Nº 9 Revista Digital de la REI en GESTIÓN PÚBLICA

Gestión Pública Red de Expertos Iberoamericanos en

Comité de Redacción

Sumario

DORA ARMONIA BONARDO Redactora Jefa de la REI en Gestión Pública. Profesora-Investigadora del Dpto. de Administración Pública en el Centro Universitario Regional, Zona Atlántica, Universidad Nacional del Comahue. Río Negro. Argentina

EDITORIAL

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ENTREVISTA Raquel Agazzi Sarasola Directora de la Escuela Nacional de Administración Pública. Uruguay

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FIRMAS INVITADAS Foro de Experto REI CEDDET: Modernización de las Administraciones Públicas Coordinado por Patricio A. Oportus Romero

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CARMEN GONZÁLEZ SERRANO Coordinadora Institucional de la REI en Gestión Pública.

Consejera Técnica del Departamento de Relaciones Internacionales, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

España.

FABIANA GUTIÉRREZ GARCÍA Coordinadora Temática Latinoamericana de la REI en Gestión Pública.

Consultora Senior en Gestión del Cambio.

Capacitadora en Gestión Humana en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). Oficina Nacional del Servicio Civil. Presidencia de la República.

Uruguay.

Fundación CEDDET YOLANDA DEMETRIO Coordinadora de la REI en Gestión Pública MARIA SANZ Gerente. Programa “Redes de Expertos”

Foro de Experto: Mecanismos e instancias de participación ciudadana para el desarrollo local Coordinado por José Andrés Herrera Rey

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NUESTRAS EXPERIENCIAS Costa Rica El deber de probidad como un instrumento en la lucha contra la corrupción Jennifer Isabel Arroyo Chacón 20

Bollivia La Sinergia para la Sostenibilidad: Integrando asuntos de Medio Ambiente, Desarrollo, Gestión Pública y Sociedad Civil. Un Caso de Estudio Boliviano Miriam Mónica Montellano Ponce de León 25 Roberto Ingemar Salvatierra Zapata ACTIVIDADES DE LA REI EN GESTIÓN PÚBLICA

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redes@ceddet.org

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

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Acceso a la REI

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ISSN: 1989-6670 La REI en Gestión Pública y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distintos artículos.

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Gestión Pública Número 9. 2º Semestre de 2011

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Editorial

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a presentación de este número de la Revista Digital de la REI en Gestión Pública encuentra a los Estados y sus Administraciones transitando momentos difíciles en todo el mundo. Tanto en la llamada eurozona como en Latinoamérica los gobiernos están implementando políticas de ajuste que impactan no sólo en la sociedad civil sino también en la propia estructura administrativa del Estado. Nuevamente los esfuerzos se centran en encontrar salidas a una crisis internacional que doblega las estrategias y recetas históricamente aplicadas. Así es que, sumados al desafío de sostener y mejorar nuestras administraciones, instituciones como INAP-CEDDET continúan apostando a la calificación del personal público a través de las múltiples actividades que anualmente ofrecen.

En esta nueva edición se reciben los aportes de expertos, funcionarios y gestores representantes de administraciones públicas nacionales y subnacionales que, con su amplia experiencia y denodado compromiso, participan de la mejora diaria de sus organizaciones.

La primera sección nos acerca al diálogo mantenido con Raquel Agazzi Sarasola, directora de la Escuela Nacional de Administración Pública del Uruguay. En él se destaca la importancia que tiene la formación online, el aporte que

Instituciones como la Fundación Ceddet realizan a la formación de funcionarios públicos iberoamericanos y los programas y expectativas que la ENAP se propone para los próximos años.

En la sección “Firmas Invitadas” nos encontramos con los resultados de dos Foros desarrollados en el segundo semestre en las Redes de Expertos Iberoamericanas. El coordinado por el Lic. José Andrés Herrera Rey (Costa Rica) sobre “Mecanismos e instancias de participación ciudadana para el desarrollo local” y el coordinado por Patricio A. Oportus Romero (Chile) referido a la “Modernización de las Administraciones Públicas”.

En “Nuestras Experiencias” se presenta, por un lado, un análisis realizado por Jennifer Arroyo Chacón respecto de la legislación que sobre probidad y lucha contra la corrupción se aplica en Costa Rica. Por otro, Miriam Mónica Montellano Ponce de León y Roberto Ingemar Salvatierra Zapata desarrollan un estudio de caso sobre la “Fundación Pro Habitat-Programa de Control de Chagas en Bolivia”. Ambos trabajos muestran la necesaria convergencia de buenas prácticas y de ética pública para lograr sinergia entre la sociedad civil y el Estado.

Por último, se presentan las “Actividades de la REI” realizadas en el segundo semestre del año

2011, como así también información valiosa respecto de eventos a realizarse en 2012 y publicaciones de consulta imprescindible para nuestra actualización profesional.

Quiero destacar mi profundo agradecimiento a todos los participantes de este número y en especial, al Equipo Técnico de Coordinación de la Fundación CEDDET-INAP con quienes trabajé en la elaboración de ésta y en la anterior Revista Digital. Por compartir el aprendizaje, entendiéndolo como herramienta y sendero, me permito expresar que, desde mi experiencia como gestora y profesora-investigadora universitaria en Gestión de Recursos Humanos del sector público, mejorar el funcionamiento del Estado requiere de conocimientos y prácticas donde la ciencia y la empiria se unan para revelar nuevos caminos para la gestión pública. El conocimiento sin la experiencia es vacío; la experiencia sin el conocimiento es ciega. Sin embargo, en estos de días de incertidumbre para nuestros países y administraciones, grandes dosis de sentido común, ética, esfuerzo y sensibilidad también se necesitarán para lograrlo. Hasta pronto.

DORA ARMONÍA BONARDO REDACTORA JEFA

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Entrevista

Raquel Agazzi Sarasola Directora de la Escuela Nacional de Administración Pública. Uruguay

¿Qué balance haría usted sobre el papel de la Fundación CEDDET en las necesidades de formación de las Administraciones Públicas de los países Iberoamericanos? ¿Han detectado mejoras o avances sustantivos a través de la implementación de la formación online?

Como pregunta inicial resulta muy interesante dado que tiene más de una forma de ser encarada. Obviamente que no voy a desarrollar la rica historia de la Fundación desde su génesis hasta el momento actual. Tengo la convicción que hay un antes y un después de la Fundación que sobre su andar se transformó en un verdadero nodo de capacitación ineludible. A la hora de plantearnos la actualización en los diferentes temas que hacen a la Administración Pública, desde la gestión pública hasta la gestión del conocimiento, la Fundación proporciona un abanico de posibilidades. La actualización permanente de su oferta es un claro ejemplo de la visión que tiene sobre el rol de la capacitación. Queda demostrado que detrás existe una planificación con perspectiva y en sintonía con el camino que deben transitar las Administraciones Públicas Iberoamericanas a la hora de su transformación. Entiendo que la capacitación es una de las claves importantes en todo proceso de cambio.

Lo primero que quiero expresar sobre la formación online es que ha llegado para quedarse por muchos años, hasta tanto el desarrollo tecnológico nos sorprenda con otras modalidades. El hecho más relevante y sustantivo lo sintetizo en la posibilidad de intercambiar tanto conocimientos como experiencias acercando a los participantes más remotos a nuestras realidades. Este intercambio genera una riqueza que resulta altamente significativa en el momento de conformar los grupos de trabajo. ¿Qué importancia concede la Escuela Nacional de Administración Pública a la generación de una red temática de expertos? ¿Cómo cree que puede influir su desarrollo en el trabajo de los profesionales de nuestras instituciones latinoamericanas? ¿Cuáles son las principales razones que llevan a la Escuela Nacio-

ENTREVISTA: Raquel Agazzi Sarasola

nal de Administración Pública a apoyar una red virtual de estas características?

Con la irrupción de las TICs tanto en la generación como en la difusión del conocimiento es impensable concebir líneas de capacitación que abarquen todo el conocimiento. Las redes temáticas permiten focalizar y profundizar en aquellos temas en que estamos trabajando tanto por la profesión como por el lugar que ocupamos en la estructura de la organización a la que pertenecemos. Así como el conocimiento enciclopédico está en vías de extinción y el crecimiento de la espiral del conocimiento se mide de hora en hora, se hace necesario contar con redes especializadas que permitan dirigir los intereses en capacitación.

Como todo proceso tiene cara y contra cara. La especialización rigurosa puede tener un efecto nocivo dado que existe la posibilidad de perder de vista el todo de la organización pero nos brinda la posibilidad de conformar equipos interdisciplinarios con un enriquecimiento invalorable tanto para los recursos humanos como para las Administraciones.

La ENAP no puede dejar de apoyar esta modalidad de capacitación. Tenemos el convencimiento que posibilita la integración con otros países permitiendo el intercambio de experiencias con el convencimiento que si los servidores públicos se capacitan se están jerarquizando ellos y se fortalecen las instituciones ¿Cuál es su opinión acerca del lanzamiento y funcionamiento de la REI en Gestión Pública? ¿Cuáles son las próximas actividades que usted considera pertinente que desarrollara la REI en Gestión Pública para sus miembros?

La REI en Gestión Pública resulta una contribución muy importante como complemento al trabajo de las distintas profesiones públicas. El intercambio contribuye a aprender unos de otros. La difusión de experiencias y el compartir prácticas, son instrumentos fundamentales para mejorar el servicio público.

Es un foro de Recursos Humanos y Administración Pública que nos permite visualizar con claridad que

las experiencias de las diferentes realidades tienen más en común de lo que realmente nos imaginamos.

Los países de América Latina están fuertemente preocupados por la inclusión social y por lo tanto destinan recursos a las políticas públicas. La evaluación de las mismas quizás sea unos de las actividades que la REI podría tener en agenda a desarrollar.

Pensando a mediano plazo, ¿en qué le gustaría que se convirtiera la Escuela Nacional de Administración Pública en cinco años?

La respuesta es corta, sencilla pero clara y ambiciosa: en el único referente imprescindible e ineludible de la capacitación de los funcionarios públicos en el Uruguay. Entiendo que es la manera de contribuir al fortalecimiento del Estado y de la democracia. En el quehacer diario también pienso en el desafío de convertirse en una Institución de referencia regional, dado que el camino que llevamos recorrido y lo que tenemos planificado recorrer nos permite trabajar en ello. ¿Cuáles son las líneas temáticas, en relación a la formación, más demandadas por las organizaciones públicas con las que trabaja la Escuela Nacional de Administración Pública?

La ENAP tiene una oferta de capacitación de elaboración conjunta con la Administración Central. Por un lado tenemos cursos de baja carga horaria que cubren desde la gestión humana, pasando por la informática, la toma de decisiones,

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la planificación estratégica, el taller del documento, la atención a la ciudadanía. Muchos de estos cursos los realizamos en modalidad e-learning.

También desarrollamos dos Programas importantes: uno de ellos es el Programa de Dirección Pública con una carga horaria de 400 horas que incluye un taller de integración a la práctica profesional dirigido a funcionarios con cargos de dirección en la Administración Pública. El otro Programa importante es el Diploma de Gestión Humana con una carga horaria similar al anterior, dirigido a los funcionarios que se desempeñan en el Área de Gestión de las Personas. ¿Cuáles son las temáticas en las que la Escuela Nacional de Administración Pública está trabajando actualmente con mayor énfasis?

El programa de Dirección Pública sin duda y el Diploma de Gestión Humana por la cantidad de funcionarios que involucra en la capacitación. ¿Cuáles son los proyectos que actualmente desarrolla la Escuela Nacional de Administración Pública en relación con América Latina? ¿Considera que es interesante compartir experiencias con otras instituciones homólogas en América Latina? ¿Cuál ha sido la experiencia de la Escuela Nacional de Administración Pública en este sentido?

En la programación académica 2010-2012 de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP) del CLAD, la ENAP, asumió la responsabilidad de organizar un Curso- Taller Internacional, presencial, sobre Evaluación de Políticas Públicas. Este año 2011 se organizó el Tercer Curso.

En el año 2012 debemos organizar un Curso virtual para Directivos Medios, el cuál está en etapa de organización.

Sin lugar a dudas es importante el compartir nuestras experiencias, ya que tenemos, con nuestros hermanos latinoamericanos, mucho más de lo que pensamos en común. El compartir las experiencias nos fortalece a todos y la búsqueda y los caminos de las soluciones nos integran cada vez más.

A través de los congresos del CLAD hemos encontrado una herramienta fabulosa para compartir en lo presencial, pero no es menor la posibilidad que nos ha dado los contactos de la formación online.

¿Cuáles son las principales herramientas que tiene la Escuela Nacional de Administración Pública para fortalecer sus relaciones con sus colegas de AL? ¿Qué carácter estratégico tiene para la Escuela Nacional de Administración Pública el fortalecimiento de dichas relaciones en un futuro inmediato?

