documental seria, complementada con interpretaciones juiciosas, no se disponía aún de textos más extensos que desarrollaran problemas investigativos de gran envergadura y complejidad. En segundo lugar, en un país como Colombia, en el cual el cine ha sido un asunto más de proyectar películas que de producirlas, es necesario y pertinente despegar los ojos de las pantallas y llevarlos hacia las prácticas de exhibición y hacia la formación y consolidación de un público cinematográfico, tarea que el autor asume con valentía, a pesar de la escasez relativa de referentes en el medio académico. Finalmente, el lector se encuentra ante un texto sugerente, con un problema de investigación bien delimitado y con una tesis clara que sirve como hilo conductor de principio a fin; además, está sustentado en un número de fuentes primarias considerables, las cuales fueron sometidas a la debida crítica histórica. El libro está divido en una introducción, cuatro capítulos, un apartado de conclusiones, tres anexos y la bibliografía. Las preguntas que guiarán la investigación se hacen explícitas desde el primer párrafo: “La historia de cómo llegó el cine a la ciudad y cómo fue usado; qué películas se proyectaron, cómo las veía la gente, cómo se percibían sus relatos e imágenes; qué prácticas culturales se desataron y cuáles se debilitaron ante la proyección cinematográfica, y qué nuevos relatos y representaciones construyó Medellín acerca de sí

1

Edda Pilar Duque, La aventura del cine en Medellín (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/El Áncora, 1992).

2

Orielly Simanca Castillo, “La censura católica al cine en Medellín: 1936-1955. Una perspectiva de la iglesia frente a los medios de comunicación”, Historia Crítica 28 (2005): 81-104.

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misma gracias al cine son los temas que aborda este libro” (p. 15). También se mencionan los referentes conceptuales del trabajo y se plantea la necesidad de vincular la historia cultural y la historia de la comunicación, vínculo al cual indudablemente esta investigación hace un valioso aporte. A continuación se analizan varios aspectos que resultan interesantes para conocer los alcances de esta publicación. En primer lugar, Franco Díez regresa a los fundamentos teóricos de la investigación histórica y enuncia las dos nociones articuladoras de su texto: sociedad parroquial y sociedad espectadora. La primera hace referencia a una colectividad que asistía a espectáculos públicos que se desarrollaban por temporadas y que no estaban en general mediados técnicamente; en las ocasiones en que los objetos técnicos hacían presencia en los espectáculos, se transformaban en una atracción en sí mismos. Se trataba de un público que no permanecía inmóvil por largos períodos —ya que los espectáculos tenían interrupciones— y que mantenía una relación de exterioridad con lo exhibido, por cuanto se solía identificar más con los artistas que con los personajes y los relatos. La sociedad espectadora, por su parte, sería justamente una colectividad en la cual estas prácticas han sido reemplazadas por rutinas colectivas que hacen posible la contemplación compartida de la narración y la construcción de sentidos a partir de los relatos proyectados. En palabras del autor, esta nueva colectividad implica otro proyecto de ciudad y de sociedad: “[…] que no es necesariamente fiel a la noción de los ciudadanos moralizados, ni evangelizados, ni civilizados, sino a otro tipo de individuos que disfrutan de su compañía, de sus relatos y de sus territorios: el de la ciudad y el del cine” (p. 44). Se podría definir a estos individuos como sujetos espectadores3, marcados por el estar entre: entre lo real y la ficción, y entre sus pares, es decir, en medio del público. Esta condición hará posible que el sujeto espectador mantenga con la ficción una relación íntima y que se apropie de lo narrado. Este marco conceptual le permite adentrarse en las particularidades de una ciudad como Medellín entre 1900-1913, para describir cómo los habitantes de la ciudad se quejaban constantemente del tedio en el que vivían. El autor logra identificar diferentes tipos de espectáculos públicos, que iban desde los entretenimientos no narrativos —circos, toros y prestidigitadores— hasta prácticas colectivas de contemplación y evangelización, pasando por espectáculos artísticos con estructuras narrativas convencionales como el teatro, la zarzuela y la ópera, y sin dejar de lado, por supuesto, las prácticas ilegales o censuradas como los juegos de azar. Es importante tener presente que el cine en estos años no se había consolidado como un medio cultural, social y económicamente

3

Luis Puelles Romero, Mirar al que mira. Teoría estética y sujeto espectador (Madrid: Abada, 2011).

