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REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso alcalde del Callao Alex Kouri

Ficha Nº212 País

Perú

Año de aparición en prensa 2007 Casos Vinculados Caso Vladivideos Kouri-Montesinos

Resumen caso En el año 2000 se firmó el contrato de concesión para la construcción de la Vía Expresa de la Av. Faucett entre el entonces alcalde del Callao, Alex Kouri (actual presidente del Gobierno Regional del Callao), y el consorcio Convial S.A. A inicios del año 2007, el Contralor General de la República, Genaro Matute, encuentra algunas irregularidades en el contrato de concesión que indicarían que Alex Kouri –en asociación ilícita con Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor del presidente Fujimori)- favoreció de distintas maneras a la empresa Convial Callao. Según el informe de la Contraloría, la obra se sobrevaloró en más de US$10 millones. Además, el área de trabajo constituye un tramo muy corto de concesión vial que no justificaría la existencia de un Vía Expresa. Otra característica anómala de la regulación es que está directamente a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao y no del Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte, el regulador nacional de concesiones viales. Se presume que Montesinos participó en la primera etapa de selección y otorgamiento de la Vía Expresa a la empresa Convial pues el proyecto aparece registrado en por lo menos tres vladi-videos. Los delitos que se habrían cometido son: colusión, usurpación de funciones, incumplimiento de deberes funcionales, malversación, aprovechamiento indebido del cargo, abuso de autoridad, asociación ilícita, estafa y abuso de poder económico con prácticas restrictivas de la libre competencia, según el informe de la comisión de fiscalización que fue aprobado por el Congreso de la República y finalmente remitido al Ministerio Público para iniciar los procesos correspondientes. Además de Kouri y Montesinos, entre los acusados que están siendo investigados se encuentran José Talavera, ex presidente del Comité de Recepción de Propuestas, Edwin Flores, ex director del área legal, y Javier Lowry, gerente general de Convial. Alex Kouri y Vladimiro Montesinos seguirán siendo procesados juntos en el sistema anticorrupción por las presuntas irregularidades en la concesión y construcción de la Vía Expresa del Callao. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 autoridad 2. Asociación Ilícita Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 3. Delitos tributarios Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 4. Fraude: Malversación de Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 caudales públicos/Peculado 5. Licitación pública Ilegal 1999, 2000 fraudulenta 6. Negociación incompatible/ Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 Conflictos de intereses Actores implicados 1. Gobierno Regional 2. Empresa Privada - Convial Callao S.A. Denunciante (y cargo si Genaro Matute (Contralor General de la República, público alto) aplica) Acusado/a (cargo y Alex Kouri (Alcalde del Callao, público medio) José Talavera (Presidente del Comité de Recepción de Propuestas del Gobierno jerarquía) Regional, público medio), Edwin Flores (jefe de sección, público medio), Javier Lowry (Gerente general de Convial, privado alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo


Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

No No Sí, Abierto No Primario – Construcción Actores Afectados

1. Empresas competidoras 2. Usuarios(as) del servicio 3. Ciudadanía Mayor información 1. Sobre los vladivideos Kouri-Montesinos, ver http://www.youtube.com/watch?v=IWe74FSMcAc 2. Noticia sobre la denunciante del caso y la filtración del Vladivideo vinculado al caso, ver http://www.caretas.com.pe/2003/1769/articulos/pinchipinchi.phtml Otras observaciones o comentarios Este caso se encuentra relacionado con otro caso de corrupción, que consistió en la complicidad entre Blanca Nélida Colán y Fujimori/Montesinos. No se incluyó en la base de datos por no ser mencionado por los entrevistados (ver metodología de la investigación). Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Banco de Materiales

Ficha Nº213 País

Perú

Año de aparición en prensa 2008 Casos Vinculados No

Resumen caso En abril de 2008 salió a la luz a través del programa periodístico Cuarto Poder que unos 50 empleados del Banco de Materiales (Banmat) -incluidos tres gerentes- se aprovecharon de su posición para adquirir créditos para la compra de propiedades inmobiliarias que estaban destinadas a ciudadanos de bajos recursos. La indagación periodística implicó directamente al propietario de la constructora del proyecto habitacional Los Alamos, Luis Felipe Izaguirre quien recibió 15 departamentos para uso particular. El programa aseguró que fuentes del propio Banmat indicaron que Jorge Aparicio Mosellini, funcionario del Banco de Materiales, ayudó a Luis Felipe Izaguirre a armar la lista de los prestatarios del programa para que el Banco de Materiales pueda financiar la construcción de 380 departamentos. De acuerdo con la acusación periodística Aparicio ordenó a la gerencia de Recursos Humanos del Banmat que hiciera la invitación a los funcionarios para que accedan a dichas viviendas y se firmó el convenio el año 2005. El informe añadió que la constructora se quedó con 15 departamentos de Los Álamos, ubicados en zona preferencial -en el primer piso- que estaban a nombre de los propietarios del consorcio y de sus familiares, entre ellos sus hijos menores de edad. Luego de publicado el caso, se cesó al directorio del Banco de Materiales y la Contraloría General de la Republica abrió investigación para investigar la repartición de parte de los siete millones de soles de utilidades de la institución del 2006 (US$2.424.669), la aprobación unos 50 créditos para la compra de viviendas, y además la adquisición un software que no se utilizó y que costó 250.000 soles


(US$86.565). Aparicio ingresó a trabajar durante el gobierno de Alejandro Toledo al sector del Ministerio de Vivienda, con el encargo de reformarlo puesto que ya tenía casos de corrupción desde el régimen de Alberto Fujimori. En julio de 2008 Jorge Aparicio fue detenido y el proceso penal aun sigue en curso. El Congreso de la República formó una Comisión de Fiscalización que en abril del 2009 determinó que el principal responsable es el ex gerente Jorge Aparicio. Además se inició el levantamiento bancario de otras 80 personas involucradas. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008 2. Asociación Ilícita Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008 3. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008 4. Licitación publica fraudulenta Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008 Actores implicados 1. Empresa privada 2. Empresa pública – Banco de Materiales Denunciante (y cargo si Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico aplica) Cuarto Poder Acusado/a (cargo y jerarquía) Luis Felipe Izaguirre (empresario constructor, privado alto), Jorge Aparicio Mosellini (Director del Banco de Materiales, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso Sí, Cerrado Administrativo No Político No Civil Sí, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos Primario-Construcción Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Empresas competidoras 3. Beneficiarios(as) de la política pública Mayor información 1. Noticia sobre el caso, ver http://www.24horaslibre.com/politica/1208781886.php 2. Noticia sobre el caso, ver http://peru21.pe/impresa/noticia/echan-nueve-directivosbanmat-escandalo/2008-04-15/142670 Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009


REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Bresani

Ficha Nº214 País

Perú

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados Caso Diario Expreso

Resumen caso El periodista Fidel Méndez Tello reveló a inicios del 2001 que el publicista Augusto Bresani León –director de los diarios Onda y Mañanero- comandó la llamada “guerra sucia” emprendida desde los diarios chicha contra líderes políticos y otros personajes de oposición al régimen fujimorista. Méndez confirmó la acusación de su colega Hugo Borjas Seminario, quien denunció a Bresani de haber dirigido y financiado la campaña sucia de los medios “amarillos”, pagando US$ 30 mil semanales a los dueños de tres tabloides. Se afirmó también que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, pagaba US$3.000 por la portada de cada uno de los cinco diarios de la prensa chicha diariamente. Un mes después, la fiscal especial Ana Magallanes inició una investigación preliminar al publicista por presunto uso de fondos del SIN para propiciar una campaña de difamación contra los candidatos de oposición en la prensa amarilla. Según el informe de la Comisión Investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori (2002), el operador fáctico, aquel que hablaba directamente con los editores y llevaba el dinero en efectivo y en dólares a los diarios, era el publicista Augusto Bresani, quien en ese momento estaba prófugo de la justicia. En enero de 2004, la Sala Penal Especial Anticorrupción inició el juicio público a Vladimiro Montesinos y a los dueños de los medios, así como a quienes durante el gobierno de Alberto Fujimori recibieron dinero del Estado para apoyar la ilegal reelección del entonces mandatario y participar en la campaña de desinformación y difamación a periodistas y opositores del régimen. Entre los 29 acusados estuvo Augusto Bresani. Finalmente, el 27 de febrero del mismo año, Bresani fue condenado a tres años de prisión condicional por su participación en la campaña difamatoria contra el director y los tres periodistas del diario La República. El titular del 6º Juzgado Penal de Lima dispuso una reparación civil de 40 mil soles (US$13.840). Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2001 2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal 2001 públicos/Peculado 3. Intervención electoral Ilegal 2001 Actores implicados 1. Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) 2. Poder Ejecutivo 3. Medios de comunicación Denunciante (y cargo si Fidel Méndez Tello (periodista), Hugo Borjas Seminario aplica) (periodista) Acusado/a (cargo y Augusto Bresani (Director de diarios, privado alto), Vladimiro jerarquía) Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente de la República, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político Sí, Cerrado Civil Sí, Cerrado Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos


Sector Económico 1. 2. 3. 4.

Terciario – Medios de Comunicación Actores Afectados

Ciudadanía Candidatos(as) Competidores(as) Electores(as) Usuarios(as) del servicio Mayor información

Otras observaciones o comentarios La prensa chicha en Perú, es comparable a la también conocida prensa amarilla. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Cesar Almeida

Ficha Nº215 País

Perú

Año de aparición en prensa 2004 Casos Vinculados No

Resumen caso Dos diarios limeños, Correo y Perú 21 publicaron fragmentos de una de las conversaciones que sostuvo el ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, César Almeida Tasayco, y el fallecido general (r) Oscar Villanueva. De los fragmentos publicados se dedujo que Almeida, también ex abogado personal de presidente Alejandro Toledo, negoció dinero con Villanueva a cambio de ayudarlo con sus trámites judiciales. En la conversación se hace referencia a una negociación de tomos, palabra que habrían usado para describir a los fajos de dinero. En la conversación Almeida aseguró tener relación con el entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera e indicó a Villanueva que tenía contactos con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y con la jueza Inés Villa Bonilla. En la charla se discute además las posibilidades “comerciales” de los jueces anticorrupción que veían el caso de Villanueva. Villanueva, considerado brazo derecho de Vladimiro Montesinos, fue un militar que se suicidó en 2002 por haber sido acusado de manejar los fondos de negocios ilícitos de Montesinos. Entre 1994 y 1998 fue jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior. Después entre 1998 y el 2000 fue jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa. Desde estas instituciones dirigió una serie de operaciones de compras fraudulenta de vestimentas, armas, municiones y vehículos para las fuerzas armadas. Por estos casos, Villanueva estuvo 6 meses en la cárcel y luego cumplió su condena en arresto domiciliario. En el escándalo aparece comprometido también Fernando Olivera, quien era el Ministro de Justicia del gobierno toledista cuando en 2001 se realizaron las tratativas comerciales con el cajero de Montesinos. Olivera fue acusado mediáticamente de haber buscado contacto con diversos presos por casos de corrupción a los que les pidió información a cambio de ciertos beneficios a través de intermediarios. También está involucrado, el general Daniel Mora, jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) a quien se le acusa de intentar comprar el audio acusador. Otro de los implicados fue Jorge Toledo (sobrino del presidente) quien actúo en este negocio clandestino como enlace con el Palacio de Gobierno. Almeyda, fue sentenciado a 4 años de prisión y al pago de una reparación civil de 50 mil nuevos soles a favor del Estado (US$17.313) y además fue inhabilitado por 3 años para ejercer cargos públicos. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 2001 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2001


3. Enriquecimiento ilícito 4. Obstrucción de Justicia/investigación 1. 2. 3. 4.

la

Ilegal Ilegal

2001 2001

Actores implicados Poder Ejecutivo Fuerzas Armadas Otras instituciones públicas-Instituto Nacional Penitenciario Servicios de Inteligencia-Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

5. Ministerio de Justicia Denunciante (y cargo si aplica) Acusado/a (cargo y jerarquía)

Tratamiento del caso Administrativo Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

Medios de comunicación escrita-Revista Caretas y Diarios Correo y Perú 21. César Almeyda (Asesor legal de Alejandro Toledo, privado medio), Daniel Mora (jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, público alto), Fernando Olivera (Ministro de Justicia, público alto), Jorge Toledo (familiar de Alejandro Toledo) Situación del caso No No No Sí, Cerrado No No Aplica Actores Afectados

1. Ciudadanía Mayor información 1. Ver reportaje sobre Alejandro Toledo, http://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/040208arce.htm 2. Sobre la cronología del caso, ver http://desco.cepes.org.pe/apc-aafiles/d38fb34df77ec8a36839f7aad10def69/opina6.doc. Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº216 País

