Gestión pública, conflicto y diálogo by Red Innovación

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Introducción Herramientas de diálogo para una gobernanza democrática más eficaz La polarización, el antagonismo y la política de identidades parecen dominar la conversación pública. Los conflictos se presentan como irreductibles, las políticas públicas como botines de guerra. ¿Es posible que los asuntos públicos fluyan por otros carriles? Las democracias de los últimos cien años siempre se han visto amenazadas por la posibilidad de que las limitaciones de los estados para satisfacer demandas, las tensiones culturales y axiológicas en la sociedad y los conflictos socioeconómicos y ambientales sobrepasen su capacidad y erosionen o quiebren su legitimidad. Encontrar herramientas para encauzar estos modos de malestar es una habilidad que las administraciones han desarrollado formal o informalmente. La idea más reciente de “gobierno abierto” ha introducido la colaboración como elemento clave. Tal como lo ha expresado la Open Government Partnership (OGP), “la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil es el elemento central de la Alianza para el Gobierno Abierto” 1,2 en pos de alcanzar una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable. En este trabajo se muestran experiencias en las que gobiernos de distintos niveles apostaron al diálogo como herramienta clave del ciclo de políticas públicas. Organismos internacionales, gobiernos nacionales y subnacionales, instituciones académicas y de la sociedad civil intentan, desde diversos ángulos y con distinto tipo de recursos, hacer del diálogo una práctica más protagónica en el desempeño gubernamental. Los objetivos de este trabajo 1 Open Government Partnership 2 Ver: informe OGP - Costa Rica: “Colaboración: un elemento crucial para desarrollar e implementar

iniciativas de gobierno abierto”

son darle visibilidad a este modo de encarar la gobernanza, describir algunos de sus beneficios, de sus limitaciones, las amenazas que los acechan y las vías para explorar su crecimiento y generalización. La apertura al diálogo, a la transformación de los conflictos y a las tensiones productivas produce en los tomadores de decisiones lógicas reticencias basadas en la aversión al riesgo, en estrategias de decisiones políticas para minimizar los posibles obstáculos y vetos. Desde esa perspectiva, parece que cerrar la puerta y realizar hechos consumados es un modo más “seguro” de gobernar. Pero la experiencia muestra que muchas veces los riesgos de reacciones sociales adversas se potencian cuando los afectados no son escuchados. Para mostrar la necesidad de contar con recursos especializados y su impacto positivo en el ciclo de políticas proponemos aquí escuchar voces de la experiencia. Hay en este trabajo una compilación de experiencias de uso del diálogo como herramienta para el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas, lideradas por áreas de gobierno u otros actores asociados a áreas de gobierno. La iniciativa surgió en el marco de una amplia plataforma regional de afinidad y comunicación entre profesionales de la mediación, la construcción de paz y la transformación de conflictos: la Red de Facilitadores Públicos y Comunitarios de Latinoamérica. Este trabajo, iniciado con una hoja de ruta integrada por diversos encuentros e intercambios, hoy trae como resultado esta presentación de experiencias llevadas adelante en Perú, Honduras, Uruguay y Argentina. El objetivo aquí es visibilizar aquellas que contemplan como elemento estratégico al diálogo, la transformación de conflictos y la construcción de consensos en el ciclo de las políticas públicas, contribuyendo así al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la participación ciudadana. Estas experiencias han surgido en diferentes contextos, algunas en el marco de políticas gubernamentales, otras de proyectos de organismos internacionales o bien de acuerdos intersectoriales. Están enfocadas en la utilización del diálogo como herramienta para la transformación de conflictos colectivos de diversas temáticas - tales como ambientales, de infraestructura o de propiedad y uso de la tierra- o bien como herramienta para dotar de una mayor legitimidad a iniciativas de gobierno, como un proyecto de ley o de una propuesta de política pública que tenga por objetivo la protección de un derecho colectivo, como el del consentimiento previo, libre e informado o bien la protección de derechos subjetivos individuales o el fortalecimiento democrático a través de la participación. En todos los casos, se trata de actividades en las que los ciudadanos, organizados colectivamente o no, logran formar parte de procesos de toma de decisión y de mecanismos que incrementan así la calidad democrática.

Este documento está estructurado en base a cuatro casos, cada uno de ellos expuesto alrededor de cinco ejes temáticos. Los casos son el de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de Perú, el Sistema de Mediación de Montevideo, el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible en Honduras y Dialogando Buenos Aires. La lectura de este trabajo permitirá obtener una visión integral de cada actividad - características, desafíos, perspectivas de consolidación - y del impacto y resultados que las actividades que desarrollan tienen en el ciclo de la política pública, contribuyendo así a robustecer la institucionalidad democrática. En efecto, cada eje permite exponer la experiencia de diálogo en políticas públicas desde una perspectiva distinta y comenzar una conversación acerca de las posibilidades, alcances, límites y necesidades. El primer eje en la exposición es “Características del servicio. Actividades que realiza. Resultados esperados”. Alrededor de este eje, cada caso puede exponer el proceso de trabajo, las principales modalidades de funcionamiento de cada área de promoción y uso del diálogo en políticas públicas. El segundo eje es “Principales proyectos en los que impactó. Desafíos, dificultades y resultados”. En cada uno de los casos, este eje permite desarrollar una visión práctica acerca del alcance y limitaciones del impacto de cada iniciativa. El tercer eje es “Contribución al ciclo de política pública”. Con el objetivo de poner en valor al diálogo como herramienta de política pública, esta sección busca detallar con foco en su valor transformativo, en cómo hace a una diferencia respecto de modalidades más tradicionales que prescinden de esta práctica. El cuarto eje es “Desafíos a la sostenibilidad”. En tanto se trata de modalidades nuevas de enfocar las políticas públicas, hay factores políticos, económicos y organizacionales que constituyen fuentes de riesgos para la continuidad y la expansión de estas políticas. Con el fin de fortalecerlas y aumentar sus chances de crecimiento, se propuso a los autores de cada estudio de caso que enfoquen esta cuestión. El quinto eje es “Perspectivas de consolidación y crecimiento” y busca que cada experiencia muestre su potencial para ir más allá de lo que se logró en cada caso. La incorporación de herramientas de diálogo al ciclo de políticas públicas requiere explorar, a partir de los logros, cómo podría incluirse y permear otro tipo de situaciones.

SISTEMA DE MEDIACIÓN DE MONTEVIDEO Por Leonel Groisman 1

Características del servicio. Actividades que realiza. Resultados esperados. El Sistema de Mediación de Montevideo (lo llamaremos en adelante “Sistema”) es el fruto de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo de la ciudad de Montevideo3 y el Centro de Formación para la Integración Regional4. CEFIR, fundado en 1993, es una entidad de investigación y formación del MERCOSUR que en su inicio recibió fondos de la Unión Europea. En el marco de dicho acuerdo, el gobierno de la ciudad se compromete a facilitar los fondos de financiamiento así como los apoyos necesarios para llevar adelante el proceso y el CEFIR se compromete a llevar adelante dicho Sistema. El plan original contemplaba la instalación de Centros de Mediación en cada uno de los ocho Municipios en que se divide Montevideo, aunque luego los problemas presupuestales, logísticos y de oportunidad (comenzó en 2019 y al poco tiempo comenzó la pandemia por el COVID-19), redujeron esta expectativa a dos Centros en dos municipios y el Centro de Mediación Central en el Centro de Montevideo. 3 Intendencia de Montevideo. 4 CEFIR - Centro de Formación para la Integración Regional

Aunque su nombre utiliza la palabra mediación, ella está incluida como genérico para facilitar el entendimientos de nuestras actividades. En realidad, y por contrato, el SMM se compromete a desarrollar todas las herramientas dialógicas, para lo cual se formó al equipo con destacados docentes internacionales especializados en la materia. Además, el Sistema se compromete a difundir y generar actividades relativas a la difusión de la Mediación y otros Métodos Adecuados de Transformación de Conflictos, actividad que lamentablemente, y también fruto de la pandemia señalada, ha sido difícil de abordar. Aún en este marco, el Sistema facilitó el acceso a ponencias de invitados internacionales y capacitó al personal de los dos municipios que llevaron adelante sus Centros de Mediación. En ese sentido, el Sistema abordó desde conversatorios sobre problemáticas puntuales de la ciudad, como ferias, pubs y actividades relativas al Candombe (estilo musical uruguayo declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad), hasta situaciones de conflicto comunitario simple, con dos actores y un conflicto determinado. En medio, el Sistema ha utilizado el conjunto de las herramientas dialógicas disponibles. 5