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Reseñas

relevante, por lo que se usó en especial para acompañar actividades didácticas y formativas, servir de publicidad a establecimientos comerciales y entretener a través de exhibiciones itinerantes. En buena medida, el cine será ante todo un aparato que excita la imaginación técnica4 de los medellinenses. Además, se describen las proyecciones públicas entre 1912 y 1924, para luego pasar a enumerar los teatros en los que se consolidó la exhibición permanente de películas en esta ciudad. De ahí que para este autor la formación de una sociedad espectadora tiene como condiciones de posibilidad la formación de un público cinematográfico, el surgimiento de empresas de distribución, la creación o adecuación de lugares de exhibición, el uso del cine como complemento de otros espectáculos y los intentos por usar las películas como instrumentos educativos. Se muestra que esta sociedad creó un gusto unificado, en el cual las élites se divirtieron con las narraciones populares, al tiempo que los sectores populares se acercaron a los relatos canónicos. De igual forma, Franco Díez plantea que el cine encantó a Medellín durante 1924-1930, cuando éste afianzó su carácter narrativo y le presentó al público de la ciudad historias, héroes y villanos a quien amar u odiar, e imaginarios cosmopolitas con los cuales cuestionar su propia vida o sentirse reflejados. Las películas más exitosas fueron las épicas y las de comedias, muchas de las cuales se presentaron en forma de sagas o seriales —como las de Max Linder, Fantômas o Los misterios de Nueva York—. Es aquí donde el autor muestra cómo el cine problematizó o, por lo menos, relativizó los roles tradicionales asignados a las mujeres, a la par que se convirtió en un problema moral, por cuanto, para influyentes sectores de la sociedad, era una escuela de malas costumbres. Esto para finalizar presentando unas conclusiones de carácter sintético, un anexo que enumera los espectáculos presentados entre 1908 y 1916, otro con las películas proyectadas entre 1909 y 1930, y un tercero con un artículo de Tomás Carrasquilla titulado “El buen cine”. Dentro de la bibliografía se destacan las fuentes primarias, principalmente extraídas de la prensa de la época. Sin duda, los aspectos señalados muestran la importancia de esta investigación, pero antes de concluir es necesario señalar dos aspectos problemáticos de la misma. El primero, de carácter puntual: el libro tiene dos mapas en los que se ubican los tres principales teatros de la ciudad; estos mapas no poseen indicación alguna de su escala, ni de los puntos cardinales, y ninguno de los teatros está bien ubicado. El segundo aspecto se relaciona con el sistemático desconocimiento de las investigaciones realizadas en los últimos treinta años en el campo de los estudios cinematográficos. Si bien el autor define su trabajo como una

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Beatriz Sarlo, La imaginación técnica. Sueños modernos de la cultura argentina (Buenos Aires: Nueva Visión, 2004).

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Reseñas

intersección entre la historia cultural y la historia de la comunicación, su objeto de investigación es el cine y se ocupa, además, de la primera década del siglo xx, que es justamente uno de los períodos más y mejor investigados por la historia del cine reciente, como lo demuestran los trabajos de Noël Burch, Tom Gunning, André Gaudreault, Miriam Bratu Hansen y William Uricchio, entre otros. Tal vez la familiaridad con estos referentes le habrían permitido a Franco Díez adentrarse con mayor profundidad en la primera década del cine en Medellín. Pero además, su conocimiento o uso habría sido importante para matizar afirmaciones sobre Georges Méliès, que es presentado en este libro como pionero de la narración cinematográfica, cuando la mayor parte de su obra está compuesta de actos de prestidigitación a través de trucajes cinematográficos, e, incluso, en las películas de mayor carácter narrativo siguió operando bajo la lógica del cuadro, y no de la de la progresión lineal de la narración. Estos apuntes no descalifican el trabajo realizado por Germán Franco, que constituye un aporte valioso para comprender las dinámicas de la exhibición y de la formación de públicos cinematográficos en Colombia. No obstante, queda como reto a los nuevos investigadores profundizar en este problema y explorar otros períodos y lugares desde perspectivas que, además, contrasten las prácticas locales con las de otras ciudades latinoamericanas que también están siendo estudiadas.

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Notilibros Villalobos Acosta, María Constanza. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la Iglesia de San Ignacio. Santafé de Bogotá, siglos xvii y xviii. Bogotá:

icanh,

isbn:

2012, 232 pp.

