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de que el Reino Unido se retrotraiga a la situación imperante en abril de 1982; esto es, a la ocupación de los archipiélagos y tres millas marinas alrededor de éstas, hasta tanto se acuerde la resolución de la disputa de soberanía sobre ese territorio. A su vez se debe exigir el cese inmediato de la actividad pesquera directa o indirecta que se realiza en la Zona Económica Exclusiva argentina (ZEE) y el área adyacente, a través del otorgamiento por parte del Gobierno del Reino Unido de licencias ilegales a buques extranjeros, que además de apropiarse de un recurso natural de Argentina, generan depredación y contaminación de un recurso de tercera generación y del medio marino. Insistimos en que las embarcaciones que bajo licencia del Reino Unido pescan recursos migratorios o no (o asociados a aquellos) en Malvinas; en áreas de nuestra ZEE o adyacente a ésta, provocan un grave daño al ecosistema y a la cadena trófica. La magnitud del daño vinculado a la depredación se observa en diversos datos: la desproporcionalidad del PBI por habitante derivado de la pesca de los recursos argentinos, en los habitantes de Malvinas alcanza a los U$S 66.000 al año, mientras que en el continente argentino solo llega a U$S 15.000 al año. Mientras los desembarcos pesqueros argentinos en 2013 alcanzaron las 821 mil toneladas; en los últimos 30 años, a través de licencias ilegales británicas, los buques extranjeros han extraído recursos pesqueros del mar argentino, por un valor de 20.880 millones de dólares; lo que supone un valor comercial final, del orden de los 147.830 millones de dólares; monto equivalente a la construcción o renovación total de la flota naval, mercante y pesquera nacional y al emplazamiento de puertos estratégicos en todo el litoral marítimo del país. La Ley 24.543, que incorpora a nuestro derecho la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) dispone en su artículo 2° Revista Pesca Agosto 2014

inciso d): "La ratificación de la Convención por parte del gobierno argentino no implica aceptación del Acta Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y a ese respecto la República Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita del 8 de diciembre de 1982, hace expresa su reserva en el sentido de que la Resolución III, contenida en el Anexo I de dicha Acta Final, no afecta en modo alguno la "Cuestión de las Islas Malvinas", la cual se encuentra regida por las resoluciones y decisiones específicas de la Asamblea General de las Naciones Unidas 20/2065, 28/3160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406, 47/408 y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de descolonización. En este sentido y teniendo en cuenta que las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur forman parte integrante del territorio argentino, el gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en una interpretación de la Resolución III que vulnere los derechos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y las áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta cuestión, que el gobierno argentino considera de la mayor importancia”. Por lo expresado, el Reino Unido no está habilitado para explotar los recursos pesqueros en un territorio que ocupa de facto y en conflicto; y tampoco, otorgar licencias a Estados ribereños desarrollados como España, Corea, Japón, Taiwán, etc., sin tener en cuenta las Capturas Máximas Permisibles, que conforme la CONVEMAR- establece anualmente la República Argentina, y 56

por tanto el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte está dificultando la Administración Pesquera de Argentina y depredando el recurso. Tratándose además, de un territorio en conflicto, el Reino Unido -mientras dure esta situación litigiosa- podría solicitar a la Argentina la captura de sus especies excedentes, aunque ello resulte de difícil aplicación porque la Argentina no tiene habitualmente recursos pesqueros excedentes y porque el Reino Unido es un Estado desarrollado, un Estado ribereño en el Atlántico del Norte y el Mar del Norte; que además, no ha explotado en forma directa los recursos pesqueros de la región, sino a través de licencias ilegales otorgadas a terceros Estados ribereños y desarrollados; es decir contradiciendo incluso, el artículo 72 inciso 1) de la CONVEMAR que prohíbe la transferencia a terceros, -a través de licencias o asociaciones u otras formas- de los acuerdos pesqueros previstos para los Estados ribereños y los Estado no ribereños. En los artículos 69 y 70 de la CONVEMAR se indica que los Estados no desarrollados sin litoral en situación geográfica desventajosa tendrán derecho a participar, sobre una base equitativa, en la explotación de los excedentes de los recursos vivos de las ZEE. Sin embargo en el caso de la Argentina, el Reino Unido -que ocupa una parte de territorio argentino en forma prepotente- es un Estado desarrollado, con litoral marítimo en el Atlántico Norte y el Mar del Norte, y no es un Estado en situación geográfica desventajosa, sino todo lo contrario, ya que pertenece a la Unión Europea y mantiene colonias con habitantes en distintas partes del mundo, como ocurre en Malvinas. Todo ello, afecta al derecho que el Estado nacional tiene de administrar adecuadamente sus recursos pesqueros, y tomar todas las medidas de urgencia relativas a la depredación que ocasionan las capturas en el mar adyacente a la ZEE argentina y las derivadas de las licencias ilegales pesqueras otorgadas

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Revista Pesca Agosto 2014  

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería que, además de informar, agita conciencia...

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