En Uruguay y, gracias al acuerdo con ODR (Online Dispute Resolution Latinoamérica), se desarrolló un plan de Mediación Online pionero por su estructuración y capacitación de los usuarios. Para ello, el Sistema adquirió las herramientas tecnológicas y la capacitación necesarias para lograr una continuidad que atenuara los impactos de la “libertad responsable”, término con que en nuestro país se llamó al autocuidado, el apego a las medidas restrictivas impuestas por nuestro Gobierno Nacional. Este desarrollo implicó también el acceso de los usuarios a las tecnologías necesarias para desarrollar cada intervención. La presencia en el territorio, así como el “salir a buscar los conflictos”, han sido dos de las características sobresalientes del desarrollo del trabajo del Sistema. La idea que subyace es la de generar un “Montevideo en Diálogo”, facilitando las herramientas dialógicas que permitan una convivencia armónica y pacífica de los ciudadanos de la capital del país. 2

Principales proyectos en los que impactó. Desafíos, dificultades y resultados. A continuación se detallan los principales proyectos en los que ha intervenido el Sistema de Mediación de Montevideo: Comparsa Rodó: Comparsa de candombe cuyas actividades se desarrollan en en las cercanías del Parque Rodó de Montevideo. En el marco del Sistema, nos llega la denuncia de un vecino por los “ruidos” que dicha comparsa 5 http://odrlatinoamerica.com/

realiza al desarrollar sus actividades artísticas. Desde el SMM abordamos la intervención buscando no sólo afectar el episodio del conflicto sino su epicentro. La ciudad tiene una evidente tensión entre el desarrollo cultural del candombe como patrimonio de la humanidad, en cuya declaración la ciudad se obliga a promover, y los vecinos cuyas casas tienen cercanía o la comparsa pasa por la puerta de su casa y este es, tal vez, un caso emblemático: la comparsa pasa por el frente de la casa de un vecino que tiene dos niños chicos menores de tres años a los que no logra dormir por el sonido de dicha comparsa. Nuestra intervención apuntó en dos sentidos: por un lado una mediación tradicional entre la dueña de la comparsa y el vecino afectado y el diálogo social complejo entre los integrantes de la comparsa y los vecinos directamente afectados por el sonido. En ese sentido, las partes firmaron un convenio de mediación y la conclusión del diálogo social fue el cambio de una cuadra del recorrido y una de las “paradas”. Entendiendo esta solución un éxito limitado por las altas probabilidades de reincidencia del conflicto, el Sistema abordó el proceso de entendimiento entre la Intendencia de Montevideo (específicamente la División Cultura) y la entidad que agremia a las comparsas de Montevideo. En ese marco y producto de la pandemia no hemos podido ir más allá, sin embargo, se generó un verdadero diálogo social entre todos los intervinientes, tendiendo a generar un protocolo de actuación para las agrupaciones de candombe que equilibra el desarrollo de una manifestación cultural legítima y el buen vivir de los ciudadanos. Ocupación de terrenos en Santa Catalina: El caso llega por un concejal vecinal para intervenir en un terreno de dicho barrio de Montevideo. La zona es una zona perimetral de Montevideo, suburbana, en la que la urbanización ha crecido a fuerza de asentamientos irregulares que luego son regularizados. En este caso, 700 familias ocuparon 70 ha. de tierras sin señalización ni alambrado. Ya en pandemia, en entrevista con el Fiscal del caso nos advierte que tiene la obligación legal de procesar a los asentados por el delito de usurpación. Los vecinos reclaman el derecho a la vivienda (derecho consagrado en la Constitución Nacional), y amenazando que, ante el procesamiento de uno de ellos, tomarían la Fiscalía de Montevideo. La Intendencia de Montevideo argumenta que es un problema del Ministerio de Vivienda (aún cuando está dispuesta a colaborar en una solución aportando terrenos propios). El Ministerio de Vivienda aduce que la Intendencia de Montevideo no hizo la denuncia en tiempo y forma por lo que es su responsabilidad y los dueños de las tierras defendiendo el derecho a la propiedad. En ese marco, el Sistema detectó la imposibilidad de abordar el conflicto en esos términos, por lo que fomentó y realizó un diálogo social complejo entre

los asentados con el conjunto de los directamente implicados (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, Fiscalía, Instituto Nacional para la Infancia y adolescencia, la Intendencia de Montevideo, los dueños del terreno, el Alcalde en representación del Municipio correspondiente y la Coordinadora de Asentamiento del Uruguay). Se logró sostener la mesa de diálogo durante casi tres meses con encuentros semanales durante la pandemia. Las partes lograron entender al otro y la propia comprensión desescaló un conflicto que se encuentra ahora en la órbita judicial, sin procesados ni tomas, a la espera de una solución que finalmente ofrezcan los directamente vinculados a esa posibilidad: la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda. Ambas partes se encuentran al momento negociando un acuerdo final. Terminal de ómnibus: Luego de tres asaltos consecutivos a ómnibus de la línea ocurridos en la Terminal, las autoridades policiales en acuerdo con la empresa de ómnibus, la Intendencia Municipal y el Municipio acuerdan acortar el trayecto de la línea de ómnibus en cuatro paradas (aproximadamente ocho cuadras). Es una zona oscura donde se han sucedido reiterados robos a vecinos. En este marco, los vecinos del lugar se movilizan en una actitud confrontativa y beligerante. Estancados en la disputa acerca de por dónde debería ir la terminal, nuestra intervención se remitió a conciliar dos intereses que estaban planteados como contradictorios, pero que no lo eran. Finalmente, mediante el diálogo de los intervinientes, se resolvió por consenso que el trayecto se mantuviera pero sólo se corrija el lugar de finalización. 3

Contribución al ciclo de política pública. Han sido tiempos especiales, en los que el Sistema de Mediación de Montevideo no ha dejado de intervenir, pero en los que los órganos legislativos han menguado su trabajo. Sin embargo, se han sentado precedentes que las autoridades nacionales y departamentales han tomado como referencia para protocolizar sus actuaciones y en los que se ofrece una excelente perspectiva de trabajo futuro, especialmente en lo que se refiere a la política de tierras y asentamientos, actividades culturales y relaciones entre los municipios y la ciudadanía. El SMM ha logrado transformarse en un dinamizador del vínculo entre las autoridades y la ciudadanía, marcando un cambio político de trascendencia para nuestro país.

Desafíos a la sostenibilidad. El Sistema de Mediación de Montevideo, vislumbra cuatro desafíos imprescindibles para su sostenibilidad: Generar las fuentes de financiamiento que hagan posible un pool lo suficientemente grande para licuar la capacidad de incidencia de cada una de ellas en procesos. El “sesgo del financiamiento” es un elemento para nosotros imprescindible de salvar para poder conservar la equidistancia sobre los participantes. Probablemente, no por presiones institucionales, pero sí por lo que sus integrantes se auto imponen. Salvar la polaridad entre partidos y sus disputas internas, que en ocasiones produce cambios dramáticos en las políticas públicas y que pueden afectar la continuidad de las políticas desarrolladas al momento. Conseguir los consensos partidarios necesarios para su continuidad es uno de los desafíos más importantes porque de ello depende en gran medida su continuidad. Por otra parte, el SMM necesita una legislación que legitime y brinde continuidad a la política pública que supone. Desarrollar y jerarquizar la Mediación y el resto de las herramientas dialógicas, de forma de sentir este proceso que desarrolla el SMM como un movimiento acompasado al crecimiento de un área específica del conocimiento.

Perspectivas de consolidación y crecimiento. El Sistema de Mediación de Montevideo ha logrado establecerse como un actor central en la conflictividad nacional. Ha logrado trascender el ámbito departamental para influir sobre actores decisivos del poder político nacional (de otro partido al que corresponde la Intendencia de Montevideo). Es decir, el SMM ha logrado colocar en el centro de la escena nacional una política adecuada de abordaje de la conflictividad. Construir una institucionalidad más amplia y fomentar la cultura del diálogo, son objetivos indispensables para diversificar el abordaje, así como generar los espacios para dimensionar esta experiencia departamental en una experiencia nacional. Esto reafirmará la ya clásica postura de diálogo del espectro político uruguayo, permeándola hacia la sociedad civil, con el claro objetivo de generar un fortalecimiento de las instituciones, así como la democracia participativa del país en su conjunto: el empoderamiento ciudadano.

