OPINIÓN
La necesidad de reforzar el banco de datos del Registro Nacional de Armas * Mtro. José Cuitláhuac Salinas Martínez Es Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
L
a seguridad pública de los habitantes de una nación es sin duda, una de las principales funciones tutelares del Estado, que se traducen en actividades (legislativas-administrativas-jurisdiccionales) encaminadas a salvaguardar los intereses de la sociedad, definidos técnicamente como bienes jurídicos, en actividades de prevención y como presupuestos de una debida procuración e impartición de justicia. La tarea emprendida por el Estado, contra la creciente ola de inseguridad en diversas partes del país, debe llevarse al cabo respetando en estricto sentido los principios consagrados en el marco del Estado constitucional que se consolida en México, cuyo objetivo es inhibir y perseguir nuevas conductas e instrumentos utilizados en perjuicio de la sociedad. Esta situación obliga a los que tienen la encomienda de protegerla, a revisar de manera constante nuestro marco legal; con la finalidad, de promover y someter a consideración del órgano legislativo, la actualización de sus normas jurídicas. Un tema por demás preocupante para nuestro país, resulta hoy en día la introducción y comercialización ilícita en territorio nacional de armamento cada vez más sofisticado y con mayor capacidad vulnerante. La Organización de Estados Americanos (OEA) considera al tráfico ilícito de armas de fuego como uno de los principales factores
de criminalidad y violencia en América, lo que implica altos costos tanto humanos como económicos. De hecho, América Latina es la región del mundo con la mayor violencia armada, con 42% de los homicidios cometidos con armas de fuego.¹ En el ámbito internacional, se han desarrollado diversos lineamientos para el control y registro de las armas de fuego como una medida de prevención al tráfico ilícito de las mismas. Un claro ejemplo de ello, es la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados ², que obliga a los Estados miembros a establecer medidas para el marcaje de las armas y municiones, así como concentrar dicha información, ya sea para su intercambio o bien, para permitir el rastreo de tales objetos bélicos. En este mismo sentido, encontramos la Legislación modelo sobre el marcaje y rastreo de armas de fuego ³, la cual además de constituir una directriz en la materia, prevé en su artículo 4 la información mínima que debe existir en los registros de cada uno de los Estados sobre dichos artefactos, para facilitar su rastreo e identificación. Las diversas medidas adoptadas por México para investigar, combatir y sancionar la introducción y comercialización ilegal de armas de fuego, aunado al avance tecnológico en materia de armamento, así como
JULIO-AGOSTO 2012
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