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contenido

Julio 2017 En portada: Carlos Chinchilla, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista en la página 24. Fotos: Luis Navarro Producción: Francina Delgado

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Resumen El acontecer nacional e internacional.

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APPS Administre mejor su tiempo y dinero.

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Lawxury Guía para regalar a mamá.

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Tecnología Aprenda a sacar provecho a la inteligencia artificial.

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Arbitraje Conversamos con Pedro J. Martínez-Fraga, una autoridad en la materia.

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Contratos de compra de casa Lo que debe saber para una correcta asesoría.

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Construcciones ilegales ¿Antojo municipal o complicidad de la ley?

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Fideicomiso La importancia de los detalles antes de firmar.

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Paneles solares ¿Posibilidad de negocio en bienes raíces?

44 46 Prevención del delito Análisis sobre la necesidad de cambios para reducir la esquematización del individuo.

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Información confidencial y usuarios Los dispositivos inteligentes suponen un reto en materia de privacidad.

50

Seguridad Privada Comentario sobre el acuerdo 2016-132 del Ministerio de Seguridad Pública.

Constituyente Un grupo promueve un cambio sustancial a nuestra Constitución.

58 60 64

Desde el Colegio Desde la Comisión de Derecho Ambiental.

Viajes La capital de México nunca deja de enamorar a sus visitantes.

Gastronomía Conozca Manos en la Masa.


STAFF

editorial

Los retos en la Corte La votación para elegir a Carlos Chinchilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia no tomó más de una votación, contrario a lo ocurrido con su predecesora, Zarela Villanueva. Con 17 votos a favor, Chinchilla no solo se convirtió en el presidente más joven de la institución desde 1949, sino que, también, es quien está a cargo de asumir uno de los retos más importantes de la corte: garantizar la justicia pronta y cumplida en tiempos en los que la población demanda servicios más eficientes y de calidad. En esta edición, presentamos una entrevista directa y sin tapujos con el magistrado, con quien platicamos sobre transparencia, organización de la estructura e implementación de las nuevas reformas

procesales; todos, elementos que ocupan un lugar primordial en la agenda de Chinchilla. Asimismo, hablamos con Pedro J. Martínez-Fraga, una autoridad en el arbitraje internacional que estuvo de visita en nuestro país, quien compartió un rato con nosotros para comentar sobre esta práctica que va ganando terreno en Latinoamérica y en la que, cada vez, más profesionales se capacitan para resolver de una forma más eficiente y pacífica los conflictos. Esperamos que este número sea de provecho en cuanto al contenido útil para nuestro desempeño diario como abogados. Nuestras páginas están pensadas para que aporten análisis e información de valor invaluable a nuestro sector.

Lic. Andrés Corrales Director

andrescorrales@revistafirma.com

MSc. Margarita Guzmán Gerente General Natalia Chavarría Francina Delgado Alejandro Ramírez Cindy Regidor Redactores Alessandra De Franco Correctora de estilo Carlos Cisneros Asistente editorial Orietta Alvarado Gerente Comercial

8304-7139 oriettaalvarado@revistafirma.com

Mauricio Navarro Comercial

mauricionavarro@revistafirma.com

Luis Navarro Fotógrafos Juliana Barquero Diseño Marc Ramírez Ilustrador ISSN: 2215-4809

www.revistafirma.com info@revistafirma.com /firmacr @firmarevista

Andrés Corrales Periodista y Abogado Director

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FIRMA es una marca registrada de Pitch Media S.A. Fecha de publicación: julio 2017. Edición 17, año 01. Pitch Media investiga sobre la seriedad de los anunciantes, pero no es responsable de las promociones de los mismos. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Las opiniones expresadas por terceros, no representan, necesariamente, la posición de Firma o Pitch Media S.A.


resumen

Texto: Redacción /Fotos: EFE

Polémica con la prensa • Trabajadores de Editora Panamá América, que reúne a diferentes medios de comunicación panameños, se manifestaron contra lo que calificaron como una persecución del presidente de ese país, Juan Carlos Varela, que tiene como fin el cierre de las operaciones del grupo editorial.

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De acuerdo con el informe de la fiscalía ‘canalera’, se está realizando una investigación penal “por la compra de una empresa que agrupa varios medios de comunicación presuntamente vinculados a actividades ilícitas”. El órgano ya formuló cargos contra tres empresarios por el delito de

blanqueo de capitales sin entrar en detalles de su identidad. La empresa de comunicación, por su parte, ha sido crítica del presidente Varela y, a través de su tabloide, Crítica, han tachado al líder de “dictadorzuelo”, por lo cual argumentan que el caso se trata de una persecución a la libertad de prensa.


Por el turismo ‘tico’ • El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) presentó en Costa Rica su más reciente campaña con la que pretende

posicionar a la nación del norte como un destino de vacaciones para los costarricenses. Como parte de la estrategia, el

ente realizará talleres donde compartirán las principales razones por las que se debe visitar el vecino país. Durante 2016, Nicaragua recibió un millón 504 mil 414 turistas, de los cuales, 176 mil 32 procedían de suelo ‘tico’, lo que refleja un aumento de llegadas del 5,1% con respecto a 2015. Por otro lado, las estadísticas de arribo de costarricenses de enero a marzo de 2017, en comparación al mismo período del año anterior, reportaron un incremento del 54,1% de turistas. En la actividad, participaron el embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas (i), y el gerente comercial de la empresa IMC, Glen Jiménez (d).

Buscando la desmilitarización

• Kabul, en Afganistán, comenzó el proceso de desmilitarización. Como parte de la iniciativa, se están eliminando todos los muros de explosión instalados

por las autoridades del país en algunas comisarías y domicilios particulares como una forma de proteger a la población. Diferentes artistas intervinieron

estos muros para hacer un llamado a la paz y plasmar el sentimiento de los habitantes ante la situación bélica que viven.

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resumen

Unión aduanera • El presidente de Guatemala, Jimmy Morales (i), y el de Honduras, Juan Orlando Hernández (d), participaron de un acto público para dar inicio a

la unión aduanera entre ambas naciones. Esta es la primera unión de este tipo que se realiza en Centroamérica y que dará tránsito libre a al menos un 75% de las

mercancías de los dos países. Los mandatarios calificaron el acuerdo como “un paso histórico” hacia la integración económica en la región.

los Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez (i), formaron parte de la firma de un acuerdo entre ambas instancias sobre el marco de actuación, apoyo y acompañamiento de la Maccih. Este organismo apoyará el fortalecimiento de la Unidad

Anticorrupción del TSC a través de la asistencia y la cooperación mediante la evaluación y supervisión de los informes que realice el ente contralor para “precisar su eficacia” y hará recomendaciones para mejorar en esta materia.

Medidas contra la corrupción • El magistrado y presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC-Contraloría) de Honduras, José Juan Pineda Varela (d), y el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de

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resumen

Más unificación

• El canciller de Costa Rica, Manuel González, pidió a sus homólogos de la zona una declaración política “concisa y ejecutiva” en la reunión de los ministros de Exteriores

del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Según González, los esfuerzos del SICA deben alinearse bajo una agenda regional estratégica y priorizada que busque el

fortalecimiento institucional, la seguridad democrática, la integración social, la integración económica y la gestión integral de riesgo y cambio climático.

los hongkoneses cuando el territorio fue devuelto a manos chinas después de 150 años de ocupación inglesa. Las detenciones se dieron a un día

de la llegada del presidente Xi Jinping a la isla para conmemorar un año más de la devolución de Hong Kong a China.

Detienen a activista • Joshua Wong, conocido como la cabeza de la ‘Revolución de los Paraguas’, fue detenido en Hong Kong, China, junto a otros manifestantes que protestaban a favor del sufragio universal y de la liberación del disidente chino Liu Xiaobo. La policía detuvo a los activistas bajo el argumento de que estaban alterando el orden público al haber ocupado el monumento La flor de la Bauhinia, una estatua que Pekín regaló a

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tecnología

ENIGMA Si usted es de los que debe velar por la seguridad de sus comunicaciones, Enigma es una solución que hará que nadie pueda rastrear sus correos o mensajes de texto. Solamente debe activar la opción en su teclado o activarlo por calendario y automáticamente todas sus comunicaciones serán encriptadas. La comunicación es tan segura que ni el mejor hacker podrá interceptarlas.

THINGS 3 Los ejecutivos necesitan rendir al máximo su día laboral y esta herramienta definitivamente será una gran aliada. El profesional podrá escribir sus ideas o tareas y, al abrir el programa, el mismo

le organizará cada uno de los quehaceres de su jornada según sus metas, ayudándole a aprovechar el tiempo y a crear flujos de trabajo, aumentado la efectividad.

CIRKUS

El manejo de grupos de trabajo no debería de ser una carga más. Por esta razón, la aplicación Cirkus pretende reducir el dolor de cabeza que podría ser liderar uno de ellos. Su sistema admite

la asignación de diferentes tareas entre los usuarios y llevar el registro de cada uno de los objetivos propuestos. Está disponible para computadoras y dispositivos móviles.


EXPENSE TRACKER En esta época, cada colón cuenta y esta aplicación lo socorrerá al llevar el orden de sus balances para visualizar y entender sus gastos. El usuario puede crear categorías y subcategorías, así como

introducir los datos de forma rápida y fácil. Los egresos pueden interpretarse a través de gráficos que genera la app y permite la sincronización con iCloud con protección con contraseña.

sus conversaciones en una sola plataforma. One Chat Lite combina todos los servicios de mensajería en uno solo y facilita la recepción de fotografías, documentos en

PDF o Word, videos y más. Las funciones no se quedan solo en textos, sino que también hace llamadas y videollamadas a través de los programas que lo consientan.

ONE CHAT LITE Si es de los que utiliza gran número de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Skype y más, esta app le permitirá tener todas

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ELEGANCIA SOBRE RUEDAS

El MG 360, el último miembro de la familia MG, sigue la estirpe de los clásicos sedanes que caracterizan el legado británico. Se trata de un automóvil

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urbano que posee la tecnología NetBlue, la cual permite reducir el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes, contribuyendo al bienestar del

planeta. Con un equipamiento que complace a todos los segmentos, el MG 360 será la opción correcta para todos los que buscan lo mejor.


ANILLO INTELIGENTE La tecnología no descansa e impacta la industria de la joyería. El Ringly es un ‘smartring’ diseñado para mujeres con el fin de mantenerlas actualizadas minuto a minuto. A través de esta pieza

cuidadosamente ensamblada, la usuaria podrá configurar diferentes colores y patrones de vibración para enterarse de las cosas más importantes. Desde la app para teléfonos inteligentes, se pueden

seleccionar las notificaciones que se desean recibir, como correos, mensajes de texto, llamadas, reuniones y mucho más. Cuenta con una batería con un gran rendimiento, así como su cargador.

GRAN POTENCIA Black + Decker presentó en el mercado costarricense su nueva ‘tricuadora’, que muele, tritura y pica todo tipo de alimentos. Esta ‘tricuadora’ es duradera, resistente y con una elegante

base de acero inoxidable que se adaptará a cualquier cocina. Incluye una jarra adicional con tapa individual para preparar batidos y licuados para llevar a donde sea.

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PURO LUJO El Panthère de Cartier es más que un reloj para la mujer empresaria de hoy. Forma parte de uno de los diseños más emblemáticos de ‘La Maison’, lo que lo convierte en un verdadero ícono de la moda para las damas con

estilo. Viene con una caja y con un brazalete de oro rosa de 18 quilates engastado en diamantes y con agujas de acero azulado en forma de espada. Con toda seguridad, cualquier femme brillará con este hermoso elemento de lujo.

UNAS PERFECTAS

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La impresora O’2 está revolucionando el mundo de la manicura, ya que, en pocos minutos, ofrece una gran gama de opciones de diseño para las uñas. La usuaria podrá escoger el diseño desde la aplicación para dispositivos móviles y esta impresora portátil le dejará un acabado de salón. Un cartucho de esmalte rinde de 700 a 800 uñas y tarda en promedio 35 segundos aplicando el diseño a cada una. Sin duda alguna, el regalo ideal para las amantes de la tecnología y la moda.


literatura

Derechos humanos laborales (César Arese)

Negocios fiduciarios (Sergio Rodríguez Azuero)

El eje sobre el que pivota la propuesta de una nueva regulación laboral es el concepto de derechos humanos laborales. La opción teórica del escritor es arriesgada y, en consecuencia, muy valiosa como forma de aproximación al tema. A la venta en Expolibros.

Después de la primera edición de este libro, han surgido muchos cambios en el mundo fiduciario en América Latina. Por ello, esta nueva edición llega a atender la demanda sostenida de los miles de lectores de uno de los más prestigiosos autores de la literatura jurídica.

Curso de derecho procesal civil costarricense I, según el nuevo código ( Jorge López González) La aplicación de esta nueva normativa presentará no pocos inconvenientes. Uno de estos será la organización y funcionamiento de los tribunales, entendiendo que la capacitación será un elemento fundamental de su éxito. Este material es para todo público, pues su objetivo es que sea útil para todos los que requieren un texto que se refiera a la nueva legislación procesal costarricense. Está disponible en Expolibros.