DIALOGANDO BA

Por Hernán Charosky y M. Laura Dorrego 1

Características del programa. Actividades que realiza. Resultados esperados. 6

Dialogando BA es un programa oficial e independiente perteneciente al Ministerio de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollado por el Equipo de Diálogo y Políticas Públicas Colaborativas. Fue creado a principios de 2016 con el objetivo de promover la conversación pública como elemento central en la construcción de instituciones democráticas y de políticas sostenibles. Esta herramienta busca favorecer los procesos de creación o mejora de políticas públicas, habilitando conversaciones ordenadas y constructivas entre los principales actores involucrados. Es una metodología participativa, inclusiva de la diversidad de actores e intereses, colaborativa y horizontal. El diálogo no sólo se da entre expertos en las distintas temáticas objeto de discusión, sino que también incluye a diversos representantes de la ciudadanía interesados en aportar visiones, dialogar y eventualmente llegar a consensos, generando así insumos para el diseño de políticas públicas. Los procesos de diálogo pueden desarrollar distinto tipo de problemáticas. El enriquecimiento de normas administrativas y de leyes, el diseño y el monitoreo de políticas públicas, la prevención o manejo de conflictos, el intercambio de 6 Dialogando BA

información sobre esfuerzos o actividades específicas de áreas de gobierno y organizaciones de la sociedad civil son algunos de los focos que ha tenido. El objetivo del Dialogando BA no es únicamente la creación de consensos alrededor de una determinada política pública, sino también una mejor convivencia con el disenso. Ya resulta un paso constructivo el proceso de intercambio de visiones entre los principales actores y la identificación de aquéllas sobre las cuales exista o se genere un consenso y aquéllas sobre las que no. De esta manera, los hallazgos luego alimentan el proceso de formulación de políticas públicas. Cuando se trata de consensos, el impacto es la inclusión de esos acuerdos en las normas o políticas. Cuando se trata de disensos, el impacto es la inclusión de matices y de escenarios alternativos en normas y en políticas, y una comunicación de las limitaciones y motivos para atender las posiciones divergentes.

Conocimiento

Dialogo Consenso

Participación

Imagen 1: los pilares característicos del programa que enriquecen los procesos de decisión y nutren de mayor legitimidad las decisiones públicas.

Principales proyectos en los que impactó. Desafíos, dificultades y resultados. A continuación se detallan los principales proyectos en los que Dialogando BA contribuyó a avanzar políticas públicas con insumos de los actores clave. Reforma de la ley 104 de Acceso a la Información Pública.

La Ciudad de Buenos Aires tuvo una de las primeras leyes subnacionales de Acceso a la Información en Argentina. En 2016 se evaluó la necesidad de actualizarla de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos y también a las condiciones que imponen y habilitan las nuevas tecnologías. Se realizaron talleres con paneles expertos y mesas de diálogo sobre diseño institucional, procesos, tecnología y derechos humanos. En los paneles expertos participaron académicos, funcionarios, líderes de la sociedad civil y legisladores de distintos partidos. De los insumos recolectados en estos talleres surgieron elementos para el proyecto de ley, que reconoció al acceso a la información pública como un derecho humano y formalizó la apertura de datos, marcando así un cambio de paradigma. 8

Código Electoral.

Esta Ley fue el resultado de una construcción pluralista de consensos a través de un proceso abierto y participativo en el marco del programa. El resultado de ese intercambio, y en base a los insumos generados por las mesas de trabajo, se generó el documento “Apuntes para un Código Electoral” que orientó la redacción de un primer proyecto de ley presentado en 2016, antecedente del que se aprobaría en 2018 con la mayoría especial (2/3 ) que exige la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a las leyes electorales. Este último también recogió insumos clave del proceso participativo . Hubo temas que generaron posiciones contrastantes en el debate público, que fueron reflejadas en su pluralidad y que impactaron en la redacción del proyecto. Algunos de los temas que generaban más debate público y tensiones políticas fueron los del uso de tecnologías en la emisión del voto, la estructura de las autoridades electorales judiciales y administrativas, el debate electoral y el voto de extranjeros. En los paneles expertos y en los talleres participaron líderes de la sociedad civil, expertos en tecnologías, legisladores de distintos signos políticos y periodistas.

7 Acceso a la Información Pública 8 Reforma Electoral

Nueva normativa del Registro Civil.

En 2015 entró en vigor el nuevo Código Civil y Comercial argentino. El Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires necesitaba adaptar su normativa administrativa a la nueva legislación, en temas tales como técnicas de fertilización asistida, identidad de género, entre otros. Dialogando BA sirvió de marco para que actores clave con identidades culturales en conflicto conversaran para definir aspectos que involucran la función propia del Registro Civil. En los años 2017, 2019 y 2021 se trabajó para erradicar el vandalismo en el espacio público durante las campañas electorales. A instancias de Dialogando BA los partidos políticos y el GCBA suscribieron el Compromiso “Ciudad Limpia y Campaña Responsable”10 con el objetivo de incentivar el respeto a la higiene urbana y disminuir las pegatinas y graffitis ilegales. Los talleres de diálogo permitieron diseñar incentivos positivos para las agrupaciones y ayudó a reducir en casi un 90% la cantidad de afiches ilegales durante el período electoral. 11

Diálogo Público-Privado para la Integridad.

Las políticas de integridad requieren del compromiso entre el sector público y el sector privado. Con el objetivo de generar ideas para realizar ese compromiso, desde Dialogando BA empezó a trabajarse la temática con una mesa co-organizada entre empresas, colegios profesionales, cámaras binacionales de comercio y miembros de la academia. Bajo esta iniciativa se realizaron encuentros con disertantes de alto nivel que permitieron y permiten continuar con la generación de insumos para la política pública en materia de integridad. También se redactaron documentos conjuntos. Dialogando BA Centros de Estudios Independientes y Partidarios12 Es una iniciativa que surge del trabajo junto a centros de estudios e investigaciones de diversos partidos políticos y organizaciones independientes. La premisa principal bajo la cual se construye el espacio es pensar en conjunto cómo establecer un diálogo político más allá de la coyuntura y por fuera de la polarización, proporcionando a los partidos políticos una hoja de ruta acerca de cuáles deberían ser las áreas en las cuales hacen falta consensos. Las temáticas abordadas hasta el momento en este marco fueron el futuro del trabajo y el ambiente.

9 Nueva normativa del Registro Civil 10 Ciudad Limpia, Por una campaña electoral responsable 11 Integridad: Diálogo Público – Privado 12 Centros de Estudios Independientes y Partidarios

Contribución al ciclo de política pública. En el caso de la reforma de la ley 104 de Acceso a la Información Pública, se realizaron importantes logros en favor de la jerarquización del derecho a la información, la incorporación de criterios digitales al concepto de apertura de información (open data) y se avanzó en mecanismos de diálogo entre peticionantes y la administración para canalizar posibles conflictos. Nada de esto hubiese sido posible sin el aporte de expertos locales e internacionales, y la conversación cara a cara entre funcionarios, políticos, activistas de la sociedad civil y periodistas. Respecto a la sanción del Código Electoral, la realización de mesas de diálogo permitió poner en discusión la temática en relación al uso de tecnologías en la emisión del voto, lo que finalmente quedó plasmado como una alternativa dentro de la adopción más general de la Boleta Única en la nueva normativa. Además, se trabajó respecto a condiciones para garantizar la participación, la transparencia y la auditabilidad como condición para su implementación. Para que estos matices y umbrales de control fueran incluidos fue clave la conversación abierta entre activistas, expertos y funcionarios afines a la inclusión de estas tecnologías y otros críticos. La iniciativa Dialogando BA Centros de Estudios Independientes y Partidarios ha logrado con su grupo Futuro del Trabajo realizar un borrador de una hoja de ruta para acuerdos interpartidarios en materia de formación laboral y presentarlo en un evento virtual internacional con expertos de distintos partidos.

Desafíos a la sostenibilidad. Dialogando BA es un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creado por resolución ministerial, con presupuesto propio. Asimismo, ha logrado una presencia y una referencia tanto entre funcionarios como entre activistas de la sociedad civil. También ha logrado el apoyo de organizaciones internacionales, como el National Democratic Institute (NDI). Han participado de sus actividades funcionarios de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Pacto Global (ONU) y el programa de Naciones Unidas contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado (UNDOC). Estos son importantes apoyos para la sostenibilidad. Uno de los principales desafíos en este sentido es la decisión política a través de diversas administraciones acerca de la relevancia del diálogo pluralista como herramienta de gestión. En un contexto predominantemente adverso a esta lógica, no sería improbable que los decisores lo vean como fuera de

lugar.