Una de las herramientas es la política editorial: política que no es sólo de la ENAP sino de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Otra herramienta importante es la organización de Seminarios como el mencionado en la pregunta anterior. Los vínculos con los países de América Latina son muy buenos y nosotros tenemos una apreciable experiencia que nos permite plantearnos esta meta. Estamos así en consonancia con lo planteado por el Sr. Presidente de la República cuando habla de integración. La profundización de la democracia y la disminución de la desigualdad social son comunes a todos los países vecinos y debemos trabajarlo conjuntamente en todos los aspectos, la capacitación es uno de ellos. ¿Cuáles son los proyectos de la Escuela Nacional de Administración Pública para los próximos tres años?

1 Descentralizar la capacitación de los funcionarios públicos. Esto significa llegar con nuestra propuesta formativa al 100 % de los funcionarios de la Administración Central en todo el país. Hasta el momento los funcionarios radicados en el interior del país vienen a Montevideo, la capital de Uruguay, para recibir formación.

2 Trabajar incansablemente en la disminución de la brecha digital.

3 Consolidar la Unidad de e-learning. Dentro de la ENAP le damos mucha importancia, como dije anteriormente es una metodología que llegó para quedarse y tiene claras ventajas tanto para los funcionarios como para las instituciones a la hora de planificar la capacitación.

4 Reformular metodologías de enseñanza para los cursos presenciales e incorporar la modalidad blearning en algunos de los programas.

5 Consolidar vínculos con los países de la región.

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Foro de Experto

FIRMA INVITADA FORO DE EXPERTO REI CEDDET Del 5 al 16 de septiembre de 2011

Modernización de las Administraciones Públicas Coordinador: Patricio A. Oportus Romero Directivo Público Ex Subsecretario de Minería (S), Docente, investigador, consultor senior internacional.

República de Chile.

Número de participantes en el foro: 14 participantes, 8 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, República Dominicana, Uruguay.

DESCRIPCIÓN El Foro de Expertos “Modernización de las Administraciones Públicas” realizado en el Aula Virtual de la Fundación CEDDET, abordó las temáticas: a) El imperativo anhelo de Modernizar el Estado. b) Propuesta Reflexiva: Diseño de un Modelo de Excelencia siglo XXI. Se transcriben en primer lugar, las apreciaciones que el experto, Patricio Oportus, relata respecto del tema del Foro. En segundo lugar, se señalan las intervenciones que los foristas realizaron en el transcurso del mismo. Finalmente, se expresan conclusiones y recomendaciones.

EL OBJETIVO GENERAL DEL FORO FUE: • Reflexionar, entender y comprender la importancia estratégica de la Modernización de las Administraciones Públicas en la ERA del Conocimiento.

Los Objetivos Específicos fueron: • Comprender los cambios de paradigmas en las Organizaciones Públicas del Siglo XXI. • Proponer un Modelo de Excelencia para su Organización Pública.

• Discutir y analizar Buenas Prácticas, factibles de aplicar y/o replicar en la Institucionalidad Pública.

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Para llevar a cabo tales objetivos, se formularon las siguientes preguntas a los(as) participantes:

Tema 1 • ¿Todas las organizaciones públicas deben propiciar su Modernización?

• ¿Hay un cambio de roles en el Estado moderno?

• ¿Muchos intereses y variados actores, implican una real dificultad en los procesos de Modernización a diseñar y posteriormente implementar?

Tema 2 • El modelo propuesto, ¿es aplicable y replicable en cualquier espacio territorial?

• El Pacto Social o un Gran Acuerdo Societal, ¿es la punta de lanza en los procesos de Modernización del Estado?

RESUMEN La turbulencia, vertiginosidad, imprevisibilidad, virtualidad, cambio, flexibilidad laboral y complejidad caracterizan la era actual, dominada por la Nueva Economía; la cual está basada en el conocimiento y fuertemente respaldada por los progresos tecnológicos y los procesos de globalización económica. Se constata en consecuencia, que estamos insertos en un escenario GLOVICOM; es decir, global, virtual y complejo.

Las organizaciones públicas, no están ajenas ello, debido a la amplia gama de vaivenes de todo orden que han experimentado; con el firme propósito de proporcionar servicios de calidad y responder a las expectativas y exigencias de los(as) ciudadanos(as).

Foro de Experto

Naturalmente, esta situación ha impulsado la necesidad de seleccionar, capacitar y formar capital humano al interior de las reparticiones públicas, logrando de esta manera, reducir las notorias brechas, especialmente en el ámbito de las competencias para el desempeño de las funciones directivas, y liderar con éxito los novedosos desafíos, muchos de ellos de clase mundial.

La Modernización de las Administraciones Públicas, es una materia de trascendental importancia; dado a que el accionar de dichas empresas y servicios, repercute directamente en los(as) ciudadanos(as), quienes contribuyen con el pago de sus tributos, en gran medida a mejorar la calidad de vida de ellos(as) mismos(as). A través de la historia, se han desarrollado diversos modelos de gestión, que han sido concebidos o bien adaptados a las necesidades de cada entidad pública, para responder en los términos y grados de las crecientes exigencias, muchas de ellas movilizadas por la insatisfacción que los clientes, usuarios, beneficiarios y/o contribuyentes, quienes alzan sus voces reclamando acceder y en algunos casos consumir, precisamente donde estén garantizadas ciertas condiciones de calidad, competitividad, productividad, eficiencia, eficacia, efectividad, oportunidad y transparencia en la producción y posterior distribución de bienes y servicios que provee el Estado.

La utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC), sumada a las nuevas tendencias mundiales (NTM), de alguna manera, han inducido la

incorporación gradual y sostenida de reformas, muchas de ellas del tipo estructural, en la gestión de las administraciones públicas y por ende, han generado el nacimiento de nuevos estilos de gestión y liderazgo en la alta dirección pública, lo que a su vez ha permitido posicionar el accionar de los Estados desde una burocracia centrada en el movimiento de papeles y el control, las rigideces administrativas y la verticalidad en el mando a una administración que propicia la eficiencia en la toma de decisiones, la proactividad de su accionar, fluyendo hacia estructuras más horizontales y con una clara visión prospectiva del entorno y del negocio a nivel micro, meso, macro y meta.

Ciertamente, la realidad que hoy exhiben los países es muy disímil, teniendo como elementos diferenciadores no excluyentes de otros, por ejemplo, las velocidades de respuestas a las consultas formuladas por la ciudadanía, la transparencia en todo el accionar del aparato público y los crecientes procesos de inclusividad social.

PALABRAS CLAVE Conocimiento, modernización del Estado, modelos de gestión, globalización, competencias, tecnologías de la información y comunicación (TIC), gerencia pública.

EL IMPERATIVO ANHELO DE MODERNIZAR EL ESTADO La puesta en escena de nuevos estilos y formas de gestión alineados y articulados Estado-Sociedad, es decir, en sintonía fina con la era del conocimiento, en un

FIRMA INVITADA: Patricio A. Oportus Romero

escenario GLOVICOM (Global, Virtual y Complejo); así como contar con capital humano altamente competente (conocimientos, habilidades y actitudes) capaces de impulsar cambios de significativas connotaciones, son factores vitales y un imperativo estratégico a la hora de promover, diseñar e implementar la Modernización de las Administraciones Públicas en la era de la revolución del cambio.

La Modernización de las Administraciones Públicas, es básicamente poner el acento en la actualización de las diversas y múltiples reparticiones que posee el Estado en el territorio y por ende hacerlas trabajar de una manera más coherente y consistente a los tiempos que corren, a fin de cumplir satisfactoriamente con la misión, visión y valores en cuatro grandes perspectivas: • Generar plenas garantías del libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

• Prestar servicios básicos, acordes con las necesidades de los(as) usuarios(as).

• Crear las condiciones para el ordenado y expedito desempeño de las actividades privadas; con el norte de que puedan desarrollarse internamente y ser competitivas en el concierto internacional.

• Propiciar la adecuada calidad de vida para los(as) ciudadanos(as), en gran medida estimuladas por el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible en el espacio territorial.

En el mencionado contexto, la Modernización de las Administraciones Públicas, conlleva implícito

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Las autoridades de las instituciones y servicios públicos, deben estar dotadas de las capacidades, recursos y atribuciones necesarias para el ejercicio de su nuevo mandato

la necesidad de incorporar en el aparato público, nuevas capacidades y modalidades de trabajo, para poder continuar y profundizar su misión de ser garante del bien común. Pero además, y en esto radica el éxito, significa crear las condiciones para transformar los servicios y empresas públicas en organizaciones inteligentes, flexibles, capaces de aprender, y responder adecuadamente a los nuevos requerimientos que les formula la ciudadanía. Desde esta óptica, nace la necesidad de diseñar una propuesta de un modelo que logre interpretar de manera armónica un programa de cambio que transite desde un Estado Actual hacia un Estado Moderno legitimado por la sociedad y en activa frecuencia en la era del conocimiento.

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Existe la certeza de que esta orientación, plantea como condicionante para instaurar una novedosa forma de liderazgo, capaz de promover y consolidar los cambios que exige una administración pública moderna, al amparo de una gestión innovadora, participativa, eficiente y profesionalizada. En definitiva, las autoridades de las instituciones y servicios públicos, deben estar dotadas de las capacidades, recursos y atribuciones necesarias para el ejercicio de su nuevo mandato.

La superación de la extrema pobreza, objetivo central de un gobierno, no sólo supone la capacidad por parte del Estado de elevar sus actuales índices de crecimiento económico y mejorar sustantivamente los mecanismos de distribución de la riqueza a fin de lograr mayores niveles de equidad.

Implica también, el esfuerzo de aumentar la correspondencia entre las necesidades de los ciudadanos, en especial de los más desposeídos, y la oferta que en términos de políticas y programas sociales que mantiene el Estado.

PROPUESTA REFLEXIVA: DISEÑO DE UN MODELO DE EXCELENCIA Los procesos de modernización, influenciados en gran medida por las mega tendencias globales, constituyen sin lugar a dudas, un abanico de posibilidades que necesariamente obligan y por ende motivan a re-formular, re-inventar, re-idear, re-crear, reconstruir y re-soñar con una carpeta de proyectos y programas en materia de políticas públicas, tales como:

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• La reestructuración, fusión y/o eliminación de los servicios y/o empresas del Estado. La idea central es agregar Valor Público.

• La creación de un marco jurídico moderno o la adaptaciónflexibilización del mismo, para mejorar el desempeño integral de las organizaciones del Estado.

• La inversión en selección -Sistema de Alta Dirección Pública-, formación y capacitación del capital humano. Pilar fundamental y llave maestra, para propiciar el cambio y la generación del conocimiento.

• La urgente desburocratización de todos los actos, procesos y gestiones de tramitación pública generando con ello una adecuada valoración social de los servicios públicos mediante una concepción culturalmente distinta al brindar la mejor calidad de los mismos (acceso y uso intensivo de las TICs, aplicar tecnologías punta y contar con directivos(as) poli-funcionales y de elevados niveles de profesionalización).

• La creación e incorporación del cargo de gerente público, en las diversas reparticiones del Estado que no lo tengan y que ameriten disponer de él. Figura clave, en los diversos procesos de negociación e impulsor de los cambios institucionales.

• La constitución de alianzas y redes entre el sector públicoempresas privadas-casas de estudios superiores-sociedad civil; que permitan construir estrategias de largo plazo, generar las condiciones que

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favorecen la competitividad de las empresas y facilitar el emprendimiento, la investigación y la innovación.

La creación de “clúster” o encadenamientos productivos en el espacio territorial, para fortalecer la capacidad de la gestión, los negocios y el empleo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

La descentralización y desconcentración de todo orden de las empresas y servicios del Estado, lo que indudablemente favorece el desarrollo local, empodera los(as) gerentes sociales y beneficia a los(as) usuarios(as), al poder acceder de manera más expedita a los diversos instrumentos o herramientas que el Estado oferta en sus iniciativas sociales de inversión y gasto público, las cuales quedan reflejadas en los programas y proyectos.

La optimización de los mecanismos de participación e inclusión ciudadana en las diferentes instancias del accionar público logrando de esta manera la adecuada representatividad del conjunto e intereses de la población.

La promoción de la transparencia y rendición de las cuentas públicas y el presupuesto participativo.

La promoción y el fortalecimiento de la equidad, la cohesión y la justicia social.

La aplicación del marketing público, como una herramienta estratégica para atraer a los inversionistas locales y foráneos; así como también el desarrollo de la cultura, la protec-

ción y el estudio del patrimonio, el aprovechamiento de las oportunidades del entorno en variadas temáticas vinculadas al intercambio comercial y otros aspectos susceptibles de optimizar.

La pertinencia de llevar a la práctica un cambio de tales características requiere de un acuerdo político y pacto social, que transforme la Modernización de las Administraciones Públicas en una política de Estado, lo que viene condicionado por la madurez de la estructura social y por la capacidad de liderar el proceso por parte de actores que sean capaces de aglutinar esfuerzos y movilizar a la población hacia los objetivos del desarrollo.