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tecnología

Inteligencia artificial y cómo las firmas de abogados aprovechan la tecnología para sobrevivir

Daniel Álvarez

CCIM, Principal & Senior VP en Cushman & Wakefield | AB Advisory Ilustración: Shutterstock

Históricamente, el sector jurídico ha sido uno de los que menos incorporan la tecnología a su práctica. Pero en un mundo donde los clientes claman por costos más bajos, precios fijos y un servicio eficiente, los bufetes inteligentes saben que no tienen otra opción más que aprovechar la tecnología si quieren prosperar -e, incluso, sobrevivir- en el panorama competitivo actual. En Estados Unidos, cada vez más firmas de abogados se están asociando con compañías tecnológicas para proporcionar automatización e inteligencia artificial (AI, por sus siglas en

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inglés). Esta sinergia permite agilizar los procesos y aumentar la eficiencia, lo que se traduce en ahorro de tiempo y dinero para sus clientes, mientras que liberan a los abogados para que se concentren en un trabajo de mayor valor agregado. No solo la inteligencia artificial ayuda a los abogados a realizar tareas largas y tediosas como la revisión de documentos y la investigación legal de manera más eficiente, sino que, en los últimos años, la inteligencia artificial ha avanzado hasta el punto de que las computadoras y el software predicen, ahora, los resultados de los casos judiciales

y brindan asesoría a las personas que no pueden contratar a un abogado. No hay duda de que la inteligencia artificial provocará un giro en la industria. Beneficios de la automatización de los documentos legales • Aumentar la capacidad de los abogados: La automatización de documentos legales hace que los abogados sean más productivos. • Proporcionar un trabajo de mayor valor: El tiempo empleado en tareas de menor valor se reduce para que los abogados puedan concentrarse más en el trabajo que los clientes valoran más. • Redacción de los documentos: La automatización de documentos reduce el número de horas que los abogados dedican a redactar los documentos de transacción. • Mejorar la precisión: Los sistemas de automatización de documentos legales hacen todos los cambios sin esfuerzo reduciendo errores y ahorrando tiempo. • Reducir las reescrituras: Las reescrituras tienen un impacto sustancial en la rentabilidad y son difíciles de gestionar, pero con la automatización de documentos legales se pueden reducir dramáticamente esas rebajas. • Superar las presiones de precios: La automatización de documentos brinda la flexibilidad de precios para responder a las demandas de los clientes sin perjudicar la rentabilidad. • Diferenciarse de los competidores: A través de la automatización de documentos


legales, las empresas pueden diferenciarse de sus competidores y comercializar su experiencia distintamente a sus clientes potenciales. • Adquirir más negocios: Al ampliar sus formularios en línea, los abogados pueden atraer a nuevos clientes e impulsar más negocios de los clientes existentes. El impacto a corto plazo Con el fin de mantenerse competitivo y ágil, el sector legal debe desarrollar proactivamente una estrategia hacia la automatización y la diferenciación del mercado. Mientras que la inversión en bienes raíces continúa siendo el gasto fijo número uno dentro de los bufetes de abogados (exceptuando los salarios), la tecnología ocupa el segundo lugar, según los más recientes resultados de la encuesta de Benchmark del Sector Jurídico Nacional en Estados Unidos (1) (citado por Cushman & Wakefield). Los abogados no necesariamente necesitan buscar una nueva especialización, sino que deben incorporar las nuevas tecnologías para avanzar en sus carreras. Sin embargo, los grupos que podrían enfrentar una amenaza en el corto plazo son los paralegales y abogados sin experiencia. Si bien es poco probable que la tecnología de revisión de documentos elimine el elemento humano en el corto plazo, los asistentes jurídicos y los abogados recién graduados que manejan este tipo de trabajo

pueden necesitar encontrar otras tareas y papeles de valor añadido para justificar sus posiciones. Impacto en oficinas Ante un cambio en la forma de trabajar, se espera que la automatización y la inteligencia artificial tengan un impacto en las oficinas de las firmas. Lo más posible es que se dé una reducción en el espacio de oficina al tener que emplear a menos abogados júniores. De igual forma, es posible que se necesiten más espacios de colaboración para capacitar a los profesionales en leyes jóvenes y que brinden sus servicios de una forma diferente. ¿Qué podemos esperar en el largo plazo? Según CoreNet Global, en los próximos 10 a 20 años, potencialmente, del 40 al 60% de la fuerza laboral que ahora está llevando a cabo trabajo transaccional podría ser reemplazado por la inteligencia artificial, la automatización de la fuerza de trabajo y las máquinas cognitivas inteligentes. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Referencia del Sector Legal (2), los abogados continúan haciendo más de su propio trabajo administrativo. Así, pues, los despachos lucharán para superar esta brecha en las trayectorias de carrera usuales y necesitarán identificar una manera de emplear y de capacitar a los abogados jóvenes para convertirlos en las siguientes generaciones de profesionales. Y eso es así porque, a largo plazo, el modelo

de dotación de personal de las firmas de abogados cambiará inevitablemente para alinearse con las nuevas tecnologías. La perspectiva de que la inteligencia artificial y la robótica avanzada asuman tareas reservadas para los seres humanos ya no está en el horizonte lejano. Investigaciones recientes de McKinsey hallan que hasta el 45% de las tareas realizadas por los trabajadores estadounidenses pueden ser automatizadas por las tecnologías existentes. Alrededor del 60% de las ocupaciones podrían tener automatizado el 30% o más de sus actividades. Se redefinirán muchos empleos y procesos empresariales y las formas en que la tecnología complementará el trabajo. Las firmas inteligentes (‘The New Normal’) Las firmas inteligentes, ‘the new normal’, entienden que la tecnología va a desempeñar un papel cada vez más importante y aprovechar las tecnologías en el día a día se convertirá en la ‘nueva norma’. A medida que la inteligencia artificial se convierta en el estándar, será cada vez más importante para los abogados poseer la empatía, la creatividad, la imaginación y la capacidad de ganar la lealtad de un cliente y añadir valor por encima de cualquier sistema de inteligencia artificial. Porque, eso sí, al final del día, los sistemas de inteligencia artificial nunca serán capaces de reemplazar la interacción humana.

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“Quiero un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía” A un mes de asumir como cabeza de la Corte Suprema de Justicia y con el cálido trato que lo caracteriza, el presidente más joven de la institución desde 1949 nos recibió en su despacho para compartir con Firma sobre los temas que enfrentará durante su período Por Francina Delgado Fotos: Luis Navarro

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portada

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portada

La elección que llevó a Carlos Chinchilla a la presidencia del Poder Judicial sucedió en primera votación y quedó electo con el apoyo del 75% de sus compañeros. Un panorama muy diferente a la elección de su predecesora, Zarela Villanueva, quien requirió de cinco votaciones para ocupar el cargo. Carlos Chinchilla asumió el puesto con una energía renovada que será la mancuerna perfecta para su espíritu conciliador y la firmeza que lo caracterizan. Consciente de los retos que tiene la institución en materia de agilidad de trámites, transparencia y más, apostará por

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un Poder Judicial más eficiente ajustado a las demandas de los usuarios. Don Carlos, le correspondió asumir la presidencia en una semana especialmente complicada. ¿Qué fue lo más difícil del presupuesto? “La normativa de las reformas procesales, que es realmente costosa. La Procesal Laboral entra en vigencia este julio y la Procesal Civil, en octubre de 2018. Ya las dos vienen con el presupuesto. Lo difícil fueron los contenidos propios, como nombramientos de plazas de jueces (porque necesitamos contratar jueces y juezas). Lo

que podría surgir más adelante es una Reforma Procesal de Familia y Procesal Agraria”. ¿Qué habría que modificar actualmente? ¿Cuál es el reto? “No estamos resolviendo tan rápido ni de manera tan eficiente como podríamos esperar. La idea es que con las reformas procesales, civil y laboral, podamos lograr mayor agilidad en los procesos. Otra parte tiene que ver con la materia penal: si un proceso penal desde su inicio hasta su fin tarda entre seis y siete años, no es eficiente. Se introdujo un proyecto de ley que inicialmente lo presentó el diputado Mario Redondo,


en el cual yo comparecí en la comisión. El proyecto se llama Justicia Pronta y Cumplida, que es el principio que recoge la Constitución Política en el artículo 41: ‘Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes’. Esto referente a esos 7 años que estamos tardando en resolver una causa penal que se puede reducir a 11 meses”. ¿Cómo lo piensa cambiar? “Estamos dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar porque, aquí, no estamos violentando ni derechos ni garantías de ninguna de las partes, ni de víctimas ni de imputados. Ya han surgido detractores; estamos dispuestos a escuchar lo que nos van a decir. La idea es agilizar y, si lo podemos hacer en 11 meses, fantástico. Yo le preguntaría al pueblo costarricense: ‘¿Quisieran una ley que en lugar de durar siete años se resolviera en 11 meses?’. Hagamos las reformas necesarias. Un proyecto de ley se puede mejorar”. ¿Qué acciones concretas está ejecutando? “Justicia pronta y cumplida. Estoy trabajando con mi equipo para realizar un mapeo a nivel nacional sobre cuáles son las causas más antiguas que

tenemos: hay de 10 y 15 años. Queremos conocer si están mal reportadas o no. Las causas con más tiempo son realmente las que empezamos a consultar en contralorías de servicios de todos los circuitos judiciales y ya estamos enviando notas para que investiguen, porque todos los expedientes tienen un juez o un responsable que debe contestar. ¿A qué se debe la tardanza?, ¿por qué la resolución del caso no se ha dado?”. ¿Para cuándo estaría listo? “En un mes, nos estarían llegando las respuestas. Yo espero que sea en un corto plazo y, desde ya, estamos trabajando en ese tema, para que nos expliquen las razones por las cuales se ha atrasado y, si no se justifica, se procede a resolver de una vez”. ¿Y si no hay justificación? “Si no hay justificación, se abriría una causa disciplinaria. Lo conocería la Inspección del Poder Judicial. Si el atraso está justificado, lo que les diríamos es que procedan a darle prioridad a ese asunto y terminarlo cuanto antes. Todos son jueces son independientes, pero yo voy a intervenir cuando haya un retardo en la justicia. Esa es la decisión inicial y lo estamos haciendo en todo el país y en todas las materias”. Gran cantidad corresponde a cobros judiciales, ¿qué pasará con esto? “Sí, y es una materia no litigiosa. Ya hablé con Tecnología de

la Información para lograr una automatización en esos procesos con una máquina que procesa toda la información y la traslada y, en todo caso, casi que hasta que se dicte sentencia. No son casos cuantiosos. No es un caso que haya forma de decir: ‘No estoy de acuerdo’. Nos estamos desgastando en un tema en el que terminamos siendo agentes cobradores, y esta no es una materia jurisdiccional, eso no debería tenerlo Justicia porque es administrativo, pero la ley así lo señala. Terminamos siendo cobradores de tarjetas de crédito y de insolvencias de ese tipo. Necesitamos ocuparnos en materias como lo penal, lo civil, lo contencioso administrativo, lo familiar, lo laboral, que sí son las que nos ocupan gran cantidad de tiempo y, por supuesto, la materia constitucional que ve la sala normalmente”. ¿Cómo ser más efectivo? “Iniciando en la vía penal. Actualmente, cada zona del país procesa los asuntos de manera diferente. Este es otro reto en el que estamos trabajando junto con la directora de Planificación para crear una estandarización de procesos. El resultado se replicará en todo el territorio nacional. La misma legislación tiene que ser igual para todo el país. En algunos casos, el proceso inicial que le llega al juez para dictar resolución podría pasar 20 pasos, en otro, pasar cinco. La estandarización de la gestión de despachos es

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un tema muy importante para tener más agilidad a la hora de resolver”. ¿Cómo será la evaluación del desempeño? “La estamos aplicando en el ámbito administrativo, Defensa Pública y Organismo de

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Investigación Judicial. Llevamos cubierto el 72% en la cuestión jurisdiccional. En judicatura, ya tenemos programas pilotos. Se están aplicando en algunos despachos y se aplicará para todos en el país. No es posible que, en un mismo despacho, un

juez resuelva cinco asuntos al mes y otro, 15”. ¿Y respecto a las anualidades? “Se manejan por desempeño y, si el desempeño es bajo, no va a tener la anualidad. Es la valoración del desempeño. En este proceso, vamos más lento. Cuando hablamos de limpiar la imagen del Poder Judicial, ¿a qué nos referimos? La buena intención no es para nosotros, es para el pueblo, es para que la gente confíe de nuevo en el Poder Judicial. Cuando la gente pierde la confianza, se resquebraja, y eso es un peligro para el Estado”. ¿Y en cuanto a la corrupción? “Hay otra queja de la gente que es importante ponerle atención y es sobre la corrupción en el Poder Judicial. Tenemos los mecanismos y, si hay una duda de alguien o un caso en concreto, voy a poner la Inspección Judicial. Las partes también pueden apelar y también pueden ir a la Inspección Judicial. Yo no puedo decirle al juez cómo actuar, él es un juez independiente, y eso lo respetaré siempre. Asimismo, contamos con los mecanismos para que se revisen sus decisiones y los mecanismos para que cuando se tomen decisiones que llamen mucho la atención, podamos tomar medidas disciplinarias, y cuidado y no, hasta que se conozcan penalmente. Son situaciones en las que nosotros tenemos que tomar el talante sobre ellos, revisar lo que