Otro desafío es la relevancia. Dialogando BA funciona en la medida en que encuentra o se le presentan oportunidades de generar encuentros entre actores clave en torno de una política pública o de una propuesta normativa. Hasta el momento esto ocurrió de modo espontáneo, con demandas de otras áreas del gobierno para utilizar la metodología, cuyas experiencias van de boca en boca de funcionarios. Pero no hay ninguna clase de mandato o de incentivo que lleve a las diversas áreas a pedir el apoyo de Dialogando BA. Perspectivas de consolidación y crecimiento. Una de las principales posibilidades de consolidación y crecimiento está en la reputación que ha ganado el programa a lo largo de su existencia. La experiencia de diversos funcionarios, líderes políticos, académicos y de la sociedad civil reflejada en diversos intercambios en los procesos de redacción de documentos, videos de los eventos y opiniones en redes sociales, es la clave. En la medida en que Dialogando BA ayuda a dar respuestas plurales a problemas de política pública y provee de una experiencia positiva a quienes participan, tiene una base sólida para crecer. Una mayor inserción en los procesos de toma de decisiones en los que hay pluralidad de ideas, tensiones o conflictos, ya sea a través de una mayor legitimación política o de una normativa específica podría potenciar el impacto del programa.

Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS) - Honduras Por Pablo Lumerman - Sergio Giovanni Aguinada Arevalo - Juan Orrego 1

Características del plan. Actividades que realiza. Resultados esperados. El Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS), impulsado por el 13 anterior gobierno de Honduras y la cooperación multilateral e internacional, 4 es un instrumento de planificación pública, gestión del desarrollo sostenible y participación ciudadana creado para responder al impacto humano y a los efectos sociales, ambientales, productivos y de infraestructura derivados del paso de las tormentas tropicales Eta e Iota ocurridos en noviembre de 2020. En este sentido, el PRDS tiene como objetivo lograr la recuperación integral y construcción de un país resiliente, con una fuerte agenda en la adaptación y la mitigación del cambio climático . Para tal fin, el plan se está construyendo en pos de la búsqueda de una sólida base de respaldo social que garantice la sostenibilidad y la continuidad de los esfuerzos para alcanzar la recuperación deseada. Por eso, la fase actual de formulación tiene como objetivo involucrar a la esfera pública y privada, la sociedad civil y las distintas comunidades para que se apropien de él mediante consultas territoriales y sectoriales con actores clave y con cualquier persona interesada en contribuir. En ese sentido, el PRDS es más que un plan de gobierno toda vez que pretende ser un plan de país y un complemento a las políticas públicas de desarrollo de Honduras. 13 Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible

El programa se basa en nueve principios rectores:

Adaptabilidad al Cambio Climático y Reconstrucción Resiliente.

Participación Democrática.

Transparencia.

Diálogo Social.

Visión de Desarrollo Sostenible.

Derechos Humanos.

Igualdad de Género..

Responsabilidad Compartida

Buena Gobernanza

El anterior gobierno de Honduras y la cooperación multilateral e internacional en el país establecieron como criterio de colaboración central para la elaboración del plan de reconstrucción, que este sea ejecutado de forma participativa, transparente y que cuente con un respaldo social y político amplio, en aras de garantizar la transparencia y la inserción de distintas miradas, necesidades y proyectos en materia de reconstrucción. Con el fin de garantizar la calidad del proceso, se planteó un acuerdo marco el cual propuso constituir un mecanismo de participación ciudadana y comunicación social, y establecer un sistema adecuado de rendición de cuentas y ejecución transparente de los recursos destinados a su 14 fin. En el marco de este acuerdo, se elaboró un “Mecanismo de Participación, Consulta y Transparencia”Mecanismo 15 PCT - a cargo de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras (en adelante OCR), desde el cual se impulsaron las consultas sectoriales, territoriales, estrategias comunicacionales y el mecanismo de veeduría ciudadana. Este mecanismo buscó implementar los puntos acordados, entendiendo que su adecuado desarrollo permitiría un proceso de planificación 14 Acuerdo marco de cooperación. 15 Proceso de participación, consulta y transparencia

dotado de legitimidad y capacidad transformativa. En este sentido, facilitó un proceso de enriquecimiento al documento preliminar del PRDS (Volumen 1) con consideraciones, necesidades y propuestas de proyectos provenientes de los territorios y de la sociedad civil. 2

Principales proyectos en los que impactó. Desafíos, dificultades y resultados. Resulta menester en este punto poner de resalto el impacto generado a través del proceso de consultas sectoriales y territoriales elaboradas en el marco del Mecanismo de Participación, Consulta y Transparencia (Mecanismo PCT). Se contó con la presencia de aproximadamente 1500 personas y 506 organizaciones del sector público, privado, de la academia, la sociedad civil y de todo el territorio hondureño, articulando la convocatoria a los alcaldes junto a AMHON (la Asociación de Municipios de Honduras). En los talleres se puso en discusión el primer volumen del PRDS y se recogieron aportes vinculados a las necesidades, proyectos, estrategias y recomendaciones de gobernanza. Los resultados de las consultas sectoriales y territoriales de distintos sectores y territorios de Honduras, fueron el principal insumo para la retroalimentación del Volumen 1 del PRDS. Dichas consultas fueron gestionadas por la OCR de Naciones Unidas en Honduras con la colaboración de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno de Honduras y co-organizadas con distintas organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el gobierno que trabajaron para garantizar la inclusión y la transparencia del proceso. Esta etapa, llevada adelante durante los meses de junio, julio y agosto del 2021, estuvo orientada a promover y garantizar la participación de la población bajo un enfoque territorial, de derechos y equidad de género. El propósito estuvo orientado a que la ciudadanía hondureña tenga capacidad real de participación y ejercicio de tareas de control social, identificando y efectuando propuestas respecto a sus necesidades, respetando sus prioridades y detectando aportes territoriales para la recuperación, con el fin de que el PRDS se fundamente en las demandas reales de la población afectada por las tormentas Eta e Iota.

Contribución al ciclo de política pública. La etapa de consultas sectoriales y territoriales marcó un hito en la participación ciudadana en Honduras. La exitosa respuesta a la convocatoria de organizaciones y personas de distintos sectores sociales y territorios involucrados, sumado al tipo y volumen de aportes recibidos conducen a hablar de un proceso de participación satisfactorio que, de continuar dicha trayectoria, podría permitir una alta legitimidad y transparencia del PRDS, así como una buena práctica en materia de participación ciudadana para el

diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas en Honduras. En este sentido, se entiende que el proceso de inclusión y la participación efectiva y real de la comunidad en la formulación de un nuevo volumen del PRDS fortalece las capacidades del país, maximizando las posibilidades de éxito en el gran desafío que implica generar políticas eficaces y sostenibles en materia de adaptación al cambio climático y reconstrucción resiliente. A través de la etapa de consultas sectoriales y territoriales, el PRDS reconoce una multiplicidad de actores que cobran protagonismo y que deben ser tenidos en cuenta en todo el proceso, lo cual significa un avance en la democratización de las decisiones en materia de reconstrucción y en la desconcentración de las funciones gubernamentales. De este modo, el diálogo social se posiciona como elemento destacado del PRDS, garantizando la participación y transparencia del proceso, delineando acciones y pasos concretos que otorgan trazabilidad, promueven la inclusión de actores y fortalecen la capacidad de readecuación del plan en función de las agendas, necesidades y posibilidades de la propia ciudadanía. Cabe resaltar que con estas consultas se propende a: Preservar el derecho ciudadano de participar en el proceso de reconstrucción. Recibir de los grupos participantes sus impresiones y consultas sobre el PRDS volumen 1. 13 Obtener retroalimentación sobre las estrategias y proyectos del PRDS e incorporar propuestas que vayan orientadas a dar respuestas a necesidades territoriales o sectoriales no incluidas en el Plan a fin de evaluar su posible incorporación al PRDS.

Recibir de los grupos participantes recomendaciones de buenas prácticas en materia de gobernanza del plan. Fortalecer el documento del PRDS de cara a nuevas ediciones que incorporen el sentir y el pensar de la ciudadanía. Con el objetivo de incluir e integrar con protagonismo a los actores sectoriales y territoriales de Honduras en el proceso de planificación de la reconstrucción post tormentas Eta e Iota, se previó la organización 20 talleres de consulta durante los meses de junio, julio y agosto, de los cuales 12 fueron sectoriales y 8 territoriales. Si bien la mayoría de los talleres se desarrollaron a través de la modalidad virtual, se contempló la realización de dos talleres territoriales presenciales en zonas muy afectadas por las tormentas y con altos déficits 16 en materia de conectividad digital. 16 uno en Santa Bárbara (realizado) y La Mosquitia (no pudo realizarse).

