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contenido

Septiembre 2016 En portada: Antonio Álvarez Desanti, presidente de la Asamblea Legislativa. Entrevista en la página 24. Fotografía: Juliana Barquero julianabarquero.com

Producción: Francina Delgado Locación: Castillo Azul, Asamblea Legislativa.

Resumen Las noticias más importantes en la región y el mundo.

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APP Organice mejor sus archivos y aprenda diferentes nudos de corbata. FIRMA 4

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LAWxury Recicle el plapel en su oficina y conozca lo último en tecnología móvil.


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Tecnología Los dilemas de los vehículos autónomos.

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Plan de repoblamiento de San José Los retos para promover la vivienda en la ciudad.

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Los contratos de preventa Lo que debe saber para una correcta asesoría.

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Plan regulador municipal La importancia de conocer las reglas del juego.

Lecciones del caso ICEAlcatel ¿Es el Ministerio Público objetivo?

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Enseñanza del derecho Los retos en materia de educación

Viajes Recorra Lisboa en tres días.

Cuotas condominales Efectos y responsabilidades para quienes viven en condominio.

Límites Costa Rica Nicaragua Comienza un nuevo litigio con el vecino del norte.

Gastronomía Los mejores cortes de La Esquina de Buenos Aires.

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editorial

STAFF Lic. Andrés Corrales

El derecho y la construcción Desde hace unos años, nuestro país vive un crecimiento exponencial de proyectos residenciales y comerciales, lo que supone un reto para los profesionales en derecho, ya que nos obliga a conocer más sobre el derecho inmobiliario con el fin de brindar una correcta asesoría a nuestros clientes. Así las cosas, resulta de importancia que, como abogados, podamos garantizar la seguridad jurídica de los actos de compra y venta que realizan los usuarios de nuestro servicio. Esta es la motivación por la que, en esta edición, hemos invitado a distintos abogados especialistas en la

materia para que nos comenten datos importantes que debemos tener en cuenta, como por ejemplo, el Plan Regulador Municipal, los contratos de preventa y la cuota de condominios. Todos, temas relevantes por tratar. Pero en esta constante formación que debemos tener, no podemos dejar de lado el impacto de la tecnología en nuestro diario vivir, por eso, la entrevista a nuestro personaje de portada, don Antonio Álvarez Desanti, también, se concentra en la necesidad de actualizar nuestro marco jurídico y en los retos que tiene el Congreso para aprobar leyes en ese sentido.

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Andrés Corrales Periodista y Abogado Director

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FIRMA es una marca registrada de Pitch Media S.A. Fecha de publicación: septiembre 2016. Edición 07, año 01. Pitch Media investiga sobre la seriedad de los anunciantes, pero no es responsable de las promociones de los mismos. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Las opiniones expresadas por terceros, no representan, necesariamente, la posición de Firma o Pitch Media S.A.


resumen

Texto: Redacción /Fotos: EFE

Destituida • Dilma Rousseff resultó destituida de su cargo como presidenta de Brasil tras el impeachment llevado en su contra por haber tomado préstamos de bancos estatales sin consultar al parlamento previamente, con el fin de tapar

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agujeros en las cuentas públicas. En todo momento Rousseff negó las acusaciones y manifestó que los motivos no eran suficientes para tomar una medida tan drástica. Tras la votación de los senadores 61 votaron por destituirla y solo 20 votaron a

favor. Este tema ha causado una crisis en las calles de Brasil, donde simpatizantes de Rousseff se han manifestado. Así las cosas, Michel Temer, quien ha venido sustituyendo a Rousseff se mantendrá como presidente de ese país hasta finales de 2018.


Por los familiares desaparecidos • En el marco del Día Internacional del DetenidoDesaparecido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) instó al Gobierno de Honduras a apoyar a los familiares de inmigrantes hondureños desaparecidos. El organismo internacional invitó al Gobierno a ayudar a estas familias con acompañamiento psicológico, económico y judicial con el fin de esclarecer cada una de las desapariciones. La CICR defiende esta causa desde 2004 y, aunque afirma que el Gobierno tiene voluntad política, aún queda mucho trabajo por hacer.

Lucha indígena

• La tensión entre el Gobierno de Panamá y las comunidades indígenas sigue en aumento. Tras el anuncio de la entrada de operaciones de una polémica planta hidroeléctrica en la zona de Llano Tugrí, un grupo de indígenas interrumpió las palabras del presidente Juan Carlos Varela y lo retuvieron durante unas dos horas como forma de protesta. Los manifestantes cuestionan la representación de los indígenas que aparecen como firmantes del convenio. El acuerdo establece que la planta comenzará a funcionar a través de un tercero y no por medio de la empresa centroamericana que la construyó.

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resumen

A reducir la violencia

• El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, su plan para combatir el “reciente repunte de homicidios dolosos” en suelo azteca, principalmente en los estados que concentran el 42% de estos delitos. Según Peña Nieto, giró una orden para que distintas organizaciones trabajen de forma paralela, sin embargo, su iniciativa ha despertado críticas por la poca información sobre su implementación. En la misma audiencia, el mandatario hizo un llamado para que se apruebe la reforma de seguridad, así como les pidió a los congresistas corregir deficiencias en el nuevo sistema de justicia penal.

Ayuda urgente • El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, aseguró que la crisis financiera por la que atraviesa el organismo les imposibilitará realizar su habitual sesión de audiencias públicas en octubre. La CIDH solicitó ayuda urgente a los estados del hemisferio para encontrar una solución a la falta de fondos y lograr superar dicho problema.

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resumen Tensión en la frontera • Las relaciones entre Guatemala y Belice se encuentran en un punto delicado después de que

guardaparques beliceños le dieron muerte a una persona menor edad luego de de que esta, según las autoridades de Belice, se adentrara en una zona adyacente administrada por Belice. Un informe realizado por la Organización de los Estados

Americanos (OEA) apoya esta teoría, por lo que el embajador de Guatemala en Belmopán, capital de Belice, Estuardo Roldán, dijo que no aceptan el informe al tiempo que afirmó que las relaciones entre los dos países se hallan “afectadas”.

Más oportunidades • Un grupo de empresarios costarricenses, acompañados por el ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo

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de Colombia, María Claudia Lacouture, participaron de una misión comercial de exportadores de Costa Rica en Bogotá. Los exportadores ‘ticos’ visitaron el

país del sur para aprovechar las nuevas condiciones comerciales del mercado por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.


tecnología GEMINI 2 Esta aplicación es ideal para quienes no logran tener un orden en su computadora. Escanea los diferentes archivos y detecta aquellos que están duplicados, con el fin de que el usuario los pueda borrar y, así, economizar más espacio en el disco duro del ordenador. El algoritmo con la que fue creada hará una búsqueda inteligente según los hábitos de uso de la persona.

Las redes sociales siguen creciendo, y un buen ejemplo de esto es esta aplicación que conecta a los usuarios con intereses similares entre sí. Tiene la capacidad de geolocalización para informar de eventos que se estén realizando cerca del lugar en el que uno está, cada cual relacionado con los intereses establecidos. De hecho, se puede encontrar a personas con intereses comunes con el fin de desarrollar proyectos en conjunto.

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NOTABILITY Esta app ha ganado diferentes reconocimientos en el App Store de Apple por su utilidad, ya que es perfecta para estudiantes, profesores y empresarios gracias a que toma notas, esquemas,

puede marcar archivos PDF, fotografías y más, con el fin de que el consumidor tenga apuntes en todas las actividades necesarias. Además, convierte la voz en texto y viceversa.


FLOWVELLA FlowVella es una alternativa similar a Keynote y PowerPoint. Permite que el interesado pueda crear presentaciones de una forma muy creativa y original. La plataforma de fácil manejo usa imágenes, sonidos, textos, videos, PDF, links y galerías de fotos de una forma rápida, al tiempo que se puede compartir con cualquier otro dispositivo. Cuenta con más de 25 plantillas con la capacidad de personalizarlas.

HOW TO TIE A TIE PRO Si usted es de los ejecutivos reacios al uso de la corbata, esta herramienta ofrece diferentes tutoriales para hacer el nudo o, simplemente, innovar en la forma

en la que se llevan las corbatas. Ha sido descargada por más de 10 millones de personas y cuenta con más de 27 nudos en su colección.


SONIDO INALAMBRICO La reconocida casa de sistemas de audio Bose ya está lista con su línea SoundTouch. Con ella, diferentes parlantes pueden conectarse entre sí por medio de la conexión wifi del hogar o la oficina. A través de la app, el usuario puede reproducir distintas canciones en múltiples aposentos, o una sola en general. Funciona con muchas plataformas musicales, como Spotify, y emisoras virtuales.

LUGARES SEGUROS La tecnología ayuda a crear dispositivos que ofrecen mayor seguridad para casas y oficinas. Uno de ellos es la cámara de seguridad Welcome, de la marca Netatmo. Está diseñada con tecnología de reconocimiento facial que, además, puede

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programarse para notificar cuándo niños o adultos mayores pasan frente a ella. En caso de no reconocer un rostro, la cámara envía inmediatamente una notificación al teléfono inteligente para tomar las acciones pertinentes.


RECARGA LIMPIA Siguiendo con las tendencias mundiales de procurar sacar provecho a la energía del Sol, la marca Gingko introduce su árbol solar para cargar el celular. Este dispositivo está compuesto de tres paneles solares y una batería de litio que es capaz de cargar cualquier celular en dos horas, hasta por dos veces al día. Está hecho de materiales ecoamigables y tiene una estética ideal para espacios de trabajo.

RECICLAJE EN LA OFICINA Para las oficinas que manejan gran volumen de papel, el sistema PaperLab podría suponer un ahorro en este insumo. Este aparato es capaz de producir papel nuevo a partir de papel triturado, de forma segura y sin necesidad de agua. La máquina está preparada para elaborar seis mil 720 hojas en una jornada de ocho horas y elabora diferentes tipos de papel, de color, aromatizado y hasta tarjetas comerciales.

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LAPICERO ERGONOMICO Para los amantes de los lapiceros que se salen del simple diseño cilíndrico, el P22 es perfecto, pues su diseño completamente ergonómico regala una experiencia más cómoda al usuario. La circulación de la mano funcionará de una manera dinámica para evitar el cansancio, lo que lo convierte en un elemento infaltable para quienes tienen que escribir mucho o firmar constantemente.

PARA TENISTAS El rato libre es importante y, si usted es de los que disfruta de un buen partido de tenis, el Sony Smart Tennis Sensor puede ser un

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compañero de sus entrenamientos. Se conecta a través de Bluetooth y se instala en la raqueta para recibir información sobre el tipo de

swing que realiza, la velocidad, el giro y el impacto de la bola; todo con el fin de proveer información para mejorar la técnica y el estilo.


PARA LA FAMILIA La marca 98 Coast Avenue presentó en Costa Rica su nueva colección SHE by 98 Coast Avenue, la primera línea de la marca exclusiva para la mujer y sus hijas. Esta marca se ha caracterizado por sus prendas para hombres y niños y ahora se sale de ese concepto para presentar piezas para todos los miembros de la familia. Esta nueva colección cuenta con 7 modelos para mujeres y otros 7 para niñas hasta los 12 años de edad.

NUEVO TELEFONO Samsung presentó, en Costa Rica, el nuevo Galaxy Note7, un smartphone que se caracteriza por su pantalla grande y el uso del S Pen, una herramienta que permite escribir y realizar otras funciones complementarias. El entretenimiento y la seguridad están entre sus especialidades. Aquí, es donde los profesionales pueden sacar provecho, ya que cuenta con autenticación biométrica, que incluye escáner de huellas digitales y lector de iris, lo que resulta ideal para quienes manejan información delicada.

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literatura Cuestiones fundamentales del derecho penal económico Carlos Gómez-Jara Diez

La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la responsabilidad penas de las personas jurídicas son parte de los temas que toca este texto. Además, lanza la pregunta sobre la responsabilidad penal de los directivos de empresa con virtud de su dominio en la organización. El libro analiza los temas de crisis financiera, retribución de directivos, honorarios profesionales y trata el tema del bona fides como barrera del abogado defensor frente al delito de blanqueo de capitales.

Teoría General del Proceso Luiz Guilherme Marinoni

Litigiosidad en la actividad bancaria Eduardo A. Barbier

Este libro hace un análisis profundo y brinda pautas sobre la resolución de conflicto, las relaciones de consumo y las acciones de incumplimiento contractual, ejecutivas y cambiarias. Abarca también temas como la tutela de datos personales y las garantías reales y de fianza. Está disponible en Expolibros.