está pasando y tomar medidas inmediatas”. ¿Cuál es el modelo de juez que le gustaría tener en su equipo? “Un juez identificado con la función que hace. Eso es lo que nosotros llamamos un juez que tenga mística con el Poder Judicial y la función. Que tenga compromiso. Yo tengo 30 años de ser juez y uno se identifica con lo que hace. El juez tiene un perfil diferente a otros funcionarios, tiene que ser una persona estudiosa, recatada. Un juez no puede tener un comportamiento como cualquier otro ciudadano del país. El juez tiene que evitar estar en situaciones incómodas. Cuando digo incómodas, es evitar el ojo público, que se le cuestione porque es un malcriado o porque está tomando licor y se le pasa la mano. Ser juez es un apostolado y tiene que ser ejemplo en sociedad. El juez es juez los 365 días del año. A usted como juez la sociedad le va a pedir más. Usted tiene que ser ejemplo”. ¿Cómo será este período en cuanto a la transparencia? “Abiertos a saber que no es que tenemos que ser, es que es una obligación serlo, y eso es importante porque todos estamos llamados a rendir cuentas. Cuando yo estaba de presidente en la Sala Tercera, todos los años rendíamos cuentas. Eso sirve para decir cómo se están haciendo las cosas. Es importante informarle a la ciudadanía. Quiero tener

una buena comunicación con los ciudadanos. Nosotros no somos jueces de horario. Normalmente, los jueces son aplicados, responsables, estudiosos, tienen una buena dedicación al trabajo y tienen mística”. ¿Comunicación con los ciudadanos? “Yo soy una persona abierta, hablo de los problemas que hay, los enfrento y, si tengo que rectificar, si cometo un error, lo digo al igual como digo cuando estamos haciendo bien las cosas. A la ciudadanía hay que rendirle cuentas todos los días. Yo tengo una visión más de comunicación para con el pueblo”. A usted se le reconoce por ser un buen intermediario. ¿Cómo será su comunicación con los distintos poderes o grupos? “A lo interno, convoqué a los sindicatos del Poder Judicial por el tema de pensiones. Ellos tenían reclamos. Hacía más de un año que no los convocaban a nada. Los convoqué, hablamos, ellos dijeron en qué estaban de acuerdo y en qué en desacuerdo. Yo les dije en qué podía ayudar y otras cosas en las que no. Y fue una reunión tranquila, con respeto, pacífica y pudimos conversar. Uno les proyecta hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Fue un buen conversatorio que no se tenía desde hacía tiempo atrás. Es una primera aproximación interna. En el mismo tema de pensiones del Poder Judicial, hablé con los diputados y quedaron bastantes

satisfechos y, aunque no coincidimos con algunos de ellos, se sintió bien poder dialogar. Fue una reunión restauradora. Y hace una semana, el señor presidente (de Costa Rica) me invitó a un desayuno con el Poder Ejecutivo. Nos entendimos y quedamos en colaborar en todo lo que se pudiera”. ¿Se apoya en su equipo para tomar algunas decisiones? “En Corte Plena, todos nos conocemos muy bien, sabemos en qué somos fuertes y en qué podemos ayudar. Yo tengo muchas partes débiles y algunas muy fuertes. Los he buscado para que me apoyen en temas que no son mis fortalezas y les he pedido consejo”. ¿Usted delega? “Por supuesto. Por ejemplo, cuando yo llegué a presidencia, había unas cuestiones apuñadas y dije: ‘¡Qué raro! Esto no me parece para presidencia. Vamos a ver qué comisión atiende este tema’. Y, gustosos, recibieron ese trabajo. Era una competencia que estaba acá, pero era de otro departamento. Hay que saber delegar”. ¿Qué les dice a los estudiantes de la carrera de Derecho? “Que no se preocupen por qué elegir al principio, que estudien todos los ámbitos del derecho. Me hice penalista porque, cuando salí de la universidad, mis papás me mandaron a pedir trabajo. Tuve una oportunidad en el Poder Judicial por un permiso de maternidad en la

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zona sur del país. Me gustaba el derecho administrativo y, ahora, me encanta el penal. Igualmente, les digo a los muchachos jóvenes que están estudiando que no se preocupen de a dónde quieren ejercer, que se preocupen en hacer y llevar y disfrutar las materias, porque la vida y Dios lo van a ubicar a uno en el lugar que ellos quieren”. DE CERCA Carlos Chinchilla Sandí nació en San José el 1° de febrero de 1963. Creció en Desamparados, un cantón que lleva en su corazón. Es hijo de Víctor Manuel Chinchilla Mora y Ramona Sandí Arguedas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR) y doctor en derecho penal, graduado de la Universidad Complutense de Madrid. También, es especialista en ciencias penales. En su currículo, suma más de 30 años de experiencia en el ámbito penal y, en la última década, se desempeñó como magistrado en la Sala Tercera, siendo su presidente durante cuatro años.

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entrevista

Eminencia del arbitraje internacional Pedro J. Martínez-Fraga, el experto en litigio internacional y arbitraje transnacional, estuvo en Costa Rica. El abogado habló de su experiencia en el ramo del arbitraje, no solo como representante de una de las partes en un sinnúmero de casos exitosos, sino también, como árbitro para el Banco Mundial y la Cámara de Comercio Internacional. Además, nos platicó sobre su pasión por contribuir a la academia, los derechos humanos y su visión del mundo en el que vivimos Por Cindy Regidor

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El corbatín es su sello. Muchos personajes distinguidos tienen uno que los caracteriza. Así, aparece retratado en múltiples fotografías y, así, lució para esta entrevista que nos concedió en medio de una agenda llena que le preparó Central Law, firma que lo invitó a visitar Costa Rica. Los anfitriones lucieron muy contentos con esta visita. Y no es para menos: Pedro J. MartínezFraga es un protagonista único en el mundo del derecho internacional público y privado; una eminencia. No solo tiene una extensa y envidiable experiencia como representante en innumerables casos, sino que también es un notable académico, autor y conferencista. Ha escrito decenas de ensayos, sus libros han sido publicados en 15 países en cinco idiomas, ha brindado charlas en más de 30 universidades de todo el mundo y actualmente es profesor en tres de ellas: profesor adjunto de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), profesor visitante de la Universidad de Navarra en Pamplona (España) y profesor honorario de la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima (Perú). Además, en 2015, el presidente de Estados Unidos de entonces, Barack Obama, nombró a MartínezFraga como uno de los cuatro delegados de ese país en el grupo de conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a

Inversiones del Banco Mundial (CIADI), creado mediante la Convención de Washington de 1965. De hecho, MartínezFraga es el primer hispano (él es cubano) en haber sido nombrado en la historia del centro. Asimismo, ha fungido como árbitro de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). A pesar de su admirable hoja de vida, Martínez-Fraga, colíder del equipo de arbitraje internacional del despacho Bryan Cave -uno de los 25 bufetes más grandes del mundo-, es un hombre que se muestra accesible y sencillo, listo para dejarnos conocer más de su vida y trabajo. ¿Cómo llegó al mundo del arbitraje internacional? ¿Por qué decantarse por este método de resolución de conflictos? “Llegué por accidente. Estuve en un bufete muy grande y yo era la persona más joven. En ese entonces, el arbitraje no era muy conocido y no era nada, no estaba de moda, no se sabía mucho de él. Entonces, le dieron ese trabajo a la persona más joven. Como yo hablaba español y algunos otros idiomas, dijeron: “Bueno, esto es arbitraje internacional… Que lo haga Pedro”. Y fue así. Pero enseguida, desarrollé una pasión por el arbitraje y el mundo empezó a cambiar. Vino lo que se llama la globalización y, de buenas a primeras, el arbitraje, que no estaba de moda y que se veía como algo muy primario, se

convirtió en la respuesta jurídica de la globalización económica. Efectivamente, se convirtió en la globalización jurídica. Y llegué así”. ¿Cuál es el estado de la práctica del arbitraje internacional en América Latina? “América Latina ha estado desarrollándose de una manera muy impresionante. La mayoría de los países en América Latina ha emitido derechos, estatutos y legislación nacional sobre la práctica del arbitraje. Y uno de los fundamentos de esta legislación, en la mayoría de los países latinoamericanos, es que muestra que el Poder Judicial ha cedido al arbitraje. A la sazón, esa ley nacional, de los distintos países, ha contribuido a que algunas naciones de América Latina genuinamente puedan aspirar a ser centros de arbitraje a nivel internacional, lo cual representa ingresos muy importantes para los países, más allá del tema de ventilar disputas”. ¿Y para el gremio de abogados? ¿Ahora sí se lo ve con la seriedad y la importancia que amerita? “Sí, ahora sí. Cuando yo me gradué de la Universidad de Columbia en 1987, no existía un libro, un texto académico sobre arbitraje, mucho menos un curso, o profesores con esa especialidad que supieran y que tuviesen la vocación para

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enseñarlo. Hoy, como digo, está de moda el arbitraje, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene”. ¿Cuál es la riqueza o el aprendizaje que le da a usted poder estar desde dos perspectivas en el arbitraje, como representante de alguna de las partes en algunas ocasiones, pero también, como árbitro? “Es una perspectiva privilegiada. La perspectiva es crucial porque nos da una visión, no solo de cómo es que se pueden aseverar argumentos, como lo hace un abogado, sino también de cómo es la dinámica dentro de la cámara, dentro de las deliberaciones de los árbitros, cómo es que los árbitros perciben los problemas y las soluciones a los problemas”. ¿Cuál es la mayor diferencia entre ser árbitro para la CCI (Cámara de Comercio Internacional) y para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)? “Son dos mundos distintos. La CCI es una institución arbitral privada que tiene el nombre de corte y el tipo de arbitraje que mayormente lleva la CCI son arbitrajes comerciales entre entes privados. El Banco Mundial es otro juego por completo: es un incumplimiento de un tratado y la configuración siempre tiene que ser ente privado y Estado.

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El ente privado puede ser una persona natural o jurídica, pero siempre hay un país al otro lado. La ley que aplica es la Ley Internacional Pública, que eso no aplica en la CCI (en la CCI aplica la ley sustantiva que escogieron las partes). Es fantástico, porque ves dos partes totalmente distintas. Primero, cuando estás adjudicando o estás participando como árbitro en un caso CCI (o ICDR, que es el International Centre for Dispute Resolution; u otro), en esos casos, el gran propósito es reconciliar diferencias entre entes privados que son muy importantes. En el caso del derecho internacional público, eso es una cosa maravillosa y que a mí me da más satisfacción porque lo que estás haciendo es participar del proceso de cómo es que los países exportadores de capital y los países importadores de capital llevan sus relaciones y eso tiene una proyección pública que ayuda a países en desarrollo, que tiene una consecuencia inmediata en el desarrollo de países y en la educación, en la mortalidad infantil, en la longevidad, en la expectativa de vida, en todo. De modo que, para mí, es algo muy importante y lo veo por lo que es, algo que tiene trascendencia la política, más allá que la distribución de la riqueza entre privados”. En ese sentido, ¿cuál es su visión política o filosófica en cuanto a su misión, al tener

esta herramienta y poder ser partícipe de que se hagan tratos justos? “Lo que yo veo como mi misión es dejar un legado de obra práctica y teórica que contribuya al derecho internacional público y a distintos niveles. Por ejemplo, yo considero que, hoy día, los países desarrollados han firmado una serie de tratados internacionales muy desfavorables a los países en desarrollo. Mi visión es más global: si un tratado internacional es desfavorable a una de sus partes, al final del día, es desfavorable para todas las partes… Es cuestión de tiempo. Y yo creo que eso es algo que se puede corregir y modificar, y se puede modificar sin que nadie sufra y de una manera en que todo el mundo gane y ganen mucho, pero que sea equitativo”. Usted también mantiene una práctica internacional bastante activa en el campo de los derechos humanos. En sociedades en que se incurre frecuentemente en múltiples violaciones de estos derechos, ¿qué pueden hacer los profesionales en leyes? “Podemos empezar por tomar los derechos humanos en serio. Podemos empezar por tomar casos ‘probono’ activamente. Yo creo que, como comunidad internacional de abogados, no hacemos lo suficiente por los derechos humanos. Yo creo que es importante invertir en


la profesión en este sentido, de devolver, de dar. Yo he tenido suerte, porque también el trabajo que hago profesionalmente toca los derechos humanos de manera muy directa, pero no tiene que ser así para que te comprometas. Vivimos en un mundo que nunca había estado tan integrado como actualmente. Jamás habíamos tenido un paradigma de interdependencia como lo tenemos ahora. Antes, teníamos un paradigma de independencia, hoy, es de interdependencia. Ya no existe el derecho internacional, ya existe el derecho transnacional, de todas las naciones. El problema ambiental te afecta a ti y me afecta a mí. El problema de la corrupción me afecta a mí y te afecta a ti igual. La proliferación vertical y horizontal nuclear nos afecta a los dos de la misma manera, así como el tráfico humano, la escasez de agua… Todo nos afecta igual”. ¿Qué significó ser el primer hispano nombrado como delegado en el grupo de conciliadores del CIADI en 2015 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama? “Para mí, es una gran cosa, porque quiere decir que otros van a seguir. Quiere decir que no solo otros van a seguir, sino que más personas van a aspirar. Esto va a motivar a las personas y eso es un logro inmenso”.