987-958-8181-81-3

Gómez González, Sebastián. Fronteras selváticas. Españoles, portugueses y su disputa por el noroccidente amazónico, siglo Bogotá:

icanh,

isbn:

xviii.

2014, 394 pp.

987-958-761-469-5

Lux, Martha. Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes. Discursos, estrategias y tácticas en la guerra, la política y el comercio (Nueva Granada, 1790-1830). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014, 322 pp. isbn:

978-958-695-963-6

La iglesia de San Ignacio, nombre con el que se conoce hoy, es uno de los pocos templos bogotanos cuyos retablos —la mayoría de los siglos xvii y xviii— se conservan aún. En el contexto de la época colonial era considerada como un palacio celestial y, como tal, allí se encontrarían las imágenes que dispuestas y ordenadas en los retablos configuraban artificios, mãchinae, como metáforas de la fantasía o traza que se ideaba para su representación. La presencia de fragmentos de cuerpos de santos depositados en relicarios y resguardados detrás de unas puertas, que a su vez son pinturas, hace que la pregunta por la representación del cuerpo en las imágenes surja de manera obvia y en primer lugar. Para responder dicho interrogante, la autora se apoyó en la consulta de varios archivos históricos, y en el análisis de los retablos, pinturas, esculturas y relicarios que se encuentran en la iglesia objeto de esta investigación. De manera insistente, el noroccidente amazónico ha sido pensado como un territorio sin historia. En este libro, derivado de una tesis doctoral defendida en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), Sebastián Gómez González demuestra que estas vastas regiones, generalmente olvidadas por la historiografía hispanoamericana, fueron escenario de encendidas disputas a lo largo del siglo xviii. Los conflictos venían incubándose desde el comienzo de la empresa colonizadora en la América del Sur, puesto que la ausencia de una frontera precisa entre los imperios ibéricos dio lugar a modelos espontáneos de poblamiento y ocupación territorial, en los que las voluntades individuales terminaron por suplantar las desfasadas políticas metropolitanas. Así, en los enfrentamientos por la posesión de la frontera selvática y sus recursos tomaron parte jesuitas y soldados, contrabandistas y exploradores ilustrados, indios de muy diversas naciones y variopintos funcionarios monárquicos. En el libro se analiza e interpreta el sentido de las acciones de las mujeres neogranadinas, tanto de las élites como del común, en su diversidad, desde finales de la Colonia (1790), hasta los primeros años de la República (1830). Asimismo, visibiliza y determina las distintas formas de participación de las mujeres en espacios públicos en la década de 1810, identificando cómo se introdujo en su práctica el discurso revolucionario de la época, cuando tanto las mujeres como los hombres dejaron de ser vasallos de un rey, otorgándoles igual atención a las mujeres realistas como a las patriotas. Los resultados muestran que las mujeres se involucraron en los procesos y dinámicas sociales de su tiempo, haciendo gala de la capacidad de argumentación y agenciando prácticas asumidas como masculinas. No obstante, la ampliada presencia de mujeres en el manejo económico y de la política en la década de 1810, las disposiciones legales de la Constitución de 1821 rompieron el horizonte de expectativas que bajo la promesa de inclusión para todos había ampliado los espacios de experiencia en la década anterior.

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Notilibros

Verdo, Geneviève, Federica Morelli y Élodie Richard, editores. Entre Nápoles y América. Ilustración y cultura jurídica en el mundo hispánico (siglos xviii y xix). Medellín: La Carreta Histórica, 2012, 272 pp. isbn:

978-958-8427-74-4

Martínez Rodríguez, Marcela. colonizzazione al messico! Las colonias agrícolas de italianos en

México, 1881-1910. México: El Colegio de San Luis/ El Colegio de Michoacán, 2013, 364 pp. isbn:

978-607-7601-95-1

Roas Deus, David. Visiones de lo fantástico en la cultura española (1900-1970). Buenos Aires: Ediciones de Aquí a la Vuelta, 2014, 288 pp. isbn:

