Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología No. 40

ANTIPODA 40

REVISTA DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTÁ, COLOMBIA Julio-septiembre 2020 | pp. 1-213 | ISSN 1900-5407 | eISSN 2011-4273 | https://antipoda.uniandes.edu.co

DINÁMICAS Y DEBATES ACTUALES SOBRE EL CAMPESINADO EN AMÉRICA LATINA

Rector

Alejandro Gaviria Uribe Vicerrectora Académica

Raquel Bernal Salazar Vicerrector de Administrativos y Financiero

Óscar Pardo Aragón

Vicerrector de Desarrollo y Egresados

Eduardo Behrentz

Decano Facultad de Ciencias Sociales

Mauricio Nieto Olarte

Director Departamento de Antropología

Pablo Jaramillo

Vicerrectora de Investigación y Creación

Silvia Restrepo Restrepo Editora General Revistas

Martha Lux

Gestora de Revistas

Daniela Morales Becerra

ANTIPODA

REVISTA DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol.

N.º 40, julio-septiembre 2020 Dinámicas y debates actuales sobre el campesinado en América Latina ISSN 1900-5407 e-ISSN 2011-4273 https://antipoda.uniandes.edu.co Universidad de los Andes Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Antropología Dirección Postal: Carrera 1 Este N.º 18A–12 - Edificio Gb, Piso 4, Oficina 417 - Bogotá D.C., Colombia Teléfono: 57 1 339 4949, Ext. 3483 Telefax: 57 1 332 4056

Fuente: cortesía de Cristian Terry, Mirando a los Apus, espíritus tutelares, Qolpaqocho (provincia de Paucartambo, Cusco), Perú, 2015.

Fuente: cortesĂ­a de Santiago Escobar-Jaramillo, FormaciĂłn militares: Movimiento Revolucionario 26 de Julio, Museo Monumento del Tren Blindado en Santa Clara, Cuba, 1958.

Fuente: cortesía de Cristian, Watia en honor a la papa, Pampallaqta (provincia de Calca, Cusco), Perú, 2010.

ANTIPODA

R E V I S TA D E A N T R O P O L O G Í A Y A R Q U E O L O G Í A A n t i p o d . R e v. A n t r o p o l . A r q u e o l .

N .º 4 0 , J U L I O - S E P TI E M B R E 2 02 0

D I N Á M I C A S Y D E B AT E S A C T U A L E S S O B R E E L C A M P E S I N A D O E N A M É R I C A L AT I N A I S S N ( V . i m p r e s a ) 1 9 0 0 - 5 4 0 7 , I S S N ( V . d i g i t a l ) 2 0 11 - 4 2 7 3 ht tps://revist as.uniandes.edu.co/journal/antipoda

E Q U I P O E D I TO R I A L Director

Pablo Jaramillo

Editor

Luis Carlos Castro Ramírez

Editoras invitadas

Jennifer A. Devine Diana Ojeda Soraya Maite Yie Garzón

C ON SE JO E DI TOR IA L (En orden alfabético)

X. Andrade, Ph. D.

Alexander Herrera, Ph. D.

Claudia Briones, Ph. D.

Eduardo G. Neves, Ph. D.

Universidad de los Andes, Colombia sj.andrade@uniandes.edu.co Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IID y PCa), Conicet Universidad Nacional de Río Negro, Argentina brionesc@gmail.com

L. Antonio Curet, Ph. D.

National Museum of the American Indian, Estados Unidos cureta@si.edu

Marisol de la Cadena, Ph. D.

University of California, Davis, Estados Unidos mdelac@ucdavis.edu

Alejandro Diez Hurtado, Ph. D.

Pontificia Universidad Católica del Perú adiez@pucp.edu.pe

María del Rosario Ferro, Ph. D.

Universidad de los Andes, Colombia md.ferro26@uniandes.edu.co

Rosana Guber, Ph. D.

Ides-Idaes, Universidad Nacional General San Martín, Argentina guber@arnet.com.ar

Chris Hann, Ph. D.

Max Planck Institute, Alemania hann@eth.mpg.de

Universidad de los Andes, Colombia alherrer@uniandes.edu.co Universidade de São Paulo, Brasil edgneves@usp.br

Gerardo Otero, Ph. D.

Simon Fraser University, Canadá otero@sfu.ca

Joanne Rappaport, Ph. D.

Georgetown University, Estados Unidos rappapoj@georgetown.edu

Cris Shore, Ph. D.

Max Planck Institute for Social Anthropology, Nueva Zelanda c.shore@auckland.ac.nz

María Clara van der Hammen, Ph. D. Universidad Externado de Colombia mariaclaravanderhammen@hotmail.com

Consuelo de Vengoechea Rodríguez, Docteur.

Universidad Nacional de Colombia mcder@unal.edu.co

Peter Wade, Ph. D.

University of Manchester, Inglaterra peter.wade@manchester.ac.uk

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia

ANTIPODA Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología es una publicación trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) que circula al inicio de cada periodo señalado, creada en 2005 y financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia). Su objetivo es contribuir tanto al avance y difusión del conocimiento antropológico y arqueológico, como al análisis crítico de temas socioculturales, metodológicos y teóricos, relevantes para los diversos subcampos de la disciplina y de otras áreas afines de las ciencias sociales y humanas. Antípoda conforma un foro abierto, crítico y plural en donde se publican artículos y trabajos inéditos en español, inglés y portugués.

Antípoda tiene un interés especial en difundir las experiencias y los resultados de trabajos antropológicos y de investigación social de las antropologías del mundo, especialmente latinoamericanas.

A partir del nombre de Antípoda como una metáfora de la alteridad, la revista presenta diversas visiones. Las secciones se organizan a partir de las siguientes alegorías espaciales: • Meridianos: esta sección señala la orientación del número. Aquí se publican artículos resultados de investigaciones relacionadas con un tema central.

•

Paralelos: tienen lugar en esta sección artículos relacionados con el tema central del número desde diversos enfoques y perspectivas teóricas y metodológicas.

•

Panorámicas: sección abierta que recoge escritos con temas relevantes para la disciplina.

•

Documentos: contiene escritos y entrevistas en antropología y arqueología, así como una presentación de la propuesta visual que acompaña el número.

Palabras clave: antropología biológica, antropología social y cultural, arqueología, etnografía, cultura, etnohistoria, lingüística.

Antípoda es una publicación de acceso abierto. La revista declara que todos los artículos que se reciben son sometidos a la herramienta de detección de plagio; los contenidos que se publican en la versión digital son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF; los autores deben manifestar que el texto es de su autoría, inédito y que respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros, y los evaluadores, señalar en el formato de evaluación que no tienen conflicto de interés con los autores y temas sobre los que van a conceptuar.

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología está incluida en los siguientes índices, sistemas de indexación, catálogos, bases bibliográficas y repositorios: • SciELO Citation Index (Thomson Reuters – SciELO), desde 2013 • Scopus (Database of Abstracts and Citation for Scholarly Journal Articles.) Elsevier, desde 2013 • Publindex – Índice Nacional de Publicaciones (Colciencias, Colombia) desde 2008. Actualmente en categoría A2 • SciELO – Scientific Electronic Library Online (Colombia), desde 2010 • Redib – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (CSIC, España y Universia), desde 2017 • European Science Foundation – ERIH PLUS (Noruega), desde 2017 • HLAS – Handbook of Latin American Studies (Library of Congress, Estados Unidos), desde 2009 • LatAm – Studies, Estudios Latinoamericanos (International Information Services, Estados Unidos), desde 2009 • HAPI – Hispanic American Periodicals Index (UCLA – Latin American Institute, Estados Unidos), desde 2008 • IBSS – International Bibliography of the Social Sciences (Proquest, Estados Unidos), desde 2008 • Sociological Abstracts and Language Behavior Abstracts (CSA – Cambridge Scientific Abstracts, Proquest, Estados Unidos), desde 2008 • Credi – Centro de Recursos Documentales e Informáticos (OEI – Organización de Estados Iberoamericanos), desde 2008 • Latindex – Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, desde 2008 • Clase – Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales y Humanidades (UNAM, México), desde 2007 • Dialnet – Difusión de Alertas en la Red (Universidad de La Rioja, España), desde 2007 • DOAJ – Directory of Open Access Journals (Lund University Library, Suecia), desde 2007 • Informe Académico, Academic OneFile (Gale Cengage Learning, Estados Unidos), desde 2007 • RedALyC – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Clacso, UAEM, México), desde 2007 • Cibera – Biblioteca Virtual Iberoamericana (German Institute of Global and Area Studies, Alemania), desde 2007 • AIO – Anthropological Index Online – Royal Anthropological Institute (Reino Unido), desde 2005 • EP Smartlink Fulltext, Fuente Académica, Current Abstract, TOC Premier, Académica Research Complete (Ebsco Information Services, Estados Unidos), desde 2005 • Prisma – Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas (Proquest, Estados Unidos), desde 2005 • Ulrich’s Periodicals Directory (Proquest, Estados Unidos), desde 2005 • Ocenet (Editorial Océano España), desde 2003 Antípoda en portales web: • www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Ángel Arango, Colombia) • www.portalquorum.org (Quórum Portal de Revistas, España) • biblioteca.clacso.edu.ar (Red de Bibliotecas Virtuales de Clacso, Argentina) • https://uniandes.academia.edu/RevistaDeAntropologiaYArqueologiaYArqueologia (Academia.edu) • https://lasa.international.pitt.edu/members/journals.asp (Latin American Studies Association)

A N T I P O D A I N D I C E D I N Á M I C A S Y D E B AT E S AC T UA L E S S O B R E E L C A M P E S I N A D O E N A M É R I C A L AT I N A EDITORIAL Carta a los lectores | x-xii Luis Carlos Castro Ramírez – Universidad de los Andes, Colombia

MERIDIANOS Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en disputa | 3-25 Jennifer A. Devine – T exas State University, Estados Unidos Diana Ojeda – Universidad de los Andes, Colombia Soraya Maite Yie Garzón – P ontificia Universidad Javeriana, Colombia

PARALELOS Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia | 29-51 Juana Camacho Segura – I nstituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Colombia Natalia Robledo Escobar – Universidad del Rosario, Colombia

¿Indígena campesino o indígena urbano? Aproximaciones desde los procesos de movilidad mapuche en la ciudad intermedia de Temuco (Chile) | 53-78 Gonzalo Salazar – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Wladimir Riquelme Maulén – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Paulina Zúñiga Becerra – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile

¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca | 79-102 Natalia Abril-Bonilla – O bservatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia María Camila Jiménez Nicholls – Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia Luisa Fernanda Uribe Larrota – O bservatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia

Retorno al futuro: las comunidades indígenas autónomas de Petén, Guatemala | 103-127 Liza Grandia – U niversity of California, Davis, Estados Unidos

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador | 129-151 Sylvia M. Seger – U niversidad Andina Simón Bolívar, Ecuador

“Formo parte de una clase de productores que perdió la sabiduría del pasado y empezó a pisar dentro de las tecnologías”: trayectorias campesinas en la fabricación de quesos artesanales en Minas Gerais | 153-173 Leonardo Vilaça Dupin – U niversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil

Los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana: entre la coca, el conflicto y la construcción de paz | 175-200 Daniel Esteban Unigarro Caguasango – U niversidad de La Salle, Colombia

A N T I P O D A C O N T E N T S DYNAMICS AND CURRENT DEBATES ON THE PEASANTRY IN L ATIN AMERICA EDITORIAL Lettter to Readers | x-xii Luis Carlos Castro Ramírez – U niversidad de los Andes, Colombia

MERIDIANS Current Peasant Formations in Latin America: Conceptualizations, Political Subjects, and Territories in Dispute | 3-25 Jennifer A. Devine – T exas State University, United States Diana Ojeda – U niversidad de los Andes, Colombia Soraya Maite Yie Garzón – P ontificia Universidad Javeriana, Colombia

PARALLELS Indivisos, Collective Schemes and Peasant Property Practices in Colombia | 29-51 Juana Camacho Segura – Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Colombia Natalia Robledo Escobar – U niversidad del Rosario, Colombia

Peasant or Urban Indigenous? Approaches based on Mapuche Mobility Processes in the Intermediate City of Temuco (Chile) | 53-78 Gonzalo Salazar – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Wladimir Riquelme Maulén – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Paulina Zúñiga Becerra – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile

Let’s Get Formalized: Peasant Disputes in the Upper Cauca | 79-102 Natalia Abril-Bonilla – O bservatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia María Camila Jiménez Nicholls – O bservatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia Luisa Fernanda Uribe Larrota – O bservatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia

Back to the Future: The Autonomous Indigenous Communities of Petén, Guatemala | 103-127 Liza Grandia – U niversity of California, Davis, United States

Peasantry, Conception of Nature, and Associated Tensions: Narratives from the Íntag Area, Ecuador | 129-151 Sylvia M. Seger – U niversidad Andina Simón Bolívar, Ecuador

“I Am Part of a Class of Producers Who Lost the Know-How of the Past and Began to Tread the Path of Technology”: Peasant Trajectories in the Manufacture of Artisan Cheeses in Minas Gerais | 153-173 Leonardo Vilaça Dupin – U niversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brazil

Peasants in the Northwestern Colombian Amazon: Caught between Coca, Conflict, and Peacebuilding | 175-200 Daniel Esteban Unigarro Caguasango – U niversidad de La Salle, Colombia

A N T I P O D A I N D I C E DINÂMICAS E DEBATES ATUAIS SOBRE A COMUNIDADE CAMPONESA NA AMÉRICA L ATINA EDITORIAL Carta aos leitores | x-xii Luis Carlos Castro Ramírez – U niversidad de los Andes, Colômbia

MERIDIANOS Formações atuais do camponês na América Latina: conceituações, sujeitos/as políticos/ as e territórios em disputa | 3-25 Jennifer A. Devine – T exas State University, Estados Unidos Diana Ojeda – U niversidad de los Andes, Colômbia Soraya Maite Yie Garzón – P ontificia Universidad Javeriana, Colômbia

PARALELOS Indivisos, esquema coletivo e práticas de propriedade camponesa na Colômbia | 29-51 Juana Camacho Segura – I nstituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Colômbia Natalia Robledo Escobar – Universidad del Rosario, Colômbia

Indígena camponês ou indígena urbano? Aproximações a partir dos processos de mobilidade mapuche na cidade intermediária de Temuco (Chile) | 53-78 Gonzalo Salazar – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Wladimir Riquelme Maulén – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Paulina Zúñiga Becerra – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile

Vamos formalizar!: disputas do camponês no Alto Cauca | 79-102 Natalia Abril-Bonilla – O bservatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colômbia María Camila Jiménez Nicholls – O bservatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colômbia Luisa Fernanda Uribe Larrota – O bservatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colômbia

De volta para o futuro: as comunidades indígenas autônomas de Petén, Guatemala | 103-127 Liza Grandia – University of California, Davis, Estados Unidos

Campesinato, concepções de Natureza e tensões associadas: narrativas advindas da zona de Íntag, Equador | 129-151 Sylvia M. Seger – U niversidad Andina Simón Bolívar, Ecuador

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias”: trajetórias camponesas na fabricação de queijos artesanais em Minas Gerais | 153-173 Leonardo Vilaça Dupin – U niversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil

Os camponeses da Amazônia noroeste colombiana: entre a coca, o conflito e a construção da paz | 175-200 Daniel Esteban Unigarro Caguasango – U niversidad de La Salle, Colômbia

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. x-xii 

Carta a los lectores

Luis Carlos Castro Ramírez* Universidad de los Andes, Colombia

H

an pasado tres meses desde que se decretara la cuarentena en Colombia, como consecuencia de la pandemia producida por la rápida expansión global del SARS-CoV-2, y que diera paso no solo a las restricciones de movilidad y a la actividad migratoria en nuestro país, sino en todo el mundo. Paradójicamente, frente a un panorama de interrupción y limitaciones a los desplazamientos humanos, se ha abierto la convocatoria titulada Migraciones, trayectorias transnacionales y recursos creativos en tiempos de crisis: construyendo futuros posibles1.

X

En este número, que tendrá como editores invitados a la Dra. Ljuba Boric Bargetto (Universidad de Santiago de Chile); al Dr. Nicolás Gissi Barbieri (Universidad de Chile), y al Dr. Juan Manuel Saldívar Arellano (Universidad de Los Lagos, Chile), el llamado es a aproximarse a los fenómenos migratorios del siglo XXI, a partir de las estrategias creativas desplegadas por las personas y comunidades de migrantes transnacionales en sus nuevos lugares de recepción. Esto es, a comprender cómo se reconfiguran los mecanismos de inserción y readaptación, en las nuevas geografías de quienes se han visto obligadas u obligados a dejar sus territorios de origen. De igual forma, se aspira a recibir propuestas que reflexionen acerca de las rutas; los espacios de frontera; las transformaciones o continuidades, dentro de las redes de significado que traen consigo las personas migrantes; los modos como se re-crean sus prácticas, y todo el * Editor de Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología. * antipoda@uniandes.edu.co 1

Ver parámetros de la convocatoria en: https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/antipoda

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología

acervo cultural que estas llevan consigo. Al mismo tiempo, será relevante el establecimiento de las nuevas lecturas y percepciones que se tejen en el corto, mediano y largo plazo, desde los entes estatales y sociales, así como desde las comunidades y personas que las conforman.

Asimismo, la convocatoria envuelve cuestionamientos acerca de cómo se produce la formación de futuros por parte de quienes migran, cómo los migrantes se relacionan con lo que han dejado atrás y cómo esto influye, precisamente, en la configuración de su cotidianidad y en el modo de proyectarse en el tiempo. Este llamado de Antípoda se enfoca en una de las problemáticas contemporáneas de mayor relevancia para las ciencias sociales y humanas en el siglo XXI, porque, a pesar de la paradoja señalada al inicio de este texto, de la aparente inmovilidad producto de la pandemia, del levantamiento de nacionalismos que pretenden suspender la entrada de migrantes y de la severidad de las leyes migratorias que tienen lugar en muchas latitudes, este es un fenómeno social que franquea las fronteras y muestra su porosidad. Que hace de las fronteras geográficas, políticas, culturales, sociales y económicas territorios de des-encuentros. ***

2 PhD en Ciencias Sociales de la Université de Lausanne, Suiza. Entre sus últimas publicaciones está: “Weaving Social Change(s) or Changes of Weaving? The Ethnographic Study of Andean Textiles in Cusco and Bolivia”. Artl@s Bulletin 9, n.º 1 (2020): 68-89; (en coautoría con Geremia Cometti y Fabiano Emanuele) “Le pèlerinage des Q’eros (Cuzco, Pérou) au sanctuaire du Seigneur de Quyllurit’i. Une ethnographie itinérante de la connexion entre humains, lieux sacrés et divinités”. América Crítica 4, n.° 1 (2020): 35-52. * cristian.terry@graduateinstitute.ch

XI E D I T O R I A L

El presente número de Antípoda trae consigo una interesante discusión acerca del campesinado en América Latina. Un tema que analiza a través del abordaje de distintos contextos, diferentes actores sociales y disímiles problemáticas, revelando el carácter heterogéneo de eso que se denomina “lo campesino”. Las autoras y autores ponen en escena cuestionamientos que pasan por la reconceptualización de estos actores sociales, de sus dinámicas de producción, de las figuras legales alrededor de lo agrario, de sus modos de relacionamiento con el territorio y de los procesos de reterritorialización que cimientan en pleno siglo XXI. Así, este dosier se erige como una gran contribución para aquellas personas interesadas en esta problemática, pero también para quienes tienen otros focos de investigación, en tanto que la cuestión de lo campesino atraviesa variadas discusiones alrededor de las identidades móviles en el mundo contemporáneo, verbigracia: cómo analizar lo afrodescendiente o lo indígena en nuestras latitudes, en relación con la campesinidad; o cómo pensar las transiciones culturales, económicas, políticas y territoriales, cuando las fronteras conceptuales creadas desde la academia se muestran lábiles y, aun así, han incidido e inciden en las realidades de nuestros pueblos. En consecuencia, esperamos que quienes nos leen encuentren aquí un prolífico material de análisis, desde las experiencias colaborativas de aquellas y aquellos que participaron en este número.

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología agradece la participación del Dr. Cristian Terry2, quien colaboró con la ilustración de este número, tanto en las

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. x-xii 

artes internas como en la portada. Las fotografías del Dr. Terry fueron tomadas en el marco de su trabajo como responsable del programa de agro-ecoturismo del Parque de la Papa y como investigador en las comunidades de Chinchero, Chawaytire, Pampallaqta, Amaru y Q’ero, y en la ciudad del Cusco (Perú). Las imágenes dan cuenta de diversos aspectos del “ser campesino”, de actividades que van más allá de las asociadas a la agricultura y que ponen en evidencia la movilidad del campesinado en las diferentes regiones de América Latina.

Nuevamente, Antípoda extiende los mejores deseos a quienes nos leen, a sus familias y al mundo en general. Esperamos e instamos a que la condición humana emerja solidaria ante la crisis global que ha surgido como consecuencia de la pandemia, la cual ha incrementado y visibilizado, aún más, las inequidades experimentadas por los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Fuente: cortesía de Cristian, Luciendo trajes típicos en las festividades, Chawaytire provincia de Calca, Cusco), Perú, 2017.

xiv

Fuente: cortesía de Cristian, Bailando en el día de la papa, Chawaytire (provincia de Calca, Cusco), Perú, 2017.

M E R I D I A N O S Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en disputa | 3-25

Jennifer A. Devine, Diana Ojeda y Soraya Maite Yie Garzón

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Fuente: cortesía de Cristian, Devoción a la Virgen Asunta de Chawaytire, Chawaytire (provincia de Calca, Cusco), Perú, 2014.

Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en disputa * Jennifer A. Devine** Texas State University, Estados Unidos Diana Ojeda*** Universidad de los Andes, Colombia Soraya Maite Yie Garzón**** Pontificia Universidad Javeriana, Colombia https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.01 Cómo citar este artículo: Devine, Jennifer A., Diana Ojeda y Soraya Maite Yie Garzón. 2020.

“Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en disputa”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 3-25. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.01 Recibido: 2 de junio de 2020; aceptado: 18 de junio de 2020; modificado: 24 de junio de 2020.

Resumen: a pesar de la centralidad del estudio del campesinado en América Latina, para diferentes disciplinas esta categoría sigue estando ligada a imágenes estáticas de un grupo definido desde el Estado y el capital. En este artículo *

Las reflexiones planteadas en este artículo parten de la trayectoria investigativa de las autoras, y recogen distintas conversaciones entre ellas, en torno a las formaciones de lo campesino en América Latina y su relevancia para el contexto actual.

** PhD en Geografía de la University of California, Berkeley, Estados Unidos. Profesora asistente de Texas State University, Estados Unidos. Entre sus últimas publicaciones están: (en coautoría con Nicholas R. Magliocca, Kendra McSweeney, Steven E. Sesnie, Elizabeth Tellman, Erik A. Nielsen, Zoe Pearson y David J. Wrathall) “Modeling Cocaine Traffickers and Counterdrug Interdiction Forces as a Complex Adaptive System”. PNAS 116, n.° 16 (2019): 7784-7792, https://doi.org/10.1073/pnas.1812459116; “Community Forest Concessionaires: Resisting Green Grabs and Producing Political Subjects in Guatemala”. The Journal of Peasant Studies 45, n.° 3 (2018): 565-584, https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1215305 * devine@txstate.edu *** PhD en Geografía de la Clark University, Estados Unidos. Profesora asociada del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Universidad de los Andes, Colombia. Entre sus últimas publicaciones están: (en coautoría con Anne Hendrixson, Jade S. Sasser, Sarojini Nadimpally, Ellen E. Foley y Rajani Bhatia) “Confronting Populationism: Feminist Challenges to Population Control in an Era of Climate Change”. Gender, Place & Culture 27, n.° 3 (2020): 307-315, https://doi.org/10.1080/0966369X.2019.1639634; (en coautoría con Jade S. Sasser y Elizabeth Lunstrum) “Malthus’s Specter and the Anthropocene”. Gender, Place & Culture 27, n.° 3 (2020): 316-332, https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1553858 * dc.ojeda@uniandes.edu.co **** Doctora en Ciencias Sociales de la Universidade Estadual de Campina (Unicamp), Brasil. Profesora del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Entre sus últimas publicaciones están: “Narrando (desde) el despojo. Mediaciones morales y conceptuales de la noción de despojo en las luchas de los sectores populares rurales de los Andes nariñenses”. Revista Colombiana de Antropología 52, n.° 2 (2016): 73-106, http://dx.doi.org/10.22380/2539472X40; (en coautoría con María José Acevedo Ruíz) “Nos debemos a la tierra.

El Campesino y la creación de una voz para el campo, 1958-1962”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 43, n.° 1 (2016): 165-201, https://doi.org/10.15446/achsc.v43n1.55068 * syie@javeriana.edu.co

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Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-25 https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.01

damos cuenta de la necesidad de estudiar la realidad situada —histórica, geográfica y políticamente— de los individuos y colectivos que caben dentro de la categoría de lo campesino. La pregunta por las y los campesinos resulta urgente frente a la actual crisis económica, política y socioambiental que enfrentan amplios sectores de la población latinoamericana. Esta crisis obedece, entre otras dinámicas, al avance del extractivismo, a la agudización de la desigualdad, al deterioro ambiental, al despojo de comunidades marginalizadas y a la criminalización del movimiento social. Con el fin de contribuir al estudio crítico de este tema, desde una mirada histórica, espacial, relacional y política, profundizamos en las conceptualizaciones recientes de lo campesino, así como en la manera en la que los sujetos/as políticos/as y espacialidades se construyen mutuamente.

Palabras clave: América Latina, campesinado, campesinas/os, espacio, territorio, política.

Current Peasant Formations in Latin America: Conceptualizations, Political Subjects, and Territories in Dispute

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Abstract: Despite the centrality in the study of the peasantry in Latin America, for various disciplines, this category is still bound to static images of a group defined according to the State and capital. In this article, we explain the need to study the situated reality — historically, geographically and politically — of the individuals and groups that fit into this category of the peasantry. The issue concerning peasants is a pressing one in view of the current economic, political and socio-environmental crisis affecting large sectors of the Latin American population. This crisis is due, among other dynamics, to the advance of extractivism, the exacerbation of inequality, environmental deterioration, the dispossession of marginalized communities, and criminalization of the social movement. In order to further the critical analysis of this issue, from a historical, spatial, relational, and political perspective, we will delve into recent conceptualizations of the peasant, and into how political subjects and spatialities are mutually constructed.

Keywords: Latin America, peasantry, peasants, space, territory, politics.

Formações atuais do camponês na América Latina: conceituações, sujeitos/as políticos/as e territórios em disputa Resumo: apesar da centralidade do estudo do campesinato na América Latina, para diferentes disciplinas essa categoria continua estando ligada a imagens estáticas de um grupo definido com base no Estado e no capital.

Neste artigo, apresentamos a necessidade de estudar — histórica, geográfica e politicamente — a realidade situada dos indivíduos e dos coletivos que estão delimitados na categoria do camponês. Abordar o estudo a partir dessa realidade se faz urgente diante da atual crise econômica, política e socioambiental que amplos setores da população latino-americana enfrentam.

Essa crise obedece, entre outras dinâmicas, ao avanço do extrativismo, ao

Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en disputa Jennifer A. Devine, Diana Ojeda y Soraya Maite Yie Garzón

agravamento da desigualdade, à deterioração ambiental, ao despojo de comunidades marginalizadas e à criminalização do movimento social. Com o objetivo de contribuir para o estudo crítico desse tema, sob uma visão histórica, espacial, relacional e política, aprofundamos nas conceituações recentes do camponês, bem como na maneira em que os sujeitos/as políticos/ as e espacialidades são construídas de forma mútua.

Palavras-chave: América Latina, campesinato, camponeses/as, espaço, território, política.

1 Las campesinas y en general las mujeres rurales también han sido objeto de estudio, aunque en menor medida. Como veremos más adelante, lo campesino evoca un sujeto masculino (asumido cisgénero y heterosexual), lo que relega a un segundo plano el análisis de la manera en la que el género atraviesa los procesos de configuración de las realidades, los espacios, las movilizaciones y las experiencias de lo campesino.

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os campesinos han sido un tema de estudio importante en la producción académica de disciplinas como la historia, la sociología, la economía, la geografía y la antropología1. A pesar de esto, la categoría sigue estando relacionada con imágenes estáticas de un grupo definido por clasificaciones del Estado y del capital, que no dan cuenta de las realidades complejas de los sujetos/as y los colectivos heterogéneos que suelen ser cobijados por ella. En particular para América Latina, la imagen de lo campesino sigue ocupando un lugar ambiguo y a menudo contradictorio en los discursos sobre desarrollo, diferencia cultural, legalidad, violencia y conservación ambiental, entre otros.

Hoy en día, hacerse la pregunta por lo campesino resulta urgente frente a la profunda crisis económica, política y socioambiental que enfrentan amplios sectores de la población latinoamericana, debido a la profundización del neoliberalismo, al avance del extractivismo, a la agudización de la desigualdad, al deterioro ambiental, al despojo de comunidades marginalizadas, a la criminalización del movimiento social, al asesinato de dirigentes sociales, a la militarización de la vida y al deterioro de las instituciones democráticas, todos estos, aspectos exacerbados por la pandemia de la Covid-19 y sus efectos desproporcionados en la región. Al mismo tiempo, dicha pregunta se vuelve necesaria por el modo en el que hoy participa en las disputas del movimiento campesino, a nivel global y regional, por el reconocimiento de derechos del campesinado, como lo mostró la activa participación de organizaciones campesinas de América Latina en los debates sobre el concepto de campesino que estuvieron detrás de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018).

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Una primera cuestión que convoca este número de Antípoda se relaciona con las formaciones de lo campesino en diferentes escenarios y con los modos en los que se usa la categoría. Partiendo de que la pregunta por el campesinado es específica a un momento y a un lugar determinados, este número temático es, en primer lugar, una invitación a rastrear las historias y geografías particulares de lo campesino en distintos lugares de América Latina. En nuestro propio trabajo, nos hemos interesado por los procesos y dinámicas bajo los cuales se teje y transforma la vida campesina en contextos específicos. A través del estudio histórico y etnográfico, nos hemos dado cuenta de la necesidad de desestabilizar dicotomías como tierra/territorio, campesino/indígena y rural/urbano, entre otras, que dan forma a los imaginarios de lo campesino, tanto en el discurso oficial como en el popular. A su vez, nos ha interesado comprender las formas en las que la propia categoría de “campesino” viene siendo construida y activada, como parte de las luchas cotidianas de sectores de la población rural y urbana, pero también en los debates públicos en torno a las políticas de desarrollo rural y a los derechos de campesinos y campesinas.

Argumentamos que la pregunta por lo campesino está entonces en medio de una constante disputa por fijar su contenido y extensión. Esta disputa se desarrolla en diferentes escalas y registros que van desde la cotidianidad del sostenimiento de la vida y las estrategias de organización comunitaria, hasta la movilización política y la incidencia de organismos multilaterales. Los textos incluidos en este número permiten analizar las formas en las que ciertas nociones de lo campesino han sido y son agenciadas por: los diversos actores sociales; los discursos y formas de clasificación social en las que se encuadran; las comprensiones de los sujetos rurales con las cuales entran en tensión; y las posibles implicaciones políticas, económicas, sociales y ambientales de su movilización. Asimismo, los artículos dan cuenta de las formaciones de lo campesino desde distintas ópticas como las formas de organización y participación política, las subjetividades ambientales, las condiciones de acceso a la tierra y el ejercicio de derechos territoriales, entre otras.

Una segunda cuestión que nos interesa abordar aquí es la relación entre campesinado y territorio en América Latina, para lo cual proponemos tres líneas analíticas. La primera, nos preocupa entender las conceptualizaciones del territorio que se están produciendo desde la academia y los movimientos campesinos en América Latina. Creemos que la categoría de territorio no es explicativa y, al igual que la de campesino, está en constante disputa; por lo tanto, no podemos aproximarnos a esta noción sin entender los conflictos distributivos dentro de los cuales opera y las formas de representación del campesinado que involucra. Dicho de otro modo, a pesar de la tendencia a despolitizar el territorio, que vemos en narrativas y prácticas oficiales relacionadas con proyectos de desarrollo, conservación ambiental y construcción de paz, entre otros, argumentamos que la definición y el uso del territorio, necesariamente, se enmarcan en fuertes tensiones y luchas saturadas por relaciones desiguales de poder. La segunda, nos parece fundamental entender la manera en la que el campesinado latinoamericano emerge como sujeto

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de estas tensiones y luchas territoriales, así como las formas de existencia que se ponen en juego. Y, la tercera, consideramos que necesario aproximarnos a la territorialización en tanto proceso que emerge bajo condiciones y prácticas específicas en contextos particulares (Arruti 2015; Godoi 2014; Pacheco de Oliveira 1998; Rangel 2019; Yie 2018).

Desde estos planteamientos, nos interesa abordar la pregunta por el espacio campesino, prestando especial atención a la relación entre la conceptualización de lo campesino, la configuración de sujetas/os políticas/os y los procesos de territorialización. Nos preguntamos por las espacialidades de lo campesino en relación con el contexto actual, haciendo énfasis en cómo la precarización de la vida campesina, tras la ampliación del extractivismo, complejiza la mirada puramente agrarista de las campesinas y los campesinos como personas que habitan en áreas rurales y que viven de la tierra. En nuestra experiencia, como hemos señalado, entender lo campesino implica desdibujar límites prefijados entre lo urbano y lo rural, así como entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los distintos modos de sustento, entre otros.

Uno de los retos de la conversación que proponemos aquí es la dificultad de hablar de América Latina como un todo. Sabemos bien que no es lo mismo hablar de campesinos en Venezuela, Brasil, Cuba, México o Nicaragua, como tampoco en las diferentes regiones que componen cada uno de estos países, y, por ello, insistimos en que se trata de configuraciones localizadas que no pueden ser entendidas fuera de su contexto ni de las trayectorias históricas y geográficas que las sustentan.

Asimismo, consideramos importante reconocer que, al agrupar estas realidades bajo la idea de región, se hacen visibles unas dinámicas particulares, mientras otras se ocultan. Esto hace que, por ejemplo, la academia haya construido un lugar común de América Latina que, a menudo, da menor importancia a espacios chicanos, caribeños y centroamericanos, por mencionar algunos. La delimitación que proponemos no puede darse entonces por sentada y debe tomarse como una estrategia analítica provisional y siempre abierta a debate. Con ella, buscamos entonces resaltar las dinámicas que son generalizables a pesar de sus manifestaciones particulares, entre ellas, el deterioro de las ecologías materiales y simbólicas que sostienen la vida, el ataque rampante a la reproducción social, la erosión de las autonomías territoriales y la violencia sistemática hacia líderes y lideresas que caracterizan la historia reciente de la región (LASA Forum 2020).

A pesar de esto, o precisamente por esto, creemos que es importante reflexionar sobre cuáles son los procesos actuales que definen la experiencia, las identificaciones, las subjetividades, las formas de vida, las trayectorias organizativas y las espacialidades campesinas hoy en día. La conversación que proponemos parte de lo que vemos como la necesidad de trascender las definiciones reduccionistas que se han hecho a partir de la actividad productiva, una noción predefinida de ruralidad o de cultura.

Asimismo, reconoce que la producción de las líneas entre indígenas, afrodescendientes y campesinos, en el contexto del multiculturalismo, responde a los límites móviles que se redefinen dependiendo de las relaciones de poder, las clasificaciones estatales y

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los reclamos que están en juego2. ¿Cómo se activa la categoría en ciertos contextos y en otros no? ¿Qué prácticas y narrativas la llenan de sentido? ¿Qué tipo de posibilidades abre y cuáles clausura? Estos son debates que nos interesa plantear, considerando los cruces de lo campesino con construcciones que vienen de lugares tan distintos como la etnicidad, la justicia transicional y la agroecología.

El entrecruzamiento con el género es uno de los elementos que nos interesa señalar, dado que el campesinado es asumido comúnmente como un sujeto masculino, cisgénero y heterosexual. Trabajos como los de Carmen Diana Deere y Magdalena León (2001) han sido importantes para pensar el acceso desigual de las mujeres a la tierra. Donny Merteens (2020), por ejemplo, señala en su investigación cómo en el marco de la justicia transicional colombiana, si bien la ley abre caminos para la titulación a las mujeres, a las y los jueces les cuesta ver su relación con la tierra en términos de “ánimo de señor y dueño”. También hay trabajos que dan cuenta del papel que juega el género en las movilizaciones por la defensa de derechos territoriales (véase, por ejemplo, Ulloa 2016) y en las movilizaciones por la justicia ambiental (véase, por ejemplo, Leguizamón 2019). Además de estos trabajos, algunas investigaciones se han enfocado en la tarea de entender el papel constitutivo del género en los procesos de despojo y en la configuración misma de los paisajes extractivos (León 2017; Ojeda en prensa; Silva 2018). Desde distintas corrientes feministas se han pensado también las conexiones entre cuerpos y territorios, así como la manera en la que se superponen la violencia al medio ambiente y la violencia a los cuerpos feminizados (Cabnal 2010). En este número, Camacho y Robledo, Grandia y Salazar, entre otros, aportan a esta importante conversación.

De este modo, en las secciones que siguen, y desde distintas ópticas, buscamos contribuir al análisis de las formaciones de lo campesino en América Latina en el contexto actual.

Conceptualizaciones de lo campesino

En el tercer cuarto del siglo pasado, en pleno auge de los estudios campesinos en América Latina y en otras partes del mundo, se desarrolló un intenso debate en torno al concepto de campesino. En ese entonces, las discusiones giraron en torno a si por campesino se entendía una clase, un modo de producción, un tipo de sociedad o una cultura3. En la década de 1970, bajo la creciente influencia de la obra de Chayanov (1974), las visiones clasistas y culturalistas sobre el campesinado, inspiradas en el marxismo y el funcionalismo, fueron desplazadas por su concepción como un modo particular de producción diferente al capitalista (Almeida 2007). Esta perspectiva alimentó una mirada del campesinado como forma de organización del trabajo y como expresión de una racionalidad económica que se veía amenazada 2

Un ejemplo de ello se da en el marco de la política de restitución de tierras en Colombia (Ojeda y González 2018).

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Un buen intento por recoger los textos que alimentaban esa discusión se encuentra en el libro de Theodor Shanin, Campesinos sociedades campesinas (1979).

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por el avance de este último. Pese a esto, la pregunta sobre si tal avance conducía a la extinción del campesinado se fue debilitando sin llegar a resolverse.

De forma paralela, la categoría de “campesino”, en torno a la cual se habían articulado las luchas por las condiciones de trabajo y de acceso a la tierra, así como las políticas rurales y agrarias desarrolladas en el marco de la Alianza para el Progreso, fue perdiendo importancia en las políticas de desarrollo rural de muchos países de América Latina y otras partes del mundo, siendo equiparado y, con el tiempo sustituido, por la expresión “pequeño productor” (Marques 2008; Wanderley 2015; Yie 2018). Tal cambio de nominación coincidió con un giro en el modelo de desarrollo rural promovido por el Banco Mundial en diferentes países de la región, el cual se caracterizó por el divorcio del desarrollo de su dimensión redistributiva y, por tanto, por el freno a las reformas agrarias que venían avanzando a pasos muy lentos en diversos países de la región. Tal proceso se profundizó con el avance del neoliberalismo en la década de 1990. Desde entonces, en varios países, se pasó a un modelo de reforma agraria vía mercado de tierras y la política de desarrollo rural se encaminó a la conversión de los pequeños productores campesinos en pequeños “empresarios agrícolas”, a través de una pedagogía de la racionalidad empresarial (Yie 2018), o se buscó su conversión hacia la prestación de servicios ambientales y turísticos, mediante capacitaciones en habilidades gerenciales (Montenegro-Perini 2017). La asociatividad y las alianzas productivas se presentaron como soluciones para enfrentar los efectos adversos de una economía abierta de mercado sobre miles de familias campesinas, un contexto marcado por la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), el avance del agronegocio y el incremento de proyectos minero-energéticos (Ojeda et al. 2015).

Desde finales de 1970, también fue disminuyendo el interés académico hacia la llamada cuestión campesina e incluso algunos autores defendieron la inadecuación del término para describir las complejas y cambiantes dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales de la ruralidad latinoamericana (Kearney 1996). En algunos países de la región, esto fue seguido por un nuevo “nominalismo” (Almeida 2007) ligado a la proliferación de distintas categorías para designar a los sujetos rurales.

Desde finales de la década de 1980, con el avance de políticas multiculturales en la región, poblaciones que, en el pasado, se hacían legibles ante el Estado y la academia como campesinos, pasaron a hacerlo desde otras categorías, con frecuencia basadas en presupuestos sobre su diferencia cultural o sobre la particularidad de los ecosistemas en los que su vida se desarrollaba (Almeida 2007; Chaves 1998; Hoffman 2016; Lombardi y Schiavinatto 2017; Yie 2018).

En contravía de ese movimiento, en las dos últimas décadas, la categoría “campesino” ha vuelto a ganar importancia, tanto en escenarios académicos como institucionales (Domínguez 2012; Figurelli 2016; Lombardi y Schiavinatto 2017; Marques 2008; Tocancipá 2005; Yie 2018), situación que se ha incrementado bajo los reclamos de varias organizaciones campesinas de alcance nacional, regional y global, como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y

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La Vía Campesina, por el reconocimiento de los derechos del campesinado, tanto ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como en los instrumentos normativos de sus propios países. En este escenario, muchos académicos y académicas se han visto llamados a ofrecer, bajo la condición de “expertos”, una definición operacionalizable de sujeto campesino en las normas, la política pública y los instrumentos legibilidad gubernamental4. De este modo, el viejo debate sobre si por campesinado se entiende una clase, un modo de producción, un tipo de sociedad o una cultura se ha reactivado, pero incorporando elementos que surgen de nuevas comprensiones sobre el mismo. Estas nuevas comprensiones deben entenderse no solo como el resultado de los diálogos entre quienes estudian el campesinado, sino también como consecuencia de la relación en doble vía entre la academia y los movimientos de base campesina.

Una de las visiones que ha venido ganando fuerza tiene arraigo en trabajos de la antropología económica que distinguen entre valores de uso y valores de cambio (véase, por ejemplo, Sahalins 1983 y Woortmann 1988), así como en los llamados estudios de la economía moral, principalmente, inspirados en los trabajos de E. P. Thompson (1979) y James Scott (1976). Lo que tienen en común ambas perspectivas, es asumir que el sujeto campesino se caracteriza por una racionalidad moral que media su interacción con otras personas y con la naturaleza. Entre los artículos incluidos en el dosier, un ejemplo es el de Leonardo Dupin sobre pequeños productores de quesos tradicionales de Minas Gerais, en Brasil. Allí cuestiona las nociones clásicas del campesinado como sociedad tradicional aislada en términos sociales y culturales, y propone entenderlo como un actor que se asocia en redes diversas, teniendo la familia, la tierra y el trabajo como elementos morales a través de los cuales establece relaciones específicas con los territorios que ocupa. Siguiendo a Woortmann (1988), propone hablar de campesinidad como una subjetividad que se encuentra en grados variables, en diferentes poblaciones rurales, que se articulan en distintos niveles y de forma ambigua con la modernidad.

Una segunda perspectiva que ha ganado fuerza es la que entiende la condición campesina como la encarnación de una visión de naturaleza que corresponde a alguna variante de lo que ciertos representantes del giro ontológico, en América Latina, vienen llamando “ontologías relacionales” (De la Cadena 2015; Escobar 2014). En este número, un ejemplo lo encontramos en el trabajo de Silvia Seger, sobre campesinos de la zona de Íntag, Ecuador, quien propone entender al campesinado no tanto a partir del trabajo agrícola y su vínculo con la tierra, sino a partir de su relación con la naturaleza, la cual es comprendida como el resultado de las relaciones íntegras e interdependientes entre todos los seres y aspectos de la vida.

Finalmente, una tercera perspectiva que ha nutrido los debates actuales sobre los campesinos es la que se inspira en los planteamientos de Jan Douwe van der Ploeg (2010), 4

Un ejemplo es lo ocurrido en Colombia con el concepto elaborado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Saade 2018), pero también con el concepto de la Comisión de Expertos creada por orden de la Corte Constitucional.

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quien liga la condición campesina a la lucha por la autonomía en un contexto caracterizado por relaciones de dependencia, privación y marginación. Dupin rescata esta perspectiva para explicar cómo la producción de queso artesanal, entre campesinos de Minas Gerais, hace parte de una estrategia para mantener su autonomía frente a un modelo agroindustrial en expansión. Seger, por su parte, plantea que los campesinos de Íntag se caracterizan por buscar la autonomía en el control de recursos y en las formas de interacción humana-naturaleza, en un contexto marcado por el avance de la gran minería en la región.

Lo que las tres perspectivas mencionadas tienen en común es una visión del campesino como un sujeto en permanente tensión con el capital, porque encarna moralidades, ontologías o relaciones sociales diferentes (e incluso opuestas) a las que posibilitan su reproducción. Claro está, la narrativa que opone al campesinado y al capital no es nueva. Durante buena parte del siglo pasado, las relaciones de clase fueron centrales en la comprensión del campesinado. Ya sea que fuera representado como una facción del proletariado o como su posible aliado en la lucha revolucionaria, el campesinado tenía su antagonista en terratenientes rentistas o en la burguesía agraria, quienes basaban su riqueza en el despojo y la explotación. La idea de Chayanov, de que el campesino encarna un modo de producción no capitalista, también ayudó a ver en el capital y, particularmente, en la agricultura intensiva una amenaza para su pervivencia. Pero, aunque las relaciones de clase y el modo de producción siguen ocupando un lugar central en la construcción del antagonismo campesinado/capital, como se vio, hoy esta oposición también se construye en torno a otros ejes.

Los movimientos campesinos no están por fuera de este ejercicio de reelaboración de dicha oposición. En sus narrativas, especialmente en las de aquellas organizaciones articuladas a la CLOC y a La Vía Campesina, la oposición campesinado/capital suele asumirse como equivalente a la oposición vida/muerte. Como lo muestran Seger (2020) en el caso de los campesinos de Íntag; Grandia (2020) en el de los indígenas de Petén, en Guatemala; o Yie (2018) en el de los campesinos del norte de Nariño, en Colombia, sus organizaciones se presentan como defensores de la vida en contra de proyectos minero-energéticos o agroindustriales, que son asociados con la muerte y la destrucción. Tales narrativas surgen de la reinscripción de sus experiencias de pérdida y deterioro en múltiples niveles, pero también son producidas en interacción con los discursos ambientalistas, multiculturalistas, poscoloniales y feministas —principalmente, aquellas visiones centradas en el cuidado—, y en frecuente tensión con las imágenes usualmente movilizadas desde el Estado.

Con matices de una región a otra de América Latina, los campesinos y las campesinas vienen siendo representados como los guardianes de la naturaleza, esto en choque con su construcción, en las narrativas estatales, como productores agrarios cuyas prácticas son antagónicas a la conservación ambiental

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(Cárdenas 2012; Ojeda 2012)5. Aparecen también como portadores de culturas tradicionales, imagen en tensión con su vieja comprensión como gentes incultas (Robledo 2019), pero también con la que los asume como carentes de la diferencia cultural celebrada por el multiculturalismo. Del mismo modo, son presentados como portadores de conocimientos ancestrales que se resisten a desaparecer bajo el colonialismo epistemológico de Occidente, lo que cuestiona su representación como gentes que requieren de asistencia técnica para aumentar su producción o tener prácticas sostenibles. Finalmente, al reubicarse en el campo de las actividades usualmente ligadas a “lo femenino”, vienen siendo reivindicados como la expresión de una subjetividad volcada hacia la reproducción y el cuidado, en tensión con la mirada que los reduce a meros agentes productivos cuyo aporte reside en contribuir a la producción de riqueza nacional, a través del trabajo de la tierra o del sacrificio de cuerpos para proyectos militaristas. En este ejercicio, cabe agregar, las mujeres campesinas, tan comúnmente invisibilizadas en el pasado, empiezan a aparecer como protagonistas de las múltiples luchas del campesinado contra el capital.