¿Qué significa ser abogado de origen latino en Estados Unidos en estos días? “Significa mucho. En este momento, cuando los latinos estamos siendo azotados casi oficialmente por esta Administración, en donde existe una política del Poder Ejecutivo de fragmentación y no de unión, yo creo que ser un líder en la profesión y un abogado en particular es totalmente crucial, porque, ahora, es cuando de verdad tenemos que hacer algo. Ahora, es cuando tenemos que probar las cosas, educar al que no está educado, incidir de una manera proactiva. Este momento es particularmente interesante desde el punto de vista de qué es lo que significa ser latino, profesional o no profesional, en Estados Unidos, en donde un porcentaje importante es latino, donde la cultura está presente y, sin embargo, es en donde estamos siendo retados y estamos bajo un escrutinio poco razonable”. ¿Por qué mantener un vínculo tan estrecho con la academia? “Lo que nosotros generamos forma y transforma los preceptos más fundamentales y más importantes del derecho internacional público y, por lo tanto, considero que tenemos una responsabilidad moral, conceptual y profesional de participar en ese diálogo. Eso es importante. Parte de lo que yo aspiro en mi vida es a dejar

una obra escrita que dure y perdure, que contribuya al derecho internacional y que se diga: “Martínez-Fraga escribió tal y tal”. Eso ocurre ya, pero me interesa que ocurra mejor y más ampliamente con el tiempo. Creo que esa es una manera de contribuir a la generación de mis hijas, a futuras generaciones. Creo que eso es ser humano, contribuir más allá de tu tiempo aquí en la Tierra”. DE CERCA: Pedro J. Martínez-Fraga, nacido en La Habana, Cuba, decidió ser abogado porque su padre ejerció esta profesión. Él no conoció a su progenitor porque fue preso político en Cuba, acusado de conspiración contra el Estado. Su madre le contaba las historias de esa figura ausente, de allí se inspiró para escoger su carrera. Llegó a Estados Unidos a los cinco años con su mamá y dos hermanas. “Mi madre siempre fue una figura increíble que nos inspiró y nos inculcó el estudio y la lucha, batallar”. Vive en Florida, Estados Unidos, con su esposa y dos hijas. Le encanta el boxeo, la pesca, coleccionar arte y viajar.

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La correcta asesoría al comprar casa y la exigencia minuciosa de un contrato adecuado

Tras la paulatina recuperación del mercado inmobiliario, las ofertas para compra han ampliado su gama de opciones. Publicidad atractiva y propuestas sumamente beneficiosas han marcado el tono los últimos 24 meses en el país Por: Mariana Sáenz Mora Ilustración: Marc Ramírez Ante el dinamismo renovado del mercado de bienes inmuebles en Costa Rica en los últimos dos años, el panorama legal en el que se desarrollan dichos negocios ha adquirido un foco de atención ya que ofertas tan tremendamente atractivas y ventajosas parecen irreales. Debido a este aceleramiento, es importante el análisis profundo de las cláusulas de los contratos de compraventa, particularmente en los casos de preventa o compras a futuro. Si bien los contratos de compraventa se encuentran regulados en el Código Civil y en el Código de Comercio, no existen modelos generales o machotes. Según explicó el abogado Mario Valverde Brenes, asesor y litigante en materia comercial, lo más importante es que en cada contrato individual se establezcan los derechos y las obligaciones de las partes. Tratándose de contratos de ventas

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a plazo de bienes inmuebles, los mismos se encuentran regulados por la Ley 7472, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, donde se establece como presupuesto material para su validez y eficacia la aprobación previa por parte de la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). “Esto supone una ventaja definitiva para el comprador, ya que, tratándose de ventas a plazo de casas o apartamentos, queda cubierto por las garantías que brinda el artículo 32 de la citada Ley 7472”, explicó el licenciado Valverde. Al instaurar esta ley, el comprador cambia a condición de consumidor y, al suceder esto, cuenta con una tutela especial por parte del Estado, que es la protección de sus derechos como


consumidor. Esta formulación lo diferencia categóricamente del contrato entre dos comerciantes. Esto significa que las cláusulas de este contrato deben estar previamente aprobadas por el MEIC -a través de su Dirección de Apoyo al Consumidor- antes de que se haga la salida a la venta a sus prospectos comerciales de manera pública. “Si el contrato que es aprobado por el MEIC no coincide con el que firma el comprador o presenta alguna modificación posterior, será nulo de pleno derecho”, detalló el abogado. Develando detalles Para la formulación de estos contratos de ventas a plazo, la cláusula arbitral es una figura que desaparece salvo pacto expreso en contrario. “Las razones son que puede significar un factor algo abusivo para el consumidor. En un contrato mercantil entre comerciantes ambos cuentan con los recursos para acudir a instancias arbitrales para solucionar conflictos, pero para un comprador que ha invertido para la compra de una casa resulta un proceso muy oneroso, de modo que la prohibición de esta cláusula en los contratos de adhesión es una acción que protege al comprador”, continuó el especialista. Sin embargo, según casos aplicables a la realidad ejemplificados por Valverde, existen empresas que insertan en su contrato, posterior a su aprobación debida, el arbitraje

como cláusula que, a su vez, es una cláusula de daños y perjuicios abusiva donde respalda absolutamente al desarrollador ante el incumplimiento del comprador. Es, ahí, donde se establece la incógnita de si estos contratos buscan o no un bienestar bilateral, el cual quedaría en entre dicho en estos ejemplos. “Este tipo de modificaciones, para efectos prácticos, hace que el contrato no coincida con el aprobado por el MEIC, incurriendo en su nulidad absoluta”, agregó el profesional. De igual manera, en la práctica, Valverde ha podio notar que además de algunas irregularidades usuales en los contratos, las personas y asesores legales deben obligarse a investigar los estados de los terrenos en los que se promete la venta del inmueble. “Puede ser, inclusive, como parece que ya ha sucedido, que se dé un delito de estelionato y que esto pase totalmente desapercibido ante la falta de investigación de la parte interesada por la compra de un terreno (terreno que no corresponde a quien realmente lo vende)”. De irregularidades y acciones Cuando se presentan algunas irregularidades, para lograr una posible solución momentánea, los desarrolladores también proponen aplicar una adenda a ese contrato. Es, ahí, donde se debe observar el margen de la ley, ya que, muchas veces,

son creadas con intención de contener el impacto de un posible conflicto que los perjudicaría. “He recibido casos en los que la persona se ha presentado ya buscando la demanda por una serie de incumplimientos por parte del desarrollador, quien buscó solucionar vía adenda, respaldado por promesas y, años después, nada fue solucionado”, relató. De modo que esta figura de la adenda lo que hace es retrasar una posible vía judicial cuando hay una actuación de dolo y no de resarcir faltas. Indudablemente, lo más recomendado es que el contrato sea bastante específico y no deje vía libre a la interpretación los parámetros que especifica la compra del condominio, propiedad o lote, así como la determinación de plazos claros por ambas partes. Cuando se incurre en incumplimientos ya graves y recurrentes, está la opción de entablar una demanda judicial, por ejemplo, plazo no cumplido de entrega del inmueble, que es cuando ya el comprador está asumiendo la deuda y la entrega no ha sido hecha efectiva. “También, me han llamado para casos en los que la entidad financiera inicia el cobro de la deuda sin que se haya recibido la casa o se tenga listo el condominio. Se puede establecer un demanda por daños y perjuicios en vía civil y, ahí, sí se debe exigir una recisión contractual”, finalizó Valverde.

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Fideicomiso: la importancia del detalle antes de una firma

El fideicomiso viene a formar parte de una figura de compra que respalda la legalidad de todo el entorno y los bienes. Implica, además, la firma de un compromiso tácito irrenunciable o modificable que, bien utilizado, tiene grandes ventajas para los involucrados Por: Mariana Sáenz Mora Ilustración: Marc Ramírez La figura de contrato por fideicomiso puede aplicarse para bienes muebles o inmuebles o derechos sobre estos mismos. La utilización de esta figura siempre será válida excluyendo en todas sus formas asuntos ilícitos tendiendo a una situación de defraudación. La reforma a la ley comunicada en la circular 0102010 del 3

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de mayo busca eliminar la posibilidad que en años atrás era algo más sencillo: evadir impuestos sobre objetos y bienes al otorgarlos en fideicomiso por un valor simbólico que no respondía al real y las responsabilidades tributarias que implicaban. “Entra la ley que exige que toda creación de un fideicomiso

debe estar regulada ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por la razón de que se busca una regulación y darle un respaldo a la figura de este tipo de contrato”, explicó Eslava Hernández, abogada especialista en BG&A Abogados Corporativos. Los puntos que tienen relación directa con la modificación se


señalan claramente y se vinculan con el artículo 15 de la Ley de Estupefacientes, que detalla que las sustancias psicotrópicas y actividades que no se encuentren supervisadas directamente por la Sugef deben inscribirse. “Entonces, para evitar esto, todos aquellos que vayan a realizar un fideicomiso deben estar supeditados a la Sugef, registrados como lo indica en el inciso b), que dice que cualquier fideicomiso o administración de recursos efectuadas por personas físicas o jurídicas y que no sean intermediados financieramente deben estar debidamente supeditados”, explicó Hernández. Constitución correcta Una vez que se realiza la debida inscripción, el fideicomiso debe detallar expresa y claramente las condiciones que el fideicomitente espera, pero, a su vez, este debe acatar las condiciones que le está brindando el fideicomisario. Se deben ajustar porque, muchas veces, resulta ser un contrato que se impone, continuó la especialista. “A la persona que busca el fideicomiso, o sea, al fiduciario, se le ponen la condiciones y este debe asesorarse minuciosamente para saber si acepta todas las cláusulas o no”. Para ese fin y un contrato acertado, es recomendable buscar un contrato que realmente se adapte a las condiciones y proyecciones que se desean.

Es importante tener claro que la figura del fideicomiso lo que quiere es eliminar la posibilidad de adquirir una hipoteca, ya que lo que se está dando es una propiedad que queda de una vez a nombre del dueño potencial o fiduciario, quien se compromete a realizar el uso del bien para el fin que se había determinado mientras cumple con las cuotas establecidas de este negocio. Una de las diferencias más radicales es que, en caso de una compra por contrato hipotecario, si las cuotas no se cumplen, se genera una mora. Sin embargo, en los contratos por fideicomiso, el fideicomisario es quien detalla cómo se va a tazar esa mora que se pueda generar, y el fiduciario es quien aprueba cómo será la ejecución. “Si yo como fiduciario siento un atropello de mis derechos, puede que exista un abuso en la administración de ese derecho. Existe una figura de conciliación, donde es importante valorar la disponibilidad del fideicomisario de conciliar”, expresó la abogada. Empero, hoy es más complicado debido a que las entidades financieras se han llenado más de propiedades que luego tienen el potencial de ser explotadas a un valor mayor del actual. Hernández ha atendido casos en los que por una propiedad de un valor de 280 millones de dólares, se aplicó el rescindir del fideicomiso por un valor faltante de 30 millones de dólares, en

el cual solo se publicaron los edictos y se procedió a recuperar el inmueble. Al realizar el remate y la venta de la propiedad, el campo de acción del fiduciario, en este caso particular, fue bastante reducido. Entonces, es aquí donde es evidente la necesidad de una asesoría para las partes, sobre todo para el fiduciario a la hora de analizar punto a punto el contrato que se le ofrece. “Es de suma importancia la investigación y análisis interpretativo de las cláusulas del contrato para disminuir potencialmente los resultados negativos”, manifestó la abogada. El mismo contrato de fideicomiso detalla cómo sería la ejecución en caso de no cumplimiento por parte del fiduciario. Con su firma da validez, evitando, por su naturaleza de constitución, ir a un juzgado, como pasa en las hipotecas. Es vital saber que el detalle de dónde y cómo se realizaría una eventual notificación al fiduciario es vital: el domicilio y los detalles expresos le permiten un lapso de reacción a favor o en contra. Finalmente, una de las ventajas del contrato por fideicomiso es que coloca muy claramente las reglas que se rigen a partir de la firma y compromete y delimita a las partes muy claramente, reduciendo los costos legales y administrativos en los que se incurre con la compra por hipoteca u otras figuras.

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Construcciones ilegales: antojo municipal o complicidad de la ley Carlos Lanzas

Abogado Ilustración: Shutterstock

“El ejercicio del derecho de propiedad inicia desde los infiernos de Hades hasta el cielo del Olimpo”, se afirmaba en la antigua Roma. Dicho escenario, en la actualidad, sin duda alguna, no es de esta manera. Los actuales Estados de derecho, si bien es cierto fomentan un profundo respeto para con el individuo, tutelando sus libertades, derechos y garantías, ponen por encima de todo el bien común de todas las personas. Así pues, el señorío sobre la propiedad, de manera absoluta, general, independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva cede su lugar a una propiedad

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basada en la armonía y la convivencia social, donde si bien es cierto el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, colateralmente tiene el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible y necesario. A esto lo llamaremos la ‘función social de la propiedad’. Y es aquí donde las municipalidades empiezan a tener un papel protagónico como ‘policía urbano’, contralor y fiscalizador del desarrollo constructivo en cada uno de sus cantones.