978-849-282-162-4

El objetivo de este volumen es analizar la importancia que tuvo en el mundo hispánico la cultura política y jurídica napolitana de la Ilustración, entre el último tercio del siglo xviii y finales del xix. De manera primordial, si bien no exclusiva, se rastrea la extraordinaria difusión que tuvo la obra maestra de Gaetano Filangieri, Scienza de la legislazione (1780-1791), a lo largo del mundo hispánico. Junto a ello, el libro pretende abrir nuevas pistas para plantear, de modo renovado, tanto la propagación de las ideas ilustradas y liberales como los desafíos que tuvo que enfrentar la modernidad política en Europa del sur, así como en sus extensas prolongaciones americanas. El volumen reúne trece trabajos de los más destacados especialistas en Filangieri y el período de estudio. Este libro analiza las políticas de colonización oficial en México durante el porfiriato a través de la instalación de seis colonias agrícolas de italianos entre 1881 y 1882. Refiere a la dinámica interna, el encuentro intercultural y el devenir de cada uno de estos núcleos agrícolas y con ello pretende explicar si estas comunidades cumplieron con el objetivo general planteado por la Secretaría de Fomento y las autoridades federales. Este trabajo explora también la región de origen de las familias italianas y enfatiza el carácter, la heterogeneidad y el perfil sociodemográfico de la población inmigrante. Por ello, el texto es una innovadora investigación multidisciplinaria, con perspectivas de análisis globales y que vincula la historia social con aspectos económicos, políticos y culturales en ambos lados del Atlántico. El estudio está realizado con base en un abundante cuerpo documental recopilado en acervos mexicanos e italianos, en una amplia búsqueda bibliográfica y en recorridos de campo y recopilación de fuentes orales en México e Italia. No hay duda que vivimos buenos tiempos para lo fantástico en la cultura española: cada vez es mayor el número de escritores, directores y dibujantes que han optado por cultivarlo como vía de expresión privilegiada. Ello implica también un decisivo crecimiento del número de lectores y espectadores que consumen este tipo de obras y, en directa relación, una mayor atención a lo fantástico por parte de los editores, los productores cinematográficos y teatrales y, lo que también es esencial, los críticos. Este volumen de “Visiones de lo fantástico” se ocupa de uno de los períodos más desatendidos por la crítica con relación al cultivo de lo fantástico. La cultura española del siglo xx anterior a la Transición democrática, en apariencia adscrita al realismo, ofrece, en efecto, excelentes muestras de literatura, drama, cine y (a partir de la década de los 60) televisión, vinculadas a la representación no mimética. Los doce trabajos que lo componen ofrecen un recorrido por algunas de las manifestaciones más relevantes de lo fantástico contemporáneo.

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Notilibros

Bucheli, Marcelo. Después de la hojarasca. United Fruit Company en Colombia, 1899-2000. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013, 236 pp. isbn:

978-958-695-921-6

Seguí, Luis. Sobre la responsabilidad criminal. Psicoanálisis y criminología. México: isbn:

fce,

2012, 255 pp.

978-84-375-0683-8

Bordes, Juan. Historia de los juguetes de construcción. Madrid: Cátedra, 2012, 384 pp. isbn:

978-84-376-3065-6

Este libro es una enorme contribución tanto a la historia de América Latina como a la historia empresarial internacional. Marcelo Bucheli desafía la visión estereotipada del papel que han desempeñado las multinacionales en los países en vías de desarrollo por medio del examen de la relación dinámica y cambiante entre la compañía estadounidense, los empresarios locales, los políticos y los trabajadores. Bucheli muestra el papel complejo y lleno de matices que las multinacionales han desempeñado en la creación de la economía global. Según The Journal of American History, este es un análisis escrito claramente, que toma en consideración el contexto internacional en el cual funcionaba United Fruit Company, sus características como empresa de negocios y su relación con los trabajadores bananeros, los empresarios locales y el gobierno regional en dos zonas bananeras clave de Colombia. Si tanto la psiquiatría como la jurisprudencia se ocuparon desde comienzos del siglo xix de la conexión entre el crimen y la locura, la aparición del psicoanálisis operó como un revulsivo en el ámbito de aquellas disciplinas. El presente libro explora los avatares de la relación entre el discurso psicoanalítico y el discurso jurídico partiendo del hecho de que uno y otro se ocupan del mismo sujeto. Sin embargo, aunque se trata del mismo sujeto, no se puede ignorar que existe una diferencia sustancial: mientras que para el derecho el inconsciente no existe al tiempo de juzgar un acto, el psicoanálisis no concibe al sujeto sino como sujeto del inconsciente, con las consiguientes diferencias en cuanto al criterio de responsabilidad que puede atribuirse en cada circunstancia a los protagonistas. Si bien la condición humana no predispone a los hombres a la sujeción voluntaria de los instintos, la persistencia de la violencia y el crimen a lo largo de la historia no obedece exclusivamente a las patologías individuales. La presencia de la pulsión de muerte a escala global, traducida en asesinatos masivos, guerras, crímenes contra la humanidad o genocidios, exige ser estudiada y diagnosticada como parte de lo que Jacques Lacan definió como una “clínica de la civilización”. Los juguetes de construcción han tenido una estrecha relación con la historia de la arquitectura moderna. Y este libro muestra en imágenes, precisamente, el cruce de ambas historias, la de los juguetes y la de diferentes episodios de la arquitectura desde el siglo xix. La difusión de estos juguetes, simultánea a las creaciones de vanguardia, divulgó la nueva arquitectura, convirtiéndola en sueño y aspiración de niños y adolescentes, lo que produjo una educación arquitectónica en sucesivas generaciones de los arquitectos modernos que ha sido poco valorada. Esta historia, expuesta primero de forma analítica y después en un catálogo cronológico que agrupa las principales cajas de construcciones por los materiales de fabricación, se ordena a través de los tres conceptos con los que Vitruvio definió la arquitectura: “firmitas”, “utilitas” y “venustas”, resumiendo así la teoría arquitectónica que contienen estos juegos.