Sin desconocer que muchas poblaciones campesinas efectivamente pueden encarnar todos estos rasgos, creemos necesario construir visiones que no den por sentada la oposición campesinado/capital, sino que busquen entender bajo qué condiciones y con qué efectos emerge, pero también bajo cuáles parece diluirse. Esto no significa desconocer que frecuentemente la reproducción y concentración de capital ocurra a costa de violentas transformaciones de la vida de poblaciones rurales que agudizan su situación de precariedad, desmiembran el tejido social, arruinan sus economías, debilitan sus procesos organizativos, golpean sus ecosistemas y afectan su vida cultural. Tampoco se trata de negar que los campesinos y las campesinas generan diversas alternativas ante el deterioro medioambiental, el colonialismo epistemológico, la homogeneización cultural o los dilemas éticos de nuestro tiempo. Implica, más bien, asumir que la oposición entre campesinado y capital debe tomarse como un punto de llegada antes que de partida, lo cual resulta de considerar las formas histórica y geográficamente localizadas, tanto de reproducción del capital como de la vida campesina. A su vez, parte de asumir que lo campesino toma múltiples formas que se gestan dentro de condiciones históricas específicas, se espacializan de determinadas maneras, se producen de forma relacional y ocurren en el marco de luchas profundas por la configuración de las y los sujetos rurales.

Partiendo de allí, proponemos, entonces, aproximarnos a las múltiples configuraciones de la existencia campesina en la región, a través de la combinación de varias perspectivas: histórica, espacial, relacional y política. i) Por histórica queremos decir 5 Los imaginarios de las y los campesinos oscilan entre ángeles agroecológicos o destructores de la naturaleza, sin tener en cuenta que las nociones de escasez, deterioro y devastación deben ser entendidas de manera situada y siempre producida. Por ejemplo, muchas de las prácticas de uso de agrotóxicos están ancladas en una larga y violenta historia de imposición de la revolución verde y de los intereses de grandes conglomerados como Monsanto-Bayer que se ha dado a través de la fuerza, así como de capacitaciones y de implementación de proyectos productivos en nombre del desarrollo.

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que lo que son las y los campesinos no puede comprenderse por fuera de procesos de diferente duración, que incluyan dinámicas de poblamiento, condiciones cambiantes de acceso y distribución de la tierra, así como los recursos necesarios para su reproducción, trayectorias productivas, dinámicas organizativas y estrategias de regulación social, entre otros. En este número, está por ejemplo el trabajo de Unigarro (2020), quien objeta la representación hegemónica de los campesinos desde la producción de alimentos, a través del caso de los campesinos del Guaviare, en la Amazonía colombiana, cuya reproducción social ha descansado en actividades extractivas y cultivos ilícitos. Tales características no pueden comprenderse sin atender a la historia de colonización de la zona, a su interacción con las características biogeográficas de la misma, a las formas de presencia estatal, a las dinámicas del conflicto armado y a la manera en que la región se insertado en las cadenas de producción y comercialización de recursos tropicales y cultivos ilícitos. ii) Por espacial nos referimos a los modos en los que las diversas formaciones de lo campesino se localizan y distribuyen en espacios concretos, que ayudan a darles forma, bajo el efecto de procesos multiescalares que operan en articulación con las particularidades biogeográficas de esos espacios, pero también con las modalidades diferenciadas de reproducción y concentración del capital. iii) Por relacional, nos referimos al hecho de que las particularidades que asume la vida campesina no pueden entenderse como expresiones de una sustancia prístina, preexistente a las relaciones con otros actores que le serían externos, sino como algo que emerge y toma forma en medio de ellas. Sin descuidar otras perspectivas mencionadas, Camacho y Robledo, también en este número, nos dan un buen ejemplo de ello. Su etnografía muestra que la relación con la tierra y la vida comunitaria de los campesinos de La Mojana, en el Caribe colombiano, no puede entenderse sino en su interacción con las políticas oficiales, en su caso concreto, a través de la creación de la figura del común y proindiviso. iv) Finalmente, por político, entendemos que la vida campesina se gesta dentro de disputas por el poder, en las que participan distintos actores.

Esta última perspectiva implica entender que, a través de sus prácticas cotidianas, pero también de su movilización política, las y los campesinos mantienen disputas, bajo condiciones desiguales de fuerza, tanto hacia adentro como hacia afuera de sus comunidades y organizaciones, por imprimirle cierta forma a su existencia como individuos y colectivos. En este proceso, con frecuencia, entran en tensión con diferentes esfuerzos institucionales por moldear sus vidas en el marco de proyectos de desarrollo específicos (Camacho y Robledo 2020; Dupin 2020; Ojeda 2016; Seger 2020; Vélez-Torres et al. 2013; Yie 2015, 2018; Yie y Acevedo 2016).

La existencia campesina y la forma que esta asume han sido y están siendo disputadas a través de la categorización y representación de las poblaciones rurales.

Las prácticas de categorización y representación de las que estas poblaciones son objeto están ligadas a esfuerzos por regular las maneras aceptables de habitar los espacios rurales o de ser campesino (Ojeda 2012; Yie 2019). Como varias y varios autores han señalado, las descripciones funcionan como prescripciones a través de las cuales se

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promueven, con relativo éxito, modelos aceptables de ser (Bourdieu 1989; Brubaker 2004; Butler 2007; Corrigan y Sayer 1985), cruzados por la edad y el género, que, en el caso de quienes son catalogados como campesinos, van desde la relación con sus propios cuerpos, pasando por las mantenidas con otros miembros de su familia y comunidad, con instituciones y organizaciones, hasta con el propio espacio que habitan. Como acertadamente plantean Abril-Bonilla, Jiménez y Uribe, en este número temático, lo campesino “constituye un campo de negociación y disputa”. De acuerdo con su argumentación, las políticas recientes de formalización de la propiedad agraria en Colombia movilizan nociones de lo campesino como poblaciones rurales que necesitan ayuda para salir de la pobreza, las cuales entran en tensión con la noción manejada por los campesinos negros y mestizos del Alto Cauca, en la que lo campesino está más ligado a una trayectoria política y organizativa. A su vez, categorías como “pequeño empresario agrícola” o, su más reciente versión, “emprendedor agrícola”, plantean la racionalidad empresarial como más elevada y deseable, perspectiva que entra en tensión con la de quienes defienden el uso del término “campesino” y una noción del mismo como modo de producción que responde a una racionalidad diferente a la capitalista.

Pero, además, los procesos de categorización y representación están amarrados a disputas más amplias, en torno a los modos de distribución de la precariedad que afecta a poblaciones rurales al mediar su acceso a bienes, poder político y aprecio social (Abril-Bonilla, Jiménez y Uribe 2020; Figurelli 2016; Yie 2018). Así, el reclamo que varias organizaciones hacen al Estado colombiano para ser catalogados como “campesinos”, aunado a su reivindicación como un grupo culturalmente diferenciado, debe leerse como parte de un esfuerzo por controlar las condiciones de acceso al agua, a las semillas, a la tierra y a otros bienes fundamentales para su reproducción; así como por ganar incidencia política sobre el ordenamiento del suelo y las políticas que los afectan, y combatir una larga historia de menosprecio (Yie 2018).

Finalmente, insistimos en que no se trata de trazar una línea entre quienes son campesinos y quienes no lo son. Por el contrario, resulta importante comprender las formas como diferentes actores, discursos, experiencias y prácticas contribuyen a demarcar, acentuar, desplazar o diluir fronteras entre los campesinos y sus posibles otros —el proletariado rural, el empresariado agrícola, actores armados, depredadores de la naturaleza, habitantes de las ciudades, pescadoras y pescadores, pequeñas y pequeños mineros, indígenas, comunidades afro, etc.—, y cuáles son los efectos de ello. Como evidencia el trabajo de Seger, en este número temático, la frontera entre indígenas y campesinos en Íntag (Ecuador) es bastante borrosa, de manera semejante a como ocurre en Bolivia y Perú. En cambio, en otros países de la región, como en el caso de Brasil y en varias partes de Colombia, ese límite parece estar mucho más marcado. Adicionalmente, como lo han mostrado varios trabajos (véase, por ejemplo, Camargo y Ojeda 2017; Ojeda y González 2018; Yie 2018), tales fronteras se construyen en diálogo y tensión con las formas de clasificación y tratamiento de las poblaciones por parte del Estado.

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Territorialidades y territorializaciones campesinas

En este caso entendemos por territorialidad campesina las prácticas de apropiación material, dominio y significación cultural del espacio parcelario por parte de los adjudicatarios. Esto se ha dado en un proceso social en el que construyeron una identidad y un sentido de pertenencia individual y comunitario como

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Existe una amplia literatura que ha intentado definir el territorio, ya sea como contenedor de la vida cultural o como el efecto de prácticas y relaciones políticas. ¿Pero qué significa el territorio para las y los campesinos? Los artículos de este número temático muestran que el territorio es una categoría compleja, pues no se trata de una categoría analítica predeterminada ni de un objeto material. Al contrario, el territorio se crea a través de relaciones espaciales y procesos socioambientales que deben ser estudiados según el contexto particular. Los artículos de esta colección analizan etnográficamente las territorialidades —como relaciones— y las territorializaciones —como procesos— de las y los campesinos, arraigadas en ambos casos a realidades locales que, al mismo tiempo, están entrelazadas y son inseparables de las dinámicas y estructuras de poder nacionales y globales.

En América Latina, las estrategias campesinas de defensa del territorio tienen una larga historia que ha sido presentada como separada de la cuestión agraria.

Tras la irrupción del multiculturalismo como lenguaje político oficial en la región, a partir de la década de los noventa, podría verse la acentuación de una narrativa de ruptura entre la tierra y el territorio. Por el contrario, nuestro propio trabajo revela importantes continuidades entre la lucha por la tierra y las demandas territoriales de hoy en día. Estas continuidades han sido subestimadas e incluso presentadas para legitimar una visión de los campesinos como sujetos individuales que, a diferencia de los grupos étnicos, buscan la reivindicación de la propiedad individual a costa de formas colectivas de territorialidad. En otras palabras, resulta difícil argumentar que las demandas pasadas de las y los campesinos por el acceso a la tierra se limitaran a garantizar la titulación de un número dado de hectáreas, mientras que las de hoy en día sí entienden los múltiples entramados que constituyen un territorio. Más bien, una de las características históricas de las y los campesinos en la región tiene que ver con la lucha por abrir espacios políticos y materiales que desafían a actores hegemónicos (Hoffman 2016). Esta lucha es a su vez un proceso de producción de espacio y —en concreto— de naturalezas.

En el marco de estas continuidades, el territorio no puede ser reducido a una relación de propiedad ni a un conjunto de recursos naturales. Esto aparece de manera clara en los artículos incluidos en este número. En relación con el Alto Cauca en Colombia, el artículo de Abril-Bonilla, Jiménez y Uribe (2020) enfatiza este punto, cuando muestra que formalizar las propiedades campesinas no cambió su situación de vulnerabilidad ante los avances de megaproyectos extractivistas que ponían en riesgo su permanencia en el territorio. Es decir, el territorio contiene experiencias y relaciones afectivas, inscritas en el paisaje, que no son solo huellas materiales. Se trata de “la reproducción de la vida” (Seger, en este número). Según plantean Camacho y Robledo:

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campesinos propietarios, frente al Estado y en contraposición a los grandes terratenientes y los aparceros sin tierra. (En este número)

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En vez de pensar en el territorio como una posesión o un recurso estático, las y los autores de este número temático insisten en entenderlo como un proceso no predeterminado ni concluido de reproducción de relaciones espacio-temporales a varias escalas. A su vez, el territorio se produce y se disputa a través de rituales sociales y prácticas cotidianas (Arruti 2015; Berman-Arévalo y Ojeda en prensa; Camacho y Robledo 2020; Rangel 2019; Yie 2018). Esto significa, como hemos mencionado, que el Estado y el capital no son los únicos motores productivos del territorio. Muchos otros actores participan en su formación, incluyendo diversas organizaciones de base campesina cuyos integrantes promueven relaciones y prácticas, desde las cuales el territorio toma forma, así como en la elaboración de narrativas que le dan sentido.

Para muchas y muchos campesinos, el territorio significa modos de sustento, formas de vida, y “una lucha constante por construir su autonomía” (Ploeg 2008, citado en Seger en este número). Cuando los campesinos luchan por el territorio, están luchando por sus derechos intrínsecos de vivir una vida digna, una vida que valga la pena vivir. En esta colección, Liza Grandia explica que una organización Q’eqchi’ Maya in Petén, Guatemala, ha logrado autonomía territorial al nivel municipal, en más de 150 de sus comunidades miembros. Los líderes se identifican como “organizadores comunitarios-campesinos-indígenas” y explican que están “luchando para la vida”. Su visión territorial es la autonomía como “gobierno consuetudinario [que] solo realmente florece en una relación recíproca con el territorio”. Al contrario, como relata Unigarro en este número, para los “campesinos cocaleros” en la Amazonia noroccidental colombiana, perder el territorio significa “la ruptura de sus formas de vida tanto en lo económico como en lo social”.

Seger (2020), como varias autoras y autores en este número temático, argumenta que esta concepción empobrecida del campesinado y su relación con el territorio proviene de organizaciones de gobernanza global, como las Naciones Unidas, que definen el campesino en términos de una “relación directa con la tierra mediante el trabajo agrícola” (ONU 2018), desconociendo incluso la propuesta de declaratoria de La Vía Campesina (2009), la cual incluía tanto el derecho a la tierra como al territorio. Este enfoque estrecho refleja los sesgos occidentales de organizaciones como las Naciones Unidas, pero también la historia de movimientos sociales e insurrecciones armadas durante la Guerra Fría (1950-1990). En Guatemala, Colombia y otros países de la región, los movimientos marxistas enfatizaron la solidaridad de clase campesina, pero con frecuencia silenciaron los llamados indígenas a la autonomía y a la justicia racial (Gros 2012; Rivera 2008). Al mismo tiempo, los programas liderados por el Banco Mundial y el Gobierno de los Estados Unidos se enfocaron en las y los campesinos como sujetos ideales de las intervenciones de desarrollo, quienes argumentaron que carecían de derechos de propiedad privada para modernizar su producción agrícola (Escobar 1998; Li 2007). Estas dinámicas disciplinarias

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del desarrollo y la política de identidad se combinaron, en parte, para producir una definición hegemónica estrecha de las y los campesinos y su relación con la tierra, así como representaciones racistas de estos como atrasados, individualistas y destructores de la naturaleza.

Una oportunidad para imaginar y crear territorios como sujetos indígenas se gestó desde mediados de 1970, para consolidarse en la década de 1990, como resultado de los movimientos transnacionales de derechos indígenas del convenio de la OIT 169 y de la adopción de políticas multiculturales en muchos Estados latinoamericanos6. Algo semejante pasó con poblaciones rurales formadas por descendientes de africanos esclavizados que fueron reconocidos como sujetos colectivos de derechos territoriales mediante su etnización (Arruti 2015; Cárdenas 2012). Mientras que el multiculturalismo neoliberal abrió espacios para el reconocimiento cultural y los derechos territoriales, dejó en su lugar profundas estructuras de desigualdad agraria y de ingresos (Hale 2006; Rivera 2010). Pero si bien bajo el multiculturalismo se ha dado un avance en el reconocimiento de derechos territoriales a poblaciones rurales incluidas dentro categorías étnicas, quienes quedaron por fuera de estas siguieron siendo imaginadas como poblaciones exentas de relaciones culturalmente mediadas con la naturaleza y, por tanto, de derechos territoriales. Esto pasó con muchas poblaciones campesinas que no solo vieron debilitadas sus posibilidades de acceso a la tierra, sino que, además, debieron enfrentar frecuentes amenazas al deterioro de su vida comunitaria y a su permanencia en los territorios, ante el avance de proyectos extractivistas y turísticos, la delimitación de zonas de reserva, el deterioro ambiental, la presencia de actores armados e, incluso, la ampliación de territorios étnicos de los cuales fueron excluidas (véanse, por ejemplo, Devine y Ojeda 2017; Ojeda y González 2018). En este escenario, poblaciones rurales sin membresía étnica empiezan a reivindicarse como sujetos de derechos territoriales, en clara tensión con la representación de los campesinos como una suma de individuos vinculados a la tierra a través del trabajo (Yie 2018). Tanto las experiencias de amenaza mencionadas, las redes entre organizaciones campesinas y étnicas de distintas partes de América Latina, como su diálogo con académicos que habían estado ligados a las luchas indígenas, ayudaron a incluir al “territorio” dentro de los vocabularios que organizan sus demandas. A su vez, muchas poblaciones se han involucrado en procesos de territorialización (Pacheco de Oliveira 1998) que van de la mano de un ejercicio de identificación colectiva, demarcación espacial, elaboración histórica, imaginación política y construcción de autoridad, del que hoy emerge el campesinado como sujeto político ligado a un territorio (Yie 2018).

A pesar de los límites disciplinarios del multiculturalismo, los ensayos de esta colección ilustran que las y los campesinos aprovechan las oportunidades políticas para introducir un cambio más transformador y desafiar las actividades extractivistas

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contemporáneas en sus territorios. Para el caso de Guatemala, esto implica que quienes se identifican como campesinos e indígenas retengan, en lugar de descartar, sus identidades como activistas agrarios. Grandia (2020) ilustra que, aun cuando los Q’eqchi indigenizan sus estrategias de autonomía, de todos modos, continúan aprovechando las herramientas, las tácticas y el análisis del poder de su organización junto con actividades previas como campesinos que luchan por alcanzar derechos agrarios (véase también Edelman 2005).

Al mismo tiempo que rechazamos definiciones hegemónicas de lo campesino, en relación con el territorio, rechazamos su romantización y esencialización como refugio cultural, pre-capitalista o por fuera de procesos neoliberales. Este enfoque contrasta con las teorizaciones espaciales que enmarcan procesos locales y globales en formas binarias y no relacionales (Lefebvre 1991; Massey 2005, 1991); lo que Gillian Hart llama “el modelo de impacto de la globalización” (2002, 13). Este marco binario del espacio define la escala local en oposición a la global, localidades en oposición y en defensa de las fuerzas de la globalización neoliberal (Massey 1991). Por el contrario, bajo una comprensión relacional de la producción del espacio, los lugares se entienden como “un punto nodal donde las influencias translocales se mezclan con prácticas y materiales previamente sedimentados en el paisaje local” (Moore 2005, 20).

Los lugares son conjuntos de relaciones espaciales que se extienden más allá de los límites que pretenden contenerlos, y son estas conexiones extrovertidas las que definen las historias e identidades locales (Massey 1991). Lugares y territorios se producen a través de sus conexiones con el resto del mundo, no en aislamiento geográfico.

La noción de un lugar acotado en el espacio cartesiano sustenta muchas epistemologías occidentales del territorio (Pickles 2004). Sack, por ejemplo, define territorialidad como “el intento de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar a las personas, los fenómenos y las relaciones, delimitando y afirmando el control sobre un área geográfica” (1986, 19) y en términos de clasificación de área, comunicación de límites y control de la aplicación o gestión de recursos. Implícita en este encuadre está una ontología occidental del territorio como equivalente a encierro y privatización. Las y los autores sugieren que descolonizar la teorización del territorio implica alejarse del énfasis en los recintos de las cartografías cartesianas, para enfocarse en una comprensión del territorio como una materialidad atravesada por lo espiritual y los afectos que, de este modo, es inseparable de los medios de vida, de las luchas por la soberanía y del ejercicio de la autonomía. Se trata, en últimas, de producciones espaciales que se corresponden con subjetividades políticas, como en el caso de las guardias campesinas, las juntas de gobierno campesinas u otros rituales políticos de organización ligados a la construcción de territorios.

Desde esta perspectiva relacional del espacio, tampoco se puede pensar en lo rural como contrario a lo urbano (Rangel 2019). Más bien, los ensayos en esta colección muestran que las y los campesinos viven, trabajan y construyen sus territorios en áreas urbanas y periurbanas, así como en áreas rurales. Salazar, Riquelme y Zúñiga, en este número, estudian “la movilidad mapuche” para superar esta fórmula

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binaria y describir una “interculturalidad urbana-territorial” mapuche. Sus colaboradores describen como urbanas aquellas áreas que han resultado de la invasión de tierras que alguna vez fueron rurales y que, por lo tanto, resultan de un “cambio en la organización de la tierra y la forma de vivirla”. En Temuco, Chile, una ciudad de tamaño intermedio, los miembros de la comunidad mapuche inscriben sus reclamos territoriales en el paisaje construyendo con arquitectura mapuche, celebrando festivales culturales, instalando señales que marcan su territorio y pintando grafitis en las paradas de autobuses (Salazar, Riquelme y Zúñiga 2020).

Los artículos incluidos en este dosier ilustran cómo los territorios campesinos se producen de manera conflictiva, a medida que las comunidades y organizaciones se involucran y transforman las políticas estatales, las prácticas de extractivismo neoliberal, los movimientos transnacionales y el derecho internacional, e incluso los proyectos de la insurgencia. A partir de elementos tomados de Bhabha (1994), Abril-Bonilla, Jiménez y Uribe (2020) utilizan el concepto de “hibridación” para describir cómo las y los campesinos se apropian y transforman las políticas públicas, cuando formalizan sus predios individualmente con la intención de consolidar un territorio colectivo. Las y los campesinos frecuentemente compiten con varios actores, que incluyen agencias y funcionarios del Estado, para materializar sus visiones territoriales, a la vez que luchan por una vida digna, medios de vida viables y autonomía territorial, lo que los Q’eqchi’ llaman “el buen vivir” (Grandia 2020).

Esto significa que muchos territorios pueden existir en el mismo lugar. Los territorios pueden superponerse y coexistir en el espacio, creando reclamos territoriales múltiples y contradictorios. Por ejemplo, Unigarro, en este número, también ilustra esta dinámica de la “territorialidad superpuesta” (Agnew y Oslender 2010; Berman-Arévalo y Ojeda en prensa; Moore 2005) en la Amazonia noroccidental colombiana. Allí, el campesinado incluye caucheros, colonos, cocaleros y excombatientes, quienes encuentran sus derechos territoriales en estado de incertidumbre, debido a la manera en que las figuras jurídicas territoriales se traslapan en el mismo sitio, incluyendo una reserva forestal, un resguardo indígena y una reserva campesina, que es producto de una lucha política territorial en 1997. Así, es claro que los territorios campesinos se producen a través de conflictos socioambientales que, en las últimas décadas, han estado definidos por el asalto neoliberal extractivista en contra de la naturaleza y del sostenimiento mismo de la vida. Para muchas y muchos campesinos, “la naturaleza es la vida” (Seger 2020, en este número) y vale la pena defenderla.

De este modo, los conflictos socioambientales siguen constituyendo y re-articulando (Hall 1996) las identidades, los territorios y las relaciones socioambientales de las y los campesinos frente a la violencia extractivista. Asimismo, resulta entonces fundamental reconocer el carácter procesual del territorio, lo que incluye entender las superposiciones territoriales (Arruti 2015) y su movilidad misma (Salazar, Riquelme y Zúñiga 2020).

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Conclusiones

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Como hemos señalado a lo largo de este artículo, una de las características principales de lo campesino hoy es la codificación de las luchas campesinas, en términos de la oposición a una política de muerte y destrucción, frente a las dinámicas crecientes de desigualdad y despojo en la región. Una perspectiva desde el asalto al espacio campesino, en tanto espacio político como espacio material, permite entonces analizar la manera en la que se entrecruzan conflictos agrarios, ambientales e identitarios. Si bien estos tres lentes hacen pensar que se pueden separar los distintos procesos que dan forma a la lucha campesina y a su territorialización, es fundamental entenderlos desde sus superposiciones y contradicciones, así como reconocer que se trata de espacialidades forjadas a partir de la violencia, pero también de distintas formas de resistencia.

Hoy en día, hacerse la pregunta por el campesinado resulta importante debido a las crisis económicas, políticas y socioambientales que enfrentan los campesinos, las cuales han sido exacerbadas a raiz de los problemas desatados por la pandemia de la Covid-19. Este número temático busca contribuir al debate actual sobre el campesinado en América Latina. Creemos que la pregunta por lo campesino y por las y los campesinos sigue siendo central, más en un momento en el que la categoría misma viene siendo activada por múltiples actores sociales como académicos, artistas, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, políticos y empresarios, entre otros.

En este artículo analizamos las formaciones de lo campesino en diferentes escenarios, a partir de las distintas maneras en las que se produce y moviliza la categoría.

No proponemos entonces ofrecer una caracterización de la o las vidas campesinas en América Latina, sino que aportamos entradas analíticas para comprender los procesos, distribuciones, relaciones y proyectos a partir de los cuales lo campesino toma forma. Tampoco usamos la categoría como si se tratara de una expresión neutra que describe un fenómeno que le sería anterior o externo, sino que queremos invitar al análisis de cómo la categoría de lo campesino y otras, con las cuales esta dialoga, toman forma en relación con diferentes disputas y escenarios, siendo activadas por actores específicos y con diversos efectos. Finalmente, planteamos acercarnos a las prácticas identitarias de individuos y agrupaciones vinculadas con los espacios rurales, no como el resultado de una falta o toma de conciencia, sino como un proceso de construcción de fronteras mediado por un horizonte de experiencias, discursos hegemónicos, estructuras de desigualdad y luchas en que se hallan envueltas.

De igual manera, abordamos en este artículo la relación entre conceptualizaciones, política y territorialidades campesinas en la región. Así, hemos considerado fundamental examinar el lugar que ocupa el territorio dentro de las conceptualizaciones, configuraciones y luchas políticas de las y los campesinos.

Rechazamos el uso del territorio como una categoría analítica, invitando a analizar etnográficamente las territorialidades como relaciones y las territorializaciones como procesos, como lo hacen varios de los artículos incluidos en este número. Esta colección revela que, en lugar de delimitar las líneas de propiedad cartesianas, para muchas y muchos campesinos el territorio representa tanto medios como formas de vida.

Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en disputa Jennifer A. Devine, Diana Ojeda y Soraya Maite Yie Garzón

Utilizamos una comprensión relacional de la producción del espacio (Lefebvre 1991; Massey 2005, 1991) para iluminar cómo los territorios campesinos, rurales y urbanos, y los movimientos territoriales, locales y globales, se producen dialécticamente a través de sus conexiones, historias compartidas y prácticas cotidianas. Como tal, argumentamos que la definición y el uso del territorio necesariamente se enmarcan en fuertes tensiones y luchas saturadas por relaciones desiguales de poder. Nos parece fundamental entender la manera en que el campesinado latinoamericano emerge como sujeto de estas tensiones y luchas territoriales, vinculado al neoliberalismo, al acaparamiento de tierras y al neoextractivismo. Esperamos que estos aspectos contribuyan a una discusión histórica, espacial, relacional y política de las formaciones campesinas actuales en América Latina.

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Fuente: cortesía de Cristian, De paseo con mis ovejas y mi niño, Sacaca provincia de Calca, Cusco), Perú, 2012.

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Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia | 29-51

Juana Camacho Segura y Natalia Robledo Escobar

¿Indígena campesino o indígena urbano?

Aproximaciones desde los procesos de movilidad mapuche en la ciudad intermedia de Temuco (Chile) | 53-78 Gonzalo Salazar, Wladimir Riquelme Maulén y Paulina Zúñiga Becerra

¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca | 79-102

Natalia Abril-Bonilla, María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota

Back to the Future: The Autonomous Indigenous Communities of Petén, Guatemala | 103-127

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Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador | 129-151

Sylvia M. Seger

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias”: trajetórias camponesas na fabricação de queijos artesanais em Minas Gerais | 153-173 Leonardo Vilaça Dupin

Los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana: entre la coca, el conflicto y la construcción de paz | 175-200 Daniel Esteban Unigarro Caguasango

P A R A L E L O S

Liza Grandia

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Fuente: cortesía de Cristian, Papas nativas luciendo sus formas y colores, Chawaytire (provincia de Calca, Cusco), Perú, 2017.

Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia * Juana Camacho Segura** Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Colombia Natalia Robledo Escobar*** Universidad del Rosario, Colombia

https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.02 Cómo citar este artículo: Camacho Segura, Juana y Natalia Robledo Escobar. 2020. “Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 29-51. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.02 Recibido: 8 de noviembre de 2019; aceptado: 22 de abril de 2020; modificado: 20 de mayo de 2020.

* Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Privatización o colectivización. El caso de los indivisos en Colombia”, financiado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. ** PhD en Antropología de la University of Georgia, Estados Unidos. Magíster en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entre sus últimas publicaciones está: (en coautoría con Alejandro Camargo) “Convivir con el agua”. Revista Colombiana de Antropología 55, n.° 1 (2018): 7-25. https://doi.org/10.22380/2539472X.567 * jcamacho@icanh.gov.co *** Doctora en Antropología de la Universidad de los Andes, Colombia. Magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora de cátedra de la Escuela de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario, Colombia. Entre sus últimas publicaciones está: (en coautoría con Juana Camacho) “Campesinos: comentario al concepto técnico del Icanh”. En Elementos para la conceptualización de lo campesino en Colombia. Documento técnico, editado por Marta Saade Granados. (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2018): 67–85. * natalia.robledoe@urosario.edu.co

29 P A R A L E L O S

Resumen: este artículo explora una dimensión poco estudiada de la reforma agraria y los análisis sobre el campesinado en Colombia. Se trata de la figura del común y proindiviso empleada en el régimen parcelario —creado por la Ley 135 de 1961— para adjudicar tierras a campesinos bajo un esquema colectivo. A partir de la experiencia de cinco grandes fincas parceladas en común y proindiviso a campesinos sin tierra en La Mojana (San Marcos, Sucre), se examina la articulación de la normatividad agraria con las prácticas consuetudinarias de propiedad, en una comunidad donde coexisten parcelas familiares, predios colectivos y zonas de uso común. Esta investigación etnográfica y participativa con campesinos parceleros combina trabajo de campo, entrevistas a expertos en derecho agrario y a exfuncionarios del Incora y el Incoder, así como revisión de fuentes secundarias. Los hallazgos revelan los resultados mixtos del esquema colectivo en el logro de los objetivos económicos y

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 29-51 https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.02

sociales propuestos por el Estado, y en la concreción de la propiedad campesina. También ponen en cuestión el individualismo agrario con el que se ha representado al campesinado. El análisis aporta una perspectiva novedosa a los estudios campesinos desde la óptica de las políticas y las prácticas de propiedad.

Palabras clave: campesinos, Caribe, común y proindiviso, prácticas de propiedad, reforma agraria, régimen parcelario.

Indivisos, Collective Schemes and Peasant Property Practices in Colombia

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Abstract: This article examines an under-explored dimension of agrarian reform and peasant studies in Colombia: the pro indiviso property used in the parcel system —created by Law 135 of 1961—, to allocate land to peasants under a collective scheme. Based on the experience of five large estates allocated in pro indiviso to landless peasants in La Mojana (San Marcos, Sucre), it examines the articulation of agrarian regulations with customary property practices in a community in which there are family plots, collective properties and commons.

This ethnographic research combines participatory fieldwork involving peasants, interviews with experts in agrarian law and former Incora and Incoder officials, and a review of secondary sources. The study’s findings reveal the mixed results of the collective scheme in terms of achieving the economic and social objectives proposed by the State, and in the establishment of rural property. They also question the agrarian individualism by which the peasantry has been represented.

This analysis provides a novel perspective to peasant studies based on a perspective grounded in property policies and practices.

Keywords: Agrarian reform, Caribbean, peasants, parcel system, pro indiviso, property practices.

Indivisos, esquema coletivo e práticas de propriedade camponesa na Colômbia Resumo: este artigo explora uma dimensão pouco estudada da reforma agrária e das análises sobre o campesinato na Colômbia. Trata-se da figura do comum e pro indiviso empregada no regime de loteamento — criado pela Lei 135 de 1961 — para adjudicar terras a camponeses sob um esquema coletivo.

A partir da experiência de cinco grandes fazendas loteadas em comum e pro indiviso a camponeses sem terra em La Mojana (San Marcos, Sucre), examina a articulação da regulamentação agrária com as práticas consuetudinárias de propriedade, em uma comunidade onde coexistem lotes familiares, prédios coletivos e áreas comunais. Esta pesquisa etnográfica e participativa com camponeses de terras loteadas combina trabalho de campo, entrevistas a especialistas em Direito Agrário e ex-funcionários do Instituto Colombiano de la Reforma Agraria e do Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, bem como revisão de fontes secundárias. Os achados evidenciam os resultados diversos do esquema coletivo na conquista dos objetivos econômicos e sociais

Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia Juana Camacho Segura y Natalia Robledo Escobar

propostos pelo Estado, e na concretização da propriedade camponesa. Além disso, colocam em debate o individualismo agrário com o qual o campesinato vem sendo representado. A análise contribui com uma perspectiva nova para os estudos da área sob a visão das políticas e práticas de propriedade.

Palavras-chave: camponeses, Caribe, comum e pro indiviso, práticas de propriedade, reforma agrária, regime de loteamento.

mpliar a las familias campesinas sin tierra el derecho a la propiedad para lograr una explotación económica eficiente, y acabar con el régimen hacendatario tradicional, fueron los objetivos que se esgrimieron en las reformas agrarias latinoamericanas en los años sesenta del siglo XX (Eguren 2019). En Colombia, la ley de reforma social agraria (Ley 135 de 1961)1 marcó un parteaguas en el derecho agrario y en la forma de entender la propiedad de la tierra, para lo cual creó el régimen parcelario como un orden jurídico especial de adjudicación de parcelas, a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, en predios comprados o expropiados por el Estado dentro de la frontera agrícola y en baldíos de la nación.

El reparto agrario2 estuvo unido al fomento a la asociatividad productiva, al fortalecimiento comunitario y a la provisión de servicios sociales básicos en el campo.

Por esto, además de la dotación individual de tierras, contempló la adjudicación colectiva de predios junto con formas asociativas de trabajo como las empresas comunitarias. La figura legal empleada para tal fin fue el común y proindiviso, una forma de copropiedad mediante la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), creado por la misma ley, adjudicaba predios, con un título común, a un grupo de beneficiarios, quienes tenían derecho a una fracción del mismo denominada cuota parte. Un rasgo sobresaliente de esta forma comunitaria de propiedad y producción agrícola es que contrastaba con el individualismo agrario (Palacios 2011) y desafiaba la representación social predominante sobre el campesinado en Colombia como individualista, basada, sobre todo, en el modelo simplificado del sujeto minifundista andino (Robledo 2017).

1

Ley Ordinaria 135/1961, 15 de diciembre, sobre reforma social agraria. (Diario Oficial n.° 30691 de 20 de diciembre de 1961). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=74153

2

En este trabajo empleamos adjudicación, dotación y reparto en sus acepciones literarias y no jurídicas, como sinónimos, para referirnos al otorgamiento estatal de tierras a los campesinos en las políticas de reforma agraria.

31 P A R A L E L O S

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Más que un país de peones, Colombia debe ser un país de propietarios.

(Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia 1966-1972, CNMH 2016, 120)

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La promesa redistributiva despertó el anhelo de miles de campesinos y trabajadores agrarios de concretar una propiedad real y efectiva; aunque pocos lograron cumplir sus expectativas (Herrera, Riddell y Toselli 1997). En Colombia, el fracaso de la reforma explica, en parte, que el país ocupe uno de los primeros lugares en distribución desigual de la tierra y pobreza rural y, por ende, que persista el conflicto armado. Numerosos estudios han analizado los límites económicos, administrativos, jurídicos y políticos de la reforma agraria en Colombia (Berry 2002; CNMH 2013; Fajardo 1983; Machado 2009; Perry 1985; Uribe, Ramírez y Giraldo 2001), así como algunos de sus efectos indirectos —subdivisiones ficticias de tierras, lanzamientos de arrendatarios y aparceros, y aumento de la violencia en algunas regiones, entre otros—. Pero menos atención han prestado al análisis de los esquemas colectivos introducidos en la dotación agraria, a las dinámicas sociales gestadas a partir de estas nuevas formas colectivas de adjudicación y a su efectividad en la concreción del derecho a la propiedad campesina de la tierra. El limitado tratamiento del común y proindiviso, en la literatura académica sobre la reforma agraria en el país, confirma la importancia de revisitar temas clásicos con nuevas preguntas y trabajo de campo.

En este escrito exploramos la utilización estatal de la figura del común y proindiviso en la reforma agraria colombiana y la manera en que los campesinos la apropiaron y le dieron sentido en su experiencia parcelaria. Más que un examen jurídico de la propiedad y de los sistemas normativos que la definen, se trata de una discusión antropológica sobre las prácticas sociales de la propiedad, es decir, las actividades, identidades y relaciones sociales que las personas establecen en el contexto material y simbólico de la propiedad de la tierra, desde su nueva condición de propietarios. Nuestro referente empírico es una investigación etnográfica realizada entre 2016 y 2017 con campesinos parcelarios de La Mojana, en el municipio de San Marcos (Sucre). En esta región del Caribe interior, las abundantes ciénagas y tierras fértiles contrastan con la pobreza, la desigualdad social y la histórica concentración de tierras y aguas —en muchos casos baldíos y ciénagas apropiados ilegalmente— (Fals Borda 2002; Reyes 1978). Allí, entre 1989 y 2002, alrededor de 4 000 hectáreas fueron adjudicadas en común y proindiviso a 226 familias sin tierra que, a fuerza de trabajo individual y mancomunado, configuraron una comunidad campesina donde coexisten parcelas familiares, predios colectivos y zonas de uso común.

Generalmente, la propiedad ha sido entendida como el derecho sobre un bien, como un término jurídico para referirse a un objeto o como una relación económica con un recurso. El Estado y el mercado son fuerzas poderosas en la definición, regulación y valor de la propiedad, que inciden en las ideas y prácticas sociales cotidianas (Gudeman 1999). Sin embargo, estudios antropológicos han mostrado la existencia de formas variadas de tenencia y posesión (Benda-Beckmann, Benda-Beckmann y Wiber 2006; Hann 1998; Verdery y Humphrey 2004), y han criticado las nociones reduccionistas en la forma de entender y adjudicar la propiedad, tanto en la versión liberal individual capitalista como en la colectiva estatal comunista, las cuales no dan plena cuenta de las diversas maneras en que los individuos y grupos

Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia Juana Camacho Segura y Natalia Robledo Escobar

3 Distintos documentos y autores emplean los conceptos de propiedad comunitaria, propiedad colectiva y propiedad asociativa para referirse a lo mismo. Acá optamos por el término “colectivo”, dado que la adjudicación parcelaria en común y proindiviso no se hizo a comunidades sino a familias que no siempre se conocían entre sí.

33 P A R A L E L O S

apropian, ejercen y reclaman derechos sobre objetos o recursos, según sus intereses, necesidades, relaciones y prácticas sociales. Las etnografías revelan que ser propietario o no también comporta valores morales y sentidos culturales que configuran identidades personales y colectivas (Márquez 2015). Por lo tanto, los estudiosos proponen entender la propiedad como un hecho multidimensional (Benda-Beckman, Benda-Beckman y Wiber 2006; Hann 2015): una trama de construcciones, relaciones y valores sociales, políticos y culturales que definen el acceso, la distribución y el control de cosas —materiales o intangibles— (Hann 1998; Verdery 2003).

Este trabajo se nutre del análisis de Gabriela Torres-Mazuera (2016) sobre el ejido mexicano y las prácticas ejidales, en un contexto de individualización y privatización del patrimonio colectivo e identitario rural. Según Torres-Mazuera (2016), esta forma sui generis de propiedad social se construyó sobre una contradicción: una perspectiva liberal de la propiedad individual que permitía la exclusividad de derechos sobre la parcela y su herencia, y una noción comunitarista del trabajo, la tierra y la pertenencia comunitaria, refrendada por la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inajenabilidad del ejido. En Colombia el esquema colectivo3 comparte esa ambigüedad, pero a diferencia del caso mexicano, en el país la reforma agraria no tuvo un espíritu revolucionario sino conservador; más allá de la retórica reformista, y en la práctica poco eficaz, no planteó modificaciones de fondo a la estructura de la propiedad agraria (García 1982; Ramos 2001). Sus proponentes encontraron en el común y proindiviso una forma política y jurídica novedosa de respuesta a la cuestión agraria, que pretendía mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas sin tierra, maximizando los recursos del Estado y la productividad sin afectar la gran propiedad ni los poderes terratenientes (García 1973).

Ahora bien, como señala Verdery en su trabajo sobre colectivización y descolectivización en Rumania (2003), las políticas de propiedad no se dan en el vacío sino sobre estructuras, conceptos y prácticas ya existentes, y son interpretadas de diversas maneras por la gente. En este análisis procesual, Verdery argumenta que la propiedad se forja en procesos sociales y políticos, prácticas cotidianas y sistemas culturales que le dan sentido. En el caso de La Mojana, veremos cómo los campesinos asignaron distintos significados y valores al dominio indiviso, de acuerdo con sus expectativas sobre sus derechos como propietarios, las cuales no siempre concordaron con el imperativo de eficiencia y productividad que se pretendía en la reforma agraria.

Esta investigación surgió de un proyecto más amplio sobre los sistemas agroalimentarios en veredas del río San Jorge en La Mojana, durante el cual conocimos la experiencia de las parcelas adjudicadas en común y proindiviso. Con el fin de documentar la historia de los parcelamientos, de la mano de mujeres y hombres beneficiarios, elaboramos una cartilla de divulgación local soportada en entrevistas, talleres

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 29-51 https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.02

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y recorridos por los indivisos (Camacho 2018). Este proceso generó preguntas sobre las prácticas de propiedad asociadas al reparto bajo el esquema colectivo, algunas de las cuales exploramos en este texto. Además del trabajo de campo, consultamos fuentes institucionales (Incora, Incoder, IICA-CIRA)4, así como literatura académica sobre reforma agraria, y entrevistamos a expertos en derecho agrario, investigadores en temas rurales y exfuncionarios del Incora e Incoder en varias regiones del país5.

El orden del texto es el siguiente: la primera parte presenta el contexto nacional e institucional, que desembocó en la creación del régimen parcelario como nuevo orden de la adjudicación de tierras en la reforma agraria, y algunas interpretaciones de los entrevistados sobre las razones y alcances de su implementación.

La segunda parte aborda la experiencia de reparto de grandes propiedades, a familias sin tierra, en el municipio de San Marcos (Sucre). Muestra cómo las normas de acceso, distribución y uso de la propiedad indivisa se articularon con prácticas consuetudinarias de aprovechamiento de tierras y aguas de uso común, para dar lugar a una apropiación y control comunitarios del indiviso y a una territorialidad campesina modulada por las dinámicas ecológicas. La tercera parte se enfoca en las divergencias entre el modelo abstracto del esquema indiviso y los variados efectos de su implementación en la propiedad campesina. El artículo finaliza con una reflexión sobre los problemas no resueltos de esta forma de adjudicación en el régimen parcelario contemporáneo.

El régimen parcelario: un nuevo orden de la propiedad agraria

La reforma agraria de los años sesenta planteó transformaciones económicas y sociales en el campo colombiano, y fortaleció el papel del Estado en la orientación del nuevo ordenamiento de la propiedad rural. En el plano normativo e institucional, la creación del régimen parcelario amplió la forma de entender, distribuir, usar y regular la propiedad que privilegiaba el modelo privado individual, establecido desde la Colonia (Palacios 2011) y ratificado por la Constitución de 1886 y el Código Civil de 1887. La reforma empleó varias formas de adjudicación: la propiedad individual, la propiedad colectiva, las empresas comunitarias y otras formas de producción asociativa (Santos 2006). Una novedad del régimen parcelario fue la introducción de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como forma especial de dominio sobre la propiedad

4

El Incora fue liquidado en 2002 y reemplazado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en 2003. Este último se liquidó en 2015 por graves problemas de ineficiencia, mala prestación del servicio, corrupción e infiltración paramilitar. Sus funciones fueron transferidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

5 Agradecemos a Álvaro Arias, Juana Dávila, Darío Fajardo, Myriam Jimeno, Felipe Octavio León, Rocío Londoño, Edelmira Pérez, John Jairo Rincón y Octavio Villa, por su tiempo y disposición para compartir sus perspectivas sobre el tema. Agradecemos también a los evaluadores externos por sus valiosos comentarios.

Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia Juana Camacho Segura y Natalia Robledo Escobar

6

Definida en la Ley 135 de 1961 como el tamaño del terreno necesario para sostener a una familia con el trabajo de sus miembros, generar ingresos para pagar las deudas contraídas en la adquisición de la tierra y mejorar su calidad de vida, la UAF no puede ser dividida ni fraccionada para evitar el minifundio, como tampoco acumulada para prevenir la concentración. Su extensión varía según la región y las condiciones agroecológicas.

7

El tamaño de la UAF era cercano a: 7 ha en distritos de riego, 14 ha en parcelaciones y 50 ha en colonizaciones (Fedesarrollo 1974).

8 La creación de la ANUC en 1967, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, tuvo el propósito de organizar al campesinado y encauzar sus demandas como beneficiario de los servicios del Gobierno. Esta jugó un papel importante en la lucha por la tierra, luego, en la implementación de la reforma agraria, en el marco de la Alianza para el Progreso, y llegó a ser la mayor organización campesina del país (Escobar 1982; Zamosc 1982).

9 La asociatividad correspondía a la explotación comunitaria del predio y el común y proindiviso era la figura de adjudicación.

10 El modelo de propiedad y producción colectivas fue parte de una estrategia mayor de reforma agraria, implementada en varios países latinoamericanos (Orchard y Ortiz 1973), con la participación de la FAO, la Cepal, el Banco Mundial, el IICA-CIRA y la Alianza para el Progreso, con el propósito de frenar el comunismo en América Latina. Las empresas comunitarias se desarrollaron en Israel y en países socialistas con un fuerte auspicio estatal, así como en naciones vecinas: Chile, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela (Oliart 1969; Ortega 1990).

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y unidad de medida de la parcela campesina6, así como el establecimiento de un conjunto de derechos y deberes para los beneficiarios (Ramos 2015).

En los primeros años de la reforma, la modalidad más común de adjudicación fue la de parcelas individuales equivalentes a una UAF7, en tierras baldías del Estado y con un título expedido al jefe de hogar. Estas dotaciones individuales, por lo general, estaban más dirigidas a la producción pecuaria para ampliar la frontera agraria hacia las tierras de piedemonte y selva. La adjudicación en baldíos era una estrategia política que permitía reducir la presión sobre la tierra en las zonas minifundistas andinas, con menores costos para el Estado y sin afectar los intereses de los sectores terratenientes. De hecho, la baja adjudicación de predios, dentro de la frontera agraria, frenó significativamente la redistribución de latifundios improductivos en las mejores tierras (Berry 2002, IICA-CIRA 1970).