Año de aparición en prensa 2006 Casos Vinculados No

Caso Compra de armas por la Marina Perú Peruana Resumen caso En el año 2006 se llevó a cabo una denuncia por parte de la procuraduría ad hoc por la cual el actual vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, y 27 oficiales de la Marina fueron acusados de irregularidades en la compra de armas durante el gobierno del Alberto Fujimori. Esta denuncia se desprende de la existencia de un informe de la Contraloría General de la República -el 054200c- que se refiere a las adquisiciones de material de la Marina de Guerra del Perú. En sus


conclusiones señala que de la revisión de 14 procesos adquisitivos se advirtieron presuntos incumplimientos de normativa referidas a asignación de puntajes de las propuestas sin haberse establecido los criterios para tal efecto. En el 2006 la procuraduría pidió que se abriese una investigación preliminar para ver si había mérito para formalizar una denuncia o no. Para el 29 de octubre de 2009, la fiscal Marlene Berrú formuló la acusación ante el Poder Judicial. Actualmente el caso es evaluado por la jueza Magaly Báscones, que deberá decidir si abre un proceso penal. En la denuncia están comprendidos 27 altos oficiales navales, así como el mencionado Luis Giampietri, un vicealmirante en retiro considerado del ala dura del gobierno de Alan García. La fiscal Berrú los acusa de delitos de colusión desleal y asociación ilícita para delinquir porque aprovechando su capacidad de decisión y puestos en la Marina de Guerra habrían favorecido a un grupo determinado de empresas a cambio de comisiones. Según la acusación las firmas favorecidas eran empresas abiertamente simuladas, constituidas por testaferros con capitales insignificantes que vendieron bienes por millones de dólares al Estado peruano y vinculadas al condenado Vladimiro Montesinos, ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Las investigaciones de la fiscal se centraron en cerca de 50 contratos suscritos por la Marina entre 1995 y 1997 por un monto de US$45 millones. Según la fiscal se encontraron irregularidades en al menos 14 adjudicaciones directas realizadas por Giampietri cuando detentaba el cargo de jefe de Estado Mayor de la Marina. Los delitos se habrían cometido en la compra de baterías para torpedos, repuestos para motores y en la repotenciación de misiles. Además, se determinó que se adquirió armamento usado o que no cumplía con los requerimientos previstos inicialmente. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1995, 1996, 1997 2. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1995, 1996, 1997 3. Negociación incompatible/ Ilegal 1995, 1996, 1997 conflicto de intereses 4. Licitación pública fraudulenta Ilegal 1995, 1996, 1997 Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Fuerzas Armadas-Marina de Guerra del Perú 3. Empresas privadas 4. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Ministerio Público aplica) Acusado/a (cargo y Luis Giampietri (Vicepresidente del Perú, público alto), 27 altos jerarquía) oficiales de la Marina de Guerra del Perú, Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Político

No

Civil

No

Penal

No

Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

No Secundario-Industria Bélica Actores Afectados

1. Empresas competidoras 2. Ciudadanía Mayor información 1. Noticia sobre el caso, http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20060913/pasadas/15/68117

ver


2. Noticia sobre el papel de Giampietri en la www.defensaidl.org.pe/idlradio/2006/10.doc Otras observaciones o comentarios

Marina

peruana,

ver

Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Compra de patrulleros sobrevaluados por el Ministerio del Interior

Ficha Nº217 País

Perú

Año de aparición en prensa 2007 Casos Vinculados Caso Compra irregular de ambulancias por el Ministerio de Salud

Resumen caso El 12 de diciembre de 2006, el teniente general Víctor Gandolfo Monzón señaló que el informe técnico del asesor de la Oficina General de Administración, Carlos Munares Tapia había recomendado la compra de camionetas de la empresa Automotores Gildemeister. No obstante, el área que estaba bajo su responsabilidad recomendaba la adquisición de vehículos Sedán para patrullar la ciudad. Finalmente se decidió comprar 469 camionetas Hyundai a la empresa Gildemeister. El precio de cada patrullero que figuraba en la licitación era de US$30.000, pero las camionetas estaban valorizadas en el mercado a US$21.000. Otra irregularidad detectada fue que en la licitación no estaba prevista la adaptación de los vehículos a patrulleros que realizó la empresa contratada. La adquisición fue anulada luego de una denuncia periodística realizada en febrero de 2007. Luego de que el caso se hiciera público, la Contraloría General de la República inició una investigación a todas las compras que el Estado hizo a la empresa Automotores Gildemeister, desde el gobierno de Alejandro Toledo (20012006) hasta la actualidad, para determinar si se produjeron otras irregularidades durante los procesos de adquisición. El impacto mediático del caso empujó a la entonces Ministra del Interior, Pilar Mazzetti, a la renuncia del cargo. Por presunto delito de colusión desleal, la jueza anticorrupción Magaly Báscones abrió proceso a 15 funcionarios del Ministerio del Interior y del Consorsio Gildemeister Perú. Como denunciados figuran los ex gerentes de Gildemeister José Domingo Cariola y Jaime Izaguirre y del Ministerio del Interior figuran Carlos Monares Tapia y Edwin Leiva Herrada, entre otros. También se supo que, como una medida preventiva, han ordenado el embargo de los bienes de las personas implicadas para que, de ser halladas responsables, garantice el pago de una reparación civil a favor del Estado. A la fecha, las investigaciones no han concluido. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 7. Licitación pública fraudulenta Ilegal 2006 8. Negociación incompatible/Conflicto Ilegal 2006 de intereses Actores implicados 3. Ministerio del Interior 4. Policía Nacional del Perú Denunciante (y cargo si Genaro Matute (Contralor General de la República, público alto) aplica)


Acusado/a jerarquía)

(cargo

y

Tratamiento del caso Administrativo Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

Víctor Gandolfo Monzón (Inspector general de la policía, público medio), Juan Domingo Cariola (ex gerente de Gildemeister Perú, privado alto), Jaime Eyzaguirre Seminario (ex gerente de Gildemeister Perú, privado, alto), Pilar Mazzetti (Ministra del Interior, público alto) Otros 22 funcionarios investigados por la Fiscalía Anticorrupción* Situación del caso No No No Sí, Abierto No Secundario – Industria Automotriz Actores Afectados

4. Ciudadanía 5. Empresas competidoras Mayor información Otras observaciones o comentarios El delito de colusión desleal en la Ley peruana se rige por el Artículo 384 sobre la colusión, donde se indica que “El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años”. Por estos motivos, para efectos de la base de datos, la colusión desleal se ha identificado con la conducta reprochable licitación pública fraudulenta. *Son 22 los ex funcionarios que están siendo investigados por la cuarta fiscalía anticorrupción: 1. Gloria Vargas Núñez 12. Carmen Rosario Rojas García 2. Lorena Mendoza Revilla 13. Roel Lavado Salazar 3. Débora Urquieta Jaime 14. Jorge Astengo Castagnino 4. Román de la Cruz Quispe 15. Luis Daniel Ávalos Linares 5. Edwin Leyva Herrada 16. Mario Machado Canevaro 6. Félix Jacho Mamani 17. Óscar Padilla Guerra 7. Carlos Munares Tapia 18. Milagros Campos Loo 8. Manuel Tsuchida Tello 19. María Barrueto Pérez 9. Víctor Gandolfo Monzón 20. Jorge Teodoro Ávila Tovar 10. Héctor Busaglo de Bracamonte 21. Guido Becerra Ruiz 11. Juan Roberto Pacheco de Filipa 22. Pablo Arca Ramos Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº218 País

Año de aparición en prensa


Caso Compra de los aviones MIG 29

Perú

2001 Casos Vinculados Caso Fujimori–CametMOBETEK

Resumen caso El Estado Peruano, durante la presidencia de Alberto Fujimori Fujimori, compró 18 aviones MIG 29 y Sukhoi 25 a Bielorrusia a través de la intermediación del empresario Moshe Rothschild. Las compras de aviones a Rusia y Bielorrusia por parte del Gobierno peruano fueron posteriores al conflicto bélico con Ecuador de 1995, ya que la mayor parte de los aparatos aéreos se adquirieron de segunda mano, a partir del año 1996. En el año 2001 se formó Comisión Waisman en el Congreso peruano para investigar dichas adquisiciones. Para ello, las Fuerzas Armadas Peruanas (FAP) trataron de demostrar que los aviones Mig-29 eran operativos pero uno de los aparatos seleccionados para la ocasión se precipitó contra el suelo. Además se constató que por estas aeronaves defectuosas se desembolsaron unas cantidades sobrevaluadas. Para la adquisición a Bielorrusia de la treintena de Mig-29 y Sukhoi-25 usados, el gobierno peruano pagó US$762.400.000, cuando el valor real de mercado de esos aparatos era de US$488.600.000. Se constató además que estas compras de armamento se realizaron con los ingresos que el Estado peruano obtuvo durante la década de los 90 procedentes de la privatización y venta de empresas públicas. Según el informe de la comisión de investigación del Congreso peruano, presidida por el congresista Morales Mansilla y dado a conocer a finales de julio de 2001, durante la presidencia de Fujimori los gastos en la adquisición de equipos de combate militar ascendieron a US$1.922.591.000, de los que US$1.025.910.000, el 53.4% del total, procedían de los ingresos derivados de la privatización de empresas públicas. La aprobación de la mayoría de este gasto en armamento se dio mediante el recurso a decretos supremos de los que no se daba cuenta al Congreso. En septiembre de 2005 se le abrieron procesos al empresario israelí Moshe Rothschild Chassin en Suiza. La fiscal suiza Cornelia Cova bloqueó US$ 6.5 millones que guardaba en cuentas secretas el cerebro de la venta de 36 aeronaves de combate MiG-29 y Sukhoi-25 de Bielorrusia a la Fuerza Aérea del Perú en 1996. Asociado en la empresa de fachada “W-21 Intertechnique S.A.”, Rothschild fue quien firmó los contratos con los militares bielorrusos. Sus cuentas también están relacionadas con la empresa Mobetek S.A., de propiedad de Moshe Rothschild, quien por su cuenta vendió más de US$200 millones en helicópteros Mi-17 y Mi-26, fusiles Galil, sistemas de interceptación telefónica y otros equipos de guerra para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre 1990 y 2000. En diciembre de 2007 Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, reconoció que recibió sobornos de Moshe Rothschild por US$12 millones de dólares por la venta de las aeronaves de guerra por lo que fue procesado y fue sentenciado a seis años de prisión y el pago de 400 millones de soles de reparación civil (US$138.552.536). En octubre de 2005 la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo exculpó a Alberto Fujimori del caso por la falta de pruebas de que este favoreciera al empresario Moshe Rothschild. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1996, 1997 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 1996, 1997 3. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1996 4. Fraude: Malversación de caudales Ilegal 1996, 1997 públicos/Peculado Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Ministerio de Defensa 3. Fuerzas Armadas 4. Empresa privada- W-21 Intertechnique S.A. 5. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si No se accede al dato aplica)


Acusado/a (cargo y jerarquía)

Tratamiento del caso Administrativo Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

Vladimiro Montesinos Torres (Jefe del Servicio de Inteligencia del Perú, público alto), Alberto Fujimori Fujimori (Presidente de la Republica, público alto), Moshe Rothschild (Empresario, privado alto) Situación del caso No Sí, Cerrado No Sí, Cerrado No Secundario-Industria Bélica Actores Afectados

1. Empresas competidoras 2. Ciudadanía Mayor información 1. Noticia sobre acusación a Fujimori de traición a la patria, ver http://www.eluniverso.com/2002/07/24/0001/14/6C01A92A6A894D3FB9D2CFB45FC 1D633.html 2. Noticia sobre la primera absolución a Fujimori, ver http://ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=35519 Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Compra irregular de ambulancias por el Ministerio de Salud

Ficha Nº219 País

Perú

Año de aparición en prensa 2008 Casos Vinculados Caso Compra de patrulleros sobrevaluados por el Ministerio del Interior

Resumen caso En mayo del 2008 se hizo pública la denuncia de la fiscal Marlene Berrú, de la cuarta fiscalía anticorrupción, quien detectó irregularidades durante el proceso de licitación para la compra de 190 ambulancias al grupo Gildemeister. La controvertida licitación se realizó durante la gestión de Carlos Vallejos en el Ministerio de Salud. Ocho ex funcionarios del Ministerio de Salud fueron acusados de colusión desleal, cohecho pasivo propio, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de actos oficiales en agravio del Estado. Seis ex funcionarios del Consorcio Automotores Gildemeister Perú también fueron denunciados por la fiscal. Además, mediáticamente se sostuvo que los mismos asesores y personajes allegados a Pilar Mazzetti que participaron en la compra de los patrulleros, cuando esta era Ministra del Interior, tuvieron parte en la licitación de las ambulancias, entre los que se mencionó a la destituida jefa de la Oficina General de Administración, Gloria Vargas. A la fecha, el cuarto Juzgado Anticorrupción ha ordenado la detención de los ex funcionarios Boris Nitak Mestanza y Héctor Cáceres Taveo, quienes fueron denunciados por haberse coludido con miembros del


Consorcio Automotor Gildemeister Perú para modificar el informe técnico que esta empresa había presentado como postor en esta licitación en donde resultó elegida. A su vez, se dispuso procesar bajo mandato de comparecencia restringida con impedimento de salida del país a los también ex funcionarios del Ministerio de Salud Sergio Montero Vásquez, Carlos Pinguis Gómez y Luis Pacheco Cáceres -por el presunto delito de incumplimiento de actos funcionales en agravio del Estado- y a Jaime Izaguirre Seminario, representante del Consorcio Gildemeister Perú, y a otros cinco funcionarios de esta empresa por los presuntos delitos de colusión desleal, cohecho activo genérico y falsificación de documentos públicos. El proceso continúa abierto. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2006 2. Licitación pública fraudulenta Ilegal 2006 3. Falsificación de documentos/ Uso Ilegal 2006 malicioso de documentos Actores implicados 1. Ministerio de Salud 2. Empresa privada – Gildemeister Denunciante (y cargo si Marlene Berrú (fiscal, público medio) aplica) Acusado/a (cargo y Boris Nitak Mestanza (Asesor legal en la Presidencia del jerarquía) Consejo de Ministros, público bajo), Héctor Cáceres Tadeo (miembro del Comité Especial, público medio), Sergio Montero Vásquez (Director General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, público medio), Carlos Pinguis Gómez (Director Ejecutivo de la Oficina de Logística del Ministerio de Salud, público medio), Luis Pacheco Cáceres (miembro de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración, público bajo), Jaime Izaguirre Seminario (Representante del consorcio Gildemeister Perú, privado medio), Gloria Vargas (ex jefa de la Oficina General de Administración, público medio), Pilar Mazzetti (Ministra de Salud, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil Sí, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos Secundario – Industria Automotriz Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la política pública Mayor información Otras observaciones o comentarios El Comité Especial es un cuerpo colegiado conformado por profesionales y especialistas, encargado de la conducción de un proceso de selección. El Comité Especial organiza, conduce y ejecuta el proceso de selección desde la convocatoria hasta que la mejor propuesta quede consentida y administrativamente firme o se cancele el proceso. Fecha del registro: Diciembre/2009


REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Concesiones Instituto Nacional Naturales (INRENA)

forestales del de Recursos

Ficha Nº220 País

Perú

Año de aparición en prensa 2008 Casos Vinculados No

Resumen caso En Julio del 2007 el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), presionado por las exigencias del TLC con Estados Unidos, inició visitas a cada una de las concesiones madereras para constatar si la caoba que llegaba a Lima procedía efectivamente de ellas. Anteriormente, líderes regionales habían denunciado que taladores ilegales extraían caoba de áreas naturales protegidas y las vendían como si hubieran sido sacadas de una concesión autorizada. El resultado de esta investigación fue que de 150 concesiones, solo 58 estaban en regla. Además, se encontró que la cantidad de madera que se exportaba no coincidía con la que se talaba legalmente. Se inició un proceso de cancelación de las concesiones infractoras y una serie de acusaciones mediáticas contra funcionarios del INRENA. De este modo, se destituyó a Humberto Labarthe de su cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre Tambopata-Manu en el INRENA luego de que se le encontró responsable de permitir, con el propósito de favorecer a una concesionaria, que se extrajera caoba ilegalmente. Roberto Ángeles Lazo, jefe del INRENA, renunció poco después. En el 2008, el intendente forestal Edgardo Lizárraga solicitó que se formalice la denuncia penal contra ciertos funcionarios del INRENA y empresarios y representantes legales de las concesiones y comunidades implicadas. Meses después, el fiscal anticorrupción Óscar Zevallos denunció al intendente del INRENA, Antonio Morizaki, y a otros 12 funcionarios por entregar ilegalmente en concesión terrenos de bosques vírgenes, en Loreto, por 60 años. El fiscal señaló que los funcionarios de INRENA otorgaron en concesión un total de 79 mil hectáreas de bosque virgen para una supuesta reforestación, lo cual está prohibido por la ley. Denunciados también aparecen los funcionarios de INRENA-Loreto Juan Rengifo, Sixto Luna Pinchi, Lucia Carhuapoma Pastor, Hidelgarda Valdiviezo Milla, entre otros, por delito de negociación incompatible. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Delitos tributarios Ilegal 2007 2. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2006, 2007 3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006, 2007 4. Negociación incompatible/ Ilegal 2006, 2007 Conflicto de intereses Actores implicados 1. Otras instituciones públicas-Instituto Nacional de Recursos Naturales ( INRENA) 2. Empresas privadas - Forestal Capirona S.A.C. Denunciante (y cargo si Óscar Zevallos (fiscal, público alto) aplica) Edgardo Lizárraga (intendente forestal, público medio) Acusado/a (cargo y Humberto Labarthe (Administrador Técnico Forestal y de jerarquía) Fauna Silvestre Tambopata-Manu de INRENA, público medio), Roberto Ángeles Lazo (jefe del INRENA, público alto), Antonio Morizaki Taura (Intendente del INRENA, público medio), Juan Rengifo (Administrador Técnico Forestal del INRENA, público medio y Gerente general de la empresa Forestal Capirona, privado alto), Sixto Luna Pinchi


Tratamiento del caso Administrativo Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

(Administrador Técnico de Iquitos, Requena y Contamana del INRENA, público medio), Lucia Carhuapoma Pastor (jefa de la Oficina de Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Tingo María del INRENA, público medio), Hidelgarda Valdiviezo Milla (funcionaria del INRENA, público medio) Situación del caso No No No Sí, Abierto No Primario – Forestal Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Habitantes de la zona Mayor información Otras observaciones o comentarios Está implícito, por la mag nitud del caso de corrupción, que son varias las empresas concesionarias las involucradas; sin embargo, los medios no especifican cuáles son, salvo en el caso de la Forestal CapironaS.A.C., pues uno de los acusados –Juan Rengifo- fue gerente general de dicha empresa cuan do se dieron las conductas reprochables. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso congresista Menchola

Ficha Nº221 País

Perú

Año de aparición en prensa 2007 Casos Vinculados No

Resumen caso A través de un reportaje periodístico hecho por el programa Cuarto Poder, en mayo de 2007, se denunció a Walter Menchola (congresista por Unidad Nacional) de haber convencido a su colega Martín Pérez de contratar como asesora a Karen Ku Peña–una joven universitaria- con la calificación de técnico de nivel 4 y un salario mensual de 3.000 nuevos soles (US$1.040). Pese a que formalmente Karen Ku trabajaba para el congresista Pérez, instaló su escritorio en la oficina del congresista Menchola, cobrando un sueldo por dos meses en los que no fue al Parlamento, pues se excusó con dos licencias médicas. Cabe señalar que el parlamentario Walter Menchola sostenía una relación sentimental con Karen Ku. Se supo, además, que Walter Menchola anteriormente había impuesto a la señorita Ku como candidata a regidora por San Juan de Miraflores en las elecciones de 2006. La candidatura no prosperó pues se comprobó que la supuesta candidata no residía en ese distrito. El contrato de la joven estudiante fue cancelado apenas el caso se hizo público. Se designó que la Comisión de Ética investigara al congresista acusado. Esta comisión finalmente emitió un dictamen un mes después en el que se suspendía por 120 días, sin goce de haber, al congresista Walter Menchola, por haber intercedido a favor de la estudiante Karen Ku para que sea contratada en el despacho de su


colega Martín Pérez. Dicho dictamen indicó también que el citado parlamentario había cometido una falta ética, pero que no revestía un ilícito penal, por lo cual no pasó a ningún juzgado. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2006 Actores implicados 1. Poder Legislativo Denunciante (y cargo si Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico aplica) Cuarto Poder Acusado/a (cargo y Walter Menchola (Diputado, público alto) jerarquía) Martín Pérez (Diputado, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía Mayor información 1. Sobre el delito Abuso de funciones en la ley peruana, ver http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/DECRETO_LEGISLATIVO_N_635.htm# T18C2 Otras observaciones o comentarios Este caso de corrupción también se encuentra vinculado con otro caso de corrupción que los (as) entrevistados(as) no mencionaron. Corresponde al caso conocido como “Empleados fantasma, congresista Elsa Canchaya”. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Diario Expreso

Ficha Nº 222 País

Perú

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados Caso Bresani

Resumen caso El Diario Expreso fue, durante el gobierno de Alberto Fujimori, un diario de tendencia oficialista. La compra de su línea editorial se hizo patente a través de los vladivideos –videos que Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor presidencial) grababa en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional– en los que aparecían diversos personajes llevando a cabo, por lo general, transacciones ilegales con el asesor. El 21 de abril de 1999, Vladimiro Montesinos le ofreció a Eduardo Calmell del Solar Díaz, ex director del diario Expreso, "colaborar económicamente" con la empresa editora a cambio de que esta sometiera su línea periodística. El 9 de octubre de 2003, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema contra el ex presidente Alberto Fujimori, por financiar con más de US$1.000.000 a Eduardo Calmell para que apoye su campaña por la


reelección. En el 2006, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República que se encargó del juicio a Fujimori, le atribuyó a este haber utilizado recursos del Estado para la compra de la línea editorial del Diario Expreso, a fin de obtener el apoyo y control de los medios de prensa para su segunda reelección. Para ello, en el mes de septiembre de 1999 coordinó y delegó a Vladimiro Montesinos las respectivas transacciones. La suma entregada fue de US$ 1.750.000 a su propietario, el señor Eduardo Calmell del Solar, quien se encuentra asilado en Chile. Para la comisión de estos hechos delictivos, el Presidente Fujimori conformó con Vladimiro Montesinos Torres y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas: José Villanueva Ruesta (Ejército), Elesván Bello Vásquez (Fuerza Aérea) y Américo Ibárcena Amico (Marina de Guerra); una organización criminal destinada a proveer de fondos al Servicio de Inteligencia Nacional, para ser utilizados en la contratación y adquisición de los medios de comunicación. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1999, 2001 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 1999, 2001 3. Intervención electoral Ilegal 2001 Actores implicados 1. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional 2. Medios de Comunicación escrita-Diario Expreso Denunciante (y cargo si Partido Político (Frente Independiente Moralizador, que aplica) presentó los vladi-videos) Acusado/a (cargo y jerarquía) Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente de la República, público alto), Eduardo Calmell (director del diario Expreso, privado alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil No se accede al dato Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos Terciario – Medios de comunicación Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Candidatos(as) Competidores(as) 3. Electores(as) 4. Usuarios(as) del servicio Mayor información Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Eliane Karp y la CONAPA

Ficha Nº223 País

Perú

Año de aparición en prensa 2003 Casos Vinculados


Caso Fundación Pacha Resumen caso En el 2004 se difunden investigaciones periodísticas acerca de irregularidades en la administración financiera de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA) organismo presidido por la primera dama, Eliane Karp. La acusación principal consistía en el mal manejo de los fondos de un préstamo dado a este organismo que ascendía a la suma de US$5.000.000 auspiciado por el Banco Mundial. En julio de 2009, el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, señaló como responsables del uso irregular de los recursos entregados por el Banco Mundial a la CONAPA, a Karp en su calidad de presidenta. Además, en una de las conclusiones de este documento se indica que Karp seleccionó al personal que trabajaría en este organismo y propuso su designación en puestos claves. Asimismo, se encontró responsabilidad en los secretarios técnicos y ejecutivos de esa entidad: Hilda Zamalloa César Alvarez Falcón, Humberto Ruiz y José Chillet; quienes fueron sindicados como las personas que realizaron las irregularidades. En Julio 2009 el Ministerio Público solicitó penas de entre dos y cinco años de prisión para 10 ex funcionarios de CONAPA, entre las que figuran: César Álvarez Falcón, Humberto Ruiz Novoa, José Revilla, Eduardo Chávez Delgado, entre otros. El magistrado pidió que todas estas personas paguen sumas de entre 30 mil (US$10.417) y 400 mil nuevo soles (US$139.000) como reparación civil al Estado y remitió el pedido a la Primera Sala Anticorrupción, que tendrá a su cargo el juicio oral. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002, 2003 2. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2002 3. Tráfico de influencias Ilegal 2001, 2002, 2003 Actores implicados 1. Otras instituciones públicas-Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos- CONAPA 2. Banco/Entidades Financieras-Banco Mundial Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico La Ventana Indiscreta Medios de comunicación escrita-Revista Caretas Eliane Karp (Presidenta Ad honoren de la Comisión Nacional Acusado/a de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, público alto), Hilda Zamalloa (Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; público medio), César Álvarez Falcón (Funcionario de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; público medio) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil Sí, Cerrado Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la política pública- Pueblos indígenas Mayor información 1. Sobre una prueba que inculparía a César Almeida, ver http://agenciaperu.com/investigacion/2004/mar/registro_pacha.htm#1 2. Noticia sobre los incumplimientos a las citaciones de E. Karp, ver http://www.rpp.com.pe/2009-11-30-situacion-legal-de-eliane-karp-se-complica-por-


incumplir-citaciones-noticia_226131.html Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Eliane Karp y su contrato con el Banco Wiese

Ficha Nº224 País

Perú

Año de aparición en prensa 2003 Casos Vinculados Caso Fundación PACHA, Caso Eliane Karp y la CONAPA

Resumen caso Eliane Karp, primera dama entre los años 2001 y 2006, trabajó para el Banco Wiese Sudameris desde 1997 hasta el 2000, momento en el que su esposo, Alejandro Toledo, lanzó su candidatura presidencial. El Wiese estaba involucrado en un escándalo debido a las millonarias cuentas que Vladimiro Montesinos manejaba en el banco. Para deslindar de las vinculaciones que mediáticamente se hicieron entre Karp y Montesinos, miembros de Perú Posible (el partido del gobierno) declararon que Karp trabajó para Eugenio Bertini -gerente general del banco Wiese- hasta que Montesinos lo llamó durante la campaña del 2000 y le pidió que la sacara. Sin embargo, luego se constató que la primera dama recibió 431,834.59 soles (US$149.530) desde enero de 2002 hasta agosto de 2003 como pago por servicios prestados al Banco Wiese Sudameris. Ante esto, Bertini confirmó que Eliane Karp sí se desempeñaba como jefa de Proyectos Agrarios de su entidad. Además de su relación con el Banco Wiese, Karp tenía una organización: Fundación Pacha por el Cambio. Se la denunciaba de haberse reunido, en calidad de primera dama, con diferentes presidentes para pedirles donaciones para dicha fundación en la que debería trabajar como persona privada. Fue acusada entonces de hacer uso de su cargo público para fines privados. Eliane Karp renunció a su trabajo en el banco Wiese días después de que la denuncia se hiciera pública. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Mauricio Mulder anunció que su grupo de trabajo, una vez instalado, evaluaría la veracidad de la denuncia. No obstante, el pedido de investigación se desestimó en dicha comisión por el voto de la mayoría oficialista. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2002, 2003 2. Negociación incompatible/ Ilegal 2002, 2003 Conflicto de intereses Actores implicados 1. Bancos/Entidades financieras– Banco Wiese Sudameris 2. Organización No Gubernamental – Fundación Pacha por el Cambio 3. Poder Ejecutivo Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Diario Correo (Perú) aplica) Acusado/a (cargo y Eliane Karp (Primera Dama de la Nación, público alto), Bertini jerarquía) (Gerente general del banco Wiese Sudameris, privado alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil


Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

No No Terciario – Servicios Financieros Actores Afectados

1. Empresas competidoras 2. Ciudadanía Mayor información Otras observaciones o comentarios Otro caso vinculado a este caso de corrupción, es el Vladivideos Wiese – Montesinos, sin embargo, este caso no fue mencionado por los(as) entrevistados(as) (Ver metodología de la investigación) Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Empleados fantasma Tula Benites