Los artículos 45 y 169 de nuestra Constitución Política le otorgan facultades al legislador y al Gobierno local para que de una forma coordinada determinen el contenido del derecho de propiedad, lo que se logra por medio de los límites y obligaciones de interés social que pueda crear y normar por medio de las diversas leyes, reglamentos y planes reguladores (para profundizar más, puede hacerse lectura del voto 5097-93 de la Sala Constitucional). Cabe resaltar que las limitaciones que el legislador o las autoridades locales le impongan a la propiedad no son indemnizables en razón de la naturaleza social de esta, salvo que tal o tales limitaciones provoquen un vaciamiento al uso, goce y disfrute de la propiedad por parte del individuo, lo que daría como resultado una expropiación. Las limitaciones a la propiedad nacen a partir de su propia naturaleza, uso o vocación, de modo que pueden existir limitaciones de carácter agrícola, forestal, de salubridad o de gestión de riesgos. Sin embargo, nos detendremos en aquella que incluye a la gran mayoría: la constructiva, edilicia o también llamada ‘ius aedificandi’. Las municipalidades son las encargadas de velar para que las ciudades y poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad,


salubridad, comodidad y belleza en vías públicas, edificios y construcciones que se levanten sin perjuicio de las facultades que otras leyes o normas menores establezcan, tal y como lo ordenan los artículos 1 y 74 de la Ley de Construcciones, Ley N.° 833 del 02/11/1949 (para adentrar más, puede verse el dictamen C-006-88 de la PGR). Es conocido de todos que para llevar a cabo una obra de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse la misma con licencia municipal. Sin embargo, también es de todos reprochado que esto no siempre es así. El artículo 87 de la Ley de Construcciones sostiene que las municipalidades ejercen la vigilancia sobre las obras que se ejecuten en el cantón, de tal forma que de constatarse una infracción al amparo de lo previsto en el artículo 89 ibidem, se aplicará el debido procedimiento contemplado en los artículos 90 al 96 del mismo cuerpo legal. En resumen, si la persona construye sin llevar a cabo el proceso de permiso o licencia municipal o construye una obra diferente al permiso autorizado, debe aplicarse el ‘debido proceso’ contemplado. Este debido proceso, debemos empezar diciendo, es bastante permisivo para el usuario y paralelamente complejo para los contralores urbanos. Una vez que el inspector municipal detecta una construcción sin

permiso, inmediatamente procede a la clausura de la obra con los sellos municipales, notificándole al infractor que tiene 30 días hábiles para ponerse a derecho. Sin embargo, en la realidad, durante estos 30 días, el infractor ‘rompe los sellos’, sigue la obra y, en muchos, casos la termina, dejando como única opción coercitiva -si la notificación se llevó a cabo al titular de la finca- elevar el caso al Ministerio Público por el delito de desacato a la autoridad administrativa, entrando dicho asunto a la eterna lista de casos a investigar por parte del fiscal de turno asignado. Siguiendo en la trinchera administrativa y pasados esos 30 días hábiles, la ley regula un plazo de renuencia, donde se le otorgan de 5 a 15 días hábiles más al infractor para que ponga su situación en regla. Este último plazo irracional y desproporcionado es la antesala para el desalojo y el derribo de la obra ilegal, siendo este último la sanción material por la infracción edilicia. El derribo o demolición de la obra es la odisea para muchas de las municipalidades del país, siendo que no materializan la sanción a la infracción urbana con el derribo respectivo. Desconocimiento, temor y, a veces, hasta desidia en la aplicación de la normativa, provoca que muchas obras ilegales sigan estando de pie, mofándose de la

institucionalidad del país y provocando en el inconsciente colectivo un reproche y una desconfianza del “¿por qué a algunas personas se les aplica aberrantemente la ley y por qué a otras se les trata como privilegiados ciudadanos de la antigua Roma?”. Una vez agotado el procedimiento previsto en los artículos 93 y siguientes de la Ley de Construcciones y resueltos los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten y firme el acto de sanción, en el supuesto de que se haya establecido como medida sancionatoria la demolición, la misma debe ser ejecutada por la propia municipalidad, garantizando los derechos fundamentales de los munícipes: seguridad, salubridad, propiedad y libertad (en este sentido, puede verse el dictamen C-390-2007 de la PGR). Corolario. El legislador, con bisturí fino, debe pensar en una nueva ley de construcciones que contemple la fotografía actual de nuestras ciudades, de sus ciudadanos y sus instituciones. Por otro lado, las municipalidades, de conformidad con el poder de ‘policía urbano’ que el ordenamiento jurídico les otorga, deben necesariamente demoler cuando sea lo legalmente procedente, esto con el fin de crear una advertencia en la psiquis de sus habitantes.

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Energía distribuida: ¿posibilidad de negocio en bienes raíces?

M.C. Juan Carlos Pizarro Corrales

jcpizarro@aglegal.com Ilustración: Marc Ramírez

Mucha es la literatura que nos explica las ventajas de la GD (generación distribuida) desde diversas ópticas. Sin embargo, hasta el momento, el mayor interés es el económico, que se condensa en dos preguntas: ¿cuánto cuesta? y ¿cuánto se ahorra? Por eso, debemos ir más allá y comprender que a partir de la conceptualización de un proyecto de energía, se produce un ‘big bang’ empresarial a su alrededor, cuya onda expansiva alcanza a empresas y profesionales de diferente naturaleza, incluyendo la correduría de bienes raíces y transacciones inmobiliarias. Y es que una de las ventajas de la GD es la participación de un gran número de pequeñas y medianas empresas locales de diverso giro comercial, incluyendo precisamente ese, el inmobiliario. A esto se le llama encadenamiento.

En el campo inmobiliario, se están uniendo cada vez más bancos y compañías constructoras a través de alianzas que amplían su actividad a una que no les es tan familiar: la ecológica. Ejemplo de ello es que los bancos recién están creando ‘líneas verdes’ de crédito para la adquisición e instalación de paneles solares en industrias y viviendas. Así pues, me gustaría referirme a dos aspectos fundamentales respecto a este mercado -en auge en los últimos años-. Básicamente, a las alianzas tripartitas y lo que tiene que ver con la construcción. Alianzas tripartitas Desde el punto de vista financiero, los dueños del proyecto de energía tradicional deben de idear la forma en cómo convencer a bancos nacionales o extranjeros para el financiamiento, el porcentaje destinado a deuda, el porcentaje de ‘equity’, garantías, calendario de pagos, intereses, etc. También,


hay que incluir un componente importante en lo referente a la adquisición o aseguramiento de terrenos para el proyecto y negociar el contrato EPC (del inglés ‘engineering, procurement and construction’), que conlleva otros actores adicionales. Un proyecto de GD sería similar. Siempre pienso en el ejemplo de una empresa urbanizadora que tiene un proyecto habitacional para el cual requerirá financiamiento. A la fecha, la tendencia es instalar paneles solares después de que la casa es entregada a los dueños y es por iniciativa de ellos y no de la empresa constructora que eso sucede. De manera que el proyecto que exponemos puede tener el valor agregado de ya entregar las viviendas con el sistema de generación de energía para autoconsumo. ¿Cómo se compone la alianza? Lógicamente, lo primero es contar con un acuerdo por escrito en donde se detallen los derechos y obligaciones de las partes, pero más allá de eso, lo importante es la interacción entre las partes dirigida a un objetivo: la construcción de un proyecto habitacional con la sustentabilidad como valor agregado. El banco, como entidad financiera, pondrá a disposición de los compradores los fondos necesarios para adquirir la casa, incluyendo los paneles solares (o cualquier otro sistema de autogeneración). ¿Cuáles son sus beneficios? Que el proyecto entero se promociona

como ecoamigable, en donde el comprador no solo estará contribuyendo con el medio ambiente al utilizar durante parte del día energía que la propia casa produce, sino que el comprador tiene la ventaja de que el precio del sistema de autogeneración ya está dentro del precio final. Si el banco ajusta la tasa de interés y el plazo para el pago de la deuda, el impacto en la cuota mensual no será muy significativo. Asimismo, el banco obtendría una mayor seguridad de la que tiene hoy en día porque el sistema que financia junto con el inmueble estaría cubierto por la hipoteca. ¿Qué debe estar contemplado en el contrato de alianza? Dependerá de las necesidades y objetivos de cada una de las partes y las contingencias que usualmente afectan a cada una. Sin embargo, si las partes promocionan el proyecto como uno cuyo valor agregado es la sustentabilidad, existe una contingencia desde el punto de vista de derechos del consumidor: que el sistema no funcione como debe y surjan reclamos por venta de un bien defectuoso. Una forma de reducir el riesgo es que en el contrato que la constructora firme con el adquirente (opción de compra o compraventa) deben quedar muy bien establecidas las características del sistema, su capacidad, qué puede y qué no puede hacer, limitaciones, instrucciones de uso, obligaciones de no hacer por parte del

adquirente (por ejemplo, no tratar de darle mantenimiento o repararlo por su cuenta), etc. ¿Y con condominios ya construidos? En el caso de los condominios verticales, el uso de paneles solares acarrearía dos inconvenientes: en las unidades habitacionales que van desde el primer nivel hasta el penúltimo piso no hay un techo donde colocar paneles y la azotea podría no ser apta para colocar el sistema autogenerador. En México, este problema lo resolvió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un contrato en el que un grupo de casas o departamentos destinaron una superficie de sus áreas comunes para instalar un sistema fotovoltaico e inyectaron electricidad a la red. Antes, los condóminos acordaron cómo sería la repartición de energía, que se consignó en el contrato con la CFE que firmaron todos los participantes. Posteriormente, el condominio instaló los páneles solares con una conexión a la red eléctrica y un medidor de salida que cuenta la energía entregada. El tema no se agota. El país apenas da sus primeros pasos en GD, pero con los ejemplos planteados, vemos que es posible lograr encadenamientos de empresas, empezando desde un concepto de sostenibilidad, abarcando actividades económicas de diversa naturaleza, desde la financiera hasta el comercio de bienes raíces. Al final, generaremos la riqueza y empleo que el país requiere.

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Perfiles criminológicos y prevención del delito (Parte I)

Lcda. Alejandra Portuguez Abogada Ilustración: Shutterstock

El delito existe desde tiempos antiguos. Está presente en libros religiosos, conminados con castigos, y en mitologías, dando beneficio y autorización a seres supremos. Pero ninguno de los castigos era prevenido (o más aún, el perpetrador del delito) a una medida preventiva y, mucho menos, curativa.

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Cesare Lombroso (1835-1909), considerado como el padre de la criminología, estudió al delincuente por estigmas físicos y somáticos basado en factores orgánicos. Distinguió rasgos que él distinguió del “ladrón” del “homicida habitual” y del “delincuente en general”. También,

estudió taras y se adentró en estudios sociales, hábitos y costumbres del delincuente nato. Progresivamente, los agrupó en delincuente nato, loco moral, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente pasional y delincuente ocasional. Todos estos tipos definidos por Lombroso tenían


sintomatologías diferentes desde la infancia (y más allá, incluso, hasta el atavismo), como morbo y epilepsia (factores antropobiológicos que predisponían a los sujetos al crimen). Sin embargo, Lombroso, después de su teoría antropobiológica, se interesó por el trasfondo cultural del crimen, dando énfasis al comportamiento delictivo. Esto llevó, por un lado, a Enrico Ferri (1856-1929) a un garantismo individual -que cuida celosamente al individuo frente al Ius Puniendi- y a un estudio de la criminalidad como un factor social y, por otro lado, a Raffaele Garofalo (1852-1934) hacia otro camino: la pena de muerte. Ambos aportaron sendas bases a la criminología moderna. Orientado a la modernidad, el doctor James Brussel fue el pionero en la perfilación criminal, con el perfil basado en un caso llamado ‘Bombardero de Nueva York’. Brussel pudo analizar asertivamente a un sujeto que durante muchos años había puesto bombas explosivas en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Esto conllevó el estudio de la grafoscopía del delincuente y la aplicación del método científico, hasta lograr su captura. En el momento de su detención, el ‘Bombardero de Nueva York’ vestía exactamente igual a como Brussel lo había descrito. Posteriormente, el FBI (del inglés Federal Bureau of

Investigation) retomó la estrategia deductiva de Brussel y se creó el Departamento de Ciencias del Comportamiento. De allí que diversos departamentos de policía a nivel mundial iniciaran sus teorías para la aplicación de perfiles criminales en casos estratégicos, utilizando estadísticas y ubicación geográfica. Más aún: se adentraron en la llamada ‘psicología criminal’, que dio lugar al ‘análisis de las evidencias del comportamiento’. Los países europeos adoptaron una nueva técnica para la elaboración de perfiles de agresores desconocidos, llamada V.E.R.A. Su desarrollador, Juan Enrique Soto Castro, basó su método en los principios de investigación policial, psicología y su experiencia personal. Ahora bien, sabemos actualmente que la conducta del delincuente se basa en su desarrollo psicosocial y, también, se ve inmerso en factores genéticos (que mantiene una predisposición a cometer delitos) y en el ambiente que lo rodea. Esto es la llamada teoría de la subcultura, donde el sujeto desarrolla la conducta delictiva de acuerdo con lo que capta a su alrededor (películas de guerra, tiras cómicas, etc.), aunado al círculo social donde se desenvuelve. Todo esto nos lleva a preguntar: ¿el delincuente nace o se hace? y ¿cómo prevenimos el delito a nivel del perfil

criminológico? Si bien es cierto que dicho perfil hace que los departamentos policiales logren identificar al posible autor de la conducta delictiva y esto es un gran avance para dichos departamentos, erradicar el delito, disminuirlo, supone una utopía para los operadores del derecho, psicólogos, policías y el resto de aparatos estatales que se encuentran en este segmento. Si la política criminal de cada Gobierno, no solamente del nuestro, es disminuir la delincuencia, debemos dar un gran paso al nivel de los valores, y que estos individuos con la predisposición genética o en estados de riesgo social que según las estadísticas y estudios criminológicos están ahí, se vean permeados por ellos. Es importante anotar que, todavía, no se ha logrado prevenir el delito con base en los perfiles criminales. Se busca un nuevo cambio en las políticas criminales, uno donde cada Gobierno trabaje fehacientemente para disminuir la esquematización del individuo (y, más todavía, si el delincuente se encuentra conminado a una pena privativa de libertad), y uno donde el derecho penal se vea concatenado a la criminología para poder preservar un Estado de verdadera convivencia social. No está lejos de ser una realidad, pero se necesitan esfuerzos conjuntos con todos los aparatos estatales para lograr tal cometido.

