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Palabras del Licenciado Aníbal De Castro, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, durante el acto de presentación de las obras “Huellas de un Proceso de Reformas” y los ensayos “Registro Civil y Derecho a la Identidad” y “Medios de Comunicación y Elecciones”, del Magistrado Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral.

Pocas veces se tiene la oportunidad que se presenta esta noche con el lanzamiento de estos escritos del magistrado Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral. Además de poner en circulación unos textos documentales valiosos, con todo el mérito que ello implica, asistimos a un testimonio de transparencia y de vocación de servicio. En un país donde a menudo el desempeño de las posiciones gubernativas y electivas está signado por la opacidad, el ejemplo que el doctor Rosario ha dado a lo largo de su permanencia en la JCE, en varias posiciones, constituye un acto trascendente, y marca una diferencia que ya quisiéramos todos fuese la norma.

Estas publicaciones, en especial Huellas de un Proceso de Reformas, son una rendición de cuentas rica en detalles, y evidencian los avances indiscutibles que hemos tenido en las importantes áreas del quehacer público que corresponden a la JCE. No exagero si me refiero al sexenio que abarcan estas obras como la consolidación definitiva del sistema electoral en la República Dominicana como una institución sólida. Voy más lejos aún, esos años han servido de marco temporal a una verdadera revolución, a cambios fundamentales que apuntalan la madurez de la democracia dominicana en lo referente a un derecho fundamental: elegir y ser elegido libremente.

El magistrado Rosario nos obsequia una serie de informaciones, consideraciones y juicios inestimables, de particular relevancia para entender el desarrollo político del país en los últimos años, particularmente en el área de la administración electoral, el registro civil y el derecho a la identidad. Con abundancia de cifras y cotejos estadísticos, deja muy en claro qué tanto hemos superado etapas muy negativas de nuestro pasado inmediato.

A menudo los acontecimientos se suceden con tal rapidez que sobrepasan nuestra capacidad de atención. Pasamos por alto dificultades cuya solución es prioritaria por tanto son la clave para temas de trascendencia indiscutible; y así, pequeños problemas se convierten en génesis de grandes problemas.

Uno de ellos, el registro civil, fue enfrentado con ánimo resuelto por la Cámara Administrativa de la JCE que presidía Rosario. Gracias a esas acciones, hoy en día puede hablarse de un registro confiable y de un nuevo papel de las oficialías civiles como puntales de apoyo para el ejercicio de la ciudadanía.

El dato de que seis años atrás en más del 94% de las oficialías solamente existían procedimientos manuales para la instrumentación y expedición de actas, nos da una idea cabal del atraso en que se encontraba el país en un área de tanta importancia como el registro civil, trayecto indispensable para el disfrute de derechos fundamentales, siendo la identidad uno de ellos.

De esa falla notable se derivaba un serial de falencias igualmente preocupantes. No había confiabilidad en los documentos de identidad, ambiente propicio para falsificaciones, fraudes, negación y usurpación de derechos.

La situación ha cambiado radicalmente. De seis oficialías automatizadas en el 2006, hoy en día hay 130, con una cobertura del 91.17% de los usuarios del registro civil. Es un logro indiscutible que ha supuesto mucha dedicación, trabajo esforzado y eficiencia. Los trámites en esas oficinas públicas ya no comportan la experiencia traumática del pasado, cuando imperaban la desatención, los gatos entre macuto y la irresponsabilidad generalizada.

Hay modernos centros de cedulación repartidos por toda la geografía nacional, se ha puesto en vigor el número único de identidad, y los dominicanos que residimos en el exterior también gozamos de facilidades para la documentación personal.

No voy a repetir los datos e informaciones que el magistrado Rosario compendia en las publicaciones que esta noche presentamos. Los invito a leerlas cuidadosamente y les aseguro que, al igual que yo, se sentirán orgullosos y agradecidos por un trabajo bien hecho.

El registro civil guarda relación con un área de capital importancia para el país, tales son la identidad dominicana, y las tensiones suscitadas por la presencia masiva de inmigrantes ilegales en busca de mejores horizontes. La indocumentación de esa mano de obra extranjera, que se extiende también a las capas más pobres de la población dominicana como explica acertadamente el magistrado Rosario, ha sido el punto de partida para una campaña de agravios contra el país promovida ante organismos internacionales. Debo atestiguar que el magistrado Rosario ha defendido con gallardía el honor nacional --lo acaba de repetir hace apenas unos días en Washington, ante la Organización de Estados Americanos-- y contribuido a desarticular todas esas desinformaciones que se vierten sobre la realidad de los indocumentados en el suelo patrio.

La indocumentación en nuestro país, y concurro con sus juicios, no es una expresión de resabios racistas, discriminación por color u origen, ni obedece a una exclusión planificada en contra de grupos específicos. Es la consecuencia del atraso, de la falta de recursos y de una desatención que monta décadas. Lo importante es que la JCE trabaja aceleradamente en la corrección del problema, y hay el propósito firme de otorgar un número de identidad, y por tanto una identificación, aunque no necesariamente un carnet, a cuantos extranjeros residen en República Dominicana. Lo que no conlleva una violación de la regla constitucional que establece claramente quiénes son dominicanos.

