Una Opinión de Hoy

El 10 de abril de 2022 entró en vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de la primera legislación sobre economía circular de ámbito nacional aprobada en España, con el objeto de imprimir cambios en los modelos de producción y consumo, todo ello en perfecta armonía con la política ambiental de la Unión Europea (UE), orientada hacia la mitigación de los impactos ambientales de los residuos.

Con esto, España pretende contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030, en particular a los objetivos 12 (Producción y consumo sostenibles), 13 (Acción por el clima) y 14 (Vida submarina), así como a la lucha contra el cambio climático.

La Ley 7/2022 constituye un componente clave del paquete normativo en materia de residuos en la que, además de actualizar la normativa sobre estos, se abordan diversos retos como el desperdicio alimentario o la problemática derivada de los plásticos de un solo uso. Entre los aspectos más destacables que pueden extraerse del texto encontramos el concepto de subproducto y el fin de la condición de residuo, la aplicación del principio de proximidad en la ubicación de las instalaciones de valorización, mitigar la generación de residuos desde el diseño duradero, la reutilización o el reciclaje, la responsabilidad ampliada del productor (RAP) o la fiscalidad verde, por citar solo algunos ejemplos.

En el caso que nos ocupa, y centrándonos en el sector de la construcción, la nueva ley amplía las medidas de gestión de determinados residuos específicos, entre ellos los residuos de construcción y demolición (RCD). Concretamente, el artículo 30 establece que, desde el 1 de julio de 2022, es obligatorio clasificar los RCD no peligrosos (esto es aquellos no tóxicos, inflamables o cancerígenos como ocurre con el amianto) generados en obra. La clasificación debe realizarse atendiendo a las siguientes categorías: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. También deben clasificarse los elementos susceptibles de reutilización como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Dicha clasificación debe realizarse preferentemente en el lugar donde se generen los residuos, por lo que, a partir del 1 de enero 2024, la demolición deberá llevarse a cabo de manera selectiva y con carácter obligatorio. Previamente, para cualquier tipo de obra, se realizarán estudios de gestión con el objeto de identificar las cantidades de cada categoría de RCD que se prevé generar.

❖ Demolición selectiva

La demolición selectiva, también denominada por algunos autores ‘deconstrucción’, consiste en una secuencia de actividades que permite separar y clasificar los componentes de un edificio y los materiales de construcción valiosos como metales, ventanas, puertas, tejas, ladrillos, placas de yeso, etc.

Su esencia reside en el desmantelamiento de un inmueble componente por componente, invirtiendo el orden de su construcción. En contraste con la demolición tradicional, la cual genera una gran cantidad de residuos que se acumulan en vertederos, con su consiguiente impacto medioambiental,

la demolición selectiva permite tanto la reutilización de componentes, dándoles una segunda vida, como la valorización de los RCD generados como materias primas secundarias. Esto no únicamente reduce la dependencia de materias primas vírgenes, y con ello la preservación de los recursos naturales del planeta, sino que conduce a una disminución de los costes globales de demolición a través del ahorro de tasas de vertido y de los ingresos generados por la venta de estas materias primas secundarias.

Existen diversos factores limitantes que, en ocasiones, hacen que muchos propietarios y contratistas prefieran la demolición tradicional a la selectiva. Así, el desmantelamiento selectivo requiere más tiempo y mano de obra cualificada, lo cual repercute en un mayor coste global. Esto es especialmente relevante en el caso de las baldosas cerámicas, cuya fragilidad requiere de extremo cuidado durante el proceso de demolición con el fin de evitar su rotura lo que, a su vez, provocaría el desperdicio de material que podría ser reutilizado, además de incrementar el volumen de residuos generados en el lugar de trabajo.

Un segundo condicionante es el espacio, ya que cuando existen limitaciones de espacio en un emplazamiento, la separación de los materiales recogidos debe realizarse en una instalación de clasificación. Otro aspecto que tener en cuenta es la ubicación del inmueble, concretamente la presencia de instalaciones de reciclaje o servicios locales de gestión de residuos en sus proximidades, algo que puede limitar la recuperación potencial de los materiales de un proyecto de deconstrucción. Finalmente, pero no por ello menos importante, deben analizarse aspectos tales como la viabilidad económica y la aceptación en el mercado. Con respecto a esto, debe existir un balance entre el coste asociado a la retirada de un elemento del inmueble y su precio. Además, el elemento reutilizado debe ser competitivo y aceptado por los futuros usuarios. Por todos estos motivos, la viabilidad económica y medioambiental de un proyecto de demolición selectiva debe evaluarse de forma individual para cada edificio, teniendo en cuenta sus características específicas y su contexto particular.

Uno de los grandes obstáculos para la implantación de la demolición selectiva es que los edificios existentes y sus componentes no han sido diseñados para su desmantelamiento o desmontaje. A este respecto, la separación de determinados componentes puede todavía resultar inviable, desde un punto de vista técnico y económico, tal y como ocurre con la separación del hormigón o del mortero de los ladrillos. Tampoco debe perderse de vista que el sector de la construcción se compone, en mayor o menor medida, de pequeñas y medianas empresas, que operan con un margen de beneficio ajustado que, por consiguiente, no se están dispuestas a implementar programas de reutilización y reciclaje sin un beneficio económico inmediato.

