Voces
¿Alcanzará la emergencia sanitaria a la interpretación judicial?
Por el Dr. José Pedro Bustos y el Dr. Oscar Cochlar
E
n el mes de diciembre, se dictó la ley 27.541 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, conocida como la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.(1) En materia de emergencia sanitaria (Título X de la referida ley, artículos 64 a 85) y vinculado estrictamente con la seguridad social nacional (leyes 23.660 y 23.661) se incluye la suspensión –hasta el 31 de diciembre del año en curso– de las ejecuciones forzadas de créditos que tenga el Estado Nacional con los agentes del seguro de salud, incluyendo también a la Administración Federal de Ingresos Públicos.(2) Se mantiene la suspensión de los decretos 446/00, 1.140/00 y 1.305/00, relacionados con el ejercicio de la opción de cambio de obra social y la intervención de los privados en ella, así como la condición de dejar sin efecto los decretos 9/93 y 573/93, vinculada a las restricciones de contratar con los colegios profesionales. En lo estrictamente sanitario, tiene diferencias con la emergencia dictada en el año 2002 (Decreto de Necesidad y Urgencia 486/2002), sostenida hasta fin del año pasado, ya que no se ha avanzado con normativas relativas al Programa Médico Obligatorio, con distribuciones vinculadas al Fondo Solidario de
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Redistribución ni cuestiones atinentes a las contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). En lo que se refiere al Proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo Nacional y el texto final sancionado por el Congreso, hay dos artículos vinculados a la seguridad social que no han sido incluidos en la redacción aprobada: a) el artículo 74 del proyecto, que suspendía por trescientos sesenta (360) días la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas al PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), en el contexto de la Emergencia Sanitaria, con excepción de aquellas que probadamente contribuyeren a la disminución de los costos de atención
de la salud o bien resultaren de extrema e impostergable necesidad sanitaria, y b) el artículo 81 del proyecto que modificaba el artículo 23 de la ley 26.682 (ley de medicina prepaga), en tanto compelía a los agentes del seguro de salud y a las empresas de medicina prepaga a abonar un porcentaje al Fondo Solidario de Redistribución a aplicar sobre las llamadas “diferencias de plan” o pagos de bolsillo por planes superadores. Analizando la nota de elevación del Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional al Poder Legislativo, es oportuno señalar que en materia sanitaria la propuesta se fundamenta en “un Estado guiado por el principio de la ética de la solidaridad (que) debe instrumentar políticas de salud pública que atiendan al suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condición de alta vulnerabilidad social y el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y de enfermedades crónicas no transmisibles. También debe propender al pleno cumplimiento de la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, con particular referencia a la situación de emergencia epidemiológica que atraviesa el país y la región, y procurar las prestaciones básicas de salud a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD”. De la lectura de esos párrafos, entendemos que la calificación de “solidaridad social”, alcanza también a la emergencia sanitaria. Por lo visto hasta el momento, el entendimiento de la situación de emergencia y la solidaridad social a la que nos hemos referido no ha tenido favorable acogimiento en el Poder Judicial. Si bien hemos transcurrido durante el mes de enero la feria judicial de verano, la cantidad de habilitaciones(3) dispuestas