A finales de 1960 y principios de 1970, la oposición de los sectores más conservadores del país, llevó a que en el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) las élites políticas, industriales y terratenientes firmaran el Pacto de Chicoral, para desmontar buena parte de las medidas y logros progresistas de la reforma agraria y del trabajo organizativo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)8. Sin embargo, y dados los muy bajos resultados de las explotaciones individuales en términos de productividad y número de beneficiarios de la reforma (Ramos 2001), el Pacto avaló el fomento a la producción campesina capitalista, a través de modos colectivos de propiedad y producción cooperativa campesina9, bajo la forma de empresas comunitarias (Ley 4 de 1973)10. En línea con las directrices internacionales (IICA-CIRA 1970; Perry 1985), el esquema colectivo pretendía optimizar los resultados productivos por unidad de superficie y por beneficiario (Oliart 1969), además de promover la organización campesina y su integración a la economía nacional. Con las economías de escala se buscaba aprovechar los recursos y la infraestructura de las fincas;

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hacer más eficiente la inversión estatal en bienes y servicios públicos; dotar de tierra y estabilizar a un mayor número de familias campesinas; reducir los costos y trámites jurídico-administrativos de la adjudicación individual; y mejorar las condiciones de mercadeo de los productos (IICA-CIRA 1970)11. De gran importancia para los firmantes del Pacto, esta estrategia también permitiría mejorar las estadísticas de la reforma agraria sin modificar sustancialmente la estructura de la propiedad.

La forma jurídica que sustentó el esquema colectivo fue el común y proindi12 viso . Históricamente, esta figura ha sido utilizada por familias terratenientes en la ruralidad colombiana para no dividir la propiedad, pero también, por comunidades campesinas rurales para regular el acceso a recursos estratégicos (Varela 2016) y defender su derecho a la tierra y al territorio (Meza 2016). En su clásico estudio, Catherine LeGrand menciona que las tierras indivisas eran grandes propiedades adquiridas por varios dueños mediante herencia, concesión colectiva de baldíos o por la “compra de acciones de la propiedad” (1988, 187). Sin embargo, en la reforma agraria de 1961 no se empleó el común y proindiviso en la adjudicación en baldíos.

Por su parte Crist (1952), en un trabajo sobre el uso y la tenencia de la tierra en el Valle del Cauca, hace una breve referencia al indiviso para enfatizar que es problemático en lo que respecta a su división y venta, explotación y valorización de la tierra, y acceso al crédito agrícola.

La incorporación del común y proindiviso en las políticas estatales de reforma agraria13 se consolidó con los esquemas colectivos de las empresas comunitarias. El uso del indiviso fue el resultado de múltiples intereses, ideologías y poderes, que proyectaron modelos y soluciones que no eran plenamente realizables en los contextos donde se desarrollaron ni con los recursos jurídicos, económicos y técnicos disponibles. Según los exfuncionarios del Incora entrevistados, esta figura de propiedad fue marginal en el andamiaje de la reforma, puesto que se empleó en la adjudicación parcelaria de tierras dentro de la frontera agraria y no en baldíos, donde se hicieron los mayores repartos14.

11 Según dirigentes campesinos de la ANUC, las empresas comunitarias fueron una estrategia de entidades internacionales de crédito, para ejercer más presión productiva sobre el campesinado organizado, lo que redundó en su fracaso. Entre las quejas mencionan la desconfianza del Incora hacia los campesinos, las orientaciones individualistas que imponía, el exceso de control institucional en algunos aspectos y la falta de acompañamiento técnico entre otros (ANUC 1983). Para Berry, las empresas comunitarias fueron un intento de atender el malestar campesino “sin expropiar la tierra a los grandes propietarios ni hacer grandes gastos para crear fincas pequeñas potencialmente productivas” (2002, 44).

12 También conocido como “comunidad de bienes”, se originó en el derecho civil romano vinculado a la transferencia de la herencia y como mecanismo para mantener la integridad de la propiedad, al evitar la fragmentación del predio entre los deudos del propietario.

13 El común y proindiviso se menciona por primera vez en la Ley 135 de 1961 en relación con las reglas de enajenación de la propiedad parcelaria y la transferencia, mediante esta figura, del derecho de dominio del bien a los herederos o al cónyuge en caso de muerte del beneficiario (Art. 81, capítulo XIV sobre Parcelaciones).

14 El análisis estadístico de las adjudicaciones parcelarias excede el alcance de este trabajo. Recientes estudios sobre las políticas de tierras y el impacto de la reforma agraria, basados en el análisis sistemático de la documentación disponible del Incora y del Incoder, proporcionan información estadística sobre adjudicaciones parcelarias, pero no especifican la forma de adjudicación (véase CNMH 2016).

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También hubo matices regionales frente a la forma en que fue o no recibida la oferta de la adjudicación indivisa, promovida por funcionarios del Incora, simpatizantes de la causa campesina por la tierra15. Mientras en el Caribe la oferta tuvo una mayor acogida, en lugares como el Alto Putumayo y algunas zonas de Bolívar fue recibida con desconfianza e incluso rechazada por indígenas y campesinos que aspiraban al reparto individual. La oposición también provenía de la asociación de lo colectivo con el comunismo, que era objeto de una fuerte estigmatización social.

En otros casos, la gente no vio en la tierra una opción económica viable, como sucedió con personas que prefirieron migrar a Venezuela para trabajar y buscar fortuna.

Hasta el día de hoy, el común y proindiviso ha tenido diversas y paradójicas consecuencias sociales, económicas y jurídicas, como lo revela el caso de La Mojana que veremos a continuación y que ilustra particularidades, contingencias y paradojas del proceso parcelario en una región de gran complejidad ambiental y profunda inequidad social. Allí se aprecian algunos de los cambios económicos y socioculturales generados por la intervención estatal, así como la agencia campesina en la configuración de una comunidad parcelaria.

La Mojana es una gran llanura inundable entre los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar. En estas tierras bajas desaguan los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, creando un paisaje de humedales donde predominan la ganadería extensiva, el cultivo de arroz y la pesca. Las culturas anfibias de La Mojana fueron simbolizadas por el sociólogo Orlando Fals Borda (2002) con la figura del hombre hicotea porque, al igual que la tortuga, este se mueve entre la tierra y el agua, aguanta las inclemencias del clima y resiste las durezas de la inequidad social. Allí, en el municipio sucreño de San Marcos, a orillas del río San Jorge, entre 1989 y 2002, el Incora y posteriormente el Incoder parcelaron en común y proindiviso cinco grandes fincas ganaderas: La Gloria, Monosolo, Venecia, La Mancha y Campanito, las cuales fueron distribuidas a familias campesinas sin tierra (67, 28, 40, 35 y 44 familias, respectivamente)16 (figura 1).

El proceso inició cuando en 1980 un grupo de hombres y mujeres campesinos invadió, de manera pacífica y a escondidas, una parte de la finca La Gloria para sembrar arroz. Las invasiones, tomas y recuperaciones de grandes propiedades improductivas habían sido una estrategia de campesinos y aparceros, durante los años sesenta y setenta, para forzar la redistribución de la propiedad. A causa de la concentración de la tierra, la pobreza y las luchas agrarias, que reclamaban “la tierra para el que la trabaja”, Sucre fue seleccionado como el departamento piloto 15 Los intereses y sesgos profesionales, políticos y personales de los directivos y funcionarios del Incora influyeron en el diseño de las políticas de la reforma y en su implementación. Según los entrevistados, el Incora estaba politizado y sus funcionarios representaban un espectro ideológico y político amplio, desde la izquierda más radical hasta los sectores más conservadores, cercanos a los poderes terratenientes regionales.

16 La adjudicación se hizo bajo las leyes agrarias: 135 de 1961, 30 de 1988 y 160 de 1994.

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Los parcelamientos del río San Jorge en La Mojana, Sucre

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de la reforma agraria, con el acompañamiento de la ANUC. En los años ochenta, La Mojana fue un escenario de inseguridad y violencia rural por la presencia de grupos guerrilleros que buscaban controlar este territorio del Caribe17. La actividad extorsiva y el secuestro de hacendados, por parte de estos grupos, favoreció la negociación de las fincas del río San Jorge que se encontraban ociosas, sin cumplir con la función social de la propiedad. La desvalorización de las tierras hizo que los propietarios, en su mayoría élites políticas y ganaderas ausentistas de las zonas altas, optaran por vendérselas al Estado, aprovechando que este financiaba el 70 % del valor del predio, pagadero por el Incora a precios muy favorables. El 30 % restante debía ser cancelado por los aspirantes a la tierra, en su mayoría aparceros, arrendatarios, trabajadores de fincas, cocineras, pescadores, aserradores y mineros de la región.

Figura 1. Localización de las áreas de estudio. Detalle de un parcelamiento indiviso

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Fuente: elaboración propia. Mapa diseñado por Maudi Medina, a partir de la base cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC (2020).

17 La Mojana es un corredor estratégico disputado por distintos actores ilegales para el transporte de drogas y armas entre el interior del país y el mar Caribe. Las guerrillas (FARC, ELN y EPL), que recorrieron la zona en los años 1980 y 1990, fueron repelidas por el ejército y grupos paramilitares, algunos de ellos financiados por grandes ganaderos. Varios jefes paramilitares de la zona pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se desmovilizaron a mediados de 2000, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Actualmente el territorio es disputado por grupos narcotraficantes. Pues el complejo cenagoso ofrece ventajas para movilizarse por el agua y evadir los controles. La violencia y el desplazamiento se han concentrado en ciertas zonas de esta vasta región.

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18 Ley Ordinaria 30/1988, de 18 de marzo, por la cual se modifican y adicionan las Leyes 135 de 1961, 1a de 1968 y 4a de 1973 y se otorgan unas facultades al presidente de la República. (Diario Oficial n.° 38264 de 22 de marzo de 1988). https://www.redjurista.com/Documents/ley_30_de_1988_congreso_de_la_republica.aspx#/

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Las negociaciones de las fincas se dieron de manera pacífica e incluso hubo propietarios que instaron a sus trabajadores a inscribirse ante el Incora para solicitar un predio. Al decir de un antiguo funcionario de esta entidad, “los terratenientes se sentían padres de la patria haciendo reforma agraria”. La normatividad exigía a los aspirantes ser familias con hijos o al menos parejas, no poseer tierras y no tener antecedentes judiciales, problemas con la justicia ni vínculos con el conflicto armado. Si su solicitud era aprobada, recibían una resolución del Incora que los acreditaba como propietarios de una parcela familiar no especificada dentro de un predio común.

Este documento debía protocolizarse en una notaría e inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para su formalización. Una vez adjudicadas, las parcelas debían explotarse de manera adecuada sin fraccionarse, enajenarse o arrendarse durante los siguientes quince años, tiempo en el cual la comunidad campesina lograría la estabilidad social y económica. Tales medidas pretendían proteger el patrimonio campesino, prevenir la migración urbana y evitar la reconcentración de la tierra, en un contexto en el que la adjudicación era vista por algunos como un “regalo” del Estado, y, por lo tanto, susceptible de venta. En efecto, a lo largo de los quince años, esto sucedió con beneficiarios que no estuvieron de acuerdo con las exigencias del Incora ni con el esquema indiviso, que tuvieron problemas económicos, migraron o vieron en la enajenación una oportunidad para generar ingresos.

Una vez adquiridas las fincas, el Incora delimitó las parcelas familiares dentro del globo común, no sin numerosas discusiones y negociaciones internas sobre la asignación y ubicación de cada predio; en ocasiones recurrió al sorteo para facilitar y agilizar el proceso. El tamaño de las parcelas osciló entre 16 y 22 hectáreas, casi la mitad de la UAF regional —entre 31 y 41 hectáreas—, pero suficiente para desarrollar una economía diversificada de ganadería, cultivo comercial de arroz y “pancoger”, es decir, un conjunto de productos básicos para la alimentación campesina. En algunos casos, quienes quedaron con predios cerca al río o a la vía principal, redujeron el tamaño de sus parcelas y compensaron a los que no tuvieron estas ventajas. En áreas donde la presencia de zapales (bosques inundables), monte profuso o ciénagas impedía el deslinde de predios vecinos, las familias optaron por dejarlas “en comunidad” para utilizarlas colectivamente. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 30 de 198818, que reconoció el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra y su trabajo en las explotaciones familiares, la adjudicación se hizo a nombre de la pareja, con lo cual se les protegió a ellas y a sus hijos. Este fue un logro importante en las luchas de las campesinas frente a las históricas brechas de género en materia de herencia y propiedad de la tierra (Deere y León 2000; Meertens 2006).

El conjunto de prácticas y normas de acceso, distribución y regulación de la tierra y los recursos que los parceleros desarrollaron en los indivisos fue determinante en la apropiación física, social y afectiva de las parcelas, así como en la

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construcción de una territorialidad campesina19. Las acciones de dominio sobre la propiedad se iniciaron con el trabajo productivo: tumbar el monte, parar los ranchos de vivienda y los cultivos de pancoger, sembrar árboles en los linderos y pastos para arrendar a los ganaderos ricos o establecer compañías para la cría de animales. Con el trabajo invertido y la diversificación productiva, los predios se valorizaron y se afianzó la función social de la propiedad.

A la apropiación física de la tierra se sumó su regulación, mediante la adopción de la normatividad del Incora y el establecimiento de acuerdos internos, basados en pautas morales y valores culturales locales, que facilitaron el desarrollo de relaciones sociales más fluidas entre quienes compartían un predio, sin tener vínculos personales o comunitarios previos. El principio rector fue el respeto por la propiedad familiar (incluidos la tierra, los cultivos, animales, árboles y bienes personales, entre otros). Robar, dañar, traspasar los límites de la propiedad o adquirir un crédito, poniendo como prenda el indiviso, comportaban sanción social y económica. Cercar los predios, mantener a los cerdos amarrados para evitar daños en los cultivos vecinos y abrir guardafuegos entre los deslindes fueron mecanismos de protección de los bienes ajenos. El intercambio de bienes y servicios y el trabajo mancomunado “a pulmón” en obras comunitarias (vías, terraplenes, acueductos, pozos), dentro y fuera del indiviso, también hicieron parte de la ley del buen vecino que afianzó el sentido de lugar y pertenencia (Feld y Basso 1996) de los parceleros. Es de señalar que, en este escenario caribeño de rica tradición oral, el uso de la palabra, el buen humor de la gente, el chisme y el chiste, como mecanismos de control social, y la mediación de los líderes locales y de la ANUC —que acompañaron el proceso adjudicatario—, jugaron un papel importante en el manejo de las diferencias y los conflictos sin violencia.

Una práctica importante en los parcelamientos fue el respeto por los pasos de las personas y el ganado hacia las fuentes de agua aledañas, en concordancia con las prácticas históricas que conforman el derecho consuetudinario al uso libre y común de ciénagas, playones, zapales y orillas del río. Estos bienes públicos han sido un soporte material fundamental para la dieta y la economía agropescadora de la región. La dinámica ecológica estacional de inundación y sequía en La Mojana ha incidido en los patrones de uso y aprovechamiento de tierras y aguas: durante las lluvias, las aguas altas inundan las ciénagas, aumenta la pesca y el ganado se traslada a zonas altas y secas. En el verano, las aguas se retiran y emergen los “abonados de ciénaga”, tierras fértiles donde nacen pastos naturales para el ganado y el cultivo de productos de ciclo corto. En contraste con la histórica privatización de facto de tierras y humedales, por parte de hacendados ganaderos (Camacho 2015; Fals Borda 2002), 19 En este caso entendemos por territorialidad campesina las prácticas de apropiación material, dominio y significación cultural del espacio parcelario por parte de los adjudicatarios. Esto se ha dado en un proceso social en el que construyeron una identidad y un sentido de pertenencia individual y comunitario como campesinos propietarios, frente al Estado y en contraposición a los grandes terratenientes y a los aparceros sin tierra.

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los parceleros mantuvieron su adscripción a una larga historia de economía moral local, al respetar los usos y costumbres que han marcado la vida de la comunidad.

Esta tradición está sustentada en la solidaridad para la subsistencia y en valores culturales como la generosidad, el servicio y la confianza, marcando así una diferencia con las actitudes excluyentes y restrictivas de algunos terratenientes.

El uso simultáneo de leyes oficiales y acuerdos locales de uso y regulación de la propiedad familiar, colectiva y pública configuró lo que Torres-Mazuera (2016) denomina un agregado normativo. Este concepto, que la autora describe como la superposición de leyes, principios ideológicos y culturales, y prácticas sociales en tensión y cambio, es útil para entender la forma como los parceleros de La Mojana establecieron arreglos de propiedad y construyeron una territorialidad, a partir de necesidades e intereses de corto y mediano plazo, de negociaciones cotidianas y según sus propias interpretaciones de la ley, los usos y la costumbre.

La estructura jurídica, institucional y normativa de la reforma —y del común y proindiviso— proporcionó al Estado herramientas de gobierno y de control poblacional y territorial. Algunas de ellas fueron los reglamentos para el acceso y uso de la tierra y los recursos; el pago de la deuda por la tierra, mediante créditos con la Caja Agraria; la tributación y la nueva condición de usuarios de los servicios del Estado y del proyecto de modernización que buscaba integrarlos al mercado como propietarios. El proyecto colectivo también hizo parte de una estrategia de mejoramiento sociocultural (Li 2007) tendiente a regular comportamientos, prácticas y aspiraciones del sujeto y la familia campesina, en el esperado tránsito desde el aislamiento, el atraso, la ignorancia y el individualismo —elementos dominantes en la representación de esta población— hacia la integración, la empresarización y la eficiencia. Esta agenda de transformación cultural fomentaba una mentalidad y una disposición orientadas al trabajo en comunidad, que redundara en cambios económicos, sociales y políticos positivos (Bosco 1972).

Sin embargo, como señaló una exfuncionaria del Incora, la colectivización de la tierra y del trabajo no era parte de la experiencia campesina y “la asociatividad es una cosa muy compleja como para hacerse por decreto de la noche a la mañana” (E. P., exfuncionaria del Incora, entrevista con las autoras, julio de 2019). En La Mojana, a esto se sumó la limitada presencia e inversión del Estado y la inoperancia administrativa del Incora en trámites que tuvieron errores, retrasos y costos adicionales. En efecto, la acción estatal fue más un reparto de tierras que una reforma agraria, en tanto no se acompañó de una provisión efectiva de bienes o servicios públicos, ni de una empresa o proyecto productivo comunitario vinculado a una estrategia de desarrollo económico y social para la transformación de las condiciones de inequidad y marginalidad que han caracterizado a esta región.

Ahora bien, las mujeres y hombres entrevistados en las parcelas coinciden en que, a pesar de los duros trabajos que pasaron para establecer las viviendas, los cultivos y las obras comunitarias, así como de los desafíos propios de la convivencia y la administración de una propiedad indivisa, la adjudicación fue una “bendición”. En

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contextos materiales y culturales donde la tierra era la principal fuente de riqueza, estatus social y poder económico y político, ser propietarios significaba para los campesinos acceder a un recurso productivo, asegurar una parte de su abastecimiento y tener un lugar donde arraigarse. Tener tierra propia les proporcionó una base material para su autonomía, subsistencia, empleo, ingresos y distintas formas de acumulación en ganado, infraestructura, bienes y en la educación de los hijos. La satisfacción de tener tierra la resumió un campesino de esta manera: “antes de tener tierra trabajaba sembrando en lo ajeno. Ahora estoy en una sola parte y tengo mi cayo de chopo [sembrado de plátano, alimento central de la dieta local]. Me siento orgulloso por tener un pedazo de tierra” (M. S., parcelero de San Marcos, entrevista con una de las autoras, agosto de 2017).

A partir del reparto agrario, los campesinos, muchos de los cuales no tenían experiencia previa de propiedad de la tierra, construyeron nuevas identidades y subjetividades como propietarios o de acuerdo con el énfasis productivo de la finca — ganaderos, arroceros—. Un motivo de satisfacción que reiteran, es que resignificaron y revalorizaron la noción de parcelero que había estado asociada con “la mala gente del monte”, es decir, los guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes, a quienes los campesinos rechazaron por no compartir su proyecto de vida ni sus métodos violentos. Forjar una identidad como una comunidad de gente honesta, trabajadora y pacífica les ofreció protección frente a los poderosos, acostumbrados a ejercer su dominio a través de la propiedad o las armas. Asimismo, proyectó una imagen de los parceleros como comunidad organizada, que en ocasiones les sirvió para respaldar sus demandas por servicios públicos ante las autoridades locales.

La propiedad y los títulos representan una de las principales promesas de la reforma agraria y del poder del Estado (Sikor y Müller 2009; Sikor et al. 2017). En el régimen parcelario, el título definitivo se podía obtener al cumplir quince años de la adjudicación. Al formalizarse jurídicamente en la notaría y la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, las parcelas entraban formalmente al mercado de tierras, pues, a diferencia de los resguardos indígenas y las tierras colectivas de comunidades negras, los indivisos para campesinos no eran inalienables, inembargables ni imprescriptibles. En ese momento, los parceleros podían iniciar el proceso de disolución del predio común, pues la ley contemplaba la posible individualización de la dotación colectiva (Oliart 1969).

En La Mojana, los quince años de restricción para vender las parcelas se cumplieron entre 2004 y 2017, dependiendo de la fecha de adjudicación de cada finca.

Sin embargo, la individualización nunca se llevó a cabo por varias razones. No solo los trámites administrativos y jurídicos eran engorrosos y costosos, sino que varias décadas después, hay quienes aún no tienen un título debidamente formalizado por los múltiples requisitos para poder reclamarlo y a la ineficiencia estatal: errores en las resoluciones y títulos, demoras en los trámites, decisiones contradictorias con respecto al estatus de la adjudicación, pérdida de documentos y fallecimiento de los adjudicatarios iniciales. Además, la disolución del indiviso dependía de que todos

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Las anomalías y variaciones del esquema colectivo basado en el común y proindiviso En su análisis del ejido mexicano, Torres-Mazuera propone la existencia de una común anomalía para referirse a la distancia entre el modelo abstracto de la ley, el proceso de dotación agraria y las maneras como los ejidatarios ejercen y demandan derechos sobre la tierra, de acuerdo con sus nociones de propiedad. Esta distancia no solo influye en la efectividad del ejido, sino que se constituye en un reto analítico para entender sus lógicas de funcionamiento (2016). Lo propio sucede con el común y proindiviso, figura que actualmente se sigue utilizando en Colombia como forma de adjudicación en el régimen parcelario. Esta figura también presenta brechas entre el diseño conceptual y jurídico de la política, —atribuibles a los cambios en la normatividad agraria—, los momentos históricos de su aplicación y la heterogeneidad geográfica y social de los contextos de adjudicación. En esta sección señalamos algunas divergencias entre las premisas teóricas de la dotación indivisa y la materialización de la propiedad campesina.

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los copropietarios hubieran saldado las deudas con el Estado y cumplieran con la totalidad de las prescripciones legales, lo cual rara vez ha ocurrido. Al respecto, en las cinco fincas parceladas hubo transacciones de tierras antes del plazo estipulado por la ley, fraccionamiento de predios, acumulación de más de dos UAF e incumplimientos en el pago de las deudas, entre otras acciones que iban en contravía de la normatividad estatal y se constituían en impedimentos para la individualización de todos los copropietarios. Lo anterior refleja la distancia entre los diseños teóricos y los modos burocráticos “de arriba hacia abajo” de las reformas agrarias impulsadas por el Estado, y los diversos significados de la tierra, la propiedad y los contextos sociales donde se han aplicado (Sikor y Müller 2009).

La coexistencia de distintos tipos y arreglos de propiedad —individual, familiar, colectiva— evidencia un panorama variado y complejo. En estas circunstancias contrastantes, el común y proindiviso terminó constituyendo para muchos parceleros una forma aceptable y ventajosa de dominio. A la apropiación de esta figura contribuyó la existencia y el aprovechamiento colectivo de diversos bienes comunes, que configuraron un modo de vida en el cual los campesinos no siempre se orientan por una lógica individualista y privatizadora. Por esto, algunos optaron por no fraccionar ni vender la propiedad hasta hoy. En este sentido, podría decirse que la experiencia de los parcelamientos del río San Jorge desafía las narrativas dominantes sobre el individualismo agrario, que lo presentan como una característica intrínseca del sujeto campesino, a partir de la generalización de un modelo simplificado de minifundio andino. No obstante, esto requiere ser matizado a la luz de un elemento clave: en los parcelamientos estudiados las cuotas parte fueron claramente asignadas y delimitadas desde el inicio de la adjudicación. Tener claridad sobre lo propio y lo ajeno permitió afianzar el dominio familiar, ejercer el derecho a la propiedad, construir una territorialidad y un sentido de lugar individual y colectivo a la vez.

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Uno de los primeros aspectos a destacar es que el Incora y el Incoder han entregado las propiedades en común y proindiviso en condiciones disímiles. Es decir, no siempre han determinado con claridad la ubicación física de la parcela ni la han delimitado dentro del predio global o en la resolución de adjudicación. Esta indefinición ha obligado a los campesinos a negociar, subdividir y distribuir las parcelas en terrenos geográficamente heterogéneos y desiguales, y a contratar topógrafos para delimitar las cuotas parte que les corresponden. Tales procesos no han estado exentos de tensiones y conflictos, a veces violentos. Al dejar esta labor en manos de la propia gente, el Estado ha evadido su responsabilidad de asegurar los derechos de propiedad individual. Esto no solo ha redundado en la inseguridad jurídica de la parcela, sino que ha impedido la eventual individualización y ha llevado a que algunos campesinos abandonen la tierra, pierdan los derechos adquiridos y la inversión, y no puedan heredar la propiedad a sus hijos.

Tan importante como lo anterior es que el Estado, en cabeza del Incora y del Incoder, tampoco ha cumplido con la norma de adjudicar cuotas parte iguales o superiores a la UAF. A pesar de que una evaluación de la reforma (IICA, OEA e Incora 1977 en Berry 2002) concluyó que el tamaño de la UAF era insuficiente, los indivisos incluyeron más familias en menos tierra, especialmente, en regiones como el Caribe donde predominaba el latifundio ganadero y había una población numerosa de aparceros. El esquema colectivo ofreció al Estado una salida al problema de la tierra, al incrementar el número de beneficiarios dentro de la frontera agrícola y contener las críticas por los incumplimientos redistributivos de la reforma. Pero lo que fue una ventaja para el Estado, probó ser un problema para los campesinos y ha impedido la realización de procesos divisorios, al ser ilegal fraccionar la tierra por debajo de la UAF. Las pretensiones de que el esquema indiviso no solo colectivizara la propiedad sino también la producción, el crédito y el riesgo, en aras de una mayor eficiencia productiva y un bienestar social que redundaran en mayores ingresos para los parceleros, no produjeron los resultados esperados. En primer lugar, las tierras adjudicadas en común y proindiviso no siempre estuvieron vinculadas a una empresa comunitaria o a una iniciativa productiva. En esos casos, que analizamos en La Mojana, los adjudicatarios se vieron obligados a desarrollar su proyecto económico sin apoyo estatal y sin capital inicial, y a diseñar estrategias para pagar el 30 % del valor del predio que no cubría el Estado. En los casos en los que sí hubo una empresa comunitaria o proyecto productivo el fracaso fue un común denominador20.

Entre las causas del fracaso se ha responsabilizado al Estado por la insuficiente financiación y provisión de bienes públicos y servicios técnicos; el excesivo control y paternalismo del Incora; el desconocimiento de las condiciones agroecológicas de las regiones a intervenir y de los cultivos a promover, así como por falencias en la 20 Ortega refiere que en 1976 había 1 349 empresas comunitarias legalmente constituidas, las cuales abarcaban 278 600 hectáreas y beneficiaban a 14 093 familias. Para 1985, quedaban 629 en 107 463 hectáreas, que beneficiaban a 3 634 familias (1990, 113). Las empresas mixtas, con espacios de trabajo asociativos y familiares, fueron más realistas y estables.

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21 Según algunos entrevistados, los intentos de partidos políticos de izquierda y grupos insurgentes por apropiarse de la ANUC y los procesos organizativos existentes también contribuyeron a fracturar las incipientes formas colectivas, al insistir en la liquidación e individualización de las empresas.

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planificación, administración y contabilidad de las empresas y proyectos productivos (Giraldo 1982; Liboreiro, Balcázar y Castellanos 1977; Perry 1985). La mala calidad y la baja cantidad de la tierra adjudicada, así como la morosidad de los créditos colectivos, hicieron que algunos socios abandonaran la empresa y los predios, constituyéndose en desplazados crediticios21. La convivencia comunitaria también fue un desafío, debido al oportunismo e individualismo de algunos socios, quienes no trabajaban con la misma intensidad y compromiso (Berry 2002; Ortega 1990). Colectivizar la producción, el crédito y el riesgo era un reto, pues, aunque este esquema se inspiró en prácticas asociativas tradicionales como la mano cambiada y el convite, estas se regían tanto por acuerdos sociales como por principios morales y relaciones de parentesco y amistad, por lógicas empresariales.

La estricta normatividad del Incora no logró impedir que la gente fraccionara o enajenara su parcela o las mejoras, antes del tiempo estipulado, mediante compraventas, promesas o documentos privados legalizados en notaría. Estas transacciones son parte de un conjunto de prácticas de propiedad informales y consuetudinarias sin soporte jurídico, pero con legitimidad cultural y moral que, desde la perspectiva campesina, tiene estatus de legalidad. Sin embargo, si bien son menos costosas y complejas que los trámites jurídicos formales, dejan a los compradores en calidad de poseedores, por lo que no pueden protocolizar el acto jurídico que les transfiera el derecho de dominio. La venta de parcelas con títulos precarios, o del mismo predio varias veces, ha sido una fuente de conflictos sociales y, sobre todo, ha agudizado la informalidad de la propiedad. Como se ha señalado reiteradamente, la informalidad limita el acceso a la inversión y al crédito públicos; facilita el despojo y la reconcentración de la tierra y restringe la restitución estatal de predios a las víctimas del conflicto (Helo e Ibáñez 2008, Usaid 2018).

La manera como los beneficiarios han apropiado la tierra adjudicada en el esquema indiviso presenta variaciones importantes. Mientras unos siguen aspirando a individualizar los predios, otros optan por mantener la tierra indivisa, para poder fraccionar y lotear el predio por debajo de la UAF, sin que ello sea visible para el Estado. Hay quienes, incluso, han preferido mantenerse como poseedores para evitar el pago de impuestos, aun sabiendo que esto acarrea incertidumbres jurídicas.

La inseguridad jurídica, entonces, también se debe a la “inacción” de los beneficiarios frente a la institucionalidad, a la falta de gestión de los trámites burocráticos y al incumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por último, es importante mencionar que los logros y limitaciones del esquema colectivo han estado modulados tanto por la heterogeneidad poblacional, ambiental, política y cultural regional, como por las actuaciones de los funcionarios nacionales y técnicos locales, encargados de cumplir con metas de ejecución bajo múltiples presiones políticas. Además, la legislación agraria y el régimen parcelario han

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sufrido modificaciones en el tiempo, según los lineamientos políticos de los gobiernos de turno, las transformaciones rurales y las contingencias sociales del país. En este sentido, no hay un único modelo de adjudicación parcelaria ni un prototipo de propiedad indivisa.

Conclusiones

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En este trabajo exploramos una dimensión poco estudiada de la reforma agraria en Colombia: el esquema colectivo del régimen parcelario basado en la propiedad indivisa.

Señalamos que los problemas de los indivisos se derivaron en parte de los criterios que orientaron esta forma de adjudicación, ya que esta fue más una estrategia para reducir costos y evitar conflictos con los grandes propietarios que una política de redistribución agraria. Al aumentar el número de beneficiarios dentro de la frontera agrícola sin incrementar proporcionalmente la tierra adjudicada, el Estado, además de mejorar sus indicadores de ejecución, respondió a las críticas por fomentar la colonización de baldíos, en vez de desconcentrar los factores productivos.

A partir de la experiencia de cinco fincas adjudicadas en común y proindiviso, en San Marcos (Sucre), destacamos dos aspectos notables de esta novedad normativa, relacionados con la gestión colectiva de la propiedad campesina en un contexto de individualismo agrario. El primero es que la norma establece formas de acceso y regulación de la tierra, a partir de las cuales la gente hace una apropiación física y social de las parcelas, y construye una territorialidad articulada al contexto ambiental y a los arreglos para gestionar colectivamente la propiedad y la convivencia. El segundo, que las prácticas diversas de propiedad cuestionan parcialmente la representación de los campesinos como sujetos individualistas, pero a la vez muestran las limitaciones del esquema indiviso en la concreción y formalización del dominio individual al que aspiran los beneficiarios. Si bien este ha ofrecido alguna protección a campesinos en escenarios de concentración y presión por la tierra, la seguridad jurídica que prometió la norma no siempre se concretó.

La adjudicación de tierras en común y proindiviso —por parte del Incora y del Incoder— se ha mantenido hasta el presente, aunque no es la forma predominante de reparto a campesinos. A pesar de ser una figura altamente problemática para garantizar el bienestar de los beneficiarios y su derecho a la propiedad, el Estado la ha seguido utilizado en procesos de reforma agraria, incluso en el contexto neoliberal que reemplaza el carácter redistributivo por el acceso a la tierra a través del mercado (Ley 160 de 1994)22 (Procuraduría General de la Nación 2015; Tadlaoui 2012). En un reciente informe sobre la institucionalidad agraria y las irregularidades en la gestión de la política rural y de tierras, la Procuraduría General de la Nación (2015) identificó numerosos problemas no resueltos, de orden jurídico, 22 Ley Ordinaria 160/1994, de 3 de agosto, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. (Diario Oficial n.° 41479 de 5 de agosto de 1994). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66789

Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia Juana Camacho Segura y Natalia Robledo Escobar

23 Un trabajo reciente que analiza los resultados de procesos de adjudicación en común y proindiviso, identifica problemas similares (Tadlaoui 2012).

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económico, productivo, ambiental y social, asociados con el común y proindiviso en la propiedad parcelaria. El análisis destaca los conflictos entre los beneficiarios que rechazan esta figura y ven frustrado su deseo de tener una propiedad individual. Un ejemplo del fracaso del esquema colectivo es el caso de una parcelación en San Martín (Meta), en donde el Incoder ubicó a campesinos, población desplazada y desmovilizados del conflicto armado en condición de pobreza, sin suficiente tierra ni un proyecto productivo. En esta situación de posible revictimización, los adjudicatarios no cuentan con una alternativa jurídica clara para la definición de su propiedad (Procuraduría General de la Nación 2015, 97). La entidad de control insta a la institucionalidad a tomar medidas para individualizar y formalizar los indivisos.

Como resultado de lo anterior, el Programa de Tierras y Desarrollo Rural (PTDR), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), diseñó una metodología de formalización e individualización de este tipo de predios, para ser replicada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “en predios de similar condición” (Usaid 2018, 1). Para ello, se basó en la experiencia de siete parcelaciones del municipio de Fuentedeoro (Meta), adjudicadas en común y proindiviso entre 1996 y 2000. La metodología destaca que esta figura ha generado situaciones anómalas que han afectado la convivencia y la explotación económica de las parcelas23, así como dinámicas de informalidad que han impedido a los beneficiarios sentirse dueños del predio, dada la incertidumbre jurídica frente a lo que les corresponde. Asimismo, con respecto a los costos económicos, jurídicos, técnicos, administrativos y sociales del proceso divisorio, resalta que se debe buscar la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), que faciliten y agilicen las rutas notariales y jurídicas.

Las dificultades para individualizar y formalizar los predios indivisos son sin duda un aspecto importante a considerar en las discusiones sobre la pertinencia o no de mantener la figura. En este trabajo hemos querido aportar a la discusión de un tema poco abordado en la literatura sobre la reforma agraria y los estudios campesinos, desde una óptica etnográfica que explora las prácticas de propiedad y los procesos de apropiación y gestión de las tierras y aguas rurales. Nuestro llamado es a continuar profundizando en la experiencia de adjudicación en común y proindiviso, para comprender las posibilidades reales del dominio colectivo campesina y del régimen parcelario, desde una aproximación al carácter diverso y cambiante de la propiedad.

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¿Indígena campesino o indígena urbano? Aproximaciones desde los procesos de movilidad mapuche en la ciudad intermedia de Temuco (Chile)* Gonzalo Salazar** Centro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Wladimir Riquelme Maulén*** Centro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Paulina Zúñiga Becerra**** Centro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.03 Cómo citar este artículo: Salazar, Gonzalo, Wladimir Riquelme Maulén y Paulina Zúñiga Becerra.

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Este artículo es parte de los resultados de la investigación apoyada por el proyecto ANID/Fondecyt Regular n.º 1181575 “Interculturalidad y Ciudades Intermedias”, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) ANID/Fondap n.º 15110006 y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) ANID/Fondap n.º 15110020. Agradecemos a los pares evaluadores de esta revista por sus valiosas contribuciones.

** PhD de la University of Dundee, Escocia. Director del Centro UC de Desarrollo Local (Cedel UC) y profesor asociado del Campus Villarrica e Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus últimas publicaciones están: (en coautoría con Nicolás Cerna) “Sustainability and the Future of the Commons. An Epistemological Examination”. En Global Changes. Ethics of Science and Technology Assessment 46, editado por Luca Varela y Juan Carlos Castilla, (Cham: Springer, 2020): 111-120, https://doi.org/10.1007/978-3-030-29443-4_10; (en coautoría con Felipe Irarrázaval y Martín Fonck) “Paisajes en movimiento: sentido de lugar y prácticas interculturales en las ciudades de la región de La Arauncanía, Chile”. Chungara. Revista de Antropología Chilena 49, n.º 2 (2017): 251-264, http://dx.doi.org/10.4067/S071773562017005000006 * gonzalosalazar@uc.cl *** Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Antropólogo de la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Asistente de investigación en el Centro UC Desarrollo Local y becario doctoral de ANID, Programa Beca de Doctorado Nacional Año 2020/ n.º 21202417 sobre Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de Los Lagos, Chile. Entre sus últimas publicaciones están: (en coautoría con Debbie Guerra y Juan Carlos Skewes) “¿Qué es un lago? El lago Maihue y los otros modos de vivir los paisajes lacustres en el sur de Chile”. Revista Estudios Avanzados 31 (2019): 21-41, http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/ideas/article/view/4273; (en coautoría con Francisco Araos, Juan Carlos Skewes, Ana Vianna, Ricardo Álvarez, Francisco Ther, Allan Yu Iwama, Sarita Albagli, Aderval Costa y Emmanuel Duarte) “La vida después de la devastación: lo común de la tragedia en territorios sociobiodiversos de Chile y Brasil”. Revista Antropologías del Sur 6, n.º 12 (2019): 87-106, http://revistas.academia.cl/index.php/rantros/article/view/1120 * wladiriquelme@gmail.com **** Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente y Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus últimas publicaciones están: (en coautoría con Christian Matus Madrid y Leonel Pérez) “Patrimonialización de sitios industriales textiles: más de una década de puesta en valor por las comunidades de Tomé”, Revista Sophia Austral 23 (2019): 235-256, https://dx.doi.org/10.4067/S0719-56052019000100235; (en coautoría con Bastien Sepúlveda) “Geografías indígenas urbanas: el caso mapuche en La Pintana, Santiago de Chile”. Revista de geografía Norte Grande 62 (2015): 127-149, https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022015000300008 * pbzuniga@uc.cl

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Resumen: este artículo tiene como objetivo examinar aspectos relevantes del “ser indígena campesino en la ciudad” mediante procesos de movilidad. Específicamente, se ocupa de prácticas y significados de movilidad mapuche, que ponen en conexión a la ciudad de Temuco y sus localidades circundantes Maquehue y Labranza (región de La Araucanía, Chile), ambas con alta presencia de comunidades indígenas. Identificamos que la dicotomía entre ser indígena campesino y ser indígena urbano requiere un descentramiento teórico que contextualice los espacios en que habita y se mueve la población indígena. Investigamos los procesos de movilidad mapuche por medio de la integración entre instrumentos etnográficos —observación etnográfica y entrevistas en profundidad— y métodos móviles. Registramos los flujos de personas en el transporte público del sistema urbano-territorial de Temuco y realizamos la técnica del sombreo con personas mapuche durante su movilidad cotidiana. Esta integración, que definimos como etnografía en movilidad, se sostiene por medio de la articulación interdisciplinar entre antropología y geografía, y nos permite adentrarnos en los procesos de movilidad mapuche campesina en conexión con la ciudad. Como resultado de esto, surgen tres aproximaciones a partir de las cuales sostenemos los resultados: espacialidades, temporalidades e identidades. Concluimos que el análisis de los procesos de movilidad permite comprender el significado de ser indígena campesino en la ciudad, al trascender las dicotomías entre lo rural y lo urbano que han imperado en los estudios indígenas. El artículo profundiza en las dinámicas de lo indígena campesino, desde los procesos de movilidad, e innova metodológicamente al articular datos etnográficos y socioespaciales que hacen posible superar la imperante visión estática y dualista con la que se ha estudiado a las poblaciones indígenas en proceso de urbanización.

Palabras clave: Chile, ciudad intermedia, mapuche, movilidad, urbanismo indígena.

Peasant or Urban Indigenous? Approaches based on Mapuche Mobility Processes in the Intermediate City of Temuco (Chile) Abstract: The article aims to examine relevant aspects of “being an indigenous peasant in the city” through mobility processes. It attends practices and meanings of Mapuche mobility that connect the city of Temuco and its surrounding towns of Maquehue and Labranza (La Araucanía Region, Chile), both with a substantial number of indigenous communities. We identify that the dichotomy between being an indigenous peasant and an indigenous city dweller requires a theoretical turn that contextualizes the spaces in which the indigenous population lives and moves. The present work examines the processes of Mapuche mobility by integrating ethnographic instruments (ethnographic observation and in-depth interviews) and mobile methods. We record the passenger flows on public transport in the urban-territorial system in Temuco and apply the shading technique to the Mapuche during their daily movements.

This combined methodology, defined as an ethnography on the move, is sustained by an interdisciplinary articulation between anthropology and geography that

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illustrates the processes of peasant Mapuche mobility in connection with the city. Three approaches arise to support the results: spatialities, temporalities, and identities. Mobility processes make it possible to understand the meaning of being an indigenous peasant in the city, thereby transcending the urban-rural dichotomy that has prevailed in indigenous studies. The article focuses on the socio-spatial dynamics of the indigenous peasant through mobility processes via an innovative methodology that articulates ethnographic and socio-spatial data that can transcend the prevailing static and dualistic lens through which indigenous populations have been studied.

Keywords: Chile, indigenous urbanism, intermediate city, Mapuche, mobility.

Indígena camponês ou indígena urbano? Aproximações a partir dos processos de mobilidade mapuche na cidade intermediária de Temuco (Chile)

Palavras-chave: cidade intermediária, Chile, mapuche, mobilidade, urbanismo indígena.

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Resumo: este artigo tem o objetivo de examinar aspectos relevantes de “ser camponês indígena na cidade” por meio de processos de mobilidade.

Especificamente, são abordados significados e práticas de mobilidade mapuche que conectam a cidade de Temuco e as cidades vizinhas de Maquehue e Labranza (região de La Araucanía, Chile), ambas com alta presença de comunidades indígenas. Identificamos que a dicotomia entre ser indígena rural e indígena urbano requer uma descentralização teórica que contextualiza os espaços em que essa população vive e se move. Investigamos os processos de mobilidade mapuche mediante a integração de instrumentos etnográficos (observação etnográfica e entrevistas em profundidade) com métodos móveis. Registramos os fluxos de pessoas no transporte público do sistema urbano-territorial de Temuco e realizamos a técnica de sombreamento com os mapuche em sua mobilidade diária. Essa integração foi definida como “etnografia na mobilidade” e está apoiada na articulação interdisciplinar (da Antropologia e da Geografia), além de permitir aprofundar nos processos de mobilidade camponesa mapuche em conexão com a cidade. Com isso, emergem-se três aproximações que fundamentam os resultados: espacialidades, temporalidades e identidades.

Concluímos que os processos de mobilidade nos possibilitam entender o significado de ser um indígena camponês na cidade, para que nossa análise transcenda as dicotomias entre rural e urbano que prevaleceram nos estudos indígenas. O artigo aprofunda na dinâmica do camponês indígena a partir dos processos de mobilidade e inova metodologicamente ao articular dados etnográficos e socioespaciais que nos levam a transcender a visão estática e dualística predominante com a qual as populações indígenas foram estudadas no processo de urbanização.

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A nosotros igual nos gusta la ciudad.

Nos gusta ir, no vivir, que no es lo mismo.

Nuestra vivencia y todo lo nuestro está arraigado en nuestra comunidad campesina…

(I. M., Kimche de Rengalil, entrevista con los autores, julio de 2019)

M 56

aría vive en la ciudad y se dedica al resguardo de la vida de campo.

Eva vive en el campo y viaja diariamente a la ciudad mientras su hijo se educa en una escuela urbana. María y Eva son representantes de una generación mapuche cuyas movilidades cotidianas en la ciudad de Temuco (región de La Araucanía, Chile) obligan a trascender las dicotomías a partir de las cuales se han comprendido las nociones de ciudad y campo en general, y de indígena campesino o indígena urbano en particular, especialmente, en el contexto latinoamericano. Esta comprensión, problematizada en La ciudad invade al ejido de Jorge Durand (1983), ha sido parte de las dinámicas de urbanización que han caracterizado a las ciudades latinoamericanas desde la segunda mitad del siglo XX. A partir de trabajos etnográficos realizados entre 2018 y 2019, en las localidades de Maquehue y Labranza, aledañas a la ciudad de Temuco (figura 1), pretendemos aproximarnos al “ímpetu de ser indígena y campesino en la ciudad” que refieren nuestros interlocutores, a través de los procesos de movilidad mapuche. Lo anterior permite ampliar la discusión sobre la relación entre ciudad y campo o, más bien, entre ser indígena campesino o indígena urbano, trascender dichas categorías como fenómenos dicotómicos y comprenderlas, por el contrario, como dinámicas móviles que requieren ser analizadas en profundidad en el contexto latinoamericano contemporáneo.

Para esto, es importante reconocer primero que la presencia indígena en sistemas urbanos latinoamericanos es un fenómeno creciente, que se ha visto intensificado por las dinámicas de migración del campo a la ciudad desde la segunda mitad del siglo XX. Según datos del Banco Mundial (2015), el 49 % de la población indígena en Latinoamérica habita en ciudades. La cifra aumenta en Chile, llegando al 75 % de población que se reconoce como indígena y que habita en áreas urbanas (Casen 2015), siendo el pueblo mapuche el que cuenta con una mayor representación1. Al respecto, existe una amplia literatura especializada que ha abordado la presencia indígena en la ciudad y los procesos de etnificación de espacios urbanos, desde dimensiones demográficas e identitarias (Antileo 2010; Aravena, Gissi y Toledo 2005; Bello 2002; Horbath y Gracia 2018; Vásquez y Prieto 2012). A pesar de estos avances, identificamos importantes vacíos que es necesario examinar para comprender la complejidad espacio-temporal (Massey 2005) de procesos de urbanización indígena.

En primer lugar, en lo que concierne a la categoría de “indígena urbano”, los estudios empíricos realizados en Latinoamérica, y sobre todo en Chile, han estado preponderantemente enfocados en las grandes capitales o en áreas metropolitanas (Antileo 2013; Horbath y Gracia 2018; Thiers 2014), en desmedro de los sistemas 1

Los mapuche representan al 79 % de la población indígena en nivel país (INE 2018).

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urbanos regionales de carácter intermedio, más cercanos a la “matriz cultural” de los grupos indígenas, como es el caso del pueblo mapuche en las ciudades intermedias de la región de La Araucanía. En este contexto, y desde una mirada socio-política, Pairican (2014) da cuenta de los procesos de urbanización como una expresión contemporánea de la colonización del territorio.

En segundo lugar, si bien los estudios mencionados han sido relevantes para entender complejidades asociadas a las dinámicas de migración indígena hacia la ciudad, no han atendido el espacio relacional entre ciudad y campo presente, sobre todo, en las ciudades intermedias. Específicamente, no han profundizado en las dinámicas indígenas asociadas a las ciudades intermedias emplazadas en el territorio ancestral mapuche (Aravena, Gissi y Toledo 2005; Salazar, Fonck e Irarrázaval 2017a).