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La relatividad histórica de la propia Teoría del Proceso es lo que abarca este libro, por lo que se puede convertir en una importante fuente de consulta. Analiza los conceptos de jurisdicción, acción, defensa y proceso, que por su incuestionable relación a una ‘forma’ del Estado, no pueden ser comprendidos fuera del contexto histórico. Cuestiona diferentes temas a partir del derecho constitucional y la Teoría del Derecho que pueden ser aplicables a las estructuras estatales contemporáneas.


La actualidad nacional con enfoque jurĂ­dico. www.revistafirma.net info@revistafirma.net /firmacr @firmarevista

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tecnología Las disyuntivas por resolver del vehículo autónomo Adrián Mora

Abogado Ilustración: Marc Ramírez

Con pasmosa claridad, el escritor Isaac Asimov profetizó la aparición de los vehículos autónomos o autoconducidos (VA) a través de Sally, una historia corta publicada en 1953. Además, con su pequeño relato, el autor logró comprender un dilema inherente: si un sistema inerte puede replicar nuestro nivel de raciocinio, ¿pueden las máquinas integrar algoritmos que simulen nuestros juicios morales y éticos para la toma de decisiones también? Sesenta años después de Asimov, nos encontramos de frente con la disyuntiva propuesta a través de un estudio publicado por la revista Science, llamado “El dilema social de los vehículos autónomos”, en el cual, intelectuales de primer

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nivel dibujaron escenarios donde la máquina debía resolver posibles conflictos morales. Veamos algunas pruebas que hicieron: un vehículo autónomo con un conductor debía decidir entre atropellar a un grupo de 10 peatones o colisionar y matar a su conductor y, por otro lado, atropellar a todo el grupo y salvar a un único peatón. Los escenarios se complicaron cuando se sumó un hijo o familiar a la ecuación. Y es que los resultados de encuestas realizadas a unas dos mil personas mostraron una tendencia hacia la teoría del ‘utilitarismo’, un conjunto de reglas diseñadas para maximizar vidas y reducir al mínimo las muertes… Eso sí: “La gente quiere vivir en

un mundo en el que los vehículos autónomos no generen muertes, pero desean, a su vez, que el vehículo salvaguarde su vida a toda costa”, indica la publicación. Claramente, el dilema moral es tan solo uno de los desafíos que debe enfrentar la industria de vehículos autoconducidos. Algunos expertos señalan que, aún, estamos lejos de poder sustituir la conducción manual por computadoras inteligentes que puedan asumir la dirección integral del auto, ya que, primero, debemos resolver cuestiones críticas, tales como la respuesta, la integración y la operación de los sensores, la resolución de obstáculos en carretera y debilidades en la configuración de los mapas y la ciberseguridad de los sistemas (o software) y, segundo, debemos considerar el eslabón más débil y riesgoso de la cadena: la conducta del propio ser humano. Lo que resulta incuestionable es que estamos en un momento que evidencia un avance exponencial en esta área,


suscitado principalmente por la aplicación del deep learning, o aprendizaje profundo, un proceso que sustenta, desde el motor de búsqueda de Google, el etiquetado automático de fotos de Facebook y la voz asistente de Apple, hasta los vehículos autoconducidos de Tesla. Este progreso técnico, a su vez, genera discusión, análisis y acercamiento en diversos niveles (tecnológico, social, jurídico), situación que supondrá un avance notable en la comprensión y resolución de problemas relacionados con otros campos. La industria que promueve el desarrollo de los VA (debe entenderse que Tesla no está sola, pues Google propiamente dicha, la BMW, Audi y la MercedesBenz, también, han incursionado seriamente en este nicho), consistentemente, ha divulgado que la aparición de los VA supondrá una drástica disminución de los accidentes en carretera. La evidencia parece estar del lado de las grandes compañías, cuando se muestra (según datos de Tesla) que estos automóviles han recorrido cerca de 130 millones de millas con tan solo un accidente letal. En nuestro territorio, indudablemente, una disminución de los siniestros ocurridos en carreteras podría ser realmente impactante en muchos niveles. Empezando por un hecho primordial: los accidentes viales constituyen la principal causa de muerte accidental, con un promedio de 800 muertes por año. Un análisis reciente de

la Universidad de Costa Rica demostró que el costo de los choques en el país equivale a más del 3,65% del producto interno bruto (PIB) anual, es decir, unos 974 mil millones de colones por año, y que tan solo en 2014 la atención de víctimas de accidentes le generó al Instituto Nacional de Seguros (INS) el pago de 12 mil millones de colones. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto, resulta interesante analizar el alto nivel de atención popular y mediática que ha acaparado este primer accidente mortal producto de la utilización de un vehículo autónomo. De alguna extraña y escalofriante forma, nuestras sociedades han asimilado las habituales consecuencias de los accidentes de tránsito causados por humanos. Hemos logrado desarrollar un cierto tipo de inmunidad ante el nivel y volumen de los sucesos que ocurren en las carreteras, por lo que surge la duda: ¿por qué se ha generado tanta preocupación con el hecho ocurrido con el VA? En principio, se podría suponer que estamos habituados a que el control y operación final de la máquina recae en nosotros, y no a la inversa. Nos provoca pánico perder el control. La irrupción de los vehículos autoconducidos implica la sustitución de nuestras capacidades cognitivas y físicas para realizar una determinada función, por lo tanto, también, asumimos que la máquina que nos suplante en esta labor debe equipararse a esos niveles de

nuestro comportamiento, con todo lo que esto significa. Una investigación de la Universidad de Míchigan (en Estados Unidos) propone el siguiente razonamiento: si a los seres humanos, para obtener su licencia de conducir, se les exige un examen de conducción, ¿no deberían los vehículos autoconducidos ser, asimismo, sujetos a prueba? La conclusión del estudio es “sí”. Empero, actualmente, existen muchas condiciones sin resolver (dilemas éticos, condiciones climáticas o extrañas, múltiples estándares y modelos, sensores), situación que amerita la implementación de algún tipo de test para garantizar un funcionamiento adecuado de estos vehículos. Se señala, por ejemplo, la cuestión sobre la observancia de las diferentes normativas de tránsito existentes, lo cual no supondría ningún inconveniente el ‘aprender’ e incorporar las diferentes legislaciones y cada una de sus normas a un sistema informático. El conflicto radicaría en que la computadora ejecutaría un estricto cumplimiento de estas leyes… al pie de la letra. Evidentemente, ese no es el comportamiento humano. El dilema trazado por Asimov no ha sido resuelto, pero estamos mucho más cerca de resolverlo que cuando el escritor se inventó un futuro donde un automóvil dotado de inteligencia y juicios de valor análogos a los del ser humano le provocaba angustiosos temores e inquietudes a su dueño.

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portada

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“Yo pertenecí a la escuela del derecho procesal penal y civil” Francina Delgado, Periodista Fotografías: Juliana Barquero

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Su apretada agenda parlamentaria, profesional y personal no fue obstáculo para que el presidente de la Asamblea Legislativa pudiera hacernos un espacio para tener una conversación sobre el derecho y los principales retos que tiene el órgano que representa, según su criterio, ante la necesidad de modernización de la legislación costarricense. Y es que Antonio Álvarez Desanti tiene claro que, sin duda alguna, la Asamblea Legislativa no se escapa de la agenda de los medios de comunicación porque, desde ahí, se forjan las reformas legales y la creación de nuevas disposiciones que suponen un reto para la Administración. Estos retos van desde ajustar el marco legal a las nuevas tecnologías, hasta la negociación entre bancadas para

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que las diferentes propuestas tengan su espacio en la corriente legislativa, especialmente en una época en la que el fraccionamiento de los diputados, así como la gran cantidad de mociones que se presentan, se convierten en las grandes piedras del zapato para que el aparato legislativo funcione como muchos desean. Amante del debate, pero también, de la conciliación y la negociación, el abogado, ahora dedicado a la política y a los negocios, nos hace un repaso por su vida y esos grandes desafíos que tiene como presidente del Congreso. ¿Recuerda cuando se matriculó en la carrera de Derecho? “Me fue bien en el examen de admisión. Eso hacía que uno se matriculara el primer día y que fuera de los primeros en lograr su espacio.

Recuerdo que me matriculé un lunes al final de la mañana. Había que coger tarjetas… Usted no sabe lo que son las tarjetas: eran con las que se iba a cada curso y se retiraban perforadas. Después, metía todas lar tarjetas en un sobre, las entregaba y esa información la digitaban en una computadora, que se llamaba ‘Matilde’ y, probablemente, era como del tamaño de este cuarto (se refiere a su oficina). Me matriculé para hacer la ‘pre’ y Generales en un solo año y poder sacar la carrera en un tiempo más corto”. ¿Cómo fueron esos primeros años de universidad? “En esa época, empezábamos a trabajar como asistentes de abogados y, entonces, me gustaba muchísimo el ejercicio profesional combinado con el estudio jurídico.


Como asistente de abogados, me gustaba mucho estar viendo casos y, a la vez, ir estudiándolos y consultándolos con los profesores. Me gustó y fue importante tener un estudio con práctica profesional”. ¿Qué edad tenía? “Tenía casi 18 años. Yo entré a la universidad de 17 y medio y, entrando nomás, empecé a trabajar como asistente de abogado en las tardes. Teníamos unos profesores muy polémicos, profesores brillantes. A un profesor, le decíamos ‘El Loco’, un genio en derecho administrativo; también, Édgar Cervantes, magistrado de la corte; don Miguel Blanco, magistrado también; don Jorge Enrique Guier, que era el decano y profesor de Historia del Derecho, que era una biblioteca. Muchos profesores, muy buenos, muchos de ellos que venían de la parte de la magistratura, magistrados o jueces, otros que eran litigantes. Tuve la posibilidad de estudiar con muy buenos profesores. En la política, estoy involucrado desde el colegio. Después de los debates, terminé siendo candidato presidencial en el colegio y perdí las elecciones”. ¿Cuándo empezó con los temas jurídicos? “Tuvimos un primer bufete en el que empezamos a trabajar. Estábamos Álvaro Carballo Pinto, Ronald Fernández, Dionisio Segura y yo. Se llamó ADR Consultores Profesionales y, ahí, empecé a ejercer la práctica profesional. Ejercí mucho en la parte del derecho comercial e

hice mucho notariado. Después, se incorporó Nuria (Nuria Marín Raventós), mi esposa. Al final, nos quedamos nada más ella y yo como los socios del bufete. Teníamos otros abogados, pero no eran socios. En el año de 1993, decidimos que íbamos a dejar el ejercicio profesional y nos dedicaríamos exclusivamente a la parte empresarial. Fue una decisión muy difícil, una decisión muy arriesgada porque dependeríamos del éxito empresarial y, básicamente, del éxito de la actividad bananera, que fue a la que entramos con más fuerza”. Y 25 años después de dejar de ejercer ‘formalmente’, ¿qué opina? “Debo decir que fue la decisión correcta, aunque me sigue encantando el derecho y, obviamente, en la Asamblea Legislativa, lo aplico todos los días. Cuando no estoy en la Asamblea Legislativa y estoy dedicado a la parte empresarial, pues, siempre, trato de estar leyendo jurisprudencia, me pongo a leer sobre algunas tesis jurídicas más modernas, sobre diferentes campos. Hice una maestría en derecho tributario y, con frecuencia, me llegan de la universidad trabajos de algunos de los exprofesores o de nuevos estudiantes sobre investigaciones, entonces, me mantengo leyendo sobre derecho, pero, prácticamente, por hobby, porque, si no, no tengo ninguna práctica profesional, ni siquiera

en las empresas, porque tenemos abogados en el grupo”. ¿Cómo valora el comportamiento del derecho en la actualidad? “Yo resaltaría el nivel de especialización que tiene el derecho en la actualidad. Es increíble cómo ha llegado a tener tal nivel de especialización y cómo hay tanta investigación y novedad en áreas tan específicas. El derecho enriquece mucho, es un tema importantísimo y lo vemos mucho aquí: si hablamos de derecho ambiental, tenemos especialistas en cada una de las áreas. Yo pertenecí a la escuela del procesal penal y el procesal civil y nada más. Ahora, está el procesal contencioso, el procesal laboral, el procesal de familia. Ha habido una gran especialización y facilita mucho el trabajo hoy día porque hay muchos expertos en la Asamblea Legislativa que ayudan y apoyan con las diferentes áreas que tenemos que trabajar”. ¿Termina pensando en derecho? “(Risas) Sí, siempre. Ahorita, tenemos un proceso arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra un país en el que hicimos unas inversiones y consideramos que se violaron nuestros derechos, por tanto, he entrado a estudiar otro mundo del derecho que no conocía, que es el mundo del arbitraje internacional. Obviamente, yo no soy el abogado a cargo, pero como comprenderá, estoy siendo abogado y, por mi personalidad, no hay un solo detalle que no haya estudiado del caso”.