Si se acepta como punto de partida que el progreso en materia económica, en gran medida, es la punta de lanza en el desarrollo integral del territorio las acciones que se pongan en marcha deberán tener igualmente un carácter pluridimensional que relacione tanto las iniciativas de los empresarios, trabajadores, académicos, organizaciones gremiales, sector político, juntas de vecinos, ONG y de las administraciones públicas, como de los demás agentes que intervienen en la dinámica nacional. En la formulación y ejecución de las políticas de desarrollo, cada uno de estos actores tiene un rol que condicionará de una u otra manera el resultado final de la actuación pública.

Sin embargo, la realidad que han vivido muchos países, demuestra que la transición de un modelo a otro no siempre es la más deseada o esperada. Es posi-

FIRMA INVITADA: Patricio A. Oportus Romero

ble que algunos de los desafíos planteados en el marco legal se puedan acelerar, mientras que los cambios asociados a las conductas o a los procesos de desarrollo institucional presenten serios rezagos. Tales desarmonías, podrían reducir las ventajas del modelo de modernización propuesto e incluso impedir el logro de los objetivos trazados (visión prospectiva).

El éxito del proceso de Modernización de las Administraciones Públicas, propuesto en este Modelo de Gestión Pública de Excelencia en contextos GLOVICOM, supone necesariamente un alineamiento, integración, trabajo en equipo e inclusivo y aprendizaje organizacional permanente.

Sólo de esta forma, se darán respuestas coherentes y consistentes en crecientes grados de satisfacción a los(as) usuarios(as).

Para comprender y reflexionar la lógica anteriormente señalada, se consideran claves como elementos facilitadores (propiciadores): el liderazgo, la existencia en cantidad y calidad de recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos, del conocimiento) y sentar las bases de un marco jurídico moderno. La intervención del entorno interno (endógeno-orgánica organizacional) y externo (exógeno-stakeholder), requiere necesariamente poseer una visión prospectiva, un empoderamiento de los directivos, profesionales, administrativos, técnicos y auxiliares de la orgánica pública, una responsabilidad social empresarial a toda prueba, una gestión con enfoque de calidad y crecientes niveles de innovación en la ges-

tión y los procesos (cadena del valor) y la aplicación de técnicas modernas de dirección global.

Lo anteriormente señalado, conlleva a lograr determinados productos, materializados en bienes y servicios demandados por la sociedad, que propicien la anhelada calidad de vida para todos(a) y contengan intrínsecamente un mayor valor agregado. La información, los estudios prospectivos, el análisis, la inteligencia para la gestión institucional, la reflexión y la toma de decisiones multivariables, son insumos imprescindibles y una condición necesaria y suficiente para lograr una retroalimentación en todo el sistema, es decir, al elemento facilitador, al entorno y a los productos.

La Modernización de las Empresas Públicas imperativamente debe aplicar un acertado marco (pensamiento) estratégico que oriente su accionar, expresado en su declaración de principios establecidos en la misión, visión y valores compartidos; que de mayores garantías y un real compromiso y convencimiento en el fortalecimiento y posterior entre-

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ga de bienes y servicios, el potenciamiento del desarrollo de las comunidades, la apertura a la nueva economía, la valoración del emprendimiento empresarial, el ejercicio de las libertades en el marco de los principios éticos y morales, etc.

El Modelo de Gestión Pública de Excelencia en contextos GLOVICOM, es una apuesta concreta y acertada política que se orienta (directriz) en objetivos centrales, cuya naturaleza específica son • Desarrollar el máximo esfuerzo en garantizar a los(as) usuarios(as) el suministro de un buen servicio a un costo eficiente y razonable.

• Soñar, idear, diseñar e implementar instrumentos que garanticen el acceso en los niveles adecuados, de cada uno de los programas y proyectos sociales ofertados por el Estado, con el fin de asegurar la cohesión social.

• Generar todas las instancias imaginables para la expedita participación de la sociedad organizada, propendiendo el planteamiento de las ideas y el

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trabajo de manera conjunta con la institucionalidad pública en proyectos que benefician a la ciudadanía y por ende mejoran la calidad de vida de las personas.

• Crear las condiciones para dimensionar y limitar la participación de los poderes públicos,favoreciendo en gran medida políticas concretas de descentralización y desconcentración, garantizando la estabilidad democrática e igualdad de condiciones para todos(as) los(as) ciudadanos(as).

• Disponer de capital humano de primer nivel y producir conocimientos apoyados en gran medida por la investigación aplicada, el desarrollo e innovación (I+D+I) y el emprendimiento de las personas y centros de formación superior.

Además, contar con un marco jurídico moderno, utilizar tecnologías de vanguardia y contar con la existencia de recursos necesarios y suficientes.

• Decidida voluntad política y alto consenso de la ciudadanía, es decir, la existencia de un proceso plenamente inclusivo.

Estos aspectos resultan ser sin lugar a dudas, los pilares fundamentales que dinamizan el mejoramiento continuo de la gestión pública, entendido ello en el más amplio sentido de la palabra.

La motivación societal, en la era del conocimiento, es construir y por ende poseer un Estado de clase mundial, es decir contar con un conjunto de empresas y servicios públicos de altísimo nivel, dadas las nuevas aspiraciones de

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la ciudadanía. En consecuencia, transitar de un Estado, cuyas organizaciones públicas estaban (están) constituidas por estructuras rígidas - verticalizadas- sustentadas en modelos del siglo XX, y que obviamente no permitían gestionar de manera efectiva y eficiente, para soñar en un Estado deseado, cuyo norte es la satisfacción de las máximas aspiraciones, anhelos y deseos de la ciudadanía.

Para avanzar a pasos decididos, en la modernización de las empresas públicas, en muchos casos, se requiere reformas institucionales que permitan fluir hacia la verdadera efectividad y eficiencia de su gestión. Lo anteriormente indicado, implica que una mejor gestión del Estado, se traduce en efectos directos en la equidad, en la superación de la pobreza y en la protección social.

Ciertamente, la modernización de las empresas públicas, es una tarea de todos(as) que tiende al infinito, es decir, es de carácter permanente. En esta línea, las luces proporcionadas por las evidencias operacionales (buenas prácticas) y las investigaciones de campo desarrolladas, sugieren la necesidad de disponer de un modelo de gestión que ayude en la manera de mejorar sus actuales grados de competitividad en el plano local, provincial, regional, nacional e internacional.

La decisión y energía que se le otorgue a estos elementos aquí formulados dependerá de la verdadera participación ciudadana y visión de PAÍS que tengamos asumida. La construcción de un Estado más moderno, es tarea de la máxima importancia nacional;

vista ésta desde el nivel sectorial, territorial, institucional y del entono internacional.

CONCLUSIONES Los conceptos claramente vertidos por el experto abren la discusión y permiten reflexionar y propiciar el diálogo entre gestores públicos de nuestra Red. En un período de dos semanas, catorce participantes de ocho países, se han dado cita en el FORO, para discutir, debatir, analizar, formular propuestas y reflexionar en torno a una materia de tremenda importancia y connotación como la relatada anteriormente. Sus implicaciones, según la opinión de los participantes, se detallan a continuación.

En el marco de los grandes acuerdos: El mayor consenso y solidez, concluido de manera unánime en el Foro, ha sido la importancia suprema y estratégica del (la) ciudadano(a), beneficiario(a), cliente(a), usuario(a) o como le denominemos. Esto queda claramente definido por los derechos y deberes que posee y por ende, el diseño, implementación e impactos que las políticas públicas, DEBEN estar necesaria e imperativamente orientadas a la ciudadanía.

Teniendo presente lo anteriormente señalado, en esa misma línea de consensos, se reitera de manera nítida la necesidad de avanzar en procesos de modernización del estado, de las reparticiones públicas y de los servicios y/o empresas ligadas y/o vinculadas a él (Estado). Esto se traduce, en la lógica de fluir desde un

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“Estado actual” a un “Estado ideal o deseado” que proporcione respuestas y soluciones en términos de calidad, cantidad, eficiencia, eficacia, efectividad y economía, de manera integral a los requerimientos, inquietudes y planteamientos que la ciudadanía propone.

Basado en las dos premisas indicadas de manera clara, es decir, el (la) ciudadano(a) y un Estado moderno, sintonizado con los tiempos actuales (la sociedad y su entorno) el paso siguiente es construir un gran pacto social, que represente a los sin voz, al territorio y al conjunto societal.

La gran mayoría de los(as) participantes, visualiza la importancia de disponer de un modelo de gestión que mejor interprete la realidad de cada territorio, su gente y su entorno, precisando que no existe un modelo exacto, absoluto, infalible y replicable en un cien por ciento.

En el contexto de los acuerdos parciales: El cómo transitamos de un escenario “real” a otro “ideal” y comprendemos de manera más adecuada los nuevos roles del Estado-Nación, ha sido objeto de una gran discusión por parte de los(as) participantes del Foro. a) Un número significativo de participantes postula la alta incidencia que las TIC tienen y repercuten de manera positiva en las reparticiones públicas.

En consecuencia también en la ciudadanía viéndose reflejada en el monitoreo, evaluación e indicadores de productos, resultados y de impacto.

b) Otro número no menor de participantes sugiere la hipótesis de transparentar aún más la gestión pública, disponer de servicios profesionalizados para la selección del capital humano, presupuesto participativo, descentralización, etc. c) Un tercer grupo de participantes, postula la necesidad de mejorar la calidad de la política y en consecuencia, de quiénes ostentan cargos públicos, especialmente de exclusiva confianza. Las decisiones políticas influirán en la calidad de la obtención de los productos, bienes y/o servicios que el Estado provee. d) Algunos participantes, se inclinaron por la complementación de los puntos anteriormente señalados, clarificando que cada localidad, territorio o país, tiene sus propias identidades y particularidades.

El uso de un sistema o herramienta que mejor represente los intereses de los(as) ciudadanos(as), aplicando para ello un modelo gestión de excelencia, ha genera-

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do posiciones disímiles y ello obedece a cuestiones ligadas a la cultura de las organizaciones, su grado de aplicabilidad, monitoreo, representatividad, variables exógenas y endógenas a contemplar, variedad y peso de los actores involucrados, análisis de riesgos, visión política y apoyo ciudadano, entre los elementos más destacables a mencionar.

En definitiva, surge nuevamente el consenso en plenitud, cuando se observa en el debate de los(as) participantes, sosteniendo la idea fuerza “que el Estado debe ser un garante de la transparencia en todas sus actuaciones, tener una política inclusiva y trabajar con las reglas del juego claras, además de contemplar que sus ámbitos de gestión pública efectivamente propicien la equidad y la justicia social y velen por los derechos de los(as) ciudadanos(as), etc.”

La experiencia recopilada de los países de América Latina y el Caribe, ha demostrado que los cambios y transformaciones de los Estados, han sido graduales, a velocidades que no necesaria-

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mente estén alineadas a las características propias de procesos globalizantes, cuyo motor fundamental es la sociedad del conocimiento y las TIC. En alguna medida, los(as) ciudadanos(as), se desaniman, al no ver resueltas sus problemáticas, por efectos de la excesiva burocracia y coexisten sistemas de control que están basados en el siglo XX y operan en realidades del siglo XXI. Existe suficiente evidencia científica, para sostener que las actividades del Estado que realmente agregan Valor Público, están relacionadas a acciones y/o gestiones innovadoras, eficientes, altamente transparentes y participativas.

El papel del Gerente Público, asociado al sistema de selección por la vía de la Alta Dirección Pública, a las atribuciones, competencias, remuneraciones y otros aspectos fundamentales del ciclo de vida laboral del directivo, inciden en la calidad de las decisiones que ellos toman, cuyos efec-

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tos se verán reflejados en los resultados verificables que los ciudadanos declaran.

La relación tripartita Estado-Mercado-Sociedad, definitivamente ha erosionado el desarrollo sustentable y equitativo (Banco Interamericano de Desarrollo, Modernización del Estado, Documento de estrategia, 2003). Esto ha llevado a tener un déficit democrático que en ocasiones se ha expresado en fenómenos no deseables.

En esta misma línea, el BID propone una estrategia de Modernización del Estado, la cual está basada en cuatro pilares básicos: el Sistema Democrático, el Estado de Derecho, el Estado- Mercado- Sociedad y la Gestión Pública.

REFLEXIONES FINALES Se propone a CEDDET el desafío de profundizar el tema Modernización de las Administraciones Públicas, realizando para ello un FORO de Expertos Versión 2.0; cuyas características serían las que a continuación de indican: a) Contenido: Diseño de un temario más integral, con materias de alta connotación e impacto para el ESTADO MODERNO. b) Temporalidad: Contemplar un tiempo mínimo de tres semanas de funcionamiento en el Aula Virtual de la Fundación CEDDET. c) Inclusividad: Realizar una invitación más abierta, a diversos actores que participan directa-

mente o indirectamente en las Políticas Públicas de un determinado espacio territorial, con especial énfasis en l o s ( a s ) Directivos(as) Públicos. d) Buenas Prácticas: Análisis de Casos Reales que han resultado exitosos y por ende comprobables. e) Modelos: Dar a conocer Modelos existentes. f) Nuevo Estado: Presentar publicaciones y/o estudios del estado del arte en el mundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS —INDES-BID, Módulo 3: La Gerencia Moderna: Alcances y características, curso: El Desarrollo y su Gerencia, Programa de Efectividad en el Desarrollo, 2010.