Esto conlleva un vacío importante, en tanto en este tipo de ciudades existe una interculturalidad urbana-territorial que no se debe, meramente, al fenómeno de migración del campo a la ciudad —que es en sí considerable—, sino también a complejas dinámicas de intermediación entre la ciudad y el territorio circundante, en términos laborales, educativos, de salud y ocio (Bellet y Beltrao 2009; Bolay y Rabinovich 2004; Maturana y Rojas 2015; Salazar, Fonck e Irarrázaval 2017b). Esta situación no solo genera un contexto particular para ser estudiado en sí mismo, sino también nos revela una complejidad mayor para entender la interculturalidad urbana-territorial en Chile y Latinoamérica.

Con excepción de algunos trabajos (Salazar, Fonck e Irarrázaval 2017b; Aravena, Gissi y Toledo 2005; Bello 2002), enfocarse en este tipo de dinámicas de intermediación intercultural en los espacios relacionales entre ciudad y campo es una labor en deuda en los estudios antropológicos y urbano-territoriales a nivel latinoamericano.

En tercer lugar, lo anterior implica la necesidad de trascender la tendencia de la literatura especializada a identificar a la población indígena dentro de categorías dualistas y homogeneizantes como urbano o rural. La experiencia de las “etnografías en movilidad” en Maquehue y Labranza nos obliga a superar estos dualismos. En este artículo argumentaremos que los procesos de movilidad cotidiana no solo ponen en relación lo urbano y lo rural, sino que nos llevan a sobrepasar estas definiciones como escalas y límites fijos (Salazar, Irarrázaval y Fonck 2017a). Asimismo, esto nos hace cuestionar la existencia de una población indígena categorizable dentro de uno de estos dos espacios (Ødegaard 2010).

En ese contexto, postulamos que al focalizarnos en los procesos de movilidad indígena emergen aproximaciones para comprender las configuraciones del ser indígena y campesino en conexión con la ciudad contemporánea. Por medio de la movilidad surgen espacialidades, temporalidades e identidades dinámicas e interdependientes, que son claves para entender las complejidades del ser indígena y campesino.

En las próximas líneas explicaremos el enfoque teórico sobre los procesos de movilidad indígena en el contexto de la ciudad intermedia. Luego, expondremos la metodología de las “etnografías en movilidad”, la cual permite plantear algunos acercamientos para comprender el ser indígena campesino en las ciudades intermedias, en cuanto a espacialidades, temporalidades e identidades. Concluimos que

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la comprensión del ser indígena campesino, en los procesos de urbanización, ha estado sumida en la gran dicotomía espacio y tiempo que buscamos trascender mediante el estudio de la movilidad indígena. Los resultados expuestos invitan a integrar la comprensión y la posibilidad de ser indígena campesino y urbano a la vez por medio de la movilidad.

Descentramientos teóricos sobre la dicotomía del ser indígena campesino o indígena urbano

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La dicotomía entre ser indígena campesino o ser indígena urbano requiere un descentramiento teórico que contextualice el proceso de habitar y que haga visible la diversidad de experiencias y expresiones indígenas (Clifford 2010) que dan forma al espacio dinámica e interescalarmente (Ingold 2002; Howitt 2003). La conceptualización del ser indígena, o más bien, en palabras de Marisol de la Cadena y Orin Starn (2010), la indigeneidad requiere una contextualización en la que los procesos de colonización encuentran su expresión contemporánea en los límites y dicotomías que nublan la comprensión de las movilidades. Dicha contextualización permite identificar esta dicotomía como una categorización y especificidad meramente teórica, no como una realidad o forma en sí misma con límites claros y predefinidos (Brenner y Schmid 2016; Salazar, Irarrázaval y Fonck 2017a). Al mismo tiempo, abre el espacio para examinar prácticas socio-espaciales desde las cuales emerge una complejidad indígena en movimiento, que es de suma importancia en los actuales contextos de urbanización (Brenner y Schmid 2016). De este modo, en este apartado no pretendemos hacer una revisión exhaustiva de las nociones de indígena urbano o campesino indígena —para eso hay una vasta literatura a ser consultada—, sino que buscamos discutir cómo estas nociones son puestas en relación cuando son entendidas desde prácticas en movilidad, en las espacialidades de lo indígena y campesino. Lo anterior queda ilustrado en este trabajo, mediante el estudio de las prácticas socio-espaciales de indígenas en ciudades intermedias, el cual se sustenta en los siguientes aspectos.

Desde una mirada espacial, nuestro estudio se sitúa en la ciudad Temuco y las localidades colindantes de Maquehue y Labranza (figura 1). Junto a la comuna de Padre Las Casas, estas conforman un sistema urbano-territorial de tipo ciudad intermedia, que se caracteriza por la relación funcional con el territorio circundante (Bellet y Beltrao 2009; Bolay y Rabinovich 2004; Maturana 2010; Salazar, Irarrázaval y Fonck 2017b). En esta dinámica, la ciudad y el campo —o más genéricamente su territorio circundante— no solo son interdependientes en cuanto a, por ejemplo, fuerza de trabajo, recursos naturales, espacios habitacionales, entre otras dimensiones, sino que configuran un espacio funcional integrado, producto de las prácticas socio-espaciales que allí acontecen (Berdegué et al. 2011; Canales y Canales 2013; Lufin y Atienza 2015; Mac-Clure y Calvo 2013). De este modo, las investigaciones recientes sobre ciudades intermedias han desplazado la tradicional mirada estática y demográfica, que caracterizó el estudio de este tipo de ciudades (Bellet y Llop 2004),

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hacia una que pone el foco en las prácticas socio-espaciales en —y entre— diversas escalas y espacios (Maturana y Rojas 2015; Salazar, Fonck e Irarrázaval 2017a).

En este contexto, resulta relevante indagar las dinámicas socio-espaciales indígenas que dan forma y ponen en conexión estos espacios y escalas, los que, desde la antropología urbana, se han conceptualizado como imaginarios geográficos controversiales, en cuanto a su escala y límites espaciales (Gravano 2015). Esto último está dado en que las ciudades, como fenómenos en constante transformación y expansión territorial, gatillan complejidades y tensiones socio-culturales, políticas y ambientales en sus territorios circundantes (Berdegué et al. 2011). Tal como explica Raymond Williams, esto se debe a que “el campo y la ciudad son realidades históricas variables, tanto en sí mismas como en las relaciones que mantienen entre sí” (2001, 357).

Ahora, a pesar de la emergencia de esta mirada integrada sobre la relación entre ciudad y territorio circundante, en términos generales, persisten las perspectivas dicotómicas preponderantes, las cuales son, al menos en parte, consecuencia metodológica de los orígenes de las investigaciones antropológicas (Lévi-Strauss 2012), basados en la concepción de los estadios evolutivos (salvajismo, barbarie y civilización) propuestos por Lewis Morgan (1976). Las concepciones dicotómicas, propias de la epistemología moderna sobre el mundo, siguen siendo dogmas imperantes en los estudios antropologicos y geográficos, los cuales son importantes de trascender (Soja 2008). No hacerlo, dificulta los estudios espacio-temporales de lo indígena. Así, la población mapuche, estadísticamente urbana e históricamente rural, queda atrapada en medio de categorías analíticas estancadas que es necesario superar para logar una comprensión más integral del fenómeno. Podemos identificar que, desde la mirada dicotómica, en los estudios sobre indígenas en procesos de urbanización, la dimensión espacial ha tendido a quedar entre lo urbano y lo rural; la dimensión temporal capturada en una historia lineal del pasado al presente (Bengoa 2003; Boccara 2009) y lo identitario entre lo moderno y lo tradicional (García 1992). Argumentamos que todas estas dimensiones son aspectos constitutivos de una macro dicotomía entre espacio y tiempo, que ha caracterizado el pensar occidental y que, por consiguiente, ha tendido a restringir la comprensión de lo indígena de un modo bastante dual y estático.

La experiencia etnográfica en este estudio nos interpela a abandonar esas categorías duales. Nos ha ilustrado que no se es menos mapuche en la ciudad ni más mapuche en el campo, y que ambas dimensiones están inherentemente conectadas.

Por el contrario, en la movilidad cotidiana entre ambos espacios, hay momentos y lugares en que se acentúa un “nosotros” u “otros”, sin perder lo mapuche como una identidad rural y urbana. No reconocer esto es problemático, ya que caeríamos en categorías espaciales e identitarias estancadas, por lo que nos adherimos al descentramiento teórico y epistemológico (Grimson, Merenson y Noel 2011) que la antropología contemporánea ha trabajado. Pretendemos aportar a ella con las discusiones propuestas en este artículo.

La compresión espacio-temporal propuesta por Doreen Massey es una apertura al descentramiento teórico expuesto en los párrafos anteriores. Sugiere poner

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atención en el conjunto de interacciones y prácticas sociales que acontecen y dan forma dinámicamente al lugar (Massey 1994). De este modo, las relaciones y prácticas sociales, así como los lugares en que estas se sitúan, están inherentemente ancladas espacio-temporalmente (Massey 2012). Irarrázaval, Fonck y Salazar (2019) se inspiran en esta autora y plantean la necesidad de enfocarse y explorar la compresión espacio-temporal de las ciudades intermedias. Este acercamiento nos permite adentrarnos en las prácticas y experiencias que dan forma a estos territorios, y desvanecer las categorías dicotómicas del indígena urbano o indígena rural. Tanto Massey (2005), como Irarrázaval, Fonck y Salazar (2019), sugieren, epistemológica y metodológicamente, poner atención en los procesos de movilidad como fenómeno clave en las prácticas y significados socio-espaciales que dan forma al lugar.

Las ciudades intermedias contemporáneas dependen del movimiento constante de personas, objetos y recursos entre diversas escalas territoriales, por ejemplo, entre ciudad y campo circundante. De este modo, adentrarse en los procesos de movilidad indígena emerge como una aproximación pertinente al objeto de estudio planteado en la introducción. Tanto conceptual como metodológicamente, el nuevo paradigma de movilidad (Cresswell 2010; Jirón 2010; Salazar, Irarrázaval y Fonck 2017a; Sheller y Urry 2006) es un acercamiento clave para explorar más profundamente las complejidades de la intermediación en contextos interculturales, en tanto: 1) permite trascender las miradas sobre la movilidad como desplazamientos de punto a punto, las cuales tienden a opacar el proceso mismo del movimiento con todas sus implicaciones afectivas, corporales y socio-políticas; estas miradas terminan siendo ingenuas respecto a cómo los ritmos y experiencias de la movilidad marcan los movimientos de las personas, y omiten el cómo las relaciones sociales significan lugares, recorridos y espacialidades (Cresswell 2010; Jirón 2011); 2) implica enfatizar que cada movimiento entre la ciudad y su territorio circundante conlleva una serie de experiencias y representaciones que —de facto— constituyen un fenómeno de intermediación dinámico, en donde el límite fijo de estas escalas queda en entredicho (Amin y Thrift 2002); y 3) supone atender las dinámicas de intermediación en términos políticos, en la medida en que las experiencias de movilidad abren debates respecto a las posibilidades y condiciones sociales y culturales de desplazamiento, como también respecto a las múltiples fuerzas que las afectan (Bissell 2016; Jirón 2011). La trascendencia del nuevo paradigma de movilidad abre los movimientos de personas como estudio en sí mismo, siendo un campo emergente de investigación en las ciencias sociales contemporáneas (Sheller y Urry 2016).

Tal como sostendremos en los resultados, desde el enfoque de los procesos de la movilidad podemos trascender la gran dicotomía espacio-tiempo y se abre un camino para el estudio de indígenas campesinos en la ciudad. Desde aquí, emergen en el proceso etnográfico espacialidades, temporalidades e identidades cuya lectura integradora nos permite superar las perspectivas dualistas que, históricamente, han analizado el fenómeno de ser indígena campesino o indígena urbano, como también atender a sus complejidades en contextos actuales de alta urbanización mundial (Brenner y Schmid 2016).

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Etnografía en movilidad

2

Agradecemos a los colegas Caleb Yunis y Rodrigo Santos quienes nos acompañaron en los trabajos de campo.

3

Las entrevistas (N24) y sombreos (N15) fueron realizados con mujeres y hombres entre los 20 y 90 años de edad. Así, logramos identificar cuatro generaciones —entre 20 y 35; 35 y 50; 60 y 75; 75 y 90— de personas mapuches que se han movido históricamente entre la ciudad y el campo.

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La etnografía en movilidad se funda en la comprensión de las prácticas socio-espaciales en movimiento (Massey 2005). Con este propósito, articulamos interdisciplinarmente instrumentos y técnicas metodológicas (Guber 2013) provenientes de la geografía cultural y la antropología2. Nos contactamos con dirigentes de comunidades indígenas de los alrededores de Temuco y llegamos al acuerdo de que la realización de nuestro trabajo tuviera como retribución la escritura de la historia de las comunidades.

Especialmente importante, para ellos, fue que aportáramos a examinar las problemáticas contemporáneas, que surgen debido a los fuertes procesos de urbanización del territorio campesino en donde se sitúan sus comunidades. Posterior a este acuerdo, realizamos observación etnográfica, con entrevistas en profundidad, a lo largo de dos años, tanto en el hogar de nuestros interlocutores como durante el movimiento cotidiano de las personas. Esta última técnica, cuyo potencial es acceder a aspectos reflexivos de las experiencias dadas en los mismos procesos de movilidad, se ha denominado como Go-Along (Kusenbach 2003) o sombreo (Jirón 2011). Así, la integración de observación etnográfica, entrevistas y Go-Along o sombreo constituyen una etnografía en movilidad, para la cual es relevante la interlocución con las personas con quienes trabajamos3. La movilidad se evidencia en movimiento, en la experiencia cotidiana y en los relatos. Somos parte de ese movimiento, por lo cual generamos una relación de interlocución con las personas, no con informantes —como se comprende en las metodologías clásicas—. Somos parte del hecho, lo cual se hace más evidente en el contexto indígena. Esto abre un espacio de discusión metodológica en la línea decolonial, precisamente, por tratarse de un proyecto que rompe con la verticalidad en la investigación con pueblos indígenas (Tuhiwai 2016).

Además, con base en el marco metodológico para el análisis de ciudades intermedias y sus territorios circundantes, por medio de la movilidad (veáse Salazar, Irarrázaval y Fonck 2017a), registramos el flujo de personas en el transporte público cotidiano entre la ciudad y su territorio adyacente. Monitoreamos el sistema urbano-territorial de la ciudad de Temuco y las localidades circundantes de Cholchol, Nueva Imperial y Maquehue, caracterizado por intensas dinámicas de conmutación diaria por trabajo y educación (Maturana 2010; Salazar, Fonck e Irarrázaval 2017a; Salazar, Irarrázaval y Fonck 2018). Registramos el flujo de personas en transporte público interurbano por las mañanas y tardes en 18 ocasiones cada viaje. En cada uno se georreferenció la bajada y subida de pasajeros en cada paradero de buses (figuras 3 y 4). A partir de esta información fue posible dar cuenta de los procesos de interacción efectiva entre estas ciudades, así como dilucidar diferentes flujos, ritmos e intensidades de intermediación (Cresswell 2010).

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En este estudio en particular, este método de análisis espacial, entrecruzado con los procesos de sombreo en los buses, nos ha permitido explorar y explicar la diversidad de prácticas y significados mapuche dados en los procesos de movilidad entre diversas escalas. Más concretamente, al conjugar los instrumentos y registros de la etnografía en movilidad, es posible identificar experiencias, relatos, áreas y rutas de intermediación claves entre estas ciudades y sus respectivos territorios circundantes. Estos métodos fueron aplicados entre noviembre de 2018 y octubre de 2019 en comunidades de las localidades de Maquehue y Labranza, aledañas a la ciudad de Temuco (figura 1).

Figura 1. Área de estudio. Ubicación de Temuco, Labranza y Maquehue. Región de La Araucanía, Chile

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Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE (2019).

Las localidades y comunidades mapuche con las que hemos trabajado emergieron del registro de flujo de personas en transporte público. En estos trayectos surgieron como relevantes las localidades de Maquehue y Labranza debido a que: a) el origen colonial de Temuco conlleva una fuerte presencia indígena en estas localidades, como una expresión colonial contemporánea (Pairican 2014); b) existe una intensa interacción de conmutación diaria de grupos indígenas entre la ciudad y estas localidades, registrada en nuestro estudio; y c) existen tensiones sociales que han emergido, producto de la expansión y crecimiento de la ciudad hacia estas localidades, que están irrumpiendo y transformando varias comunidades mapuche.

La articulación de instrumentos y técnicas permitió integrar las dimensiones discutidas en el enfoque teórico. Las espacialidades, temporalidades e identidades surgen de la inmersión en la movilidad cotidiana de Maquehue y Labranza (figura 2).

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Figura 2. Síntesis metodológica de la etnografía en movilidad Instrumentos y técnicas Observación etnográfica Sombreo Etnografía en movilidad

Aproximaciones Espacialidades

Revisión fuentes históricas Mapeo de flujos interurbanos en transporte público

Temporalidades

Entrevistas en profundidad

Identidades

Fuente: elaboración propia, a partir de la adaptación de Salazar, Irarrázaval y Fonck (2017a).

Procesos de movilidad mapuche campesina en conexión con la ciudad

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Volviendo a nuestras interlocutoras iniciales, lo que para María es proyección de vida, para Eva es su cotidianidad y viceversa. En primera instancia se podría decir que existe una población mapuche que habita en ciudades intermedias que es, de alguna forma, urbana y rural a la vez. En este contexto, la literatura ha entendido el movimiento de la población mapuche entre ciudad y campo, principalmente, desde la migración de un punto a otro. Este es un proceso histórico que se acentuó en la década de los cincuenta, cuando aumentó considerablemente la presencia indígena en áreas urbanas (Antileo 2013; Munizaga 1961). Vásquez y Prieto (2012), por ejemplo, sugieren que la urbanización indígena se generó a escala latinoamericana, debido a fuertes procesos de migración del campo a la ciudad y por la urbanización de territorios históricamente habitados por población indígena.

Ahora, los flujos de personas por medio de la movilidad en transporte público permiten abrir caminos en la comprensión de estos procesos, desde nuevas perspectivas, más allá de la migración. Entre los meses de marzo y agosto de 2019 nos subimos al transporte público y registramos la movilidad interurbana en los trayectos entre Temuco y Cholchol, Temuco y Nueva Imperial, Temuco y Maquehue, y Temuco y Puerto Saavedra. A lo largo de un total de 92 viajes, contabilizamos las subidas y bajadas en las mañanas —entre 8:00 y 11:00— y tardes —entre 17:00 y 19:00—. Estos puntos nos mostraron el flujo y las dinámicas de intermediación del territorio circundante con Temuco, los cuales pueden ser comprendidos como puntos críticos de movilidad.

En ambos mapas (figuras 3 y 4) es posible visualizar la existencia de un alto flujo de pasajeros que se baja en la ciudad de Temuco, y que provienen principalmente de Labranza y Maquehue, ya sea por temas laborales, estudiantiles o en búsqueda de servicios. También, al revés, se aprecian personas mapuche que pernoctan en la ciudad y que trabajan o visitan a sus parientes en sus comunidades de origen.

Ambas figuras ilustran la existencia de dinámicas de movilidad diaria que conectan diversas localidades rurales, con alta presencia de comunidades mapuche, con el centro urbano de Temuco-Padre Las Casas. A lo largo del día, se presentan diversos

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ritmos de movilidad, determinados por razones de trabajo, educación y ocio. Los buses transitan por los principales caminos pavimentados y otros secundarios de ripio. En la sistematización de la información recopilada se ilustran hotspots (Salazar, Irarrázaval y Fonck 2017a) a lo largo de los caminos. Cada uno de estos hotspots está relacionado espacialmente con diversas comunidades mapuche y asentamientos menores no mapuche de origen campesino. Cada uno está configurado por personas que suben o bajan de los buses y que, dinámicamente, ponen en conexión diversas escalas y realidades.

Figura 3. Personas que suben por la (i) mañana y por la (ii) tarde

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Fuente: elaboración propia (2019).

La articulación de estos hitos geográficos, por medio de la movilidad, genera un fenómeno espacio-temporal fuertemente enraizado en lo que significa ser indígena en conexión con la ciudad. En un proceso de creciente urbanización del espacio habitado (Brenner y Schmid 2016), estos territorios funcionales conllevan espacialidades e identidades emergentes que son cambiantes y que se han ido complejizando en el tiempo.

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Figura 4. Personas que bajan por la (i) mañana y (ii) tarde

Fuente: elaboración propia (2019).

En ambas localidades, el camino pavimentado por donde transita el transporte público se construyó sobre los antiguos caminos de tierra por los que se transitaba a pie, a caballo o en carreta hacia la ciudad. Este camino se encuentra más cercano a las viviendas actuales, lo que significa una mayor proximidad y comodidad para ir a la ciudad. Pero, a la vez, en la voz de una interlocutora, es la “llegada de los males de la ciudad” (M. A., habitante de Rengalil, entrevista con los autores, julio de 2019). Estos “males”, expresión repetitiva entre los interlocutores, se materializan en escombros de construcciones, restos inorgánicos de basura, delincuencia y parcelación de la tierra.

En el contexto mapuche, un camino es una intervención de infraestructura ontológica en un sentido profundo, en cuanto a las materialidades e historias de los caminos de movilidad (Bonelli y González 2018), que son rutas de tránsitos ocupados desde generaciones pasadas (Bello 2011). El camino público, la línea del tren y los senderos internos —algunos en proceso de pavimentación— son parte de este imaginario geográfico (Huiliñir 2018) de intervención en la infraestructura ontológica mapuche, que se representa en la movilidad cotidiana. En la medida en que personas mapuche

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transitan por estos caminos diariamente, no solo se hacen parte de estas historias, sino que van configurándolas en el mismo acto de moverse a través de los caminos.

La movilidad que pone en conexión diversas escalas —comunidades mapuche y ciudad— no solo remite a un aspecto físico, sino también a la experiencia y expresión política cotidianas. Durante los sombreos realizados en 2019, en enero en Maquehue y en julio en Labranza, acompañamos a Eva y María, mujere mapuches, en lo que, para ellas, era un viaje cotidiano entre su localidad y Temuco. Fueron viajes funcionales, en los que la ciudad era para ambas interlocutoras un espacio para acceder a recursos económicos y sociales. A través de ambas experiencias surgen rutas, hitos y experiencias relevantes. Nos fueron mostrando que el viaje era por cuestiones laborales, educacionales, trámites bancarios y visitas a amistades. Ambas nacieron en el campo, pero María, la interlocutora de Labranza, fue criada en la ciudad. Eva, la interlocutora de Maquehue, ha vivido toda su vida en el campo. Para ambas, la comunicación por WhatsApp es clave para el viaje a la ciudad. Sus familiares señalan “qué les pueden llevar” y, a su vez, es la vía de comunicación con sus parientes y conocidos que viven en la ciudad.

En el caso de Eva, el viaje fue en transporte público hacia el centro de Temuco.

Caminamos hacia instituciones estatales, a fin de firmar documentos que permitían retirar dinero del banco, para la realización de la fiesta costumbrista que prepara con su comunidad. Durante este tránsito, acentuamos las miradas y paradas en vitrinas comerciales. Las esperas fueron largas, “lo que es normal” para ella. El camino de vuelta al paradero tuvo pausas en supermercados para comprar víveres y saludar familiares que trabajan allí.

El acompañamiento con María fue en transporte particular. Se realizó para la venta de productos agrícolas de su comunidad a residentes urbanos previamente contactados. Nos detuvimos en sectores habitacionales de la ciudad, acordados previamente por WhatsApp, donde personas y familias compraban frutas y verduras. Además, fuimos a lugares para la adquisición de víveres y utensilios para la casa “estos de plástico, que no se ven en el campo” como señaló María.

Ambos registros de las experiencias en movilidad evidencian que las dimensiones dicotómicas, discutidas anteriormente, establecen límites para la comprensión del ser indígena y campesino en la ciudad. Para nuestros interlocutores en Maquehue y Labranza, el viaje del campo a la ciudad ha sido, históricamente, para el intercambio de productos. Antiguamente, se daba mediante el trueque o venta de productos agrícolas y ganaderos, pero con los años se fue sumando la compra de productos envasados.

De este modo, la intensificación de los viajes diarios va configurando, en el tiempo, una red de relaciones escalares de comunidades campesinas, que se hace parte del vivir urbano.

En las comunidades, los fenómenos de intermediación de la ciudad también se perciben como externalidades físicas negativas, viéndose cómo la construcción de

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parcelas de agrado4 en Maquehue y de Villas urbanas en Labranza va transformando la ruralidad de la zona. Se identifican actividades y cambios en los usos del suelo que antes no se veían, tales como: bodegas, estacionamientos, ruidos molestos y basurales.

Para los interlocutores, esto se percibe como un cambio en la organización de la tierra y en la forma de vivirla: antes comunitaria y con campos abiertos, actualmente con rápidos procesos de parcelación e instalación de cercos para delimitar los predios de propiedad privada.

A pesar de estas intensificaciones espacio-temporales entre diversas escalas, para las cuatro generaciones de nuestros interlocutores, la ciudad ha estado siempre presente en el imaginario social de sus familias. Existe un orgullo y, para los más jóvenes, una rememoración del ser indígena campesino en conexión con la ciudad. En palabras de una interlocutora:

Tales palabras representan el orgulloso sentir de ser indígena y campesina en contexto de urbanización. Este sentimiento no se enclaustra entre lo moderno o lo tradicional, sino que trasciende los espacios entre urbano y rural. Así, se trascienden las temporalidades, entre el pasado y el presente, en una red de relaciones que va configurando nuevas prácticas cotidianas y significados en movilidad.

Entre espacialidades, temporalidades e identidades

Lo espacial, temporal e identitario se encuentran integrados en las experiencias y relatos en movilidad. Esta integración, por medio de la movilidad, facilita una lectura longitudinal del ser indígena campesino en estos territorios. Cada espacio señalado por los interlocutores tiene temporalidades particulares, las cuales son elementos constitutivos de la identidad mapuche en movilidad. No se es más moderno por urbanizarse, ni más tradicional por ruralizarse. Esta última acepción ha sido profundizada, por parte del Gobierno chileno, en las políticas públicas de temas indígenas (Bascopé 2009), al potenciar el financiamiento de actividades y proyectos donde se muestre lo tradicional; el turismo indígena es manifestación de ello (Rommens 2017). Por el contrario, las dinámicas de movilidad que hemos examinado dan cuenta de un continuo de experiencias espacio-temporales que configuran identidades 4

A través del Decreto de Ley 3516 en el año 1980 se estableció la normativa de división de predios rurales de uso agrícola, ganadero o forestal en paños de hasta 5000 metros cuadrados de superficie. Debido a una serie de vacíos en la normativa, esta ha sido tremendamente mal interpretada y aprovechada, en los hechos, para la subdivisión y comercialización de predios rurales con fines habitacionales (primera y segunda vivienda).

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Soy indígena y campesina neta, nacida y criada. Voy a la ciudad, pero esto no lo cambio por nada. Aquí soy libre, ando como quiero, a pie pelado, con mis animales, con mis siembras. Ocupo teléfono, me contacto por allí siempre. Soy adicta al WhatsApp, me informo de todo […] cuando voy a la ciudad me agobio, me desoriento, pero necesito ir, aunque nunca viviré allá. Aquí nací y moriré, en mi tierra, la de mis ancestros. (I. M., Kimche de Rengalil, entrevista con los autores, julio de 2019)

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heterogéneas. Esto, en parte, nos permite demostrar que las dicotomías urbano-rural y moderno-tradicional —fomentadas aún por las políticas públicas— no solo carecen de sustento, sino que también eclipsan la complejidad identitaria que emerge de este continuo de experiencias espacio-temporales.

El tránsito de Maquehue y Labranza hacia Temuco se acrecentó con la llegada del tren. Maquehue se encuentra al sur del río Cautín, que era transitado por sus habitantes para ir a la estación Labranza y tomar el camino a Temuco. El ferrocarril significó una posibilidad de conexión entre poblados, pero a su vez de deforestación del bosque nativo templado. Esto aconteció entre 1870 y 1900 por el proceso de chilenización de La Araucanía (Otero 2006). Se construyeron poblados sobre las ruinas hispanas y se contrataron profesionales europeos para ello, entre los que se encontraba el ingeniero Gustave Verniory, quien fue contactado por el Gobierno chileno en 1889 para construir el ferrocarril entre Victoria y Toltén. En sus diarios de campo, transformados en libro, Verniory (2009) relata el impacto de encontrarse con una frondosa vegetación nativa que se estaba destruyendo. Al respecto, realizó un meticuloso registro fotográfico que hoy permite observar el cambio que se provocó en el paisaje, entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Tal como relatan los interlocutores mayores, antes de los años cuarenta se apreciaba un paisaje de carretas con bueyes transitando por caminos de tierra, viviendas chilenas a los costados, cercas de madera y bosques disminuidos en los cerros (ver fotografías en Verniory 2009). Tales imágenes representan la pérdida de autonomía de lo rural y los inicios de su relación con la ciudad (Lefebvre 1978), en cuyo contexto La Araucanía se caracterizó por un proceso de modernización acelerado como resultado de la exportación de trigo hacia mercados europeos (Chonchol 1996). En ambas localidades aconteció este proceso en el que la población mapuche se volvió campesina y mano de obra de los fundos. La reforma agraria permitió reorganizar las tierras y acabar con esto (Correa, Molina y Yáñez 2005), pero quedó en la memoria colectiva. Los hombres fueron arrendados a un gringo que los hacía trabajar el campo. Ambas expresiones, populares en La Araucanía, se refieren al proceso de esclavitud que se vivió entre 1930 y 1970, cuando los jóvenes entre diez y dieciocho años eran trasladados a lugares lejanos de su origen, sufrían frío y hambre y les era prohibido utilizar zapatos, ya que “solamente los gringos los podían ocupar” (M. N., habitante de Labranza, entrevista con los autores, junio de 2019). Lo urbano era un sueño, una idealización en la vida de las familias campesinas. Actualmente, lo urbano está en la cotidianidad de la vida campesina. En palabras de un interlocutor: Es como que hoy en día nos hemos urbanizado en cierta forma, porque obviamente tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no está en el campo (muy poca gente) trabaja sus tierras, vive por ejemplo de la huerta, hortaliza, que cría animales. La mayoría […] de los jóvenes estudian o trabaja en Temuco.

(J. R., habitante de Labranza, entrevista con los autores, junio de 2019)

El viaje a la ciudad era principalmente para la venta de productos, la precariedad económica de las familias incidía en la relación que estas tenían con Temuco. La

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dependencia de la ciudad es parte de las experiencias de despojo vital y territorial, que son profundizadas por Héctor Nahuelpan (2015) en relación con las micropolíticas de resistencia mapuche. Antes del transporte público, viajar a la ciudad implicaba, según los interlocutores, un esfuerzo importante no solo en términos económicos, sino también físicos y temporales. Si bien la distancia hasta la ciudad de Temuco es de 18 kilómetros desde Maquehue y de 16 kilómetros desde Labranza, las condiciones del camino y el medio de transporte implicaban tardanzas de tres a cuatro horas. El recuerdo de un interlocutor es que: La gente en todos sus paraderos estaba con un saco de trigo, de avena, de lo que sea, el chanchito, la oveja y todo el auxiliar lo tomaba al hombro y subía la escalera del bus y lo instalaba arriba, amarradito y así nos íbamos a Temuco. (R. M., habitante de Maquehue, entrevista con los autores, diciembre de 2018)

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En el transporte actual está prohibido el viaje con animales, desmantelando una economía ecológica local de antaño y dando pie a una de mayor dependencia de productos elaborados que son facilitados por la ciudad. Igualmente, los tiempos disminuyeron considerablemente, con un promedio de treinta minutos a una hora. Lo anterior permite el avance de la urbanización en términos cotidianos, ya que la dinámica de la ciudad está encarnada en el diario vivir de las personas. La movilidad cotidiana que pone en interacción a la ciudad y las comunidades ha causado que los límites físicos y sociales sean cada vez más difusos, pues las dinámicas de intermediación y desplazamiento cotidiano permiten “ser campesino y urbano” en el mismo día. Por un lado, habitan en área rural, pero pasan gran parte de su tiempo en la ciudad, “toda la gente está en Temuco trabajando [...] se van a pasar el día allí” (R. M., habitante de Maquehue, entrevista con los autores, diciembre de 2018). Estas dinámicas plantean cuestionamientos acerca de la categorización de la población indígena bajo la dicotomía urbano-rural, y permiten explorar diversas formas de ser indígena con mayor complejidad.

Lo anterior fue representado por Eric Wolf (2016) con la expresión “gente sin historia”, para referirse a la invisibilización de la conexión con las dinámicas de urbanización, a las que fueron sometidos los pueblos originarios desde la época de la expansión europea en el mundo. Dicha conexión se expresa actualmente en Maquehue y Labranza con la urbanización de lo cotidiano a través de la movilidad, lo que también conlleva una dimensión política y de constante reivindicación. El mejoramiento de caminos y la intensificación de conmutaciones diarias en las últimas décadas han propiciado el traslado de problemas urbanos a las familias mapuche. Por ejemplo, una interlocutora señala que “el mismo entorno cambió. Tanto ruido, tanta cosa, tanto humo tampoco le hace bien a la naturaleza” (E. M., habitante de Maquehue, entrevista con los autores, enero de 2019). Entonces, en palabras de ella, es necesario recordar —tanto a ellos mismos como a los diversos actores visitantes, entre estos nosotros— que estos espacios de alta transformación son, ante todo, territorio mapuche. La figura 5 representa una parte del camino actual hacia Labranza, asfaltado, con canaleta a un costado para el agua, con viviendas de nuevas villas producto de la

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expansión urbana, con cableado eléctrico y cercas con árboles. Pero, la señalización de la comunidad indígena indica el espacio en el que nos encontramos.

Figura 5. Entrada a la comunidad indígena en Labranza

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Fuente: fotografía de Wladimir Riquelme Maulén, camino Labranza-Nueva Imperial, provincia de Cautín, región de La Araucanía, 2019.

De forma similar, en la figura 6 podemos observar que no se trata solo de un territorio en proceso de urbanización, sino de territorio mapuche. En uno de los hotspots con mayor subida y bajada de personas, entre Temuco y Maquehue, aparecen mensajes escritos mediante los cuales las comunidades mapuche visibilizan su presencia y expresan su molestia. En el caso del paradero de entrada a Maquehue, aparece escrito nuevamente “territorio mapuche”, a lo que se suman mensajes contra las inmobiliarias que construyen parcelas de agrado.

Son mensajes escritos en espacios relevantes para la movilidad. En ese sentido, no solo surgen los paraderos como lugares fijos para dejar mensajes de autodeterminación política y cultural, sino que estos hacen parte de una disposición política reivindicativa que toma forma y fuerza en el proceso mismo de moverse. Así, el mensaje político trasciende escalas espaciales —como también lugares entendidos tradicionalmente en términos dicotómicos—, para dar cabida a un territorio que busca su reivindicación por medio del movimiento y la identidad (Grimson 2012).

Otro espacio donde se evidencia la llegada de lo urbano al campo son las ferias costumbristas mapuche, las cuales han tomado fuerza en los últimos años por la mejora en conectividad. Estas se han constituido como instancias interculturales, a

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las que asisten personas de la ciudad —e incluso desde el extranjero—, con el fin de participar de las actividades, comidas y ceremonias mapuche. Se encuentran asociadas a procesos de etnificación estatal (Bascopé 2009) que se ha visibilizado desde la década de los noventa. La adopción de la Ley indígena de 19935 y la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) fueron elementos claves para que las asociaciones o comunidades indígenas tuvieran la posibilidad de organizarse y acceder a los fondos de desarrollo social, mediante la adjudicación e implementación de diferentes proyectos. Un ejemplo de ello, lo constituyen las rukas6 con fines turísticos, las cuales son entendidas también como elementos de reivindicación mapuche.

Figura 6. Paradero en la entrada a Maquehue

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Fuente: fotografía de Wladimir Riquelme Maulén, paradero en camino Maquehue-Temuco, provincia de Cautín, región de La Araucanía, 2019.

En febrero de 2019, nos invitaron a participar en la Feria Gastronómica y Costumbrista Pü Weni en Maquehue. El evento fue organizado por la asociación indígena y se realizó en torno a la ruka. La feria se ha convertido en un dispositivo simbólico y material que ha permitido valorizar la identidad mapuche a través del rescate de la lengua, la conservación de la comida típica, y la exposición 5

Ley Ordinaria 19253/1993, de 28 de septiembre, por la que se establecen normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). (Diario Oficial n.° 34683 de 5 de octubre de 1993). https://consultaindigena.mineduc.cl/wp-content/uploads/ sites/111/2018/06/LEY-INDIGENA-19.253-OCT-1993.pdf

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Nombre dado por los mapuche a sus viviendas tradicionales.

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de productos naturales, medicina mapuche y telares, entre otros. Lo interesante de esta instancia es que funciona como un lugar de interculturalidad a nivel inter-escalar, pues se establece como nodo de intercambio y convivencia entre la comunidad y la ciudad, como también entre escalas locales, regionales e incluso globales. En la feria se evidencian claramente dinámicas de intercambio como comprar-vender, y es a través de este intercambio que se suscitan relaciones interculturales (figura 7). Además, permite mostrar al público la convivencia entre lo moderno y tradicional. En la figura 8 podemos ver una ruka alimentada energéticamente con paneles fotovoltaicos.

Figura 7. Intercambio en la Feria Gastronómica y Costumbrista Pü Weni

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Fuente: fotografía de Wladimir Riquelme Maulén, puestos de comida en Feria Gastronómica y Costumbrista Pü Weni, provincia de Cautín, región de La Araucanía, 2019.

La identificación con ser indígena campesino, en medio de procesos de modernización y conexión con la ciudad, es emergente entre la población mapuche que habita en la ciudad de Temuco. Existe una nostalgia de la vida rural, entre los nacidos en la ciudad, como también entre quienes viajan constantemente del campo a la ciudad y llevan un pedazo de Maquehue o Labranza al centro de Temuco.

En suma, desde la mirada de la movilidad, la relación entre ser del campo y ser de la ciudad está compuesta por múltiples fenómenos que obligan a ampliar y romper esta dicotomía. Las escalas se desconfiguran, pues lo campesino, finalmente, está conectado con las modernidades que se han constituido en relación con la ciudad. Esto nos permite ejemplificar la crisis de los dualismos, que se trascienden al enfocarnos en las movilidades (figura 9). Las dicotomías establecen límites que es posible trascender en la

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experiencia en movilidad. Al visibilizar lo indígena en movilidad, dejamos en entredicho las restricciones bajo las cuales ha sido comprendido.

Figura 8. Ruka con paneles solares

Fuente: fotografía de Wladimir Riquelme Maulén, ruka en Maquehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía, 2019.

Figura 9. Crisis de las dicotomías Aproximaciones

Dualismos

Movilidades

Espacialidades

Urbano y rural

La cotidianidad es transitar entre diversas escalas

Temporalidades

Pasado y presente

Se perciben como procesos históricos que generan redes de relaciones inter-escalares

Identidades

Modernidad y tradición

Se transita entre “lo moderno y tradicional”

Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de la información etnográfica, 2019.

Conclusiones

No es que María y Eva vivan en el campo o en la ciudad. Es más, no abandonan o intensifican su identidad de acuerdo con lo urbano o lo rural. Por el contrario, María y Eva viven en una constante conexión entre ambas dimensiones, y es en esa dinámica espacio y temporal donde se configura una buena parte de su identidad

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indígena. La atención a los procesos de movilidad nos permite trascender de la dicotomía entre indígena rural e indígena urbano. El límite entre lo urbano y rural es una línea divisoria que regula el espacio geográfico físico, pero las relaciones socio-espaciales lo desconfiguran. Estos procesos permiten visibilizar, como Eric Wolf (2016) lo hizo a través de la categoría “la gente sin historia”, la conexión y apertura al mundo de las personas indígenas.

Las movilidades que desvanecen la dicotomía urbano-rural no son un fenómeno meramente físico, sino también, en línea con el nuevo paradigma de movilidad, son experiencias que se perciben como imaginarios geográficos muchas veces políticamente controversiales (Gravano 2015). Escribir “territorio mapuche” en un paradero o elemento de señalización significa llenar de contenido un espacio que se configura por medio de la movilidad. Es un fenómeno espacio y temporal que marca un hito que, para María y Eva, significa llegar al centro de su tuwün7. La movilidad, en ese sentido, permite visibilizar esta conexión cotidiana entre el mapu8 y el mundo, la cual se ha ido complejizando en medio del creciente proceso de urbanización (Brenner y Schmid 2016). Las comunidades de Maquehue y Labranza se conectan por medio de personas como María y Eva con la ciudad de Temuco.

De manera más profunda, las espacialidades, temporalidades e identidades de estas personas mapuche se configuran interdependientemente, por medio de formas de habitar y moverse. Allí radica la trascendencia de las espacialidades del ser indígena en la actualidad: en que se habita y se mueve entre espacios. En ese movimiento, a su vez, las temporalidades se vuelven inter-escalares. Los paneles fotovoltaicos que alimentan la electricidad de una ruka son un ejemplo de ello. Señalar en hitos de movilidad la presencia de “territorio mapuche” no hace más que interpelar a las personas en movimiento. Es una huella del profundo proceso de autodeterminación política y cultural en que se encuentra hoy el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el contexto latinoamericano contemporáneo.

La integración entre instrumentos etnográficos y métodos móviles permite profundizar datos que visualizan, perciben y relatan los procesos de movilidad. Los mapas de subida y bajada de personas son un relato cartográfico del flujo de la movilidad desde y hacia Temuco. Cada parada es una historia de movilidad, cuya experiencia es un relato del ser indígena campesino en relación con la ciudad. Es en estos flujos que se construye una heterogeneidad de territorialidades, que requiere ser atendida en profundidad en próximos estudios sobre este tema.

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¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca * Natalia Abril-Bonilla** Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia María Camila Jiménez Nicholls*** Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia Luisa Fernanda Uribe Larrota**** Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.04 Cómo citar este artículo: Abril-Bonilla, Natalia, María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota. 2020. “¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 79-102. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.04 Recibido: 31 de octubre de 2019; aceptado: 29 de abril de 2020; modificado: 22 de mayo de 2020.

Resumen: este artículo analiza lo que llamamos un tercer escenario de resistencia y adaptación, el cual puede configurarse cuando se implementa una política pública de tierras. Particularmente, examina el encuentro entre el Programa de Formalización de la Propiedad Rural (PFPR), diseñado y estructurado por el Gobierno central colombiano, y las luchas políticas e identitarias de las comunidades de campesinos y campesinos negros y/o afrodescendientes

*

Este artículo es resultado del trabajo como jóvenes investigadoras de las convocatorias 775 de 2017 y 812 de 2018, en el marco del proyecto “Formalización de derechos de propiedad agraria e (in)seguridad: ¿una relación de doble vía?”, financiado por Colciencias (convocatoria n.° 745 de 2016, código 12274557345).

Agradecemos a los revisores anónimos, quienes con sus comentarios contribuyeron significativamente al resultado final de este texto.

** Socióloga y profesional en Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario. Entre sus últimas publicaciones está: (en coautoría con María Camila Jiménez Nicholls, María Teresa Gutiérrez Márquez, Luisa Fernanda Uribe y Lina Ortega van Arcken) “Rupturas y continuidades del movimiento cocalero: acciones, repertorios y organizaciones”. Análisis Político 32, n.° 97 (2019): 3-23. *natalia.abril@urosario.edu.co *** Maestranda en Sociología de la Universidad de los Andes. Socióloga de la Universidad del Rosario.

Entre sus últimas publicaciones está: De trabajadores a proveedores. La responsabilidad social empresarial y la tercerización laboral en los ingenios azucareros. (Bogotá: Universidad del Rosario, 2019). https://doi.org/10.12804/op9789587843217 * mariaca.jimenez@urosario.edu.co **** Maestranda en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Socióloga y antropóloga de la Universidad del Rosario. Entre sus últimas publicaciones está: (en coautoría con Rocío Peña-Huertas, Alejandro Abondano, Natalia Abril y María Camila Jiménez Nicholls) “Land Tenure Systems and Property Rights: Socio-Legal Studies in the Colombian Case”. Tilburg Law Review. Journal of International and European Law 23, n.° 1 (2018): 42-58. http://dx.doi.org/10.5334/tilr.3 * luisa.uribe@urosario.edu.co

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Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 79-102 https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.04

organizados en el Alto Cauca, una de las zonas donde fue implementado el programa. Empleamos una metodología cualitativa que incluyó la revisión de documentos de política pública, así como trabajo de campo realizado a lo largo de tres visitas, a Santander de Quilichao, Buenos Aires y Jamundí, durante las cuales se hicieron entrevistas, grupos focales y un sondeo. Concluimos que: 1) las políticas de formalización también deben pensarse desde las dimensiones política y cultural de los territorios que pretenden regular; 2) las políticas públicas son reinterpretadas y resignificadas tanto por quienes las implementan como por las comunidades a las que van dirigidas. En este caso, estas últimas disputan las nociones normativas sobre lo campesino que la política contiene, y 3) las apuestas políticas del campesinado de la región están relacionadas, por un lado, con luchas identitarias, territoriales, por el acceso a la tierra y a recursos productivos y, por el otro, con el hecho de que las visiones inconmensurables del territorio no se dan entre las comunidades rurales, sino entre estas y el proyecto político neoliberal. La singularidad de este trabajo radica en que retoma las teorías poscoloniales sobre hibridación, para mostrar el escenario que surge en el Alto Cauca y su potencial para renovar/cambiar las relaciones y prácticas concernientes a la política pública de formalización en el territorio.

80

Palabras clave: Alto Cauca, campesinos, hibridación, neoliberalismo, políticas públicas, titulación de tierras.

Let’s Get Formalized: Peasant Disputes in the Upper Cauca Abstract: This article analyzes what we call a third scenario of resistance and adaptation, which can take shape when a public land policy is implemented.

In particular, it examines the encounter between the Program for the Formalization of Rural Property (PFPR), designed and structured by the Colombian central government, and the political and identity struggles of the communities of black and/or Afro-descendant peasants organized in the Upper Cauca, one of the areas where the program was implemented. We used a qualitative methodology that included a review of public policy documents, as well as field work conducted over the course of three visits to Santander de Quilichao, Buenos Aires and Jamundí, which comprised interviews, focus groups, and a survey.

We concluded that: 1) formalization policies must also be understood from the political and cultural dimensions of the territories they are intended to regulate; 2) public policies are reinterpreted and resignified both by those who implement them and by the communities they are intended for. In this case, the latter contest the normative notions contained in the policy regarding the “peasantry.” and 3) the political stakes of the region’s peasantry are related, on the one hand, to territorial identity struggles for access to land and productive resources and, on the other, to the fact that the immeasurable visions of territory do not exist among rural communities, but rather between them and the neoliberal political project.

The singularity of this work lies in the fact that it resumes the post-colonial theories on hybridization, to reveal the scenario that emerges in the Upper Cauca and

¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca Natalia Abril-Bonilla, María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota

its potential to renew/change the relations and practices concerning the public policy of formalization in the territory.

Keywords: hybridization, land titling, neoliberalism, peasants, public policy, Upper Cauca.

Vamos formalizar!: disputas do camponês no Alto Cauca

Palavras-chave: Alto Cauca, camponeses, hibridação, neoliberalismo, políticas públicas, titulação de terras.