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Acerca de la Revista

Acerca de la revista Historia Crítica es la revista del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Cumple con sus lectores desde su creación en 1989. La revista Historia Crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos de autores nacionales y extranjeros, que presenten resultados de investigación histórica o balances historiográficos, así como reflexiones académicas relacionadas con los estudios históricos. La calidad de los artículos se asegura mediante un proceso de evaluación interno y externo, el cual es realizado por pares académicos nacionales e internacionales. La revista cuenta con la siguiente estructura: un director, un editor, un asistente editorial, un comité editorial y un comité científico, que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la revista, son evaluados anualmente en función de sus publicaciones en otras revistas nacionales e internacionales. Historia Crítica contribuye al desarrollo de la disciplina histórica en un país que necesita fortalecer el estudio de la Historia y el de todas las Ciencias Sociales para la mejor comprensión de su entorno social, político, económico y cultural. En este sentido, se ha afianzado como un punto de encuentro para la comunidad académica nacional e internacional, logrando el fortalecimiento de la investigación. El público de la revista Historia Crítica está compuesto por estudiantes de pregrado y postgrado y por profesionales nacionales y extranjeros, como insumo para sus estudios y sus investigaciones en Historia y en Ciencias Sociales, así como por personas interesadas en los estudios históricos. Palabras clave: historia, ciencias sociales, investigación, historiografía.

Las secciones de la revista son las siguientes: La Carta a los lectores o Presentación del dossier informa sobre el contenido del número y la pertinencia del tema que se está tratando. La sección de Artículos divulga resultados de investigación y balances historiográficos. Esta sección se divide en tres partes: • El Dossier reúne artículos que giran alrededor de

una

temática

específica,

convocada

previamente por el Equipo Editorial. • En Tema abierto se incluyen artículos sobre variados intereses historiográficos, distintos a los que reúne el dossier. • El Espacio estudiantil publica artículos escritos por estudiantes de pregrado o maestría adscritos a diversas universidades. Si el tema del artículo corresponde con el del dossier, se ubica como último artículo del mismo; si no es el caso, se ubica al final del Tema abierto. Las Reseñas y los Ensayos bibliográficos ponen en perspectiva publicaciones historiográficas recientes. Los Notilibros ofrecen una breve descripción de publicaciones recientes de interés para el historiador. Adicionalmente, la revista puede evaluar la pertinencia de incluir traducciones de artículos publicados en el extranjero en idiomas distintos a español, inglés o portugués, así como transcripciones de fuentes de archivo con introducción explicativa. Todos los contenidos de la Revista son de libre acceso y se pueden descargar en formato pdf, html y en versión e-book en nuestra página