Ficha Nº 225 País

Perú

Año de aparición en prensa 2007 Casos Vinculados No

Resumen caso En mayo de 2007, la congresista aprista Tula Luz Benites Vásquez fue denunciada en un diario nacional (Perú21) de contratar a Juan Carlos Cuadros Noriega, un militante del Partido Aprista Peruano (PAP) que figuró en la planilla oficial del Congreso desde agosto hasta diciembre del 2006, pero nunca trabajó realmente en su despacho, según fuentes de la administración del propio Palacio Legislativo. El caso quedó a evaluación del Congreso y, en julio de 2007, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió postergar su definición hasta la próxima legislatura. Los parlamentarios de partidos de la oposición y la prensa en general coincidieron en que había un intento de “blindar” a Tula Benites por pertenecer al partido de gobierno. El caso pasó al Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, el cual en octubre del 2009 absolvió a Juan Carlos Cuadros porque –según el fallo- “no está probado que Cuadros le haya ocasionado perjuicio económico al Congreso ni que haya cobrado su sueldo sin trabajar”. Mediáticamente se denunció que la exculpación de Cuadros tendría otro objetivo: la absolución de Benites, pues en el fallo se indica que ella no es responsable de la contratación. Ante estos hechos, el ex presidente de la Comisión parlamentaria de Ética, Luis Galarreta, invocó a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso a impedir que retornen a este poder del Estado las congresistas Tula Benites y Elsa Canchaya (Ver en la ficha sector de Otras observaciones). La parlamentaria aprista está siendo procesada. El pasado 1º de diciembre de 2009, la Corte Suprema rechazó el pedido del fiscal supremo José Pelaez de archivar el proceso contra Tula Benites, con lo cual el proceso continúa abierto. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2006 2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal 2006 públicos/Peculado Actores implicados 1. Poder Legislativo 2. Partido político-Partido Aprista Peruano Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Diario Perú21 aplica) Luis Galarreta (Diputado, público alto)


Acusado/a jerarquía)

(cargo

y

Tratamiento del caso Administrativo Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

Tula Benites (Diputada, público alto), Juan Carlos Cuadros Noriega (Militante aprista, público bajo), Elsa Canchaya (Diputada, público alto) Situación del caso No Sí, Abierto No Sí, Abierto No No aplica Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Electores(as) Mayor información Otras observaciones o comentarios Este caso de corrupción se encuentra vinculado con otro caso que no fue mencionado por los(as) entrevistados(as) (Ver metodología de la investigación). Dicho caso corresponde a “Los empleados fantasmas, congresista Elsa Canchaya”. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº 226 País

Año de aparición en prensa 2008 Casos Vinculados No

Caso Entrada irregular del Banco Perú Azteca al Perú Resumen caso En octubre del 2008, una denuncia periodística de ÚteroTV reveló a través de un informe que Hernán Garrido Lecca, ex Ministro de Salud, fue contratado por el Banco Azteca para hacer lobby ante las autoridades peruanas durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el 2005, con el fin de permitir el ingreso de la entidad mexicana en el mercado peruano. Esto no se concretó por decisión de Juan José Marthans, superintendente de Banca y Seguros, quien recomendó la no aceptación de los mexicanos debido a que no cumplían con una serie de requisitos y estaban envueltos en un escándalo de fraude con la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual fue confirmado por el congresista Carlos Bruce. Cuando el Partido Aprista Peruano se convirtió en el partido oficial de gobierno, con Garrido Lecca como Ministro de Salud, Marthans fue despedido y en menos de un mes el Banco Azteca pudo operar en el Perú. Además, se denunció también que siete meses antes de que el Banco Azteca obtuviera su licencia para operar en Perú, altos directivos del Grupo Azteca invirtieron en la empresa de Hernán Garrido Lecca, Almapayo Entertainment. A pesar de que la atención mediática fue considerable, no se iniciaron procesos de investigación al acusado de los actos de corrupción. El contralor general de la República, Genaro Matute, declaró que Garrido Lecca no fue representante del Banco Azteca, sino asesor, lo cual dificultaría una posible investigación al no existir una relación laboral concreta. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Negociación incompatible/ Ilegal 2007, 2008 Conflictos de intereses


2. Tráfico de influencias

Ilegal Actores implicados

2007, 2008

1. Ministerio de Salud 2. Empresa extranjera – Grupo Azteca 3. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Superintendencia de Banca y Seguros del Perú Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Portal periodístico ÚteroTV aplica) Acusado/a (cargo y Hernán Garrido Lecca (Ministro de Salud, público alto) jerarquía) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil No Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Terciario – Servicios financieros Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía Mayor información 3. El vídeo que sacó a la luz el caso: http://www.utero.tv/2008/10/18/%C2%A1vivamexico-segunda-parte/ Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Fábrica de firmas

Ficha Nº227 País

Perú

Año de aparición en prensa 2004 Casos Vinculados No

Resumen caso El 28 de abril de 2004 los congresistas Rafael Rey, Xavier Barrón y Fabiola Morales denunciaron una presunta suplantación de firmas en los planillones con los que se inscribió el año 2000 el partido político Perú Posible (PP), en ese entonces País Posible, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En su momento los programas periodísticos recogieron el testimonio de un “colaborador eficaz” y se hizo un fuerte seguimiento mediático al caso centrado en Margarita Toledo, hermana del presidente Alejandro Toledo, quien fue acusada en un programa periodístico de haber participado directamente en la fabricación de firmas. Para julio del mismo año, Carmen Burga, principal testigo del caso, dio indicios de una fábrica de firmas de Perú Posible pero luego se fugó del país. En enero de 2005 el Juez anticorrupción Saúl Peña decretó el arresto domiciliario de la hermana del Presidente de Perú, Margarita Toledo y ordenó su embargo por US$50.000. En el 2006 se le abrió proceso al ex presidente Alejandro Toledo por este hecho, pero el caso fue archivado. Ya en noviembre de 2009 el fiscal anticorrupción Carlos Ramos pidió seis años de prisión para Guillermo Suárez Flores, cuñado de Margarita Toledo por su intervención en la fuga al extranjero de Carmen Burga Cachay, principal testigo en el caso de la falsificación de firmas de País Posible. Ramos acusó a Suárez


Flores por los delitos de coacción y asociación ilícita para delinquir. El magistrado solicitó, además, cuatro años de prisión para Carmen Burga Cachay al acusarla de falsedad genérica y que pagara la suma de 10 mil soles (US$3.463). Dicha denuncia fue remitida a la Segunda Sala Anticorrupción para que se encargue de llevar a cabo el juicio oral correspondiente. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1999, 2000 2. Falsificación de Documentos/Uso Ilegal 1999, 2000 malicioso de documentos 3. Obstrucción de la Ilegal 2004 justicia/investigación Actores implicados 1. Partido Político Perú Posible 2. Poder Ejecutivo 3. Poder Legislativo 4. Otras instituciones públicas-Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Rafael Rey, Xavier Barrón y Fabiola Morales (Congresistas Denunciante de la República, público alto) Acusado/a (cargo y jerarquía) Alejandro Toledo Manrique (Presidente de Partido Perú Posible, público alto), Margarita Toledo (militante de Partido Perú Posible, privado medio), Guillermo Suárez Flores (familiar, privado bajo) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil Sí, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Electores(as) 2. Candidatos(as) competidores 3. Representados(as) por la autoridad Mayor información 1. Noticia sobre video que inculparía a A. Toledo, ver http://agenciaperu.com/reportes/2004/oct/toledo_video.htm 2. Noticia sobre años de prisión solicitados por la Fiscalía, ver http://www.peru.com/noticias/PORTADA20091110/65392/Fiscalia-pide-seis-anos-deprision-para-implicados-en-falsificacion-de-firmas-de-Peru-PosibleOtras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº228 País

Año de aparición en prensa 2000


Caso Firmas falsas de Perú 2000

Perú

Casos Vinculados No

Resumen caso El ex presidente Alberto Fujimori es involucrado en el caso de la masiva falsificación de firmas para inscribir al partido Perú 2000 y así poder participar en los comicios generales del año 2000. El caso está archivado y no se han hallado responsables. En el contexto de la tercera reelección de Alberto Fujimori, los medios de prensa Caretas y La República denunciaron la celeridad con que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inscribió la candidatura de Alianza Perú 2000 y, además, el hecho de que las firmas de del Partido Perú 2000 eran falsificadas. Se señaló al entonces congresista Oscar Medellius como uno de los organizadores de la elaboración de planillones con firmas falsas para inscribir a su partido. También, se señalaba a Vladimiro Montesinos como uno de los artífices de las falsificaciones. En abril del 2008, Oscar Medellius fue extraditado de los Estados Unidos por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir; se le abrió un proceso penal junto con otras casi 250 personas relacionadas a las firmas falsas. En marzo del 2009, nueve años después de haberse descubierto la falsificación de firmas de la agrupación fujimorista, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el expediente judicial y retirar los cargos contra el ex parlamentario Óscar Medelius. Igualmente, esta decisión se hace extensiva al ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y a los demás procesados por dicho caso. La medida es inapelable a nivel del Poder Judicial y fue tomada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que, a través de su resolución, declara que ni Montesinos, ni Medelius, ni otras 230 personas deben ser enjuiciadas por los presuntos delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica. Cabe destacar que Óscar Medelius cumple condena de ocho años de prisión por otro caso de falsificación de firmas, el de la agrupación Vamos Vecino, que también formó parte de la Alianza Perú 2000. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1999, 2000 2. Falsificación de documentos/Uso malicioso Ilegal 1999, 2000 de documentos Actores implicados 1. Partido Político Perú 2000 2. Poder Ejecutivo 3. Servicios de Inteligencia-Servicio Nacional de Inteligencia Denunciante (y cargo si aplica) Periodistas Ricardo Uceda y Miguel Ramírez del diario El Comercio Revista Caretas Acusado/a (cargo y jerarquía) Alberto Fujimori (Presidente de la República – Presidente del Partido Perú 2000, público alto), Oscar Medellius (Congresista de la República, público alto), Vladimiro Montesinos Torres (Asesor Presidencial, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil Sí, Cerrado Penal Sistema Interamericano de Derechos No Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Candidatos(as) competidores(as) 2. Electores(as) Mayor información 1. Noticia sobre el archivo del caso por el Tribunal Supremo, ver


http://peru21.pe/impresa/noticia/archivan-falsificacion-firmas-peru-2000/2009-0616/249194 Otras observaciones o comentarios Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Fujimori–Camet-MOBETEK

Ficha Nº229 País

Perú

Año de aparición en prensa 2003 Casos Vinculados Caso Compra de los aviones MIG 29

Resumen caso El ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas, fueron acusados constitucionalmente por la Comisión Investigadora de la Deuda Pública Externa del Congreso de la República por haber firmado la expedición del Decreto Supremo 184– 94, de carácter secreto, que sirvió para entablar un acuerdo con la empresa Mobetek. Esta empresa, de propiedad del empresario Moshe Rothschild, acordó con el Estado peruano representaciones por más de US$7.000.000 para la adquisición de repuestos sobrevalorados para helicópteros MI 17 y camiones marca Mercedes Benz en los años 1994 y 1995. Alberto Fujimori, el ex Contralor General de la República Víctor Caso Lay y Jorge Camet Dickman fueron denunciados penalmente por el caso, pero en el 2005 fueron absueltos por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Se acusó a Víctor Caso Lay, en ese entonces Contralor de la República, por no haber ejercido acciones de control sobre estos hechos de conformidad con su responsabilidad como Contralor. Por ello se le atribuyeron delitos contra la administración pública y administración de justicia, incumplimiento de deberes de función y omisión de denuncia en agravio del Estado. Las cuentas secretas del empresario Moshe Rothscild por US$6.5 millones han sido congeladas en Suiza tanto por este caso, como por el de la venta de Aviones MIG29. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1994 2. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1994, 1995 3. Fraude: Malversación de Ilegal 1994, 1995 caudales públicos/Peculado Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Ministerio de Economía y Finanzas 3. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Contraloría General de la República Denunciante (y cargo si Comisión de Investigadora de la Deuda Pública Externa – Congreso aplica) de la República Acusado/a (cargo y Alberto Fujimori. (Presidente de la República, público alto), Jorge jerarquía) Camet Dickman (Ministro de Economía y Finanzas, público alto), Víctor Caso Lay (Contralor General de la República, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil Sí, Cerrado Penal No Sistema Interamericano


de Derechos Humanos Sector Económico

Secundario-Industria Automotriz Actores Afectados

1. Ciudadanía Mayor información 1. Noticia sobre las cuentas de Moshe Rothscild, ver http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,88326/Ite mid,/ 2. Sobre la absolución de Alberto Fujimori en el caso, ver http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20051019/pasadas/15/86450 Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/ 2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Fujimori y Tiempo de Servicio

Compensación

Ficha Nº230 País

por Perú

Año de aparición en prensa 2002 Casos Vinculados No

Resumen caso El caso se da en el contexto de la salida a la luz del primer vladivideo que implicaba a Alberto Kouri, Congresista de la República, y Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, el 14 de Setiembre del año 2000. Luego de que se diera a conocer el primer video, Alberto Fujimori, presidente de la República, ayudado por los Ministros de Economía y de Defensa de ese entonces Carlos Bologña y Carlos Bergamino, retiró unos 52 millones de nuevos soles del Banco de la Nación (US$15 millones aprox.) aduciendo que necesitaba reforzar la frontera con Colombia para evitar la incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en nuestro país. Sin embargo, dicho dinero se utilizó para el pago del dinero de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) de Vladimiro Montesinos cuando a este sólo le correspondía 15.000 nuevos soles (US$5.195) por un trabajo de 10 años en el Servicio Nacional de Inteligencia y como asesor. Dichas operaciones ocurrieron el 22 de septiembre del 2000. Alberto Fujimori indicó, posteriormente en el proceso que se abrió por este hecho, que reconoce la entrega de dinero a Montesinos, es decir, que entregó US$15 millones a Montesinos por CTS. El ex presidente declaró que él pagó dicho dinero a Montesinos para evitar un golpe de Estado que desestabilizaría el país. Alberto Fujimori fue sentenciado a 7 años de cárcel por la Sala Especial de Corte Suprema el 20 de Julio de 2009 y tendrá que pagar 3 millones de soles de reparación civil (US$1.040) en forma solidaria junto con los ex ministros Carlos Boloña, Federico Salas y Carlos Bergamino. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2000 2. Fraude: Malversación de caudales públicos/ Ilegal 2000 Peculado Actores implicados 1. Poder Legislativo 2. Servicios de Inteligencia-Servicio Nacional de Inteligencia