—Oportus R. Patricio, “Modernización del Estado”, curso internacional de gestión urbana y desarrollo sostenible, estrategias e instrumentos de gestión urbana para el desarrollo sostenible, GUDS, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago, Chile, 2001.

—Oportus R. Patricio, “Gestión Local Moderna: El Modelo POR”, revista Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 2001.

—http://casosimpactobidindes.wikispaces.com/%2A+Caso +Patricio+A.+Oportus (BID) —http://aprocons.wordpress. com/co-financiacion-privada-enobras-viales-de-caracter-publico/ (Paraguay).

—http://www.southsouth.info/ profile/PATRICIOOPORTUSROMERO?xg_source=activity —http://www.slideshare.net /algalvis50/tablero-de-controlde-mando

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FIRMA INVITADA Del 5 al 16 de diciembre de 2011 Foro de Experto:

Coordinador: José Andrés Herrera Rey

Mecanismos e instancias de participación ciudadana para el desarrollo local

Dpto. Participación Ciudadana. Gerencia de Gestión Municipal.

Municipalidad de San José.

Costa Rica.

DESCRIPCION El Foro de Expertos planteó los siguientes objetivos:

Objetivo general • Determinar y analizar los mecanismos, programas, acciones y proyectos de participación ciudadana existentes en la actualidad.

Objetivos Específicos • Analizar los elementos teóricos, empíricos y metodológicos de la participación ciudadana en tanto mecanismo efectivo de gobernanza y corresponsabilidad.

• Describir mecanismos, programas, acciones y proyectos de la oferta participativa que existe con mayor grado de efectividad y aplicación.

• Determinar la forma, alcance e intensidad de la participación institucional como elemento orientador, aglutinador de la participación ciudadana.

Con el fin de unificar criterios, se sugirió consultar un par de textos básicos sobre las definiciones generales de lo que se entiende por participación ciudadana, descentralización y desarrollo local.

Asimismo, el foro se orientó sobre la base de 3 premisas claves, a saber:

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1) ¿Cuál es el concepto que, en términos generales, se tiene y/o se impulsa sobre la participación ciudadana desde las administraciones públicas?

2) ¿Cuál o cuáles experiencias exitosas conocen en sus respectivos países en cuanto a la participación ciudadana se refiere?

3) A nivel de presupuestos ¿los gobiernos centrales y/o locales invierten recursos públicos para propiciar mecanismos e instancias de participación ciudadana efectivos?

PALABRAS CLAVES Participación ciudadana, desarrollo local, democracia, gobernanza.

DESARROLLO Para nadie es un secreto –y así quedó plasmado en las intervenciones a lo largo del foro- que la participación ciudadana es un tema de vital importancia para la consolidación democrática de los países. Puede decirse, a manera de establecer un estado de la cuestión del tema discutido, que el auge de la participación ciudadana surge si se quiere, como la contraparte al modelo político diseñado “desde arriba”1. Dicho modelo marca los límites de la participación social en los mis-

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mos límites del modelo de desarrollo, es decir con amplia presencia del Estado y con intervención activa de éste en las decisiones sobre las políticas públicas. El Estado se presenta como el principal interlocutor de la sociedad, con un estilo de participación vertical, “desarrollista”, clientelista y altamente legalista2.

Hoy el modelo de desarrollo está en crisis, al menos el del Estado de Bienestar. Al terminar el siglo XX nos encontramos con una profunda crisis de los partidos políticos tradicionales y un debilitamiento de los sindicatos3.

Esta situación ha producido nuevas formas y canales de participación frente a situaciones injustas y de explotación.

Coincidimos en que dicho escenario, potenció -al menos en la sociedad civil- una pugna entre los actores sociales por incorporarse mucho más a la toma de decisiones de la cosa pública. Esto hizo que las autoridades formales incorporaran -desde el punto de vista jurídico- ciertas instancias y mecanismos de participación ciudadana. Pese a ello, existe un desfase entre lo formalmente estatuido y lo empíricamente realizado. Sobre este tópico versaron gran parte de los aportes realizados en el foro.

EJES PRINCIPALES DE LA DISCUSIÓN Elementos teóricos, empíricos y metodológicos de la participación ciudadana en tanto mecanismo efectivo de gobernanza y corresponsabilidad.

Encontramos una intensa producción teórica respecto de la participación ciudadana. Sobre todo si se tienen en cuenta las experiencias de gobiernos europeos y algunos latinoamericanos.

Existe por tanto -en las democracias avanzadas- un número significativo de experiencias y mecanismos concretos de participación ciudadana que tienden a “complementar” los vacíos de la democracia representativa.

Algunos de esos ejemplos concretos de participación ciudadana, son los llamados presupuestos participativos, los cuales buscan incorporar a la ciudadanía en el ejercicio informado, consciente y responsable del gasto público (local o estatal). También las experiencias en la formulación estratégica de planes -proceso conocido como planificación estratégica-. Según Font (2002), estos “diseños de innovación democrática” tienen la presunción de ser promotores novedosos de la intervención e involucramiento ciudadano (tanto de personas físi-

1 Se entiende por “desde arriba” que fueron diseñadas desde una perspectiva vertical, desde una visión del poder estatuido, abstraído de

las personas.

2 Desarrollo y Auditoría Social en: http://www.alforja.or.cr/centros/cep/documentos/tas-resumen.pdf 3 DSe mencionan estos pero, a ellos se debe agregar algunos otros como: la crisis de representatividad de las democracias occidentales; la erosión de las fuentes tradicionales de formación de consensos (como la crisis de los partidos políticos, los parlamentos, etc.); la conciencia del ascenso de la burocracia pública, con un elevado poder discrecional y fuertes ataduras legales y administrativas para su actuación; crisis de eficacia de los gobiernos nacionales y locales; y el agotamiento de los modelos centralistas de gobierno.

FIRMA INVITADA: José Andrés Herrera Rey

cas como asociaciones) para la toma de decisiones y la gestión de servicios o políticas locales.

Otro de los aspectos importantes a considerar tiene que ver con lo que algunos teóricos han denominado “la repolitización de lo local” (Bruqué y Gomá 1998).

Es importante señalarlo porque, en países europeos y algunos suramericanos con mayor experiencia en este tipo de dinámicas innovadoras de la democracia representativa, la incorporación del componente “participación ciudadana” ha incrementado la lucha por una mayor autonomía, poder de decisión y capacidad de actuación no sólo de los gobiernos locales, sino que también, de los ciudadanos en la definición de las políticas públicas a nivel local.

Pese a esto, se ha observado que en muchos casos, dichos espacios de participación ciudadana si bien representan un logro en favor de incorporar cada vez más al ciudadano promedio en el quehacer público haciéndolo corresponsable, no quedan exentos del vacío que existe en la práctica. Ello debido a que muchos de esos mecanismos innovadores de la democracia representativa son meros espacios formales de participación más que ámbitos oportunos y eficientes para su desarrollo. La premisa esencial discutida -y que falta seguir discutiendo- es que si bien existen espacios instituidos legalmente para la participación ciudadana, lo cierto es que muchos de ellos no cumplen estrictu sensu, la función para la cual fueron creadas.

Experiencias exitosas en distintos países en cuanto a la participación ciudadana Las intervenciones de los foristas nos permiten observar el avance de estas cuestiones en los casos nacionales y subnacionales.

En España, existe -según compartió Carmen González“Una descentralización muy grande a nivel territorial. Están las Comunidades Autónomas y las entidades locales (diputaciones provinciales y ayuntamientos). La idea de la descentralización es acercar la administración a los ciudadanos y aunque si bien se ha producido este acercamiento, hoy en día se está examinando el modelo porque se han producido muchas duplicidades (varias instituciones u órganos prestan las mismas funciones con el consiguiente gasto y dificultad para el ciudadano que no sabe a qué administración debe dirigirse).

Quizás por tanto, es conveniente determinar las funciones que presta cada administración para poder crear un buen modelo de participación ciudadana, ya que si el ciuda-

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dano no conoce que es lo que hace su administración por él, no se sentirá involucrado”.

Otro ejemplo es el caso de Brasil –según la forista Lidia Evangelista- en donde menciona un portal electrónico en el cual la ciudadanía puede canalizar ciertas acciones y/o peticiones concretas. En su mayoría, lo principal es conseguir trabajo y en obtener sitios en ferias artesanales, en donde cada persona participante pueda colocar u ofrecer sus productos.

También cabe mencionar la experiencia Argentina de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro en la Patagonia Argentina, según Dora Armonía Bonardo, “Existen mecanismos de participación para el presupuesto participativo, en temas de niñez y adolescencia y seguridad pública. Ello, a través de Consejos Locales para cada temática. Es muy disímil la intensidad y frecuencia de la participación.

Depende de quienes (actores) están en la gestión de los Consejos en determinado momento y de los problemas de agenda pública.

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Mi percepción es que cuando no hay problemas apremiantes o muy graves la participación decae. Eso no significa que no haya que seguir bregando por ella, en especial si queremos generar procesos de desarrollo local”.

En cuanto al tema de los presupuestos públicos participativos, las compañeras de Uruguay y Argentina Fabiana Gutiérrez y Alicia Zanfrillo, comentaron que se han dado experiencias muy puntuales pero que falta aún mucho por recorrer, ya que entre otras cosas, no han sido experiencias generalizadas e institucionalizadas de modo permanente ni con un objetivo de horizontalidad, por así decirlo.

Finalmente, en el caso de San José de Costa Rica, fueron mencionados algunas de las principales experiencias con que el gobierno local cuenta, tales como: 1) En la Municipalidad de San José se llevan a cabo consultas escritas y verbales de los ciudadanos y ciudadanas, tanto para consultas puntuales como para recibir sugerencias.

2) Se realizan tareas y/o acciones en conjunto con la ciudadanía para hacer limpieza de la red pluvial.

3) Se realizan foros vecinales respecto de temas de la seguridad ciudadana. Aunado a ello, se constituyeron espacios barriales priorizados para efectuar comités de acciones preventivas tanto en seguridad ciudadana (en colegios, iglesias, etc.) como en gestión de riesgos y desastres. Para esto último, se crearon unos módulos de capacitación para los

Foro de Experto

”

La premisa esencial discutida -y que falta seguir discutiendoes que si bien existen espacios instituidos legalmente para la participación ciudadana, lo cierto es que muchos de ellos no cumplen estrictu sensu, la función para la cual fueron creadas

líderes barriales y así servir de semillas reproductoras de dicho proceso.

4) También el Dpto. de Participación Ciudadana en conjunto con la Contraloría de Servicios, cuentan con espacios para que todo ciudadano consulte, pida ayuda técnica en aspectos muy específicos, presente quejas, entre otros.

Inversión de los gobiernos centrales y locales en recursos públicos para propiciar mecanismos e instancias de participación ciudadana efectivos.

Este fue un tema apenas esbozado en el foro, ya que si bien los

participantes mencionaron el tópico, lo cierto del caso es que no hubo aporte de datos concretos que reflejen cuánto se ha invertido realmente desde las administraciones públicas en crear y fomentar estos espacios, mecanismos e instancias de participación ciudadana.

CONCLUSIONES A modo de conclusión se puede afirmar que hubo una importante y variada participación en el foro. En cada país existen niveles distintos de propuestas y de implementación de las mismas. Se llegaron a los siguientes acuerdos y desacuerdos respecto de lo conversado.

Acuerdos • Si bien se apela a la participación ciudadana como mecanismo consustancial a la democracia, es más lo que queda plasmado en el papel que lo realmente practicado.

• El tema de los presupuestos públicos participativos apenas comienza a tomar auge en algunas sociedades latinoamericanas.

• La participación ciudadana es costosa desde el punto de vista económico, y la mayoría de las administraciones públicas no están dispuestas a invertir en crear una cultura crítica y participativa.

Desacuerdos • En el caso concreto de San José Costa Rica, hubo desacuerdo entre dos participantes en cuanto a la existencia de mecanismos de participación

FIRMA INVITADA: José Andrés Herrera Rey

ciudadana instaurados desde el gobierno local de San José.

• También hubo discrepancia en cuanto a la efectividad de los mecanismos e instancias de participación ciudadana.

Según parece, aún la población carece de conocimientos en ciertos temas, necesarios ellos para mejorar la participación ciudadana.

• Finalmente, el punto medular que generó discrepancias se refirió a la voluntad política para incentivar estos mecanismos de participación ciudadana. En este sentido, se cuestionó si desde el poder formal, se ve como conveniente propiciar este tipo de mecanismos o si por el contrario, la tendencia es limitarlos para tener concentrado el poder.

REFLEXIONES FINALES Como retos surgidos del foro, se observa que es importante seguir discutiendo y compartiendo experiencias iberoamericanas relacionadas con la participación ciudadana y la instauración de mecanismos constantes y/o permanentes en la sociedad civil y sobre todo, desde las administraciones públicas centrales y locales.

Queda pendiente el aportar datos concretos de inversión del sector público para la conformación, la instauración y la permanencia de estos procesos cada vez más importantes dentro de las sociedades con regímenes democráticos modernos.