Aunque la nueva Constitución eliminó el ius solis irrestricto y estableció nuevas reglas, debemos abocarnos a una reconsideración a fondo del concepto de nacionalidad y qué significa ser dominicano. La concesión de nuestra nacionalidad no puede obedecer exclusivamente al tiempo de residencia u otras condiciones circunstanciales que no toman en cuenta un detalle fundamental, a mi entender: la nacionalidad es la adhesión a un proyecto de nación, la interiorización de una serie de valores que dan homogeneidad al colectivo social y lo dotan de especificidad. Implica la adscripción a una cultura con características propias y diferenciadas. Tanto o más que una regla legal, la nacionalidad puede definirse como un sentimiento. Estas apreciaciones no excluyen la diversidad racial o étnica, pero, y les dejo estas preguntas como reflexión, ¿debería considerarse dominicano a quien no conozca aunque sea un poco de nuestra historia, o comparta nuestras tradiciones, para citar un ejemplo? ¿Merece serlo quien no conozca los rudimentos de nuestra lengua escrita y hablada o reúna un mínimo de escolaridad formal? La dominicanidad no se adquiere sino en base a una práctica social y cultural que debería ir más allá de un decreto o un acto de juramentación.

Hemos avanzado, repito. Ya nadie habla de un padrón electoral contaminado, de trastrueques de listados, de fraude, de elecciones amañadas o de una JCE alejada peligrosamente de su papel crucial de árbitro. El resultado del fortalecimiento de la JCE como institución creíble, confiable, alejada de la política partidista, abierta y plural, ha sido una ganancia democrática neta.

Los dominicanos escogemos libremente a nuestros gobernantes, y la delegación de poder opera ajustada a las reglas de la competencia política y al libre juego de las ideas, aspectos centrales de la democracia liberal. Nos hemos vuelto más democráticos, y es justo reconocer el aporte de quienes junto al magistrado Rosario han posibilitado este jalón en nuestro desarrollo político.

Uno de los ensayos del doctor Rosario, Medios de Comunicación y Elecciones, me ha interesado sobremanera, y las razones son obvias dados mis antecedentes sospechosos de periodista. Con inteligencia, el autor trae a colación una serie de puntos cruciales para entender el papel de los medios masivos en tiempos electorales pero que, en el fondo, refieren a la dimensión social de esos instrumentos de importancia creciente y sometida a cambios equivalentes a una verdadera revolución.

Hay una contradicción aparente entre la igualdad de oportunidad intrínseca a un proceso electoral competitivo, el libre acceso a los medios y la obligación constitucional de éstos de contribuir a la formación ciudadana, por un lado, y el carácter privado de los mismos. En una campaña electoral, esa aparente contradicción se hace más evidente y podría significar un estorbo a la igualdad de oportunidades.

La regulación de los medios para garantizar la igualdad de condiciones en una contienda electoral se asemeja a un sendero lleno de trampas. En materia de intervención estatal, me confieso un liberal de tomo y lomo,

convencido de que mientras menos Estado, mejor. Sin embargo, estamos frente a un problema que necesariamente requiere de un árbitro y no de las simples fuerzas del mercado o la abundancia de recursos. Es una tarea pendiente para el legislador y la JCE, y que creo ayudaría a la ampliación de la franquicia democrática. El magistrado Rosario, consciente de que tal como he dicho, la disyuntiva trasunta complejidad, cita ejemplos aleccionadores, como el de Chile, país donde la legislación consagra la obligación de las empresas concesionarias de señales de televisión a ceder espacios gratuitos a los partidos en base a reglamentaciones ad-hoc. México también sigue un patrón similar.

Su conclusión es que se necesita de un pacto "que posibilite la creación de condiciones para la introducción de una ley mediante la cual se regule el uso de los medios de comunicación al servicio público o privado, en beneficio del proceso electoral, de los propios medios de comunicación y de la democracia en sentido general", y sugiere asimismo un proceso de consultas en búsqueda de un consenso amplio.

Las elecciones nacionales del 2012 serán las primeras que se celebren en el país luego de la explosión de las redes sociales y la conversión del internet y la telefonía inalámbrica en vehículos eficientes de propaganda política, rumores, bulos y toda suerte de mensajes. Es un reto que se presenta tanto para los partidos políticos como para la JCE, en sus funciones de administradora electoral. En este campo, de poco sirven las regulaciones o intentos de control, como hemos visto en el norte de África. Anticipo formas innovadoras para la promoción de las candidaturas, pero también una oportunidad para educar al votante e incentivar la participación.

No sé si he violado el principio de la brevedad, y que apuntala el magistrado Rosario en uno de sus ensayos con una alusión directa a Baltasar Gracián, y su Arte de la Prudencia. Imprudente sería, no obstante, si finalizara sin pedirles encarecidamente que, con un aplauso, celebremos nuestro avance notable en el enraizamiento de la democracia, de la institucionalidad y, sobre todo, el gran trabajo del magistrado Rosario, testimoniado en estas obras que esta noche ven la luz.

Muchísimas gracias.