Asimismo, para garantizar una mayor legitimidad y amplitud, se adoptó una estrategia de codiseño de cada uno de los talleres de consulta, formando grupos intersectoriales integrados por representantes del gobierno, la OCR, la troika, las agencias ONU con competencia y especificidad en los temas a consultar, así como las autoridades locales y/o territoriales y las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Estos grupos desarrollaron reuniones preparatorias de cada taller en las cuales se definieron los diferentes roles a adoptar, ya sea de coorganización, facilitación o apoyo en la convocatoria. Para llevar adelante la convocatoria a los talleres de Participación, Consulta y Transparencia se partió de un mapeo de actores a cargo de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, retroalimentado por las organizaciones que formaron parte del grupo intersectorial de cada taller en búsqueda de lograr la mayor representación sectorial, territorial y diversidad posible. Luego de la realización de cada uno de los talleres se construyeron borradores de relatorías de lo ocurrido los cuales fueron compartidos con los coorganizadores y participantes para su retroalimentación y validación. Una vez finalizado este proceso, se proyecta su publicación como parte del ejercicio de transparencia. El siguiente gráfico describe los pasos a realizar desde la elaboración del taller hasta la incorporación de los aportes recibidos en un nuevo borrador del PRDS.

secuencia 1 Taller x

10 Incorporación aportes al PRDS V1.5 y Validación

3 Curaduría y resumen

Primer procesamiento

9 Gestión para formalizar propuestas viabilizadas en el Comité de Coedición

Ejecutivos 3 páginas

4 Relatoría Borrador del taller (Formato para envío a participantes del documento borrador)

7 Comoté de coedición

(Definición de insumos para el volumen 1.5)

5 Validación de participantes

Bolentines quincenales ideas talleres en el período que aparecen con más fuerza y recomendación

Relatoría final del taller

Acción para preparar contenidos

Desafíos a la sostenibilidad. En Noviembre del 2021 se llevaron adelante elecciones nacionales en Honduras donde resultó electa Xiomara Castro, dirigente del Partido LIBRE que es de un signo político distinto al que comenzó el proceso del PRDS. Por lo tanto, el desafío que aquí presenta el PRDS es que sea tomado como una herramienta para el país y no como un documento elaborado por otro gobierno y que no sea tomado en consideración. Sin embargo, desde el equipo de ONU se llevaron adelante reuniones previas con los equipos técnicos de los partidos políticos donde se presentó el Plan junto con el proceso de consultas territoriales y sectoriales para que puedan interiorizarse del mismo, evacuar sus dudas y visualizar su riqueza. Por otro lado, en diciembre se llevó adelante el último taller de retroalimentación 17 junto con las organizaciones co-organizadoras permitiendo elaborar el documento final del PRDS. Este documento será el que se presentará a las autoridades nuevas, quienes evaluarán su implementación. Perspectivas de consolidación y crecimiento. En lo que respecta a la consolidación y sostenibilidad del Programa de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, tal como se hiciera referencia con anterioridad, esta se encuentra estrechamente vinculada con la mayor o menor preponderancia que la decisión política del el gobierno entrante decida otorgarle. En este sentido, que este programa pueda llegar a consolidarse como un Plan País y brindar aún más crecimiento, depende de si el gobierno electo de Honduras lo toma y lo desarrolla como un instrumento de planificación pública, gestión del desarrollo sostenible y participación ciudadana, sosteniéndolo como un componente transversal y esencial a la hora de diseñar e implementar políticas públicas de sólida base social.

17 PRDS Diciembre-2021.pdf

Secretaría de Gestión Social y Diálogo – Perú Por Giselle Huamani Ober 1

Características del área. Actividades que realiza. Resultados esperados. En el 2017, al crearse el Viceministerio de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros - en adelante PCM - se transformó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) como el órgano de línea encargado de gestionar los conflictos sociales existentes en el territorio nacional. Posteriormente, en el año 2021,18 se modificaron las unidades orgánicas de la Secretaría, resultando integrada por la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SSPI), Subsecretaría de Gestión del Diálogo (SSGD) y la Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos (SSGC).

18 Con fecha 30 de junio y 7 de julio de 2021 se publicó el Decreto Supremo N° 126-2021-PCM y Resolución

Ministerial N° 141-2021-PCM respectivamente, mediante el cual se aprueba la sección primera y segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

O RGAN I Z AC i ón Viceministerio de gobernza territorial Secretaría de Descentralización

Secretaría de Gestión Social y Dialogo

Secretaría de Demarcación Territorial y organización Teritorial

SG SD SEGÚN E L N UE VO ROP Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SSPI)

Subsecretaría de Gestión del Dialogo (SSGD)

Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos (SSGC)

Por primera vez en la trayectoria de la institucionalidad pública para la gestión de conflictos en el Perú, la SGSD fue liderada por profesionales mediadores y facilitadores con trayectoria nacional e internacional en la transformación de 19 conflictos y sin afiliaciones políticas para el periodo noviembre 2020 a julio 2021. A partir de la nueva organización cada Subsecretaría asumió funciones más especializadas. La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información está orientada a la consolidación de la metodología de evaluación de riesgos, en el diseño y funcionamiento de un mecanismo de coordinación para la recepción de información preventiva sobre conflictos sociales de parte de otros sectores y entidades, en la consolidación de mecanismos de reporte que incluyeran la provisión de información preventiva para los sectores y entidades a cargo de la gestión de conflictos sociales y en el fortalecimiento de mecanismos de coordinación al interior de la SGSD y hacia afuera de la unidad, para el impulso de acciones preventivas en torno a la gestión de conflictos sociales. Para llevar adelante esta tarea, contamos con un Sistema de Gestión de Información 19 Giselle Huamani, Javier Caravedo Chocano, Cesar Bedoya Garcia, Luis Ore Ibarra en el 2021.

actualizado de los casos activos en Pre Conflicto, Conflicto y Post Conflicto y situaciones sensibles al conflicto del Sistema Informático de Gestión Social, Alerta Temprana y Seguimiento de Compromisos (SIGESSCOM). Al primer semestre del 2021 se tuvo un incremento del 35% en el nivel de actualización de la información de los casos. En la misma línea, contamos con una Plataforma Digital para la Gestión de Conflictos, con implementación de módulos de seguimiento de compromisos (gestión interna y acceso a la información pública). Cabe destacar aquí el rol fundamental de la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información, toda vez que monitorea los conflictos sociales que representan un riesgo para la gobernabilidad, la gobernanza territorial, los derechos fundamentales y el orden público. Por su parte, desde la Subsecretaría de Gestión del Diálogo se impulsan acciones tendientes a establecer la presencia de los miembros de la SGSD en las 25 regiones del país a través de gestores locales para interactuar con las instituciones y líderes locales, realizar las alertas tempranas, desarrollar el relacionamiento social, realizar tareas de seguimiento, coordinar con los actores locales y crear las condiciones para las intervenciones. También se establecieron las dinámicas de trabajo en las unidades territoriales a fin de trabajar las problemáticas regionales con estrategias territoriales. Cabe mencionar que, desde la SGSD, se gestionan casos en algún estado de la conflictividad a través de los equipos de las Unidades Territoriales, las que actualmente se configuran de acuerdo a la siguiente distribución en relación a la actual necesidad de intervención en territorio:

Cuadro: Zonas de intervención por Unidad Territorial UT NORTE

UT AMAZONÍA

Tumbes Piura Lambayeque Cajamarca La Libertad Áncash

Loreto Amazonas San Martín

UT CENTRO

UT SUR ESTE

Huánuco Cusco Pasco Apurímac Ucayali Madre de Dios Junín Puno Huancavelica ayacucho

UT SUR OESTE Arequipa Moquegua Tacna

UT NACIONALES, LIMA CALLAO, ICA

Lima metropolitana Lima provincia Callao Ica

Fuente: SGSD 2021

Asimismo, desarrollamos rutinas de atención de casos que cuentan con metodologías de preparación de condiciones previas, relacionamiento y gestión de los mismos de una manera participativa y culturalmente apropiada. En lo que respecta a la Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos, se trabajó en la implementación de una rutina de reportes a los sectores y Alta Dirección de PCM y de actualización de compromisos para los diversos espacios de diálogo de la Amazonía del corredor vial sur, Ayacucho entre otros, iniciando una rutina de reporte a los actores involucrados. Asimismo, se desarrolló la Plataforma Digital, que permitirá automatizar procesos y sustituir las versiones de Excel y Power Point. 2