Asimismo, deberá retomarse en un futuro el tema de la medición -si es que se cuenta con

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dicionantes de la participación ciudadana.

datos específicos- tanto de la implementación de mecanismos e instancias de participación ciudadana, así como del impacto inicial -en el caso de las sociedades con mayores avances- de dichos procesos. Aunado a ello, deberá profundizarse el tema de la crisis del estado de bienestar y el modelo neoliberal, en tanto factores con-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS — Cunill Grau, Nuria, Repensando lo público a través de la sociedad, Nueva sociedad, Venezuela (1997).

— Font, J & Goma, R., Ciudadanos y Decisiones Públicas. La Democracia Local: un mapa de experiencias participativas, Ariel, Barcelona (2001).

— Takis, Fotopoulos, Hacia una democracia inclusiva. Un Nuevo proyecto liberador, — Nordan Comunidad, Montevideo (2002).

— McAdam, Zald, Comparative perspectives on Social Movement political opportunities, mobilizing structures and cultural framings, Cambridge University Press, Cambridge (1996).

— Thomson, Joseph, Globalization and culture, Polity Press, Cambridge (2000).

Páginas web: — Spinelli, Graciela. La descentralización y la participación ciudadana en la gestión local: www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/ p18.4.htm — Mas, Gloria. El desarrollo local: fortalecimiento o sobrecarga: — www.aaep.org.ar/ponencias /Data/mas_spinelli.htm — Guzmán, Juany. Desafíos de la participación ciudadana: en la búsqueda de espacios y forma: www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/docu mentos/79/desafios.pdf — Ruano de la Fuente, José M. La gobernanza como forma de acción pública y como concepto analítico: http://d.scribd.com/docs/216snw9 hs2iud8i7av1.pdf

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Nuestras Experiencias

JENNIFER ISABEL ARROYO CHACÓN Abogada, Contadora Pública Autorizada (auditora) Administradora Pública Costa Rica

C O S TA R I C A

El deber de probidad como un instrumento en la lucha contra la corrupción INDICADORES DE CONTEXTO

País: Costa Rica Instituciones: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y Sala Constitucional de Justicia.

PALABRAS CLAVE

Deber de probidad-Ética Pública-Lucha contra la corrupción RESUMEN

El presente artículo analiza la legislación que sobre probidad y lucha contra la corrupción se aplica en Costa Rica. El deber de probidad se refiere a la obligación que posee todo funcionario público de respetar los principios y valores de la ética pública, así como de actuar en todo momento conforme al interés público, haciendo de esto su guía permanente para el desempeño de sus funciones. Es un término sumamente amplio, el cual se debe interpretar de manera que no lesione los derechos de los funcionarios, ni el principio de tipicidad, pero que a su vez pueda ser aplicado a situaciones complejas y novedosas que no hayan tenido tratamiento expreso en el ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un instrumento efi-

El deber de probidad como un instrumento en la lucha contra la corrupción

caz para luchar contra la corrupción. Finalmente, se debe señalar que el deber de probidad ha sido un instrumento muy importante en la luchar contra la impunidad generada por la comisión de actos de corrupción pero que en virtud de vacíos legales no se encuentran expresamente prohibidos, pues permite sancionarlas por ir en contra de los principios y valores de la ética pública.

INTRODUCCIÓN El mal de la corrupción aqueja a todos los países de Iberoamérica, es por ello que en los últimos años se ha incrementado la normativa e instrumentos tendientes a luchar contra él en la función pública de toda la región.

Dentro de los instrumentos legales incorporados se destaca la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción de los países miembros de la OEA, que fue ratificada por Costa Rica, y al igual que en otros países implicó la aprobación de normativa propia tendiente a regular y sancionar los actos de corrupción. Esto conllevó a que en el caso particular de Costa Rica, en el año 2004 se aprobara la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que introdujo una serie de reformas e instrumentos tendientes a detectar y a sancionar actos de corrupción al ordenamiento jurídico costarricense.

En los institutos incorporados por dicha ley, se encuentra el denominado “Deber de Probidad”,

figura difícil de delimitar y cuya desobediencia genera la “Violación al Deber de Probidad” que es una causal de responsabilidad administrativa, y que posee como única sanción posible la separación del cargo sin responsabilidad del Estado en contra del funcionario infractor.

Ahora bien, la aplicación práctica y concreta de este instituto ha generado mucha discusión dada su gran amplitud y graves consecuencias para el funcionario infractor, siendo por ello que resulta pertinente analizar en este espacio el alcance y aplicación de dicha figura dentro del ordenamiento jurídico costarricense, pudiendo trasladarse de manera similar a otras latitudes.

MARCO NORMATIVO DEL DEBER DE PROBIDAD La figura del Deber de Probidad resulta novedosa dentro del ordenamiento jurídico costarricense, pues se introduce en el numeral 3 de la Ley N° 8422 denominada Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, aprobada el 06 de octubre del 2004, y en lo que interesa dice: Artículo 3º—Deber de probidad.

“El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público .Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar recti-

tud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”

Seguidamente, el legislador creó un numeral especial en donde se tipifica la infracción a dicho deber dándole carácter de falta administrativa, que corresponde al artículo 4 de la Ley N° 8422 denominada Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y que en lo que interesa dice: Artículo 4º—Violación al deber de probidad.

“Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.”

De la lectura de ambos numerales se extrae que dicho texto fue redactado en términos abiertos, pues no delimita claramente una actuación que podría acarrear responsabilidad disciplinaria, sino que versa sobre la violación de los principios de rectitud, buena fe, objetividad e imparcialidad, los cuales si bien son sumamente

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Costa Rica

importantes en la función pública, pueden interpretarse de muy distintas maneras.

La problemática surge con el numeral 4 que señala que la violación al deber de probidad es una causal de responsabilidad disciplinaria y que podría acarrear una sanción tan grave para el funcionario infractor como lo es la pérdida del cargo público sin derecho a indemnización alguna; lo cual contraviene el principio de tipicidad del derecho disciplinario que señala que para poder sancionar a un servidor la norma debe indicar claramente cual es la actuación que está prohibida.

Ante esta situación, se trató de darle un contenido concreto al concepto de deber de probidad mediante la redacción del inciso 14) del artículo 1 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la siguiente manera: Artículo 1º—Definiciones.

“Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes tienen el significado que a continuación se indican: 14)Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones: a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley.

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña. d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley. f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y en otras leyes. g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público.”

El inciso antes trascrito trata de explicar concretamente que acciones se consideran como violaciones u omisiones al deber de probidad, poniendo en algunos casos situaciones concretas, tales como el recibir dádivas, obsequios o resolver asuntos en donde exista impedimento. No obstante, también se enlista situaciones amplias que son objeto de diversa interpretación tales como los incisos b) demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades

que le confiere la ley; g) orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público, entre otras; que han tenido que ser delimitadas a través de los criterios de las autoridades administrativas competentes para interpretar dicha norma, los cuales se pretenden explicar a continuación.

INTERPRETACIÓN DEL DEBER DE PROBIDAD Dada la amplitud de las normas comentadas anteriormente los órganos competentes tales como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica han tenido que darle contenido al Deber de Probidad, e interpretarlo para su aplicación en casos concretos.

La Contraloría General de la República ha definido el deber de probidad como una obligación básica, inherente a todo cargo público, en donde el servidor público debe desempeñar sus funciones en absoluto respeto al interés público y acorde a los principios de seguridad jurídica y justicia. Así lo señaló de manera expresa en el oficio Nº 16645 (DAGJ-3689) del 9 de diciembre de 2005, que en lo que interesa dice: “(...) el deber contenido en el artículo antes trascrito es sumamente amplio en sus alcances, y parte precisamente de una obligación básica de todo funcionario público, misma que ya se encontraba establecida en el artículo 113 de la Ley General de la Admi-

El deber de probidad como un instrumento en la lucha contra la corrupción

nistración Pública, cual es que “el servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfaga primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados”, en donde el interés público se distingue y prevalece sobre el interés de la Administración (véase el inciso 2 del mismo ordinal 113) y en cuya apreciación ha de tenerse en cuenta los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no pueden en ningún caso anteponerse la mera conveniencia. (Véase el inciso 3 del mismo ordinal 113). Es decir, las leyes presentan al funcionario público como un servidor de los administrados –artículo 114 de la Ley General de la Administración Pública-, y por lo tanto, como un promotor y garante del interés público y del bienestar social, por encima de cualquier otro interés personal, privado, de grupo o incluso de la propia Administración, sobre los cuales ha de prevalecer el interés público. La novedad que trae al ordenamiento jurídico el deber de probidad es que introduce elementos más concretos y apreciables que permiten orientar la labor del funcionario público, a efecto de que su gestión verdaderamente responda al mandato de que es depositario al servicio de la comunidad, estableciendo elementos mínimos que deben necesariamente seguirse para

que el trabajo del servidor público sea el que se espera de él (...)”.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, institución pública que posee dentro de sus funciones la labor de interpretar la ley, y comparte el papel de lucha contra la corrupción con la Contraloría General de la República, ha definido la figura del deber de probidad como la obligación que posee todo funcionario público de actuar con honradez, moralidad, rectitud y en respeto de todos los principios éticos y morales, aplicables a la función pública procurando el máximo beneficio para los servicios públicos, y al administrar los recursos públicos que le fueron encomendados con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia y rindiendo cuentas satisfactoriamente. Inclusive la Procuraduría, al igual que la Contraloría General de la República, ha sido conteste al afirmar que dicha obligación nace desde el momento en que se acepta ocupar un cargo público, y que no existe distinción alguna entre los diferentes puestos que integran la administración pública, ya que dicha obligación resulta inherente a la función publica independientemente de la naturaleza del puesto que se ocupe.

“Así las cosas, debe tenerse presente que la condición de funcionario público implica el cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético consagrados en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, si está llamado a proteger

y a defender el interés público y el interés de la institución a la cual sirve, así como a actuar con rectitud en todo momento, las actividades y relaciones de cualquier índole que desarrolle a nivel privado –aún cuando formalmente sean legalmente válidas– no pueden entrañar un conflicto de intereses respecto de sus funciones como servidor público, de ahí que no puede prevalecerse indebidamente de su posición dentro de la Administración Pública para favorecer sus intereses a nivel personal o familiar.” (Ver opinión jurídica de la Procuraduría General de la República N° OJ-006-2007 del 29 de enero de 2007) Por su parte, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Costa Rica, y encargada de velar por el respeto de la Constitución Política y los derechos y garantías de los ciudadanos, que posee la máxima jerarquía para interpretar la ley, siendo sus criterios de acatamiento obligatorio ha ratificado la posición externada por los órganos antes citados, ratificando y respaldando la interpretación que en los últimos años tanto la Contraloría General de la República, como la Procuraduría General de la República le han dado al deber de probidad. En este sentido se pronunció la Sala Constitucional en el voto 4476-2010 del 3 de marzo del 2010, en donde rechaza una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra los numerales 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimien-

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to Ilícito en la Función Pública, y que en lo particular dice: “Esta disposición define de manera amplia y general los principales elementos que informan el deber de probidad que debe observar un funcionario público cuya condición le obliga, entre otras cosas, al cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético.

Por ello, el funcionario está llamado a “orientar su gestión a la satisfacción del interés público” y a defender el interés de la institución a la cual sirve, así como a actuar con rectitud en todo momento.

Esta exigencia deriva del artículo 11 de la Constitución Política el cual “...sienta las bases constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que éstos están sometidos a la Constitución y a las leyes (...) el funcionario público no puede estar en una situación donde haya colisión entre interés público e interés privado".

Ahora bien, La figura del deber de probidad resulta en un instrumento sumamente importante en la lucha contra la corrupción pues permite sancionar actos que si bien, no están expresamente prohibidos en el ordenamiento jurídico, si van en contra de los principios y valores éticos que deben regir la función pública.

Con lo cual se pretende disminuir la impunidad y cerrar los portillos generados por vacíos legales que permiten la comisión de actos de corrupción y que posteriormente no pueden ser sancionados, por la carencia de una norma que los tipifique como falta o delito. De tal manera, que resulta necesario alcanzar un equilibrio en la definición de la figura del deber de probidad en donde no se lesionen los derechos de los funcionarios, ni el principio de tipicidad, pero que a su vez se permita sancionar actos que no estén expresamente prohibidos pero que atentan contra la conducta ética que debe seguir todo funcionario público.

Dicha labor se ha realizado a través de la normativa y vía jurisprudencial con los criterios de los órganos antes citados, en donde se considera como violación al deber de probidad aquellas actuaciones que se encuentran expresamente prohibidas; así como las actuaciones que constituyen una clara y evidente violación a los principios y valores de la ética pública y desviaciones al interés público como norte que debe guiar la actuación de todos los servidores públicos.

CONCLUSIONES Del anterior análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1. El deber de probidad es un instrumento utilizado en la lucha contra la corrupción, con el fin de sancionar aquellas actuaciones que si bien no están expresamente prohibidas en el

ordenamiento jurídico van en contra de los principios y valores de la ética pública y del interés público, con lo cual se pretende reducir la impunidad al cerrar portillos generados por vacíos legales. Es decir, resulta en un instrumento para poder sancionar aquellos actos que si bien no son expresamente ilegales si son antiéticos.