web: http://historiacritica.uniandes.edu.co

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Normas para los autores

versión mayo de 2014

Tipo de artículos, fechas y modalidad de recepción • Historia Crítica publica artículos inéditos que presenten resultados de investigación histórica, innovaciones teóricas sobre debates en interpretación histórica o balances historiográficos completos. • Se publican textos en español, inglés y portugués, pero se acepta recibir la versión inicial de los textos en otros idiomas (francés e italiano). En caso de ser aprobado, el autor se encargará de entregar la versión definitiva traducida al español, ya que Historia Crítica no ofrece ayuda para este efecto. • Las fechas de recepción de artículos de Tema abierto y para los Dossiers se informan en las respectivas convocatorias. • Los artículos deben ser remitidos por medio del enlace previsto para este efecto en el sitio web de la revista http://historiacritica.uniandes.edu.co o enviados al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Los demás textos (reseñas, ensayos bibliográficos, entrevistas, etc.) deben ser enviados al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Los artículos enviados a Historia Crítica para ser evaluados no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra publicación. Evaluación de los artículos y proceso editorial A la recepción de un artículo, el Equipo Editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista, así como su pertinencia para figurar en una publicación de carácter histórico. Posteriormente, toda contribución es sometida a la evaluación de dos árbitros anónimos y al concepto del Equipo Editorial. El resultado de las evaluaciones será comunicado al autor en un período inferior a seis meses a partir de la recepción del artículo. Las observaciones de los evaluadores, así como las del Equipo Editorial, deberán ser tomadas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados. Estas modificaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le será indicado por el editor de la revista (aprox. 15 días). Luego de recibir el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su aprobación.

El Equipo Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores. Políticas sobre plagios La revista somete todos los artículos que recibe en sus convocatorias a la herramienta de análisis de plagio. Cuando éste se detecte total o parcialmente (sin la citación correspondiente), el texto no se envía a evaluación externa y se notifica al autor el motivo del rechazo. Procedimiento con las reseñas y los ensayos bibliográficos Historia Crítica procede de dos formas para conseguir reseñas. Por un lado, los autores pueden remitir sus reseñas al correo electrónico de la revista. Lo mismo se aplica a los ensayos bibliográficos. Por otro lado, la revista recibe libros a su dirección postal (Cra 1a N° 18 A-10, of G-421, Bogotá, Colombia) previo aviso por correo electrónico, ojala indicando nombres de posibles reseñadores. En este caso, la revista buscará conseguir una reseña del libro remitido. Las reseñas deben ser críticas y versar sobre libros pertinentes para la disciplina histórica que hayan sido publicados en los cinco últimos años. Los ensayos bibliográficos deben discutir críticamente una, dos o más obras. Las reseñas y los ensayos bibliográficos son sometidos a revisión y, de ser aprobados, a eventuales modificaciones. Indicaciones para los autores de textos aceptados para publicación (artículos, reseñas, ensayos bibliográficos y entrevistas) • Los autores recibirán dos ejemplares del número en el que participaron.

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Normas para los autores

Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del ‘Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual’, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes Departamento de Historia, para incluir el texto en la Revista Historia Crítica (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. En caso de que un artículo quisiera incluirse posteriormente en otra publicación, deberán señalarse claramente los datos de la publicación original en Historia Crítica, previa autorización solicitada a la dirección de la revista.

Presentación general de los artículos Los artículos no deben tener más de once mil palabra (18-22 páginas) con resumen, notas de pie de página y bibliografía, respetando las siguientes especificaciones: • Letra Times New Roman tamaño 12, a espacio sencillo, con márgenes de 3 cm, paginado y en papel tamaño carta. • Las notas irán a pie de página, en letra Times New Roman tamaño 10 y a espacio sencillo. • La bibliografía, los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas se cuentan aparte. • En la primera página, debe figurar un resumen en español de máximo 100 palabras. El resumen debe ser analítico (presentar los objetivos del artículo, su contenido y sus resultados). • Luego del resumen, se debe adjuntar un listado de tres a seis palabras clave, que se eligen preferiblemente en el Thesaurus de la Unesco (http://databases.unesco. org/thessp/) o, en su defecto, en otro thesaurus reconocido cuyo nombre informará a la revista. • El resumen, las palabras clave y el título deben presentarse también en inglés. • El nombre del autor no debe figurar en el artículo. • Los datos del autor deben entregarse en un documento adjunto e incluir nombre, dirección, teléfono, dirección electrónica, títulos académicos, afiliación institucional, cargos actuales, estudios en curso y publicaciones en libros y revistas. • En esta hoja, también es necesario indicar de qué investigaciones resultado el artículo y cómo se financió.