Principales proyectos en los que impactó. Desafíos, dificultades y resultados. Con la aprobación de la nueva estructura organizacional de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo se desarrollaron funciones clave para la generación de políticas públicas en materia de gestión de conflictos y en el desarrollo de procesos que buscan implementar el enfoque de transformación de conflictos. En este sentido se implementaron lineamientos, protocolos y estrategias tales como el “Protocolo para desarrollar reuniones digitales no presenciales en el marco de la emergencia sanitaria nacional y del estado de emergencia 19 nacional a causa del brote del COVID-19”, el cual permitió la realización de 1464 reuniones digitales; el “Manual Operativo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo” 20, desarrollado con el objetivo explicar de manera didáctica las funciones y actividades llevadas adelante en la SGSD, orientando el trabajo del equipo involucrado y sirviendo de guía para las gestiones posteriores; los “Lineamientos y protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, en materia de gestión social y diálogo” 21 y los “Lineamientos para la promoción de la participación significativa de mujeres en los procesos de diálogo para la atención de conflictos sociales”22. Otra de las funciones clave asumidas estuvo vinculada con el fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades de manera vertical y horizontal. En esta línea de acción, se desarrollaron presentaciones semanales en reunión de Consejo de Ministros para informar sobre el estado de la conflictividad social, la prioridad en la gestión de los conflictos de la semana, y las coordinaciones requeridas con los diferentes Ministros de gobierno. Estas reuniones fueron replicadas con miembros de los equipos de manejo de conflictos de los 19 ministerios y con los integrantes de los equipos de manejo de conflictos de los 25 gobiernos

20 Aprobado mediante Resolución N° 007-2021-PCM/SGSD 21 Aprobado mediante Resolución N°008-2021-PCM-SGSD 22 Aprobada mediante Resolución N°009-2021-PCM-SGSD y anexos.

regionales, con el objetivo de intercambiar información sobre la conflictividad social y coordinar acciones conjuntas para la gestión de cada uno de los casos. Asimismo, se desarrollaron reuniones bilaterales y multiactores con los sectores de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, iglesias, Defensoría del Pueblo, entre otras, para intercambiar información, coordinar acciones, preparar la participación en los procesos de diálogo y dar seguimiento a los acuerdos para cada uno de los casos de atención. En las regiones se realizaron coordinaciones locales con los Comités Regionales de Manejo de Crisis23 con la participación de actores institucionales a nivel regional para atender los distintos casos de crisis. Las acciones de la Subsecretaría de Gestión del Diálogo se orientaron a realizar diagnósticos y análisis multisectoriales y multiniveles para la intervención inmediata de los casos activos y otros escenarios de conflictividad en el territorio. Asimismo, se identificaron actores, necesidades e intereses, así como los factores causales de la controversia en las zonas de intervención para ser atendidas en el corto plazo a fin de evitar el escalamiento de los conflictos sociales primando el diálogo territorial, así como al seguimiento preventivo de la evolución de la conflictividad. Todo ello a través del análisis y la gestión de información, priorizando alternativas de solución que permitan atenderlas, así como la implementación de las acciones de diálogo y mediación para el abordaje oportuno, evaluando el avance de las acciones realizadas, alineando y afinando estrategias antes de que los conflictos sociales escalen. Un caso de gran impacto a nivel nacional en el que la Secretaría trabajó activamente fue el de la huelga de los trabajadores de agroindustriales de Ica y Virú. El 30 de noviembre de 2020 una nueva protesta social sacudió el país. Esta vez se trataba de los trabajadores agroindustriales que denunciaban condiciones laborales precarias tras la prórroga, el año 2019, de la ley 27.360 que aprobó las normas de promoción del sector agrario y que estableció beneficios laborales y tributarios para las empresas especializadas en las actividades de cultivo y/o crianzas, acuícolas y agroindustriales. Durante el mes de diciembre los manifestantes mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana sur, en Ica, y la Panamericana norte, en La Libertad, afectando el traslado de personas, mercaderías, medicinas, oxígeno medicinal y provocando enfrentamientos y diversos actos ilícitos que, además, afectaron el orden público. Desde el inicio de los reclamos de los trabajadores agroindustriales de Virú y de Ica, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo se puso en contacto con los dirigentes, y, en coordinación con el MIDAGRI (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) y el 23 Comités Regionales de Manejo de Crisis son espacios multiactor a nivel regional, que cuentan con la

participación del Gobierno Regional, Prefectura, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, plataforma de derechos humanos, iglesia católica, etc. para la atención de los conflictos sociales. Se conformaron en el 2021 en cada una de las regiones del país, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior.

MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo), se gestionaron reuniones iniciales con los dirigentes, las autoridades regionales y los representantes de la Iglesia por separado y en cada provincia buscando consensos. Fue así que el 1° y el 7 de enero de 2021 se realizaron reuniones en las provincias de Virú (La Libertad) e Ica (Ica) respectivamente, con la participación de representantes de los trabajadores y empresarios de la actividad agroexportadora, gobernadores regionales de La Libertad y de Ica, directores regionales, viceministros y funcionarios de los sectores del MTPE, MIDAGRI, PRODUCE y Congresistas de la República. En estos espacios se recogieron los pedidos, las necesidades y percepciones sobre la problemática, concluyendo con el desarrollo de acciones conjuntas dirigidas a: recibir aportes para el proceso de formulación del Reglamento de la Ley N° 31.110, que la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) continúe e incremente sus acciones de fiscalización y conformar una mesa de trabajo para el desarrollo de una agenda social en cada provincia. En Ica se constituyó el 9 de enero la Comisión Técnica Multisectorial e Intergubernamental para la Agenda Social de Desarrollo de la provincia de Ica, presidida por el MIDAGRI e integrada por sectores del gobierno nacional, el GORE Ica, las municipalidades, sociedad civil organizada y empresas agroindustriales y agroexportadoras. El 28 y el 29 de enero de 2021 se realizó el evento digital denominado “Diálogo Agrario”, con la participación de representantes de los gremios y de las asociaciones de empresarios del sector agroexportador y otros sectores agropecuarios involucrados. Ese espacio fue facilitado por la SGSD y los funcionarios del MTPE pudieron recoger los aportes para el proyecto del reglamento de la Ley N° 31.110. Todas estas acciones lograron recuperar la tranquilidad social en Ica y en la provincia de Viru (La Libertad). También desde la Secretaría se trabajó en los casos de invasiones en Lomo de Corvina (Lima), conflictos en el corredor vial sur, entre otros. Cabe destacar que a partir de estos casos se desarrolló una estrategia comunicativa a través de las redes sociales - Facebook, Twitter, radios regionales - para visibilizar los beneficios del diálogo y el esfuerzo conjunto del sector público y de la sociedad civil en solucionar los problemas. El caso del conflicto de trabajadores agroindustriales fue publicado en la edición N°1 del 2021 (enero – marzo) de la revista Willaqniki, en la cual, además, se brindó información sobre el estado de los principales casos de conflictividad en el país, dando cuenta de otras acciones estratégicas que complementan y ayudan a comprender la magnitud del desafío que ha representado la gestión de los conflictos sociales en un contexto de pandemia.