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¿Y comparte temas jurídicos con doña Nuria? “Cuando hablamos de derecho, en casi todos los temas coincidimos, menos cuando entramos al derecho penal, porque Nuria es muy garantista y yo soy muy represivo. Así que llevamos 34 años sin ponernos de acuerdo en ese tema. Mejor, no tocarlo. También, sucede con temas de derecho internacional”. ¿Cómo nació ese amor por la política? “Como mencioné, en la política, estoy involucrado desde el colegio. Luego de los debates, terminé siendo candidato presidencial y perdí las elecciones. Después, llegué a la universidad y me vinculé a la Juventud Universitaria Liberacionista y fui candidato al

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consejo universitario. Para 1980, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y seguí vinculado siempre a la política. En la segunda campaña de don Luis Alberto Monge, fui tesorero de la Juventud Liberacionista y, a partir de ahí, estuve vinculado al partido. Con don Luis Alberto, estuve en el Consejo Nacional de Producción (CNP) como presidente el último año. Más tarde, vino la administración de don Óscar Arias y empecé como presidente del CNP y seguí de ministro. Asimismo, fui diputado de 1994 a 1998 y, ahora, presidente de la Asamblea Legislativa, mi último cargo público. Desde el año 1998, no tenía cargos públicos, pero siempre estuve activo en la lucha presidencial”. ¿Le gusta la polémica? “Sí, me gusta la polémica, la discusión. Hay gente que, a veces, me ve en alguna actividad familiar y piensa que estoy bravo, pero no. Es que yo soy abogado y, entonces, discuto. Puedo estar discutiendo de fútbol o discutiendo de banano o de política, pero soy vehemente. Me gusta el debate. Eso, pues, siempre ha hecho que me guste la política y discutir sobre los problemas nacionales también”. Como presidente de la Asamblea legislativa, le corresponde negociar. ¿Cómo es don Antonio negociando? “Definirse a uno mismo no siempre es sencillo, pero yo diría que soy una persona que entiende dos cosas: primero, separar lo

prioritario de lo no prioritario y, segundo, hay que estar abierto a la negociación. O sea, si uno no entiende qué es importante y qué no, no puede negociar. Se debe tener claro lo que se puede entregar y lo que no se puede entregar. En la Asamblea Legislativa, todos los días es negociación. Es muy lindo, pero requiere mucha paciencia”. ¿Cómo lidiar con las mociones que impiden algunas leyes? “Ese es uno de los temas más difíciles, porque, además, el reglamento legislativo favorece que una persona pueda parar un proyecto. Ese es uno de los aspectos más complicados. Hay proyectos que no caminan, como las uniones de hecho o las sociedades de convivencia, por la cantidad de mociones que tienen y que, definitivamente, difícilmente van a avanzar. Pienso que una legislación que autorice a Uber, igualmente, la llenarían de mociones para que no avance. De modo que, ahí, lo que hay que ser es ser práctico, ver si tiene alguna viabilidad y si eliminando algunas propuestas y moderándolos y haciendo algunos cambios se puede avanzar. Hay que aprovechar esa ventana. Y si no me parece, la única opción son los órganos de las competencias o de los derechos humanos, como pasó con la fertilización in vitro”. ¿Cuáles son los temas más tediosos que ha tenido que enfrentar en la Asamblea? “Lo más difícil ha sido hacer la agenda legislativa. Me parece que es en lo que hemos sufrido


más desgaste. Hay temas complicados que han sido más difíciles de manejar, por ejemplo, el tema del agua, el tema del recurso hídrico, que es un tema muy polémico, es decir, el agua en términos de la humanidad, el agua en términos de la producción, el agua en términos de la no contaminación, el agua en términos de las futuras generaciones”. ¿Qué opina usted sobre la adecuación o modernización del marco jurídico sobre las leyes actuales, como por ejemplo, en el caso de Uber? “En eso, soy una persona con una visión moderna y realista. En primer lugar, el mundo se ha transformado y nosotros no podemos poner un alto a la globalización y a la tecnología. Hay que vivir y adaptarse a eso y creo que es importante entenderlo. Desde ese punto de vista, yo favorezco todo lo que es la política de negocios y empresas colaborativas en donde, sin titubear, creo que hay un futuro que va a seguir creciendo, queramos o no queramos. Uber y las competencias de ellos, porque ya hay competencias, ha sido igual que Amazon, ha sido igual que Facebook, ha sido igual... Aquí de lo que se trata es de adaptarse, de buscar que las leyes protejan y de que haya equilibrios. Pero que están y vinieron para quedarse y para aumentarse, no tengo ninguna duda”.

¿Qué le gustaría que quede resuelto? “Esperaría que pudiéramos terminar de aprobar legislación procesal de familia, que falta; también, la legislación agraria, que es importante; y poder sacar un número grande de tratados que Costa Rica ha firmado y que no los ha aprobado y son valiosos para el país. En eso, siempre soy de la línea de que si la Asamblea Legislativa no los va a aprobar, entonces, no los firmemos; pero si los aprobamos y los dejamos ahí 10 años, es ofender a los otros países… De manera que creo que eso lo debemos aprobar. Creo que va a salir la legislación sobre tema hídrico y terminaríamos la agenda de temas fiscales, y creo que vamos a entrar a ver los proyectos de impuestos, que no sé si dará tiempo para que salgan, pero por lo menos, sí para que entremos a verlos”. ¿Cómo sale don Antonio de la rutina? “Me mantengo activo como ciclista siempre. Soy muy activo en el campo de los deportes, hago todos los días ejercicio, pero sobre todo, en la parte del ciclismo. Entre semana, casi no me da tiempo de salir a andar, pero lo hago en la casa entre una hora y hora y media y, el fin de semana, siempre afuera, aprovechando la mañana. Lo hago en serio: le dedico cuatro horas por día en un fin semana”.

Antonio Álvarez Desanti tiene 58 años. Es hijo del médico Isaías Álvarez Alfaro y de Dora Desanti Arce. Es político de corazón, militante apasionado del Partido Liberación Nacional y empresario por naturaleza. Llegó a la presidencia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica con 35 votos en la elección del pasado 1° de mayo. Es la segunda vez, en su carrera política, que le confían liderar el Congreso. Abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica, terminó su licenciatura en Derecho en1981 y, para los años 90, ya era máster en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Está casado con Nuria Marín Raventós, también, licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y máster en Artes Liberales de la Universidad de Harvard. Desde hace 25 años, no ejerce el derecho de una manera formal, aunque lo aplica todos los días de su vida.

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Nueva etapa del plan de repoblamiento de San José se enfoca en la clase media Natalia Chavarría Periodista

Ilustración: Marc Ramírez Fotografías: Etzia Granera

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Generar las condiciones básicas necesarias para que el casco central josefino recupere su funcionalidad habitacional, comercial y de servicios, así como su competitividad urbana, su tejido social y su calidad general de vida, es el objetivo del Plan de Regeneración y Repoblamiento del Centro de San José de la Municipalidad de San José, con el apoyo de instituciones gubernamentales, academia y sector privado. La iniciativa consiste en atraer inversionistas para que desarrollen proyectos de vivienda, locales comerciales, de servicio y de entretenimiento en el foco de la capital, lo que eventualmente significaría el retorno de miles de

personas a los distritos centrales: Carmen, Catedral, Merced y Hospital. Durante décadas, la falta de planificación causó que la mancha urbana josefina se extendiera por el Valle Central, provocando, paulatinamente, que San José fuera perdiendo su identidad como ciudad e, incluso, perdiendo el rol de su centro histórico como eje político, social, económico y cultural del país. “Tras un análisis, se determinó que el desarrollo urbano que tenía la Gran Área Metropolitana (GAM) no era el correcto, ya que era una ciudad que se expandía horizontalmente, y ya comprendíamos que este tipo de ciudades no son ciudades

eficientes, ni son las que más calidad de vida tienen, por el contrario, son ciudades desarticuladas espacial y socialmente”, explicó el alcalde de San José, Johnny Araya Monge. A partir de esto, en la década de los años 90, el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de San José dio sus primeros pasos, con un panorama de 20 años. Este plan fue una propuesta de lo que en su momento se consideró debía ser la ciudad y que, adicionalmente, desarrollaría una estrategia más allá del Plan Regulador de Uso de Suelo del Cantón al que todo municipio debe suscribirse. El proyecto visualizó otro modelo de desarrollo urbano, uno que

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fuera compacto, vertical y más densamente poblado, el cual pronto llegó a convertirse en una propuesta para crear una comisión de repoblamiento y de regeneración urbana de San José. De esta forma, en 2004, durante el Gobierno de Abel Pacheco, se declaró de interés público el repoblamiento de San José y, finalmente, se integró una comisión que, por decreto, es coordinada por el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de turno junto con el alcalde de San José y, en conjunto, con otros actores. Esto dio inicio al planteamiento teórico de la propuesta.

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“Nadie creía, todos pensaban que era una utopía, algo imposible”, manifestó el alcalde de esa época y actual gobernante municipal. Una vez elaborado el documento de propuesta y efectuados algunos cambios en el Plan Regulador de la Municipalidad de San José que permitía crecimientos de altura en las construcciones, la idea empezó a llegar a desarrolladores inmobiliarios y, al cabo de un tiempo, iniciaron los primeros proyectos ubicados en La Sabana. Estas construcciones contaban con la particularidad de ser edificaciones, en su mayoría, con precios muy elevados, por lo que

eran accesibles únicamente para el sector adinerado que, en algún momento, había desertado de vivir en la ciudad. Nueva fase del Plan de Regeneración y Repoblamiento de la capital Con el fenómeno del abandono de la población citadina que se fue a vivir a la periferia, “la mejor infraestructura del país estaba subutilizada, pues las mejores carreteras, redes eléctricas, alcantarillados, hospitales, supermercados, museos, entre otros, se ubican en el centro de San José; pero no hay tejido


social, no hay gente utilizando esas instalaciones urbanas”, enfatizó Araya. A raíz de esa subutilización, sumado al objetivo de repoblamiento, el proyecto inició una nueva etapa en la que se promueven opciones habitacionales enfocadas para la clase media-media y media-baja. Actualmente, se están desarrollando condominios para este sector de la población, ubicados en Hatillo y Sagrada Familia. Además, recientemente, la comisión aprobó cinco proyectos más que se localizarán en los cuatro distritos centrales. Estas edificaciones sumarán mil 283 unidades habitacionales, con espacios que abarcarán desde los 38 m2 hasta los 100 m2, con precios que oscilarán entre los 65 mil dólares y 160 mil dólares. Araya afirmó que se acercan más proyectos que se encuentran en la comisión en proceso de aprobación, los cuales reforzarán los objetivos del plan de repoblamiento en la búsqueda de hacer más atractiva la ciudad para vivir y un destino para la cultura, para el turismo y para trabajar. Por su parte, los desarrolladores han visualizado un gran mercado y trabajan en ajustes que permitan a la clase media acceder a este tipo de viviendas en condominio. Asimismo, todas estas nuevas edificaciones habitacionales permitirán, de alguna forma, combatir el dramático colapso vial que sufren quienes viven, ingresan o salen de la GAM a diario. Precisamente, este problema vial

es considerado, por la comisión del Plan de Regeneración y Repoblamiento del Centro de San José, como uno de los principales factores que están provocando cambios culturales en los hábitos residenciales de las personas, quienes están considerando vivir en San José, cerca de sus trabajos, centros de estudio y lugares de esparcimiento. Según explicó Araya, “ahora hay mucha demanda de estudiantes, profesionales jóvenes y parejas solas que están optando por vivir en San José. En Costa Rica, la gente no estaba acostumbrada a vivir en torres; todos pensaban en el patio y los animales domésticos, pero esto ha ido cambiando; ya la gente empieza a tomarle el gusto a las ventajas de vivir cerca de donde trabaja o estudia, en un condominio con en condiciones de seguridad mucho mayores”. El Plan de Regeneración y Repoblamiento del Centro de San José, también, contempla edificios con etapas comerciales en los primeros pisos y oficinas. Cambios, plazos y proyecciones Las nuevas experiencias inmobiliarias para la población, que son de suma importancia para tener en cuenta en la ejecución de actuales y futuras iniciativas del Plan de Regeneración y Repoblamiento, han logrado un cambio significativo al conseguir que la Dirección General de Aviación Civil realizara variantes de algunas normas que regulaban la operación del Aeropuerto

Internacional Tobías Bolaños, en Pavas, las cuales eran limitantes para la construcción de edificios que se desarrollaban en La Sabana y Rohrmoser. Las modificaciones permitirán incrementar las alturas de muchas de las torres que se van a construir en estos sectores de la capital. En cuanto a los tiempos para el desarrollo de la iniciativa, a pesar de que no es posible poner plazos determinados, se estima que, en un período de 10 años, la ciudad tendrá un paisaje urbano totalmente diferente al actual, tanto en infraestructura como en población. “Estimamos de manera muy conservadora que, dentro de una década, surgirán alrededor de 20 mil unidades habitacionales nuevas y al menos 60 mil personas más viviendo en el centro de San José”, externó el alcalde. Sin embargo, para ello, es necesario que la regeneración y el repoblamiento vayan acompañados de otros esfuerzos, como por ejemplo, la reorganización del marco vial y la modernización del transporte público, así como más oportunidades y fuentes de empleo, diversificación de atractivos culturales, turísticos y de entretenimiento, reforzamiento de la seguridad ciudadana, atención en lo que se refiere a indigencia y personas en riesgo social, ordenamiento del comercio, mejora del paisaje urbano y apertura de más espacios públicos y parques.