E

ntre 2010 y 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) creó el Programa Nacional de Formalización de la Propiedad de los Predios Rurales (PFPR), que buscaba sanear la propiedad individual de los campesinos. Este es uno de los tantos programas creados y promovidos por el Banco Mundial durante la década de 1970, para incrementar la productividad e impulsar el desarrollo económico del sector rural, a través de la privatización de la tierra comunal o consuetudinaria. Según Acero y Parada, dicha privatización se promovía bajo el argumento de que “la ambigüedad

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Resumo: este artigo analisa o que chamamos “terceiro cenário” de resistência e adaptação, que pode ser configurado quando uma política pública de terras é implementada. Em particular, examina o encontro entre o Programa de Formalização da Propriedade Rural, desenhado e estruturado pelo governo central colombiano, e as lutas políticas e identitárias das comunidades de camponeses e camponeses negros ou afrodescendentes organizados no Alto Cauca, Colômbia, uma das áreas onde o programa foi implementado. Utilizamos uma metodologia qualitativa que incluiu a revisão de documentos de política pública, bem como trabalho de campo realizado ao longo de três visitas a Santander de Quilichao, Buenos Aires e Jamundí, durante as quais foram feitos entrevistas, grupos focais e sondagem. Concluímos que: 1) as políticas de formalização também devem ser pensadas a partir das dimensões política e cultural dos territórios que pretendem regular; 2) as políticas públicas são reinterpretadas e ressignificadas tanto por quem as implementa como pelas comunidades às quais vão dirigidas. Nesse caso, estas últimas disputam as noções normativas que a política traz sobre o camponês; 3) as apostas políticas do campesinato da região estão relacionadas, por um lado, com lutas identitárias territoriais pelo acesso à terra e a recursos produtivos; por outro, com o fato de as visões incomensuráveis do território não acontecerem entre as comunidades rurais, mas sim entre estas e o projeto político neoliberal. A singularidade deste trabalho está na retomada das teorias pós-coloniais sobre hibridação, para mostrar o cenário que surge no Alto Cauca e seu potencial para renovar/mudar as relações e práticas concernentes à política pública de formalização no território.

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 79-102 https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.04

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y el carácter negociable de los derechos en un sistema de tenencia por costumbre o comunal llevaban a inversiones con poco impacto en la productividad” (2019, 87).

Para estos autores, la literatura que aborda la formalización de la propiedad se puede dividir en tres debates: la eficiencia en el uso de recursos, el acceso a créditos y el aumento de la inversión (Acero y Parada 2019). Para el primer caso, algunos autores señalan que sí hay relación entre la eficiencia en el uso de recursos y la formalización (Alchian 1965; De Soto 1989; Demsetz 1967; North 1990). Otros, por el contrario, demuestran que sistemas informales de tenencia de la tierra llevan a usos eficientes de las mismas (Ubink, Hoekema y Assies 2009). Frente al acceso al crédito, algunos autores afirman que no existe evidencia que soporte la relación entre formalización y acceso a créditos (Deininger 2003; Vendryes 2014). Por último, en lo que atañe a la inversión, Acero y Parada (2019) encontraron que, si bien la formalización tiene un impacto positivo en los niveles de inversión, no hay claridad respecto a sus mecanismos.

En este artículo nos apartamos de estos tres enfoques de la literatura, con el fin de analizar el encuentro del PFPR, diseñado y estructurado en la esfera más alta del Gobierno central, en relación con las apuestas políticas e identitarias de las organizaciones de comunidades negras y campesinas de los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca). Dichos municipios hacen parte de la región del Alto Cauca, denominada así por ser un espacio físico y social en el que el Río Cauca funciona como eje analítico de los conflictos territoriales que allí subyacen (Vélez et al. 2013).

Particularmente, analizamos la forma en que el PFPR adquirió nuevos significados tanto para quienes diseñaron e implementaron la política, como para las mismas comunidades que participaron en ella. Aquí mostramos cómo sus objetivos, que estaban amparados bajo el conocimiento experto de la formalización, fueron negociados y transformados en lo local por la interpretación que las Juntas de Acción Comunal (JAC) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) le dieron. En la práctica, esta resignificación implicó un espacio de interlocución de las organizaciones con el estado1, que no estuvo exento de tensiones.

Partimos del concepto de hibridación, con el fin de significar los procesos de cambio que surgen cuando diferentes discursos sociales, políticos y legales se entrelazan entre sí y resultan en nuevas nociones y prácticas (Baaz, Lilja y Östlund 2017). Esta perspectiva parte de las teorías poscoloniales que sugieren entender la 1

A lo largo de este artículo hemos decidido emplear la escritura “estado” en minúsculas, en lugar de “Estado” con mayúscula inicial, al retomar posturas como las de Abrams (1988) y Trouillot (2001), quienes problematizan la idea del Estado como una estructura homogénea y/o coherente. Estos autores proponen el análisis del mismo, a partir de los discursos, narrativas y prácticas concretas que lo constituyen como idea —lo que no puede hacerse simplemente a través las instituciones de gobierno—, así como del estudio de sus procesos y efectos de forma diferenciada. Lo anterior amplía la perspectiva del Estado como figura única compuesta por tres poderes. Dado que aquí efectuamos un análisis de la política pública y mostramos sus impactos diferenciados, en un contexto como el del Alto Cauca, usamos la escritura “estado” como recurso para volver sobre las posturas que problematizan dicha categoría.

¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca Natalia Abril-Bonilla, María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota

Consideraciones metodológicas

Para la escritura de este artículo, retomamos algunas herramientas del diseño metodológico del proyecto Formalización de derechos de propiedad agraria e (in)seguridad: ¿una relación de doble vía? en el que participamos, a saber: 1) revisión de documentos de política pública y normas que reglamentan el PFPR, en especial el Conpes 3641 de 2010 y la Guía metodológica para la formalización masiva de la propiedad rural por barrido predial; 2) cuatro salidas de campo entre 2018 y 2020 a Jamundí, Santander de Quilichao y Buenos Aires.

Nos concentramos en estos tres municipios debido a que en ellos converge una alta incidencia del conflicto armado y de los conflictos socio-ambientales (Vélez-Torres 2018), interétnicos e interculturales (Duarte 2015), los cuales influyen en la asignación de los derechos de propiedad y en la tenencia de la tierra (figura 2). En el marco del mencionado proyecto, realizamos una matriz que caracteriza a los municipios que hicieron parte de planes y programas de formalización. La siguiente tabla (figura 1) muestra, específicamente, las variables tenidas en cuenta para los tres municipios:

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hibridación como la resistencia de los colonizados a las prácticas y discursos de los colonizadores, que llegan a imponerse sobre lo local. No se trata solo de la fusión de dos entidades binarias diferentes (dominante y dominado), sino de la evidencia del encuentro de esas dos entidades y los procesos de resistencia y adaptación que se forman en ambos lados (Freedman 2014).

La hibridación nos permite pensar la “multiplicidad de escenarios que pueden resultar cuando dos entidades se encuentran e interactúan” (Freedman 2014, 936). En este caso, el viraje que las organizaciones rurales del Alto Cauca le dieron al PFPR es fundamental para pensar: 1) la noción de lo campesino, en la que el reconocimiento de una identidad política y cultural no es excluyente de las luchas por el acceso a la tierra, y 2) la relación entre las políticas públicas y los actores locales, en la que los discursos totalizantes y homogeneizantes que producen las primeras se ven contrarrestados por la agencia de los segundos.

El texto se divide de la siguiente manera: primero, exponemos las consideraciones metodológicas de este artículo. Segundo, hacemos una exposición teórica sobre la producción de espacios y sujetos por parte del PFPR y la hibridación para comprender su implementación. Tercero, construimos una caracterización de los conflictos territoriales y de las agendas e identidades políticas de algunas organizaciones sociales del Alto Cauca. Luego desarrollamos el tercer escenario, que se genera del encuentro entre los procesos histórico-organizativos del Alto Cauca y la llegada del PFPR. Por último, planteamos algunas conclusiones sobre la implementación de políticas públicas de la tierra y los debates en torno a lo campesino.

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 79-102 https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.04

Figura 1. Características de los municipios

84

Santander de Quilichao

Jamundí

Buenos Aires

Resguardos indígenas

1

1

1

Consejos comunitarios

1

1

1

Parques Naturales

0

1

0

Presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en algún momento entre 1999-2011

1

1

0

Presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en algún momento entre 1999-2011

1

1

1

Presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en algún momento entre 1998-2004

1

1

1

Presencia de grupos herederos del paramilitarismo en algún momento entre 2010-2014

1

1

0

Masacres

1

1

1

Cantidad de unidades mineras sin título minero

16

68

64

Homicidios entre 1990-2014

1 649

1 956

1 132

Desplazamiento forzado entre 1991-2010

7 991

10 431

19 732

Fuente: elaboración propia con base en información oficial y bases de datos del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (2018).

En estos tres municipios entrevistamos a: • Siete tomadores de decisión: funcionarios del Gobierno nacional que se encargaron del diseño y dirección del PFPR. • Cinco ejecutores del programa: contratistas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quienes componen el equipo de trabajo del PFPR en cada municipio. Entre ellos se encuentran abogados, topógrafos, enlaces territoriales y directores, a cargo de realizar visitas a campo y estar en contacto, relativamente constante, con los usuarios del programa.

• Cuatro funcionarios de las alcaldías municipales, quienes estuvieron presentes durante la implementación del PFPR. • Seis dignatarios: representantes legales de las JAC, elegidos por votación, entre los que se encuentran presidentes, vicepresidentes, tesoreros o secretarios.

• Tres líderes de comunidades negras de la Aconc.

Además, llevamos a cabo tres grupos focales: uno en Buenos Aires, organizado en conjunto con líderes de la Aconc, en el que participaron usuarios del PFPR e integrantes de los consejos comunitarios de este municipio, y en el que se debatieron las diversas visiones sobre la propiedad privada, la tenencia colectiva de la tierra y las disputas territoriales. Otro en Jamundí, organizado por la presidenta de una JAC, en el que hablamos con los habitantes de una vereda que se ve constantemente afectada por

¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca Natalia Abril-Bonilla, María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota

las inundaciones del Río Cauca que genera la hidroeléctrica La Salvajina. Y el tercero lo desarrollamos con una asociación de mujeres en Santander de Quilichao, a fin de discutir los problemas de la minería y de la agroindustria en el municipio, así como los límites de la formalización frente al avance de ambas actividades en sus tierras.

Finalmente, realizamos un sondeo de opinión a 64 personas, en cuatro veredas de Santander de Quilichao, sobre su experiencia como usuarios del PFPR, conflictos, uso y apropiación de los territorios.

Figura 2. Mapa de municipios del Alto Cauca

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Fuente: elaboración propia con base en el trabajo realizado con el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (2020).

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Cabe resaltar que, por seguridad y compromiso con la confidencialidad de las y los participantes, a lo largo del texto, cuando incluimos citas extraídas de las entrevistas, cambiamos los nombres de quienes hablan, haciendo referencia específica a su cargo, filiación institucional y, en el caso de las comunidades rurales, a la organización a la que pertenecen.

Formalización: políticas públicas e hibridación

86

En este apartado analizamos el diseño del PFPR como una política que, al elaborar un discurso técnico sobre la informalidad de los predios rurales en el país, produce o crea unas categorías sobre los espacios y las poblaciones que busca administrar.

Luego, desarrollamos el concepto de hibridación como un marco analítico para pensar la forma en que el PFPR interactúa con el Alto Cauca.

El Conpes 3641 de 2010, que hace recomendaciones de política pública, plantea como una de las problemáticas del sector rural la existencia de predios informales, es decir, predios “ocupados por individuos que o bien no poseían títulos sobre los mismos, o [que] teniéndolos, no se encontraban debidamente registrados” (11). Para el Conpes, uno de los factores que ha mantenido al país en la informalidad es “la falta de cultura por parte de los usuarios […], por lo que recomienda generar estímulos a los poseedores de inmuebles para que regularicen la propiedad” (18)2.

En la práctica, dichos estímulos se traducían tanto en crear programas masivos de titulación y regularización de la propiedad, como en establecer estrategias para informar y educar a la población sobre los procedimientos que se debían realizar para mantener sus predios en la formalidad, entre otras medidas (Conpes 3641 de 2010). El PFPR acató estas recomendaciones y propuso impulsar acciones para “formalizar el derecho de dominio sobre predios rurales privados y consolidar una cultura de la formalización de la propiedad” (MADR y UPRA 2016, 10)3.

El PFPR fue creado con el propósito de promover el acceso a la propiedad individual de la tierra y “mejorar la calidad de vida de las capas más vulnerables de la población campesina” (MADR y UPRA 2016, 16). Buscaba apoyar al campesinado en todas las gestiones administrativas, jurídicas, notariales y registrales necesarias para esclarecer la situación jurídica de sus predios. El fin último era entregar al campesinado usuario de esta política un título debidamente registrado, que le sirviera como respaldo para inversión, acceso a créditos y mayor productividad (Abril et al. 2019).

De acuerdo con Shore (2010), las políticas son herramientas de intervención y acción social para administrar, regular y cambiar la sociedad, pues parte de su función política consiste en otorgar legitimidad a las decisiones tomadas por aquellos en posiciones de autoridad. El PFPR puede entenderse, justamente, como una estrategia para la administración del espacio en términos de eficiencia y productividad, pues presenta la informalidad como un problema que debe ser reparado para 2

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hacer la tierra más rentable. Esta relación problema/solución es reproducida por altos funcionarios del Gobierno, quienes estuvieron involucrados en el diseño del PFPR. Al respecto, Francesca, una tomadora de decisión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) dice: Creo que hay bastantes justificaciones para querer atacar la informalidad. Por ejemplo, facultar el acceso a recursos públicos, ninguna entidad del Estado puede invertir en donde no esté clara la propiedad entonces eso impide que haya inversión [...] o acceso a crédito que pues todos los créditos agropecuarios se montan en el hipotecario. (F., exfuncionaria del Incoder, entrevista con las autoras, febrero de 2018)

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Con el fin de solucionar esa situación, el PFPR declaró unas áreas priorizadas a lo largo del territorio nacional, que podían ser veredas, corregimientos o municipios enteros (Resoluciones 346 de 2013, 327 de 2014 y 098 de 2015 del MADR), donde se adelantarían los procesos de formalización. Una vez escogida el área, se instalaba una oficina del programa en el municipio y se realizaba el proceso de socialización.

Luego, esa misma oficina recogía las solicitudes y seleccionaba aquellas que podían tramitarse dentro del programa: predios privados. Posteriormente, los operadores hacían el estudio de títulos, las visitas oculares, presentaban las demandas ante los jueces civiles municipales o notarios y registraban el título en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos (MADR y UPRA 2016).

Todos estos procedimientos constituyen la forma en que la política hace legibles los espacios que busca intervenir. Tal como plantean Del Cairo y Montenegro-Perini (2015), la llegada de una política a cualquier espacio trae consigo mecanismos de agregación, simplificación y estandarización, que el conocimiento técnico experto ha elaborado para orientar la intervención estatal en las comunidades rurales del país. Las guías metodológicas y resoluciones del PFPR se valen de un lenguaje netamente jurídico, que utiliza palabras como poseedor, ocupante, falsa tradición, derechos sucesorales, etc., para hacer legible al beneficiario y su predio, dentro de las categorías del conocimiento técnico del derecho agrario. Es decir, el programa clasifica la tenencia de la tierra de las comunidades, bajo este tipo de categorías, para sanear la propiedad.

Esta clase de atributos otorgan un carácter neutro a la política pública. Con ellos se crea una racionalidad alrededor de la formalización, que justifica el diseño e implementación de medidas para corregir las situaciones que se salen de lo deseable, como la informalidad en la tenencia de la tierra. Esto permite que las políticas operen sin mayores reparos, pues “logran desplazar el discurso a un registro que posiciona el debate fuera de la política y, por lo tanto, en una esfera donde el desacuerdo es visto como inapropiado o imposible” (Shore 2010, 34).

Ahora bien, tal como lo mencionaba el Conpes 3641 de 2010, la informalidad de la tierra es presentada como un problema cuya raíz, o al menos una parte de ella, radica en la falta de conocimiento por parte de la población rural sobre los

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procedimientos que deben realizarse. La guía metodológica del programa plantea que “hay que prestar particular atención a las características culturales y tradiciones locales para mayor eficacia en la divulgación de la agenda” (Resolución 347 de 2013, 24)4. Adicionalmente, “debe entenderse que en la mayoría de los casos se trata de comunidades orales de baja escolaridad” (Resolución 347 de 2013, 24)5, por lo que la guía solicita que los operadores expliquen el alcance, la metodología, el tiempo de duración, los costos y sus funciones.

Estas formas de referirse a las poblaciones rurales, usuarias de la política, dan cuenta de la forma como los sujetos y sus subjetividades son creadas por el mismo programa. Las políticas no simplemente asignan identidades particulares a individuos y grupos específicos, sino que construyen activamente esas identidades, en la medida en que “incorporan, y a su vez están incorporadas en, la lógica de los sistemas de clasificación que las crean” (Shore 2010, 37).

Según Ramírez, “la formulación de la política pública es un proceso sociocultural y, como tal, interpreta, clasifica y genera realidades, además de moldear a los sujetos a quienes se dirige” (2010, 13). De igual manera, para Wedel et al. (2005) las políticas clasifican a las personas y sus problemas bajo categorías como “migrante económico” o “solicitante de asilo”, que no solo otorgan al sujeto una identidad, sino que involucran códigos y disposiciones que buscan regular su comportamiento. Por esto, “es útil pensar no sólo en la dimensión restrictiva de la política, sino también en la forma en que moldea las identidades e ideas modernas sobre lo que significa ser humano” (2005, 37).

En este sentido, el PFPR es una política que, por un lado, homogeneiza a todas las poblaciones rurales que busca “beneficiar”, bajo la promesa de mejorar sus condiciones de vida, desconociendo los matices que hay entre el campesinado. Este se diferencia, según Salgado (1994), por el tipo de relación que tiene con la tierra: propia, en arriendo o sin ella; por si produce cultivos comerciales, alimentos o se dedica a otras actividades no relacionadas con la tierra; y por las zonas en las que vive, la distancia a los centros poblados y las vías de acceso. Por otro lado, el PFPR crea la categoría de una población rural vulnerable, con baja escolaridad, que desconoce los procesos y trámites necesarios para mantener en la formalidad su predio, lo cual justifica que el programa se destine a este grupo social. Es una política que solo nombra a los sujetos a los que va dirigida para mencionar esas características.

Con todos estos supuestos en su diseño, el PFPR seleccionó veintidós Zonas de Formalización Masiva (ZMF), en diez departamentos (Resolución 346 de 2013), entre las que se encontraban Buenos Aires y Santander de Quilichao en el Cauca y Jamundí en el Valle del Cauca, las cuales quedaron bajo la dirección de la Regional Sur, con oficina principal en Popayán. En cada una de estas ZFM se instalaron

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A pesar de que, tanto de manera verbal como escrita, en reiteradas ocasiones intentamos acceder a la información del PFPR en Buenos Aires y Jamundí, nunca obtuvimos respuesta. Sobre las dificultades en el desempeño del PFPR y el acceso a la información del mismo se puede consultar Abril Bonilla et al. (2019).

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oficinas constituidas por un equipo técnico, jurídico y social, que debía tramitar las solicitudes en dieciocho meses.

Debido a que los operadores, contratados a través de la OIM y no de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), no podían tramitar todas las solicitudes que recibía el programa, si se encontraban con un presunto baldío —predio sin antecedente registral—, debían remitir el proceso directamente a la oficina de la ANT en Bogotá, que es la única entidad competente para adjudicar baldíos. De esta manera, y como pudimos constatar en campo, los usuarios no siempre tenían claridad sobre el estado de su proceso ni sobre la entidad a cargo del mismo.

Adicionalmente, la falta de coordinación y articulación entre las entidades encargadas de regular la propiedad de la tierra, como la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, generó un retraso en la expedición de títulos. Así, el programa quedó supeditado a condiciones externas que impidieron que las solicitudes se tramitaran en el tiempo establecido. Tan es así que para septiembre de 2019, la ANT, que asumió el programa desde 2015, seguía tramitando las solicitudes del piloto (Abril et al. 2019).

En marzo de 2019, los operadores en Santander de Quilichao nos informaron que entre 2013 y 2015 habían recibido 1 083 solicitudes, de las cuales solo habían registrado 248 títulos; 470 no habían comenzado ni siquiera el estudio de títulos; 262 tenían expedientes con informes técnicos y jurídicos que incluían visitas a campo; 107 estaban en los juzgados a la espera del registro; y 180 habían sido trasladas a Bogotá por no tener antecedentes registrales, por folios de matrícula sin área disponible para registrar o por problemas de colindancia. Es decir que, a febrero de 2020, no habían culminado todos los procesos que iniciaron con el piloto6.

Ahora bien, a través del sondeo realizado a 64 participantes del programa en Santander de Quilichao, pudimos constatar que: la mayoría solo tiene un predio que es heredado y no sobrepasa una hectárea; 43 personas tienen energía eléctrica y 33 acueducto —generalmente veredal—. Casi la totalidad debe usar pipeta de gas —que para el 2018 costaba unos 70 000 pesos —; la mitad no cuenta con alumbrado público y 62 reportaron no tener centro de salud en su vereda. Además, 41 personas afirman que la vereda en la que viven hace parte de algún consejo comunitario, mientras que 18 personas hacen parte de alguna organización campesina, de comunidades negras o indígenas.

Encontramos que, de todas las personas encuestadas, 46 se identifican como negros, afrodescendientes, mestizos o mulatos y 44, además, se consideran campesinos. 45 personas reportaron que se sienten tranquilas viviendo en sus respectivas veredas, dos han pensado en irse y otras dos han considerado vender su predio. De estas dos últimas, una argumenta que es por falta de oportunidades, mientras la otra explica que es por problemas de seguridad.

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A la hora de evaluar el piloto, los operadores de la Regional Sur reconocieron que el título debía “estar acompañado de mejoramiento de la producción, la seguridad, el mercadeo, la tecnología, la asistencia técnica, el crédito de fomento” (Regional Sur 2014, 15). Destacaron, por un lado, la importancia de que, tras obtener los títulos, se incentive el uso productivo de la tierra y se integre el programa con la oferta institucional para campesinos y poblaciones vulnerables en el país Por el otro, dada la relevancia de las organizaciones comunitarias en departamentos como el Cauca, señalaron la importancia de promover mecanismos de ahorro solidario antes que de acceso a créditos (Regional Sur 2014).

Si bien reconocemos que el título no transforma las condiciones de vida de las poblaciones rurales, si no va acompañado de proyectos productivos o asistencia técnica y si no se fortalecen los procesos organizativos locales, como lo destaca la Regional Sur, en la práctica, la formalización tampoco cambia la situación de vulnerabilidad.

Al formalizar predios de menos de una hectárea, también llamados casa lotes, el PFPR logra su objetivo de llegar “a las capas más vulnerables de la población”. Sin embargo, como pudimos constatar en campo, las poblaciones rurales usuarias de la política no tienen en dónde cultivar, su acceso a servicios públicos es precario y, como veremos en el siguiente apartado, continúan desprotegidas frente al avance del proyecto neoliberal (agroindustrial y minero-energético).

Para entender el encuentro entre el PFPR y las comunidades del Alto Cauca, en un contexto de vulnerabilidad, utilizamos el concepto de hibridación. Nos remitimos a la propuesta de Bhabha (1994) y a los desarrollos recientes del concepto en contextos de titulación de tierras y justicia transicional en países del Sur (Álvarez 2011; Baaz, Lilja y Östlund 2017; Freedman 2014).

Bhabha (1994), desde una perspectiva poscolonial, conceptualiza la hibridación como una posibilidad disruptiva de interpretación y apropiación, que pone en riesgo el discurso colonial y posibilita la subjetivación de los colonizados. Esta posibilidad disruptiva constituye un tercer escenario, en el cual se producen relaciones entre dominantes y dominados, que sobrepasan el reflejo de las prácticas discursivas hegemónicas y colonizadoras.

En su trabajo sobre derecho internacional humanitario, Freedman (2014) operacionaliza el concepto en tres momentos: hibridación como teoría, que permite una aproximación a las categorías identitarias plurales y contradictorias en contextos poscoloniales; como proceso, que tiene lugar en el tercer escenario de Bhabha (1994) y que define la multiplicidad de dichas identidades; y como entidad, en términos de las construcciones que emergen de la hibridación como teoría y como proceso. La hibridación, desde este enfoque, permite reconocer el potencial disruptivo, en las disputas por la noción de lo campesino que se promueven en el PFPR, en la medida en que los encuentros de esa narrativa normativa con los contextos específicos del Alto Cauca son capaces de “desestabilizar el discurso dominante a partir de una re-inscripción o re-lectura de sus coordenadas” (Álvarez 2011, 146).

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Alto Cauca: el espacio y las comunidades en disputa

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En este apartado hacemos, primero, una breve caracterización de los procesos de construcción de una geografía económica centrada en el extractivismo agroindustrial y minero-energético. Segundo, caracterizamos a dos organizaciones del Alto Cauca, sus demandas y agendas políticas. Tercero, analizamos dichas organizaciones en torno a las luchas identitarias y de reconocimiento político. Partimos de pensar el Alto Cauca como una región con dinámicas de acumulación y despojo que afectan a las comunidades rurales y cuyas apuestas políticas e identitarias se dan en un contexto de multiculturalismo neoliberal.

Para Maristella Svampa (2019), la expansión de la frontera de derechos colectivos, reconocidos por las diferentes constituciones nacionales, y la normativa internacional se enfrentan a la expansión de las fronteras del capital, aumentando la conflictividad socioterritorial. Esta socióloga plantea que en los gobiernos democráticos el reconocimiento a los derechos colectivos, que implica la consulta previa, libre e informada, es confrontado por la constante acumulación de capital producto de la expansión de la frontera petrolera, minera, energética y de los agronegocios.

En el caso específico de las comunidades rurales que habitan el Alto Cauca, dicha tensión se puede evidenciar a través de dos procesos asociados al neoliberalismo: 1) el extractivismo agroexportador que está compuesto tanto por la agroindustria azucarera como por los parques agroindustriales; 2) el extractivismo minero-energético, que se evidencia con la minería legal a gran escala y la minería ilegal asociada a los grupos armados, y la construcción de la hidroeléctrica La Salvajina.

Frente al extractivismo agroexportador encontramos que a pesar de ser un proceso histórico se agudiza y transforma con la con el desarrollo de las políticas neoliberales.

Según Rojas (2017), la agroindustria cañera inició con la instalación de máquinas que permitieron la transformación de la caña en el Ingenio Manuelita, así como con la construcción del canal de Panamá y el ferrocarril del Pacífico durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, se consolidó durante la segunda mitad del siglo XX, en el contexto de la Revolución Cubana, el bloqueo y los nuevos mercados para el azúcar colombiano, así como con la creación de cinco entidades gremiales que afianzaron lo que conocemos actualmente como la agroindustria azucarera. En la actualidad, algunos ingenios han diversificado sus cultivos y esto ha afectado principalmente a los pequeños cultivadores de piña de la región, quienes no tienen cómo competir.

En el marco del grupo focal del 27 de marzo de 2019, en Santander de Quilichao, veinte mujeres de una asociación de la vereda Ardobelas nos contaron cómo se organizaron en el 2011 con el fin de cultivar piña. Cuatro sacaron créditos con el Banco Agrario y empezaron su cultivo en el predio que les prestó un vecino. La iniciativa fracasó debido a la injerencia de la empresa Bengala Agrícola S.A., propiedad del grupo agroindustrial Riopaila-Castilla, en el mercado agrícola local. Esta empresa, que tenía como propósito exportar piña y diversificar las actividades de lucro de Riopaila-Castilla, no pudo concretar sus propósitos, pues el producto que pretendía vender

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había sido regado con agua de ríos contaminados con mercurio. Al no poder comercializar el producto contaminado, que el mercado internacional se negó a comprar, la solución fue llevarlo al mercado regional y ponerlo a competir con precios más bajos que los de los productores locales.

Las participantes manifestaron que, aunque esa empresa agroindustrial perdió, los que más sufrieron fueron los pequeños productores y organizaciones locales como la suya. Con la entrada de la piña de Bengala Agrícola al mercado nadie les compró su cosecha, los intermediarios no les respondieron y, aún hoy, no han podido recuperarse económicamente, pues todavía tienen deudas. Para estas mujeres, los ingenios son tan fuertes económica y políticamente que la caída de los precios de la piña fue como “quitarle un pelo a un gato”. Expresaron que como organización no saben con qué producto reemplazar la piña y no tienen proyectos a futuro; por ahora, cada una trabaja en su huerta personal. Muchas de estas mujeres están en proceso de formalización de sus predios.

Con respecto a los parques industriales, la Ley Páez (218 de 1995)7 y el Decreto 1178 de 19948 fueron las medidas que el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) tomó para reparar los daños de un terremoto y, la posterior avalancha del Río Páez, que ocurrió en Toribío (Cauca) el 6 de junio de 1994, y que afectó a nueve municipios del departamento y a seis del Huila. Esta fue la entrada para la instalación de parques industriales en la región con el argumento de que gozarían de amplios beneficios por los puestos de trabajo que se crearían y los recursos que vendrían para las arcas municipales. Los parques están ubicados en Villarrica, Miranda, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Caloto. En estos dos últimos municipios están localizados los más importantes.

Dos décadas después, según Gómez, Miller y Rivera, los empresarios han sido los más beneficiados por las exenciones tributarias y la dotación de infraestructura.

Mientras que los pobladores de la región encuentran que el empleo que se ha generado es escaso, no calificado, mal pago, temporal y precario, las rentas municipales no han aumentado como se esperaba. No obstante, las administraciones locales sí incurrieron en gastos tendientes a la adecuación de servicios públicos e infraestructura (Gómez, Miller y Rivera 2006, citados en Gamarra 2007).

Frente al extractivismo minero-energético, en los años ochenta, se construyó la hidroeléctrica La Salvajina, en el municipio de Suárez Cauca, cuyo propósito era ampliar las zonas cultivables para la caña controlando el caudal del río Cauca. La construcción de esta represa generó dependencia económica y el desplazamiento de comunidades del municipio de Buenos Aires. El 18 de abril del 2018, durante el 7

Ley Ordinaria 218/1995, de 17 de noviembre, por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994, proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante Decreto 1178 del 9 de junio de 1994, y se dictan otras disposiciones. (Diario Oficial n.° 42117 de 22 de noviembre de 1995). http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1655692

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Decreto Legislativo 1178/1994, de 9 de junio, por el cual se decreta el Estado de Emergencia por razón de grave calamidad pública. (Diario Oficial n.° 41393 de 16 de junio de 1994). http://www.suin-juriscol.gov. co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1238348

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desarrollo del grupo focal con usuarios del programa de formalización en Jamundí, los campesinos de la región explicaron que su situación era muy problemática: sus casas, fincas, cultivos y hasta la carretera veredal se veían afectados cada vez que llovía o que liberaban más agua de la habitual de la Represa La Salvajina: “nosotros somos damnificados del río Cauca. Nos dedicamos a ver perder” (grupo focal con habitantes de Jamundí, abril de 2018).

La minería a gran escala es una actividad que se ha venido desarrollando sobre todo después de la construcción de esta represa y que es contraria a la minería artesanal, una práctica ancestral de las comunidades de esta región (Restrepo 2017). El “otorgamiento de títulos mineros a particulares en municipios cercanos a la represa y las disputas por parte de actores armados para la consolidación de enclaves mineros ilegales” (Restrepo 2017, 6), fueron factores que hicieron que los habitantes de varios municipios —entre ellos Suárez y Buenos Aires— sufrieran por la falta de tierras para cultivar y vieran amenazados sus territorios. Según la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), en el municipio de Suárez dos terceras partes del territorio están en trámite para explotación de oro.

Para Vélez-Torres, los conflictos por la tierra en el Alto Cauca se gestan en la competencia por el acceso a bienes y servicios del territorio, lo cual les imprime un carácter socio-ambiental. En “su origen estos conflictos gravitan en torno a una disputa, entre grupos étnicos, sobre el uso, el acceso a la propiedad y el control de bienes ambientales territoriales, en la mayoría de los casos tierra, agua y oro” (Vélez-Torres 2018, 40). Esta autora recalca que las tensiones entre grupos sociales surgen por el “enclaustramiento” al que los ha sometido el sistema económico que impera en la región, más que por visiones del mundo inconmensurables.

Esta geografía, estructuralmente excluyente, ha sido disputada por las organizaciones rurales con presencia histórica en el Alto Cauca. Si bien existen varias, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) o la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), nos referiremos a dos organizaciones que durante la implementación del programa han sido interlocutoras constantes del mismo: la Aconc y las JAC. La Aconc está presente en cinco microzonas del norte del departamento: el Alto Cauca, el Cauca Medio, el Bajo Cauca, Río Desbaratado La Paila / Río Palo y La Quebrada.

La Aconc aglutina a organizaciones de diversa índole, que llevan años luchando por un proyecto de progreso y desarrollo propio, basado en tres pilares: 1) gobierno, gobernanza y control social; 2) fortalecimiento económico y 3) etnoeducación.

El primero consiste en fortalecer la gobernanza de los consejos comunitarios, en tanto autoridades étnicas de los territorios ancestrales. El segundo se refiere a la autonomía alimentaria y a los sistemas de producción sostenibles. El tercero se comprende como formación política, fortalecimiento de la oralidad, construcción de la historia del pueblo negro del Norte del Cauca, protección del palenquero como

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segunda lengua y reparación de los derechos colectivos. Lo anterior se enmarca en las luchas políticas que derivaron en la Ley 70 de 19939.

Por su parte, las JAC son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias. En lo rural son integradas por vecinos o residentes de una vereda. Para Jaramillo, Mora y Cubides (1986), las veredas son espacios de sociabilidad comunitaria, centros primarios de vida cívica y política. Recientemente, las JAC han jugado un papel importante en la implementación de políticas agrarias de diversa índole. Los presidentes y dignatarios cumplen funciones como autoridades o líderes reconocidos y avalados por la comunidad y por entidades del estado. Por ejemplo, en el marco de las disposiciones de la Ley 1551 de 201210, expiden certificados de sana posesión para el acceso a créditos con el Banco Agrario o certificados de vivienda para acceder a trabajos en empresas minero-energéticas.

Estas funciones también incluyen tareas propias del quehacer diario en comunidad como la resolución de conflictos entre familias o vecinos. Cabe resaltar que, durante el desarrollo del trabajo de campo, los presidentes y dignatarios de las JAC fueron actores fundamentales para acercarnos al funcionamiento del PFPR en sus comunidades.

Por otra parte, son la única organización de base reconocida en el diseño del programa como puerta de entrada a las comunidades rurales a las que está dirigido.

Por último, analizamos dichas organizaciones y su actuar en torno a las luchas identitarias y de reconocimiento político. Existen algunas actividades que permiten entender los procesos productivos y su relación con el territorio de las comunidades negras campesinas que habitan la región. Los líderes de la Aconc hacen referencia a la defensa del sistema-bosque, que protege las fuentes hídricas; la finca tradicional; el rastrojo y el cultivo de árboles típicos para la construcción de sus viviendas. Los Planes de Desarrollo Étnico-territorial de las comunidades negras están siendo construidos y/o reformados a la luz de los acuerdos que se incluyeron en el capítulo étnico del acuerdo de paz, firmado en 2016. A pesar de las dificultades y del incumplimiento de dicho acuerdo, la Aconc se está organizando en función de ese horizonte y muchas de sus apuestas están en tensión directa con la perspectiva de otros actores en el territorio: empresas, grupos armados ilegales, algunas instituciones estatales, etc., pero no necesariamente con las de otras comunidades campesinas, con quienes comparten vocaciones productivas o exigencias por el acceso equitativo a los mercados, entre otras.

Aunque es difícil hablar de una sola agenda política de las JAC, la importancia de estas organizaciones radica en que son una plataforma para el trabajo colectivo y la autogestión de las poblaciones rurales, como es el caso de la JAC de la vereda Santa Rita en Santander de Quilichao. Los habitantes más viejos de esta vereda 9

Ley Ordinaria 70/1993, de 27 de agosto, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. (Diario Oficial n.° 41013 de 31 de agosto de 1993). http://www.suin-juriscol.gov.co/ viewDocument.asp?ruta=Leyes/1620332

10 Ley Ordinaria 1551/2012, de 6 de julio, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. (Diario Oficial n.° 48483 de 6 de julio de 2012). http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1683194

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participaron en su fundación en 1986, con el fin de fortalecer las iniciativas comunitarias que ya existían. Leticia, fundadora de la junta y madre de la actual presidenta, trabajó en ella durante ocho años y nos contó que los logros más grandes en aquel momento fueron: abrir caminos, cultivar de manera colectiva la tierra, construir un acueducto veredal y trabajar mancomunadamente con políticos de la región para llevar redes de energía eléctrica. Para estas obras los vecinos daban de a 500 pesos por reunión y asistían a las jornadas de trabajo comunitarias o mingas cuando los convocaban. Además, realizaban rifas y otras actividades que les permitían gestionar recursos para continuar la misión.

El neoliberalismo, en su dimensión multicultural, ha determinado la creación de acciones y prácticas políticas encaminadas al reconocimiento de diversas identidades étnicas, negociando con los estados para la asignación de recursos y la garantía de derechos. Según Haughney (2012), esto hace referencia a un programa de desarrollo enfocado específicamente en las comunidades étnicas, que tiene como propósito aliviar la pobreza, pero dejando de lado reclamos históricos sobre la tierra y el Gobierno local.

En el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural del país, mientras impulsa el modelo económico extractivo que obliga a las comunidades reconocidas como étnicas a dar disputas constantes por sus territorios, modos de vida y derechos políticos, sociales, culturales y ambientales, en medio del desplazamiento masivo (Morgan 2019).

Duarte reconoce los procesos de reconocimiento y toma de conciencia de las llamadas ideologías étnicas, dirigidas a “construir una diferencia identitaria radical entre las distintas poblaciones rurales” en el Cauca (2015, 43). Esto genera sistemas jerarquizados y/o estratificados que son leídos en el contexto de lo que este autor denomina multiculturalismo operativo en el que, a partir de la década de los noventa, se reconoció la particularidad de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, al establecer una escala diferencial de derechos con respecto a otras poblaciones rurales, en particular el campesinado mestizo.

Según este autor, el multiculturalismo ha operado también como un mecanismo mediante el cual el estado “ha intentado recuperar su debilidad tradicional en regiones apartadas con un amplio potencial ecológico y económico […] Este mecanismo se sustentó en el reconocimiento de los grupos étnicos como interlocutores debidamente ‘territorializados’ y ‘comunitarizados’” (Duarte 2015, 186). En este sentido, el campesinado no-étnico estaría por fuera de las figuras territoriales plenamente reconocidas, lo cual sería problemático dentro del esquema de diferencias étnicas y culturales reconocidas por el estado central.

Dicho esquema se ha profundizado a escala territorial, dadas las dificultades de acceso a tierra y recursos para todas las poblaciones rurales, las cuales han sido generadas por los procesos extractivistas agroindustriales y minero-energéticos. En este contexto, diversos intereses, visiones y apuestas de las comunidades rurales se enmarcan en las diferencias étnicas construidas por el multiculturalismo neoliberal, que hace que estas se movilicen en torno a la cuestión identitaria para acceder a estos recursos cada

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vez más escasos. Allí es donde una reflexión sobre la entrada del PFPR es relevante: ¿cómo interactúa la noción normativa de lo campesino, enunciada en el programa, con la escala diferencial de derechos en la práctica y las aspiraciones de las comunidades?

Tercer escenario: entre resistencias y adaptaciones

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La implementación del PFPR en la región del Alto Cauca constituye el encuentro de dos entidades con raíces e intereses distintos que, en el plano local, se ha transformado en un espacio de tensión y articulación entre el programa y sus usuarios. Si bien el PFPR fue diseñado únicamente para sanear la propiedad individual, tanto las JAC como la Aconc le otorgaron un sentido particular, que responde a su posición política en el Alto Cauca, generando así un tercer escenario en el que son “capaces de resistir y transformar el poder, así como cuestionar la autoridad discursiva” (Baaz, Lilja y Östlund 2017, 209).

A pesar de las ambigüedades y contradicciones que se puedan presentar, este tercer escenario “pone en marcha nuevos signos identitarios y espacios innovadores de colaboración y oposición” (Bhabha 1994, 1)11. En Jamundí, Santander de Quilichao y Buenos Aires este escenario se manifestó en dos sentidos: Por un lado, los funcionarios y ejecutores del PFPR tuvieron que dialogar con las JAC para socializar el programa y convocar a la comunidad para participar en él. Asimismo, tuvieron que ubicar los predios que se iban a formalizar e incluso definir los linderos para delimitar la propiedad. Esta dinámica permitió a las JAC posicionarse como actores claves de la política y del territorio y, en últimas, como interlocutores válidos ante el estado, algo que los mismos tomadores de decisión y funcionarios del programa reconocieron.

De otra parte, la llegada del PFPR incidió en la lucha de la Aconc por constituir un territorio colectivo en Buenos Aires. El objetivo del programa de formalizar la propiedad privada representaba una amenaza latente para las apuestas territoriales de esta organización, en la medida en que promovía la tenencia individual de la tierra en detrimento de la colectiva. Esto implicó que los líderes de la Aconc desarrollaran una serie de apuestas para el uso estratégico de la política, lo que no deja de ser una amenaza.

Con respecto al primer caso, la participación de las JAC en el programa de formalización ha servido como un puente entre la comunidad y el estado. Los dignatarios fueron los “traductores” de un lenguaje técnico y una entrada segura a las comunidades, lo que, además, les permitió posicionarse ante el estado central. Al ser reconocidas como organizaciones creadas por el estado, los operadores recurrieron a las JAC para la difusión y ejecución de estrategias iniciales del programa. Cecilia, directora del PFPR en el MADR durante el 2010 y encargada del piloto, reconoció en una entrevista de febrero del 2018 que “las JAC eran las autoridades locales o líderes comunitarios en los que el programa confiaba y se apoyaba para acercarse a los futuros usuarios” (Entrevista con las autoras, febrero de 2018).

11 La traducción es nuestra.

¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca Natalia Abril-Bonilla, María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota

Los dignatarios de las JAC eran quienes corregían las imágenes satelitales que definían los linderos, dado que en muchas ocasiones estos no correspondían con la realidad de las veredas. En la vereda Santa Rita de Santander de Quilichao, por ejemplo, las jornadas del PFPR se llevaron a cabo en la casa de la presidenta de la JAC, hija de Leticia. Allí acudieron los operadores y futuros usuarios del programa a radicar sus solicitudes. Al hacer este tipo de ejercicios, las JAC le otorgaron legitimidad a la política en las veredas, ya que los habitantes de las mismas aceptaban ir a las reuniones y entregar sus papeles porque eran los dignatarios los que hacían la convocatoria para dichos espacios. Así lo cuenta Luis: Lo que hizo que el programa tuviera credibilidad fue que la JAC estuviera ahí metida. Difícil es que llegue un programa a la comunidad sin nuestro apoyo, la gente iba a creer que era solo para más impuestos o quitarles las tierras. La gente iba con esa confianza porque la JAC estaba ahí. En todo proceso que se da en mi comunidad, si la JAC no está de lleno, la gente no tiene esa credibilidad.

(L., dignatario JAC de Popayán, entrevista con las autoras, mayo de 2019)

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Esta entrada de las JAC, como actor determinante en la política, se ve también en la evaluación de la Regional Sur, en la que se señala que es necesario “explorar la posibilidad de formalizar la relación existente entre el PFPR y las JAC” (Regional Sur 2014, 12). Esto con el fin de reconocer su valioso papel y evitar que sus actuaciones pudieran ser desviadas por intereses ajenos al programa y a los deseos de la comunidad que representan.

En este caso, encontramos que se genera un tercer escenario donde se abren espacios de oportunidad para negociar (Bhabha 1994), es decir, que no hay una recepción pasiva del programa. Por un lado, las JAC, al jugar un rol activo en la implementación del programa, pueden llegar incluso a regular la propiedad a través de la corrección de linderos en mapas oficiales y en el levantamiento de las actas de colindancia entre vecinos en las inspecciones oculares. Así, el reconocimiento de las JAC, como un actor activo de la implementación del programa, les da, por un lado, un relativo margen de acción para ajustarlo de acuerdo con los intereses locales y, por otro, constituye una plataforma de disputa de los intereses de las comunidades campesinas con los del programa.

En el segundo caso, el encuentro del PFPR con las reivindicaciones y aspiraciones territoriales de la Aconc muestra cómo la formalización, sin ser detonante de los conflictos interétnicos y/o del debilitamiento organizacional de las comunidades negras, sí contribuye al aumento de tensiones entre las formas privadas de tenencia de la tierra y las colectivas, propias de las comunidades étnicas. Lo anterior se debe a que, por un lado, en la difusión de dichos programas e incluso en el trabajo de los funcionarios, lo colectivo se presenta en detrimento del desarrollo personal y familiar.

Por el otro, Aureliano, el Consejero Mayor de la Aconc con quien hablamos en 2018 señalaba cómo la formalización de predios privados podría llegar a ser una estrategia de “acción con daño”. Para él, eventualmente, esta facilitaría la pérdida masiva de tierras y el debilitamiento de las organizaciones de comunidades negras en la región: “van

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y le dicen a la gente: si usted titula colectivamente va a perder su tierra” (Entrevista con las autoras, marzo de 2018).

Sin embargo, hay matices al interior de la Aconc. Los líderes de esta organización en Buenos Aires expresan que para ellos no hay una tensión directa entre las solicitudes de territorios colectivos y la formalización de la propiedad privada de los habitantes del municipio. Para ellos, este puede ser el primer paso para la titulación colectiva efectiva y explican que esta es la meta para los consejos, porque solo así se puede defender el territorio en un contexto de altas disputas por la tierra.

De acuerdo con el grupo focal que realizamos en Buenos Aires, el 8 de abril de 2019 con miembros de la Aconc, la propiedad privada es importante para que los habitantes se sientan dueños, puedan acceder a créditos y tengan unos mínimos de seguridad para prevenir el despojo. Además, esta es una medida rápida que cuenta con el apoyo del Gobierno nacional, pero esperan que la propiedad privada pueda transformarse en propiedad colectiva, en la medida en que el primer requerimiento para declarar un territorio colectivo es tener tierra disponible.

Esto ha sido un impedimento para las comunidades de Buenos Aires, pues solicitar los predios para la titulación colectiva es lo más engorroso del proceso. Así, al tener los predios formalizados individualmente, los miembros del consejo comunitario pretenden hacer la solicitud formal al Ministerio del Interior, para consolidar un territorio colectivo a su nombre.

Estos líderes se han acogido al programa y han promovido el mismo en sus comunidades. La titulación colectiva es una disputa política importante. Según uno de los líderes de un consejo comunitario, que participó en el PFPR y en el grupo focal de Buenos Aires, esta “es la única garantía en contra de la minería” (Grupo focal en Buenos Aires, abril de 2019). Es decir, contra el avance del extractivismo minero-energético.

Retomando la hibridación (Bhabha 1994), estas posturas diferenciadas y estratégicas de la Aconc evidencian puntos de encuentro y resistencia entre dominados y dominantes. Si bien el programa está guiado por una narrativa hegemónica sobre el deber ser de la propiedad privada y los usos y apropiación de los territorios, su misma implementación da lugar a procesos de (re)interpretación que disputan, tanto discursivamente como en la práctica, la noción de lo que es un usuario ideal, objetivo de la formalización de la propiedad rural. Aquí, los dominados se apropian de la política y la incluyen dentro de sus agendas como un primer paso para la consecución de logros más amplios como el de la titulación colectiva.