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La privacidad en un entorno digital

Juan Manuel Campos Abogado especialista Ilustraciรณn: Shutterstock

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Casi sin percibirlo y producto de la cuarta revolución industrial, nos estamos moviendo en un entorno cada vez más digitalizado. No somos conscientes de esto, pero lo cierto es que estamos dejando un rastro digital que transfiere a la nube nuestro comportamiento, nuestros gustos, aficiones, tendencias de compra, lugares que visitamos, cantidad de dinero que gastamos, trabajos, deseos, obsesiones, sensibilidades íntimas y detalles tan insignificantes, pero reveladores, de cómo construimos nuestras ideas para exponerlas, cuál es la lógica de nuestros argumentos, cómo redactamos, qué ortografía tenemos, cuál es nuestro bagaje, exponiendo total y absolutamente nuestra privacidad en bits. Así como en el pasado se desarrollaron formas de comunicación que nos permitieron el acceso al entretenimiento, la educación, la salud y el trabajo, irremediablemente, hoy, hemos desarrollado otra, una con una huella digital que nos delata. Y es que en cada acceso a un sitio electrónico vamos dejando pedacitos de

nuestra personalidad que corresponden a un rastro digital puesto al azar y que está siendo recolectado en una forma imperceptible para nosotros. Haga usted mismo un ejercicio sencillo: revise su entorno digital en su casa, en su oficina, en su carro, en el autobús o al aire libre, si quiere, y se dará cuenta de que tan solo con que cargue un teléfono celular conectado a Internet, su rastro digital será enviado a la nube mediante bits que suben, ya sea como un acto querido por usted al enviar un mensaje o una foto o al hacer una llamada o, bien, porque simplemente tiene encendido el posicionamiento global de su móvil inteligente.

En el territorio de ‘Gran Hermano’

Como si estuviéramos recreando la novela 1984 de George Orwell, hoy, tenemos un ‘Gran Hermano’ que nos está viendo, nos está observando, está guardando nuestra información… y tiene la posibilidad de venderla: el recurso más valioso de la actualidad son los datos. Hace tan solo unos días en una conferencia, José María

Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica S.A., advertía “que los datos pueden desbancar al petróleo como el ‘recurso más valioso’”, y sentenciaba que “su valor estratégico dependería del buen uso que las empresas pudieren darles”.

Legislación costarricense

Es verdad que nuestra legislación se ha alineado con lo mejor de la normativa internacional en el sentido de que nos garantiza, en el principio de la autodeterminación informativa, que cierta clase de datos no puedan ser utilizados sin nuestro consentimiento expreso, pero también es una realidad que la protección territorial que contamos no alcanza para protegernos en el tratamiento de esos datos en forma transfronteriza y se hace imprescindible la incorporación de la protección de datos en instrumentos internacionales. Al margen de que esto ocurra, debemos de tener consciencia de que si deseamos ganar privacidad, tenemos que apagarnos digitalmente.

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La seguridad privada y el acuerdo 2016-132-MSP Tania Molina Rojas

Licenciada en Ciencias Criminológicas, diplomada en Investigación Criminal y miembro de ASIS International Ilustración: Shutterstock

Históricamente, en Costa Rica, los servicios de seguridad privada se han brindado con armas de fuego sin un estudio técnico de un experto en el área que justifique las razones por las cuales el sitio o los bienes a proteger exigen la utilización de las mismas. Los criterios utilizados, en la mayoría de los casos, obedecen a las exigencias del cliente, a pedidos de personas sin conocimientos técnicos, guiados solo por su percepción de que las armas son elementos disuasivos que imponen respeto y, de alguna forma, evitan que se cometan delitos en contra de la gente o del patrimonio. Desde 2015, un grupo de poco

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más de 190 profesionales de seguridad del ámbito público y privado, incentivado por ASIS Capítulo 271 Costa Rica (ASIS International es una organización de profesionales en seguridad a nivel mundial), se ha unido para alzar la voz y proponer mayor regulación. Y es que la historia da cuenta de los incidentes ocurridos debido no solo a la mala manipulación de las armas, sino, al robo de ellas, donde lamentablemente, en ocasiones, hasta se ha privado de la vida al oficial. Pero, además, por otro lado, existen otros problemas, como la irresponsabilidad de los empresarios en cuanto al resguardo, mantenimiento y trazabilidad de las armas y

la falta de capacitación de los oficiales, los cuales, en el mejor de los casos, son llevados a entrenamiento en polígono solo una vez al año. Los datos estadísticos de la Dirección General de Armamento y de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), al 31 de mayo de 2016, son alarmantes, ya que registran un total de 30 mil 292 armas de fuego inscritas a nombre de las empresas de seguridad privada de las cuales siete mil 70 presentan alguna particularidad irregular ya que pertenecen a empresas que no se ubican en los lugares que se fijaron para prestar


sus servicios en principio, se disolvieron, o bien, quedaron funcionando al margen de la ley, desconociéndose el destino y el uso que se le está dando a esas armas de fuego, con el consiguiente peligro para la ciudadanía. Esto se aúna a los registros del Organismo de Investigación Judicial proporcionados por la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), que indican que en el período comprendido entre 2010 y 2015, se registró el robo (o hurto) de mil 664 armas de fuego, y que de enero a mayo de 2016, las empresas de seguridad presentaron 77 denuncias por robo o hurto de armas que mantenían en su poder. Así las cosas, es evidente que existe un gran número de armas de fuego compradas por empresas de seguridad formalmente constituidas que, hoy, se encuentran en el mercado negro, en manos de delincuentes y, por esto, se debe regular con mayor rigidez la tenencia de armas en los servicios de seguridad. Ante esto, el Ministerio de Seguridad, en su acuerdo 2016-132-MSP, ordenó que las personas físicas y jurídicas interesadas en continuar con los servicios armados de seguridad deben presentar un estudio técnico realizado por criminólogos o expertos en seguridad acreditados ante la Dirección de Servicios

de Seguridad Privados, para lo cual nombraron una subcomisión que desarrolló una herramienta y un manual de uso. Se requiere que el MSP atienda las recomendaciones de los evaluadores de riesgo certificados que han puesto en práctica la herramienta y que con gran preocupación observan las limitantes absolutas del proceso. Y es que, efectivamente, se ve con muy buenos ojos el acuerdo, sin embargo, sería irresponsable desarmar casi al 100% de los oficiales de seguridad del país, cuando en realidad lo que se requiere es, entre otras cosas, mayor seguimiento al empresario en cuanto a la administración, mantenimiento y trazabilidad de las armas, así como a lo que se refiere a la exigencia en la formación y entrenamiento del personal. En efecto, el estudio debe ser técnico y justificado, ya que con el planteamiento vigente, el criterio del profesional no se refleja en el resultado, ya que depende de una ecuación sistemática que castiga varios aspectos, entre esos, el trabajo de las empresas de seguridad y el trabajo del oficial como elemento disuasivo que, a lo largo del tiempo, han restado a la labor preventiva del delito y, por ende, los sitios evaluados no tendrían eventos internos que sumen en la valoración. Es innegable que el fondo del

acuerdo es trascendental para el país y que son múltiples las razones por las cuales el Ministerio de Seguridad Pública, como ente rector, debe mejorar los mecanismos de control para el uso de armas de fuego en los servicios privados de seguridad. No obstante, es un tema que requiere de la participación activa de los profesionales que aplican la herramienta y conocen los detalles relevantes para el análisis integral de cada puesto, ya que existen particularidades en cuanto a ubicación geográfica, riesgo potencial, incidencia criminal, activos a proteger y características políticoreligiosas, que implican, necesariamente, resultados diferentes, únicos, según sea el caso. No es una operación matemática: implica un análisis integral del riesgo. Por último, es importante aclarar que la situación actual del país en términos del tráfico de armas no es responsabilidad de la industria de seguridad. También, se debe saber que el narcotráfico y el crimen transnacional tienen sus propios proveedores y que, además, el Estado ha sido víctima de robo y hurto de armas que, a la fecha, están en manos equivocadas. Eso sí, las iniciativas para controlar las armas son una cuestión integral con responsabilidad primaria del Estado.

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Principios rectores del proceso constituyente Alex Solís F.

Abogado Ilustración: Marc Ramírez

Nos llegó el turno de definir un distinto rumbo para el país. En septiembre de 2016, un grupo de ciudadanos gestionó la realización de un referéndum ante el Tribunal Supremo de Elecciones con el propósito de convocar una Asamblea Constituyente. La idea que anima a este grupo es la de construir una nueva Costa Rica mediante la promulgación de una nueva Constitución que nos permita vivir mejor a todos los que habitamos este pedazo de tierra tan hermoso que Dios nos regaló. Sabemos que la nación no va bien


y que, cual tripulación indignada y atemorizada, vamos en un barco a la deriva en medio de un inmenso y tempestuoso mar en el que el capitán poco puede hacer porque las velas están rotas y ya no queda combustible. ¿Qué vamos a hacer como individuos y como sociedad? Esa es la pregunta que aflora ante esa crítica situación. Las alternativas están claras: podemos ignorar la gravedad de las cosas, continuar hablando de miedo y seguir apelando a la teoría de la conspiración, siguiendo estancados en el presente sin visualizar un mejor futuro, o podemos dar un golpe de timón y poner a Costa Rica a pensar, a soñar en grande y a caminar con paso firme y rumbo claro. Los costarricenses tenemos que trabajar por un futuro mejor. ¡Nadie lo va a hacer por nosotros! El costo de no hacer nada es muy alto. Decir que no estamos preparados o apelar al miedo no son argumentos válidos para no hacer nada; eso sería capitular antes de buscar una solución. Dejemos a un lado la aversión al riesgo y al cambio y, más bien, dispongámonos a trabajar juntos en la construcción de un país mejor para todos. La vida consiste en asumir la responsabilidad de decidir lo que vamos a hacer. La vida no es una cosa hecha ni tiene una trayectoria predeterminada como un cometa. Tampoco es un producto. La vida es proceso, es camino, es tarea por hacer.

De igual manera, el sistema democrático constitucional es una forma de vida que consiste en un rehacerse constantemente. Empero, para que ese cambio ocurra, se requiere que todos nos apropiemos plenamente del poder soberano que nos garantiza la democracia como arquitectos y constructores de nuestro propio destino. Así pues, el proceso constituyente que se ha puesto en marcha abre las puertas para que todos participemos en la construcción de la Costa Rica del futuro. Sin constituir una solución mágica para todos los problemas, sí logra abrir un gran espacio para recuperar inteligentemente el diálogo sobre temas nacionales y participación política, tan venidos a menos en los últimos años. Semejante proceso de deliberación ciudadana y pedagogía constitucional nos permitirán no solo conversar sobre la nueva normativa constitucional, sino también, transformar la cultura política y orientarla hacia la búsqueda de una sociedad más solidaria, un modelo de Estado que propicie el desarrollo equilibrado de todas las regiones del país y un sistema político más eficiente y responsable. El proceso constituyente está planeado para que, de forma gradual, se vayan cumpliendo una serie de etapas con el fin de que la gente tenga suficiente tiempo de informarse, conocer

y participar creativamente en la construcción de esa renovada Costa Rica. Resumidamente, estas etapas son las citadas a continuación: • La solicitud ciudadana al Tribunal Supremo de Elecciones para que el pueblo, mediante un referéndum, convoque o no una Asamblea Constituyente. • La recolección de 162 mil 522 firmas equivalentes al 5% por ciento del padrón electoral. • La realización del referéndum, mediante el cual la ciudadanía decidirá la convocatoria de la Asamblea Constituyente. • La convocatoria de las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente el primer domingo de marzo de 2019. • La elección de los 61 miembros de la Asamblea Constituyente el primer domingo de julio de 2019. • La instalación de la Asamblea Constituyente el 7 de noviembre de 2019, la cual sesionará por un máximo de 15 meses. • La ratificación de la nueva Constitución por parte del pueblo, mediante un nuevo referéndum, el tercer domingo de julio de 2021. • Y, por último, la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política el 15 de septiembre de 2021, el mismo día en que celebraremos los 200 años de vida independiente. Este proceso se inspira en las mejores tradiciones del ser costarricense, en nuestra

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identidad común, esa que nos permite vernos, entendernos y sentirnos como ‘un gran nosotros’ en medio de la diversidad. En consecuencia, se puede decir que el proceso constituyente implica lo siguiente: • Es popular. El proceso constituyente arranca, se desarrolla y concluye con la decisión del pueblo, su principal protagonista. • Es participativo. El proceso constituyente es participativo porque el pueblo participa directamente en la toma de las decisiones más importantes: con su voto se decide la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la nueva Constitución. • Es inclusivo, igualitario y no discriminatorio. El proceso constituyente permite participar a todas las personas que lo deseen, de forma inclusiva, igualitaria y sin discriminaciones de ninguna naturaleza. • Es pluralista. El proceso constituyente es pluralista porque se consideran todos los puntos de vista. • Es trabajo en equipo. El proceso constituyente requiere del trabajo en equipo, del trabajo colectivo, del trabajo de todos para lograr la meta común de convocar la Asamblea Constituyente, promulgar una nueva Constitución y construir una nueva Costa Rica. • Es pausado. El proceso constituyente responde a un programa que se extenderá por

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cinco años, desde el año 2016 hasta el 15 de septiembre de 2021. Tiempo suficiente para que la gente pueda informarse y participar creativamente emitiendo su opinión y haciendo propuestas. • Es transparente. El proceso constituyente está concebido para garantizar la mayor transparencia y publicidad de todos los actos que se vayan produciendo. Para ello, se establecen canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de comunicación entre la gente, en aras de incentivar la máxima participación, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados. • Es seguro. Desde el plano jurídico, el proceso constituyente es seguro. La ciudadanía conoce las reglas del juego que regulan el proceso constituyente desde el principio (2016) hasta su final (2021), lo que le permitirá saber a qué atenerse y cómo participar. Este principio de seguridad brinda certeza jurídica, por eso los argumentos falaces basados en miedos, riesgos y cajas de pandora pierden validez alrededor de la constituyente. • Es pacífico. El proceso constituyente se produce en época de paz que es, sin duda, el mejor momento para repensar el país y promulgar una nueva Constitución. Lo más inconveniente para una nación es tener que revisar su normativa constitucional y su sistema de vida después de una guerra civil

o de un golpe de Estado, cuando imperan los rencores y pasiones que se generan entre ganadores y perdedores. • Es democrático. Por todo lo anterior, el proceso constituyente es democrático, pero, ante todo, significa valoración personal, oportunidad para que todas las personas -en condiciones de igualdad y responsabilidad individual- participen dándole vida a aquella máxima que concibe la democracia como ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’. Como se puede concluir, el proceso constituyente que el pueblo ha puesto en marcha con el aval del Tribunal Supremo de Elecciones apela al sentido más profundo de la democracia: al gobierno de la gente que habita este país, a la acción colectiva y comunitaria mediante la cual las personas deciden ejercer la democracia directa sin intermediarios de ninguna naturaleza. Esto requiere -exige- que cada uno de los ciudadanos se disponga a marcar una diferencia, entendiendo que todos tenemos la responsabilidad de evaluar lo que existe y de decidir cómo queremos que sea el futuro. La Constitución Política no es una ley eterna, y los pueblos, en virtud del principio democrático, tienen siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar sus reglas de convivencia. Tal es la estimulante tarea que tenemos por delante.