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OPINIÓN

Los contratos de preventa de casas y la ley de protección al consumidor Lic. Mario Alberto Valverde Brenes Abogado, notario y CPA Ilustración: Marc Ramírez

En los últimos años, ha proliferado una figura contractual que se ha popularizado mucho en lo referente a la compra de casa o condominio denominada ‘contrato de preventa’, ‘contrato de promesa recíproca de compraventa’ o, incluso, ‘contrato de promesa de opción de compraventa’, denominaciones que, por lo ambiguas y poco claras, no permiten tener una idea precisa de qué es lo que se está firmando. Estos contratos, a riesgo de ser

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muy simplista, no consisten en otra cosa más que en una promesa que hace una empresa inmobiliaria de construir un proyecto habitacional en el futuro, el cual empieza a comercializar años antes de siquiera poner un bloque en el sitio. La idea subyacente, que no es mala si se maneja con tino y precaución, es que se ofrece al cliente la posibilidad de adquirir una vivienda a futuro a un precio sustancialmente menor que el que tendría que pagar si la comprara

ya terminada hoy. Para ello, la tónica es mostrarle maquetas o imágenes del proyecto como se espera que lucirá al ser terminado, que escoja cuál será su lote, que cancele una reserva, se determine el precio total y que la persona se comprometa a pagar una prima (que oscila entre el 10 y el 20%) en tractos mensuales durante dos años, al final de los cuales deberá, con la asistencia del desarrollador o sin ella, obtener un financiamiento bancario para completar el resto del precio de la casa y que el desarrollador utilizará para construirla. En Costa Rica, varias empresas han usado este sistema con buen suceso, sin embargo, otras, por falta de previsión y deficiente administración, terminan en la quiebra y, aún, otras más, simplemente, se aprovechan del sistema para estafar a los incautos e ilusionados clientes. ¿Qué sucede cuando en estos dos últimos casos una persona se ha visto perjudicada por el incumplimiento contractual del desarrollador? Pues si lo sucedido es una mera estafa porque este desapareció con el dinero, naturalmente, acudiremos a la vía penal, sin embargo, lo más frecuente, y es lo que nos interesa en esta nota, es cuando el incumplimiento se da no por una situación de dolo, sino por simple mala administración donde los recursos se pierden y la empresa no tiene con qué reponerlos. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta desde 1995 con la Ley 7472, que es la Ley de Promoción de


la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que materializa el derecho constitucional establecido por el artículo 46 in fine de la carta magna. Sin embargo, por alguna razón, algunos jueces no consideran que el cliente tomador de uno de estos contratos pueda considerarse ‘consumidor’ en los términos de esta ley, por lo que les niegan su fuero de protección especial obligándoles a acudir a la vía ordinaria civil. Se argumenta que la discrepancia surgida por el incumplimiento contractual de una de las partes (el desarrollador) debe ser dilucidada por la vía ordinaria y no la sumaria que garantiza el artículo 46 de la citada Ley 7472, que en lo que interesa dice: “En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil” y “Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a esta Ley, para los cuales la Comisión Nacional del Consumidor no tiene competencia, serán conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes, de conformidad con este artículo”. El argumento de fondo parece ser que para estos jueces el suscriptor de un contrato de promesa recíproca de compraventa no calza dentro de la definición de ‘consumidor’, término que la misma ley define de manera siguiente en su artículo 2: “Consumidor: Toda persona física o entidad de hecho o

de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios o, bien, recibe información o propuestas para ello. También, se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros”. Otro argumento que se aduce para sustentar esta posición es que, si bien el artículo 46 citado contempla específicamente el caso de la figura del contrato de adhesión como elemento de la relación de consumo, no se le puede dar curso al proceso como sumario, puesto que esta cualidad de ser de adhesión o no es algo que el juez tiene que decidir en la sentencia de fondo. Este último argumento es quizá el más descabellado de los que me ha tocado enfrentar, ya que el contrato de adhesión se revela a sí mismo por las condiciones de su articulado, donde una parte propone y la otra, simplemente, se adhiere, porque no tiene la posibilidad de introducir sus propias condiciones. La misma ley de repetida cita lo define así: “Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte contratante”. Pareciera, pues, que para estos jueces civiles la relación de consumo se reduce a celulares, electrodomésticos, ropa y otros bienes, cuando, en realidad,

un suscriptor de un contrato de preventa cumple cabalmente con la definición de consumidor quien “como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios o, bien, recibe información o propuestas para ello” (Art. 2 LPCDEC). Sin lugar a dudas, el contrato de promesa recíproca de compraventa de casa que se firma en estos casos es, a todas luces, un contrato de adhesión en los términos de la definición citada: el consumidor, aparte de escoger el modelo y precio de su futura casa, no tiene ninguna injerencia en el resto del clausulado ni posibilidad de modificarlo, pues es un machote, un contrato modelo para todos, similar al de las tarjetas de crédito. Lo grave de esta situación -y que representa el corolario de estas breves líneas- es que la arbitraria interpretación de algunos jueces civiles de lo que es o no es un consumidor está cercenando el derecho constitucional de muchos tomadores de estos contratos de preventa que han sido víctimas de incumplimientos por parte de los desarrolladores al fuero de protección especial que por ley les está reservado mediante el proceso sumario, el cual es de trámite muy expedito y pronta resolución, obligándoles, en cambio, a someterse al calvario del proceso ordinario, como si el negocio hubiese sido realizado entre iguales que en conjunto definen las condiciones a que ambos se quieren obligar.

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El Plan Regulador Municipal como parte de una correcta asesorĂ­a

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M.C. Willy Hernández Facilitador de Cartularium Ilustración: Marc Ramírez

El Plan Regulador Municipal es definido como un instrumento de planificación que orienta, fomenta y regula el desarrollo urbanístico del territorio, en especial de sus centros poblados y sus sistemas de espacios públicos. Su necesidad surge de la sobrepoblación de la ciudad como efecto de la migración de las zonas rurales, de modo tal que se acrecienta la urgencia de los gobiernos locales de regular los procesos de crecimiento ordenado basados en parámetros y lineamientos que vengan a establecer las directrices con base en las cuales se puede dar dicho crecimiento urbano. En otras palabras, es como cuando vamos a iniciar nuestra participación en algún juego o una partida de un determinado deporte o actividad, donde lo primero que tenemos que conocer, para que nuestra participación sea exitosa, son ‘las reglas del juego’. Una vez que estas reglas están claras, cualquier persona sabe los parámetros de lo que está permitido y lo que no lo está y el desarrollo de su actividad se dará dentro de dichos lineamientos. En el desarrollo urbano, ‘las reglas del juego’ están

determinadas precisamente por el Plan Regulador de cada municipalidad. En caso de que no lo tengan, pasarán a regir las normas generales establecidas en el Código Urbano. No obstante lo anterior, existiendo un Plan Regulador aprobado y publicado por las municipalidades, será este el conjunto de reglas que regirán por tratarse de ley particular y posterior sobre ley general y anterior. De ahí, la importancia de las regulaciones establecidas en dicho conjunto de normas que pretenden regular, a priori, el crecimiento de la densidad de un lugar, haciendo sectores y ordenando las distintas zonas que contempla un particular plan regulador, sin dejar que la distribución de los recursos y el tamaño de la ciudad se rijan por las fuerzas del libre mercado. En este sentido, todo plan regulador pretende un crecimiento ordenado de las regiones habitacionales, la maximización de los recursos en transporte público y privado, el surgimiento de actividades productivas, centros de servicios, actividades industriales y comerciales, zonas agrícolas, zonas verdes,

áreas públicas, etc. Dentro de este particular, tienen especial importancia las regulaciones existentes en el área habitacional, ya que dependiendo de los parámetros que contenga un plan regulador, sabremos qué se puede y qué no se puede hacer cuando estamos frente a la inversión de construir nuestra residencia. De ahí que es tarea básica, antes de diseñar la casa de nuestros sueños, solicitar a la municipalidad de la localidad donde se encuentre ubicado nuestro terreno, el plan regulador de la zona, a través de un documento particular llamado ‘uso de suelo’, que nos va a permitir conocer, a ciencia cierta, qué se permite construir en ese determinado lote. Así las cosas, antes de empezar a construir e, incluso, antes de adquirir una propiedad, necesariamente debemos conocer cuáles son las limitaciones que tiene respecto de la zona en la que se ubica dentro de un cantón y, para ello, debemos consultar el plan regulador a través del ‘uso de suelo’, lo que nos evitará una inversión en vano y no veremos truncados nuestros planes futuros.

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Cuota de condominio: u Adriana González

Abogada Ilustración: Marc Ramírez

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una deuda de por vida En los últimos años, la sociedad ha venido adaptándose a la convivencia bajo el régimen de condominio, ganando esta modalidad cada vez más auge entre las personas que adquieren sus propiedades para uso habitacional. Es sabido que el vivir en un inmueble que se encuentra bajo el régimen de propiedad en condominio trae consigo grandes beneficios, mismos que generan, también, obligaciones para los dueños de cada filial. Y es que a más de uno le llama la atención poder disfrutar de una piscina en su propiedad, o de un salón para eventos y, ¿por qué no?, hasta de una cancha de tenis. Aunque sí es una oferta atractiva, a la vez, es un tema que produce gran controversia, puesto que trae consigo la cuota de mantenimiento que debe pagar cada condómino, cuya finalidad es la de sufragar los gastos en que se incurren en cuanto al mantenimiento de áreas comunes, seguridad y administración del condominio. El pago de las cuotas de

mantenimiento es una obligación inherente y proporcional de cada propietario, y cuya obligación se desprende de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, en su artículo número 13. Por lo tanto, ningún propietario puede renunciar de ninguna manera a su deber de realizar dicho pago. Para determinar las cuotas de mantenimiento, se debe presentar y someter a voto de los condóminos el presupuesto del condominio y es, mediante esta asamblea, en que se aprueba la cuota de los propietarios de acuerdo a lo establecido en el reglamento de cada condominio. Ahora bien, es sabido que, cuando se quebrantan deberes y obligaciones, esto acarrea consecuencias, aún más, si las obligaciones en las que se incumplen son de carácter económico, como lo es el caso de no pago de las cuotas de mantenimiento. Es por esto que, a la hora de adquirir una propiedad en condominio, se debe tener claro que, en caso de incumplimiento del pago de las cuotas, surgirán

intereses moratorios sobre los montos adeudados. Asimismo, dicha ley faculta, en su artículo 20, a que se constituya un gravamen hipotecario sobre la filial; dicho gravamen se demostrará únicamente con una certificación expedida por un contador privado, en donde se muestren las sumas que el condómino adeuda, permitiendo, así, el poder ejecutar la finca por medio de un proceso hipotecario, en el cual el propietario puede eventualmente perder su finca. Es por lo anterior que, previo a adquirir una finca filial bajo la modalidad de condominio, el adquiriente debe informarse y revisar cuidadosamente los reglamentos propios de este, ya que la jurisprudencia es clara en indicar que “(…) quien acepta adquirir una propiedad bajo este régimen, está sujeto a lo que el reglamento del condominio, que se dicta con fundamento en la Ley de Propiedad Horizontal, disponga…”. ¿Es la cuota de condominio una deuda de por vida? Juzgue usted.