Claro, esta ventana de oportunidad no es inocua y tiene riesgos como los señalados por Aureliano. Sin embargo, la contienda misma sobre los usos y significados de la formalización es un espacio de resistencia que nos parece importante destacar. El campesinado, que en la política es presentado como necesitado de ayuda y medios para obtener créditos y mejorar su vivienda rural, es también un campesinado organizado, en la Aconc o en las JAC, con visiones particulares sobre

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el uso de los territorios, que exceden la visión de la propiedad en términos de tener un título registrado.

Así, en ambas organizaciones, el PFPR fue reinterpretado y reformulado en la cotidianidad de su implementación, lo que da cuenta de una convergencia entre los procesos nacionales de política pública y las apuestas activas de las comunidades para configurar un tercer escenario en lo local. Desde nuestra perspectiva, las nociones de lo campesino, que en el diseño de la política desconocen la hibridez de las organizaciones regionales o las apuestas territoriales e identitarias de estos municipios, son problemáticas porque son estáticas y homogéneas. Más cercanas a una visión de la población campesina como una a la que hay que ayudar a salir de la pobreza, que a una categoría política tal y como la han entendido múltiples comunidades en todo el país. A pesar de ello, la configuración territorial del Alto Cauca permitió que esta lectura fuera reversada por los mismos sujetos a quienes estaba dirigida la política.

Conclusiones

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En este artículo propusimos hacer un análisis de la implementación de la política pública de formalización, en un contexto donde los proyectos extractivistas agroindustriales y minero-energéticos acaparan los recursos de las poblaciones del Alto Cauca. Esta política contiene unas narrativas que entienden a las poblaciones rurales como atrasadas, que necesitan acceder a créditos o aumentar su productividad. Dichas narrativas otorgan visibilidad a unas características normativas sobre lo campesino y ocultan otras subjetividades políticas o étnicas que, en sí mismas, disputan estas lecturas homogeneizantes, lo que “constituye una curiosa forma de ocultar mostrando” (Pellegrino 2019, 239), en los documentos de política pública.

Lo anterior evidencia que el deber ser y las aspiraciones de administración de la formalización no solo no siempre coinciden con los contextos territoriales, sino que incluso pueden entrar en contradicción con sus mismas necesidades e intereses, como en el caso de los cultivos de piña en Santander de Quilichao.

Incluso, tampoco alcanzan el cometido de aliviar la pobreza que prometen en el diseño, pues formalizan predios de menos de una hectárea, donde no siempre es posible generar un sustento para las familias, los cuales siguen expuestos al encerramiento neoliberal.

Tal aproximación nos deja tres grandes conclusiones: primero, si bien la literatura sobre la formalización de la propiedad rural se enfoca en sus efectos, en términos de productividad, acceso a créditos o relación con la pobreza, es necesario tener en cuenta la dimensión política y cultural, que constituye a las tierras como territorios en los que se viven diversos procesos de uso y apropiación. Segundo, las políticas públicas también están configuradas por la agencia de quienes participan en ellas, por las formas en que las (re)interpretan y las (re)significan. En el caso del PFPR, tanto por los operadores y tomadores de decisión del programa como por las comunidades a las que va dirigido.

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Finalmente, los usuarios de la política se identifican como campesinos y campesinos negros y/o afrodescendientes, y se organizan en torno a apuestas políticas que van orientadas por el acceso a la tierra y al territorio. Esto nos permite pensar, por un lado, que la noción de lo campesino está atada tanto a las luchas identitarias y de reconocimiento político, como a las de acceso a la tierra, al gobierno propio y a recursos productivos. Por otro, que lo inconmensurable no son las diferentes visiones del territorio entre las comunidades, sino entre estas y el proyecto político neoliberal.

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Back to the Future: The Autonomous Indigenous Communities of Petén, Guatemala * Liza Grandia ** University of California, Davis, Estados Unidos

https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.05 How to cite this article: Grandia, Liza. 2020. “Back to the Future: The Autonomous Indigenous Communities of Petén, Guatemala”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 103-127. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.05 Reception: November 7, 2019; accepted: May 5, 2020; modified: May 28, 2020.

Keywords: Agrarian Studies, Guatemala indigenous communities, indigenous identity, peasant, Petén.

*

Thanks to the University of California-Davis Academic Senate for funding to “Promote New Research Initiatives and Collaborative Interdisciplinary Research” that contributed to this article.

** Ph.D. in Anthropology from the University of California, Berkeley, United States. She is an Associate Professor of Native American Studies and Director, Indigenous Research Center of the Americas at the University of California, Davis, United States. Her recent publications include: “Toxic Tropics: Purity and Danger Everywhere in Everyday Life.” Journal of Ecological Anthropology 21, n.° 1 (2019): 1-10; “Los Restos: Renacimiento y Resiliencia del Pueblo Q’eqchi’ en Petén.” Ciencias Sociales y Humanidades, Revista Centroamericana de Investigación y Postgrado, Universidad de San Carlos de Guatemala 5, n.° 1 (2018): 3-43. * lgrandia@ucdavis.edu

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Abstract: James C. Scott’s (1976) classic work on the Chayanovian logics of peasant economy argued that less important than the amount taken was how little might be left. A similar awareness about the paucity of the “leftovers” (li xeel, in Q’eqchi’ Mayan) has inspired a peasant federation in northern Guatemala to embrace its indigenous identity through scores of village declarations of autonomy. Albeit born from a class-based organizing repertoire, the new political trajectory of this Q’eqchi’ organization still reflects Via Campesina’s broader conceptual umbrella of peasant rights, good living, indigenous spirituality, gender equity, agroecology, and the ancient right to save seed. Drawing from a participatory mapping project, fieldnotes, letters, proposals, social media, texts, and other elusive “grey literature” from seventeen years of allied camaraderie, I describe how they are resuscitating and adapting an oppressive political structure from 16th-century colonial rule into a creative political mechanism to defend their territory from 21st-century neoliberal land grabs.

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 103-127 https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.05

Retorno al futuro: las comunidades indígenas autónomas de Petén, Guatemala Resumen: la obra clásica de James C. Scott (1976), sobre la lógica chayanoviana de la economía campesina, argumenta que menos importante que la cantidad tomada es cuán poco puede sobrar. Una consciencia similar sobre la escasez de las “sobras” (li xeel, en maya q’eqchi’) ha inspirado a una federación campesina del norte de Guatemala a celebrar su identidad indígena, mediante decenas de declaraciones de autonomía. Si bien nació de un repertorio de organización basado en la clase, la nueva trayectoria política de esta organización q’eqchi’ aún refleja el amplio marco conceptual de Vía Campesina, que incluye derechos campesinos, buenas condiciones de vida, espiritualidad indígena, igualdad de género, agroecología y el antiguo derecho a almacenar semillas. Partiendo de un proyecto de mapeo participativo, notas de campo, cartas, propuestas, redes sociales, textos y la evasiva “literatura gris” de 17 años de alianza y camaradería, describo cómo están resucitando y adaptando una estructura política opresiva del dominio colonial del siglo XVI, para convertirla en un mecanismo político creativo que busca defender su territorio de la apropiación neoliberal de tierras del siglo XXI. 104

Palabras clave: campesino/a, comunidades indígenas de Guatemala, estudios agrarios, identidad indígena, Petén.

De volta para o futuro: as comunidades indígenas autônomas de Petén, Guatemala Resumo: a obra clássica de James C. Scott (1976), sobre a lógica chayanoviana da economia camponesa, argumenta que menos importante do que a quantidade tomada é quando pouco pode sobrar. Uma consciência similar sobre a escassez das “sobras” (li xeel, em maia q’eqchi’) tem inspirado a uma federação camponesa do norte da Guatemala a celebrar sua identidade indígena, mediante dezenas de declarações de autonomia. Embora tenha nascido de um repertório de organização baseado na classe, a nova trajetória política dessa organização q’eqchi’ ainda reflete o amplo referencial conceitual de Via Camponesa, que inclui direitos camponeses, boas condições de vida, espiritualidade indígena, igualdade de gênero, agroecologia e o antigo direito de armazenar sementes.

A partir de um projeto de mapeamento participativo, notas de campo, cartas, propostas, redes sociais, textos e a evasiva “literatura cinza” de 17 anos de parceria e camaradagem, descrevo como estão ressuscitando e adaptando a estrutura política opressiva do domínio colonial do século XVI, para convertê-la em um mecanismo político criativo que busca defender seu território da apropriação neoliberal de terras do século XXI. Palavras-chave: camponês/a, comunidades indígenas da Guatemala, estudos agrários, identidade indígena, Petén.

ho and what constitutes the “peasantry” have long been a foil for intellectual debates about modernity, capitalism, and political change. Demographically, there are more peasants farming today than ever before in human history—between 500-560 million self-provisioning farms that feed at least 2 billion people globally (Ploeg 2018). Yet, much like indigenous people, peasants were predicted to disappear in the twentieth century. Akin to Colonel’s Richard Henry Pratts’ infamous slogan for Native American boarding schools as aiming to “to kill the Indian, save the man,” peasants faced state policies meant to kill the self-producer, but save the body for wage labor. Recurring binary tropes about peasants as obstacles to “progress” are startlingly similar to the spectrum of derogatory and/or romanticized stereotypes about Native Americans as obstacles to “civilization” (Mihesuah 1996).

After Stalin murdered the great rural economist Alexandre Chayanov to quash his empirically-proven vision for small-scale agriculture within the modern nation-state ([1924] 1986), both communists and capitalists alike have treated peasants with suspicion. Anxious they might not join the class struggle, Marx himself infamous described peasants as “potatoes in a sack.” In turn, Cold War agrarian studies sought to understand the revolutionary potential/threat of peasants as an unstable social category that failed to align with class schemata. Revolt they did. However, after the fall of the Berlin Wall, armed peasant insurgencies surrendered their vanguardist dreams to seize state power and, one by one, negotiated Peace Accords, including Guatemala in 1996.

Under neoliberalism, peasant uprisings are more likely to block pipelines and other megaprojects of global commerce than to toss Molotov cocktails into military barracks. Whereas Latin American states once could offer resources to co-opt and assimilate indigenous peasants, structural adjustment throughout the region has devastated state services. With politicians budgeting fewer and fewer resources to clientelist rural programs, peasants have less to lose by embracing indigenous identity (Yashar 1998). Perhaps their most powerful resistance has been their persistence.

Working against a slew of pro-corporate agribusiness policies and subsidies, peasant leaders describe their communities’ bodily, cultural, and economic struggles to survive in a hostile world with phrases like Estamos luchando para la vida (We are fighting for life).

Seven years ago, I spent the winter holidays exchanging collaborative grant proposal texts with Don Pablo Tux,1 a catechist turned community organizer who has led for the past two decades a peasant federation in northern Guatemala called “Asociación de Comunidades Campesinas Indígenas para el Desarrollo Integral de Petén” (ACDIP), the Indigenous Peasant Association for the Integrated Development of Petén. Reviewing those rough drafts, I can see that much like other indigenous movements in the Americas dealing with structurally-adjusted and

1

Per anthropological norms, I utilize pseudonyms throughout this article.

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increasingly technocratic states (Yashar 1998), he initially framed the project as an effort to confront the structural violence of neoliberalism, . . . as a defense of the development rights that are being violated by the economic model that the Governments and the Transnationals have implemented, which threatens [our] life and natural resources since land grabbing has accelerated by the Big Companies that are dedicated to [plantation] monoculture and installing Hydroelectric Dams in the Great rivers. (Capitalization for rhetorical emphasis, his, December 2012)

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Having talked with the foundation’s program officer to ascertain the flexibility and scope of the multi-year grant, I suggested in track changes that they might describe how ACDIP aspired “to recover principles, values, ancestral cultural values, principles, and Maya worldview through a methodology of exchanges based on cultural concepts of reciprocity, li xeel in Q’eqchi’ Mayan.” I vividly recall Don Pablo asking me over our next Skype call, “You mean we can propose to use these funds to explore our indigenous identity?” Yes! I explained, that’s precisely what this donor wants!

With this aperture, they tirelessly transformed themselves over the next six years from a traditional peasant organization focused on land rights into a major cultural movement for agro-environmental justice and restoration and indigenous autonomy.

No longer having to compete with other NGOs for scarce donor funds, they retreated from their city office to a regional town closer to their base communities—initially sharing an office with a spiritual elders’ association Oxlaju Tzuultaq’a (13 Mountain Spirits), but eventually rented their own bleak concrete block house a few doors down.

Reflecting on these transitions as we set to work this past summer drafting a plan for recovery of sacred sites and territorial reforestation, Don Pablo recalled earlier mistakes trying to mobilize the force of peasant disobedience to topple a corrupt governor in 2001. “We didn’t have depth. We lost control. I was a fool [with a slightly vulgar expression].” After spending a year underground to avoid arrest, he and his long-term co-leader, Rigoberto Tec, returned from rock bottom to more cautious organizing that any Gramscian scholar reading this might recognize as a retreat to a classic war of position until a frontal war of maneuver becomes possible.

They steadily built their membership from 31 villages to 162 and counting that cover about a tenth of Guatemala’s area (see Figure 1). The corrupt governor has since died in jail. An ever-youthful Don Pablo dreams of establishing a parallel indigenous parliament that could channel funds from the governor’s office to be administered directly by the autonomous villages. He spoke fluidly with me about their expansive vision, “I cannot just defend my rights as a person, but we have to defend ourselves as a people. We must defend the right to our wisdom, to defend the language, our dress, our culture, our songs, our weaving, for without these, we are just serfs again without convivencia (conviviality), without harmony” (Fieldnotes 2019). For Don Pablo and comrades, indigenous autonomy is simultaneously a state of mind, a sense of dignity, and a non-marketized mode of living as self-provisioning peasant producers.

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Figure 1. ACDIP’s member communities

Source: Kenji Tomari (2019).

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As Polanyi (1944) taught us, when the motor of raw capitalism has plundered too much and left too little for social reproduction, movements will spontaneously arise or morph to re-embed the runaway economy within the controls and contours of cultural life. As people on the brink of survival, for peasants, it can be hard to sustain perpetual protest. At some point, social movements must move de protesta a propuesta (from militant protest to counter-proposal)—a pan-American slogan about the transition from being “anti”-globalization to envision “alter”-globalization.

While sovereignty remains the North American frame for Native self-determination, throughout Latin America (Abiayala) the aspirational category for de-colonization is autonomy—both within and alongside the state.

Manifesting two decades of allied work with ACDIP, this article traces their dramatic shift from organizing with an external class-based peasant identity to their current road for indigenous autonomy. The catalyst for this transition was a sudden awareness about the paucity of the “leftovers” (li xeel, in Q’eqchi’ Mayan) that segued into a field campaign for territorial defense. As they began to organize villages to stop selling parcels to narcos, ranchers, and palm oil plantations, Don Pablo realized, “they could not fight for ancestral lands without ancestral values” (Fieldnotes 2019). As we know from the earliest case studies in legal anthropology (Nader 1969), the resilience of customary decision-making is its vernacular capacity for temporal improvisation to changing context. What is old may become new again. While carving novel structures (territorial, political, legal) in which to manage their own affairs, ACDIP’s process of “de”colonization has creatively adapted an oppressive political structure from 16th-century colonial rule into a creative political mechanism to defend their territory from 21st-century neoliberal land grabs.

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Autonomy and Indigenous Law in “Latin” America, Back to the Future

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As a concept derives from the Greek —autos (self) and nomos (law) (Blaser et al. 2010, 5)— autonomy resonates at multiple levels. For the individual, it refers to a person’s capacity for agency and self-actualization—and, therefore, is a common core concept for women’s rights or as a creative space for artistic production. In some places, indigenous peoples articulate the concept as self-determination or self-government independent of nation-state hegemony (Blaser et al. 2010). However, nation-states themselves also aspire to protect their internal affairs from one another. All this is to say that autonomy is not exclusionary; as suggested by Habermas, individual, collective, and meta-level autonomy can be mutually reinforcing or mutually antagonistic.

Indigenous leaders often proactively transcend these layers—for example, working transnationally to secure rights to autonomy against hostile nation-states. In turn, the experience of being heard, recognized, and “taken into account” (a phrase commonly used in Guatemala)—for example at the United Nations—raises both individual and collective self-confidence. Put another way, the practice of seeking autonomy can redefine identity (Blaser et al. 2010). Although states have often misinterpreted autonomy as a secessionist threat to the nation, indigenous peoples of the Americas are merely seeking respectful co-governance based on principles of plurality and relationality (Blaser et al. 2010). As refracted in the Zapatista struggle in Mexico, autonomy was not a move to seize state or political party power, but to exercise endogenous power.

Although autonomy is inherently place-based, plural, and vernacular, in “Latin” America, it retains a logic of practice (Bourdieu 1980) of how Spanish colonial systems homogenized and lumped the diverse peoples of the Americas into the generic (and mistaken) category of Indian (Bonfil 1996; Keme and Coon 2018). Having confronted the same colonial, Iberian hegemony, diverse indigenous peoples across the Americas today share commonalities in their political-religious systems of “customary”2 or indigenous law (including the southwest United States). Although the Spanish colonial system was imposed upon them as a cargo (burden) to collect tithes, taxes, and conscript labor for the colonizers, whenever possible, indigenous people infused new meaning to these institutions with syncretic traditions (Bonfil 1996). Largely organized at the municipal level or what Eric Wolf (1957) famously depicted as “closed corporate communities,” these systems of indigenous law are known in some places as usos y costumbres (customs and uses) and in others as “customary law.”

As an unwritten and uncodified system, indigenous law is generally understood to be situational, fluid, and adaptive. Like all colonizing powers, the Spanish conscripted, coopted, and utilized local governance systems to maintain indirect colonial rule where they lacked sufficient settler presence to impose a foreign administrative system. As 2

Although legal scholars typically describe indigenous governance as “customary law,” I refer to it herein as indigenous law, as robust as any western forms of dispute resolution. Likewise, I prefer the terminology of “indigenous science” over the Victorian-inflected category of “traditional ecological knowledge.”

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3

Although I have noticed that Q’eqchi’ leaders have begun echoing the language about “good living” when speaking in Spanish, in their own language, the concept would be something akin to “happiness in the heart” (saahil choolej) and joy of being gathered “in community” (sa’ komonil).

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Nancy Farriss (1984) argued in her prize-winning ethnohistory of Yucatan, Spanish colonial rule was more of a parasite that feeds off its host than a settler clone of Spain. To survive the relentless extraction of their resources and labor, indigenous communities used the veneer of imperial structures to protect community traditions, resolve conflicts internally out of the purview of states, and maximize their power to manage their own affairs. They also learned the colonizer’s law. Indigenous leaders proved adept at appealing across the Atlantic to negotiate justice—writing copious complaints about colonist abuses to the Spanish Crown and the Catholic hierarchy (through allies like Bartolomé de las Casas) (Restall, Sous, and Terraciano 2005). They even established elaborate workshops to forge land documents (Wood 2019).

Although outsiders may not be able to grasp the fluid and dynamic boundaries among religious, spiritual, and legal codes in customary law, for members of any community, its unwritten principles make perfect sense in context. From the local point of view, it is sovereign state law that seems arbitrary and nonsensical.

Ergo, Sieder (1997) suggests that the task for legal scholars is not to act as arbiters about the veracity or authenticity of customary law, but to understand the changing contexts by which customary law persists, evolves and re-flourishes. As Laura Nader (1969) and her students demonstrated in ethnographies around the world, law, in its clearest form, is a process by which people keep the peace (or balance) so as to live fulfilling lives, however situationally defined.

For certain, the colonial world was also pluri-legal. Spanish colonists themselves took customary advantage of distance and communication delays to resist certain royal edicts. Shaped culturally by the Christian “reconquest” of the Iberian peninsula, which had financed itself by rewarding soldiers with landed estates for their military exploits, Spanish conquistadors considered themselves similarly entitled to the spoils of war in the Americas. A phrase that captured this Creole principle of selective legality was obedezco pero no cumplo (I obey but do not comply). For example, long after Charles V abolished slavery with the 1542 “New Laws of the Indies,” both de jure and de facto servitude persisted throughout the Spanish empire (Reséndez 2016). This is to emphasize that indigenous customary law was not an anomaly, but one of several legal and political systems simultaneously operating within the Spanish colonial empire.

As a gesture towards contemporary pluri-legalism, governments in the Andean region have tentatively begun to integrate conceptual space for cultural autonomy and endogenous development into their constitutions, albeit to a “limit point” over control of subsurface resources like petroleum (González 2015). Throughout the hemisphere— and indeed far beyond their own territories—indigenous peoples are articulating visionary theories of the “good life” (buen vivir), sumak kaway in Kichwa, convivencia in Mexico, küme mongen in Mapuche, “life projects” in Canada, and other emergent expressions of a moral economy (Gudnyas 2011).3 Indigenous movements throughout

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Latin America also share commonalities in their agendas for political inclusion and bi-lingual/bi-cultural education (Yashar 1998). The deeper test, of course, is whether such expressions of cultural autonomy can flourish without free self-determination for territorial governance. In Bolivia, indigenous/peasant entities have won the rights to form larger territorial units by aggregating themselves via referenda and consultations.4 The Ecuadorian constitution opens a similar possibility for combining territorial governance into larger “circumscriptions” (Article 247, cited in González 2015).

In a masterful survey of these and other Latin American movements, González (2015) identifies three current patterns of how indigenous autonomy is forged discursively in an “upwards” direction towards supra-sovereign spaces. In those countries where indigenous people found themselves engaged in armed conflict or resistance to illegitimate state/military power, autonomy presents itself as a pathway to peace, truth reconciliation, and re-establishment of good governance. In places where indigenous territories have been threatened by development institutions, autonomy is often discursively constructed around international human rights frameworks and around principles of free, prior informed consent (FPIC). Finally, in contexts where indigenous mobilizations evolved from neoliberal business threats to resources, he argues that autonomy tends to have high “territorial content” (13) and alignment with the rights of nature. Having survived decades of a genocidal civil war only to lose their farms to land grabs induced by a World Bank project, Q’eqchi’ expressions of peasant autonomy in Guatemala seem to share all three of these. However, to be sustained, they have also nourished an “inward” cultural re-constitution of traditional forms of self-governance.

Methods with Movement(s)

Of course, states are not the only external actors whom indigenous peoples apprise to present discursive claims for autonomy. To win the support of nonprofit people and other international sympathizers, Amazonian peoples, for example, have shifted the framing of their territorial struggles from human rights to biodiversity conservation with strategic essentialisms (Conklin and Graham 1995). Having accompanied Central American peasant movements over many generations, although much of the leadership is constant, Edelman (1999) has witnessed similar shifts of discourse. Yet, peasant organizations are also complex, multi-hydra masses with their own internal conflicts and gender struggles. To what faction and discourse does the allied ethnographer commit? What voices fall by the wayside? (Edelman 2001, 311) As he cautions in another article, when researchers are “unable to transcend a class- or nationality-stereotyped presentation of self in the field,” they are “likely to receive formulaic responses” (2005, 38). As Mattice (2003) noticed, national leaders tend to speak to her in more abstract terms of indigeneity, whereas within Chiapas, local leaders focused more on the everyday praxis of agrarian autonomy (land reform, markets, credit, etc.)

4

As with Guatemala, in Bolivia indigenous identity is deeply intertwined with the peasantry- such that in the Bolivian constitution, territorial rights are defined as “Autonomías Indígenas Originales Campesinas” (AIOC).

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By personal circumstance and conscious political choice, I am shifting my own scales of engagement from everyday rural ethnography to more regional work as an expert witness on resource conflicts throughout Q’eqchi’ territory. Although I have transitioned from fine-grained village work to a more birds-eye vantage of movements, thousands of pages of qualitative field notes from seven years of community-level fieldwork undergird my understanding of Q’eqchi’ law and principles of autonomy (see Figure 2). I apply the same inductive spirit of village observation to my attuned listening to ACDIP’s leaders se’ kaxlan k’aam ch’ich’ (over Skype and other digital platforms) to recognize performative discourse. Given the propensity of Guatemalans to communicate content through allusions (indirectos), I also take care to read between the lines of texts, posts, telephone conversations and often verify content with third party friends and colleagues outside their networks. This triangulation is important because jealousy and rumors fly quickly in Petén among balkanized nonprofits competing for scarce donor funds (Sundberg 1998).

Figure 2. Prior fieldwork villages

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Source: Own elaboration, 2009.

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I first met ACDIP’s leaders seventeen years ago when I was working on my dissertation in the early 2000s. Then I reappeared in their lives with a study on land grabs in 2010. For the last decade, they have incorporated me as a closer strategic advisor, fundraiser, and bearer of informational resources. I am also an incorrigible connector and have been responsible for introducing them to other Q’eqchi’ thought leaders across the lowlands that have independently shaped and nourished ACDIP’s current movement for autonomy. In sum, I harness the privileges afforded to me to open doors for their movement but take pains to make clear that risk-evaluation, management, and representational decisions in our collaboration are ultimately theirs, as the genocidal violence of the Guatemalan civil war remains all too fresh in our minds.

Leadership in Post-Peace Guatemala

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Although the Q’eqchi’ were previously a deeply egalitarian people governed by consensus, the appointment of village “military commissioners” during the civil war transformed community decisions into more hierarchical and authoritarian processes (Sieder 1997). Not only did village commissioners file intelligence reports, but they often carried quotidian village disputes to the base for arbitrary resolution by their commanders. As one elder remarked to Rachel Sieder (1997, 50), ‘With the war, we lost our memory’—that is, if they survived at all. In the context of genocide, many Q’eqchi’ people converted to evangelism to protect themselves from the military. In turn, missionaries presented the Christian God as deeply authoritarian with powers of surveillance and control over labor akin to a plantation owner (Wilson 1991). The military was less subtle. As part of Rios Montt’s counter-insurgency strategy, they confined a significant portion of lowland Q’eqchi’ refugees into “strategic hamlets” where they were re-educated, reorganized into civil defense patrols, and surveilled around the clock. Previously settled in dispersed hamlets or homes in their maize fields, the jumbling of refugees into close settlement brought new types of disputes that were resolved by the dictates of military commanders.

In my own fieldwork experiences in Petén starting in 1993, villagers continue to fear their ex-military commissioners. Even during my dissertation fieldwork six years after the peace, after taking up village residence, someone always quickly made sure that I was aware who the military commissioner had been and subtly warned me to be cautious in approaching their family. Quite often the commissioners became the new “presidents” of community improvement committees (comités de promejoramiento) established during demilitarization of the early 1990s and/or on the “voluntary committee for peace” established after the civil war (Sieder 1997, 48). As NGOs and governmental agencies flooded selected communities with development projects, more committees proliferated — water councils, women’s crafts, corn grinding mills, whatever donors had to offer—and leadership positions were often taken by commissioners. Villagers complained quietly to me about false leaders, corruption, vanguardist assemblies in which they had “not been taken into account,” and general coordination problems.

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The few autochthonous Maya organizations that survived the violence were “comparatively weak and fragmented,” and dependent on international brokers who poured money into rebuilding civil society after the Peace (Sieder 2011, 44).

With support from the United Nations for workshops, the Maya movement surged forward with a cultural agenda at a national level. Indigenous leaders secured a nominal seat at the table, but it was only partial recognition, largely without material power or agrarian reform. As Maya intellectual Dr. Demetrio Cojti remarked to anthropologist Charlie Hale, “Before the state simply told us ‘no’, now we live in a time of ‘sí pero, (2002, 509)”. Hale paints a devastatingly accurate observation of how neoliberalism can draw indigenous people into protracted “dialogue. . . and if well-connected and well-behaved, they are invited to an endless flow of workshops, spaces of political participation, and training sessions on conflict resolution” (Hale 2004, 18).

This produced a division, if not a schism, in the Maya movement between cosmopolitan culturistas (what might be termed “culture warriors” in the North American academy) and those working on material/class issues (Warren 1998). On the whole, the former reaped international donor funds after the peace, while rural and peasant organizations were left in the cold. The “permitted Indian” (Hale 2004) was colorful, multicultural, cultural, but rarely, if ever, agrarian. For example, Hale recounts a conversation with a USAID program officer who felt that the peasant federation CONIC (National Indigenous and Peasant Coordinator) fell outside of their funding programs for “civil society” (Hale 2002). Likewise, in Petén, a more culturally-oriented federation of elders Oxlaju Tzuultaq’a enjoyed the general support of international donors, while the peasant organizations that evolved into ACDIP initially struggled to find funding for their land work. These were, however, false divides, as some Q’eqchi’ leaders like Don Pablo Tux served on both the boards of the culturista and peasant associations. Beyond mediating land disputes, he can play the marimba with virtuosity.

All this is to say that identity is creatively and contextually produced in relationship to the external world, as a response to repression, but can also be a proactive and self-conscious articulation of group-identity (Bonfil 1996). Even as they indigenize their strategies for autonomy with savvy external representations of new identities, resistance movements nonetheless maintain vestiges and tools of their prior formations. While Ladino (mestizo) peasants in Petén now tend to describe themselves as agricultores (farmers), small Q’eqchi’ producers have continued to hold onto peasant identities and dignity in household provisioning. They take pride in being connected to a transnational peasant federation, Via Campesina. Like this international umbrella movement (which includes a surprising number of small farmer associations from the global North), ACDIP’s political platform revolves around the “right to continue being agriculturalists” (Edelman 2005) in this generation and the next. Also reflective of Via Campesina’s strategic decision to remain autonomous of allied NGOs that sometimes overstepped boundaries to ‘manage’ the tactics of peasant movements (Martínez-Torres and Rossett 2010, 158), ACDIP’s membership still regularly springs into militant political action—blocking roads and joining national marches. When

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funds fall short, ACDIP’s leaders themselves return to planting maize to sustain their families. All this is to say that even as they indigenize their strategies for autonomy, as a social movement they nonetheless continue to draw from the “deep reservoir” of the tools, tactics, and power analysis of their prior agrarian/peasant organizing (Edelman 2005). Ergo, I mirror the language of ACDIP’s leadership who continue to identify as campesino in their personal life histories. To compare with naming debates in the United States, while the term “Native American” might seem more politically correct, the late Russell Means once quipped, “We were enslaved as American Indians, we were colonized as American Indians and we will gain our freedom as American Indians, and then we will call ourselves any damn thing we choose” (Mann 2005, 394).

Becoming Q’eqchi’ Peasants

114

When I first met ACDIP’s leaders, like so many peasant movements in places where colonialism left grotesquely unequal land distribution, they were understandably preoccupied with securing land rights and access to land. After the Peace Accords, various groups in Petén then formed a coordinating committee called COINCAP (Coordinadora Indígena Campesina y Popular de El Petén). In January 2000, by a popular assembly vote of 87 leaders, they decided to formalize the committee to “represent and make visible” their need for land by affiliating with the National Coordinator of Peasant Organizations (CNOC). Even so, they maintained a coalition of seven subgroups (Consejo Indígena Q’eqchi’, ACOODEREP, AMOCAN, Oxlaju Tzuultaq’a, Asociación Junkabal, Organización Maya para la Paz y el Desarrollo)— all mostly Q’eqchi’ but not exclusively so.

Having heard that there was a gringa wandering around Santa Elena who spoke decent Q’eqchi’, they invited me to attend a day-long strategic planning meeting in 2003 at a rented discotheque in town. Alas, both my dancing and linguistic skills proved unnecessary, because the sedentary meeting was held in Spanish to accommodate the Ladinos present (roughly a fifth of the 52 men and 7 women in attendance). A Spanish-language banner framed the meeting with a CNOC slogan, “For a future without hunger, no more large holdings (latifundios)! Agrarian reform is urgently needed!” As part of its country-wide strategic planning, CNOC wanted them to answer a series of western planning questions like “What are we going to do? How? When? With what resources? Who?” They spoke of “food security” rather than the more indigenized concept of “food sovereignty.” While “indigenous rights” were discussed, they were buried among more secular list of focal areas: “land, integrated community development, gender/women, indigenous rights, communication, organizational strengthening, territorial defense, and natural resource defense” (Fieldnotes 2003).

Shortly after that meeting, they changed their name from COINCAP to COCIP (Coordinator of the Peasant and Indigenous Organizations of Petén), thereby dropping “popular movements” from the name, but continuing to express a hybrid peasant and indigenous identity. Although legally a branch of CNOC, locally they were still known as COCIP with the same seven sub-regional groups. Over the next several

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years, as COCIP/CNOC-Peten, they played a decisive role in helping their member communities secure land titles during a chaotic cadastre financed by a World Bank loan (Grandia 2012). Once land titles were secure, however, the Ladino communities drifted away. Albeit grateful for support from CNOC’s central office, COCIP’s subdirector also noted that “[CNOC’s] actions were oriented to and highlighted the subject of land and the peasantry, but neglected aspects of [the] identity of the ethnic majority that constituted [CNOC]” (see Figure 3).

Figure 3. CNOC-Petén turned COCIP member organizations

(1) Maya para la Paz or AOMAPADESA (2) Oxlaju Tzuultaq’a (3) Consejo Indígena Q’eqchi’ (4) AMOCAN (5) ACOODEREP (cooperatives on Usumacinta) (6) CONDEG (displaced communities) (7) Rax Kiche (a women’s group in Sayaxché connected to Oxlaju) Total Source: Interview with ACDIP, 2017.

Communities Year represented established

Supporting organizations

20

1999

OAS/ProPaz

25+ 10 23

1998 n/a 1997

Seva, Action Aid, etc.

Maya cultural movement ADEPAC

19

before 1992

5

1992

26

2000

115

Maya para la Paz

128

By mutual agreement, by 2007, COCIP amicably separated from CNOC to become their own nonprofit (“association” in Guatemalan legal terms) for which they chose the name ACDIP, with “indigenous” now fused as an adjective for campesino.

Through all these reorganizations, one may note that the phrase “integrated development” persisted in their name. A global buzzword trickling down from United Nations meetings, it refers to coordinated multi-sectoral projects that would, for example, unite women’s issues, health, and other social concerns alongside economic development.

However, in these spaces of peasant organizing in Petén, it was more of a placeholder for holistic indigenous identity, a signifier for dignity, and an allusion to agrarian reform. When by 2019, ACDIP inaugurated a Q’eqchi’ high school, INDRI (Indigenous Institute for Integrated Rural Development), the concept remains enshrined in the students’ accredited degrees as “community organizers for integrated development.”

During this time, they subsisted on tiny grants from the United Nations Development Programme, MINUGUA (the United Nations peace monitoring team), The Global Lutheran Foundation, Action Aid (UK and US), and others who gave locally for projects and leadership training. In a report summarizing this time period, ACDIP’s leaders drew up a list of 25 remarkable accomplishments. They were a mix of the settlement of land claims, participation in government bodies, organizational capacity, negotiations in high-level fora, work towards a national policy for integrated

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Group

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community development (PNDRI, National Policy of Integrated Rural Development), conflict resolution, and other more general indices of political influence. Almost buried among the others were three qualitative achievements towards autonomy: • “interlocutor role between the State and [indigenous] community demands”; • “having achieved a precedent on the issue of discrimination as an indigenous Mayan Q’eqchi’ people in Petén”; and • profundamente arraigado poder de convocatoria that I might translate as “a deep capacity to convene and call to assembly.”

The latter is almost hilariously understated because even before the “Xeel” project (see below), ACDIP had expanded its base membership to 144 villages (see Figure 4).

Figure 4. Member communities by municipality and year Year (with key events)

Municipalities La Libertad

Poptún

San Luis

Chal

Grand Total

1997

1

2

3

1998

10

8

18

4

4

3

4

1999 116

Sayaxché

2000 2001

1 1

1

2002

1

1

2003

1

1

2004

3

3

2005

2

2

4

11

2

20

30

71

2

2

1

3

2006 2007 (from CNOC Peten to ACDIP)

6 5

2008

1

13 17

24

2009 2010

2

2011-17 (xeel)

12

2018-19

2

Grand Total

19

49

12 27

3

1

6

66

1

162

Source: Own elaboration, 2019.

The only civil society sectors or social movements I have witnessed over the last 27 years that have sustained anywhere near this kind of grassroots mobilization are (in no particular order): a women’s organization (Mujeres Ixqik) that evolved out of donor-supported Women’s Forum, the Catholic Church’s social parishes, a regional association for health promoters and midwives, and the forest concession communities of the Maya Biosphere Reserve. While other Q’eqchi’ associations have organized

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ephemerally at the micro-regional (via highway routes) or municipal level (Grandia 2018), ACDIP now represents essentially half of all rural Q’eqchi’ communities in Petén. It is clearly the largest and most enduring Q’eqchi’ movement emerging in Petén since the signing of the 1996 Peace Accords, in part because of consistent core leadership. While venting about how a donor failed to understand the voluntary and long-term character of social movement leadership, Don Pablo muttered in a text, “If the communities didn’t trust me, they would have voted me out.” Although ACDIP now has the façade and legal status of NGO (an office, an accountant, by-laws), it nonetheless remains identified as a social movement, often signing messages with the famous refrain from a sacred Maya text, the Popol Vuh, “Let everyone stand up, let no one be left behind, let us not be one or two of us, but all of us.”

Xeel, the Leftovers

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Don Pablo attributes this organizational transition towards autonomy to what they learned from a 2010 investigation I led to measure the severity of land grabs following a 1998-2007 World Bank land administration project (Grunberg, Grandia, and Milian 2012). A decade later, he reflected, “Our hair may be grey, but that study will live on.” Through analysis of the property registry, my technical team documented that peasant communities in northern Guatemalan had lost 46 percent of their land in less than a decade. Through participatory mapping, ACDIP’s regional coordinators then validated that data within one percentage point. After submitting our report to the World Bank and the Government of Guatemala, another Petenera colleague and I co-authored a bilingual popular booklet in colloquial Spanish, which ACDIP’s then sub-director translated to Q’eqchi’.

Alarmed by the study results, a sympathetic program officer from the InterAmerican Foundation (IAF) invited a proposal from ACDIP for territorial defense strategies—the first time his agency had offered to support a social justice movement rather than a community development project. The initial idea was to disseminate two thousand copies of the popular booklet, but also facilitate exchanges between dispossessed Q’eqchi’ communities and those where dispossession could still be prevented.

Nonsensical acronyms being a pet peeve of mine, I suggested giving a Q’eqchi’ name to the project. Remembering the Q’eqchi’ practice of wrapping leftovers from a ceremonial meal into green leaves to carry home to share with elders and children, I asked Don Pablo, “How about calling it xeel?” He chuckled in agreement.

As Don Pablo’s subdirector, Rigoberto, elaborated to me by email, this term for ritual “leftovers,” xeel [pronounced sha-EL], resonated for him and in the communities because it is an important cultural “secret” (awas, sometimes translated as “taboo” but more appropriately understood as a tradition). “Our grandparents told us [on planting day] to make a large wrapping with two or three poch (fermented tamales) so that the family will have a satisfactory harvest with large cobs and with maize grains as large as a horse’s tooth.” Re-toasted on the clay griddle back at home, the leftover maize has a special, savory odor, and though you may have already eaten your fill, you are hungry

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yet again. Again, xeel refers to the green leaves that are used for making the tamales and that are re-distributed to wrap up food leftovers to take home (See Figure 5).

Figure 5. Preparing ceremonial tamales with xeel leaves

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Source: Cinthya Ammerman, 2017.

As a custom deeply tied to planting, the concept of xeel apparently sparked deep conversations in ACDIP’s member villages in the 150+ meetings they organized over the next year with funds from IAF. At these gatherings, villagers spontaneously began reflecting on how to make more productive the lands they have left, a.k.a. the “leftovers.”

As James C. Scott (1976, 11) once famously argued, “It was the smallness of what was left rather than the amount taken (the two are obviously related, but by no means identical) that moved peasants to rebel.” In this case, it was an agro-ecological rebellion from below. Communities expressed a hunger for more information on agroforestry, revitalization of heirloom maize, tree canopy crops like cacao orchards, home gardens, mulches, natural pesticides, intercropping, biochar, nitrogen-fixing cover crops, and other forms of organic agriculture and reforestation. In a dramatic shift of concern from land rights to land use, they asked ACDIP’s leadership for agroecology education programs for their youth, so they might have a future in farming. They also noted they were weary of flight-by-night development processes. As Rigoberto Tec related to me, community leaders began asserting, “We don’t want any more projects.” Rejecting the bandaids of neoliberal charity, they wanted autonomy. From cadastre crisis emerged a new vision for reconstituting a transgenerational and self-governing commons.

With a Q2.6 million (about US $300K) settlement from a 2012 racial discrimination lawsuit, ACDIP’s leaders built a high school and then somehow figured out how to add educational accreditation to their organizing portfolio as peasant leaders. Even without furniture, books, or other basic equipment, they inaugurated the school in July 2019 with an incoming class of 50 young men and women (evenly divided),

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with plans to expand to 500. While holding fast to the cultural promises in the Peace Accord on Identity and the Rights of Indigenous Peoples, they also insist that the state cannot abdicate its responsibility for education, health, and other aspects of integrated development. Having secured permanent state funds to pay teachers, the school will provide Q’eqchi’ youth with accredited degrees in integrated agrarian development including practical and conceptual training in agroecology, traditional medicine, rural trades, and apprenticeship with elders. In turn, the youth promise to return to support village autonomy and learn from their elders.

From Leftovers to Autonomy

5

One can note the evident Marxist/peasant framing in the latter part of that sentence “que atentan desarticular la lucha indígena y campesina.”

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In work plans for 2014, ACDIP described mostly “old” peasant concerns like “promotion of a technical commission (mesa) to create a land legalization protocol for the whole department of Petén,” by 2015, autonomy had clearly become the central organizational focus. Their annual donor PowerPoint shows a dramatically reformulated institutional mission to “promot[e] consciousness for land defense and territory of the Indigenous Communities of the Q’eqchi’ Maya people and recovery of principles, values, ancestral cultures and Maya worldview (cosmovisión).” Other aspirations included, “defense of indigenous peoples in their lands, territories, natural resources, and food sovereignty, thinking not only in the present but also in future generations.” Insofar as other traditional agrarian issues were mentioned, they were reframed “for good living” (para el buen vivir).

Even with this rapid rhetorical evolution, the reality is that as a peasant federation, ACDIP’s leadership still tirelessly responds to human rights threats and titling problems in their member communities. As noted in donor reports, many of ACDIP’s base communities face “intimidation, persecution, threats from either the palm companies, narco-ranchers, political parties, and municipal mayors who attempt to disarticulate the indigenous and peasant struggle.”5 I, therefore, suggested allocating some funds in the final budget of our grant proposal to retain a lawyer as a small protective measure against nefarious interests. Forgoing personal protection, ACDIP’s leaders instead employed his expert advice to test an innovative, territorial defense strategy adapted and applied by other Maya peoples across Guatemala (Peláez 2014). As Rigoberto Tec wrote to me, “rather than constantly putting out fires, we want to develop creative legal strategies within the framework of [Guatemala’s] agrarian laws.”

Peláez’s legal strategy for declaring autonomous indigenous communities springs from the fundamental right to self-identification first articulated in the 1989 International Labor Organization’s Convention 169 (ratified by Guatemala in 1996) and further enshrined by the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Guatemala’s Constitution also recognizes indigenous lifeways, customs, traditions, and forms of social organization (emphasis mine) in

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Article 66. Although virtually impossible to constitute communal lands at a national level, the municipality lends space to indigenous law, dating back to structures of indirect rule from the colonial period. Based on article 20 of the Municipal Code, customary legal structures can be enshrined in mayorial books. To avoid political cooptation of indigenous councils represented, Peláez (2014) brilliantly recommends that leaders not permit the municipal registrar to treat them as another analog of secular administration (like the community development councils or COCODES or other neighbor associations). Nor do they need to prove standardized or written by-laws or western leadership structures (presidents, etc.) because indigenous communities have maintained ancestral law that is prior to state formation.

Following a couple of test cases in 2013 and 2014, by 2016, ACDIP successfully secured municipal registration for their first eleven villages as “autonomous indigenous communities.” Having also simultaneously secured a representative seat on the municipal development council, ACDIP celebrated in a press release these “principles of intercultural and participatory democracy” and pride that “today, yes, we feel like we have been taken into account” (“que hoy sí nos sentimos tomados en cuenta”).

This illustrates that the move towards autonomy is not an abdication of Guatemalan citizenship nor the right to state support for education, health, and other social services, but to interpolate those rights through ancestral authorities. As Ramiro Tox commented to Woodfill (2019, 90) in a region south of Petén that has a similar process of self-determined development underway, “We do not need to wait for the municipal government to come and develop our communities, because we can do it ourselves.”

By 2019, 44 of their member villages have been reconstituted as “autonomous indigenous communities.” Moreover, they have brokered space with nearly half the municipalities in the region (in San Luis [21], Sayaxché [15], Poptún [3], La Libertad [2] and San Francisco [1]), creating a precedent for another 69 or so declarations in process. As the oldest region of Q’eqchi’ settlement in Petén, as well as the birthplace of several of ACDIP’s core leaders, San Luis elders are now leading the next steps for cultural revitalization to reconstitute communal lands.6 Following lawyer Peláez’s (2014) advice, ACDIP’s communities follow formalities of colonial origin (seals and tax registration) that cannot be avoided but place them under opaque structures of elder-facilitated consensus. Having repeatedly suffered the trickery of paperwork, indigenous communities are rightly preoccupied with official record keeping. Beyond the wooden staffs given to the spiritual elders, each autonomous village has a ledger for meeting minutes that continue to be written in [a] long-hand colonial style. Perhaps most importantly, they have the legal standing to title land collectively and govern project budgets.

6 ACDIP’s stronghold communities were among the earliest Q’eqchi’ villages in Petén appearing in the 1921 census, according to my own archival research. During the Ubico dictatorship, the Verapaz based Guatemalan Workers Party had active, organized members throughout San Luis that helped raise funds to send a charismatic leader José Angel Ico to Guatemala City to beseech the President to end forced labor (Grandin 2004).

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Leadership

All other village committees will be subsumed under and coordinate through the cargo leadership. ACDIP itself may apply these principles to their own leadership. Rather than continuing with the western-imposed structure of president, vice-president, secretary, treasurer, and at-large members, in their next assembly, they plan to establish a more culturally-appropriate cargo system at the regional level.

For centuries, in their negotiations with the Spanish colonial system, indigenous peoples chose bi-literate, bi-cultural mayors or caciques (often themselves descendants of pre-Colombian nobility) to negotiate their local interests. Over time, this evolved into a Mayan notion of leadership that eschews vanguardism. Shaped by fundamental values of egalitarianism, in Q’eqchi’ communities, leaders merely represent the voice of the people. A leader might “open a road,” (aj k’amok b’e) but should never impose ideas on the masses. Leaders are ultimately spokespeople, not ambassadors. In turn, community members are said to walk “behind” (chirix), yet pushing their leaders forward, as reflected in this photo chosen for ACDIP’s website (see Figure 6).

From a distance, I worried if these new leadership structures might exacerbate pre-existing factionalism based on age, religion, political parties, and military alignment that shaped kinship and social dynamics in all the villages where I conducted fieldwork. (I could, for example, trace divisions between cacao growers and cattle ranching families in Jaguarwood back a generation to religious divisions described in Schackt’s [1983] ethnographically rich thesis on factionalism in that same village.)

Although Catholic communities predominate among the autonomous indigenous villages, the revival of time-worn leadership structures is resonating even among

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Resistance movements may absorb and replicate the hierarchies of the systems they replace, but they also may give new meaning to those hegemonic structures.