Asimismo, dado el rebrote de la segunda ola del Covid-19 a inicios del año 2021, la SGSD se vio en la necesidad de establecer una normativa para la utilización de las plataformas digitales en procesos de diálogo nuevos o en curso, haciéndola obligatoria a todas las entidades del Poder Ejecutivo, bajo el lema “El diálogo no se detiene”. La SSGD brindó seguimiento de los casos activos y otros conflictos identificados en territorio realizando un trabajo conjunto con los sectores, gobiernos sub nacionales u otros Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del Estado involucrados en la atención de la conflictividad. Esto implicó acciones de coordinación y articulación que permitieron la gestión e intervención oportuna para la atención de los escenarios de conflictividad, fortaleciendo la coordinación entre las entidades estatales desde sus ámbitos de competencia local, regional y central, identificando acciones estratégicas que permitieron evitar su escalamiento. Además, se realizó el seguimiento preventivo de la evolución de estos escenarios de conflictividad identificados, a través del análisis y la gestión de información, priorizando alternativas de solución que permitan atenderlas, así como la implementación de las acciones de diálogo y mediación para el abordaje oportuno en la gestión de dichos espacios activos en territorio, evaluando el avance de las acciones realizadas, alineando y afinando estrategias antes de que los conflictos sociales escalen. 24

Durante el primer semestre del 2021, se atendió al 83% del total de casos activos registrados en el SIGESSCOM, realizándose intervención territorial cuando éstas fueron requeridas para la atención del riesgo identificado. Asimismo, 24 se realizaron reuniones virtuales y/o semipresenciales en territorio y/o desde la Oficina Lima, tomando como marco de referencia el Lineamiento existente 25 en la SGSD y, en el caso de las reuniones semi presenciales y/o presenciales, respetando todas las condiciones de Bioseguridad señaladas de acuerdo a la normativa vigente. 26

Así, a fines del primer semestre del 2021, la SGSD tenía registrados 142 casos activos en algún nivel de conﬂictividad social a nivel nacional, encontrándose el mayor porcentaje de casos (51.4%) en postconflicto, seguidos por casos en la etapa de pre-conflicto (23.9%), en los cuales prevalecía la instalación de espacios de coordinación o de trabajo con los actores sociales con fines preventivos y, por último, los casos en etapa de conflicto (24.6%), los cuales contaron con atención oportuna de parte de la SSGC para el desescalamiento de estos. 24 Corte al 28 de junio 2021 25 Protocolo para desarrollar reuniones digitales no presenciales en el marco de la emergencia sanitaria

nacional y del Estado de Emergencia Nacional a causa del brote del covid-19 aprobada con Resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 001-2021- PCM/SGSD del 17 de febrero de 2021 26 Corte al 28 de junio 2021

En esa línea de acción, durante la gestión, de acuerdo a la información remitida por las Unidades Territoriales, se realizaron de enero a junio del 2021, 713 atenciones que comprendieron la realización de acciones desde coordinación, seguimiento, articulación, incidencia, facilitación, mediación, así como otras gestiones documentarias con el objetivo de brindar atención oportuna de los casos activos a cargo de la Secretaría, así como de los otros escenarios de conflictividad atendidos a cargo de los equipos territoriales. 3

Contribución al ciclo de política pública. Desde la SGSD, se realizaron múltiples actividades que fortalecieron la gestión de la Secretaría y los espacios intersectoriales donde, con el diálogo democrático, se contribuyó a la paz y buena gobernanza en los territorios. Líneas concretas que fueron tomadas a estos fines están vinculadas con la generación de nuevos espacios de diálogo como la Mesa de concertación de 27 Piura, Mesa de Macuya - Huánuco , Mesa de Porcón (Ancash), Grupo de trabajo con las cuencas cocaleras, mesa de diálogo para abordar integralmente la problemática hídrica de la provincia de Candarave, departamento de Tacna, entre otras. También se trabajó en la capacitación sobre gestión de conflictos a los sectores más vinculados a zonas de mayor conflictividad como: MINEM (Ministerio de Energía y Minas), MINCUL (Ministerio de Cultura), MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). Estos sectores supervisan los proyectos extractivos que tienen en su ámbito de influencia directa a poblaciones vulnerables, respectivamente. Además, más de 130 funcionarios del ejecutivo y de los gobiernos regionales accedieron a los 20 módulos de capacitación en transformación de conflictos preparados por la Secretaría. En el 2020, la pandemia de la COVID-19 agudizó nuestra crisis sociopolítica y el proceso electoral derivó, además, en un clima de polarización con graves impactos en las relaciones entre peruanas y peruanos. En ese escenario nació la iniciativa de organizar un evento nacional de dos días al que denominamos PERÚ DIALOGA, un espacio de reflexión acerca de cómo sanar el tejido de nuestras relaciones como país, impactado por la pandemia, los conflictos sociales, la crisis económica, la confrontación política y la corrupción. La dinámica del encuentro comprendió dos tipos de espacios: los círculos de diálogo y los espacios abiertos. Ambos fueron diseñados metodológicamente para propiciar que los más de 800 participantes de todas las regiones del país expresen libremente sus sentimientos y pareceres respecto a las preguntas guía del encuentro. Se contó además con 4 profesionales de otros continentes

27 Aprobada mediante Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 0010-2021-PCM/SGSD

para compartir experiencias y propiciar la reflexión sobre el contexto de conflictividad que vive el Perú, y con más de 150 facilitadores del diálogo. Por otro lado, también como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional, se desarrollaron procesos de diálogo digitales -no presenciales, lo cual conllevó a la realización de 1464 reuniones digitales, en 3638 horas de conexión digital, con el resultado de 1068 acuerdos, garantizando así que los procesos de diálogo continuaran mientras se implementaban las medidas sanitarias y el proceso de vacunación. Además, se institucionalizaron rutinas de trabajo para la articulación y planificación de la gestión de conflictos con funcionarios públicos, tanto a nivel vertical como horizontal, entre los diferentes niveles de gobierno. 4

Desafíos a la sostenibilidad. Las acciones prioritarias que requieren atención y que resultan necesarias a los fines de propender a la sostenibilidad y mejora de los objetivos de la Secretaría están vinculadas con distintos aspectos, los cuales exigen diferentes abordajes. En este sentido se requiere reforzar el trabajo con plataformas digitales (Geo Perú y Google Maps), con el fin de ingresar información referida a los conflictos identificados en la SGSD. Esto implica terminar de actualizar la plataforma SIGESSCOM, asegurando la transferencia de la información, así como su vinculación con la plataforma GeoPerú, para realizar análisis de escenarios que integren la mayor cantidad de capas de información. Debemos continuar con el diagnóstico, análisis y seguimiento preventivo y oportuno de los casos activos y otros escenarios de conflictividad social atendidos por las Unidades Territoriales, con especial énfasis a los que se encuentran en estado de Conflicto. En lo que respecta al fortalecimiento de relaciones de intercambio, debemos estrechar el vínculo con la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil para que la información que producen contribuya directamente a la mejora de las alertas de conflictos. Por otro lado, debemos continuar con el seguimiento de los compromisos abiertos. La SGSD a través de la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SSPI) proyecta poder monitorear todos los conflictos sociales que existen en el país, pero para ello, se necesita asegurar los sistemas de gestión de

información y los recursos humanos correspondientes para que se extienda el seguimiento de los compromisos a todos los casos de conflictos que se registran en los sistemas de monitoreo de la SGSD. En este sentido, resulta urgente asegurar la continuidad de la implementación de la Plataforma Digital de Gestión de Conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, lo que permitirá la automatización de distintos procesos y tareas de las subsecretarías y, con ello, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles. También se deben informar a la base de datos los compromisos asumidos por los sectores estatales junto con el seguimiento detallado del cumplimiento de los acuerdos por las empresas mineras que operan en las distintas regiones, informando permanentemente a la población sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos y otras acciones desplegadas. En lo que respecta a la facilitación y gestión de los procesos de diálogo, se necesita fortalecer la dinámica de trabajo coordinada e integrada de las Subsecretarías que conforman la SGSD; consolidar el diálogo y la articulación intersectorial a nivel técnico y de alto nivel político (espacios bilaterales con los sectores del Ejecutivo), continuar con la elaboración de los productos desarrollados por la SSPI (Mapa de Conflictividad y Reporte de Conflictividad) en reuniones Multisectoriales con las Oficinas de Diálogo de los sectores del Ejecutivo, con los equipos de manejo de conflictos de los Gobiernos Regionales, - así como retomar las reuniones del Consejo de Ministros-, donde se exponen los casos por escenarios de conflictividad. Cabe destacar que toda vez que en su rol de coordinador intersectorial la SGSD apoyó al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en los procesos de diálogo en torno a la reglamentación de la Ley Agraria (enero 2021), así también con otros Ministerios, se requiere apoyar con la gestión de procesos multiactores para la elaboración de propuestas de reglamentación, implementación, etc. en torno a problemáticas de conflictos como, por ejemplo, la ley que modifica el cierre de minas, la ley de cabeceras de cuencas, etc. Se necesita desarrollar el componente de facilitación del diálogo y gestión del conflicto para cada proyecto de inversión estratégico y en colaboración con el gobierno regional al que le corresponde el caso a través de su unidad o gerencia involucrada en la gestión social y diálogo. El diálogo efectivo debe reconocer e incluir a todos los grupos en cuestión, los interlocutores deben ser de primera línea y los acuerdos de este plan de prevención deben ser a corto, mediano y largo plazo para evaluar conforme se ejecuta. En este sentido, toda vez que los conflictos sociales no son el problema, con el desarrollo de un plan de prevención se puede intervenir para trabajar la