2. El deber de probidad se refiere a la obligación que posee todo funcionario público de ajustarse a los principios y valores éticos de la función pública, y que el interés público sea el norte de su actuación y guíe en todo momento su gestión.

3. La obligación de respetar el deber de probidad es inherente al cargo público y se adquiere desde el momento en que se acepta dicho cargo. Asimismo, no existe distinción entre los distintos puestos que componen el aparato estatal, aplicándose de igual forma para todos los funcionarios independientemente del puesto que se ocupe.

4. Se considera violación al deber de probidad y en consecuencia, merecedor de la destitución del cargo sin responsabilidad para el Estado, el incurrir en las actuaciones que se encuentren expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico, así como realizar actos que sin estar manifiestamente prohibidos van en contra de los principios y valores de la ética pública y que vulneren el interés público.

REI en Gestión Pública

MIRIAM MÓNICA MONTELLANO PONCE DE LEÓN Coordinadora de Proyectos

Nuestras Experiencias BOLIVIA

ROBERTO INGEMAR SALVATIERRA ZAPATA Director General de Planificación Ministerio de Relaciones Exteriores Bolivia

La Sinergia para la Sostenibilidad: Integrando asuntos de Medio Ambiente, Desarrollo, Gestión Pública y Sociedad Civil. Un Caso de Estudio Boliviano INDICADORES DE CONTEXTO

País: Bolivia Región: Área Rural del Departamento de Tarija PALABRAS CLAVE

Estado, Sociedad Civil, Sinergia, Estado-Sociedad Civil.

RESUMEN

Este trabajo se desarrolla en tres partes. La primera describe teóricamente la sociedad civil y el Estado, sus características y cómo estos dos actores pueden cerrar la gran distancia que los divide a través de iniciativas conjuntas para el bien de

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Bolivia

las regiones y sus habitantes, el rol que juegan las ONG’s en la sociedad civil y con el Estado.

La segunda parte señala brevemente cómo funciona el Estado y la sociedad civil en Bolivia y describe un estudio de caso “Fundación Pro Habitat-Programa de Control de Chagas en Bolivia”, en donde tanto actores civiles de la sociedad, ONG’s y el Estado se unieron para darle forma a esta iniciativa.

Finalmente se analiza este caso a la luz del enfoque teórico de la sinergia Estado-Sociedad Civil.

INTRODUCCIÓN Sociedad Civil y Estado El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define la asociatividad (sociedad civil) como toda organización voluntaria y no remunerada de personas o grupos de personas que establecen un vínculo explícito con el fin de conseguir un objetivo común (UNDP, 2000 citado en Salazar, C. y Jaime, M., 2009:3). A nivel mundial se han realizado diversos estudios para registrar y clasificar las organizaciones en función de sus objetivos, y se ha reconocido ampliamente el aporte que éstas realizan en la creación de riqueza y de empleo, además de su contribución a la cohesión social de un país y al fortalecimiento de la identidad cultural, educación, creación de capital social y promoción de los derechos humanos (Ford Foundation, 2003:1). La sociedad civil según la Ford Foun-

dation (2003:1) es “un vehículo práctico que sirve para expresar las visiones de lo que se tiene en el corazón, un ‘lugar’ en dónde las personas importan más que conseguir ganancias o poder para el Estado; es más bien, una arena para el ejercicio activo de la ciudadanía”. Este último concepto entiende a la sociedad civil como un poder creativo humano canalizado a través de la acción colectiva.

La importancia de la sociedad civil es clara y su influencia abarca arenas tanto económicas, sociales como políticas. En esa línea de pensamiento, lo que queda es apoyar y fortalecer la ciudadanía activa, de tal manera que el resultado final llegue a ser una “voz poderosa” para el bien de todos los involucrados que claman por aquellos que “no pueden” o “no tienen una voz”. La sociedad civil incluye Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), ciudadanía y grupos de comunidades, iglesias, federaciones sindicales y redes que comparten las mismas aspiraciones e intenciones. La sociedad civil es vital para “combatir la desigualdad y la autonomía de grupos privados de sus derechos, pero una vez fortalecidos, los ciudadanos también deben buscar el bien común en conjunto, con el fin de frenar el individualismo y evitar la dominación de cualquier grupo de intereses" (Ford Foundation, 2003:2).

Las relaciones de participación, asociatividad y confianza que tienen lugar en una sociedad hacen referencia a sus niveles de capital social, un activo que junto al capi-

tal humano, capital natural, capital físico y capital financiero, puede explicar los niveles de desarrollo económico y social de un país (Aker, 2007; Knack and Keefer, 1997 citado in Ackerman, J., 2004). Si bien existen diversas visiones con respecto a este concepto debido al potencial que presenta para generar externalidades en diferentes ámbitos, Putman (1995 citado en Salazar, C. and Jaime, M., 2009) recoge la mayor parte de ellas, al definir el capital social como “las características de las organizaciones sociales tales como interrelaciones, normas y confianza que facilitan la cooperación y coordinación para beneficio mutuo”.

Respecto del Estado, en una perspectiva de buena gobernabilidad (Chhibber: 1997), refiere a un aparato estatal capaz, eficiente y eficaz para mantener la estabilidad política, los mercados competitivos, las políticas sociales, el estado de derecho y las inversiones en infraestructura que se requieren para un crecimiento económico vigoroso del mundo en desarrollo. Las cadenas de producción globales y la rapidez en las comunicaciones exigen una transformación y una reestructuración cualitativas del papel cumplido por el Estado. En este sentido, debe cumplir con las obligaciones de pago de los préstamos, proporcionar servicios básicos a los ciudadanos de menores recursos, ayudar a los trabajadores en su transición hacia una economía más urbana, industrializada y basada en el mercado; pero también debe realizar inversiones estratégicas en educación e infra-

La Sinergia para la Sostenibilidad: Integrando asuntos de Medio Ambiente, Desarrollo, Gestión Pública y Sociedad Civil. Un Caso de Estudio Boliviano

estructura, regular los mercados y mantener la paz y estabilidad.

Según lo planteado por Merilee Grindle (citado en Ackerman, J., 2004:4), para poder realizar estas y otras funciones, el Estado debe fortalecer su capacidad, como mínimo, en cuatro áreas principales: asegurar su capacidad institucional imponiendo con autoridad y eficacia “‘reglas del juego’ que regulen las interacciones económicas y políticas; consolidar su capacidad técnica fijando y manejando políticas macroeconómicas eficaces; fortalecer su capacidad administrativa, es decir “la capacidad de desempeñar las funciones administrativas básicas esenciales para el desarrollo económico y el bienestar social; por último, desarrollar una plena capacidad política, la cual exige construir canales legítimos y eficaces para satisfacer las exigencias de la sociedad, la representación y la resolución de conflictos.

De esta manera se tienen dos conceptos que pueden parecer excluyentes, mas son por el contrario complementarios. Un Estado ideal caracterizado por la buena gobernabilidad necesita de la sociedad civil para detectar las fallas y enmendarlas, mientras que la sociedad civil necesita del Estado para darle solución a sus problemas y escuchar sus demandas.

Cómo se construye la sinergia entre Estado y la Sociedad Civil ¿Cómo se puede crear una sinergia entre estos dos actores?

Guiados por la literatura de autores como Peter Evans y Elinor Ostrom, así como muchos otros,

permiten considerar la idea de una sinergia Estado-sociedad civil, en donde los esfuerzos de ambos actores dirigidos a la meta común del desarrollo de los pueblos obtendrán mejores resultados que las iniciativas individuales de cada uno de ellos. Los partidarios de la sinergia ofrecen la idea de un tópico (objetivo) unificador para reorientar los esfuerzos divididos destinados en la actualidad a la construcción de un enfoque institucional para el éxito del desarrollo. Esto para vincular las agencias del gobierno altamente burocratizadas y las comunidades locales auto-organizadas.

Los conceptos utilizados para explicar la sinergia Estado-Sociedad Civil son aquellos expuestos por Ostrom en la forma de “coproducción” y los hallados en la visión de Lam respecto a “complementariedad” e “integración”, que bajo la perspectiva con la que se encara el trabajo, son las visiones más apropiadas para explicar cómo la sinergia puede ser alcanzada. Según Ostrom, E. (1996:1073) "coproducción es el proceso a través del cual los insumos utilizados para producir un bien o servicio son aportados por los individuos que no se encuentran en la misma organización. Implica que “los ciudadanos pueden desempeñar un papel activo en la producción de bienes y servicios públicos con resultados para ellos". La complementariedad es la condición esencial de la coproducción. “Cuando los funcionarios públicos y los ciudadanos tienen tipos de insumos lo suficientemente diferentes, pero igualmente necesarios, pueden producir con mayor eficacia

mediante la combinación de sus esfuerzos, que mediante ya sea la producción netamente pública o netamente privada" (Evans, P. 1996b: 1123).

De acuerdo con la exposición de Lam (citado en Evans, P., 1996b:1121) “integración” es el involucramiento directo de parte de la burocracia estatal en la operación de sistemas locales, pero permitiendo a los locales tomar la decisión que mejor les convenga, respetando sus decisiones y ayudándoles con los recursos necesarios (esto puede ser visto como un modo de complementariedad para el proceso de sinergia). El punto que aquí se quiere demostrar es que el Estado no puede tomar decisiones de manera alienada, en referencia a la realidad de las comunidades locales, como ocurre con el centralismo. De este modo la descentralización en la toma de decisiones rompe esa barrera y ayuda a que exista la colaboración de la sociedad civil, aunando el apoyo del Estado a la iniciativa local, teniendo como resultado, una sinergia EstadoSociedad Civil.

Se puede concluir que la sinergia Estado sociedad civil es posible, sólo se necesita compromiso por parte de ambos, descentralización y participación de todos los involucrados en las decisiones y seguimiento durante la ejecución de las iniciativas también por parte de los “participantes”, claro, tomando en cuenta el interés común de los involucrados.

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Bolivia

ONG’s en el contexto de sociedad civil En diferentes círculos se habla de la sociedad civil y de su fortalecimiento. Se mira como salida a la crisis de los partidos políticos, como la cura contra la corrupción, responsable de la paz e incluso, orientadora moral de la acción política. Dentro de esa suma de elementos un poco desconocidos que forman la sociedad civil, y dentro de las múltiples definiciones que acompañan al concepto, han cobrado una creciente importancia las organizaciones no gubernamentales (ONG’s).

Las ONG’s están ocupando el espacio dejado por el colapso del Estado y, por lo tanto, ejercen una enorme influencia debido a la ausencia de instituciones efectivas de gobierno (Pearce, J.: 2001). Las emergencias políticamente complejas son expresiones extremas del problema más amplio que supone el papel de las ONG’s en países donde el Estado es débil. Las ONG’s internacionales, sostiene Whaites (citado en Pearce, J., 2001:40) “de hecho contribuyeron al fortalecimiento de las sociedades civiles a expensas del Estado desde el momento en que se aprovecharon de la disminución de los servicios gubernamentales que trajeron consigo los programas de reajuste estructural”. El papel de las ONG’s puede no ser del todo claro, se trata de organismos no gubernamentales, y por esa definición pareciera que no se involucran con los estados, pero la experiencia demuestra que hay casos en los que ambos trabajan conjuntamente, es decir, existe sinergia entre los Estados y las ONG’s.

ESTUDIO DE CASO DE LA INICIATIVA: FUNDACIÓN PRO HABITAT. PROGRAMA DE CONTROL DE CHAGAS EN BOLIVIA Las ONG’s en Bolivia, como en el resto de los denominados países en vías de desarrollo crean en ocasiones, susceptibilidad por el hecho de ser organismos internacionales ‘que trabajan por el bien social’ en un lugar y realidades completamente diferentes a aquellos de los cuales provienen y trabajan con capital externo.

Estos factores pueden ser vistos como intromisión extranjera del Occidente en los países en vías de desarrollo. A decir verdad, ésa es la visión que muchos Estados comparten acerca de las ONG’s, y si se observa la extensa literatura existente acerca de la cooperación extranjera, existen argumentos para desconfiar de que las intenciones de las ONG’s sean totalmente ajenas a alguna ‘agenda secreta’. En esta ocasión, se dejará de lado el criticismo hacia las ONG’s y sus intenciones, para enfocar más la atención en el estudio de caso del proyecto de análisis desarrollado en Bolivia desde 1994, siendo este en un principio, iniciativa de una organización no gubernamental.

El proyecto fue implementado en la gestión de gobierno 19931997. Un año antes de la iniciativa, el gobierno había creado la “ley de participación popular”, la cual había sido incluida en la Constitución Política del Estado bajo una reforma ocurrida ese mismo año. Esta ley fue acuñada bajo la etiqueta de "Descentralización, Ciudadana y Democracia".

