Legislación/Incidencia política

En 2022, se aprobaron dos leyes españolas que se diseñaron teniendo en cuenta las áreas rurales: la Ley de Startups y la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado. Desde REDR valoramos de manera muy positiva todos los avances que se están dando en materia de legislación para crear herramientas de control y evaluación de las políticas públicas, especialmente en lo relativo a aquellas medidas que tengan un efecto directo o indirecto sobre las áreas rurales. Por ello, llevamos varios años insistiendo en la necesidad de aplicar el rural proofing o mecanismo rural de garantía, un instrumento que sirva para evaluar y analizar si el Gobierno y las Administraciones tienen en cuenta la dimensión rural a la hora de legislar. Desde REDR consideramos que el trabajo de incidencia e interlocución con los diferentes estamentos gubernamentales ha sido correspondido, y creemos que estas leyes pueden representar un gran paso para que el rural proofing se convierta en una realidad permanente, permitiendo así que todas las leyes consideren - en el momento de redactarse y aplicarse- la realidad del medio rural, la despoblación y el reto demográfico como indicadores transversales. Esto se suma al impulso al rural proofing a nivel europeo, ya que uno de los resultados del Pacto Rural fue precisamente el compromiso por parte de la Comisión Europea para instar a todos los Estados Miembros a aplicar el rural proofing en sus países.

A nivel regional, han sido varias CCAA las que han recogido el testigo y han apostado de manera decidida por una verdadera revisión legislativa que tenga en cuenta al medio rural y la despoblación e incorpore el Mecanismo de Garantía Rural. Así, se han aprobado la Ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla-La Mancha; la Ley de Reto Demográfico de Extremadura; la Agenda Rural de Cataluña