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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR MINERO 2020-2030
su conjunto. La violencia relacionada a la minería ilegal es ejercida principalmente por hombres, siendo las mujeres un segmento poblacional en el que la percepción y el temor de cualquier tipo de vulneración se incrementa, reforzando los imaginarios de miedo, inseguridad y falta de certezas vitales que son características de estas estructuras de desigualdad. Estas características hacen de la minería ilegal un fenómeno que configura escenarios de vulneración de derechos humanos y pone en riesgo la subsistencia de ecosistemas y la calidad de vida de las poblaciones aledañas. La Agencia de Regulación y Control Minero con el propósito de combatir esta problemática realiza operativos de control, los cuales demandan de una gran cantidad de recursos y de logística, en articulación con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), que agrupa a instituciones como Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otras instituciones del Estado. b) Relación entre la actividad minera y las comunidades: La relación entre la minería y las comunidades del área donde opera la concesión es compleja por muchos factores que componen el entorno de la industria; sin embargo, en el país se presenta un fuerte contraste entre garantizar la inversión extranjera articulando las demandas de la población local, lo que genera niveles de conflictividad que pasan por relaciones tensas e incluso violentas, hasta conflictos de baja intensidad y que permanecen en el tiempo. Los datos empíricos sugieren que prevalece la concentración de concesiones mineras en territorios con menores niveles de desarrollo y con una mayor probabilidad de carencias en cuanto a servicios básicos y bienes públicos. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del mes de junio de 2019, la pobreza por ingresos a nivel rural se ubicó en 43,8%, cerca de 20 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (25,5%); mientras que la pobreza extrema se ubicó en 17,9%, 9 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (9%). En lo que respecta a desigualdad, el coeficiente de Gini4 es de 0,432 en el área rural y a nivel nacional de 0,478. Esta asociación entre inversión minera y territorios vulnerables no es negativa a priori. Los proyectos que dentro de su modelo de gestión, cuentan con el levantamiento de información de línea base5 de las comunidades dentro de la concesión minera - en temas demográficos, económicos, sanitarios, laborales, ambientales y de aceptación de las actividades - son un insumo para diseñar líneas de acción para mejorar ciertas deficiencias que persisten en el sector, lo cual genera varios beneficios: reduce costos de transacción, produce bienes públicos y facilita la legitimidad de actores para una gestión efectiva del territorio. El aumento de espacios laborales articulados a la minería y un mejoramiento vial son percibidas como un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades cercanas a la concesión. Estos cambios dentro de las formas de vida cotidiana generados por
El coeficiente de Gini es una medida que resume cómo se distribuye el ingreso per cápita entre los habitantes de la población y mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. Este indicador se encuentra entre cero (igualdad perfecta) y uno (ausencia de igualdad) (INEC 2019). 5 Estudio socio-ambietal del proyecto Llurimagua. El estudio registra que en las comunidades del área de influencia el analfabetismo ha sido prácticamente erradicado, existe una mayor frecuencia de graduados de educación primaria, un tercio de la población encuestada no dispone de seguro médico, el acceso vial a los lugares de residencia es por calle de tierra y piedra. El acceso a servicios públicos es deficiente respecto al agua potable y alcantarillado, ya que afecta prácticamente a la totalidad de la muestra (ENAMI 2018). 4