LA TECNOLOGÍA COMO FACILITADORA DE DERECHOS HUMANOS En el libro Human Rights and Technology, se hace visible cómo, en un mundo ávido del consumo de nuevas tecnologías, se hace cada vez más importante incorporar la perspectiva de los derechos humanos en ese campo: su concepción y usos desde el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Su editora, Mariateresa Garrido, nos comentó sobre casos de estudio en diferentes partes del orbe y sobre la importancia de que ambos, tecnología y derechos humanos, vayan siempre de la mano Por: Cindy Regidor

Los avances tecnológicos, hoy en día y a simple vista, facilitan la vida de las personas. Sin embargo, a pesar de que vivimos en una sociedad que, en una considerable proporción, tiene acceso a múltiples dispositivos e instrumentos que dan respuesta a un sinnúmero de necesidades de la vida diaria, también es cierto que se trata de una sociedad en la cual los derechos humanos, inclusive los más básicos, no están garantizados para la totalidad de los ciudadanos de todas partes del mundo. La abogada y candidata

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doctoral en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, Mariateresa Garrido, se dio a la tarea de editar un libro que recopila una serie de artículos académicos de diversos lugares del orbe que explora y destaca la estrecha relación entre la tecnología y los derechos humanos. El libro Human Rights and Technology: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Derechos humanos y tecnología: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible) se centra en cómo la importancia de la tecnología en el siglo 21 ha incrementado y que, por lo tanto, se hace necesario evaluar su potencial para contribuir positivamente a la promoción de la tolerancia, la existencia pacífica y la protección de los derechos humanos. Se destaca, además, que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promovida por las Naciones Unidas es un plan global que, en sus 17 objetivos, presenta la tecnología como crucial para la implementación de dicha agenda. La idea de esta publicación es promover la discusión y la investigación sobre este aspecto. Con autores y casos de estudio de diferentes partes del planeta, “el punto en común es la tecnología

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como algo necesario, como instrumento para ejercer los derechos humanos”, nos dijo Garrido, quien amplió: “Desde la perspectiva del derecho del desarrollo, sin acceso a tecnologías en general -no solo de tecnologías de la información y de la comunicación-, países en situaciones económicas vulnerables no pueden desarrollarse, no pueden mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, por ende, los derechos humanos no pueden ser enteramente protegidos”. En la publicación se encuentran ejemplos desde México hasta Venezuela, ejemplos de cómo las sociedades usan redes y plataformas digitales “para crear comunidades y atender problemas sociales usualmente desatendidos que la gente conoce, para amplificar voces y, así, darles solución a los problemas que encuentran”, y ejemplos de cómo se usa la tecnología para potabilizar el agua y garantizar el derecho al agua, al saneamiento y a la equidad de género en Nepal. La participación del sector privado en esta dinámica de derechos humanos y tecnología, asimismo, es explorada en la obra. “En la medida en que la tecnología avanza, es más dependiente de capitales privados, de desarrolladores (por

ejemplo, de tecnologías de comunicación e información). Normalmente, quienes se encargan de desarrollar no tienen formación en derechos humanos o no tienen esa sensibilidad social”, un señalamiento clave en la importancia de esta discusión. Uno de los artículos apunta a “cómo los desarrolladores web deben usar criterios de derechos humanos en sus políticas. Se hizo un análisis de las normativas existentes (al respecto) y de cómo el sector privado debería de seguirlas. El tema del sector privado es importante en el Internet de las Cosas, la data que se recopila y cómo eso afecta el diseño de ciudades, de medios de transporte, etc., especialmente cuando no se sabe qué hacen los privados con esa información, cómo la manejan, cómo esas decisiones van a influir en nuestras vidas y, por ende, en nuestros derechos humanos”, alertó. Acerca de la interacción de los Estados y Gobiernos con las tecnologías, Garrido advirtió que existen ejemplos positivos y negativos al respecto, tanto en el caso de países que usan plataformas de envíos masivos de mensajes de texto para alertar e informar a la población sobre fenómenos naturales y posibles catástrofes, como


de otras naciones donde, bajo el criterio de ‘seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo’, se coarta el derecho a la privacidad de las personas. El estudio y seguimiento de la relación entre derechos humanos y tecnología que Garrido realizó deja como reflexión que el desarrollo de la tecnología repercute de modo disparejo en cada una de las sociedades. “Se sabe que, en la medida en que la población tiene más acceso a Internet, se pueden mejorar las condiciones de vida en general, porque no solo se trata del derecho a la libertad de expresión y la información, sino también, a la educación, a la cultura. Se mejora una cantidad de derechos con solo poder acceder a la información”. Pero también, indicó que hay casos en que se prioriza la utilización de los datos de los usuarios con el principal propósito de comercializar, de vender productos, de vigilar o regular el comportamiento de las personas en línea y fuera ella. Finalmente, para Garrido es importante la participación de la ciudadanía, tanto en iniciativas propias para el cumplimiento y la denuncia de la violación de derechos humanos, como siendo protagonista clave

en la conversación sobre el mejoramiento de las tecnologías, puesto que las demandas y necesidades de los usuarios son escuchadas por los desarrolladores. El mayor reto es la creación y vigencia de marcos e instrumentos jurídicos al respecto. El meollo del asunto es, de acuerdo con la editora, que los Estados están imposibilitados de trabajar al ritmo y velocidad con que se mueven los avances tecnológicos. Es por ello que destaca que las

mesas de trabajo deben estar conformadas por la sociedad civil, el sector privado y el Estado, para que laboren juntos y constantemente en la creación de directrices y lineamientos. Lo imperante es que los derechos humanos sean vistos como prioridad en toda discusión que implique cambios y avances tecnológicos y que estos últimos “cumplan ciertos criterios, como el de trabajar en conjunto por algo que nos sirva a todos”, concluyó.

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Homenaje a Rubén Hernández Valle:

un legado en defensa de la Constitución M.C. Nancy Hernández L.

Magistrada de la Sala Constitucional Fotografía: Cortesía

El pasado 27 de abril, en la sede del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la academia costarricense rindió un sentido y merecido homenaje al doctor Rubén Hernández Valle como uno de los juristas más relevantes de la historia del derecho constitucional en nuestro país. En el acto, participaron varios de los constitucionalistas más reconocidos de Iberoamérica y tuve el honor de asistir entre sus exalumnas invitadas. Para muchos de nosotros, la sociedad costarricense tiene en don Rubén uno de sus ciudadanos más pródigos en la defensa de la libertad y del fortalecimiento del Estado de derecho. Con más de 200 libros publicados y una cantidad incontable de artículos y conferencias y más de 40 años en la docencia, es difícil referirse

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a su obra sin dejar muchos aportes sin mencionar, pero vale la pena resaltar dos de los más significativos: ser el arquitecto de una revolución pacífica y su aporte al diálogo constitucional. Arquitecto de una revolución pacífica ¿De qué? De pasar de una Constitución muerta a una con fuerza normativa. Todos sabemos que una democracia constitucional requiere entre sus elementos esenciales una Constitución con fuerza normativa. En palabras de don Rodolfo Piza Escalante (q.e.p.d.), los derechos valen en tanto y en cuanto se puedan hacer valer, lo demás es papel. Lo que el país tenía antes de la creación de la actual jurisdicción constitucional eran palabras vacías, una Constitución muerta, sin dientes y, por lo tanto, no

existía un verdadero contrapeso en el juego de poderes. Don Rubén participó activamente en el diseño del sistema constitucional actual y estoy totalmente convencida de que si no se hubiera dado ese cambio, hoy, no seríamos una democracia. La creación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en la que participó junto a otros distinguidos juristas no podía venir en un momento histórico más oportuno porque el país entraría en los años subsiguientes - por razones que no cabe profundizar aquí- en una crisis política y social que ha tenido en la Sala Constitucional una válvula de escape, un equilibrio de la democracia para garantía de la paz social. Podemos discutir muchas cosas de la Sala Constitucional, si es muy activista, si más bien se queda corta, pero nadie puede negar que ha sido factor clave para la estabilidad de nuestra democracia. Para muestra, lo que pasa en Venezuela y otras latitudes no hubiera sido posible con un Tribunal Constitucional fuerte e independiente. Asimismo, la historia tiene lecciones claras de la ausencia de contrapesos al ejercicio del poder y, tal vez, el ejemplo más claro es el régimen de la Alemania nacionalsocialista. Si los jueces hubieran hecho su trabajo, el Holocausto, quizás, se habría evitado. Poderes Judiciales débiles son la receta perfecta para escenarios de convulsión social, democracias ‘light’ y todo tipo de atrocidades.


Su aporte al diálogo constitucional Melvin Urofsky, distinguido jurista estadounidense, dijo que las sociedades democráticas requieren, para fortaleza de su Constitución Política, un diálogo constitucional permanente que no puede darse solo de las cortes hacia abajo, sino que ese diálogo debe construirse por el conjunto de todos los poderes del Estado, la academia, la sociedad civil e, inclusive, los votos salvados. En esa misma línea de pensamiento, el juez Samuel Hand, en su libro El Espíritu de la libertad, escrito en 1960, señaló: “Nuestra Constitución no es ni podrá ser defendida solo por un grupo de jueces. La libertad descansa en el corazón de hombres y mujeres; cuando muere allí, ninguna Constitución, ninguna ley, ninguna corte la puede salvar; mientras esté allí, en el corazón del pueblo, no necesita ni de jueces ni de nadie que la salve”. Se trata, en resumen, de hacer valer ese concepto de ‘cultura constitucional’ que encontramos ahora reiterada en prácticamente todos los trabajos doctrinarios o en el concepto de legitimidad que bien nos ilustró en su momento Gregorio Peces-Barba; porque, en efecto, tanto la libertad como la Constitución que la resguarda no descansan únicamente en los jueces que la hacen cumplir, sino en todos los ciudadanos. Y la obra de Don Rubén es el testimonio claro de tales convicciones y de que la Constitución y la

libertad que resguarda deben residir primero en el corazón de las personas. Sus enseñanzas y acciones demuestran la profunda creencia de que la vigencia de la Constitución depende de que cada uno de nosotros la exija y viva como suya, con la convicción de que los principios, valores y normas en ella contenidos son la esencia de todos los ciudadanos, pasados y presentes. En ese esfuerzo, se preocupó por llevar obra didáctica que sirviera tanto a estudiosos del derecho constitucional como al público en general (en este último caso, con la Constitución Política anotada, obra recientemente publicada y dedicada al público en general). Y esto último lo heredó probablemente de su padre, que hizo el histórico esfuerzo de preservar las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente para resguardar la filosofía de los constituyentes para el acceso del común de las personas y estudiosos del derecho. Don Rubén Hernández es, sin duda, el jurista constitucional que más ha contribuido a ese imprescindible al diálogo constitucional con su profusa producción doctrinaria y con su protagonismo en todas las áreas relevantes de la discusión del derecho constitucional: la academia, la judicatura, el ejercicio profesional y hasta en su función de colaborador del parlamento en la redacción de las normas constitucionales y textos legales que conformarían la reforma a

la jurisdicción constitucional. Podríamos decir que si los países tuvieran alma, la Constitución sería la esencia de lo que somos y en lo que creemos. Y en lo más profundo de esa alma del ser costarricense, está la huella de don Rubén, un aporte invaluable al país que en buena hora se lo reconoce por medio de la academia. Vivimos un ardiente y permanente debate sobre la Constitución, la libertad y los derechos fundamentales. El terreno de la Constitución se ha vuelto tan pasional como racional, pero hace tan solo dos décadas, la Constitución era una materia de segunda categoría en las aulas universitarias y su aplicación dependía prácticamente de la buena voluntad de los gobernantes de turno. Pero don Rubén, don Luis Paulino Mora, don Rodolfo Piza E., don Eduardo Ortiz y otros grandes juristas resucitaron la Constitución y le devolvieron su fuerza normativa, su vitalidad, para garantía de nuestro Estado de derecho. Don Rubén, con su testimonio de vida, nos enseñó que tenemos que vivir la Constitución en todos sus ámbitos, para asegurarnos que nunca muera y que brille, no porque una sentencia nos obligue, sino porque estamos comprometidos con ella, por convicción democrática. La huella de profesores como don Rubén es inspiración diaria para los que seguimos aprendiendo, y aprendiendo de él, llamándonos, orgullosamente, sus alumnos.