Much as “closed corporate communities” used municipal structures to maintain indigenous forms of leadership in the colonial era (Wolf 1957), ACDIP found a creative space in the neoliberal present in which to reconstitute traditional forms of leadership to heal villages torn asunder by land grabs, religious factionalism, militarized leadership, cooptation from extractive industries, and competition among development organizations. The Spanish brought with them a heavy tradition of Roman legalism, delegating tax collection responsibilities to indigenous mayors, civic-religious cargo systems, and labor contractors (corregidores), but also certain judicial powers (Restall, Sous, and Terraciano 2005). The internal structure chosen to govern the autonomous communities is essentially a de-Catholicized cargo system composed of: 1) a council of usually four spiritual guides, 2) undergirded and accountable to the wisdom of the ancestral authorities (the eldest of elders), and 3) articulated to the external world by a bi-lingual political representative who acts merely as a spokesperson.

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evangelicals, perhaps in part because a key ACDIP organizer himself was a lifelong Baptist preacher. A new cohort of Q’eqchi’ spiritual guides are themselves rejecting Christianity (whether Catholicism or Protestantism) and removing ceremonial elements perceived as colonial. In the region just south of Petén, Woodfill (2019, 211) also describes how a combination of ceremonial revival and reinvention are circumventing the Catholic-evangelical divide. As a leader, Tomás, told Woodfill, ceremony is “not religion; it is culture.”

Figure 6. Walking behind

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Source: Brandon Louie, 2017.

In other ways, the re-establishment of customary governance was actually easier done than said. While prior Maya organizing has resulted in the displacement of elder authority (Wilson 1991), ACDIP’s turn towards autonomy seems to have healed generational divides. In one of ACDIP’s first autonomous communities where I had the opportunity to participate in a 24-hour meeting/ceremony, elder authority was stronger than I had ever witnessed elsewhere. The young men played the marimba till their hands were blistered and bloodied; not until the presiding elder gave the word to rest at four a.m. did their melodies pause. At the same time, I was struck by the ardent participation of a team of three young men as notarial scribes and evident interest of young women observing the elder female spiritual guides. In many ways, the system has created more space for elder women to exercise their traditional influence.

Having always lived with extended families during fieldwork, I have witnessed many a Q’eqchi’ man being scolded, supported, or transformed by his wife’s or mother’s

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opinion—especially not to sell land. While gender issues remain a zone of contention within ACDIP’s elected board, at the village level, Q’eqchi’ women’s influence has anecdotally slowed the rate of land sales—the exact degree to which we hope to capture by another participatory mapping project in 2020.

In other ways, both male and female elder councils are already rising to the need for conflict resolution and restorative justice. Narrated with pride and adrenaline from a hard day’s work before our August 2019 meeting, Don Pablo described to me how via his cell phone, he had saved the life of a Q’eqchi’ peasant. Having missed the bus into town to sell a sack of corn, the farmer had hired a young motorcyclist to transport him. Meeting up later, the farmer realized the young man was drunk and decided to return home alone by bus. The young motorcyclist continued drinking and had a fatal accident on the road back. His father was furious and instigated a crowd to extradite the frightened farmer. Following Don Pablo’s suggestion, the council of spiritual guides in this autonomous village assembled a meeting and were able to calm the dead boy’s father. Meanwhile, a delegation went to town to file testimony of the farmer’s innocence at multiple government offices (for human rights, the attorney general, etc.). A lynching was averted.

Beyond conflict resolution, customary governance only truly flourishes in reciprocal relationship with territory, as theorized by Maori jurist, CF Black (2010), “the land is the source of the law.” In this, westerners have long misunderstood communal land governance as “communism.” As I have explored elsewhere, commons are not resources but processes (Grandia 2012). In Q’eqchi’ communities, agricultural land may be planted in groups through reciprocal labor exchange, but the harvest belongs to the family that assembled the labor. What is communal about the system is that as a collective, a community decides who plants where and when. The land ultimately belongs to the mountain spirits, the tzuultaq’a. Humans can only ask usufruct permission for its use.

Where land disputes in a few regions of Petén prevented private titling, ACDIP is pursuing the opportunity to reconstitute dozens of villages with fully-fleshed communal tenure. However, most of their member communities were channeled into private allotments during the colonization period. After decades of subdivision and land sales to outsiders, these villages are a patchwork of tiny fields interspersed by many absentee owners. Here a reconstitution of “communality” would mean that henceforth, Q’eqchi’ landowners would have to seek the permission of the community before selling their parcel to outsiders. He or she would have to give first purchase preference to another community member or allow the community itself to put the land in common. Following dreams and instruction from their elders, ACDIP’s leadership eventually hopes to buy back sacred sites lost to land grabs, possibly via carbon-sequestration funding.

From their deeper experiences as peasant organizers, however, they are cautious about cooptation, about becoming “project people” (proyectistas). By necessity, they

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Land Reclamation

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have mastered the awkward art of the “logical framework” and Gantt charts, quarterly reporting, and other complexities of accounting systems imposed by donors.

Yet, ACDIP’s leaders are keenly aware that “their communities don’t want anymore to do with NGOs.” As a social movement, they nevertheless do need and deserve some money for basic operations — for computers, bus fare, meeting rooms, food, etc. Following Chayanovian principles of “belt-tightening,” during hard times when salaries run out, they return to their villages to plant. Like a union, member communities pay an annual quota that sustains many of the fundamental expenses.

Reflecting the self-reliance that is a core value of Q’eqchi’ autonomy, as the six-year IAF funding drew to a close, with no maudlin fanfare, they closed their rather ugly rented office to work off-grid from the high school instead. Internet access was a dispensable luxury; cellphones are sufficient. Never once have I heard them complain of working relentless nights, weekends, all-night ceremonies, long workshops, all holidays, or maintaining cellphone touch with their base communities amidst the COVID pandemic. As Pablo said, “A leader doesn’t count the days” (Un líder no cuenta los días). Ergo, one of my roles in my own uncounted academic weekends is to help them spin their accomplishments in terms legible to donors, without permitting the temptations of money to circumscribe their sprawling agenda for autonomy.

If, under classic liberalism, the quintessential agent of discipline is a panoptic state penitentiary, under neoliberalism it is perhaps more the self-censoring, self-imprisonment of a professionalized NGO with watered-down projects palatable to donors (Hale 2002, 496).

Conclusion

As a manner of conclusion, I thus end with an anecdote about how ACDIP’s organizers maintain their still sutured identities as indigenous-peasant-community organizers. Impressed by what she had learned from me about ACDIP’s accomplishments, a high profile NGO friend generously offered to help them with strategic planning. As she began prescribing advice to condense their nine platforms to three programmatic areas, I saw a look of unease, if not alarm in their eyes. Their strength lies in the intentional fluidity and flexibility of their work. A “lost” day spent resolving a lynching builds a constituency for the next phase of work. Undercutting crude Marxist dichotomies between the cultural and political-economic sphere, they juggle a broad organizing repertoire that reflects the plural and hybrid realities of being indigenous small farmers in a globalized economy, including but not limited to these nine points: • Integrated rural development • Identity rights as indigenous peoples • Right to land • Food security and sovereignty • Youth and children • Gender/women

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Interculturality Territorial defense Training and capacity Education Organizational strengthening

To simplify and make fully legible their aspirations would leave them vulnerable to cooptation. Ergo, they skillfully asked my NGO friend instead to help convene another meeting of spiritual guides to discuss agrarian strategy late into the night over liquor and dreams, rather than her offer for western-centric strategic planning by daylight.

Academic publications must draw to an end, but indigenous movements continue evolving. At best, we can capture a conjunctural snapshot of the complex, heterogeneous, opportunistic, and sometimes contradictory organization of social movements. At this particular moment, what is perhaps most remarkable about ACDIP’s declaration of 44+ autonomous villages is that no one in the professional class of nonprofit and state technicians in my networks seemed to know about it. The praxis of autonomy is a quiet process meant to deflect the colonizers’ attention. As a people who have historically found resilience in decentralization, flight, refuge, and opacity, perhaps this should not be surprising. After all, autonomy itself translates only awkwardly to Q’eqchi’ as “the people looking after the community self ” —junesal ib’, li kaleb’aaleb’ naril rib’ se’ junesal richb’en xkomon. While the upward struggles against neoliberalism continue, as an association, they have chosen to spend time reflecting inward to rebuild culturally-appropriate education for their youth, resolve disputes through ancestral values of balance and reciprocity, subsume secular committees to the elder councils, and teach agroecological practices to restore the leftover lands that remain. Though scholars tend to be deductively preoccupied with how theories of autonomy translate into practice, perhaps the more genuine question is how practice inductively constructs the concept. Mare tzacal.

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Fuente: cortesía de Cristian, Chakitaqlla, herencia inca, Chawaytire (provincia de Calca, Cusco), Perú, 2014.

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador * Sylvia M. Seger ** Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador

https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.06 Cómo citar este artículo: Seger, Sylvia M. 2020. “Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 129-151. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.06 Recibido: 2 de noviembre de 2019; aceptado: 29 de abril de 2020; modificado: 28 de mayo de 2020.

*

El presente artículo fue preparado para este dosier de Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, y es una reformulación y reanálisis de apartes de la tesis doctoral “Naturaleza: concepciones, seres, saberes y sentidos en Íntag”, presentada en el marco del programa de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Agradezco a los revisores, quienes con sus comentarios aportaron a mejorar este artículo, y a la gente de Íntag porque sus palabras lo hicieron posible.

** Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Letras de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Magíster en Estudios Interculturales y especialista en Capacitación y Asesoría de la School for International Training, Estados Unidos. Es investigadora de campo, educadora y gerente de la reserva Siempre Verde, Íntag, Ecuador. Integrante del grupo investigativo Proyecto Historias de Vida en la Fundación Casa Palabra y Pueblo, Apuela, Ecuador. Entre sus últimas publicaciones están: “Un estudio de caso de derechos y relaciones entre pájaros y humanos: perspectivas narradas sobre tres aves en la zona de Íntag, Ecuador”, Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, (aceptado para publicación); (en coautoría con Diego Cisneros-Heredia y Andrés León-Reyes) “Boa Constrictor Predation on a Titi Monkey, Callicebus Discolor”, Neotropical Primates 13, n.° 3 (2005): 11-12. https://doi.org/10.1896/1413-4705.13.3.11 * sylvia.seger@gmail.com

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Resumen: la categoría “campesino” se ha abordado desde múltiples perspectivas y disciplinas, que reiteradamente la definen con base en la producción agrícola o por la relación directa con la tierra a través del trabajo agrícola. El propósito de este artículo es proporcionar un acercamiento diferente al tema del campesinado, explorando las subjetividades en relación con las concepciones de Naturaleza, a partir de las narrativas propias de los campesinos. Desde el contexto de Íntag, Ecuador, marcado por la diversidad biológica de sus bosques, la heterogeneidad social y la resistencia local en medio de un conflicto socioambiental, en primer lugar, este artículo muestra cómo los campesinos expresan aspectos sobre su concepción de la Naturaleza y su relación con esta y, en segundo lugar, evidencia la forma como estos debaten sobre las tensiones existentes entre actores con distintas perspectivas respecto a la Naturaleza.

Este estudio de caso surge en el marco de una investigación multidisciplinaria más amplia de corte cualitativo. Las narrativas son extractos de transcripciones

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de unas ochenta entrevistas informales, desarrolladas durante cuatro años de convivencia en la zona. Las personas entrevistadas describen la Naturaleza como “vida”, desde la relacionalidad que constituye su ser-campesino en el heterogéneo contexto inteño. Al mismo tiempo, expresan valores, perspectivas y comprensiones profundas sobre las tensiones entre actores con distintas visiones sobre el cuidado de la misma. Sin embargo, la tierra y la agricultura no son medulares en sus relatos. Aquí, las reflexiones, con y desde las narraciones inteñas, interfieren con las premisas limitadas sobre el campesinado, por ejemplo, con el criterio de trabajar la tierra, la descontextualización, la homogeneidad, etc. En vista de la crisis ambiental y civilizatoria, propia del patrón hegemónico de la modernidad, este artículo problematiza la relación campesinado-Naturaleza a partir de otras lógicas.

Palabras clave: campesinado, Ecuador, narrativas culturales, Naturaleza, relación campesinado-naturaleza, tensiones socioambientales.

Peasantry, Conception of Nature, and Associated Tensions: Narratives from the Íntag Area, Ecuador

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Abstract: The term “peasant” has been approached from multiple perspectives and disciplines, but has more recurrently been defined by agricultural production and land or by having a direct relationship with the land through agricultural work. The purpose of this article is to provide a different approach to peasantry, exploring subjectivities in relation to the conceptions of Nature in peasant narratives. From the context of Íntag, Ecuador, marked by the biological diversity of its forests, social heterogeneity and local resistance in a socio-environmental conflict, this article first presents how peasants express aspects of their conception of Nature and their relationship with it and, secondly, shows how they debate the tensions that exist between actors with different perspectives on Nature. This case study arises within the framework of a larger multidisciplinary qualitative investigation. The narratives are excerpts from the transcripts of some 80 informal interviews held over four years of living in the area. The people interviewed describe Nature as ‘life’, from the relationality that constitutes their peasant being in the heterogeneous Íntag context. Land and agriculture are not central to the stories.

They express values, perspectives and deep understandings about the tensions between actors with different visions of caring for Nature. Here, the reflections with and from the narratives interfere with the limited premises on the peasantry, for example, with the principle of working the land, decontextualization, homogeneity, etc. In view of the environmental and civilizatory crisis, typical of the hegemonic standard of modernity, this article problematizes the peasant-Nature relationship from other logics.

Keywords: Cultural narratives, Ecuador, Nature, peasantry, peasant-Nature relationship, socio-environmental tensions.

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador Sylvia M. Seger

Campesinato, concepções de Natureza e tensões associadas: narrativas advindas da zona de Íntag, Equador

Palavras-chave: campesinato, Equador, narrativas culturais, Natureza, relação campesinato-Natureza, tensões socioambientais.

E

l campesinado y la identidad campesina se han abordado desde múltiples perspectivas, disciplinas y contextos, con distintos fines. En consecuencia, existe complejidad y diversidad en la construcción de una categoría genérica al designar el campesinado. Esta complejidad y pluralidad de enfoques se puede encontrar en los trabajos de Chayanov ([1923] 1974), Bartra (2008), Bretón (1993), Sánchez-Parga (1997), Martínez (2004) y en los análisis feministas. Sin embargo, recurrentemente surge la definición de los campesinos como seres que viven en zonas rurales y mantienen una relación directa con la tierra mediante el trabajo agrícola. Esta definición del campesino, que lo circunscribe a la tierra y a la producción agrícola, ha estado vigente durante décadas, como confirma

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Resumo: a categoria “camponês” tem sido abordada de diversas perspectivas e disciplinas que a definem, com frequência, com base na produção agrícola ou na relação direta com a terra por meio do trabalho agrícola. O objetivo deste artigo é proporcionar uma aproximação diferente do tema do campesinato, com a exploração das subjetividades quanto às concepções de Natureza, a partir das próprias narrativas dos camponeses. Considerando o contexto de Íntag, Equador, marcado pela diversidade biológica de suas florestas, a heterogeneidade social e a resistência local em meio de um conflito socioambiental, em primeiro lugar, este artigo apresenta como os camponeses expressam aspectos de sua concepção da Natureza e sua relação com esta; em segundo lugar, evidencia a forma como eles debatem sobre as tensões existentes entre atores com diferentes perspectivas a respeito da Natureza. Este estudo de caso surge no âmbito de uma pesquisa multidisciplinar mais ampla de corte qualitativo. As narrativas advêm da transcrição de 80 entrevistas informais, desenvolvidas durante quatro anos de convivência na zona. As pessoas entrevistadas descrevem a Natureza como “vida”, a partir da relacionalidade que constitui seu ser-camponês no heterogêneo contexto de Íntag. Além disso, expressam valores, perspectivas e compreensões profundas sobre as tensões entre atores com visões diversas sobre o cuidado da Natureza. Contudo, a terra e a agricultura não são medulares em seus relatos. Aqui, as reflexões, com as narrações de Íntag e a partir delas, interferem nas premissas limitadas sobre o campesinato, por exemplo, no critério de trabalhar a terra, na descontextualização, na homogeneidade etc. Tendo em vista a crise ambiental e civilizatória, própria do padrão hegemônico da modernidade, este artigo problematiza a relação campesinato-Natureza com base em outras lógicas.

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la obra de Eric Wolf (1955) y, de manera más reciente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos: A efectos de la presente Declaración, se entiende por ‘campesino’ toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar […] y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. (ONU 2018, 5)

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Al no abordar el tema desde la tierra, como recurso que hace posible la producción agrícola, el propósito de este artículo es proporcionar un acercamiento distinto al campesinado, a través de la exploración de subjetividades enfocadas en las concepciones de Naturaleza1. Destaco las voces de los campesinos, quienes expresan dichas concepciones, así como sus relaciones con la Naturaleza. Además, sus voces hablan de las tensiones existentes entre actores con distintas perspectivas respecto a la Naturaleza. A partir de las narrativas y discursos de los campesinos en el contexto de Íntag, una zona marcada por bosques biológicamente diversos, heterogeneidad social y resistencia local a un conflicto socioambiental, ofrezco un estudio de caso útil para explorar, amplificar o cuestionar ciertas nociones sobre el campesinado y la Naturaleza.

Según algunos autores, la vida de los campesinos depende, en gran medida, de los recursos locales (Ojeda y González 2018), debido a “la clásica vocación campesina por la tierra para la utilización de los recursos naturales básicos [… los campesinos] siempre han dependido del uso de la tierra, del bosque y del agua para poder vivir” (Fals Borda 1986, 12B). Por el contrario, otros estudiosos han cuestionado el esencialismo en el uso y aplicación del término “campesino”, entre estos Kearney (1996) y Tocancipá-Falla (2005). Sin embargo, las miradas esencialistas sobre la relación campesinado-Naturaleza provienen de diversos campos y engloban posturas en apariencia opuestas. Por un lado, están los discursos que argumentan que los campesinos son buenos para el medio ambiente, por ejemplo, en la medida en que innovan en materia de prácticas agroecológicas (Toledo 1993). En esa misma línea, debido a la crisis ambiental que vivimos por la industrialización y el mercado globalizado, otros han reconocido al campesinado su esfuerzo para mantener los medios naturales y han argumentado que es esencial para alcanzar un equilibrio con la Naturaleza (Pérez-Vitoria 2010). Por otro lado, por ejemplo, entre autoridades estatales de conservación, persisten discursos donde los campesinos son vistos como “destructores ambientales, invasores y responsables de daños colaterales” (Bocarejo y Ojeda 2015, 2)2. Aun así, ambas corrientes esencializan a los campesinos, al restringir o enfatizar su relación con la Naturaleza mediada por el uso de los recursos que ella les provee.

1

Escribo con mayúscula la palabra “Naturaleza”, para referirme a todos los entes naturales que en conjunto constituyen el planeta Tierra y al concepto cósmico o espiritual de la Pacha Mama y la Madre Tierra. De esta manera, continúo la práctica de Eduardo Gudynas (2011), entre otros autores.

2

La traducción es mía.

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador Sylvia M. Seger

Aparte del uso de los “recursos naturales”, hay otras maneras de interrelacionarse con la Naturaleza. Así, no es solo por su trabajo que el campesino establece una relación directa y especial con la Naturaleza. Los campesinos son heterogéneos en su concepción de la Naturaleza, sin embargo, existe la tendencia a caracterizarlos desde una epistemología o visión basada en la ontología relacional. En las ontologías relacionales, la Naturaleza es una parte del total de vínculos que constituyen la vida. Es la consciencia de las relaciones íntegras e interdependientes entre todos los seres y aspectos de la vida (Mignolo y Walsh 2018).

A través de las prácticas, las ontologías crean verdaderos mundos. Por ejemplo, la enacción de premisas sobre el carácter separado de la naturaleza, así como la forma de pensar en “economía” y “alimentación” lleva a la forma de agricultura del monocultivo (en contraste, una ontología relacional lleva a una forma de cultivo diverso e integral, como demuestra la agroecología para muchos sistemas de finca campesinos o indígenas); la enacción de una ontología dentro de la cual la montaña es un ser discreto e inerte, un objeto sin vida, lleva a su eventual destrucción, como en la minería a cielo abierto de oro o carbón. Si la montaña es vista como un ser sintiente, el tratamiento que se le da es completamente diferente. (Escobar 2014, 58)

3

La traducción es mía.

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Para autores como Gayatri Spivak (1987), el esencialismo es una opción estratégica en contextos poscoloniales. Ciertas autoconstrucciones esencialistas “no solo son políticamente estratégicas, sino más aún, son contra esencialistas en sus resultados” (Cid y Hinrichs 2015, 350). Según Astrid Ulloa, el esencialismo del “nativo ecológico” puede resultar bueno para los movimientos indígenas y ambientalistas (2005, 89).

Para el campesinado inteño, una autoconstrucción esencialista, tal vez identificándose con la ontología relacional, puede ser estratégica en defensa de la Naturaleza.

La problemática subyacente a la propuesta de este artículo radica en la concepción de Naturaleza propia de la epistemología hegemónica del esquema moderno, promovida por Bacon y Descartes, quienes sentaron el principio de la separación entre los seres humanos y la Naturaleza, para afirmar la superioridad de los primeros sobre la segunda. “El deseo, el derecho y la necesidad concebida de dominar, controlar y apropiarse de la Naturaleza son constitutivos de la racionalidad, la ciencia y el orden moderno/colonial occidentales” (Walsh 2015, 104)3. Algunos dualismos fundamentales en la modernidad son: naturaleza/cultura, nosotros/ellos y sujeto/objeto (Escobar 2013). Además de la dicotomía binaria entre urbano-superior y rural-homogéneo, la racionalidad hegemónica de la modernidad implica la dicotomía entre progreso-agronegocio y atraso-campesinado. Este paradigma de divisiones binarias jerárquicas ha persistido hasta el presente y emerge actualmente en los discursos y miradas de ciertos actores en Íntag. Es el origen de muchas tensiones y conflictos derivados de la heterogeneidad de epistemologías y actores en juego.

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Es por la dominante presencia del esquema moderno-capitalista que las teorías sobre el fin, la metamorfosis y posibilidades de resistencia del campesinado han sido exploradas (véanse, por ejemplo, Sevilla y Molina 2005; Silva 2011; Carvalho 2005). La “condición campesina”, según Jan Douwe van der Ploeg (2008), se caracteriza por una lucha constante por construir autonomía, desde numerosos elementos enlazados que permitan soportar, sobrevivir y distanciarse del ambiente hostil creado por enfrentarse al mercado capitalista. Algunos elementos clave, en dicha lucha, son la autonomía por el control de recursos, la coproducción entre el ser humano y la Naturaleza, en interacción continua y transformación mutua (Ploeg 2010; 2008).

La importancia de un análisis contextualizado, que destaque las voces locales (Ruiz 2003), es evidente y se explica porque “los movimientos sociales rurales incorporan grandes números de familias campesinas en procesos autogestionados […] dependiendo de las realidades locales. Esto significa que el conocimiento local y el ingenio de las familias campesinas se convierten en los elementos clave” (Rosset y Martínez 2016, 287).

Asimismo, las concepciones sobre la Naturaleza tienen sentido o significado solo al situarlas en un contexto particular, o sea, en el lugar de enunciación.

Los significados no se derivan de la teoría occidental y no están descontextualizados, pues surgen “de una red compasiva de relaciones interdependientes que son diferentes y valiosas debido a esa diferencia” (Simpson 2014, 11)4. La riqueza y cercanía de la Naturaleza, la heterogeneidad social, las múltiples amenazas de la megaminería y la colonización, relativamente reciente, entre otros, son importantes factores para ubicar y entender las narrativas inteñas, pues distinguen e influencian las dinámicas del campesinado en la zona. Planteo que esta combinación de factores y contextos conduce a un análisis del campesinado distinto al de una relación directa con la tierra mediada por el trabajo agrícola. Se trata del campesinado presentado a través de subjetividades y relaciones basadas en sus propias concepciones de Naturaleza.

Íntag: el contexto

Íntag es una zona rural y montañosa de los Andes, en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, al norte del Ecuador. Tiene una extensión de 1489 kilómetros cuadrados (CMI 2012) y su elevación varía entre 400 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Es un área/territorio definido con base en los aspectos naturales (bosque nublado) y geográficos (la cuenca del río Íntag). El nombre “Íntag” no es reconocido oficialmente por el Estado.

4

La traducción es mía.

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador Sylvia M. Seger

Figura 1. Ubicación de la zona de Íntag, Ecuador

Perú

Fuente: Zona de Íntag, Ecuador. 2020. Sylvia Seger, “Google Maps” https://www.google.com/ maps/d/edit?hl=en&hl=en&mid=1jGcBerYpUNRMOeACUWLG9bvcJPpWT4Qj&ll=0.3250102 6626984886%2C-78.80453934882945&z=10 (28 de mayo de 2020).

En términos de riqueza biológica, Íntag es una de las zonas más importantes de Ecuador (Hidrointag 2008). La biodiversidad y el endemismo en la vegetación original de los bosques en Íntag son de alto valor ecológico y ambiental (Kocian, Batker y Harrison-Cox 2011).

En la zona de Íntag hay 76 comunidades, donde viven 13 102 personas (INEC 2010), distribuidas en siete parroquias5 de los cantones Cotacachi y Otavalo en la provincia de Imbabura, Ecuador. Las parroquias inteñas tienen características distintas entre sí y son diversas en cuanto a su dinámica social, económica, política y ambiental. Las comunidades de Íntag están conformadas primordialmente por habitantes que residen en fincas dispersas6, pues se trata de una zona alejada de difícil acceso.7 Ciertos sectores de Íntag tienen decrecimiento poblacional (Municipio de Cotacachi 2016), en gran parte, como resultado de la migración hacia otras zonas en 5

En Ecuador, las parroquias son las divisiones político-territoriales de menor grado. Conforman los cantones y distritos metropolitanos, bajo los cuales se establecen administrativamente.

6

Por ejemplo, en la parroquia de Plaza Gutiérrez, 92 personas viven en centros poblados (pueblos), mientras la mayoría (404 habitantes) viven dispersos en ella (INEC 2010).

7 La distancia entre Ibarra, la capital provincial, y las comunidades de la parroquia García Moreno, por ejemplo, dependiendo del camino que se escoja, varía entre 115 y 124 kilómetros. El acceso a la zona puede ser difícil en época de invierno, cuando la población queda incomunicada debido a deslaves y taponamientos en la carretera de acceso.

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Oceáno Pacífico

Colombia

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busca de trabajo o educación. En términos de identidad étnica, alrededor del 60 % de la población es mestiza; el 30 % indígena y el 10 % afrodescendiente (López 2012, 85).

Un aspecto importante para la autoidentificación de campesinado en Íntag es la caracterización de la zona como campestre, boscosa y rural. Otro aspecto tiene que ver con la reproducción de la vida, puesto que muchas familias campesinas se han dedicado durante años a actividades agrícolas y ganaderas, por lo general, a pequeña o mediana escala. Las fincas y comunidades están dispersas en todo el territorio y a un buen número de las primeras se accede a través de caminos no pavimentados o senderos. Según las cifras de la encuesta realizada por López Oropeza a 250 hogares inteños, entre noviembre de 2010 y enero de 2011, el 83 % de los participantes poseía tierras y el tamaño promedio de las propiedades era de 10.3 hectáreas (López 2012, 100).

La “condición campesina” y la reproducción de vida histórica y actual radican en el medio ambiente. Las actividades económicas más importantes en la zona incluyen la agricultura, con predominio del cultivo de café y fríjol, y la ganadería. Sin embargo, a partir de los años noventa se han impulsado otras actividades productivas —de comercio justo y sustentable— como el ecoturismo, la elaboración de artesanías, etc. Muchas de estas actividades y asociaciones, productivas y sustentables, son repuestas a la necesidad de diversificar las tareas generadoras de ingresos como alternativa a la megaminería. Desde los años noventa hasta hoy, Íntag tiene una conflictiva historia por la presencia de empresas mineras en la zona, resultado del afán estatal por promover las actividades extractivistas. La resistencia local contra la apropiación de la Naturaleza, el territorio y la vida, por parte de la megaminería, es constitutiva de la identidad campesina para muchas personas, aunque no para todas, porque esta actividad ha causado divisiones sociales en toda la zona.

Es esta combinación única en la zona de Íntag: la heterogeneidad demográfica, rural y agrícola; la riqueza natural y la alta biodiversidad, así como las tensiones socioambientales, la que amerita una exploración del campesinado con respecto a la Naturaleza y su concepción sobre esta.

Narrativas y nociones metodológicas

Las nociones y posicionamientos metodológicos fueron determinados por los saberes y prácticas compartidas, a través de conversaciones, diálogos e interacciones, durante tres décadas de nexos personales y profesionales con la comunidad y los bosques de Íntag, incluyendo cuatro años de convivencia en una finca en la parroquia Plaza Gutiérrez, a sesenta minutos a pie de la comunidad de Santa Rosa. Por ser parte de la comunidad, socia del proyecto apícola y participante en reuniones, fiestas, conferencias, mingas y talleres en la zona, mi intención era posicionarme desde y con, en lugar de hacer un estudio sobre (Walsh 2014). Ya que el trabajo de campo se acercó a las metodologías decoloniales, este texto es un intento en ese mismo sentido, al enfatizar que los campesinos hablan por sí mismos. Así, a continuación, se incluyen múltiples fragmentos de sus narrativas, de modo que sus palabras sean una guía individual para la comprensión de la relación Naturaleza-campesinado.

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador Sylvia M. Seger

Como parte de mi investigación doctoral, entre octubre de 2015 y agosto de 2019, documenté más de ochenta entrevistas informales, conversaciones e historias de vida. Transcribí las registradas en audio, la mayoría de ellas para la inclusión de ciertas narrativas, con previa aceptación de los involucrados, mediante consentimiento libre e informado. Las personas cuyas reflexiones se incluyen en este artículo son identificadas con seudónimos. Cuando no se especifica, el entrevistado típico es madre o padre de familia, residente en finca propia de pequeña o media escala, con un promedio de cuarenta años de edad y cuenta con educación básica8. Algunas de las personas entrevistadas se dedican a otras actividades además del trabajo agrícola tradicional en sus fincas. De hecho, este mismo grupo de campesinos ha estado activo en el movimiento antiminero y en otras organizaciones de base con presencia en toda la zona de Íntag. Al seleccionar las narrativas, mi intención no ha sido representar a todos los campesinos de Íntag, ni abarcar los distintos posicionamientos que existen entre ellos. Siguiendo a Yie Garzón (2015), reconozco que las narrativas no son neutrales, pues son producidas desde determinadas posiciones —en este artículo son casi todas pro-Naturaleza y antiminería— y tomadas de un campesinado igualmente concreto.

El concepto de Naturaleza se construye de varias maneras y desde distintas posiciones en todo el mundo, pero, grosso modo, unas posturas representan la visión dominante moderna y otras provienen de lógicas distintas. A continuación, se ofrecen reflexiones y planteamientos, en las palabras del campesinado de Íntag, sobre sus conceptualizaciones de Naturaleza, sus interrelaciones y perspectivas de cuidado.

“La Naturaleza es la vida”, “nuestra madre” y da “vida”, es la visión más dominante y frecuente en las expresiones de los campesinos. De manera intrínseca a la formula Naturaleza=vida existen numerosos conceptos conexos que forman parte integral de su identidad como campesinos.

La mayoría de los entrevistados mencionó que la Naturaleza lo rodea a uno y abarca todo Íntag, porque la Naturaleza es “todo el medio en que vivimos” (Oscar, entrevista con la autora, julio de 2016) y “el todo lo que nos rodea aquí en nuestro campo” (Facundo, entrevista con la autora, julio de 2016). Es “todo lo que está alrededor, como los árboles, las aves, las especies que hay en toda la zona” (Marco, entrevista con la autora, agosto de 2016). La Naturaleza que rodea todo implica que esta es innata a la vida inteña, “para mí, es todo lo que nos rodea […] todo lo que nos da la vida es la Naturaleza” (Sofía, entrevista con la autora, octubre de 2015).

Otras entrevistadas detallan aún más lo que significa la Naturaleza: “parte de nuestra 8

En Ecuador, la Educación General Básica (EGB) abarca desde primer grado, que inicia a partir de los 5 años de edad, hasta décimo grado, que se ofrece, desde los 14 años de edad. Para mayor información, véase: https://educacion.gob.ec/educacion_general_basica/#:~:text=La%20Educaci%C3%B3n%20General%20B%C3%A1sica%20en,la%20innovaci%C3%B3n%20y%20la%20solidaridad

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La Naturaleza “es vida” y otras concepciones de Naturaleza: narrativas inteñas

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 40 · Bogotá, julio-septiembre 2020 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 129-151 https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.06

vida es la Naturaleza […] porque tenemos aire sano, el agua limpia, todas esas cosas” (Teresa, entrevista con la autora, diciembre de 2016). La Naturaleza es “vida” (Anita, entrevista con la autora, junio de 2018) porque “la Naturaleza nos da de comer, dónde vivir y todo, por eso creo que es la vida misma” (Guadalupe, entrevista con la autora, octubre de 2015). Asimismo, la Naturaleza “es nuestra madre, se puede decir, porque gracias a ella tenemos las plantas, tenemos la vida más que todo” (Julia, entrevista con la autora, marzo de 2017) y “de esa Naturaleza vivimos, sobrevivimos, nos mantenemos” (María, entrevista con la autora, marzo de 2017).

El concepto de Naturaleza está construido también alrededor de la comunidad y los modelos de vida: La Naturaleza no solo [es] el bosque, no solo el agua, personalmente, también, tener nuestros, nuestros modelos de vida. De vivir bien, no ofender a nadie.

Porque de todo eso parece que es un motivo de la Naturaleza de bien vivir. Bien entre vecinos, entre compañeros, trabajar en amistad. (Mariapaz, entrevista con la autora, abril de 2016)

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Además, la comunidad puede vivir bien por la Naturaleza “porque es sana, porque se anda tranquilamente, no hay peligros ni nada, no hay ni animales de tenerles miedo, ni tampoco gente ladrones, nada. Por aquí se anda con toda tranquilidad” (Esmeralda, entrevista con la autora, marzo de 2017).

Algunas personas entrevistadas hacen una comparación entre la vida urbana y la campesina: “la relación que tengo con la Naturaleza es que yo me siento muy bien aquí. Estar en el campo es lo más hermoso que usted puede sentir, respirar un aire puro aquí en la Naturaleza es lo más bonito” (Mateo, entrevista con la autora, marzo de 2017). Estar “aquí”, en el “campo”, sienta bien y contrasta con el sentimiento que surge cuando uno se siente afuera: “me gusta más la Naturaleza que las ciudades […] es más tranquilo [aquí], se siente más libre, menos presionada, y en este sentido creo que es bueno vivir así” (Guadalupe, entrevista con la autora, octubre de 2015). Vivir con y en la Naturaleza evoca el sentir y las experiencias vividas: La Naturaleza tiene mucho de disfrutarle […] como es así, como es la Naturaleza llena de árboles, de vida, de biodiversidad, de tanta flora y fauna, que es lo más apreciado que le hace la Naturaleza. Entonces yo creo que por eso hay que mirarle y hay que apreciarle mucho. [La Naturaleza me hace sentirme] bien. Segura. Aquí en el campo yo estoy segura de vivir aquí porque tengo una alimentación que se siembra, produce. Y no tengo que estar preocupada de tal vez de alguna cosa, que, por cuestiones del hombre, por ejemplo, como en las ciudades. Hay grandes peligros que están puestos allí […] El aire mismo para vivir ya está contaminado.

El agua viene de distintos lugares y tiene que ser tratado. En cambio, aquí ya tenemos todo. La seguridad misma de la Naturaleza […] yo creo que en el lugar al menos donde estamos […] aquí está bien y seguir aquí disfrutando de que nos da la oportunidad de seguir aquí en esta Naturaleza que vivimos. (Sofía, entrevista con la autora, octubre de 2015)

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador Sylvia M. Seger

Al describir la Naturaleza, la mayoría de las personas expresan una visión que resulta de la yuxtaposición entre premisas relacionales y sentipensamientos. Sentipensar es el arte de sentir y pensar a la vez combinando el corazón con la razón (Fals Borda 2009; Escobar 2014; Galeano 1989). La siguiente declaración capta estos aspectos: Mi relación [con la Naturaleza] es la vida que tengo, porque el paraíso en que vivo, el medio mismo en que vivo, me considero una parte de la Naturaleza. Un ser que estoy en medio en esta riqueza en esta Naturaleza que estoy creciendo y aprendiendo sobre ella. Porque eso es lo que tenemos en la Naturaleza, nos enseña todo y de allí tenemos todo. Nos enseña, nos muestra lo que queremos tener, lo que queremos hacer. Que la misma Naturaleza nos dice: “Hagamos, hagamos juntos la cosa”. Eso creo que es la mejor relación: la vida que lleva y la paz. La Naturaleza, como he dicho, Naturaleza es sinónimo de paz y de vida, de tranquilidad, de felicidad. Porque si no tenemos esto, estamos cortados de parte de nuestra vida y de la cadena misma que necesitamos para sobrevivir. (Rolando, entrevista con la autora, diciembre de 2015)9

La Naturaleza para mí es la forma de vida entre una relación directa, entre el ser humano y lo que nos rodea. Hay una relación directa. Si yo vivo, vivo la Naturaleza, vivo yo, es una relación directa. Eso es lo que creo y que ambos, tanto la Naturaleza como el ser humano, como yo en este caso, tengo que dar parte de mí para ella y ella tendría que dar parte de ella para mí. (Rosa, entrevista con la autora, abril de 2017).

Algunas declaraciones apuntan a que la reciprocidad, como base de dicha relación, es obligación de los seres humanos: Creo que depende de nosotros para que una Naturaleza esté sana. Para que todo esté en armonía. Entonces, si tenemos una Naturaleza sana, tenemos un ambiente sano, tenemos una salud sana. Creo que está donde estamos viviendo, en sí, tenemos casi estas condiciones para poder vivir en paz. (Juan, entrevista con la autora, diciembre de 2015)

Asimismo, subrayan que “a la Naturaleza tenemos que respetarle, amarle” (Jimena, entrevista con la autora, diciembre de 2015). Muchas narraciones inteñas incluyen y resaltan la importancia del cuidado y la conservación de la Naturaleza; “cuidar, conservar y proteger” son maneras de relacionarse con y en la Naturaleza, así como de concebirla.

Para mí la Naturaleza es importante porque hay muchas cosas que existen en la Naturaleza que nos han contado, y seguimos nosotros también poder conservar 9

Las cursivas son mías.

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Tal como evidencia la cita anterior, si la Naturaleza enseña y dice “hagamos juntos”, la relación intrínseca comprende una reciprocidad, un dar y recibir. Por tanto, no es una relación unidireccional de un humano “con” la Naturaleza, sino una relación “entre” dos. Es una relación mutua y en doble vía, sin jerarquías.

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y dejar a nuestros hijos para que conozcan cómo es, ha sido y es la Naturaleza.

La Naturaleza es tan bondadosa que nos alimenta de todo. Cómo nos da el agua, el aire, el espíritu de cada una de las personas que tenemos un espíritu de, y de conciencia de, una conservación. (Jorge, entrevista con la autora, febrero de 2017)

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Al hablar de la Naturaleza, la mayoría de estas narraciones inteñas exteriorizan o sugieren una conceptualización holística, relacional y sentipensada. En consecuencia, implican una aproximación que envuelve lo físico, abstracto, espacial, social y espiritual.

La concepción de Naturaleza solo como un “recurso” para “usar” no consta en sus visiones. Algunas de las personas entrevistadas señalan el papel que cumple la Naturaleza al alimentar el cuerpo, pero su percepción es más holística, puesto que también indican que alimenta el alma. Así, la Naturaleza tiene un significado mucho más profundo y amplio que el que implica una relación basada en la producción agrícola de la tierra.

Se trata de concepciones de la Naturaleza distanciadas de los planteamientos hegemónicos de la modernidad. En el caso de Íntag, la postura de la ciencia positivista, propia de lo que Arturo Escobar llama realismo epistemológico (2008, 122), es la que generalmente mantiene el Estado, aliado con la industria extractivista y con la academia biológica, las cuales fundamentan sus políticas y prácticas. Según Escobar, el realismo epistemológico incluye dos variedades, la perspectiva de la ciencia positivista y las perspectivas de la ciencia de sistemas; en el rango de posiciones epistemológicas a lo largo del eje esencialismo/constructivismo es más establecido el positivismo (Escobar 2008, 122). Por la heterogeneidad de la zona, la relación campesinado-Naturaleza no es una sola y existen numerosas distinciones entre las expresadas por el campesinado inteño y, también, por entidades y actores externos al Íntag, que juegan un papel y tienen influencia en la zona10. Como se verá a continuación, las distintas formas de concebir y relacionarse con la Naturaleza, tanto las que priorizan su cuidado como las que contrastan y riñen con esa visión, constituyen esa heterogeneidad en la que se generan múltiples y diversas tensiones.

Tensiones arraigadas en el cuidado de la Naturaleza: narrativas campesinas Defender la Naturaleza es defender la vida y en esta lucha estamos.

Ya estamos más que 20 años y creo que seguiremos.

(Rosa, entrevista con la autora, abril de 2017)

Este epígrafe destaca que defender la Naturaleza es un principio implícito en la defensa de la vida inteña. Íntag es reconocida como una zona de resistencia socioambiental y, obviamente, lo es porque en la zona hay tensiones socioambientales. Además de la resistencia a la minería, también existen tensiones relativas a otras actividades en 10 Para más información sobre divisiones entre actores en la zona de Íntag, véanse López 2012; Latorre, Walter y Larrea 2015 y Murillo y Sacher 2017.

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador Sylvia M. Seger

ese campo. A continuación, se indican tres espacios tensionales que son resultado del encuentro entre personas, grupos o entidades con distintas nociones sobre el “cuidado de la Naturaleza”. El primero histórico, pues a través de la expresión “más antes”, expone tensiones con legados y lógicas del pasado; el segundo da cuenta de los desacuerdos entre personas de la comunidad inteña; y el tercero, entre actores de la comunidad y entidades externas.

Tensiones arraigadas en el más antes

La gente más antes, parece que, o sea, no sé, era algo psicológico que ellos, llegaba el verano y prendían por donde quiera. […] Eran mitos de la gente antigua.

Por ejemplo, decían que ‘hay que quemar porque eso atrae la lluvia’ o algo así.

(Marco, entrevista con la autora, agosto de 2016)11

11 Las cursivas son mías.

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Cuando la gente de Íntag habla del “más antes”, se refiere al pasado colonial, no en el estricto sentido cronológico adjudicado al período histórico conocido con el mismo nombre, sino a un legado de más de 100 años que perdura hasta la actualidad, en la forma en la que el campesinado inteño construye sus concepciones sobre la Naturaleza, se relaciona con esta y reproduce la vida inteña. En consecuencia, cuando los campesinos actuales de Íntag hablan de “la gente antigua”, se refieren a los abuelos y colonos que llegaron durante el siglo XX. La colonización de la zona empezó cuando los primeros colonos, en busca de tierra, llegaron alrededor de 1870 (Latorre, Walter y Larrea 2015). Debido al difícil acceso y a las duras condiciones, solo unos pocos llegaron antes del siglo XX, pero se produjo una apertura como resultado de dos eventos: un camino de herradura habilitado en la década de 1870 y una carretera implementada durante las décadas de 1960 y 1970.

Los colonos, que inicialmente poblaron y consolidaron las áreas más planas, llegaron huyendo de las haciendas serranas en busca de terreno propio, trabajo y una mejor calidad de vida para sus familias. De allí se extendieron hacia áreas más remotas y pendientes, lo que conllevó a la tala y desbroce de bosques para la agricultura (Vandegrift et al. 2018). Los bosques delimitados por líneas rectas, que marcan las fronteras entre los campos agrícolas, atestiguan la transformación experimentada por Íntag como consecuencia de la colonización, la agricultura y la deforestación.

En su estudio monográfico de 1962, Alfredo Albuja Galindo señala que en Íntag “la población es de 6 672 habitantes acariciados por las duras, pero gratas luchas agrícolas […] en la lucha constante con la selva, al golpe del hacha y del machete, saborean el jugo saludable de sus labores” (Albuja 1962, 226).

Las lógicas y perspectivas del “más antes” pueden entrar en conflicto con las de ahora, porque para los campesinos los saberes y prácticas respecto a la Naturaleza han cambiado. Un ejemplo es la práctica de la quema para limpiar un terreno antes de sembrar:

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La señora Yanet dedicó toda su vida a trabajar como profesora en las escuelas inteñas, que en su mayoría cuentan con una sola docente. Ya jubilada, vive en un pueblo donde ya no queda bosque natural cerca, debido a la deforestación, la expansión agrícola y los patrones de asentamiento y colonización. Según Yanet, este es un legado de “más antes”, porque las personas iniciales, nuestros padres, nuestros abuelos eran de este carácter muy colonizador, muy colonizador. Y eso fue una de las primeras bases erróneas de todo eso. Pero después fueron tomando conciencia y, bueno, ahora ya saben que es muy útil, muy necesario conservar. Pero, asimismo, el espíritu no nos permite, unos lo hacen y otros no, el espíritu colonizador que tienen. (Entrevista con la autora, marzo de 2017)12

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El legado del “espíritu colonizador” proviene el pasado y se evidencia en la tierra alterada por las prácticas colonizadoras, perjudiciales para la Naturaleza.

Según Yanet, este “espíritu colonizador” adolece de falta de conciencia ambiental y en él radica el problema actual. Sin embargo, según el testimonio de don Manuel, uno de los primeros colonizadores que llegó hace más de medio siglo, y su conciencia sobre el “más antes”, el Estado tuvo la culpa: “Cuando yo entré a afincarme aquí, en las oficinas para adjudicar las tierras decían: ‘tiene que tener trabajada la mitad para adjudicar’. Talar no era culpa de nosotros” (Entrevista con la autora, diciembre de 2015).

Tensiones entre personas de la comunidad inteña

Por ser una zona marcada por la heterogeneidad, es comprensible que en la actual comunidad inteña existan distintas posturas sobre el cuidado de la Naturaleza, que potencian tensiones entre sus habitantes. Para los campesinos que valoran la Naturaleza en sí misma, las acciones de la gente que no comparte este principio crean problemas. Estas tensiones giran alrededor de las prácticas y creencias como: la siembra de monocultivos, la deforestación y los intereses económicos.

Una fuente de discordia y tensión dentro de la comunidad campesina obedece a la adopción de determinadas prácticas agrícolas y, en algunas partes, al salto hacia los monocultivos intensivos: Están sembrando en cantidad plantas ya con químicos, naranjilla, granadilla, tomate […]. Ya fumigan para que se mueran las hierbas, así más rápido se seca la hierba y siguen sembrando […]. Porque le ven lo más fácil, lo más que pueden venden. […].

Pero lo barato, lo que es barato siembran en cantidad y con menos trabajo solamente en base de químicos. (Anita, entrevista con la autora, noviembre de 2016)13

12 Las cursivas son mías.

13 Las cursivas son mías.

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador Sylvia M. Seger

Los productores grandes también crean tensiones relacionadas con la tenencia de tierra: Sacan a su producción y […] han ido a invertir en Cotacachi, en Otavalo, su mayoría. Pero no le han regresado el abono que necesita, no le han regresado el cuidado que necesita, los minerales, ¿no? Entonces, como hay suficiente territorio, entonces ya no me produce aquí, me voy más aquicito, me voy más arriba, y vamos acabando el bosque. (Rosa, entrevista con la autora, abril de 2017)

He tenido muchos compañeros que han sido más intereses económicos, porque, bueno, viene alguien, les dicen más que “aquí vamos a sacar la madera”. O tal vez, por ejemplo, por adentro, por Junín hay los metales. La gente piensa de allí al sacar los metales piensa que van a tener un buen ingreso, ingreso económico.