❖ Una prioridad en Europa

En el ámbito europeo, el sector de la construcción fue declarado como prioritario en los planes de acción lanzados por la Comisión Europea en materia de economía circular, ya que es un sector que no únicamente es un consumidor intensivo de recursos, como materias primas y agua, sino que también genera importantes cantidades de residuos: los RCD.

En este sentido, los RCD constituyen el mayor flujo residual de la UE, representando por sí solos más de un tercio del volumen total de residuos generados en Europa, según los datos aportados por la Oficina Estadística de la Unión Europea

(Eurostat). Por consiguiente, las operaciones de valorización y reciclaje de RCD constituyen una prioridad en el marco de la economía circular.

A priori, con una tasa de recuperación de los RCD en Europa del 88%, el sector europeo de la construcción se consideraría como altamente circular, ya que consigue reintroducir grandes cantidades de sus residuos en la economía evitando opciones de eliminación como la incineración y el vertido. Sin embargo, como resultado de las prácticas de construcción tradicionales y la dificultad para generar materiales de alta pureza durante la demolición, los flujos de materiales resultantes pueden no resultar adecuados para la reutilización o el reciclaje.

De hecho, un examen de las prácticas de gestión de residuos revela que la recuperación de los RCD se basa en gran medida en operaciones de bajo valor añadido, tales como relleno (backfilling) o su uso como áridos reciclados en los firmes de las carreteras. Con esto, el valor inherente de los materiales que componen los RCD se ve deteriorado, al tiempo que se limita considerablemente el potencial para avanzar hacia una gestión de residuos verdaderamente circular.

Con el fin de alcanzar una gestión de los RCD verdaderamente circular, deben realizarse intervenciones centradas no solo en aumentar cuantitativamente la tasa de materiales reciclados, sino también en mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible, reteniendo su valor intrínseco. Veamos a continuación algunas de estas intervenciones.

reciclados. Las operaciones de valorización de los RCD conducen a la obtención de materias primas secundarias cuyo uso evitaría la extracción de materias primas vírgenes y el consiguiente impacto medioambiental. Sin embargo, existen barreras para la implementación de este tipo de prácticas, tales como la competencia en cuanto a precios con las materias primas vírgenes o la falta de confianza en la calidad y prestaciones de las materias primas secundarias. A menudo, los recursos minerales vírgenes no únicamente son más baratos que los materiales reciclados (como consecuencia de los costes asociados a las operaciones de valorización de estos últimos), sino que su calidad está garantizada mediante etiquetas y normas.

Diseñar elementos constructivos duraderos y que puedan ser fácilmente separados en los materiales que los integran, para su posterior reutilización, reensamblaje o reciclaje. Esto no únicamente reduciría el volumen de RCD generados durante la demolición del inmueble sino también la dependencia de materias primas vírgenes.

c) Extensión de la vida útil del inmueble. Prolongar la vida del edificio mediante operaciones de mantenimiento, reparación y reforma. Estas acciones, junto con un diseño duradero antes mencionado, contribuirían a aliviar el impacto asociado tanto a la construcción de nuevos edificios, como a la demolición de los ya existentes una vez alcanzado su fin de vida útil.

d) Emisión de pasaportes de materiales. Conjuntos de datos que describen las características específicas de los materiales que componen los distintos elementos constructivos. Junto con las auditorías previas a la demolición, permiten elaborar registros de la tipología y volumen de materiales presentes en los edificios. Esta valiosa información facilitaría la separación en origen de los distintos materiales, al final de la vida útil del inmueble, a la vez que contribuiría a un reciclaje de calidad, es decir, conservando su valor intrínseco.

e) Demolición selectiva. Como se ha descrito, el desmantelamiento selectivo de edificios permite la separación en origen de distintas fracciones relativamente puras de materiales, así como la eliminación de sustancias peligrosas, como por ejemplo el amianto, evitando que puedan ser reutilizadas en nuevas construcciones. Estas operaciones permitirían incrementar no solo la cantidad, sino también la calidad del reciclaje de materiales.

Finalmente, alcanzar un alto grado de circularidad en la gestión de los RCD es una tarea compleja que requiere instrumentos políticos sólidos. A este respecto, la introducción de impuestos que hagan a los materiales reciclados más competitivos en cuanto a coste con respecto de los materiales vírgenes, o el establecimiento de mercados para estos materiales reciclados, generando una demanda de estos mediante el apoyo de medidas como la contratación pública ecológica, son acciones necesarias. Por otro lado, el desarrollo de normas que garanticen la calidad de los materiales reciclados, en el ámbito de la UE, pero sobre todo en el nacional, ayudaría a aliviar la falta de credibilidad de estos materiales. Todo esto junto con unos objetivos políticos más ambiciosos y centrados en la calidad, reorientarían las actuales prácticas de gestión de los RCD hacia un enfoque más circular. ◆