Presentación general de las reseñas y de los ensayos bibliográficos Las reseñas y los ensayos bibliográficos deben presentarse a espacio sencillo, en letra Times New Roman tamaño 12, con márgenes de 3 cm y en papel tamaño carta. Las obras citadas en el texto deberán ser referenciadas a pie de página. Las reseñas deben constar de máximo tres páginas y los ensayos bibliográficos tendrán entre 8 y 12 páginas. Reglas de edición • Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, etc.) deben ir numeradas en números arábigos, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran. • Los términos en latín y las palabras extranjeras deberán figurar en letra itálica. • La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la abreviatura. • Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, entre comillas, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos. • Debe haber un espacio entre cada uno de los párrafos; estos irán sin sangrado. • Los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, así mismo, titulados, numerados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Se ubican enseguida del párrafo donde se anuncian. Las imágenes se entregarán en formato digital (jpg o tiff 300 y 240 dpi). Es responsabilidad del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran. • Las notas de pie de página deberán aparecer en números arábigos. • Al final del artículo deberá ubicarse la bibliografía, escrita en letra Times New Roman tamaño 11, a espacio sencillo y con sangría francesa. Se organizará en fuentes primarias y secundarias, presentando en las primeras las siguientes partes: archivo, publicaciones periódicas, libros. En la bibliografía deben presentarse en orden alfabético las referencias completas de todas las obras utilizadas en el artículo, sin incluir títulos que no estén referenciados en los pies de página.

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Normas para los autores

Referencias Historia Crítica utiliza una adaptación del Chicago Manual of Style, ensu edición número 15, versión Humanities Style. A continuación se utilizaran dos abreviaturas que permiten ver las diferencias entre la forma de citar en las notas a pie de página (N) y en la bibliografía (B): Libro: De un solo autor: N Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 45. B Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año. Dos autores: N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 45-90. B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año. Cuatro o más autores: N Nombre Apellido(s) et al., Título completo (Ciudad: Editorial, año), 45-90. B Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año. Artículo en libro: N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, en Título completo, eds. Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), 45-50. B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. En Título completo, editado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Ciudad: Editorial, año, 45-90. Artículo en revista: N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, Título revista Vol: No (año): 45. B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Título revista Vol: No (año): 45-90.

Artículo de prensa: N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, Título periódico, Ciudad, día y mes, año, 45. B Título periódico. Ciudad, año. Tesis: N Nombre Apellido(s), “Título tesis” (Tesis pregrado/Maestría/Doctorado en, Universidad, año), 45-50, 90. B Apellido(s), Nombre. “Título tesis”. Tesis pregrado/Maestría/Doctorado en, Universidad, año). Fuentes de archivo: N Título del documento” (lugar y fecha, si aplica), en Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. La primera vez se cita el nombre completo del archivo y la abreviatura entre paréntesis, en seguida ciudad y país. B Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad País. Sección(es), Fondo(s). Entrevistas: N Entrevista a Nombre Apellido(s), Ciudad, fecha completa. B Entrevista Apellido (s), Nombre. Ciudad, fecha completa. Publicaciones en internet: N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), eds., Título completo (Ciudad: Editorial, año), <http:// press-pubsuchicago.edu/founders>. B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s), eds. Título completo. Ciudad: Editorial, año. <http:// press-pubsuchicago.edu/founders> . Nota: Luego de la primera citación se procede así: Nombre Apellido, dos o tres palabras del título, 45-90. No se utiliza Ibid., ibidem, cfr. ni op. cit. Consulte las “Normas para los autores” en español, inglés y portugués en http://historiacritica.uniandes.edu.co