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¿Objetividad del Ministerio Público?

Algunas lecciones del caso ICE-ALCATEL Lic. Cristian M. Arguedas A.

Abogado del Dr. Miguel Ángel Rodríguez E. Fotografías: Cortesía y Periódico La República

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De acuerdo con nuestro Código Procesal Penal, el Ministerio Público (MP) debe de ser objetivo en la persecución penal y, evidentemente, actuar bajo el amparo de la ley. Pero a lo largo de los 12 años del caso ICEALCATEL, abundaron las pruebas de que el MP no es un ente objetivo, al menos en asuntos de tinte político-electoral y en las altas esferas de dicho ministerio. Cinco aspectos evidencian que el MP no actuó como un ente objetivo e imparcial, a saber: primero, el circo a la llegada de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; segundo, la protección de un delincuente confeso como José A. Lobo Solera; tercero, la tramitación de prueba espuria; cuarto, pretender la pena de banquillo para Rodríguez Echeverría; y cuarto, algo que saben pocos: la segregación del expediente de José María Figueres en legajo aparte y su inercia y prescripción. Circo mediático al arribo. Es conocido el trato degradante y el circo mediático dado a Miguel Ángel Rodríguez cuando, voluntariamente, vino al país a enfrentar los cargos, lo cual fue condenado luego por la Sala Constitucional como violatorio de sus derechos y llevó a que más del 70% de los ciudadanos condenase esa actuación del MP. ¿Por qué exhibir al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) esposado para atrás y montado en una ‘perrera’?, ¿por qué permitir la entrada de la

prensa a la rampa del aeropuerto, cuando es totalmente prohibido? En los casos rutinarios, el MP y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tapan rostros de los detenidos, no todos van en perrera, sino en autos sedán, y tienen otro tipo de consideraciones que no tuvieron con el expresidente. Desde la objetividad, ¿era todo eso útil y necesario para los fines del proceso? Protección de un delincuente confeso. Tras el circo, se recibió la declaración indagatoria de Rodríguez en el MP. Estaba ahí solamente por lo dicho por Lobo, quien, para ese momento, ya había cambiado de versión unas cuantas veces, además de haber recibido cientos de miles de dólares de otros proveedores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en otros negocios anteriores a Alcatel. A pesar de ello, Lobo Solera nunca fue a prisión preventiva y, fácilmente, negoció un ‘criterio de oportunidad’ ilegal que le permitió retener un poco más de 1,5 millones de dólares y su libertad a cambio de declarar contra Rodríguez Echeverría. En el juicio oral y público, Lobo se sentó frente al tribunal como testigo y su defensor, a la par de él. Era ridículo cómo ante el interrogatorio de las partes, el tribunal le permitió al defensor ‘soplarle’ las respuestas que tenía que decir Lobo. Ahí están los videos que lo prueban. Varias veces, protesté ante el Tribunal de Juicio, pues podía oír las respuestas que el abogado le

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Cortesía, Periódico La República.

decía a Lobo. Ese era el ‘testigo de la corona’. Por ello, el juez Camacho Morales, así como los seis jueces de Apelación, tuvieron la entereza de reconocer que Lobo no era creíble. Ahora, bien, bajo la luz de la objetividad, ¿debía el MP haberle perdonado a Lobo Solera los otros delitos? No, el MP debía y debe ejercer la acción penal; no es una discrecionalidad: es su

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deber. Recordemos que el MP acusó a Rodríguez de “instigador”, es decir, que supuestamente determinó a Lobo Solera a realizar ese pacto corruptor. Pero, ¿cómo se va a corromper a un corrupto?, ¿cómo se va a determinar a alguien a delinquir cuando ya había recibido centenares de miles de dólares de otros proveedores del ICE? Eso no le importó al MP.

Solo importaba la cabeza del exmandatario, al punto que Lobo Solera salió totalmente impune y con más de 1,5 millones de dólares en la bolsa. ¿Podemos catalogar esto como objetividad en la persecución penal? Prueba espuria. Un debate que siempre ganamos como defensa fue lo relativo al manejo de la


por cada delito acusado, no aceptaba menos, y empezaron a forzar comportamientos y para ello utilizaban al ‘comodín Lobo’. ¿Debía el MP ser más objetivo y acusar, sin pasiones, lo que tenía que acusar y no acusar lo que no podía probar? Por supuesto que sí. En la cotidianeidad de los litigantes, el MP todos los días solicita sobreseimientos definitivos por causas donde no tiene pruebas o donde no puede pasar de una duda razonable. Sin embargo, si en este caso no acusaba, ¿cómo iba a justificarle al pueblo todo aquel circo mediático en que incurrió?, ¿quién iba a asumir las responsabilidades? Así, el MP cayó preso de su propia trampa, pues primó el interés por salvar la cara sobre la objetividad. Recurrió, así, a inventar toda una fábula y dejarles la responsabilidad a los jueces de la República. ¿Es eso objetividad?

prueba y a las calificaciones jurídicas de las conductas. La soberbia reinaba en el MP en aquellos días. Cuando llegamos a la audiencia preliminar y nos encontramos, por primera vez, con un juez, logramos desarticular prácticamente la totalidad de las imputaciones que le hacían a Rodríguez. Entendamos que el MP quería penas de 10 años

Pena de banquillo. Desde la audiencia preliminar hasta la última resolución de la Sala III, los jueces siempre nos dieron la razón en algo. Siempre ganábamos batallas importantes para la siguiente etapa. Impotente para probar sus acusaciones, el MP recurrió a someter a Miguel Ángel Rodríguez a una pena de banquillo. Esto es algo así: “¡Como a usted no lo puedo meter a la cárcel, lo voy a perseguir hasta que se muera!”. El fanatismo llegó a tal punto que el día de la confirmación de la absolutoria, salió el Fiscal

General, cometiendo calumnia, afirmando que, a pesar de haber perdido el proceso, estaba seguro de la culpabilidad de Rodríguez. Una falta de objetividad total. Legajo de Figueres. Un dato que nadie sabe es que los hechos por los que se investigaba a José María Figueres fueron segregados en otro legajo y se abrió otra causa, que tuvo el sueño de los justos. Mientras que el expediente ICE-ALCATEL se conformaba por miles de páginas, el expediente del otro expresidente no llegaba a 100 folios. Como todos sabemos, la causa prescribió. ¿Hizo algo el MP para perseguir al otro exmandatario? No. Personalmente, me alegra que Figueres no haya vivido el sufrimiento que tuvo Rodríguez, pero es evidente el favoritismo, lo cual, objetivamente, no puede ser. Para concluir, hay muchas posiciones de lege ferenda que se pueden proponer, como ponerle plazo a la investigación como estaba en el modelo anterior, pero sobre todo, creo que hay que controlar más el actuar del MP. No basta con el control jurisdiccional que hacen los jueces de Garantías. Como sostenía el poeta romano Juvenal: “¿Quién vigila a los vigilantes?”. El actual Fiscal General ha dicho que él no tiene que darle cuentas a la Corte, ni a la Asamblea Legislativa, ni a nadie. ¿Está usted de acuerdo con que sea un “moro sin señor”? Yo, no.

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El caso del conflicto por los límites marítimos entre Costa Rica y Nicaragua

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Manuel A. González Sanz

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Ilustración: Shutterstock

Costa Rica y Nicaragua no tienen sus fronteras marítimas definidas. La falta de límites marítimos, tanto en el Pacífico como en el Mar Caribe, se ha constituido, a lo largo del tiempo, en una fuente adicional de conflictos entre los dos países. Por ello y, luego de varios intentos por lograr una solución negociada, Costa Rica debió presentar un caso contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que defina ambas fronteras marítimas. Dado que la práctica procesal de la CIJ desaconseja referirse al fondo contencioso del caso, al menos hasta que la propia corte haga públicos los alegatos escritos, he considerado oportuno hacer un recuento de las circunstancias que obligaron a Costa Rica a presentar dicho caso.

Intentos por negociar límites marítimos

Las primeras conversaciones entre Costa Rica y Nicaragua sobre este tema se dieron en 1976, según lo anunciaba un comunicado de prensa del 26 de octubre de ese año, luego de una reunión binacional celebrada en el balneario de Cibalsa, en Rivas, Nicaragua, en la que participaron los ministros de Relaciones Exteriores a.i., Economía y Seguridad Pública, por la parte de Costa Rica, y de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa, por la de Nicaragua. En aquella ocasión, entre otras cuestiones y, “con el objeto de evitar problemas futuros en materia

de pesca”, se encomendó a los institutos geográficos de ambos países que iniciaran estudios para la delimitación marítima. Con el fin de dar seguimiento a esos acuerdos, se tuvo una nueva reunión de ministros el 25 de enero de 1977, ya en suelo costarricense, en Liberia, Guanacaste. En el acta de la reunión se consignó que “se acordó que los Institutos Geográficos Nacionales continúen los estudios para la delimitación de las fronteras marítimas entre los dos países, debiendo presentar estudios correspondientes a los dos Gobiernos antes del 31 de marzo de este año, de conformidad con las normas internacionales aplicables a esta materia”. No obstante, las dos guerras civiles que se desataron en Nicaragua, poco después, impidieron el avance de ese esfuerzo. Luego de terminadas las guerras en Nicaragua, durante la IV Reunión Binacional Nicaragua-Costa Rica, en la ciudad de Granada, en tierras nicaragüenses, los días 12 y 13 de mayo de 1997, se retomó con más fuerza el tema de la delimitación marítima y se creó la Sub-Comisión de Límites y Cartografía, “encargada de realizar los trabajos provisionales de Gabinete sobre los posibles trazados de delimitación marítima tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe”, tal como se lee en el acta respectiva.

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Sin embargo, no se concretaron avances posteriores en esa materia, posiblemente como resultado de la nueva fase de tensiones que se dio entre ambos países luego de que Nicaragua comenzara a restringir la navegación costarricense en el río San Juan en julio de 1998. A mediados de 2002, el Gobierno de Nicaragua publicó un mapa promocional para invitar a la exploración y explotación petrolera, donde se incluyeron varios bloques que penetraban en aguas que Costa Rica considera como propias. Esto motivó a que el canciller de Costa Rica objetara ante Nicaragua mediante nota diplomática del 26 de agosto de 2002, en la que, además, invitaba a Nicaragua a iniciar negociaciones bilaterales con el fin de delimitar los espacios marítimos, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. Nicaragua aceptó y la Sub-Comisión de Límites

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y Cartografía se reunió en cinco ocasiones entre 2002 y 2005, pero el proceso fue interrumpido por Nicaragua, luego de que Costa Rica presentara el caso por los derechos de navegación y conexos en el río San Juan ante la CIJ el 18 de setiembre de 2005.