Un estudio realizado por Montambeault, F. (2007:2-25) explica que "la ley de participación popular sostiene que la descentralización a nivel de ciudad proporciona nuevos espacios formales para el desarrollo de la sociedad civil en relación con el Estado, y permite promover la construcción social de un régimen de una ciudadanía más inclusiva". Tras la reforma administrativa, la descentralización, la delegación del poder del gobierno central a los niveles locales de gobierno se lleva a su máxima expresión, como un proceso político que involucra actores tanto del Estado (central y local) y de la sociedad civil. En el caso boliviano, se puede evidenciar que desde ese entonces, hasta la actualidad, la participación popular ha sido activa.

El Proyecto se denominó “Programa de Control de Chagas en Bolivia”, implementándose a partir del año 1994. Sus principales actores fueron organizaciones no gubernamentales asociadas para la iniciativa como el International Plan y Homeless International, ambos colaboradores del Reino Unido con la subdivisión de la fundación Pro Habitat.

La Situación antes de la implementación del programa Antes de que Pro Hábitat comenzara a trabajar en la región rural del departamento de Tarija (territorio ubicado al sur de Bolivia), los niveles de infestación, de

La Sinergia para la Sostenibilidad: Integrando asuntos de Medio Ambiente, Desarrollo, Gestión Pública y Sociedad Civil. Un Caso de Estudio Boliviano

las infecciones del 80% a menos del 5%, tanto en áreas domésticas externas como internas. Además, el proyecto ofrecía microcréditos, es decir, pequeños préstamos a los habitantes de la región, para futuras mejoras de la vivienda y para su mantenimiento, con el fin de asegurar que los beneficios alcanzados sean sostenibles.

Página web de la Fundación PRO-HABITAT: http://www.pro-habitat.org.bo/

las precarias viviendas del campo, por la vinchuca (escarabajo portador del agente infeccioso, Tripanosoma cruzi causante de la transmisión del mal del Chagas) se situaban cerca del 80% del total de las viviendas. Las casas, en su mayoría construidas con barro y paja como materiales en las paredes, no contaban con los requerimientos sanitarios básicos; los animales vivían en corrales muy próximos y los hornos de pan, también de barro y paja, constituían otro foco de infección de la vinchuca. Las familias que vivían en la pobreza extrema no podían gastar sus escasos recursos en mejorar la calidad de los materiales de sus viviendas o exterminar la plaga de insectos, entre ellos la vinchuca. Los conocimientos y la información sobre

la vinchuca y el mal del chagas eran vagos y a menudo erróneos.

Alcances del proyecto El principal objetivo era controlar la enfermedad del chagas.

Para ello, se estableció un programa integral de educación y formación y se llevaron a cabo mejoras físicas y cualitativas en la vivienda, promoviendo la fumigación con insecticidas y una progresiva supervisión y vigilancia.

Mediante la concienciación y el conocimiento de los peligros de infección por la vinchuca, portador del parásito Tryasoma, e impartiendo formación para realizar mejoras de bajo coste en las casas tradicionales de adobe, hábitat preferido por el escarabajo, el programa pretendía alcanzar una reducción del portador de

Resultados Desde 1994 hasta 1999, el programa ha mejorado 3.600 viviendas, formando y educando a unas 12.500 personas y ha aportado unos 1.000 créditos para futuras mejoras en las viviendas.

Además, ha formado a 66 maestros y a 555 estudiantes de la Escuela Nacional de Maestros, a 566 promotores locales y a 2.625 constructores. El programa ha formado personal y ha asegurado una financiación adicional para ciertos elementos del proyecto, trabajando en colaboración con los municipios locales y con las autoridades sanitarias. Además, a través de su influencia en los Ministerios de Salud y Vivienda y de Servicios Básicos, ha alcanzado el reconocimiento del gobierno a su modelo integral para el control del chagas, que ha sido incorporado en el Programa Nacional de Vivienda.

Profundizando el proyecto: análisis del caso a la luz del enfoque teórico de la sinergia Estado-Sociedad Civil La primera consideración es acerca del modelo creado para el control del Chagas basado en la participación comunitaria, toman-

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Bolivia

do en cuenta e incorporando las opiniones, actitudes y necesidades de la población destinataria del proyecto. Se destaca ello, debido a que los anteriores esfuerzos habían sido no participativos y ‘de escritorio’, partiendo de un gobierno central ajeno a la realidad de las comunidades afectadas. A partir de este proyecto, con la inclusión de la Ley de Participación Popular y el nuevo rol del Estado, los planes y proyectos alcanzaron una vinculación horizontal entre comunarios y vertical con el gobierno local. Un segundo aspecto fue el combinar la participación con la formación y la educación. en términos de los peligros de la infección y acerca de los métodos de control, a la vez que les fueron transmitidos conocimientos técnicos de prevención, fumigación, y mantenimiento de viviendas. Dentro de este aspecto también cobran importancia la supervisión, la vigilancia y el control de la vinchuca.

Durante el proceso de movilización de recursos es donde se puede apreciar de mejor manera la sinergia. Desde 1994, gran parte de los recursos financieros han sido proporcionados mediante varios acuerdos con la ONG internacional, Plan Internacional.

Primero mediante un acuerdo por un año, después mediante el proyecto Chagas 2000 (1996-1999) y, finalmente, mediante un nuevo acuerdo por cinco años (ProPlan II), que incluye financiamiento de los Ministerios de Vivienda y de Servicios Básicos. Además, Pro Hábitat ha logrado combinar fondos de distintas procedencias y las familias participantes han contri-

buido con hasta 220 dólares americanos por vivienda mejorada, en forma de materiales locales y mano de obra. Este es el mejor ejemplo de sinergia por coproducción, como indica Ostrom. E. Aquí se fusionan los recursos tanto de las ONG’s participantes como del Estado local y nacional a través de los ministerios.También se toman en cuenta a los pobladores quienes aportan con su tiempo y trabajo a la consecución de los objetivos del proyecto.

Se podría inferir que esta iniciativa alcanza no solo la coproductividad sino también el concepto de complementariedad mencionados por la teoría. Respecto del concepto de “integración” explicado por Lam se puede observar que el cumplimiento del objetivo principal de la reducción de los focos infecciosos, se ha hecho posible con la colaboración entre las autoridades municipales y el sector de las ONG’s. Ha unido a los departamentos de salud, de vivienda y de educación en una única iniciativa. El éxito del proyecto animó al gobierno a aceptar el modelo de intervención como base de su subprograma para mejoras de la vivienda en áreas de enfermedad endémica y a designar a la Fundación como su consejera técnica sobre este tema. Se ha adoptado el modelo de Pro Hábitat en las reglamentaciones para este programa y se ha obtenido financiación del ministerio para la fase actual. Como consecuencia de ello, es probable que otras organizaciones, tanto no gubernamentales como administraciones municipales, apliquen el modelo de Pro Hábitat en otras

regiones del país. Esto bien demuestra la participación activa del Gobierno central y local, la preocupación y el interés de parte de él hacia las iniciativas de otras organizaciones en búsqueda de una mejora en la sociedad.

Hasta el momento, pareciera que el proyecto fue desarrollado únicamente bajo idea de las ONG’s y auspicio financiero del gobierno central, mas eso no es del todo cierto. El Estado no solo ha sido financiador, también ha participado a través de sus ministerios, en la creación de más proyectos con base en esta iniciativa, desde el inicio de la ley de Participación Popular. De igual manera, pareciera que los principales afectados limitaron su participación a la toma de decisiones, cuando al contrario, la población a la que se destinaba el proyecto ha participado por completo en él, desde la asistencia de las familias a las reuniones educativas sobre el Chagas hasta otras actividades.

Los voluntarios adoptan el papel de promotores locales y se educa a otras personas en la fumigación con insecticidas. Cada familia asiste a los talleres de trabajo y a las sesiones de formación sobre cómo mejorar sus viviendas empleando la tecnología apropiada. Ellas mismas realizan las mejoras materiales de sus viviendas con la instrucción y supervisión del equipo de Pro Hábitat. La comunidad en conjunto y, en especial, sus representantes electos, toman la responsabilidad de asegurar que el proyecto tenga éxito y de que se alcance al máximo el objetivo de actuar sobre el 100% de viviendas.

La Sinergia para la Sostenibilidad: Integrando asuntos de Medio Ambiente, Desarrollo, Gestión Pública y Sociedad Civil. Un Caso de Estudio Boliviano

”

Este caso presenta en forma clara y visible la sinergia que la sociedad civil boliviana fue capaz de alcanzar con el Estado Local y Nacional.

CONCLUSIÓN El artículo demuestra por medio de un ejemplo empírico llevado a cabo en Bolivia, que la tan mencionada sinergia EstadoSociedad Civil es una realidad alcanzable. El trabajo mostró de igual manera los pasos iniciales dados por el Estado Boliviano a través del la Ley de Participación Popular, con el objetivo de estrechar las relaciones entre el ente gubernamental y la sociedad civil.

La misma que permitió a las comunidades locales estar inmersas en el desarrollo de sus propios proyectos de desarrollo. Es una lástima que la iniciativa haya partido de una Organización No Gubernamental, y que haya sido ésta la que descubrió el potencial del trabajo de la comunidad. El Gobierno, a pesar de que tomó parte, lo hizo “tarde” cuando se percató de los resultados favorables. Un proyecto de estas magnitudes debería haber sido propuesto por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos afectados, pero estos últimos están acostumbrados a recibir donaciones, ayuda extranjera y no buscan la sostenibilidad de sus capacidades, mientras que los gobiernos tanto el central como los locales, están también acostumbrados a que las ONG’s sean quienes ejecuten y realicen las obras que bien ellos podrían realizar. Hay muchas cosas que cambiar en el contexto nacional boliviano, antes de con-

Durante el proceso de movilización de recursos es donde se puede apreciar de mejor manera la sinergia

seguir una fusión del aparato estatal y la sociedad civil. Se comete el error de dejar de lado el potencial con el que se cuenta para desarrollar proyectos de desarrollo que beneficien a toda la población.

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— Ostrom, E. (1996) ‘Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy , and Development’ Development, Vol 24, N°6, pp.10731087.

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Actividades

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

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a misión de la REI en Gestión Pública es generar y compartir conocimiento mediante el trabajo en Red y promover el fortalecimiento de las instituciones participantes. Con la finalidad de coadyuvar a la consecución de esta misión, se establecieron una serie de objetivos para mantener el contacto entre los profesionales iberoamericanos del área de Gestión de la Administración Pública, crear un foro permanente para la difusión de conocimiento y contribuir a la mejora continua de los programas de formación. Éstos se articularon en un Plan de Actividades semestral conformado por la realización de foros coordinados por expertos internacionales, cursos cortos de actualización, foros temáticos dirigidos por los coordinadores y miembros de la REI y la publicación de dos números de la Revista Digital. Todas las activida-

en Gestión Pública

des programadas para el año 2011 han concluido con éxito. La REI en Gestión Pública cuenta ya con 1.233 profesionales que, a lo largo del año, han estado compartiendo y transfiriendo conocimiento y experiencias. Actualmente, el Equi-

po Coordinador de la REI en Gestión Pública está trabajando en el diseño del Plan de Actividades 2012, por lo que esperamos sus recomendaciones y sugerencias para la mejora de nuestras actividades del año 2012.

DISTRIBUCIÓN POR PÁISES DE LA REI EN GESTIÓN PÚBLICA

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN GESTIÓN PÚBLICA Las actividades de la REI en GESTIÓN PÚBLICA en 2011 han sido coordinadas por profesionales pertenecientes a distintas instituciones y miembros de la REI. Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo electrónico de la REI (gpublica@redes-ceddet.org) a fin de poder canalizar sus aportaciones, sugerencias y propuestas de actividades.

CARMEN GONZÁLEZ Coordinadora temática.

Instituto de Administración Pública (INAP).

DORA ARMONÍA BONARDO Redactora Jefe de la Revista digital.

FABIANA GUTIÉRREZ Coordinadora temática de Latinoamérica.

YOLANDA DEMETRIO Coordinadora Área Gestión Pública.

FUNDACIÓN CEDDET

REI

Actividades

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en Gestión Pública RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

FOROS TEMÁTICOS REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2011 NOMBRE DEL FORO

OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS E IMPACTOS DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: UN MERO TRÁMITE O UN PROCEDIMIENTO EN PRO DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Identificar los beneficios de contar con un sistema de evaluación en la Administración Pública y su relación directa con el fortalecimiento de las políticas referidas al personal de la Administración Pública

22 respuestas y 117 visitas

Abordar un tema relevante y actual en el ámbito organizacional, en donde la captación, desarrollo y retención de talentos se ha vuelto una ventaja competitiva.

30 respuestas, 394 visitas

Determinar si la evaluación de riesgos forma parte de la cultura organizacional de nuestras instituciones públicas, y cuáles son los mecanismos e instrumentos que se utilizan para realizarla; así como las acciones que se implementan derivadas de ella.

55 respuestas, 401 visitas

Identificar y revisar los casos y las naciones iberoamericanas en donde la Gerencia Pública ha abrazado el concepto de gobierno abierto y citar ejemplos de democratización de las políticas públicas, de modo que sirvan de referencia para elaborar propuestas innovadoras en nuestros respectivos países, sensibilizando al liderazgo político y social de la importancia su aplicación en la Administración Pública.