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Políticas éticas

Políticas éticas Publicación y autoría: La revista Historia Crítica hace parte del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, encargada del soporte financiero de la publicación. Se encuentra ubicada en el Edificio Franco, Of. GB-421. La dirección electrónica de la revista es http://historiacritica.uniandes.edu.co y su correo hcritica@uniandes.edu.co El teléfono de contacto es el 3394949, extensiones 3716 y 5526. Cuenta con la siguiente estructura: un director, un editor, un asistente editorial, un comité editorial y un comité científico que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la revista. Los miembros son evaluados anualmente en función de su reconocimiento en el área y de su producción académica, visible en otras revistas nacionales e internacionales. Los artículos presentados a la revista deben ser originales e inéditos y éstos no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. Si el manuscrito es aceptado, los editores esperan que su aparición anteceda a cualquier otra publicación total o parcial del artículo. Si el autor de un artículo quisiera incluirlo posteriormente en otra publicación, la revista donde se publique deberá señalar claramente los datos de la publicación original, previa autorización solicitada al editor de la revista. Asimismo, cuando la revista tiene interés en publicar un artículo que ya ha sido previamente publicado se compromete a pedir la autorización correspondiente a la editorial que realizó la primera publicación. Responsabilidades del Autor: Los autores deben remitir sus artículos a través del enlace habilitado en la página Web de la revista o enviarlo al siguiente correo electrónico: hcritica@uniandes.edu.co en las fechas establecidas por la revista para la recepción de los artículos. La revista tiene normas de acceso público en español, inglés y portugués para los autores, que contienen las pautas para la presentación de los artículos y reseñas, así como las reglas de edición. Se puede consultar en: http://historiacritica. uniandes.edu.co/page.php?c=Normas+para+los+autores y en la versión impresa de la revista. Si bien los equipos editoriales aprueban los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta la evaluación realizada por pares, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Si se utiliza material que no sea de propiedad de los autores, es responsabilidad de los mismos asegurarse de tener las autorizaciones para el uso, reproducción y publicación de cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, etc. También aceptan someter sus textos a las evaluaciones de pares externos y se comprometen a tener en cuenta las observaciones de los evaluadores, así como las del Equipo Editorial, para la realización de los ajustes solicitados. Estas modificaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le sea indicado por el editor de la revista. Luego que la revista reciba el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su completa aprobación. Cuando los textos sometidos a consideración de la revista no sean aceptados para publicación, el editor enviará una notificación escrita al autor explicándole los motivos por los cuales su texto no será publicado en la revista. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores. El Equipo editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo.

Historia Critica No. 53, Bogotá, mayo - agosto 2014, 260 pp. issn 0121-1617 pp 246-247


Políticas éticas

Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, para incluir el texto en la revista (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Revisión por pares/responsabilidad de los evaluadores: A la recepción de un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista. El Equipo Editorial establece el primer filtro, teniendo en cuenta formato, calidad y pertinencia, y después de esta primera revisión, se definen los artículos que iniciarán el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de pares académicos anónimos y al concepto del Equipo Editorial. El resultado será comunicado al autor en un período de hasta seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el editor deberá informar al autor dicha situación. Todos los artículos que pasen el primer filtro de revisión serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de pares evaluadores, quienes podrán formular sugerencias al autor, señalando referencias significativas que no hayan sido incluidas en el trabajo. Estos lectores son, en su mayoría, externos a la institución y en su elección se busca que no tengan conflictos de interés con las temáticas sobre las que deben conceptuar. Ante cualquier duda se procederá a un remplazo del evaluador. La revista cuenta con un formato que contiene preguntas con criterios cuidadosamente definidos, que el evaluador debe responder sobre el artículo objeto de evaluación. A su vez, tiene la responsabilidad de aceptar, rechazar o aprobar con modificaciones el artículo arbitrado. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como de los evaluadores serán mantenidos en completo anonimato. Responsabilidades editoriales: El Equipo Editorial de la revista, con la participación de los comités editorial y científico, es responsable de definir las políticas editoriales para que la revista cumpla con los estándares que permiten su posicionamiento como una reconocida publicación académica. La revisión continua de estos parámetros asegura que la revista mejore y llene las expectativas de la comunidad académica. Así como se publican Normas editoriales, que la revista espera sean cumplidas en su totalidad, también deberá publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite. El Equipo es responsable, previa evaluación, de la escogencia de los mejores artículos para ser publicados. Esta selección estará siempre basada en la calidad y relevancia del artículo, en su originalidad y contribuciones al conocimiento social. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación que se le da al autor deberá orientarse hacia estos aspectos. El editor es responsable del proceso de todos los artículos que se postulan a la revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad mientras dura el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo. Cuando la revista recibe quejas de cualquier tipo, el Equipo debe responder prontamente de acuerdo a las Normas establecidas por la publicación, y en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la resolución del problema. Cuando se reconozca falta de exactitud en un contenido publicado, se consultará al Equipo Editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página Web de la revista. Tan pronto un número de la revista salga publicado el editor tiene la responsabilidad de su difusión y distribución a los colaboradores, evaluadores y a las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como a los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales. Igualmente, el editor se ocupará del envío de la revista a los suscriptores activos.

Hist. Crit. No. 53, Bogotá, mayo-agosto 2014, 260 pp. issn 0121-1617 pp 246-247

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Historia Critica No. 52, Bogotรก, enero - abril 2014, 288 pp. issn 0121-1617 pp 266



Historia critica no 53