problemática del conflicto y evitar la expresión violenta y una gestión poco institucionalizada del Estado. Por otro lado, se requiere continuar trabajando en el fortalecimiento de capacidades en la gestión de conflictos en diversos aspectos. Esto incluye el fortalecimiento de capacidades de funcionarios de los sectores y gobiernos regionales especializados en la gestión de conflictos, de manera tal de que manejen las metodologías, marco conceptual y módulos de capacitación con el objetivo de fortalecer la institucionalidad pública. Por último es importante trabajar en la difusión y desarrollo de capacidades en torno a los lineamientos ya descritos y en el fortalecimiento de las redes locales de actores sociales en los gobiernos locales, comunidades, organizaciones de mujeres, etc. en sus capacidades para participar en los procesos de diálogo y de paz. También resulta necesario desarrollar una base de datos de mediadores locales que puedan involucrarse en los procesos de diálogo que se desarrollen en las regiones. Una acción necesaria para profesionalizar el diálogo en el servicio público es el de desarrollar con SERVIR - Autoridad Nacional del Servicio Civil - un currículo básico obligatorio en el análisis y manejo de conflictos, en el que se fortalezcan las capacidades y actitudes en los funcionarios públicos que trabajen en relacionamiento social con el público, gestionan conflictos desde cualquier sector e ingresen en la gestión pública. A nivel de contribuir a un mejor relacionamiento y paz social, queda pendiente desarrollar el Foro Perú Dialoga en las distintas regiones del país a partir de la coordinación entre los gobiernos regionales y la SGSD para implementar metodológicamente los espacios de encuentro y diálogo. Desde el Foro Perú Dialoga en su primera versión -julio 2021- se han dejado sentadas las bases y las redes de participantes en las regiones en donde se han expresado la necesidad y el interés de desarrollar Foros Regionales Dialoga Perú, contribuyendo así a la reconstitución del tejido social y a la despolarización de la sociedad peruana. 4

Perspectivas de consolidación y crecimiento. En miras a la consolidación del trabajo realizado desde la Secretaría y propendiendo a su crecimiento, las acciones prioritarias que requieren atención están vinculadas con el fortalecimiento de las rutinas de trabajo colaborativo vertical y horizontal de manera intersectorial y regional en el intercambio de información, coordinación de acciones, y seguimiento. Resulta menester empoderar a los gestores locales en cada una de las regiones del país con

estabilidad laboral, fomentando el desarrollo de capacidades, logística, entre otros, a fin de que puedan profesionalizarse más como promotores de los procesos de diálogo a nivel regional. En el mismo sentido, se pueden fortalecer las relaciones interinstitucionales, con los medios de comunicación, con las universidades y centros de investigación, con los actores regionales y nacionales de la sociedad civil, del sector privado, de los gremios, de los frentes de defensa y plataformas de derechos humanos, a fin de establecer canales de intercambio de información, relaciones de confianza y prácticas de colaboración. En la última década, la atención gubernamental de los conflictos sociales se alejó del enfoque de gestión a partir de protagonismos políticos de funcionarios, de comisiones de alto nivel, etc. a un enfoque más institucionalizado con la conducción técnica del Viceministro de Gobernanza Territorial, de la SGSD, de los sectores y de los Gobiernos Regionales responsables de las problemáticas 28 detrás de los conflictos . Con los próximos cambios de gobierno, el reto estará en cómo gestionar los conflictos de una manera más eficaz, rápida y eficiente, fortaleciendo una institucionalidad pública más sensible a las necesidades de la ciudadanía, y una democracia basada en la convivencia pacífica.

28 Tanto fue así, que en el periodo del Presidente Sagasti (noviembre 2020-julio 2021), ningún caso de

conflicto requirió la gestión de la Premier Violeta Bermudez, ni del presidente Sagasti.

Palabras finales: coincidencias y puntos de partida para la inclusión del diálogo en el ciclo de políticas públicas Las experiencias reseñadas en este documento muestran una diversidad de características y también puntos en común. Entre estos últimos, el más importante es que demuestran que el diálogo, la incorporación de la perspectiva ciudadana a las políticas públicas y la transformación de conflictos requieren de herramientas específicas, de metodologías, de profesionales capacitados y de áreas con los recursos y la autoridad suficiente para realizar intervenciones que encaucen los intereses diversos y en tensión en decisiones inclusivas y sostenibles. Cada experiencia tiene un anclaje diverso en relación a los gobiernos. El ejemplo más institucionalizado y de mayor inserción en el aparato administrativo es el caso de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de Perú. En la órbita del Poder Ejecutivo y con una ubicación de alto nivel en el organigrama, cuenta con subsecretarías especializadas con competencia nacional, personal especializado para actuar en todo el país, diversos instrumentos metodológicos para la promoción del diálogo en contextos presenciales y virtuales, entre otros desarrollos que muestran un grado relevante de institucionalización y de desarrollo de capacidades. Los casos del Sistema de Mediación de Montevideo y del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible de Honduras muestran la importancia de la cooperación entre organismos multilaterales y gobiernos (Mercosur y gobierno de Montevideo, y Naciones Unidas y gobierno de Honduras, respectivamente) para generar mecanismos que abran las intervenciones

gubernamentales a la conversación con sus principales afectados. En la experiencia montevideana se constató la eficacia de contar con mecanismos de diálogo que encaucen conflictos de convivencia que pueden tocar fibras sensibles como el acceso a la vivienda y la seguridad. Así, esas áreas de política pública cuentan con herramientas de gestión de conflictos y de emergencias que resultan superadoras de la mera imposición de la autoridad. En el caso hondureño, el foco en las acciones de inversión social para la reparación de una catástrofe natural potencia la relevancia de la participación y de la transparencia, teniendo en cuenta que se trata de un tipo de coyuntura en los que los riesgos de corrupción son muy altos y la necesidad de legitimidad política es crítica para la sostenibilidad de las estrategias de reconstrucción29. La aceleración de catástrofes naturales en el marco del cambio climático y la conciencia de la necesidad de que las instituciones se adapten a la emergencia luego de la pandemia COVID-19 son antecedentes que hacen a este tipo de canales más necesarios que nunca. Las democracias se encuentran frente al desafío de gestionar emergencias y fenómenos que van pasando de la categoría de extraordinarios a ordinarios. La solución no es más decisionismo y menos voces, sino más bien lo contrario: abrazar la diversidad en marcos que le den un cauce constructivo. Lo contrario pone en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad de los sistemas democráticos, en un contexto cada vez más adverso para el pluralismo. El caso de la Ciudad de Buenos Aires muestra que contar con una metodología y un equipo especializado en incluir la conversación pública dentro del proceso de políticas puede generar beneficios que van desde el fortalecimiento de la legitimidad de las decisiones políticas hasta una mejor adecuación de la implementación. En resumen, las experiencias evidencian el impacto del diálogo a la hora de diseñar e implementar políticas públicas dotadas de legitimidad y transparencia, y de resolver conflictos que, de escalar, pondrían en riesgo la gobernabilidad y el orden público. Sin embargo, restan diversos y complejos desafíos por superar. La incertidumbre acerca de la sostenibilidad en el tiempo de estos mecanismos resulta un denominador común a todos los casos. ¿Pueden los canales de diálogo transformarse en dispositivos de política pública? En algunos casos la inserción en organigramas gubernamentales y su institución por normas administrativas les ha dado cierta entidad legal (Perú, Ciudad de Buenos 29 Corruption in times of crisis - Transparency International

Aires), presencia en el presupuesto y otros aspectos de institucionalización, pero aún es necesario avanzar en la disponibilidad de recurso institucionales, económicos y simbólicos para insertar las herramientas de diálogo en el ciclo de políticas públicas. Incluir la previsión de tensiones y conflictos en la formulación de políticas, su tratamiento en la implementación, su adecuada presencia en el monitoreo y en la evaluación son pasos clave. Para iniciar ese camino, es fundamental abrir una discusión informada sobre la previsión y tratamiento de la diversidad de intereses sociales, sus tensiones y conflictos, en los ámbitos de formulación de políticas públicas, como así también en los de formación. Es necesario ampliar y profundizar el estudio de experiencias de gestión en las que el diálogo y la transformación de conflictos fortalece la institucionalidad, mejora la calidad de las políticas públicas y resuelve problemas de la administración. De este modo, se podrá generar un cuerpo de conocimiento para llevar a los ámbitos académicos, comunidades de práctica y áreas de planificación y abrir discusiones positivas acerca de las modalidades posibles de inclusión de estas herramientas, su institucionalización y su mejora.