Acciones de Nicaragua que motivaron la presentación del caso

En marzo de 2013, Costa Rica propuso a Nicaragua reanudar las negociaciones de límites marítimos. Costa Rica propuso, incluso, que un órgano especializado de las Naciones Unidas fijara temporalmente los límites, mientras equipos negociadores buscaban alternativas para fijar un límite final y duradero, con base en el derecho internacional. Nicaragua rechazó esa vía y, unilateralmente y, sin consulta, inició un proceso de ofrecimiento de bloques petroleros en

ambos mares, muchos de los cuales se ubicaban en espacios marítimos incuestionablemente costarricenses. A raíz de esa acción, mediante nota del 19 de julio de 2013, Costa Rica solicitó a Nicaragua retirar el material promocional y propuso, nuevamente, iniciar negociaciones para la definición de los límites marítimos. Costa Rica debió dirigir comunicación a los gobiernos con los cuales mantiene relaciones diplomáticas y con las principales empresas petroleras para advertir de esta situación. Hay que recordar, asimismo, que unas semanas antes, el 24 de junio de 2013, Nicaragua había presentado, ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, una solicitud para extender su plataforma, penetrando en espacios marinos que Costa Rica considera propios. Esto motivó una nota de protesta de Costa Rica al secretario


general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviada el 15 de julio de 2013. Dado que la pretensión nicaragüense afectaba, también, intereses de Panamá y Colombia, los presidentes de los tres países dirigieron, además, una nota conjunta al secretario general de la ONU el 23 de setiembre de 2013, indicando la oposición a la solicitud nicaragüense. Para agravar la situación aún más, el 26 de setiembre de 2013, Nicaragua depositó ante la ONU un decreto fijando líneas de base rectas a partir de las cuales se proyectarían sus espacios marinos. Esas líneas de base penetran en espacios marinos de Costa Rica, por lo que el país nuevamente debió protestar ante esta acción de Nicaragua, mediante otra nota dirigida al secretario general de la ONU el 23 de octubre de 2013. El 10 de febrero de 2014, entró en vigencia una reforma al

artículo 10 de la Constitución Política de Nicaragua, por la cual ese país interpreta que sentencias emitidas por la CIJ en casos entre Nicaragua - Honduras y Nicaragua - Colombia le reconocen límites con otros países que no fueron parte en esos casos, específicamente con Costa Rica. Mediante nota del 24 de febrero de 2014, Costa Rica rechazó el efecto jurídico que Nicaragua quiso y ha querido dar a su propia reforma constitucional. Esta cadena de actos muestra que Nicaragua no ha tenido interés alguno de llegar a un acuerdo de límites marítimos con Costa Rica de forma negociada. Por el contrario, los hechos demuestran que Nicaragua ha buscado imponer una situación jurídica de hecho para afectar los espacios marítimos a los que Costa Rica tiene derecho de conformidad con el derecho internacional. Ante esta situación, al Gobierno

de Costa Rica no le quedó otra alternativa más que iniciar un nuevo procedimiento contra Nicaragua ante la CIJ, presentado el 25 de febrero de 2014. Este caso es identificado por la CIJ como el caso sobre “Delimitación Marítima en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico (Costa Rica c. Nicaragua)” y, mediante providencia del 1 de abril de 2014, fijó el 3 de febrero de 2015 como plazo para que Costa Rica presentara su memoria, y el 8 de diciembre de 2015 para que Nicaragua presentara la contra-memoria, documentos que fueron presentados. Las audiencias orales para este caso se darán en el transcurso de 2017. Confiamos en que la definición de las fronteras marítimas será un hito histórico que le brindará seguridad a ambos Estados y sentará las bases para mejorar la relación vecinal.

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Reflexiones sobre los avances de la regulación para los delitos en

flagrancia Gustavo Corella Vásquez

Abogado, Profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho www.uescuelalibre.cr Tel.: 2283-5533 Ilustración: Marc Ramírez

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A más de cinco años de vigencia del Procedimiento Expedito para los Delitos en Flagrancia, es posible sintetizar algunas conclusiones sobre lo que representa desde el mandato constitucional de una justicia pronta y cumplida. Todo sistema punitivo que pretenda algún grado de eficiencia desde los estándares de calidad y servicio que exige el modelo de ciudadano informado que hemos construido debe racionalizar y canalizar sus esfuerzos entendiendo la naturaleza diversa de lo que debe enfrentar. Así, los cursos causales delictivos son diferentes, siendo necesario categorizar, desde elementos diferenciadores, las conductas que van más allá de la tipicidad, como lo hace la definición de delito en flagrancia del artículo 236 del Código de Rito (1). Un sistema originado en la búsqueda de proporción en todo lo que hace o aspira debe propiciar el que, sin menoscabo de derechos y garantías, se categoricen tipologías delictivas, no solo desde el interés criminológico o desde ansiedad de descubrir el bien jurídico tutelado, sino, desde la tarea de definir cuál es el tubo conductor más eficiente para procesarlas. De ello, puedo afirmar que, tanto desde su diseño normativo como desde la praxis, este procedimiento

especial representa hoy: uno, un mecanismo de descongestionamiento y aprovechamiento de los recursos del Poder Judicial, compatible con el reconocimiento de derechos en un tiempo razonable y con la erradicación de impunidad; dos, una forma inteligente para tramitar aquellos hechos que requieren de una mínima tramitación sin sacrificar la calidad de la justicia; tres, un diseño práctico que potencia el equilibrio procesal y que promueve justicia pronta; cuatro, algo absolutamente ajeno a lo que quienes por un esnobismo criminológico que mezcla temas procesales y sustantivos lo encasillaron, erróneamente, como un ejemplo de ‘derecho penal del enemigo’; y cinco, un mecanismo de justicia pronta y cumplida conforme a los estándares que exige un estado democrático (2).

(1) Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o cuando presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. (2) Eso sí, existe una única mácula significativa en el diseño normativo de dicho procedimiento: la injusta negación del derecho a recurrir la imposición de una medida cautelar gravosa como la prisión preventiva, tema que trasciende a los objetivos de este comentario y sobre el cual nuestra Sala Constitucional ha hecho reciente reiteración en la resolución número 2016009525 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos

del ocho de julio de dos mil dieciséis, propiciada por un recurso de habeas corpus planteado por el licenciado David Fernández Tercero que generó un cambio jurisprudencial al reprochar el abuso de derechos cuando se fija prisión preventiva en el procedimiento por flagrancia y, luego, se declara una incompetencia, remitiéndose la causa a una tramitación ordinaria, pero sin el derecho a recurrir en apelación dicha prisión dictada en flagrancia -según lo resuelto contra la regla del artículo 2 del Código Procesal Penal por el Tribunal Penal en Sede Ordinaria-, sometiéndose con ello al imputado a lo peor de ambos procedimientos (sea la imposibilidad de recurrir la medida cautelar o sea la lentitud del proceso ordinario).

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La prisión preventiva en Costa Rica:

¿un mal necesario o una violación a los derechos humanos?

Douglas Beard

Abogado penalista Ilustración: Marc Ramírez

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Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rindió un informe sobre la situación carcelaria del país, enfocándose en la medida de la prisión preventiva. La comisión determinó que, en Costa Rica, esa medida está siendo usada de forma excesiva y que está prevaleciendo sobre todas las demás medidas que permite la legislación, factor que influye de forma importante en la sobrepoblación carcelaria que tenemos hoy día y que coloca a individuos jurídicamente inocentes al lado de otros privados de libertad que ya están


purgando su pena. La prisión preventiva se ha convertido en la regla y no en la excepción, aun, cuando esta medida debería ser la última a ser considerada por las consecuencias e implicaciones gravosas que conlleva, como lo es la privación de libertad. La figura de la prisión preventiva, al igual que muchos otros aspectos de nuestro derecho penal, nació con buenas intenciones, tales como las de proteger a los testigos, prevenir que se evada la acción de la justicia, etc., sin embargo, con el transcurso del tiempo, se fue convirtiendo en un abuso de autoridad, aplicado indiscriminadamente por la administración de justicia y solicitado constantemente por el Ministerio Público sin antes medir las consecuencias que ello pudiera implicar. Las audiencias de medidas cautelares, que generan efectos gravísimos, se han vuelto algo mecánico para el sistema de justicia en donde no se hace mayor análisis y en donde no se valoran adecuadamente las circunstancias ni los peligros procesales. Claro de ejemplo de ello es la causal conocida como el ‘peligro de fuga’. El artículo 240 del Código Procesal Penal y el informe 2/97 de la CIDH establecen las reglas para valorar el peligro de fuga, y dicen que se debe poder demostrar la facilidad que tiene el imputado para evadir la justicia, que

se deben tomar en cuenta los valores morales del sujeto, sus vínculos, y sus bienes. Sin embargo, actualmente, el Ministerio Público no debe probar nada de eso, únicamente, tiene que indicar que el peligro de fuga es factible porque la pena que se le puede imponer al imputado es grave y eso lo motivaría a irse. ¡Como sistema, no podemos utilizar un mero supuesto para privar la libertad de una persona! Para imponer una medida tan fuerte es necesario que exista prueba sólida, contundente y fehaciente de que el imputado podría escapar del país. La CIDH ha sido clara en establecer que esa causal por sí sola no constituye causal suficiente para alegar el peligro de fuga y que deben prevalecer otras medidas existentes para asegurar que el acusado comparezca. Peor aún, existen jueces que dicen que es necesaria la prisión preventiva ya que la frontera de Costa Rica se puede travesar fácilmente y los controles migratorios son simples de evadir. En otras palabras: ¡a un ser humano lo van a privar de su libertad, siendo inocente aún, por la incapacidad del Estado de proteger sus fronteras! Pretende la administración de justicia achacarle una negligencia y un problema del Estado a los imputados para privarles de su libertad. Eso no puede suceder. Otro gran factor influyente es el aspecto político-social que

vive Costa Rica recientemente. Nos encontramos en la época de la antigua Roma, en donde el pueblo demandaba sangre en el coliseo. Si observamos en las noticias que un sujeto fue arrestado, pero no fue colocado en prisión preventiva, de inmediato, nos quejamos del órgano de justicia y acusamos a los jueces de corruptos. El pueblo demanda la prisión preventiva, sabiendo que la persona no ha sido encontrada culpable todavía. Sin conocer detalles del caso, nos volvemos jueces, jurados y verdugos. Lo que no nos percatamos es que, indirectamente, estamos influyendo en el sistema de justicia de forma negativa: estamos haciéndoles creer a los jueces y a los fiscales que esto está bien, y no lo está. Como país, debemos luchar por las garantías, por los derechos humanos y por la averiguación de la verdad real. Debemos recordar, siempre, que esa persona que está en prisión preventiva hoy… no ha sido encontrada culpable aún y que, el día de mañana, esa persona podríamos ser nosotros, ya que nadie está exento del poder persecutorio del Estado. Los defensores, los jueces, los fiscales y, más importante, el pueblo, es decir, todos nosotros, debemos tomar esta situación con urgente importancia y ver lo gravoso de tener un sistema carcelario sobrepoblado de personas inocentes.

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Asociaciones solidaristas:

el mejor socio de negocios para la parte patronal

Lic. Kendall David Ruiz Jiménez Socio Director de Corporación Jurídica ASELECOM Tel: (506) 2225-71-84/ 2225-7197 www.aselecom.com Ilustración: Shutterstock

A los siete días del mes de noviembre de 1984, se creó la Ley de Asociaciones Solidaristas #6970. Con ello y desde entonces, muchos empleados han pactado con la parte patronal uno de los mejores acuerdos que pueden darse en materia laboral y esto es

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crear asociaciones solidaristas. En esencia, esta afirmación tiene su justificación en la naturaleza y razón de ser de las asociaciones, pues, además del solidarismo, de la protección de la cesantía de los asociados, de incentivar el ahorro y de buscar el beneficio

de sus asociados a través de convenios con entes públicos y privados, las asociaciones han crecido de una manera acelerada, creando negocios en los cuales la parte patronal adquiere múltiples beneficios. Es importante tener claro que Costa Rica es


precursor y caudillo en lo que son las asociaciones solidaristas y muchos países han tratado de copiar este modelo sin éxito. Mientras tanto, en Costa Rica, muchas asociaciones ya están, incluso, tranzando y realizando gestiones a nivel internacional, generando fuentes de empleo y recursos para los trabajadores. En primer término, al crearse la asociación solidarista, se crea una gran motivación en los trabajadores: les genera confianza la parte patronal, ya que esta llega a un acuerdo con ellos de cuánto es su porcentaje de aporte (mismo porcentaje que es acordado desde el momento en que se crea), con lo cual el trabajador garantiza una parte, o bien, la totalidad de la cesantía o, en algunos casos, hasta más, porque llega a romperse el tope de cesantía (de 8 años) en el sector privado. Es un hecho, al existir empleados motivados y seguros en su propio centro de trabajo, se obtienen mejores resultados. Y si vamos a lo ya señalado, el cuerpo normativo de la Ley 6970, en su artículo 4, le otorga la potestad a las asociaciones solidaristas de realizar diversos tipos de negocios para lograr rendimientos en favor de sus asociados, estableciendo que pueden “adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de toda índole y realizar toda especie de operaciones lícitas encaminadas al mejoramiento socioeconómico de sus afiliados”. Este artículo es

