Marcos Ibazeta Marino
con visos de persecución ciega. No solamente se ha sometido a proceso judicial a un enorme número de militares que participaron en la lucha contra los terroristas, sino que los sucesivos gobiernos han casi demolido a nuestras instituciones tutelares. Por su parte, ya gran número de terroristas condenados han salido en libertad al haber cumplido sus condenas, y otros muchos están siendo liberados mediante la concesión de beneficios penitenciarios. Nadie sabe si se están activando nuevamente las llamadas ‘escuelas populares’, aunque existen evidencias de que estas han vuelto a organizarse al interior de las prisiones, lo cual revela que el senderismo ha retornado a la etapa de adoctrinamiento y captación de adeptos en las ciudades. Mientras no se estructure una organización urbana muy fuerte, su presencia armada en ciertas zonas geográficas del interior del país tendrá una acción focalizada, buscando alianzas con la población y el narcotráfico, a fin de eliminar de sus reductos cualquier presencia de las fuerzas del orden. Terrible sería que no se empiece a desarticular cualquier aparato urbano, pues si el senderismo logra enlazar sus bolsones de violencia en las zonas rurales focalizadas, con su organización urbana, con un comando móvil y único, que no quepa duda que podríamos volver a vivir otra vez una nueva etapa siniestra de violencia. 4. La Sala Nacional para Casos de Terrorismo A inicios de 1999 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema me encomendó la presidencia de esta Sala. Estaba integrada por cinco o seis vocales superiores de Lima y por todos los vocales superiores que conformaban las Salas Penales para Juzgamiento de Reos en Cárcel de todo el Perú. Esto permitía que pudiesen formarse tribunales de juzgamiento público de presuntos terroristas con desplazamiento de la Sala así formada a cualquier punto del país, inclusive a pueblos alejados de las sedes de Corte. Se daban varias situaciones, principalmente el temor de magistrados de la zona en la que se debía juzgar a los acusados de terrorismo, motivo por el cual se hacían coordinaciones para que la conformación de la Sala respectiva fuera hecha con magistrados de otros lugares del país, cargando con el mayor peso los Vocales de Lima. El otro problema era la oportuna coordinación con las autoridades penitenciarias para saber en qué centros de reclusión se hallaban los implicados en cada caso para mantener la unidad de juzgamiento y criterios de razonabilidad.
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