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desde el colegio

La integración de los tratados en materia ambiental al ordenamiento jurídico costarricense Lic. Miguel Ángel Ortiz Hidalgo

Abogado especialista en derecho público y doctor en derecho ambiental Ilustración: Shutterstock

En términos generales, los tratados se pueden incorporar a nuestro ordenamiento jurídico mediante la suscripción y ratificación de los mismos, actividad propia de los órganos competentes: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, procedimiento que habrá de seguir todo instrumento de orden internacional en materia de medio ambiente. Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, solicitar la aprobación y ratificación de los tratados, y a la Asamblea Legislativa le

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toca aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos o concordatos. Para que un tratado en materia ambiental pueda ser tramitado como tal, debe haber sido suscrito por el Estado costarricense y otro u otros estados que tengan la calidad de sujetos de derecho internacional y que su representaciónapoderamiento- se conforme con el ordenamiento constitucional de cada país, carácter que debe certificar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En cuanto a la Asamblea Legislativa, se requerirá de dos

tercios de los votos del total de sus miembros. Una vez celebrados y concluidos por las partes, se tramitan por el procedimiento parlamentario de la ley, pero con algunas disposiciones de carácter excepcional como lo es la consulta de constitucionalidad una vez aprobados en primer debate Por efecto de la consulta de constitucionalidad, algunas veces, es necesario adicionar al proyecto algunas declaraciones interpretativas de las disposiciones que tienen carácter internacional para adecuarlas al ordenamiento


interno, tanto constitucionales como legales, cuando estas últimas sean objeto de desarrollo de la norma fundamental, que en ningún caso pueden contravenir (Ramírez, 1998). Hay que acotar que, al tenor del citado artículo 7º constitucional, los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente convocada al efecto. En este punto de la integración de los tratados públicos, convenios internacionales y sus protocolos y los concordatos, incluyendo los de contenido ambiental, se transforman en leyes toda vez que la citada norma constitucional (art. 7º) les otorga ese carácter al establecer expresamente que una vez que son debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán, desde su promulgación o desde el día en que ellos designen, autoridad superior a las leyes. Estos instrumentos internacionales ya integrados al ordenamiento jurídico costarricense son aplicados junto con sus principios objetivos y postulados contenidos en ellos. Existe abundancia de tratados ratificados y vigentes en Costa Rica en materia ambiental, sin

embargo, muchos de los más recientes que se consideran de trascendental importancia se encuentran pendientes de ser incorporados al derecho positivo interno mediante el formato de la ley. A modo de ejemplo, la Declaración de Río+20, suscrita y ratificada por Costa Rica en que en la parte dispositiva relativa a la participación amplia y efectiva de las poblaciones y comunidades en la conservación, desarrollo y uso sostenibles de los recursos en las áreas silvestres protegidas, aún, está por reconocerse como un derecho ambiental de participación y, sobre todo, como un presupuesto de justicia, equidad y combate a la pobreza de las poblaciones de las áreas aledañas. Entre los convenios multilaterales más conocidos y vigentes en materia ambiental en nuestro país, se pueden citar los originados de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como Cumbre de Río 92, como son el Convenio Sobre la Biodiversidad Biológica, la Convención Marco Sobre el Cambio Climático y su subsecuente Acuerdo de París de 2015 (como conjunto de medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero). Otros instrumentos de suma importancia para el país son la Convención Relativa a los Humedales de Importancia

Internacional (Convenio de Ramsar), la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y el Convenio Sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias. Además, existe un grupo considerable de acuerdos regionales y bilaterales, tales como el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (Siapaz), la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, el Acuerdo Sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines entre Costa Rica y Estados Unidos de América, la Convención Sobre la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar, entre muchos otros ratificados y vigentes. Ello resulta coincidente con el criterio de que la gran cantidad de convenciones en las que se busca la protección de los recursos naturales y el medio ambiente en general deben utilizarse para integrar la legislación interna y dilucidar, incluso jurisdiccionalmente, los problemas relacionados con la protección ambiental, toda vez que los instrumentos internacionales que los contienen, incluso los no ratificados, permiten soluciones regionales o mundiales a tales problemas (Salazar, et al., 2001).

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viajes

‘CDMX’: una realidad

fascinante para el turista

Ciudad de México es una ciudad que siempre impresiona independientemente de cuántas veces se visite. Cada rincón esconde una gran historia por descubrir y, en medio del encanto de su población, el colorido de su arquitectura y la delicia de su comida tradicional, se convierte en uno de los destinos predilectos de Latinoamérica. Por Alejandro Ramírez, periodista de viajes Fotos: Shutterstock y cortesía.

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En la página derecha: El Zócalo se mantiene como uno de los principales puntos de visita por los turistas. La plaza reúne a miles de personas todos los días. En esta página: El majestuoso Palacio de Bellas Artes, un referente cultural de la ciudad. El edificio alberga el Museo de Arte de la ciudad.

Una ciudad puede dar a sus visitantes una percepción muy diferente de la realidad vivida por sus habitantes, tal es el caso de la Ciudad de México, muy bien posicionada internacionalmente con las letras ‘CDMX’. Mientras la nación libra una lucha política con su país vecino al norte, enfrenta una ola de violencia relacionada con las drogas y el gobierno es cuestionado por el supuesto espionaje a activistas de derechos humanos y reporteros, el turista puede realizar una visita a esta maravillosa y gigantesca urbe (de cerca de 10 millones de personas) y estar ajeno a las circunstancias antes mencionadas. La decisión más importante para disfrutar del Distrito Federal,

como también se le conoce, es viajar sin prejuicios. Desde Costa Rica, hay múltiples vuelos directos y conexiones, lo que facilita encontrar un itinerario conveniente para cada necesidad. El aumento de oferta ha beneficiado el turismo, debido a que, en años recientes, las tarifas aéreas se han mantenido regularmente por debajo de los 300 dólares y, en algunas temporadas, por mucho menos de ese precio. La devaluación del peso es un ejemplo de la realidad que golpea a los mexicanos, pero que beneficia a los visitantes. Las tarifas de hospedaje, transporte y alimentación siguen siendo muy competitivas en comparación con otras ciudades turísticas de Estados Unidos, por ejemplo. Y

guardando las diferencias propias del desarrollo del país anglosajón, ‘CDMX’ no tiene nada que envidiarle a Nueva York. Los rascacielos y la moderna arquitectura ‘conviven’ con el legado de la arquitectura de épocas anteriores que se han conservado para poder apreciar una perfecta armonía entre las edificaciones construidas con siglos de diferencia. Como en casi toda ciudad, un aspecto del que no se escapan locales ni visitantes es del caos vial, pero, a fin de cuentas, la mayor parte de las veces, el encanto de este tipo de lugares es recorrerlos a pie. Una excelente opción para hacer el recorrido es también con el autobús turístico, que

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El Ángel de la Independencia es un ícono de la ciudad.

hace varias rutas con las que se puede llegar a lugares de interés un poco alejados como la Basílica de Guadalupe por menos de 10 dólares estadounidenses. La ventaja de hacer este recorrido al principio de la visita es que da una perspectiva general de distancias y ubicación, para volver, luego, a

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los sitios más interesantes para cada paseante. El servicio es brindado por dos compañías diferentes, con una tarifa y rutas muy similares. Esta opción ha ido ganando terreno frente al servicio de metro, preferido por los habitantes de la ciudad, pero cada vez más evitado por turistas debido a los tumultos,

principalmente en las llamadas ‘horas pico’. El centro histórico conecta con otras calles y avenidas famosas, como el Paseo de La Reforma, en un recorrido en el que se aprecian joyas arquitectónicas como el Palacio de Bellas Artes, y modernos edificios comerciales, como el centro comercial Reforma 222. Para tener una clara vista de esta zona y apreciarla desde una vista privilegiada, la mejor opción es visitar el Monumento a La revolución, que se encuentra a pocos pasos de ambos sitios y se ha habilitado como un mirador que se recorre internamente con un ascenso inicial en un elevador de cristal, y un descenso a través de angostas escalinatas internas. La experiencia y la vista son invaluables, y solo tienen un precio de alrededor de 10 dólares estadounidenses. La oferta cultural, conciertos, obras de teatro y otros espectáculos obligan nuevamente a la odiosa comparación con el Broadway de Nueva York. Y es casi un aspecto ignorado por el turista inexperto. Y para hablar de su riqueza culinaria, bien se puede necesitar escribir un libro completo. Pero esa amplia gama de variedad empieza, sin duda, por las ventas callejeras de alimentos y, por supuesto, por la base de muchos de sus platillos: el maíz.


‘CDMX’ sobresale también en la tolerancia a la diversidad sexual, con una sociedad con una apertura mental solo comparable en Latinoamérica con Buenos Aires, en Argentina. No solamente porque el país aprobó el matrimonio igualitario, sino porque en una sociedad patriarcal por excelencia, no deja de sorprender el nivel de apertura al que, en algunos años, tendrán, por evolución, que llegar todas las ciudades del mundo. Está de más mencionar la amabilidad de los mexicanos y la conciencia que tienen respecto a que el buen servicio y la amabilidad (que es más bien un asunto cultural) son parte esencial de su atractivo como destino turístico. No hay una mejor época para visitar ‘CDMX’, solo hay temporadas diferentes. Empero, las fiestas patrias del mes de septiembre muestran una faceta de nacionalismo e identidad nacional casi únicos en el mundo. Belleza arquitectónica, gran herencia cultural, riqueza culinaria, precios muy competitivos… Es una pena que las malas noticias ‘vendan’ más que las buenas. Deje los prejuicios que alguna información pueda haberle dejado y viva una experiencia única como trotamundos en la impresionante ‘CDMX’.

El Monumento a la Revolución, y una visita a su interior es una magnífica opción cultural y de entretenimiento en CDMX.

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Un concepto bien cimentado de encadenamiento productivo llega hasta la cocina de una bella casa con una historia de 76 años de antigüedad en Barrio La California, donde el valor agregado se mezcla con una gastronomía simple y seductora bajo el ambiente intelectual y algo bohemio de Manos en la Masa Por Mariana Sáenz Mora Fotos: Cortesía


Desde alguna zona del restaurante es posible apreciar al chef en la cocina. No parece ser un elemento a propósito, sino una disposición del destino. Se le mira amasando y preparando en una bandeja la mezcla para lo que se convertirá, luego de unos minutos en el horno, en un delicioso pan artesanal. Salones amplios y un patio trasero con mesitas son solo parte de los elementos que caracterizan el ambiente de Manos en la Masa. Y de su gastronomía resalta el que todos los ingredientes que se utilizan en la cocina tengan una fuerte política de trazabilidad: se compran solo a productores con prácticas realmente orgánicas, de fincas que los propios socios del restaurante visitan para asegurar los procesos productivos y de haciendas que, conjuntamente, tengan una incidencia positiva en las familias de los comerciantes. El resultado no puede ser otro que un sabor cargado de minimalismo exquisito, con una frescura de sus platillos que está siempre presente. Consumo inteligente de deliciosas pizzas con su masa preparada en el sitio y al momento, ensaladas con ingredientes y hortalizas tan frescos como los del huerto, hamburguesas artesanales y emparedados forman parte de la carta. Además, los refrescos pueden ser naturales o bebidas gasificadas de producción

nacional bajo los mismos estándares. Pero dentro de sus atractivos culinarios más poderosos no podemos dejar de mencionar la variedad de panes preparados en casa, con la delicadeza de procesos de masa con autolisis. Esto consiste en que las harinas, una vez hidratadas, se dejan en reposo y el propio proceso de fermentación descompone las moléculas del gluten, obteniendo panes más amigables para la digestión. Entre los panes estrella para disfrutar en el día a día, se recomienda el multigrano, y para los días relajados como el fin de semana, el pan de cerveza negra con semillas:

uno de los favoritos de los comensales habituales. El menú brinda opciones para todos los gustos y tiene una oferta muy integral para los veganos y los vegetarianos, además de platillos especiales adaptados a dietas de lactancia. Y durante toda la semana se puede degustar el plato ejecutivo completo con el mismo enfoque natural y poco procesado, así como el delicioso brunch, disponible, incluso, sábados y domingos. Manos en la Masa brinda, asimismo, servicios corporativos para reuniones, lo que definitivamente aportará un tono casual y cómodo para las distintas negociaciones.

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social

arte conjunto

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Las artistas costarricenses Etiza Mejía y Etzia Granera, presentaron su exposición conjunta de pintura y fotografía respectivamente en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, en San José. Bajo el nombre ‘Fragmentos’ esta exposición está cargada de luz y movimiento a través de las diferentes manifestaciones artísticas.

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1. Las anfitrionas: Etzia Granera y Etzia Mejía. 2. Karla Jaimes y Yamileth Granera 3. Danilo Granera y Etzia Granera. 4. Leda Marenco, Etzia Mejía, Elliette Ramírez, Marta Chaves e Ivannia Marenco. Fotografías: Cortesía

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Firma JULIO  
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