21 respuestas, 224 visitas

INTERVENCIONES

Coordinado por: Nancy Huerta Vargas Fecha: Julio

¿CÓMO PUEDE RETENERSE EL TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS? Coordinado por: Fabiana Gutiérrez Fecha: Septiembre

VALORACIÓN DE RIESGOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Coordinado por: Jennifer Isabel Arroyo Chacón Fecha: Octubre

GERENCIA PÚBLICA, GOBIERNO ABIERTO Y DEMOCRATIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Coordinado por: Kinller E. Moquete Fecha: Noviembre

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REI

Actividades

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

en Gestión Pública

FORO DE EXPERTO Mecanismos e instancias de participación ciudadana para el desarrollo local Del 5 al 16 de Diciembre Moderador: JOSÉ ANDRÉS HERRERA REY, miembro del Dpto. Participación Ciudadana. Gerencia de Gestión Municipal. Municipalidad de San José. Costa Rica.

Número de participantes en el foro: 10 Número de aportaciones: 25 Número de visitas: 200 Nombres y países de los participantes: Gustavo Javier Pagnani, Argentina; Carmen González, España; Jennifer Arroyo, Costa Rica; Jimmy Bolaños, Costa Rica; Mario Alberto Molina, Costa Rica; Evangelista Lidia, Brasil; Dora Armonía Bonardo, Argentina; Fabiana Gutiérrez, Uruguay; Alicia Inés Zanfrillo, Argentina.

INFORME TALLER VIRTUAL Innovación en la Administración Pública (1ª Edición) Del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2011 Profesor: JOSÉ ALBERT BERENGUER, Escuela de Administración Pública de la Junta de Castilla y León-ECLAP, www.eclap.jcyl.es

Número de participantes: 19

La REI en Gestión Pública dentro de su Programación de actividades para 2011, ha ofrecido este Taller Virtual de Actualización, dirigido únicamente a los miembros de la REI, con el objetivo de contribuir a la mejora de su formación continua. El taller virtual de actualización “Innovación en la Administración Pública” complementa la formación ofrecida por los cursos online del área de gestión general de las Administraciones Públicas del INAP y la Fundación CEDDET. OBJETIVOS A CONSEGUIR: • Objetivo 1: Comprender el contexto de la innovación en la Administración Pública.

• Objetivo 2: Conocer el conjunto de factores claves del éxito que se han consolidado.

• Objetivo 3: Socializar, compartir y desarrollar conocimiento en esta temática.

REI

Actividades

Estas son las opiniones de algunos de los participantes: • “Toda la temática del taller me ha sido útil, ya que nunca había participado de un curso de Innovación en la Adm. Pública, por tanto he tratado de internalizar sobre todo el "salirse de la caja", ya que el diagnóstico de los problemas por lo general uno lo tiene claro, para poder así transcurrir un proceso innovador (siempre y cuando esté a mi alcance).”

• “Lo importante que se rescata siempre son las apreciaciones de los participantes en los foros. Es enriquecedor los comentarios y los puntos de vista que se plasman en

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en Gestión Pública

el foro, teniendo en cuenta que los participantes son funcionarios de diferentes carreras profesionales y con diferentes puntos de vista y análisis.”

• “La información y el enfoque brindado es de total aplicación, de hecho el taller me ha permitido preparar un proyecto el cual se ha

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

puesto en marcha en este mes, ha sido un beneficio total.”

• “En realidad nuestros países requieren trabajar mucho en el tema de innovación, me gustaría que este taller se convierta en un curso que nos permita tener más tiempo para profundizar algunas técnicas.”

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REI en Gestión Pública

EVENTOS Y CONVOCATORIAS Seminario Presencial INAP-CEDDET Octubre 2011 Del 24 al 28 de octubre 2011 se ha celebrado el seminario presencial INAP-CEDDET de los 3 cursos online impartidos en el 2010: La Función Gerencial en las Organizaciones Públicas (1ª, 2ª, 3ª y 4ª edición); Gestión de las Formación de Empleados Públicos (1ª y 2ª edición) y Nuevas Herramientas de Gestión Pública (1ª y 2ª Edición).

E

n la presente edición del seminario se ha tratado de primar la participación de los asistentes, mediante la exposición de sus proyectos moderados por los tutores de los cursos online de procedencia. De cada taller se elaboraron conclusiones parciales que sirvieron para demostrar el trabajo desarrollado a lo largo de la semana. Al igual que en la edición del año 2010, se seleccionaron los 3 mejores proyectos. Éstos serán publicados próximamente en una colección que se va a editar denominada “Cuadernillos Proyectos Seminario Presencial Gestión Pública”.

Junto a estos talleres se ofrecieron dos paneles de expertos sobre “Administración Electrónica y Servicio Público” y “La Gestión Pública y la Descentralización Territorial” moderados por expertos en las materias procedentes de diferentes administraciones públicas españolas.

Por último, los asistentes tuvieron la ocasión de ampliar y compartir conocimientos y experiencias sobre evaluación del desempeño, la función directiva pública, planificación y dirección estratégica, el aná-

lisis coste-beneficio y la formación continua de los empleados públicos.

Desde la Fundación CEDDET y el INAP esperamos haber cumplido los objetivos previstos y que la experiencia haya sido enriquecedora tanto a nivel formativo como institucional, fortaleciendo las relaciones a través del intercambio de conocimientos y experiencias con el fin de promover el trabajo en nuestra Red de Expertos Iberoamericana en Gestión Pública.

REI en Gestión Pública

EVENTOS Y CONVOCATORIAS <

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR TEMÁTICO LATINOAMERICANO EN LA REI EN GESTIÓN PÚBLICA 2012 Desde la Fundación CEDDET agradecemos a Fabiana Gutierrez su colaboración como Coordinadora Latinoamericana de la REI GESTIÓN PÚBLICA y esperamos que la Alicia Ines Zanfrillo. experiencia le haya resultado enriCoordinadora quecedora tanto a nivel personal Latinoamericana de la REI en Gestión Pública como profesional.

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Damos la bienvenida a Alicia Zanfrillo como nueva Coordinadora Latinoamericana, que junto con el resto del equipo de coordinación, tiene como objetivo/meta convertir a la REI en punto de referencia para el sector publico en Latinoamérica. <

CONVOCATORIA REDACTOR JEFE DE LA REVISTA DIGITAL EN GESTIÓN PÚBLICA 2012 Ya se ha cerrado el plazo para la recepción de candidaturas y en breve comunicaremos.

CONVOCATORIAS CURSOS ONLINE DEL INAP Y LA FUNDACIÓN CEDDET DE 2012 TITULO DEL CURSO

ED.

INICIO

FIN

FECHA FINALIZACIÓN MATRICULACIÓN

Nº SEMANAS

La Función Gerencial en las Organizaciones Públicas

7

23/04/2012

24/06/2012

08/04/2012

9

Gestión de Formación de Empleados Públicos

5

23/04/2012

24/06/2012

08/04/2012

9

Nuevas Herramientas de Gestión Pública

4

23/04/2012

24/06/2012

08/04/2012

9

Puede consultar el programa del curso a través del portal de la Fundación CEDDET: www.conecta-ceddet.org accediendo al apartado “CATALOGO CURSOS” y dentro del Área 6 “Gestión General de las Administraciones Públicas” podrá acceder a la ficha del curso online y solicitarlo.

Toda la oferta formativa CEDDET para el 2012 incluye una beca que cubre el coste del curso, quedando el pago de la matricula a cargo del participante.

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EVENTOS Y CONVOCATORIAS <

CONVOCATORIA CURSOS FODEPAL En el marco del programa FODEPAL gestionado por la Fundación CEDDET, siguen abiertos en periodo de matriculación nuevos cursos de formación para el primer semestre del año 2012 en la plataforma de la Fundación CEDDET, www.conecta-ceddet.org, dentro del área 8. Politicas Agrárias, Recursos Naturales y Aguas.

Los cursos abiertos a matrícula dentro del Programa FODEPAL: • Manejo Integrado del Fuego y Rehabilitación Ecológica en América Latina y el Caribe, 1ª Ed. • Políticas Públicas para el Fomento del Asociativismo y Desarrollo Rural, 1ª Ed. • Marcos de Formulación y Gestión de Políticas Forestales Nacionales, 1ª Ed. • Manejo del Riesgo en la Agricultura y los Seguros Agrarios, 1ª Ed. Asimismo, informarles que dentro del mismo área 8 del Portal de Formación de la Fundación CEDDET, se han abierto a matrícula los cursos del Programa de Formación Iberoamericano en Materia de Aguas (CODIA): • Monitoreo, Evaluación y Gestión de la Calidad del Agua de los Recursos Híbridos, 1º Ed. • Calidad y Potabilización de Aguas para Consumo Humano, 1ª Ed.

Les recordamos que si usted ya estaba registrado como usuario del portal www.conecta-ceddet.org, puede acceder a los cursos de FODEPAL con el mismo usuario y contraseña que tuviera para acceder a la oferta formativa de CEDDET

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CONVOCATORIA MASTER DEL INAP DE ESPAÑA Oferta formativa para Iberoamérica y otros países 2012-2013: • Máster en Administración y Gerencia Pública Abierto el plazo de solicitud hasta el 30 de enero de 2012.

Acceda a toda la información sobre el Máster en Administración y Gerencia Pública 2012-2013: www.inap.es <

OTROS EVENTOS DE INTERES

— IASIA (International Association of School and Institutes of Administration) Annual Conference 2012 Fecha: 16/07/2012 - 21/07/2012 Lugar: NIDA Campus, Bangkok, Thailand.

Organización: National Institute of Development Administration (NIDA) de Tailandia.

Contacto: El programa y la convocatoria se anunciará en breve.

— Congreso Internacional del IIAS (International Institute of Administrative Sciences) 2012 Fecha: 18 al 22 de junio de 2012. 2 Lugar: Mérida (México) Organización: Está abierto el plazo para presentar trabajos de investigación. El tema principal de este Congreso es: "Socio Economic Priorities and Public Administration".

Otros temas que se abordarán en el Congreso del IIAS de 2012 son: - Democratic Governance for Socio Economic Development - E-Government Instrument to Strengthen Trust - Public Value, the case of tourism.

Contacto: http://iias-congress2012.org/wp

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EVENTOS Y CONVOCATORIAS — XVII Congreso Internacional del CLAD Fecha: Noviembre 2012.

Lugar: Cartagena de Indias, Colombia.

Organización: ESAP, Gobierno de Colombia.

Contacto: http://www.clad.org/congreso-clad — XXII Congreso Mundial de Ciencia Política Fecha: 8 al 12 de julio de 2012.

Lugar: Madrid, España.

Organización: IPSA Contacto: http://www.aecpa.es/website-open-forproposal-submissions/pages.31/ E-mail: madrid2012@ipsa.org — Congreso Global de Administración y Finanzas Fecha: 22 al 25 de mayo de 2012.

Lugar: San José de Costa Rica Organización: IBFR Contacto: http://www.theibfr.com/costaricaesp.htm — II Congreso Internacional EDO 2012 “Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo” Fecha: 23 al 25 de mayo de 2012.

Lugar: Barcelona, España.

Organización: Universidad de Barcelona Contacto: http://edo.uab.cat/es/content/ii-congresointernacional-edo-2012

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Publicaciones NOVEDADES EDITORIALES DEL INAP ÚLTIMO LIBRO EDITARO

ÚLTIMO NÚMERO DE REVISTA EDITADO

Incidencia del Estatuto Básico del Empleado Público en el acceso al empleo del personal de los servicios de salud Autor: Juan Francisco Pérez INAP, 2011 1ª edición ISBN: 978-84-7351-413-2 (formato papel) ISBN: 978-84-7351-414-9 (formato electrónico) 330 páginas, 16,00 €

Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, Número 312 Enero - abril 2010

OTRAS NOVEDADES

Evaluación de políticas y reformas educativas en España (1982-1992) Tres experiencias de metaevaluación Autor: Ester García Sánchez INAP, 2011 1ª edición ISBN: 978-84-7351-406-4 (formato papel) ISBN: 978-84-7351-405-7 (formato electrónico) 208 páginas, 14,00 €

22 casos prácticos sobre Administración Pública Autor: Vario autores INAP, 2011 1ª edición ISBN: 978-84-7351-406-4 (formato papel) ISBN: 978-84-7351-405-7 (formato electrónico) 290 páginas, 14,00 €

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Publicaciones NOVEDADES EDITORIALES DEL INAP

La gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles.

Modelos y experiencias.

Autor: Manuel Guerrero Cuadrado INAP, 2011 1ª edición ISBN: 978-84-7351-411-8 (formato papel) ISBN: 978-84-7351-412-5 (formato electrónico) 352 páginas, 15,00 €

Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la normativa territorial y urbanística Autor: Aina Salom Parets INAP, 2011 1ª edición ISBN: 978-84-7351-409-5 (formato papel) ISBN: 978-84-7351-410-1 (formato electrónico) 544 páginas, 29,00 €

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