de vital importancia en el tanto permite que la parte patronal tenga un aliado de negocios y este aliado de negocios son los mismos empleados a través de la asociación solidarista. Bajo esta premisa y, a través del tiempo, el suscrito ha asesorado a más de 30 asociaciones solidaristas en las que ha podido observar cómo dichas asociaciones realizan contratos con las empresas (la parte patronal) en modelos de outsourcing, o tercerización, de diversos servicios que requiere el patrono, como limpieza, seguridad, transporte, supervisión, servicios de administración del comedor de la empresa, contratos de leasing operativo o, inclusive, financieros, para el respectivo equipo que requiere la parte patronal para operar y brindar sus servicios. También, creación de líneas de crédito hipotecario, prendarios o de garantías mobiliarias para proveedores de servicio de la parte patronal, servicio de ‘factoreo’ o descuento de facturas con los mismos proveedores y, en algunos casos, la misma asociación ha brindado líneas de crédito para la parte patronal (con su respectiva y debida garantía). Estos modelos comerciales entre el patrono y la asociación crean una alianza de negocios de primer nivel porque se está negociando ‘en familia’, ello hace que pueda haber un control y apertura entre las partes

suscribientes que no se puede tener con otros. A manera de ejemplo, se utilizan, en muchos casos, las mismas plataformas o sistemas de operación. Adicional a lo anterior, estos negocios generan, de una manera u otra, un negocio redondo, tanto para la asociación como para la empresa, por cuanto la asociación, fruto de su colocación y apertura en negocios, llega a tener mayor rendimiento y utilidades para los empleados al momento de la respectiva repartición de los excedentes. Y la parte patronal gana al tener empleados satisfechos y contentos. Estos negocios benefician a ambas partes, de la mano con tener un aliado de confianza. Para concluir, es importante recalcar que las asociaciones solidaristas siempre deben hacer su respectiva reserva de ley para entrar en los negocios, esto para dos cosas: por un lado, evitar descapitalizarse y crear una afectación en caso de una salida masiva de trabajadores, y, por otro lado, para que puedan hacer frente a las obligaciones de entregas de los dineros por aporte patronal y ahorro obrero según corresponda. Teniendo su respectiva reserva y teniendo la estructura para operar, tenemos no solo una asociación solidarista, si no una empresa que puede trabajar en pro de los trabajadores y como unos de los mejores aliados de los patronos.

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La enseñanza del derecho en Costa Rica M.C. Juan Alberto Corrales

Director Escuela de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) Ilustración: Marc Ramírez

La educación privada (al igual que la estatal) tiene relevancia en el ámbito de lo público, y se debe incentivar en el tanto promueva la calidad. Se deben hacer profundas reformas para que las carreras acreditadas (sin importar si son impartidas en el ámbito estatal o privado) tengan matrícula privilegiada y trato preferente al concursar por fondos de investigación y créditos educativos del sistema financiero y de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE). El artículo 85 de la Constitución

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establece que el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (con contenido presupuestario en el año 2016 de más de 440 mil millones de colones) va dirigido, exclusivamente, a las universidades estatales. ¿Es esto razonable, considerando el porcentaje de estudiantes universitarios del país que cursan sus carreras en centros de enseñanza privados? Lo razonable es que sean las carreras acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) las que reciban, en el desarrollo de sus actividades, esos incentivos, ya sean administradas por instituciones estatales o privadas. En el ámbito de la enseñanza del derecho, ¿qué significa tener acreditación? Significa que el estudio con vinculación a la realidad externa garantiza respuestas para afrontar un mundo cada vez más dinámico. El reto es mejorar la calidad, la profundidad, la aplicabilidad y el significado del aprendizaje. Una carrera acreditada significa, a la luz de las ideas base de cada universidad, construir un modelo pedagógico propio vinculado a las actividades de aprendizaje de los cursos y a la estructura de evaluación, así como a las acciones de formación y capacitación docente del personal administrativoacadémico, el cual debe reforzarse con programas de

inducción y actualización docente. Las facultades de Derecho deben guiarse por un modelo pedagógico basado en la vinculación del estudiante con el entorno para tener una mejor preparación de cara a la vida profesional más allá del grado académico. Las universidades deben brindar soporte de servicios estudiantiles y la realización de programas de práctica profesional y vinculación laboral. La transmisión de contenidos disciplinares, si bien es lo más importante, no es lo único que permite el desarrollo de una vida universitaria plena. Por otro lado, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) debe tomar acciones a la luz de los resultados del examen de excelencia en relación con las escuelas de Derecho que presentan los peores resultados. Se abre un espacio de reflexión en el que cada escuela de Derecho del país deba replantear su modelo de enseñanza, labor ya iniciada por la Dirección Académica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y que debe ahondar sobre la pertinencia de los planes de estudio y el personal docente. Las pruebas de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica evidencian la gran cantidad de estudiantes que se gradúan

de algunas universidades que, incluso, presentan bajos porcentajes de aprobación de hasta 0%. No debemos dedicarnos a graduar en masa, debemos priorizar la calidad sobre la cantidad; a preparar estudiantes que puedan afrontar los retos profesionales. Para mantener la excelencia, debemos hacer conciencia sobre nuestra responsabilidad, la cual ha quedado en evidencia con los resultados de las pruebas de incorporación. Debe señalarse que la prueba ‘marque con x’ realizada por el colegio debe ser mejorada. La misma no tiene un desarrollo curricular que permita demostrar un perfil de competencias y desempeños más allá de lo memorístico. No tenemos un órgano externo que garantice la excelencia de la prueba, lo que podría representar, a mediano plazo, que el examen se convierta en una valla infranqueable o, por el contrario, en una prueba sin mayor dificultad, vaciando el fin requerido, que es medir desempeños esenciales en el ejercicio de la abogacía. La docencia universitaria de lo jurídico, hasta ahora, no ha sido conceptualizada como un sector con actores estatales y privados (Colegio de Abogados y Abogadas, SINAES, CONESUP, universidades, estudiantes). La enseñanza del derecho debe articularse como consecuencia de resultados reveladores.

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desde el colegio

Sala Constitucional protege la institucionalidad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Junta realizará sesiones informativas para explicar las opciones para el fondo de pensiones M.C. Froylán Alvarado Zelada

Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Fotografías: Cortesía

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La Sala Constitucional protegió el pasado miércoles 24 de agosto la institucionalidad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pues los magistrados y magistradas acogieron una medida cautelar en la que se salvaguarda el ejercicio normal de las labores de la Junta Directiva electa en diciembre de 2015. En dicha resolución, dicho cuerpo de juristas ordenó a los recurridos “no perturbar ni obstaculizar, de forma alguna, el normal ejercicio de las labores de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, electa en asamblea del 5 de diciembre de 2015. Se ordena a la Delegación Policial de Zapote-San Francisco del

Ministerio de Seguridad Pública colaborar en el cumplimiento de lo aquí ordenado”. Los directivos recibimos con satisfacción y respeto esta notificación de la Sala Constitucional y reconfirmamos nuestro compromiso de defender el orden jurídico y la institucionalidad de nuestro colegio. Adicionalmente, el Tribunal de Elecciones Internas del colegio resolvió que “el gobierno y la dirección legítima, así como la representación legal y extrajudicial de este colegio, le corresponde exclusivamente a la Junta Directiva, según los artículos 5, 16, 18 (inciso 5), 19 y 23 (inciso 6) de la


Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica”. Este pronunciamiento fue emitido por el órgano el martes 23 de agosto. Por su parte, la Junta Directiva del colegio, también, reafirmó su obligación de evaluar las posibles formas de implementar el fondo de pensiones ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo, sobre lo cual se ha venido trabajando de manera ardua y cumplida bajo los requerimientos indicados por el tribunal citado. Para el proceso, los directivos contaron con el soporte técnico de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), de un actuario y del Instituto Nacional

de Seguros (INS), que ha sido aliado del colegio por más de 23 años y le ha brindado su asesoría y experiencia durante todo este tiempo. Además, en vista de la gran afluencia de personas durante la asamblea del 18 de agosto, así como por el interés manifiesto que existe de garantizar que la totalidad del gremio pueda participar de manera real en la implementación de este fondo, la junta decidió realizar sesiones informativas presenciales en todas las sedes, tanto centrales como regionales, de nuestra corporación. Ello tendrá como finalidad presentar las propuestas elaboradas por el órgano

colegiado, obtener insumos de los agremiados y recibir, asimismo, todas aquellas iniciativas que, amparadas en estudios técnicos, demuestren viabilidad en la creación del fondo, teniendo como objetivo que los agremiados de todo el país puedan decidir, de manera democrática, la propuesta que más les haya seducido. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica siempre se ha caracterizado por la apertura de un diálogo constructivo y transparente y, en ese sentido, esta Junta Directiva fortalecerá ese camino en aras de facilitar los espacios requeridos para transmitir información de este nuevo proceso.

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El trabajo pro bono se posiciona cada vez más entre los abogados del país Redacción /Fotografías: Cortesía

Los importantes cambios que vive la sociedad, hoy día, implican una nueva mentalidad de los profesionales y las empresas. Una de las tendencias positivas que merece la pena seguir está relacionada con la responsabilidad social y el compromiso que como personas se puede generar con el fin de devolver a la sociedad parte de lo que se ha recibido. La expresión pro bono, muy utilizada en inglés y traída a la lengua española, viene del latín pro bonus publicus, que significa ‘para el bien público’ y, bajo esa consigna, es que diferentes organismos internacionales se han preocupado por promoverla.

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Muchos colegios profesionales en Argentina, España, Chile y Colombia, entre otros, han optado por apoyar la figura a través de una declaración oficial y el trabajo en conjunto con las firmas locales para escoger y asignar los proyectos y la cantidad de horas en las que un bufete se involucrará para beneficio de ese proyecto. En Estados Unidos, por ejemplo, los abogados tienen la ‘recomendación’, bajo sus normas éticas, de ofrecer 50 horas de trabajo pro bono al año. Uno de los pioneros en esta iniciativa a nivel mundial es el Vance Center de Nueva York (EE.UU), organismo que, gracias

a un convenio con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ha proporcionado información e iniciativas que se pueden tomar en cuenta para realizar trabajo voluntario con eficacia entre los profesionales en leyes. Ante este panorama, el trabajo pro bono ha tenido un impulso importante por parte de diferentes despachos costarricenses bajo la guía de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Esta comisión pretende fomentar el trabajo no remunerado de los profesionales en derecho con el objetivo de dejar una huella en


la sociedad y, a la vez, recuperar un poco la desgastada figura del abogado benefactor, líder y voluntario. La idea es que las distintas iniciativas que se tomen tengan un efecto hacia el exterior del bufete para que produzcan bienestar a la sociedad, según manifestó Carlos Araya, presidente de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta entrevista, Araya invitó a las firmas legales a empaparse más de las iniciativas que se toman desde el colegio con el propósito de fomentar el trabajo pro bono e inspirar más a los juristas en ese sentido. ¿Se necesita autorización del colegio para realizar trabajo pro bono? “No. Estamos caminando hacia eso. Hay un artículo del Código de Ética que dice que el abogado debe respetar el arancel aprobado de honorarios y no debe cobrar por debajo de él, excepto el trabajo con la Comisión Pro Bono y las defensorías sociales. El lograr esa redacción fue una victoria para la Comisión Pro Bono, pero hay mucho desconocimiento. El arancel es obligatorio, no deja de serlo, y la gente tiene que entender que pro bono no solo es trabajo gratis que yo le hago a quien sea, sino que tiene que tener un impacto social: esa es la idea del trabajo pro bono. Lo que sí nos gustaría es que las firmas y los abogados que hacen trabajo pro bono empezaran a reportarlo al colegio para realizar una medida

del crecimiento de la práctica, porque para mí, es una señal de madurez”. ¿Cuál es el trámite para que una firma se pueda involucrar? “No hay ningún trámite. Lo estamos facilitando lo más que se pueda. Queremos que más abogados se unan, que más firmas de junten para hacer realmente un trabajo pro bono. Las firmas que están en la comisión realizan aportes en el tema de las políticas y lo que estamos estructurando. Estamos rehaciendo el tema pro bono en Costa Rica porque estaba centrado solo en las iniciativas del Vance Center, que son muy buenas, es un gran referente, pero esto es mucho más amplio, entonces, estamos pensando en una declaración propia de miembros del colegio, de firmas legales, con un compromiso de realización de cantidad de horas pro bono por año, pero algo costarricense”. ¿Cómo se pueden controlar las iniciativas pro bono? “El colegio tiene un comité de aranceles, y esta comisión lo que hace es vigilar el cumplimiento del arancel, atiende denuncias de cobros indebidos e, inclusive, puede haber denuncias de otros colegiados. En el momento en que alguien sea procesado y argumente que era trabajo pro bono, no debería quedar exento inmediatamente y de forma automática de lo que se le estaba investigando. El pro bono tiene que tener un sentido e impacto social. Entre más amplio, mejor”.