3. Poder Ejecutivo 4. Ministerio de Economía 5. Ministerio de Defensa Denunciante (y cargo si aplica) Acusado/a (cargo y jerarquía)

Tratamiento del caso Administrativo Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

Medios de comunicación escrita-Diario La República Alberto Fujimori (Presidente de la República, público alto), Vladimiro Montesino Torres (Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, público alto), Carlos Boloña (Ministro de Economía, público alto), Federico Salas (Presidente del Consejo de Ministros, público alto) Situación del caso No No No Sí, Cerrado No No aplica Actores Afectados

1. Ciudadanía Mayor información 1. Reportaje del caso, ver http://caviardecianuro.wordpress.com/2009/07/14/fujimori-admiteque-es-un-ratero-solo-que-no-acepta-su-culpabilidad/ 2. Noticia sobre la sentencia de Fujimori, ver http://www.rpp.com.pe/2009-07-13sentenciarian-a-fujimori-el-viernes-por-pago-de-cts-a-montesinos-noticiaop_194387_7.html Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/ 2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Fujimori, narcotraficante Osito

Montesinos

Ficha Nº231 País

y

Perú

Año de aparición en prensa 2000 Casos Vinculados No

Resumen caso El hermano de Pablo Escobar (capo del cartel de narcotraficantes de Medellín, Colombia), Roberto Escobar, declaró en la revista colombiana Cambio del 13 de Noviembre de 2000, que el fallecido capo del narcotráfico entregó US$1.000.000 para financiar la primera campaña presidencial de Alberto Fujimori, para las elecciones generales de 1990. Roberto Escobar señaló que su hermano entregó el dinero a Vladimiro Montesinos, quien ofreció a cambio facilidades para que las avionetas del narcotraficante entraran en Perú para recoger clorhidrato de cocaína. También dijo que Pablo Escobar tenía vínculos con Montesinos desde 1986 y que en diciembre de 1989 mantuvo una conversación telefónica con Fujimori, quien le confirmó el otorgamiento de las facilidades ofrecidas si contribuía a su campaña.


Conducta/s Reprochable/s 1. Asociación ilícita 2. Tráfico de estupefacientes

Estatus Ilegal Ilegal Actores implicados

Año de la conducta 1987 1987

1. Partido político Cambio 90 2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Revista colombiana Cambio aplica) Acusado/a (cargo y jerarquía) Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente del Perú, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil Sí, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía Mayor información 1. Entrevista a Roberto Escobar donde realiza las declaraciones, ver http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/20759/86/ 2. Noticia sobre los vínculos de Montesinos con el narcotráfico, ver http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=308280 Otras observaciones o comentarios Ese caso de corrupción se encuentra vinculado con otros casos que no fueron mencionados por los(as) entrevistados(as) y que son conocidos con los nombres de “Montesinos y los López Paredes” y “Caso Vaticano”. Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Fundación PACHA

Ficha Nº232 País

Perú

Año de aparición en prensa 2004 Casos Vinculados Caso Eliane Karp-Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA)

Resumen caso Eliane Karp, esposa del presidente Alejandro Toledo, creó, durante la gestión de Toledo, la Fundación Pacha por el cambio, una organización no gubernamental con el objetivo de la erradicación de la pobreza en el Perú. Las primeras donaciones vinieron de España y Francia y sus operaciones se iniciaron el año 2001 con un fondo de US$52.000.La acusación sobre el funcionamiento de la Fundación Pacha y la situación de Eliane Karp estuvo relacionada al vínculo de esta institución con César Almeida Tasayco el cual unos meses antes había sido


consejero personal de Toledo y jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI). Almeida está actualmente en prisión y es procesado penalmente por haber recibido dinero del general Oscar Villanueva, considerado el cajero de la mafia dirigida por Vladimiro Montesinos. La Fundación Pacha por el Cambio funcionaba en la misma oficina que la empresa Blue Bay Investment, una empresa registrada en Panamá, cuyo representante en Perú era Almeyda y que según algunos medios de comunicación era la que pagaba el alquiler de la sede de la fundación de la esposa del presidente. Además, se descubrió que Karp manejaba una cuenta a nombre de su fundación en el banco Wiese, la cual tenía como uno de sus responsables al mismo César Almeida. Otra de las acusaciones que se vinculan a esta institución es la contratación irregular de militantes de Perú Posible (PP), partido de Alejandro Toledo. Para este caso específico, fue abierto un proceso penal al cual se ha citado a declarar como testigo a Karp. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2003, 2004 2. Enriquecimiento Ilícito Ilegal 2003, 2004 3. Tráfico de influencias Ilegal 2003, 2004 Actores implicados 1. Organizaciones No Gubernamentales/Agrupaciones civiles - Fundación PACHA 2. Servicios de Inteligencia-Consejo Nacional de Inteligencia Denunciante (y cargo si Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico La aplica) Ventana Indiscreta Acusado/a (cargo y Eliane Karp (Directora de la Fundación Pacha, público alto), jerarquía) Cesar Almeida (Asesor del Presidente de la República, público medio) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil Sí, Abierto Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la política pública Mayor información 1. Noticia sobre la Fundación de la primera dama, ver http://agenciaperu.com/investigacion/2002/ago/pacha.htm 2. Noticia sobre el llamado a declarar de Eliane Karp, ver http://www.rpp.com.pe/widgets/masvisto/2009-10-13-juez-llama-a-declarar-a-elianekarp-en-caso-fundacion-pacha-noticia-op_215244_7.html 3. Noticia sobre la complicación legal de Eliane Karp, ver http://www.rpp.com.pe/200911-30-situacion-legal-de-eliane-karp-se-complica-por-incumplir-citacionesnoticia_226131.html Otras observaciones o comentarios Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia. Fecha del registro: Diciembre/2009


REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Hermanos Winter

Ficha Nº233 País

Perú

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados No

Resumen caso Los hermanos Samuel y Mendel Winter, accionistas minoritarios de Frecuencia Latina (Canal 2) asumieron en 1998 la administración de este canal de televisión, luego de que el Poder Judicial decidiese quitarle sus acciones al empresario de origen israelí, Baruch Ivcher Bronstein. La investigación contra los hermanos Winter se inició a fines de enero del año 2001 por parte de la Fiscalía de la Nación. Dicha investigación estableció que los hermanos Winter suscribieron con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos dos contratos para poner el canal 2 al servicio del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. En el primer contrato, Samuel y Mendel Winter recibieron 10 millones de soles (US$3.462.000) para incrementar el capital accionario de canal 2 y con ello quitar a Baruch Ivcher Bronstein la mayoría accionaria en esta empresa. Los Winter suscribieron incluso un documento que reconocía como accionista de este canal a Montesinos. En un segundo "contrato de locación de servicios" suscrito en noviembre de 1999, los Winter ponen el canal 2 a disposición de Montesinos y del ex presidente Fujimori para toda la campaña electoral del año 2000. Por este segundo contrato, los accionistas recibieron US$500 mil dólares mensuales, entre noviembre de 1999 y abril de 2000, es decir, otros tres millones de dólares, por el apoyo del canal a la re-reelección de Fujimori. Luego del proceso judicial Montesinos fue sentenciado a 15 años de prisión y al pago de 50 millones de nuevos soles de reparación civil (US$17.313.000) por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios al haber empleado los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para pagar a diferentes dueños de canales de televisión por su apoyo a la segunda reelección a la presidencia de Alberto Fujimori. Los hermanos Samuel y Mendel Winter se acogieron a los beneficios de la colaboración eficaz y fueron sentenciados por peculado y asociación ilícita para delinquir. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1998, 1999, 2000 2. Asociación ilícita Ilegal 1998, 1999, 2000 3. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 1998, 1999, 2000 4. Fraude: Malversación de caudales Ilegal 1998, 1999, 2000 públicos/Peculado Actores implicados 1. Medios de comunicación televisiva-Canal de televisión Frecuencia Latina 2. Poder Ejecutivo 3. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Ministerio Público- Fiscalía de la Nación aplica) Acusado/a (cargo y Samuel Winter (accionista Frecuencia Latina, privado alto), jerarquía) Mendel Winter (accionista Frecuencia Latina, privado alto), Vladimiro Montesinos (jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Político

No

Civil

No

Penal

Sí, Cerrado


Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

No Terciario-Medios de Comunicación Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Usuarios(as) del servicio Mayor información 4. Noticia sobre la condena a Montesinos, ver http://www.pj.gob.pe/convocatorias/noticias.asp?codigo=1295&opcion=detalle 5. Noticia donde aparece una referencia al caso, ver http://www.caretas.com.pe/2003/1769/articulos/pinchipinchi.phtml Otras observaciones o comentarios Este caso de corrupción se encuentra vinculado con otro caso que los(as) entrevistados(as) no hay mencionado en las entrevistas. Corresponde al caso conocido como “ Caso Baruch Ivcher” Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Hermanos Wolfenson

Ficha Nº234 País

Perú

Año de aparición en prensa 2004 Casos Vinculados Caso Vladivideo CrousillatMontesinos, Caso hermanos Winter, Caso Vladivideo SchultzMontesinos

Resumen caso En mayo de 2002, se solicitó la detención de Alex y Moisés Wolfenson, propietarios de los diarios El Chino y El Men. Según el procurador Ronald Gamarra, existían pruebas suficientes para incriminarlos pues había declaraciones testimoniales y una cinta de video en la que Vladimiro Montesinos (ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional) y Víctor Joy Way (ex congresista fujimorista) señalaban que financiaban sus periódicos. Además, el procurador Gamarra dijo que en los expedientes quedaba señalado el pago de tres mil dólares por cada titular en alguno de sus diarios. Moisés Wolfenson, ex director del diario El Chino y ex congresista fujimorista, fue condenado por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos para difamar a los opositores al régimen fujimorista. Fue sentenciado junto a su hermano Alex, entre otros procesados. Alex Wolfenson obtuvo su libertad en marzo del 2006, luego de que el vocal Robinson Gonzales redujera la pena de cinco años de prisión efectiva a cuatro años de prisión suspendida. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 2000 2. Tráfico de influencias Ilegal 2000 Actores implicados 1. Medio de comunicación 2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional 3. Poder Ejecutivo Denunciante (y cargo si Manuel Ruiz Agüero (Secretario, público bajo) aplica) Acusado/a (cargo y Moisés Wolfenson (Director Diario el Chino), Alex Wolfenson jerarquía) (Directivo diarios El Chino y El Men), Vladimiro Montesinos


Tratamiento del caso Administrativo Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

(Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional), Alberto Fujimori (Presidente del Perú) Situación del caso No No No Sí, Cerrado No

Terciario-Medios de comunicación Actores Afectados 1. Compradores(as)/Clientes(as) 2. Trabajadores(as) Mayor información 1. Noticia sobre los montos de dinero que recibían los Wolfenson, ver http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20040512/pasadas/15/156828 2. Noticia sobre la condena a los hermano Wolfenson, ver http://peru21.pe/noticia/64663/moises-wolfenson-abandono-penal-reos-primarios-lima 3. Noticia sobre las reuniones entre Wolfenson y Montesinos, ver http://agenciaperu.com/actualidad/2004/mar/wolfenson_sin.htm 4. Noticia sobre la solicitud del Ministerio Público para la detención de Wolfenson, ver http://agenciaperu.com/actualidad/2004/feb/mp_wolfenson.htm 5. Noticia sobre la aparición del video del caso, ver http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=51287 Otras observaciones o comentarios El denunciante del caso Manuel Ruiz Agüero, fue secretario de Vladimiro Montesinos. Tenía el rango de Capitán EP en retiro. Además, fue testigo en otro caso de corrupción que se conoció con el nombre de Caso Bresani o prensa chicha. Por otro lado, este caso forma parte de un grupo de casos de corrupción que en la prensa se denominaron “Compra de Medios de Comunicación”.

Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº235 País

Año de aparición en prensa 2004 Casos Vinculados No

Caso Madre de Coqui Toledo como Perú funcionaria del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) Resumen caso En diciembre de 2001 la madre de Jorge “Coqui” Toledo, Beatriz Velásquez Taboada, aparece en la planilla del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) con un sueldo de más de 15 mil soles (US$5.190) sin tener ningún conocimiento probado en la gestión de programas sociales. Para octubre de 2001 Jorge “Coqui” Toledo, sobrino del presidente Alejandro Toledo Manrique, ya recibía duras críticas por recibir US$5.000 mensuales por asesorar al gobierno. El jefe del PRONAA Mauricio Diez Canseco justificó en ese entonces la presencia de Velásquez Taboada en el puesto del PRONAA por ser técnica en enfermería. La Contraloría General de la República investigó el caso en julio de 2004 luego de que se presentara la denuncia por el diario La República. La funcionaría Beatriz Velásquez Taboada fue destituida luego del escándalo mediático. Asimismo el jefe del programa fue


retirado después de realizarse un proceso administrativo. Conducta/s Reprochable/s Estatus 1. Trafico de influencias

Ilegal Actores implicados

Año de la conducta 2001

1. Poder Ejecutivo 2. Otras instituciones públicas-Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicación escrita-Diario La República y Revista Caretas Acusado/a (cargo y jerarquía) Alejandro Toledo Manrique (Presidente de la República, público alto) Jorge Toledo (Asesor presidencial, público alto) Beatriz Velásquez Tabeada (funcionaria PRONAA, público medio) Tratamiento del caso Situación del caso Sí, Cerrado Administrativo No Político No Civil No Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la política pública Mayor información 1. Noticia sobre el camino de salida en el caso, ver http://www.caretas.com.pe/2002/1703/secciones/marfon.phtml 2. Informe de Contraloría peruana http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/0e56d7004f198f6c8d5e9df2301b1d7 6/CUADRO-ACCIONES-ENTORNO-PRESIDENCIAL.pdf?MOD=AJPERES Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Manejo externa

irregular

de

Ficha Nº236 País

deuda Perú

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados No

Resumen caso El 14 de Agosto de 2001 se conformó en el Congreso de la República la Comisión Investigadora (Comisión Valencia Dongo) encargada de indagar la concertación y renegociación de la Deuda Externa, contraída por el gobierno peruano, durante el periodo 19902000, con organismos internacionales, banca internacional, gobiernos extranjeros y otros. El pleno del Congreso acordó conformar esta comisión con el mandato de identificar


irregularidades en el proceso de renegociación de la deuda pública externa así como los procesos de concertación de deuda nueva y el uso de los recursos obtenido. Solamente a partir de lo investigado por la Comisión Valencia Dongo, se llega a la conclusión de que aproximadamente US$6.881.275.492 fueron negociados en perjuicio del Estado peruano. Debido a la gran cantidad de procesos vinculados al manejo de la deuda externa, la Comisión hizo una selección cuantitativa y cualitativa de casos de endeudamiento público externo durante esta etapa. En las conclusiones de la Comisión consta que quedaron demostrados casos evidentes de corrupción, de contratos que hoy son inamovibles en el contexto financiero. En general, se constató falta de transparencia del gobierno, participación de agentes privados que se beneficiaron con el tratamiento que se hizo a la deuda externa, desarticulación de la legislación existente en esos momentos, creándose normas para beneficios particulares y deficiente gestión de la deuda externa. La mencionada Comisión no tenía las facultades para investigar la multiplicidad de casos de manejo de la deuda en la década de los noventa y por lo que recomendó a la Contraloría General de la República realizar las respectivas auditorias. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 2. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 4. Fraude: Malversación de Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, caudales públicos/Peculado 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 5. Negociación incompatible/ Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, Conflicto de intereses. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Empresa privada 3. Empresa extranjera Denunciante (y cargo si Comisión Investigadora Valencia Dongo-Congreso de la aplica) República Acusado/a (cargo y Alberto Fujimori (Presidente de la República, público alto), jerarquía) Jorge Camet (Ministro de Economía, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Terciario-Servicios Financieros Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía Mayor información Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009


REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Petrogate

Ficha Nº237 País

Perú

Año de aparición en prensa 2008 Casos Vinculados No

Resumen caso “Petrogate” es la denominación que dio la prensa al caso de corrupción de lotes petroleros -que se dio a conocer a partir de audios de conversaciones telefónicas y tuvo como consecuencia la renuncia del gabinete ministerial. El primer audio fue difundido a través de un programa periodístico por el ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Luego siguieron apareciendo grabaciones telefónicas que pusieron al descubierto el presunto pago de comisiones y regalías por la adjudicación de cuatro lotes para la exploración de hidrocarburos ubicados entre Pisco y Nazca y otro en Madre de Dios. Estas grabaciones implicaban al vicepresidente de la empresa estatal Perupetro, Alberto Quimper, y a un ex Ministro del primer Gobierno de Alan García, Rómulo León. En un audio, este último mencionó haber recibido US$100.000 de la empresa noruega Discover Petroleum International para sobornar a funcionarios públicos y favorecerles en un proceso de concesión. Luego de aparecer implicados el premier Jorge del Castillo y el Ministro Juan Valdivia, los integrantes del Gabinete Ministerial pusieron sus cargos a disposición del presidente Alan García. La labor del juez anticorrupción que se encarga de las investigaciones de este caso, Jorge Barreto ha sido cuestionada por haberse demorado ocho meses en iniciar la revisión del CPU incautado a Rómulo León y haber puesto trabas a la Fiscalía y la Procuraduría en el análisis de los correos electrónicos copiados del equipo de cómputo del mismo acusado. Actualmente, el proceso a cargo de Jorge Barreto está siendo fiscalizado por la Oficina Distrital de Control de la Magistratura. Se prevé que la investigación del juzgado anticorrupción dé a conocer sus resultados a inicios de 2010. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación Ilícita Ilegal 2008 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2008 3. Licitación pública fraudulenta Ilegal 2008 4. Obstrucción de la Justicia/investigación Ilegal 2008, 2009 Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Empresa extranjera - Discover Petroleum Internacional de Noruega 3. Empresa pública – Petroperú Denunciante (y cargo si Fernando Rospigliosi (ex Ministro del Interior, público alto) aplica) Acusado/a (cargo y Rómulo León Alegría (militante del Partido Aprista Peruano, jerarquía) público bajo), Alberto Quimper (miembro del directorio de Perupetro, público alto), Ernesto Arias Schreiber (representante legal de la empresa Discover Petroleum, privado medio), Juan Valdivia Romero (Ministro de Energía y Minas, público alto), Fortunato Canaán (agente de la empresa noruega Discover Petroleum, privado medio), Jorge del Castillo (Primer Ministro, público alto), Garrido Lecca: (Ministro de Salud, público alto), Daniel Saba (Presidente de PetroPerú, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil


Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

Sí, Abierto No Secundario – Industria petrolera Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Empresas competidoras 3. Compradores(as)/Clientes(as) Mayor información Otras observaciones o comentarios El 15 de diciembre de 2009 la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República archivó la denuncia contra los ex Ministros por supuestamente favorecer a la empresa petrolera. En el caso del Primer Ministro acusado, en la base de datos se le considera como Presidente(a) de la Nación/Vicepresidente(a) Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº239 País

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados No

Caso Petroperú y remodelación de Palacio de Perú Gobierno Resumen caso Petroperú, una empresa estatal dedicada al negocio de la explotación de hidrocarburos, fue acusada de desviar fondos para remodelar Palacio de Gobierno. Para ello, Petroperú utilizó dos servicios: Talentum y Monumental. Según la Comisión de Fiscalización del Congreso, a través de ambos, Petroperú autorizó gastos por más de cinco millones de soles (US$1.731.906) incurriendo con ello en el delito de malversación de fondos porque la ley de hidrocarburos que regula a Petroperú establecía que sus fondos solo se pueden destinar para los objetivos propios de la empresa. Este caso fue denunciado por la prensa e inmediatamente la Contraloría General de la República empezó a hurgar en las cuentas de Petroperú. La Contraloría General de la República descubrió en abril de 2003 que para la remodelación, Petroperú contrató a nueve personas, que recibieron en total más de 485 mil soles (US$167.995). Estas personas fueron contratadas a través de los mencionados services Santa Carolina y Monumental. Los sueldos de los que fueron contratados a través de Monumental oscilaban entre diecisiete mil y cincuenta y un mil soles (US$5.888 y US$17.665). En total, entre septiembre y noviembre de 2001,


Petroperú, a través de Monumental, pagó más de ciento cincuenta mil soles a solo cuatro personas (US$51.960). En abril de 2004 la Cuarta Sala Penal para Reos Libres decidió someter al presidente Alejandro Toledo a un interrogatorio por el presunto desvío de fondos de Petroperú para la remodelación de Palacio de Gobierno que ocurrió en el 2001. Asimismo, la Contraloría General de la República decidió acusar legalmente a los miembros del directorio de Petroperú. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002 2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal 2001, 2002 públicos/Peculado Actores implicados 1. Empresa pública - Petroperú 2. Empresas privadas-Talentum y Monumental y Santa Carolina 3. Poder Ejecutivo Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico La Ventana Indiscreta Acusado/a (cargo y jerarquía) Alejandro Toledo (Presidente de la República del Perú, público alto), Miembros del Directorio de Petroperú. Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil Sí, Cerrado Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos Secundario-Industria Petrolera Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía Mayor información 1. Noticia sobre decisión de interrogar a Toledo, ver http://agenciaperu.com/actualidad/2004/set/toledo_interrogatorio.htm Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº240 País

Año de aparición en prensa 2008 Casos Vinculados No

Caso Robo de donaciones del terremoto Perú del 15 de agosto de 2007 Resumen caso Representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ica –entre ellos el fiscal Ángel Mendoza Suppo– allanaron en marzo del 200 la vivienda del alcalde del distrito de San Francisco de Sangayaico (provincia de Huaytará, en Huancavelica), Percy Cabrera Champe, donde encontraron gran cantidad de donaciones que estaban destinadas a los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007. Se decomisaron alimentos, ropa, frazadas, zapatos, camas plegables, carpas y herramientas. El fiscal confirmó que estos productos provenían de organismos del Estado y de entidades privadas. Tras estos hechos, el Juzgado Mixto de


Huaytará confirmó que este cuestionado alcalde mantiene un proceso pendiente en esta sede judicial por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento y apropiación ilícita, en los que habría incurrido en sus casi dos años como alcalde distrital. La prensa acusa a Walter Llenera, asesor legal del Concejo de San Francisco de Sangayaico, de intentar proteger a Cabrera de ser debidamente investigado. Se sabe que, a fines del 2008, Percy Cabrera interpuso un Recurso Extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva contra la resolución que resolvió dejar sin efecto su credencial como Alcalde del Concejo Distrital de San Francisco de Sangayaigo. Dicho Recurso Extraordinario fue declarado infundado. No se tiene mayor información sobre su actual situación. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Apropiación Indebida Ilegal 2007, 2008 Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad distrital de San Francisco de Sangayaico Denunciante (y cargo si Habitantes de la zona de Sangayaico aplica) Ángel Mendoza Suppo (fiscal, público medio) Acusado/a (cargo y Percy Cabrera (alcalde de San Francisco de Sangayaico, público medio), Walter Llenera (asesor legal del Concejo de San jerarquía) Francisco de Sangayaico, público bajo) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil Sí, Abierto Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Representados(as) por la autoridad 2. Electores(as) 3. Beneficiarios(as) de la política pública-donaciones por el terremoto 4. Habitantes de la zona Mayor información Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº241 País

Año de aparición en prensa 2004 Casos Vinculados No

Caso Telecomunicaciones Hemisféricas Perú y Pedro Toledo Resumen caso Pedro Toledo, hermano menor del presidente Alejandro Toledo, fue acusado de haber sido favorecido con una concesión que le permitiría vender el servicio de telefonía fija en Lima y Callao durante 20 años. El 12 de junio de 2004, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz, firmó y publicó en el diario El Peruano una resolución que otorgaba una concesión


de telefonía fija para Lima y Callao a una empresa de propiedad de Pedro Toledo, el hermano menor del presidente Alejandro Toledo Manrique. La autorización a la empresa de Toledo para vender líneas de teléfono en casas y empresas era por veinte años. En julio de 2004 el Ministerio de Comunicaciones y Transportes (MTC) suspendió la concesión a la empresa de Pedro Toledo y se le abrió un proceso penal que sigue en curso. El tratamiento mediático del caso cesó cuando Toledo dejó la presidencia. La empresa estaba a nombre de personas que solo la administrarían, ya que se demostró su insolvencia económica y técnica por lo que el propietario y administrador real sería Pedro Toledo. Esta empresa logró la aprobación y la resolución del MTC en tan solo cuatro meses. El MTC otorgó la concesión cuando la compañía no tenía ni un trimestre de fundada y su capital era de sólo 5 mil soles (US$1.730). Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 2004 2. Licitación publica fraudulenta Ilegal 2004 3. Tráfico de influencias Ilegal 2004 Actores implicados 1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2. Empresa privada Medios de comunicación televisiva-Programa La Ventana Denunciante Indiscreta Acusado/a (cargo y Pedro Toledo (Empresario, privado alto), José Ortiz (Ministro jerarquía) de Comunicaciones y Transportes, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil Sí, Abierto Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Terciario-Servicio Básicos Sector Económico Actores Afectados 1. Compradores(as)/Clientes(as) 2. Ciudadanía 3. Empresas competidoras Mayor información 1. Noticia sobre el caso, ver http://agenciaperu.com/investigacion/2004/jul/pedro_fono.htm 2. Noticia sobre el caso, ver http://agenciaperu.com/bocafloja/2004/jul/pedro_fono.htm 3. Noticia sobre la apertura del proceso legal, ver http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/424686.html Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Tráfico de influencias en la

Ficha Nº242 País

Perú

Año de aparición en prensa 2006 Casos Vinculados


No Resumen caso En agosto del 2006 se difunde en un programa periodístico una grabación en la que aparece Gustavo Andrade, hermano del alcalde de Miraflores, Fernando Andrade, recibiendo una coima para entregar una licencia de funcionamiento en dicho distrito. El monto cobrado ascendía a US$800, a cambio de entregar los permisos en 2 semanas. El denunciante que facilitó la grabación fue el empresario Angelo Sanguinetti, a quien le fue sugerido hablar con Gustavo Andrade ante la negativa de la Municipalidad de Miraflores de entregarle la licencia de funcionamiento de su local. Gustavo Andrade no labora en el municipio miraflorino, no es funcionario público, pero eso no fue impedimento para que realice estos negocios. Además, se demostró que hacía llamadas desde la sede del municipio. Otro empresario, Félix Barrios, dijo que fue sorprendido por Gustavo Andrade, quien se hizo pasar como asesor, y le entregó 3.150 soles (US$1.091), aunque luego se le devolvió el dinero. La Decimotercera Fiscalía denunció penalmente a Gustavo Andrade Carmona por el presunto delito de tráfico de influencias. Junto a él fue denunciado Milko Clive Cordero Barriga, en calidad de cómplice, ya que en la denuncia se señala que “ambos pertenecen a una organización conformada por dos personas para cometer ilícitos”. Angelo Sanguinetti, por su parte, fue denunciado por el municipio de Miraflores por presuntos delitos de falsedad genérica, tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Sin embargo, el fiscal Marco Villalta, de la Decimotercera Fiscalía, archivó la denuncia al considerar que no tiene responsabilidad en los hechos. A la fecha, no hay mayor información sobre si se abrió efectivamente un proceso penal o no. El caso, luego de agosto del 2006, no figuró más en la prensa peruana. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 3. Asociación Ilícita Ilegal 2006 4. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2006 5. Falsificación de documentos/ Uso Ilegal 2006 malicioso de documentos 6. Tráfico de influencias Ilegal 2006 Actores implicados 1. Gobierno Local-Municipalidad del Distrito de Miraflores Denunciante (y cargo si Angelo Sanguinetti (Propietario de empresas, privado alto) aplica) Acusado/a (cargo y Gustavo Andrade (Hermano del alcalde, familiar) jerarquía) Fernando Andrade (Alcalde de la Municipalidad de Miraflores, público medio) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil No se accede al dato Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Electores(as) 3. Representados(as) por la autoridad. Mayor información Municipalidad de Miraflores

Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009


REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº243 País

Año de aparición en prensa 2000 Casos Vinculados No

Perú Caso Venta de armamentos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Resumen caso Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor presidencial montó una operación encubierta desde el SIN, con la finalidad de vender armamento a las guerrillas colombianas. Para ello contactó a los hermanos José y Luis Aybar Cancho, familiares del coronel de la policía Manuel Aybar Marca. Los hermanos Aybar se hicieron pasar por altos oficiales del ejército y viajaron a Jordania para comprar 50.000 fusiles Kalashnikov. El vendedor de armas e intermediario de la operación para Jordania, Sarkis Soghanalian, tuvo una reunión con los hermanos en Lima en enero de 2009. De acuerdo con las declaraciones de Soghanalian, cuando llegó a la capital peruana estaba prevista una reunión con Alberto Fujimori, presidente del Perú. De ahí, se presume la participación de Alberto Fujimori quien no solo habría estado enterado de la transacción sino que habría participado directamente en ella. Las investigaciones determinaron que las armas fueron embaladas en cajas con paracaídas, acondicionadas en aviones y lanzadas sobre el departamento de Vichada un área bajo control de las FARC. El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), la policía secreta, hizo un seguimiento del origen de las armas y determinó que los militares jordanos vendieron esas armas al ejército del Perú por lo que el DAS pidió información a Lima. En agosto del 2000, el entonces presidente Alberto Fujimori y su asesor Montesinos anunciaron la desarticulación de una banda, dirigida por los hermanos peruanos José Luis y Luis Frank Aybar, que había vendido a las FARC fusiles AKM comprados ilegalmente a Jordania. Pero la versión fue desmentida por las aclaraciones de los gobiernos colombiano y jordano. Entre los acusados se encuentra también el franco-norteamericano Charles Acelor, extraditado desde Alemania y recluido en el penal limeño San Jorge. Acelor es considerado uno de los intermediarios de la venta a las FARC. Por su parte en el 2006 Vladimiro Montesinos fue condenado a 20 años de prisión, después de que se comprobó su complicidad con los mencionados hermanos. Además de Montesinos, fueron condenados Luis Frank Áybar y José Luis Áybar Cancho, el francés Charles Acelor y el paracaidista y militar en retiro Santos Cenepo que recibieron cada uno una condena de 15 años de cárcel. Todos ellos, incluidos el ex asesor presidencial, fueron obligados a pagar una reparación civil solidaria de 5 millones de soles (US$1.731.906). En una primera instancia Alberto Fujimori no apareció judicialmente implicado pero en mayo del 2008 se le denuncia por los delitos de violación y conspiración a la soberanía de un Estado extranjero, tráfico ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir y en enero de 2009 el Poder Judicial determinó abrir un proceso penal. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1998, 1999 2. Exportación ilegal de material Ilegal 1999 bélico o tráfico de armas Actores implicados 5. Poder Ejecutivo 6. Fuerzas Armadas 7. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.


aplica)

Ministerio de Relaciones Exteriores jordano. Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Acusado/a (cargo y Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente de la jerarquía) Nación, público alto), Charles Acelor (empresario, privado alto), Santos Cenepo (militar en retiro, público bajo), Luis Frank Áybar y José Luis Áybar Cancho (familiares intermediarios) Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No Político No Civil No Sí, Abierto Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Sector Económico Secundario-Industria Bélica Actores Afectados 1. Habitantes de la zona 2. Ciudadanía Mayor información 3. Reportaje sobre quien es Charles Acelor, ver http://www.caretas.com.pe/2003/1761/articulos/acelor.phtml 4. Noticia sobre condena a Montesinos, ver http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=38842 5. Noticia sobre procesamiento de Alberto Fujimori, ver http://www.rpp.com.pe/2009-0129-alberto-fujimori-sera-procesado-por-trafico-de-armas-a-las-farcnoticia_160730.html Otras observaciones o comentarios

Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Vicepresidente Cajamarca

regional

Ficha Nº244 País

de

Perú

Año de aparición en prensa 2008 Casos Vinculados No

Resumen caso El vicepresidente regional de Cajamarca, Aníbal Balcázar Torrejón, fue detenido en su despacho en el preciso momento en que recibía 1000 soles (US$346.381) de manos del alcalde distrital de Nueva Esperanza, Mariano Díaz, quien coordinó con el personal de la División Nacional de Criminalística y el fiscal de Prevención del Delito, Guillermo Vargas Cerna, para atrapar in fraganti a Balcázar. Mariano Díaz indicó que previamente Balcázar le había exigido el pago de 6000 soles (US$2.080) para acelerar los trámites burocráticos relacionados a la puesta en marcha de tres proyectos de agua, desagüe y veredas que requería su distrito. En su defensa, Aníbal Balcázar aseguró que el dinero recibido era por el pago de un préstamo hecho previamente a Díaz. Luego de los sucesos, Balcázar fue expulsado del partido Fuerza Social. El Ministerio Público, a través de la Cuarta Fiscalía Penal, formalizó la denuncia penal contra Aníbal Balcázar, al cual se le abrió un proceso judicial por el delito de concusión en la Corte


Superior de Justicia de Cajamarca. La Fiscalía solicitó ante los magistrados una pena privativa de la libertad no menor de 8 años y el pago de una reparación civil de 50 mil nuevos soles (US$17.320). A la fecha, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca no se ha pronunciado sobre el caso. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2008 Actores implicados 1. Gobierno Regional de Cajamarca 2. Gobierno Local-Municipalidad distrital de Nueva Esperanza Denunciante (y cargo si Mariano Díaz (Alcalde distrital de Nueva Esperanza, público aplica) medio) Acusado/a (cargo y jerarquía) Aníbal Balcázar (Vicepresidente regional de Cajamarca, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo Sí, Cerrado Político Sí, Abierto Civil Sí, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Habitantes de la zona 2. Usuarios(as) del servicio 3. Representados(as) por la autoridad Mayor información Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso

Ficha Nº245 País

Año de aparición en prensa 2008 Casos Vinculados No

Perú Caso Vínculos de la Policía Nacional con el narcotráfico Resumen caso En febrero de 2008, el diario La República denunció que 60 policías (oficiales y suboficiales) fueron destituidos de sus cargos por vínculos con los cárteles mexicanos de la droga. Aunque la posición oficial de la policía fue que esas destituciones eran de rutina y consisten en rotar cargos, 5 policías terminaron procesados penalmente por estos hechos. La denuncia partió de la detención del jefe de la comisaría de la provincia ayacuchana de San Miguel el capitán de la Policía Nacional del Perú Omar Guzmán Ayma, quien pretendía revender 25 kilos de cocaína que había decomisado a un grupo de traficantes. Asimismo, se relacionó la detención del capitán Guzmán con el retiro de la zona del Valle del Río Apurimac y Ene (VRAE) a un total de 120 efectivos: 60 por narcotráfico, 33 por colocación indebida y a otros 27 por corrupción de


funcionarios (cobro de cupos a narcotraficantes). La Inspectoría General de la Policía Nacional determinó que el caso del capitán Guzmán no era aislado y que el capitán Omar Guzmán operaba en conjunto con los suboficiales Luis Gonzales Vilca y Rowe Mueras Rivera. Ellos se dedicaban a intervenir a organizaciones del narcotráfico, se apropiaban de la droga y la vendían a otros grupos de delincuentes. Todos están presos en la cárcel de Yanamilla, Ayacucho. La modalidad era imitada por otros efectivos. La denuncia del diario La Republica señala que este tipo de actuación comenzó a registrarse desde 2004, según fuentes de la Inspectoría. Las declaraciones del general Octavio Salazar, director de la Policía, dieron a entender que, al menos, parte de los policías transferidos afrontaban investigaciones por supuestos delitos. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 3. Tráfico de estupefacientes Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Actores implicados 1. Policías 2. Carteles de narcotráfico Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicación escrita-Diario La República Acusado/a (cargo y jerarquía) Omar Guzmán Ayma (Capitán de la Policía, público medio), Luis Gonzales Vilca (Sub oficial, público bajo), Rowe Mueras Rivera (Sub oficial, público bajo), Otros miembros de la Policía implicados Tratamiento del caso Situación del caso Sí, Cerrado Administrativo No Político No Civil Sí, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Habitantes de la zona de Ayacucho 2. Ciudadanía Mayor información 1. Noticia sobre el caso, ver http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-0210/inspectoria-sigue-investigando-vrae-vinculos-policias-narcotrafico.html 2. Noticia sobre el caso, ver http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20080208/pasadas/15/24698 Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Vladivideo Crousillat-Montesinos

Ficha Nº246 País

Perú

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados Caso Vladivideo Gisela Varcárcel


Resumen caso En marzo de 2001, se difundió un nuevo vladivideo en el que se dio a conocer que José Enrique Crousillat, presidente de directorio de América Televisión, habría firmado un "contrato" con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para someter la línea periodística del canal en favor del gobierno fujimorista. El pago por este servicio ilegal era de US$619.000 mensuales. Luego de que el video fuera dado a conocer, Crousillat y su hijo José Francisco, que se desempeñaba como directivo del canal, se fugaron del país. Ambos fueron denunciados por el fiscal anticorrupción Farah Cubillas por delito contra la administración pública y tráfico de influencias y se ordenó su detención. En diciembre del mismo año, padre e hijo fueron localizados en la ciudad argentina de Tucumán. Si bien se solicitó su extradición en abril de 2002, pasaron dos años sin resultados y en el 2004 los empresarios se fugaron de Argentina. Luego fueron detenidos en enero del 2005 en la frontera con Chile y devueltos a Argentina. Ya en 2006, se concretó su extradición. Ese mismo año, la Segunda Sala Penal Anticorrupción los condenó a ocho años de prisión y al pago de una reparación civil de 80 millones de soles (US$27.681660). La defensa de Crousillat padre solicitó el indulto por razones humanitarias debido a su avanzada edad y a un mal cardíaco que padece. Este indulto fue otorgado por el gobierno del presidente Alan García, pero la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, señaló que este indulto no lo eximiría del pago de la reparación civil. Mientras tanto, su hijo sigue recluido en el penal de San Jorge. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1999, 2000 2. Tráfico de influencias Ilegal 1999, 2000 Actores implicados 1. Medios de comunicación televisiva- Canal América Televisión 2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional) 3. Poder Ejecutivo Denunciante (y cargo si Farah Cubillas (Fiscal Anticorrupción) aplica) Acusado/a (cargo y José Enrique Crousillat (Presidente directorio de canal de jerarquía) televisión, privado alto), José Francisco Crousillat (directivo de cana de televisión, privado alto), Vladimiro Montesinos (público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político Sí, Cerrado Civil Sí, Cerrado Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Terciario-Medios de comunicación Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Trabajadores(as) 3. Usuarios(as) del servicio Mayor información 1. Noticia sobre el caso, ver http://espanol.news.yahoo.com/s/12122009/96/n-latamindultado-crousillat-vendio-linea-editorial.html 2. Cronología de los hechos entre 2001 y 2006, ver http://elcomercio.pe/impresa/notas/cronologia-caso-crousillat/20091212/380445 3. Noticia sobre el caso, ver http://elcomercio.pe/noticia/380258/crousillat-vendio-lineaeditorial-canal-619-mil-dolares-al-mes Otras observaciones o comentarios


Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia. Este caso de corrupción también se encuentra vinculado a distintos casos de corrupción a los que la prensa peruana se refiere como “Compra de medios”. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Vladivideo pesquera Hayduk

Dionisio

Romero

Ficha Nº247 País

y

Perú

Año de aparición en prensa 1999 Casos Vinculados No

Resumen caso El 15 de marzo de 1993, se detectó más de 300 kilos de pasta básica de cocaína en un embarque de 100 toneladas de harina de pescado de la compañía pesquera Hayduk que iba hacia Colombia. Luego de seis años de investigaciones, el 19 de marzo de 1999, el juez del Cuarto Juzgado Antidrogas, Víctor Barreda Flores dispuso la detención de varios miembros de las familias Martínez y Baraka, quienes eran propietarios de la empresa, y otros empleados del consorcio Hayduk, por receptación y lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas. El proceso judicial generó la intervención de las empresas de los Martínez y Baraka. Frente a esta situación, el banquero Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito y principal acreedor del Grupo Hayduk, se reunió con Vladimiro Montesinos para solicitar su mediación, pues la pesquera le debía a su banco US$80 millones y, al estar cerrada la empresa, no podría concretarse el pago de esta deuda. La empresa reinició sus actividades y los principales inculpados fueron liberados, además de utilizarse otras medidas judiciales que limpiaran la imagen de la empresa. El empleado de la agencia de aduanas que había denunciado la presencia de la droga en 1993, Fernando Díaz, fue entonces acusado y encarcelado. Romero se reunió con Montesinos, a pedido del propio ex asesor, para sugerirle nombres de posibles interventores que pudieran dirigir la empresa mientras sus principales directivos se encontraran en proceso judicial. Aquel encuentro fue capturado en un Vladivideo con fecha 22 de junio de 1999. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1993 2. Lavado de dinero Ilegal 1993 3. Obstrucción de la justicia/investigación Ilegal 1993 4. Tráfico de estupefacientes Ilegal 1993 5. Tráfico de influencias Ilegal 1993 Actores implicados 1. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional 2. Bancos/Entidades financieras-Banco de Crédito del Perú 3. Empresa privada-Pesquera Hayduk 4. Aduanas-Agencia de Aduanas Perú Mundo Denunciante (y cargo si aplica) Fernando Ruiz Díaz (trabajador de la Agencia de Aduanas Perú Mundo, privado bajo) Acusado/a (cargo y jerarquía) Vladimiro Montesinos (jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto), Dionisio Romero (Presidente del Banco de Crédito del Perú, privado alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo


Político Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

No No Sí, Cerrado No Secundario – Industria pesquera Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Empresas competidoras Mayor información 1. Noticia sobre el caso http://www.5topoder.com/Php/DetalleArticulo.php?NumRevista=53&NumSeccion=10 &NumArticulo=1 2. Entrevista a Fernando Ruiz Días, quien encontró el cargamento de drogas en 1993, ver http://www.caretas.com.pe/2000/1610/articulos/hayduk.phtml 3. Bitácora del caso, ver http://www.idl.org.pe/idlmail/boletines/137.doc Otras observaciones o comentarios No se abrió proceso judicial contra Dionisio Romero. Más adelante, se liberó a Fernando Ruiz y a otro trabajador de la agencia de aduanas que habían sido acusados luego de la liberación de los implicados de las familias Martínez y Baraka. No obstante, lo que se señala como tratamientos del caso penal y del sector económico, se enfocan más en la empresa Hayduk que en la implicancia del ex presidente del Banco de Crédito del Perú. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Vladivideo Gisela Valcárcel

Ficha Nº248 País

Perú

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados Caso Vladivideo CrousillatMontesinos

Resumen caso En Marzo de 2001 la Fiscalía de la Nación remitió al Congreso de la República 8 nuevos videos filmados por el asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos para su revisión. En uno de ellos se difunde la conversación por la que Vladimiro Montesinos ofrece a Gisela Valcárcel, animadora de televisión para el canal de América Televisión, su ayuda en el proceso judicial contra Carlos Vidal, ex pareja de la animadora y autor de un libro revelando su vida privada. En el video aparecen el ex vicepresidente del directorio de América Televisión, José Francisco Crousillat y la animadora reunidos con Vladimiro Montesinos. El video fue filmado el 26 de febrero de 1999. En las imágenes se aprecia cómo Montesinos le comunica a Valcárcel las medidas que debe tomar para impedir la difusión del libro, en donde se revelan aspectos íntimos de la vida de la animadora. El ex asesor le promete a Valcárcel que se van a requisar los libros y le manifiesta además que ya ha tomado las acciones legales al respecto. El video dejó a entrever para muchos la ayuda judicial que Montesinos le daría a Valcárcel mediante el soborno a jueces y sus influencias en el Poder Judicial. El Poder Judicial abrió las investigaciones del caso, pero no se llegó a abrir ningún proceso penal. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta


1. Obstrucción de la justicia/investigación Ilegal 1999 2. Tráfico de influencias Ilegal 1999 Actores implicados 1. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional 2. Medios de comunicación televisiva-América Televisión 3. Poder Judicial Denunciante (y cargo si Ministerio Público – Fiscalía de la Nación aplica) Acusado/a (cargo y Gisela Valcárcel (animadora de televisión, privado medio), jerarquía) Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor presidencial, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil No Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Terciario-Medios de comunicación. Sector económico Actores Afectados 1. Autor del libro-Carlos Vidal 2. Compradores(as)/Clientes(as) del libro Mayor información 1. Noticia sobre la difusión del vladivideo, ver http://www.peru.com/noticias/autonoticias/detallenoticia3746.asp Otras observaciones o comentarios Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia. Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Vladivideo Guido Pennano

Ficha Nº249 País

Perú

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados No

Resumen caso En enero de 2001, el juez Saúl Peña Farfán entregó a la Comisión Investigadora del Congreso de las cuentas de Vladimiro Montesinos (ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor presidencial) centenares de videos que grabó el mismo Montesinos para chantajear a quienes se hubieran asociado con él durante el régimen fujimorista. En este momento, debido al testimonio de la empresaria Matilde Pinchi, quien mencionó un sinnúmero de figuras asociadas al fujimontesinismo, se habló de la existencia de un video en el que aparecería Guido Pennano (Congresista electo por el Frente Independiente Moralizador – FIM). Antes de que se confirmara esto, el Congresista admitió haberse reunido hasta en tres oportunidades con el ex asesor. Su tardío y a la vez oportuno testimonio, se basó en la afirmación de que en mayo y junio de 2000, Montesinos le habría ofrecido dinero por dejar su partido, el FIM (primero US$


10 mil adicionales a su sueldo y otros US$ 30 mil para ocuparse de los procesos pendientes ante el Poder Judicial, y luego US$ 350 mil). En sus declaraciones también señaló que Montesinos le ofreció ser ministro de Economía, además del dinero, a cambio de incorporarse a la alianza Perú 2000, pero él rechazó la propuesta. Luego de declarar ante la Comisión del Congreso, Pennano anunció su decisión de renunciar al FIM “para no perjudicar la candidatura presidencial de Fernando Olivera”, líder de la organización política. Olivera respaldó la versión de Pennano, pero solicitó el levantamiento de su inmunidad parlamentaria y que se siguieran las investigaciones del caso. El 4 de julio de 2005 la Segunda Fiscalía Suprema emitió Acusación Sustancial contra Pennano, solicitando pena privativa de libertad, multa e inhabilitación en el Congreso por 3 años y el pago de una reparación civil, pero en 2007 fue absuelto por falta de pruebas. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 2000 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2000 3. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2000 Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Poder Legislativo 3. Servicios de inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Matilde Pinchi Pinchi (empresaria, privado alto) aplica) Acusado/a (cargo y Guido Pennano (Congresista de la República, público alto), jerarquía) Vladimiro Montesinos Torres (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político Sí, Cerrado Civil Sí, Cerrado Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Electores(as) 3. Representados(as) por la autoridad Mayor información 1. Breve noticia a mitad de página sobre el caso, ver http://www.caretas.com.pe/2001/1655/secciones/marfon.phtml 2. Noticia vinculada con el caso, ver http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/66088/86/ 3. Noticia sobre los videos de Montesinos, ver http://www.clarin.com/diario/2001/01/29/i01801.htm 4. Documento sobre el caso de una Asociación de Derechos Humanos, ver http://www.aprodeh.org.pe/noti-apr/2001/25ene2001.htm Otras observaciones o comentarios Este caso de corrupción se encuentra vinculado con un caso que no mencionaron los(as) entrevistados(as) (Ver metodología de la investigación). Dicho caso corresponde al de las “Congresistas tránsfugas”. Fecha del registro: Diciembre/2009


REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Vladivideo Kouri-Montesinos

Ficha Nº250 País

Perú

Año de aparición en prensa 2000 Casos Vinculados Caso Alcalde del Callao Alex Kouri

Resumen caso Parlamentarios pertenecientes al partido político Frente Independiente Moralizador liderados por Fernando Olivera hicieron pública una cinta de video el 14 de septiembre de 2000 la cual luego fue transmitida por distintos medios de comunicación. Esta cinta dio a conocer que el asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos entregó en una sala de dicha institución US$15.000 dólares al parlamentario electo de la oposición por el partido Perú Posible Alberto Kouri Bumachar como parte de la “operación de reclutamiento de congresistas tránsfugas” por disposición del presidente Alberto Fujimori Fujimori. Dicha operación consistía en el soborno de parlamentarios electos para que estos cambien de partido y así el oficialismo logre mayoría en el Congreso. Tres días después de que el video saliera a la luz, el ex presidente decidió convocar a nuevas elecciones obligándolo, dos meses después, a refugiarse en Japón desde noviembre del 2000 hasta el 2005. Tras la difusión del primer vladivideo en septiembre del año 2000, el ex mandatario dio instrucciones para archivar las denuncias que se presentaron ante Fiscalía por este hecho. En este caso estuvieron involucrados los ex fiscales Nina Rodríguez Flores, Roberto Arquímedes Pesantes, así como la entonces fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. Sin embargo, luego del fin de su gobierno y a su retorno al Perú, Fujimori fue sentenciado a seis años por este caso. Alberto Kouri fue también sentenciado a seis años de prisión y al pago de 500 mil nuevos soles (US$174.768) por concepto de reparación civil, por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 2000 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2000 3. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2000 Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Poder Legislativo 3. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Fernando Olivera (Congresista, público alto), Fernando Ibérico aplica) (Congresista, público alto), Otros congresistas de la bancada del Frente Independiente Moralizador. Acusado/a (cargo y Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia jerarquía) Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente de la Nación, público alto), Alberto Kouri Bumachar (Congresista, público alto) Tratamiento del caso Situación del caso No Administrativo No Político No Civil Sí, Cerrado Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos


Sector Económico

No Aplica

Actores Afectados 1. Electores(as) 2. Ciudadanía 3. Representados(as) por la autoridad Mayor información 1. Este caso es parte de un conjunto de casos de corrupción a los que la prensa se refería como “Congresistas tránsfugas”, ver http://especiales.rpp.com.pe/juicioafujimori/casos/congresistas-transfugas/ 2. Caso Congresistas Tránsfugas, ver http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,224106/ Itemid,/ Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Vladivideo Schultz- Montesinos

Ficha Nº251 País

Perú

Año de aparición en prensa 2001 Casos Vinculados No

Resumen caso La Fiscalía de la Nación recibió un video que fue difundido públicamente en octubre del 2001. En este video, filmado por Vladimiro Montesinos, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se muestra a este manteniendo una conversación con Ernesto Schultz Landázuri, accionista mayoritario de Panamericana Televisión, el cual recibe US$350 mil a cambio de asegurar el apoyo del Canal 5 Panamericana de TV, a la campaña por la segunda reelección del presidente Alberto Fujimori en 2000. A Ernesto Schultz Landázuri se le abrió proceso por peculado y asociación ilícita. Schultz Landázuri huyó del Perú rumbo a Argentina a fines del 2001. En el 2005, cuando la justicia argentina se iba a pronunciar a favor de la extradición, se fugó a Suiza, donde goza de impunidad por la doble nacionalidad que ostenta. En este caso se cuenta con la confesión del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que se acogió a la sentencia anticipada y reconoció todos los cargos, por lo que fue condenado a seis años de prisión. El ex asesor aceptó los pagos a Schultz. Lilia Portilla, abogada de Schultz, confirmó que la justicia peruana inició a fines del 2007 una demanda de delegación de persecución penal para que los tribunales de Suiza sean los que lo juzguen. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1999 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 1999 3. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1999 Actores implicados 1. Medios de comunicación televisiva- Panamericana Televisión 2. Poder Ejecutivo 3. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Ministerio Público - Fiscalía de la Nación aplica)


Acusado/a jerarquía)

(cargo

y

Tratamiento del caso Administrativo

Ernesto Schultz Landázuri (accionista mayoritario de Panamericana Televisión, privado alto), Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente de la Nación, público alto) Situación del caso No

Político

No

Civil

No

Penal

Sí, Abierto

Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Económico

No Terciario-Medios de Comunicación Actores Afectados

1. Electores(as) 2. Candidatos(as) competidores(as) 3. Usuarios(as) del servicio Mayor información 1. Artículo sobre el caso, ver http://www.caretas.com.pe/2001/1690/articulos/schutz.phtml Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Nombre mediático del caso Caso Vocal Silva Vallejo y el caso Zaraí

Ficha Nº252 País

Perú

Año de aparición en prensa 2003 Casos Vinculados No

Resumen caso En octubre de 2002 el vocal supremo José Silva Vallejo fue acusado por la prensa de haber mantenido negociaciones con el presidente Alejandro Toledo para favorecerlo en el juicio que se le había abierto para adjudicarle la paternidad de Zaraí Toledo. En este caso, se acusó a Silva Vallejo de haber recibido el favor de la colocación de su hija en un alto puesto de la empresa estatal Petroperú con un sueldo de 14 mil soles (US$4.849). José Silva Vallejo aceptó haberse reunido con el presidente Toledo por lo que el vocal fue destituido en Marzo del 2003. José Silva Vallejo por iniciativa personal había acudido a la casa del presidente de la República para conversar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial en el proceso por paternidad que mantenía Toledo. Sin embargo, el vocal no conversó sobre esta posibilidad con la otra parte, la madre de Zaraí, Lucrecia Orozco. Una vez conocida esta reunión, la presión sobre el jefe de Estado sobre este tema aumentó a tal punto que se tornó en un elemento desestabilizador para su gobierno. El tema concluyó el 18 de octubre, cuando Toledo Manrique aceptó a Zaraí como su hija. El 13 de Marzo de 2003 el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acusó al vocal supremo José Silva Vallejo de haber mantenido una reunión fuera de agenda con el presidente Alejandro Toledo para tratar la posibilidad de llegar a una conciliación en el caso Zaraí. El CNM, que presidía el letrado Teófilo Idrogo, estimó destituir a Silva Vallejo por inconducta funcional. La decisión fue tomada por mayoría simple. El pedido de destitución recibió tres votos de los miembros del Pleno, mientras que un dictamen que imponía una


sanción menor (suspensión) obtuvo dos votos. Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Obstrucción de la justicia/investigación Ilegal 2003 2. Trafico de influencias Ilegal 2003 Actores implicados 1. Poder Judicial 2. Poder Ejecutivo Denunciante (y cargo si Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico La aplica) Ventana Indiscreta Acusado/a (cargo y José Silva Vallejo (Vocal Supremo de la corte de justicia, jerarquía) público medio) Tratamiento del caso Situación del caso Sí, Cerrado Administrativo No Político No Civil No Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Económico Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Usuarios(as) del servicio – Lucrecia Orosco Mayor información 1. Noticia sobre la destitución del vocal Silva Vallejo, ver http://agenciaperu.com/actualidad/2003/mar/vocal_cnm.htm Otras observaciones o comentarios En cuanto al cargo “Vocal Supremo de la corte de justicia”, en la base de datos aparece como Juez(a). Fecha del registro: Diciembre/2009

Caso kuri  
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