¿Cuál cree que es el objetivo que motiva a las firmas a hacer pro bono? “Hay muchas razones por las que dan el paso. Unas van por el lado del cumplimiento de nuevos estándares que las multinacionales exigen, temas de responsabilidad social, huella de carbono, etc. Otros sienten una inspiración religiosa. A otros les interesa incorporar a sus abogados nuevos y darles el ‘chip’, por lo que empiezan a darles el trabajo a los más nuevos. Y otros, por figurar un poco. El tema es que la comisión debe trabajar en ayudar en eso. Si una firma quiere presumir que es la número uno en pro bono, perfecto. Si no hay un sentimiento, pues magnífico, el fin es el mismo”. ¿Cuáles son los objetivos principales en los que debería centrarse una estrategia? “Es, ahí, donde está la línea. Si yo a mi oficina le instalo una estrategia hacia la carbono neutralidad orientada a que la firma esté carbono neutral en unos años, es magnífico, pero no es pro bono porque lo estoy haciendo para la firma. Sin embargo, si encuentro una escuela, una asociación de vecinos o un centro comunal que está tratando de alcanzar la carbono neutralidad y esta firma se involucra en coadyuvar en este esfuerzo, ahí, sí, aplica el pro bono. El pro bono es hacia fuera. Una empresa puede ser socialmente responsable hacia adentro y hacia fuera. Tiene que proyectarse a la comunicad y tiene que proyectarse hacia la comunidad”.

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viajes

Lisboa, histórica

Aunque tiene fama de ser uno de los países más pobres de Europa, Portugal ofrece paisajes impresionantes que encantarán a los viajeros, así como un legado histórico que enriquece la experiencia de quienes visitan su capital, Lisboa. Andrés Corrales

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En la página izquierda: La torre de Belén es uno de los sitios infaltables en Lisboa. En esta página: El Monasterio de los Jerónimos, patrimonio mundial de la humanidad.

Caminar por las calles de Lisboa es como devolverse en el tiempo. Sus calles adoquinadas nos recuerdan a la Europa de antes, cuando los euros no eran un tema y las conquistas eran noticia. Pero además, los tranvías de madera con poca capacidad de transporte que se atraviesan hoy entre el tráfico de carros y buses levantan suspiros y nostalgias, mientras que los edificios que conservan su estructura y los monumentos que son íconos de la época del

siglo XV hacen que los caminantes sientan que hicieron una pausa en el espacio y se adentran a un país que mezcla su historia con las tendencias del Viejo Continente. Una de las cosas más características que se pueden encontrar en Lisboa es el fado, un ritmo típico de 1820 que se diferencia por sus caracterizaciones relacionadas con letras tristes o nostálgicas. Aunque no se conoce mucho sobre el origen de esta música, se ha logrado mantener gracias a

la herencia de una generación a otra. Las calles de Barrio Alto se llenan de luz y de carteles que invitan a los turistas a cenar con esta melodía de fondo, así como incluyen una copa de oporto, el digestivo tradicional, para terminar de disfrutar de una buena velada. Hablando de comida, gracias a su ubicación costera, los mariscos resultan una muy buena elección en los restaurantes; sin embargo, el bacalao tradicional se roba la atención de los peregrinos. El

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pollo a la barbacoa, también, tiene un sabor muy especial y los famosos ‘pasteles de Belén’ son infaltables. El mercado central de Lisboa brinda una oferta muy amplia de opciones casuales de platillos tradicionales con toques contemporáneos.

La historia Así como la historia se puede oler y sentir por las calles de Lisboa, asimismo, se puede ver. El castillo de San Jorge se mantiene sobre la parte más alta del cerro con el mismo nombre, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas de 360 grados de toda la ciudad. Asimismo,

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tiene una estructura muy bien conservada que consiste en torres y una fosa que le rodea. Bajando de este castillo, se encuentra la catedral de Lisboa, una iglesia con estilo románico que se da el lujo de presumir su constitución de arcos y un claustro donde se ven restos romanos, árabes y medievales. El tesoro de la catedral se ubica en el piso superior y se compone de trajes, reliquias y joyas de la época. El elevador de Santa Justa, también, resulta en parada obligatoria, no solo por su magnífica vista, sino por la experiencia de probar uno de los elevadores más antiguos de la ciudad, que tenían como

objetivo conectar las calles más bajas con las más altas. El corazón de la metrópoli se siente justo en la Plaza de Comercio, un lugar que se convierte en el punto de encuentro de las rutas del tranvía y de las distintas actividades que se realizan en los alrededores, como sus celebraciones y grandes espectáculos públicos. En el centro, se ubica una estatua del ecuestre José I y el arco triunfal de la calle Augusta. En esta misma plaza, se pueden tomar los tranvías que viajan a Belén, un vecindario a pocos minutos del centro de Lisboa y que tiene mucha historia que contar. El monumento a los descubrimientos es el primero en llamar la atención. Mide 52 metros de altura y se levantó en 1960 para conmemorar el trabajo del infante Enrique, llamado ‘El Navegante’. A un costado, se encuentra una rosa de los vientos que evoca a las rutas de los conquistadores. A unos pocos metros, la torre de Belén se levanta como un símbolo citadino por su estructura de estilo manuelino y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Esta torre sirvió para la defensa de la población, pero con el tiempo, pasó a ser un centro aduanero y faro. En el arribo a la torre, se pueden apreciar cañones, fosas y huecos por donde tiraban a los prisioneros, entre otros elementos interesantes.


En la página izquierda: Las playas de Caparica. En esta página, a la izquierda: La catedral de Lisboa. Derecha: Los tranvías históricos aun transitan las calles de Lisboa.

Cruzando la calle de la torre, se ubica el monasterio de los Jerónimos, una construcción que, igualmente, fue declarada Patrimonio de la Humanidad y deja a los trotamundos con la boca abierta. La construcción de este monasterio inició en 1501 y terminó en el siglo XVI. Se compone de una iglesia con un diseño arquitectónico impresionante, con grandes columnas talladas, y posee el Claustro del Monasterio de los Jerónimos, con increíbles jardines y una sala dedicada a la evolución de este monasterio. Como paseo de un día, se puede considerar la visita al pueblo de Cascais. A media hora en

tren desde el eje de Lisboa, se encuentra este suburbio que fue habitado por la clase alta del país a finales del siglo XIX. La estructura predominante hace alusión a los castillos medievales y su playa al lado de la ciudad se convierte en un semillero de yates y deportistas extremos que encuentran, en esta costa, una verdadera sede de entretenimiento. Para los más aventureros que buscan alejarse de los tradicionales paseos turísticos, las playas de Caparica, que son las favoritas por los lisboetas, son una muy buena oportunidad para conocer la verdadera cultura portuguesa. Estas playas

se extienden por una franja de 15 kilómetros de longitud con múltiples opciones de restaurantes informales y ventas de bebidas. Su agua cristalina con temperatura muy agradable hace que el viaje en ferry y en bus, desde el centro de la ciudad, valga la pena. Con el idioma no habrá problema. Si bien el portugués es el oficial, los ciudadanos se comunican perfectamente en inglés o español. La recomendación, eso sí, es que si va a utilizar el transporte público, adquiera un pasaje de tres días ilimitado y, si viaja en época de verano, ármese con la ropa más ligera que tenga y prepárese para vivir una experiencia inolvidable.

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gastronomía

Visitar este restaurante es como llegar a otra ciudad y a otro tiempo Por: Milagro Arias Fotografías: Cortesía FIRMA 64


Con un tango sonando en todas las áreas del lugar y con un ambiente que evoca la década de los años 50, con una decoración de cuadros antiguos, sillas y mesas de estilo clásico, traído todo de Argentina, el restaurante La Esquina de Buenos Aires es un sitio que promete toda una experiencia, de esas que garantizan a cualquier persona lograr identificarse con este país de América del Sur, y muy recomendado para pasar una velada sin igual. Eso y ni qué decir de su gastronomía, tan propia y que resalta la cocina porteña rioplatense. “Y todo eso se ha logrado casi a la perfección porque Javier es un perfeccionista”, comentó Mauricio Cabado, anfitrión del restaurante y mano derecha del propietario, Javier Peire. Peire abrió las puertas de La Esquina de Buenos Aires hace 12 años, con el apoyo de Mauricio como cocinero. “Yo hacía las recetas a puro ojo y paladar, pero como comenzamos a crecer, entonces, tuvimos que elaborar un recetario para seguir una línea y, ahora, tenemos un equipo de producción en una gran cocina, donde vienen estudiantes de las diferentes escuelas de gastronomía como pasantes”, contó Cabado. Todos los que trabajan en este punto gastronómico pasan muy pendientes de los detalles. “Nos fijamos en todo, hasta en los rellenos de una empanada. Probamos la comida todos los días, porque si uno no le da seguimiento a una receta, esta se va. Javier nos ha inculcado los detalles, y eso es parte de lo que nos ha ayudado a mantenernos. Igualmente, se le da gran importancia al personal. Aquí, no se rota: es el mismo desde que abrimos”, explicó Mauricio. En La Esquina de Buenos Aires, es prohibido vender un producto o platillo, de acuerdo con Cabado.

Lo que hacen es recomendar con criterio. Por ejemplo, en el caso de los vinos, en relación precio-calidad, se le ofrece al cliente cuando lo solicita; con las comidas, es igual. “No vamos a recomendar una parrillada a dos personas que perfectamente pueden compartir un solo plato de carne”, señaló. Los proveedores de este lugar se seleccionan probando. La carne es importada, estadounidense en su mayoría. Con respecto a la cubertería y vajillas, es muy tradicional: no se va a ver nunca algo diferente, ni en presentaciones muy elaboradas, porque eso no va con el concepto de La Esquina de Buenos Aires. Ellos siguen la línea de lo clásico y, precisamente por ahí, es donde se marca el éxito de este espacio josefino. Del menú, todo es muy apetecido. Lo más solicitado es la sangría, seguramente porque el vino seleccionado es especial para su elaboración y han mantenido el mismo siempre. Lo más consumido es la entraña, pero también, las pastas,

que llevan un trabajo artesanal; asimismo, las elaboran por separado para celiacos, al igual que el pan. Y aunque es un restaurante argentino destacado por las carnes, las opciones vegetarianas son muy pedidas y buscadas. Por mes, recomiendan en pizarra un plato que no forma parte del menú y, si tiene buena aceptación, lo dejan de manera permanente, como el arroz con mariscos, que está actualmente y ha sido muy exitoso. “Nosotros somos autocríticos, no creemos ser competencia de nadie. Este negocio es de dar opciones al comensal. Nos gusta, además, personalizar al cliente”, explicó Mauricio. En La Esquina de Buenos Aires, no hay promociones con tarjeta, no se promueven en redes sociales, ni recomiendan platos al llegar. El éxito, de seguro, ellos se lo ganaron a punta de servicio y de un ambiente agradable, pero, en definitiva, a punta del detalle, que conquista más allá de un buen menú.

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social

Quienes están relacionados con el derecho tributario encontrarán en Impósitus una herramienta digital que reune normativa y los conceptos necesarios de la materia, así como un chat de ayuda para abogados y un blog con audiovisuales. La aplicación lanzada por la división de impuestos del Bufete Facio y Cañas ya está disponible y su presentación se realizó con un cóctel que convocó a diferentes profesionales y expertos en la materia.

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3 1. Yanisela Murillo y Alicia Avendaño Rivera (Directora de gobierno digital) 2. Gabriel Castro (Facio & Cañas) y Victor Garita (Socio Facio & Cañas) 3. José María Oreamuno (ImpositusSocio de Facio & Cañas), Jimy Cruz (especialista en precios de transferencia, México) y Doctor Adrián Torrealba (Impositus, Socio Facio & Cañas) 4. Omar White (Juez Penal del Tribunal Penal de San José) y Carolina Arguedas (Presidente Cartularium) 5. Marco Vinicio Figueroa, Karla Chaves y Sindy Pessoa, (Abogados y notarios).


DE 0 A100 EN 8 SEG.* POR ALGO LOS INGLESES SON TAN PUNTUALES

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CON EL RESPALDO DE

* Aplican restricciones de 0 a 100km/h con el motor 2.0T

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