Pero yo creo que al largo tiempo lo que estamos viviendo ahora con una Naturaleza así, tan verde, vamos a tener un mejor futuro que tener sacando los materiales por debajo de la tierra. Pero sí hay gente que en verdad piensa solamente en lo económico y tener solamente sus posibilidades económicas sin importarles ni siquiera lo que 14 Las cursivas son mías.

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De acuerdo con los enfoques que definen al campesinado a partir de su función eco-agrícola, la incursión del agronegocio capitalista al campo es una fuerte amenaza para la vida y para los múltiples beneficios ambientales y sociales asociados a los saberes y prácticas campesinas. Sin embargo, la “revolución agroecológica” latinoamericana es fuente de nuevos caminos que desafían las políticas agrarias de la modernización neoliberal (Altieri y Toledo 2011). “La agroecología ha sido un elemento clave en el proceso de recampesinización y la reconfiguración de los territorios en territorios campesinos” (Rosset y Martínez 2016, 286).

En cuanto a la deforestación y reforestación, la abuela Isidora ofrece esta reflexión: “Lamentablemente, la tala de árboles es lo peor que puede existir. Vinieron los motoserristas y por ganarse el dinero fácil tumban los árboles primarios y nuestra Naturaleza, golpeándose cada día más y más” (entrevista con la autora, octubre de 2015). Incluso entre las personas que están en contra de la deforestación existen tensiones. Por ejemplo, la costumbre de algunas personas de reforestar para cuidar la Naturaleza, difiere de la visión de otras que, como Manuel, simplemente deciden “no vender” sus árboles a los madereros. Asimismo, las numerosas cuestiones en torno a la deforestación y reforestación entran en tensión como resultado de las diferentes concepciones sobre cómo cuidar la Naturaleza.

Para los campesinos enfocados en cuidar la Naturaleza, las prácticas y actitudes de las personas que no la cuidan tienen impactos fundamentales en su vida. La diferencia entre intereses y propósitos es marcada en la zona y conlleva tensiones: “Sí hay bastantes diferencias. Porque mucha gente que tiene otros intereses, sean, pueden ser políticos o personales” (Rafael, entrevista con la autora, abril de 2016)14. Por ejemplo, la influencia de factores e intereses económicos:

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venga después, la calidad de vida. […] Entonces es ser egoísta, uno mismo ante los propios hijos, familia y la demás población igual. (Rafael, entrevista con la autora, abril de 2016)15

Otra tensión entre la gente inteña es resultado del nivel de conciencia o educación acerca de la importancia de cuidar la Naturaleza: “Muchas campañas de educación, eso puede ayudar para que se permanezcan los bosques” (Tania, entrevista con la autora, febrero de 2017)16. Numerosas narrativas se refieren a otras tensiones entre campesinos, relacionadas con la falta de colaboración comunitaria, el individualismo y el “que-me-importismo”.

Tensiones entre la comunidad de Íntag y los actores o entidades externas

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La tensión más obvia entre quienes habitan Íntag y los actores o entidades externas es la minería. El Estado y las empresas mineras extranjeras en la zona causan antagonismos entre y con los campesinos de Íntag. La exploración de minerales metálicos en las parroquias de García Moreno y Peñaherrera inició a principios de la década de 1990. Las empresas mineras de esta concesión, que ahora se llama Llurimagua, eran Bishimetals (1991-1997), Ascendent Copper (2004-2007) y, desde el 2012 hasta ahora, un consorcio de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) y la empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Actualmente, el proyecto minero Llurimagua se encuentra en la etapa de “exploración avanzada”, y su concesión tiene una superficie de 4 829 hectáreas (Enami EP. sf).

Por su resistencia y movilización local frente a la política extractivista y las concesiones mineras, la zona de Íntag se considera un caso emblemático de lucha en este tipo de conflictos socioambientales. Además de la gente inteña, los grupos de movilización incluyen organizaciones zonales, nacionales e internacionales, gobiernos parroquiales y cantonales, etc. Las formas de movilización han sido muy variadas, desde manifestaciones, re-apropiación de espacios mineros, proyectos de conservación, campañas de educación ambiental, etc. Pero no todos los campesinos en Íntag participan en la resistencia ni piensan igual. En la encuesta realizada a 555 mujeres inteñas, por la Coordinadora de Mujeres de Íntag (CMI) en 2012, a la pregunta “¿Qué piensa usted de la minería en Íntag?”, el 70,93 % de ellas respondió que estaba en contra, porque “la actividad divide las comunidades y destruiría su agua, sus fuentes de ingresos, su entorno natural, la tranquilidad y una forma de vivir”. Las inteñas a favor de la minería fueron el 14,23 %, debido a que “la consideran como una forma de acceder a un empleo” (CMI 2012, 94), y el porcentaje restante respondió que no estaba a favor ni en contra o, simplemente, se declaró sin opinión.

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La concesión Llurimagua ha sido el eje de la actividad minera en la zona por dos décadas, pero hace pocos años la problemática se extendió a casi toda la zona, cuando el Gobierno central otorgó múltiples nuevas concesiones a transnacionales mineras. “A lo largo de 2016 y 2017, el Gobierno ecuatoriano anunció concesiones para más de 2,9 millones de hectáreas (7,17 millones de acres) de tierra para exploración minera” en el país (Vandegrift et al. 2018, 1). En Íntag, con la nueva ola de concesiones, el 80 % del territorio de la zona se encuentra adjudicado o en trámite de adjudicación a empresas mineras (Arcom 2018).

Figura 2. Concesiones otorgadas y en trámite en la zona de Íntag en junio de 2018

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Fuente: cortesía Carlos Zorrilla, elaboración y fuente: Defensa y Conservación de Íntag (Decoin), 2018.

Como resultado de tantas nuevas concesiones, es probable que la zona de Íntag ahora esté enfrentando transformaciones o transiciones críticas en la reproducción de la vida del campesinado. La relación con la Naturaleza y la concepción que existe sobre esta también serán impactadas. En este contexto es necesario entender los desafíos y complejidades del campesinado inteño. Aunque la minería es la fuente más importante de tensión desde el exterior, en las narrativas no siempre es el eje del conflicto. Más bien es vista como síntoma o como ejemplo de las diferencias epistemológicas propias de la vida campesina. Al respecto, las personas inteñas reconocen ambas escalas —visiones locales y perspectivas globales/nacionales—, porque saben que están íntimamente entrelazadas. Por ejemplo, Juan cuestiona la injusticia y desigualdad, al considerar la

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contribución que hacen las personas del campo, frente a la de las grandes entidades externas, en materia de responsabilidad por la contaminación de la Naturaleza: Bueno, creo que de a poco la gente que está en el campo trata, no cierto, en lo mínimo de afectar al bosque, a la Naturaleza. Pero creo que con lo poco que podemos hacer nosotros en el campo no es suficiente cuando las grandes contaminaciones están en otros lados presionando, por ejemplo, las grandes transnacionales, el mismo Gobierno que saca el petróleo, que explota las minas. Por ejemplo, en estas grandes fábricas para hacer todo tipo de cosas que sirven para la humanidad están siempre quemando, quemando, quemando, quemando combustibles, botando humo. Entonces creo que, si nos ponemos a hacer un balance, de quiénes contaminan más, creo que son las grandes empresas, las ciudades. (Entrevista con la autora, diciembre de 2015)17

Al Estado se atribuyen múltiples tensiones ambientales por promocionar el extractivismo. No obstante, las narrativas también destacan distintas maneras de concebir las tensiones derivadas del choque-encuentro entre diversas nociones acerca del “cuidado de la Naturaleza”. Por ejemplo, frente al Estado, Sofía expresa:

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Claro, el país, a veces, como dirigentes de los países, como los altos que están, esperan porque hay tantas necesidades que tienen que cumplir. Pero igual solo ponen los ojos en cosas más grandes como el petróleo, la minería y cosas así, pero no tienen otra alternativa tal vez. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, creo que hay muchas alternativas.

De aprovechar el sol, el aire, que igual nos podríamos, o sea, no tendríamos que hacer mucho para aprovechar eso. Porque mineral que está debajo del suelo es donde se daña todo para aprovechar. El sol no creo que necesitamos hacer tanto daño, para aprovechar, el aire, igual, no tendremos que hacer tanto daño como botar montañas para sacar lo que hay en este suelo. (Entrevista con la autora, octubre de 2015)18

En la cita anterior se cuestiona al Estado ecuatoriano y a otros, en relación con el esquema y la política que limitan la identificación de otras alternativas económicas. A continuación, Juan cuestiona también el consumismo y el desperdicio —el patrón moderno capitalista—: Creo que sí, y es necesario que, tanto en la ciudad como en el campo, se empieza a hacer un poco más de conciencia porque cuánto consumo, cuánto desperdicio y todo. Porque hagamos cuenta, que dicen que en las grandes ciudades o en los países que tienen mucho dinero el desperdicio es fatal. Entonces creo que el hecho de tener dinero no es que yo con este dinero compro toda la producción que venga de cierto país y soluciono este problema. Ese país cada vez tiene que, botando más bosque, más bosque, más bosque, para producir para ese país que está

17 Las cursivas son mías.

18 Las cursivas son mías.

Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador Sylvia M. Seger

consumiendo a medidas, digamos no, porque según lo que cuentan es que hay un desperdicio increíble. (Entrevista con la autora, diciembre de 2015)19

Otra manera de interpelar el patrón moderno capitalista aparece en la narrativa de Sofía, quien se refiere a la tensión por la migración como opción opuesta a la de valorar la siembra: Yo creo que la mejor manera [de cuidar la Naturaleza], o sea, no es explotándola, así no pensando en el recurso económico. Debemos siempre pensar en que tenemos que dejar eso así bien, para que tengan oportunidad las demás generaciones también. Si ahora la aprovechamos ahora, hacemos todo, para después esa va a quedar todo aséptico. Incluso lo que hay que ir más valorando, conservando, es el tema de sembrar, de ir manteniendo esto de la agricultura. Eso es lo que creo más bien tendríamos que seguir impulsando a las nuevas generaciones porque a veces así piensan que la agricultura no es rentable y es mejor que los jóvenes vayan a estudiar que ya se vayan para servicios otros, donde no tienen nada que ver con la agricultura. Pero al final, no vamos a quedar, no van a quedar muchos en el campo y ¿de dónde vamos a sobrevivir? A veces todo tiende a la tecnología […]. Yo creo que conservar la Naturaleza, creo que es lo que debemos hacer. (Entrevista con la autora, octubre de 2015)20

Me he puesto a reflexionar y he dicho “chuta, es difícil”, pero lo mejor de conservar la Naturaleza es vivir el día a día sin pensar en comodidades, sin entrar mucho la tecnología, y viviéndola, algo natural mismo. Sin darnos como sea mucha comodidad o lujo de estar actualizado con la tecnología mismo. Si dejáramos al lado esa modernización, esa tecnología que cada día va creciendo e irse del problema. La tecnología es la que día a día va destruyendo más y más el planeta, la misma Naturaleza. Porque estamos siempre tratando de mejorar y mejorar con cosas que no son factibles al medio, a veces destruyendo mismo la Naturaleza. Por ejemplo, eso es lo que trae una mina, ¿no?, explotar para hacer más cosas para que la gente pueda vivir con más comodidad o facilísimo, metidos en, con otro tipo de basura. (Entrevista con la autora, diciembre de 2015)21

Como se desprende de las narrativas, el principal actor/entidad en tensión, desde el exterior, es la minería, pero hay múltiples reflexiones y perspectivas asociadas a otros temas. Cuestiones sobre el sistema-mundo (Wallerstein 2006), el esquema moderno, el Estado y los modos de vida, etc. Se trata de problemas que se resuelven en la vida campesina y que reafirman su concepción y cuidado de la Naturaleza.

19 Las cursivas son mías.

20 Las cursivas son mías.

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Según Rolando es “difícil”, pero, para “irse del problema”, hay que dejar a un lado la modernización y la tecnología:

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A manera de cierre

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Las reflexiones con y desde las narrativas inteñas interfieren con las premisas más tradicionales sobre el campesinado. Por ejemplo, con el énfasis en el eje de la tierra para la producción agrícola y con el uso de recursos naturales (Sevilla y Soler 2009); la tierra y la agricultura no han sido medulares en las narrativas alrededor de las concepciones de Naturaleza. Este caso, en particular, revela algunas falacias sobre las configuraciones en torno al campesinado. Las mismas que han estado centradas en análisis descontextualizados y homogeneizantes respecto a los sujetos campesinos.

Para los campesinos en Íntag, la Naturaleza que rodea todo es “la vida” misma, y su cuidado es un valor integral para la vida en el campo. La relación campesinado-Naturaleza tiene características particulares en la zona, por las problemáticas que están impactando a la comunidad, en particular, la expansión de la minería extractiva. A partir de esos impactos se han producido y seguirán produciendo transformaciones y reafirmaciones de la conceptualización sobre la Naturaleza.

Las narrativas presentes en este artículo rompen con los esencialismos negativos respecto al daño del campesinado a la Naturaleza e indican un proceso donde se autoconstruye un esencialismo estratégico.

Las concepciones de la Naturaleza, así como las tensiones expresadas en las narrativas inteñas, en particular, aquellas que surgen entre actores sobre lo que significa “cuidar la Naturaleza”, revelan que el campesinado en Íntag viene formulando relaciones innovadoras, cuestionamientos y posturas frente a la hegemonía de los discursos y prácticas sobre la Naturaleza y la vida. En la medida en que las tensiones y conflictos son fuente de transición o transformación, también crearán condiciones para la re-existencia o resistencia, como señalan Leff (2006) y Porto Gonçalves (2002). El campesinado en Íntag no es homogéneo y esa heterogeneidad proporciona perspectivas relevantes y aplicables sobre problemas de justicia social y justicia ambiental, tanto local como globalmente. Asimismo, nos orientan para aproximarnos a, o para reaprender, en palabras de Castro-Gómez, “una visión orgánica del mundo, en la que la naturaleza, el hombre y el conocimiento formaban parte de un todo interrelacionado” (2007, 83).

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“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias” : trajetórias camponesas na fabricação de queijos artesanais em Minas Gerais* Leonardo Vilaça Dupin ** Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil

https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.07 Como citar este artigo: Leonardo, Dupin V. 2020. “‘Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias’: trajetórias camponesas na fabricação de queijos artesanais em Minas Gerais”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 153-173. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.07 Recebido: 31 de outubro de 2020; aceito: 29 de abril de 2020; modificado: 21 de maio de 2020.

* Este artigo é resultado do trabalho etnográfico realizado no âmbito no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas-SP, Brasil. A pesquisa foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. ** Doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, Brasil. Dentre as últimas publicações, destacam-se: “‘Mestizo Cattle Is like us People’: Reflections on Cattle, Family and Coloniality”. Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology 16 (2019): 1-24; (em coautoria com Rosângela Pezza Cintrão) “Entre bactérias e lobos: o cerco biopolítico sobre a produção do queijo Canastra”. R@U. Revista de Antropologia da Ufscar 10, n.° 1 (2018): 53-79. * leodupin@hotmail.com

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Resumo: este artigo é resultado de um trabalho etnográfico realizado em fazendas produtoras de queijos artesanais, no sudoeste de Minas Gerais, Brasil. O objetivo é discutir a complexidade da atividade e a presença contemporânea dos camponeses na fabricação, os quais são analisados como sujeitos históricos, com diversidade de formas de ser e viver, e características particulares em relação ao conceito clássico de camponês, resultantes de situações próprias nacionais e regionais. Escapando da ilusão da circunscrição da sociedade tradicional, como um isolado social e cultural bem-definido, a categoria “camponês”, nos âmbitos locais, emergiu como um problema epistemológico a ser enfrentado. Em um contexto contemporâneo, marcado pelo acelerado fluxo de pessoas e coisas, no qual fronteiras se mostram cada vez mais diluídas, tal categoria não foi entendida e utilizada como noção de sociedade, mas enquanto atores que se associam em redes diversas e que têm a família, a terra e o trabalho como elementos morais a partir dos quais estabelecem relações específicas com os territórios ocupados. É uma parte dessa complexidade de relações que trago aqui. Ao me aproximar das experiências e práticas desenvolvidas pelos sujeitos sociais, por meio do trabalho de campo, a pesquisa me

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conduziu ao desafio de uma etnografia com múltiplos atores, vários “chãos” etnográficos e com questões de ordem empírica a serem enfrentadas. Diante de tal situação, optei por assumir a ideia de uma “campesinidade”, entendida como uma subjetividade presente em maior ou menor medida em diferentes grupos específicos que se articulam em graus distintos e de forma ambígua com a modernidade. Por fim, trago exemplos de como a trajetória desses atores não é linear, na qual um movimento que se dirige a uma dimensão da modernidade pode abrir variantes que reconstituam a tradição. Ante a chegada de normas sanitárias, que reforçam processos de “modernização”, e atividades fiscalizatórias, que colocam os produtores da Canastra na ilegalidade, analiso como estes constroem estratégias locais a partir de seus modos de campesinidade.

Palavras-chave: agricultura, camponês, ilegalidade, modernização, queijos artesanais, trajetórias camponesas.

“Formo parte de una clase de productores que perdió la sabiduría del pasado y empezó a pisar dentro de las tecnologías”: trayectorias campesinas en la fabricación de quesos artesanales en Minas Gerais

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Resumen: el artículo es resultado de un trabajo etnográfico llevado a cabo en fincas productoras de quesos artesanales, en el suroccidente de Minas Gerais, Brasil. Tiene el propósito de discutir la complejidad de la actividad y la presencia contemporánea de los campesinos en la fabricación de este producto. Se analizan los campesinos como sujetos históricos, con diversidad de formas de ser y vivir, y características distintivas en relación con el concepto clásico de campesino, resultantes de las situaciones nacionales y regionales propias.

La categoría “campesino”, en el ámbito local, ha emergido como un problema epistemológico a confrontar, pues escapa a la ilusión de la circunscripción de la sociedad tradicional, que lo considera un aislado social y cultural bien definido. En un contexto contemporáneo, enmarcado por el acelerado flujo de personas y cosas, en el que las fronteras se diluyen cada vez más, tal categoría no se ha entendido ni se ha empleado como noción de sociedad, sino como actores que se asocian en redes diversas y que tienen la familia, la tierra y el trabajo como elementos morales desde los cuales establecen relaciones específicas con los territorios ocupados. Es una parte de esa complejidad de relaciones la que discuto en este texto. Al acercarme a las experiencias y prácticas desarrolladas por los sujetos sociales, a través del trabajo de campo, la investigación me condujo al desafío de una etnografía con múltiples actores, varios “suelos” etnográficos y cuestiones de orden empírico por resolver.

Ante esta situación, opté por asumir la idea de una “campesinidad”, entendida como subjetividad presente, en mayor o menor medida, en diferentes grupos específicos que se articulan en grados distintos y de forma ambigua con la modernidad. Por último, ofrezco ejemplos de cómo la trayectoria de estos actores no es lineal, en la que un movimiento hacia una dimensión de la modernidad puede abrir variantes que reconstituyan la tradición. Con el establecimiento de normas sanitarias que refuerzan procesos de “modernización”

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias” Leonardo Vilaça Dupin

y las actividades fiscalizadoras que ponen a los productores de la Canastra en la ilegalidad, analizo cómo estos construyen estrategias locales desde sus modos de campesinidad.

Palabras clave: agricultura, campesino, ilegalidad, modernización, quesos artesanales, trayectorias campesinas.

“I Am Part of a Class of Producers Who Lost the Know-How of the Past and Began to Tread the Path of Technology”: Peasant Trajectories in the Manufacture of Artisan Cheeses in Minas Gerais

Keywords: agriculture, artisan cheeses, illegality, modernization, peasant, peasant trajectories.

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Abstract: The article is the result of ethnographic work carried out in artisan cheese farms of southwestern Minas Gerais, Brazil. Its purpose is to discuss the complexity of the activity and the contemporary presence of peasants in the manufacture of this product. The peasants are analyzed as historical subjects, with a diversity of ways of being and living, and distinctive characteristics concerning the classic concept of peasant, resulting from their own national and regional circumstances. The “peasant” category, has emerged locally as an epistemological problem to be addressed, as it escapes the illusion of the circumscription of traditional society, which considers it a well-defined social and cultural unit. In a contemporary context, framed by the accelerated flow of people and things, in which borders are increasingly blurred, this category was not understood or used as a notion of society, but as actors who associate in various networks and who hold the family, land, and work as moral elements from which they establish specific relations with the occupied territories. Part of this complexity of relationships is what I discuss in this text. As I approached, through my fieldwork, the experiences and practices developed by social subjects, the research led me to the challenge of creating a multi-actor ethnography, several ethnographic “soils,” and empirical questions to be solved. Faced with this situation, I chose to assume the idea of a “peasantry,” understood as a subjectivity present, to a greater or lesser extent, in different specific groups that are articulated to varying extents and in ambiguous terms with modernity. Finally, I provide examples of how the trajectory of these actors is not linear, in such a way that a movement towards a dimension of modernity can open up variants that reconstitute tradition. With the establishment of health standards that reinforce “modernization” processes and the control activities that render illegal the Canastra producers, I analyze how they build local strategies based on their peasant ways.

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trabalho que segue é resultado de uma pesquisa etnográfica focada na fabricação e comercialização do queijo minas artesanal em Minas Gerais, Brasil. Num primeiro momento, ela foi motivada por discussões e embates entre órgãos reguladores e populações diante de um contexto de ilegalidades impostas por normatizações sanitárias em torno dos modos de produção e comercialização do alimento, mas que terminou me conduzindo, a partir da pesquisa de campo, ao desafio de realizar uma etnografia que perpassa múltiplos atores e vários “chãos” etnográficos, com questões de ordem empírica e teórica a serem enfrentadas. Uma delas consistiu em definir contemporaneamente a presença do campesinato na atividade e em analisar suas estratégias de reprodução social, enraizadas nos conhecimentos e práticas locais.

Em termos metodológicos, realizei, entre 2014 e 2018, várias viagens às chamadas “regiões produtoras” de Minas Gerais, especialmente aos munícipios de São Roque e Medeiros, ambos na Canastra1. A partir das observações realizadas nesses munícipios, construo este artigo. A pluralidade de modos de vida em torno da fabricação do alimento me levou à necessidade de dialogar com autores que estudam os povos tradicionais, como os camponeses, construídos há décadas como objeto legítimo da Antropologia (Ploeg 2008; Wanderley 1996, Woortmann 1988), mas também com aqueles que olham para os fenômenos da modernidade, como os estudos de Ciência e Tecnologia (Latour 2012; Paxson 2013; West 2008)2.

No caso dos queijos artesanais, normas sanitárias construídas em instâncias internacionais e voltadas para o comércio de grande escala e longas distâncias passaram, a partir da década de 1990, a ter maior interferência direta nesses mercados internos, caracterizados pelas relações de proximidade (Cintrão 2016)3. Por serem predominantemente fabricados a partir de leite cru (in natura)4, os queijos 1

Esta é uma região no sudoeste do estado de Minas Gerais formada por sete municípios (Piumhi, Bambuí, Tapiraí, Medeiros, São Roque de Minas, Vargem Bonita e Delfinópolis) localizados no entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra. No trabalho de campo, permaneci nos municípios de São Roque de Minas e Medeiros por temporadas que variaram de poucos dias até semanas inteiras com um acompanhamento do cotidiano de produtores rurais.

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Lidar com tais atores, associados a uma bibliografia que tive acesso durante a pesquisa, possibilitou-me realizar uma revisão crítica dos usos do conceito de “natureza”, “sociedade”, “ruralidades” etc., transformando substancialmente a maneira como eu observava, até aquele momento, as possibilidades de compreensão analítica diante do que propus estudar. Aqui, por uma questão de espaço, não poderia trabalhar a desestabilização de todas essas categorias que aparecerão de modo pontual.

3 Em um contexto mundial de forte liberalização econômica e comercial, quando uma sucessão de crises sanitárias alimentares de repercussão internacional (“vaca louca”, “gripe suína”, dentre outras) emergiu, os Estados nacionais foram incitados a “harmonizar” suas legislações com o Codex Alimentarius (conjunto de normas técnicas, procedimentos e práticas que estabelecem padrões de qualidade sanitária), que se tornou referência para a arbitragem de controvérsias sanitárias no comércio mundial de alimentos, a partir da internalização dos sistemas e ferramentas de controle recomendados (Dupin e Cintrão 2018). Desde sua implementação, os países são pressionados a uma maior fiscalização dos produtos até então pouco ou não inspecionados e percebidos agora como possíveis focos de contaminações.

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Esse leite cru se diferencia dos leites que são submetidos a tratamentos térmicos, como a pasteurização, nos quais ocorre o aquecimento do leite a determinadas temperaturas e tempos que matam os microrganismos, seguidos de resfriamento.

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias” Leonardo Vilaça Dupin

5 Klaas Woortmann (1988) aponta que existem certas categorias comuns às sociedades camponesas em geral, como terra, família e trabalho. Cada uma dessas categorias não existe sem a outra. Segundo o autor, nas culturas camponesas, não se pensa a terra sem pensar a família e o trabalho, assim como não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a família. Essas categorias se vinculam estreitamente a valores e a princípios organizatórios centrais, como a honra e a hierarquia.

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Como acontece em muitos outros casos de enquadramento social e político, essa categoria de autoidentificação deslocou-se para os campos político e acadêmico, e, nesses universos sociais, apresenta-se como generalizável sob o caráter de conceito ou signo de comportamentos heteroatribuídos.

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artesanais tornaram-se, desde então, em vários países do mundo, os produtos artesanais mais sensíveis diante das legislações sanitárias (West 2008) e transformaram-se em um problema sanitário. Em Minas Gerais, os produtores do queijo minas artesanal passaram a se defrontar com normatizações e ações fiscalizatórias hostis que colocaram a grande maioria deles numa situação de ilegalidade, com produção e comercialização de um alimento fora dos parâmetros exigidos pelas legislações sanitárias (estadual e nacional).

Num contexto em que as legislações operam e reforçam processos de “modernização” com tendências à exclusão e concentração social e econômica (Cintrão 2016), a fim de impor, nas propriedades, processos de especialização produtiva, a categoria “camponês” — marcada historicamente pela diversidade produtiva — emergiu como uma questão epistemológica a ser enfrentada. Escapando da ilusão da circunscrição da sociedade tradicional, como um isolado social e cultural bem-definido (Albert 1997), tal categoria não foi entendida e utilizada como noção de sociedade, mas enquanto atores que se caracterizam pelo tipo de ocupação e uso do território, que consideram a família, a terra e o trabalho como elementos que constituem um ordenamento moral do mundo5. Tal definição se mostrou importante diante do risco de reificação e/ou essencialização desses atores, que não foram analisados como tipos, mas sim como sujeitos históricos com uma diversidade de formas de ser e viver, com identidades que são redefinidas de acordo com os contextos em que estão inseridos. Assim, eles assumem características particulares, em relação ao conceito clássico de camponês — forma política e acadêmica de reconhecimento desses atores6 —, resultantes de circunstâncias histórico-conjunturais.

Diante de tal arcabouço, tomando os termos de Klaas Woortmann (1988), optei por não assumir a ideia de “camponeses puros”, mas de uma campesinidade, entendida como uma qualidade de valores presentes em graus distintos de articulação ambígua com a modernidade. A integração ao mercado não significa, por si só, uma baixa campesinidade ou uma ausência dessa ordem moral. Longe de se opor a ela, essa relação com o mercado pode ser acionada para evitar a ruptura desse modelo. Como seres históricos, em contínua transformação, a trajetória desses atores não é linear, e pretendo demonstrar isso aqui. Como afirma Woortmann (1988, 16): “um movimento que se dirige a uma dimensão da modernidade pode ser, ele mesmo, necessário para que haja um outro movimento, o de reconstituir a tradição”.

Nesse contexto, o conjunto de representações e práticas, associadas ao modo de vida por trás da fabricação dos queijos artesanais, emergiu mais do que simples

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produção de bens econômicos ou mercadorias cuja primazia é determinada pela lógica do capital. Esse conjunto é a expressão da moralidade, com atores que estabelecem relações específicas com os territórios ocupados e seus recursos naturais, tendo a reciprocidade (entre os homens e entre estes e a natureza), no sentido maussiano, enquanto um valor ético associado à campesinidade (Scott 1976; Woortmann 1988)7.

Essas representações se mostraram importantes como indicadores da constância desses atores, o que contraria o argumento ou a possibilidade de sua morte (Mendras 1991), uma vez que, durante um longo período, foram vistos dentro de diversos campos disciplinares enquanto fadados ao desaparecimento em meio às transformações capitalistas na agricultura e à urbanização do meio rural. Tais estudos evidenciam determinantes — de origem econômica e cultural — que os colocam com um tipo provisório no processo histórico, isolado ao mercado e a qualquer tipo de racionalização que não seja a noção de subsistência produtiva (Bosetti 2012) 8.

A pesquisa de campo trouxe o entendimento de que tais expressões de moralidade podem se apresentar como marcadores diacríticos, que insurgem como resposta às transformações que ocorrem na sociedade maior e às orientações políticas e jurídicas oriundas do próprio Estado, o que implica ameaças externas como a perda do território e da autonomia sobre os recursos locais. Essas representações se associam a um sentido de pertencimento pela memória social desses atores que veem suas referências defrontadas com práticas de modernização empresariais e incorporações de tecnologias que, gradativamente introduzidas na região, alteram as temporalidades e rotinas locais. No contexto estudado, a imposição de um modelo empresarial de agricultura — que se apresenta cada vez mais como norma e exemplo a ser adotado, por meio das transformações induzidas pela ingerência dos Estados-Nação — não tem significado a implantação de uma forma social de produção única e homogeneizada, o que indica a capacidade desses atores — mesmo não ocupando necessariamente um mesmo território ou mesma posição — de formular um projeto de vida, de construir uma forma de integração à “sociedade englobante” e de resistir às circunstâncias nas quais estão inseridos e aos modos de produção hegemônicos, coexistindo com eles (Wanderley 1996).

A partir desse encadeamento complexo e de exemplos dessa capacidade de adaptação, por meio do trabalho de campo, trago elementos que apontam a resistência, a resiliência e os saberes dos modos de vida desses atores.

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Nessa perspectiva, segundo Woortmann (1988), para esses atores, a terra não é simples coisa ou mercadoria, mas expressão de uma moralidade; algo pensado e representado no contexto de valorações éticas, um patrimônio da família ou como dádiva de Deus, sobre a qual se faz o trabalho que a família constrói enquanto valor. Outro autor que percebeu essa relação de reciprocidade entre camponeses foi James Scott (1976). Em seu livro A economia moral dos camponeses, a reciprocidade é analisada como um princípio da economia moral dos camponeses de Baixa Burma e do Vietnã, no período de 1930 a 1970.

8 No caso particular do Brasil e em outros países do continente, a essa concepção, acrescenta-se que aqui frequentemente não reconhecia a presença histórica do campesinato. Tendo como modelo as formas camponesas europeias medievais, dentro dessas correntes de pensamento, a sociedade brasileira seria então configurada pela polarizada relação senhor-escravo e, posteriormente, capital-trabalho.

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias” Leonardo Vilaça Dupin

O desenvolvimento da produção familiar queijeira em Minas Gerais

9 Poucos são os estudos existentes sobre as populações indígenas e quilombolas até então presentes na Canastra, mas pode-se afirmar que a região foi habitada por diversas nações, como os chacriabás acroás, araxá, caiapós, bororo, cataguases — grupos indígenas pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê —, predominantes no sudoeste do estado.

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A história da fabricação do queijo minas artesanal remonta ao período colonial; trata-se de uma forma simples e barata de conservar e agregar valor ao leite, com baixo custo de produção. Oriunda da colonização portuguesa, que trouxe o gado bovino (antes inexistente) e a tecnologia para a produção de queijos, esta vem sendo adaptada socioterritorialmente e repassada ao longo das gerações. A presença de extensos chapadões e dos campos naturais de cerrado favoreceu, em diferentes regiões de Minas Gerais, a expansão da pecuária, associada ao cultivo de subsistência em fazendas diversificadas. Até os dias atuais, o queijo é importante na economia do estado, sendo parte do modo de vida de cerca de 30 000 famílias e estando presente em 519 dos 853 municípios mineiros (Barbosa 2004).

Sua fabricação envolve apenas três ingredientes: leite, coalho e sal. Originalmente, a maior parte dos materiais para a construção dos utensílios e instalações, assim como das pessoas para sua elaboração, era encontrada (ou reproduzida) nas próprias fazendas ou regiões produtoras. Como, por exemplo, as madeiras e o barro para a construção das queijarias e de utensílios; o coalho (feito do estômago de alguns animais) e as gramíneas. Tais técnicas de fabricação permitiram — e ainda hoje permitem — aos produtores preservar o excedente do leite, via fermentação, transformando-o em uma massa que se mantém atraente ao paladar por alguns meses. Nas regiões do estado onde sua difusão ocorreu, a pecuária leiteira de onde provém o queijo, coexistindo com outros modos de produção com os quais mantêm relações de interdependência, definiu a economia e os modos de vida de camponeses que vêm historicamente adaptando seu manejo e sua forma de integração ao mercado.

Na região da Serra da Canastra (figura 1), por exemplo, que abrange sete munícipios na região do chamado “alto rio São Francisco” (Barbosa 2007; Cintrão 2016; Fernandes 2012; Lourenço 2005), um dos principais rios do Brasil, o processo de colonização se iniciou a partir de campanhas de extermínio das populações indígenas e quilombolas9, e de concessões de sesmarias que foram distribuídas de 1800 a 1803, como forma de expansão da fronteira. Ali, ao longo do século XIX, constituiu-se em um sistema agropastoril caracterizado pela existência de grandes fazendas de criação extensiva de gado de corte em consonância com uma agricultura complementar de base familiar, desenvolvida em pequenas posses, onde eram criados rebanhos leiteiros e cultivadas lavouras de milho, feijão e arroz para a subsistência (Barbosa 2007).

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Figura 1. Mapa dos municípios da Canastra

Fonte: elaboração própria, 2020.

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Nesse contexto, os bezerros constituíram-se em uma forma adicional de pagamento por parte dos fazendeiros (patrões) aos retireiros10, e um meio comum de manutenção de recursos. Ainda hoje, os novilhos são pensados como “semente de gado” que podem ser o capital inicial de uma futura fazenda. É rotineiro encontrar jovens produtores na região que, após poucos anos labutando em grandes fazendas de café e até em serviços urbanos, como operários da construção civil11, ajuntaram algumas cabeças de gado. Quando eles não possuem suas próprias terras, os animais podem ser “guardados” na fazenda de parentes, servindo como “seguro” ou “poupança”12 e elemento básico para a constituição de uma nova família. Uma vez alcançadas as condições para se afastarem, ao menos parcialmente, das demandas dos trabalhos anteriores, esses atores arrendam um terreno (frequentemente de algum familiar) e começam a sua fabricação de queijos. Uma atividade que pode ser apenas sazonal, com a produção de queijos quando o preço do litro de leite pago pelos laticínios está baixo (geralmente nos meses chuvosos) e com a venda direta do leite quando o valor do insumo melhora (nos meses de seca), podendo também consorciá-la com 10 Estes são funcionários contratados para cuidar do gado. Essa forma de pagamento permanece até os dias atuais, geralmente, no acordado em que três “crias” ficam para o proprietário e uma vai para o retireiro.

11 E aqui a migração aparece como uma estratégia de reprodução social no sentido de angariar recursos para comprar terras (Garcia 1990; Woortmann 1988).

12 Entre os produtores familiares, em diferentes regiões do estado, as vacas apenas são vendidas em ocasiões de dificuldade financeira, quando se precisa pagar uma dívida ou quando aquelas se tornam completamente improdutivas (velhas ou em caso de algum defeito físico, por exemplo, quando perdem uma teta), tornando-se um custo para a propriedade. O gado, portanto, parece funcionar como poupança e seguro para a família, podendo ser “guardado” na fazenda de parentes e servir para a família em caso de necessidade.

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias” Leonardo Vilaça Dupin

13 Situação semelhante é descrita por Cervantes e Villegas (2012) no caso do México, em que grandes agroindústrias de laticínios dominam o setor de leite fluido (Nestlé) e de produtos como iogurte (Danone) e outros alimentos lácteos, mas, por uma série de fatores que também se relacionam à pequena escala e à desconcentração dos mercados, não entraram no setor de queijos (o que acontece também em Minas Gerais). Os autores observam que, se por um lado, as transformações ocorridas nos anos 1980 e 1990 no México teriam levado à perda de importância do leite cru em relação ao ultrapasteurizado, com empresas transnacionais que deslocaram as indústrias nacionais, por outro, teriam se reforçado canais informais de processamento e comercialização de lácteos. Ali, as queijarias informais seguem ativas e, em algumas regiões, sobrepõem-se a grandes empresas (como a Nestlé) em volume de leite processado. A cadeia queijeira do México teria, assim, uma convivência de empresas formais e informais. Segundo os autores, metade do volume de queijo produzido no México estaria na economia informal, com uma cadeia de produção e comercialização alternativa à grande distribuição em supermercados (Cervantes e Villegas 2012). Muito parecido também ao que ocorre com os queijos Serrano no sul do Brasil e em países como a França e a Itália (nas regiões de montanhas), onde os queijos artesanais são produzidos em núcleos familiares se mantêm por mais tempo (Delfosse 2007).

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outras atividades, mesmo fora da propriedade. Tal contexto demonstra uma primeira dimensão da complexidade do modo de vida do camponês no estado, com tais atores transitando entre serviços urbanos e fazendas nas áreas rurais como estratégia de reprodução social.

A produção de queijos em contextos rurais apresenta, historicamente, poucas barreiras à entrada de novos atores e se mostra mais acessível financeiramente do que outras atividades agropecuárias, de custo inicial elevado. Em Minas Gerais, durante décadas, o sal foi o único insumo utilizado que não era fabricado nas regiões produtoras. O coalho industrializado, por sua vez, inseriu-se no processo de fabricação somente após 1930. Anteriormente, ele provinha do estômago de bezerros, tatus ou capivaras, encontrados naquele período nas próprias fazendas. A eletricidade começou a ser inserida em etapas do processo — como na ordenha do leite e na refrigeração dos queijos —, somente a partir do final dos anos 1970 e tardou a se generalizar. Também nessa década, o uso de rações e de materiais de origem industrial (como os plásticos, azulejos, inox) passou a ser incorporado no processo, recomendado por extensionistas e, com frequência, exigido por órgãos de fiscalização sanitária (Cintrão 2016).

Por tudo isso, em diversas regiões do estado, ao longo do século XX, ao contrário do que ocorreu com outros produtos lácteos — como iogurte, manteiga e mesmo a venda direta de leite fluido —, a emergência de queijos industriais e a instalação de grandes e médios laticínios, que coletam leite em diferentes estabelecimentos rurais, não afastou a fabricação de queijos do âmbito da produção familiar em direção à indústria, permanecendo um setor pouco concentrado, com a existência de milhares de queijarias de pequeno porte, nas quais prevalece a relação terra, família e trabalho. Ainda que médios e grandes laticínios, além de outros atores, com diferentes visões e trajetórias, também possam estar envolvidos na produção13.

Uma característica geográfica comum nas diversas regiões do estado que as conduziram à fabricação do queijo minas artesanal, e que permitiu que esta permanecesse com essas características até o momento atual, é o isolamento provocado pela presença de serras, com relevo acidentado, o que, somado a uma

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malha viária de baixa densidade e às dificuldades para o escoamento da produção (principalmente em períodos de chuva, devido às más condições da maioria das estradas e do acesso às propriedades rurais) fez da atividade queijeira uma das principais alternativas de reprodução social. Essas regiões geralmente apresentam muitas fazendas em localidades de difícil acesso, o que dificulta a coleta do leite por indústrias ou laticínios.

Além disso, a produção de queijos possibilita um retorno monetário rápido e constante, uma vez que existem canais de comercialização alimentados por uma grande demanda pelo alimento nos centros urbanos. Assim, mesmo a produção de monoculturas agrícolas, como o avanço de lavouras de café, milho e soja nos últimos 20 anos, não atingiu grande parte da produção nas fazendas queijeiras nessas regiões onde essa produção familiar permanece. O fato de o pasto ocupar áreas de maior declividade, que não favorecem o processo de mecanização, faz com que a pecuária leiteira de âmbito familiar não ocupe exatamente o mesmo espaço que a produção de grãos. Nesse contexto, a produção queijeira nessas regiões é uma alternativa única para a permanência de milhares famílias e, ao que parece, tem evitado a precarização das condições de vida e impedido uma maior concentração de terras.

Por tudo isso, a produção de queijos artesanais permanece um setor pouco concentrado economicamente, com a existência de um grande número de queijarias de pequeno porte que fabricam conjuntamente uma grande produção abastecedora de diversos estados, ainda que com um elevado grau de informalidade e ilegalidade.

Estima-se que menos de 0,5 % das cerca de 30 000 famílias produtoras que existem em Minas Gerais se adequam ao exigido pelas normativas da lei estadual, uma vez que apenas cerca de 300 seguem as normativas exigidas pelo poder público estadual, com o devido cadastramento no Instituto Mineiro Agropecuário — órgão de regulação estadual —, que as possibilitam de exercer sua produção e comercialização dentro da legislação. Na Canastra, são apenas 57 regularizadas num universo de mais 800 famílias envolvidas com a atividade, isto é, cerca 7 % dos fabricantes da região (Barbosa 2004).

Enfim, da forma como se estruturou em Minas Gerais, ela gerou um alimento bastante popular — conhecido como “queijo da roça” ou “queijo minas” — que, até hoje, permite uma relativa independência aos produtores, em relação ao estrangulamento de estarem situados entre a indústria de insumos (rações, vacinas, medicamentos etc.) e os laticínios que ditam o preço na compra do leite nas diferentes regiões. Característica que é apontada por Ploeg (2008) como central para os camponeses: a busca por manter a autonomia sobre a “base de recursos” e uma independência em relação às indústrias. Como me disse um casal de lideranças entre os produtores da Canastra, que será foco de análise mais adiante: “O queijo é um dos poucos segmentos hoje em dia que o produtor consegue dominar todo o processo.

Inclusive a alimentação das vacas que, se você quiser, você pode sair da mão da Guabi [indústria fabricante de ração]”.

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14 Outra estratégia foi o processo de patrimonialização. Em junho de 2008, o modo de fazer os queijos minas artesanais foi registrado como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Alguns anos antes, passou pelo mesmo processo no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.

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Assim, o queijo tornou-se a base da economia doméstica de milhares de famílias e um dos alimentos mais populares de Minas Gerais, com sua elaboração no âmbito do espaço cotidiano (“nas roças”), a partir da maioria dos insumos locais, da mão de obra familiar e do saber transmitido nas relações diárias e de geração a geração. Atualmente, talvez seja o alimento mais simbólico de Minas, já que, por muitas décadas, o estado vem sendo referenciado em todo o país por sua produção.

Para além de sua capacidade singular de ser convertido em uma importante fonte de renda, também por estar arraigado na alimentação de diferentes classes sociais, é historicamente produtor de códigos, costumes e hábitos.

Porém, como colocado anteriormente, a atividade queijeira, até então exercida sem grande atenção por parte do poder público, passa, desde 1990, a sofrer com o aumento das inspeções sanitárias e tributárias por parte das autoridades.

Estas demandam, para a fabricação e comercialização do alimento, processos de “modernização” que implicam investimentos e custos fora do alcance e interesse de grande parte dos produtores, como edificações com determinada separação em ambientes internos, revestimentos de azulejos ou tintas especiais, forros sintéticos ou pintados, pisos cimentados (inclusive no curral), interdição de bancadas e instrumentos de madeira (substituídos por materiais de custo elevado), exames laboratoriais periódicos, dentre outras (Dupin e Cintrão 2018). Num período em que, diante de diversos escândalos alimentares, o país assume compromissos internacionais de incorporar normatizações que associam “qualidade” e inocuidade, voltadas à indústria, mas estendidas à produção familiar, surgem as primeiras barreiras que colocariam gradativamente a maioria desses camponeses produtores de queijos numa situação de ilegalidade, que levaria à ocorrência de multas, confiscos e destruição do alimento.

Curiosamente, em paralelo ao processo de ilegalidades, esses queijos se converteram em símbolos alimentares em diferentes países, tendo seu modo de fazer reconhecido como parte da cultura local. A forte presença cultural do queijo foi evocada em Minas Gerais, por exemplo, quando a continuidade de sua produção e comercialização começou a ser ameaçada por fiscalizações e normas sanitárias que buscaram se impor. Como reação a essas ameaças, adotaram-se, como estratégia a partir desse período, certificações como as Indicações Geográficas (IGs)14. Inspiradas no modelo francês das Denominações de Origem, as IGs referem-se a um registro que atribui um selo de qualidade a produtos comerciais que os identifica como detentores de uma parte da história e da identidade de um grupo social e que, por isso, devem ser preservados. Essa certificação atribui reputação e autenticidade ao produto ao distingui-lo em relação

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aos similares disponíveis no mercado15. Assim, tal modelo utiliza a proteção da origem como estratégia de valorização de produtos e regiões produtoras, que se destacam pela associação das características do lugar — geografia, clima, flora bacteriana, umidade etc. — a fatores sociais, o que resulta em um produto bem-específico.

Os reconhecimentos e as certificações fazem parte de mudanças que tornaram a cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas Gerais mais complexa. Atualmente, aproveitando os preços convidativos alcançados por nichos do alimento, por meio do marketing que se construiu em torno das IGs, emergiram, na atividade, profissionais liberais de origem urbana, que agora estão na atividade ao lado de outros produtores cujas disposições são orientadas por um habitus tradicional, ou seja, orientações voltadas para campesinidades. Há, então, nas palavras de Woortmann (1988), dois usos do tempo histórico que convivem no interior da mesma atividade. A entrada constante desses novos atores, com diferentes sentidos sobre a produção, demanda certos cuidados para falar em campesinidades na fabricação e na comercialização, com a necessidade de caracterizar as relações específicas com a terra e seus recursos, a organização social, econômica e cultural própria dentro do meio ambiente no qual estão inseridos.

A partir das dinâmicas do trabalho de campo, foi possível refletir sobre algumas dessas orientações, que vão se adaptando em redes que se tornam mais complexas — com seus regimes de saberes e práticas —, bem como perceber os efeitos do entrecruzamento dessas redes (como a inserção do conhecimento científico e da tecnologia) sobre elas. A partir da trajetória de um casal de produtores, hoje líderes, com uma história muito particular, e da fala de outros personagens da região, são apresentados exemplos de como a questão dessas orientações de campesinidade se tornam complexas e ganham elementos novos diante de transformações que ocorrem a partir de contextos externos e de imposições políticas e jurídicas, oriundas do próprio Estado, que ameaçam o modo de vida desses atores.

A trajetória de Luciano e Helena: “o meu avô fazia queijo, mas a corrente se quebrou” Quando a minha menina foi [para a universidade] estudar eu falei com ela (para tomar cuidado). Eu acho que a universidade deveria ter outro nome, porque ela perdeu a coisa de um todo. As pessoas saem de lá muito limitadas. Às vezes, saem mais preconceituosas do que nós que estamos aqui no mato. Saem com um conceito feito das coisas e não conseguem enxergar nada do que está ao lado dela. [...]. Eu acho que as pessoas que saem da universidade deveriam ter uma ideia 15 Sobre o tema, ver Garcia-Parpet (2016). Segundo a autora, a França foi pioneira na proteção de seus produtos por via dessas certificações que ocorreram primeiramente com os vinhos e destilados no início do século XX, seguido dos queijos e de outros alimentos. “Esta valorização institucional ‘se diversificou, se internacionalizou e foi privatizada’, mas propiciou que os produtos locais conhecessem ‘uma mudança de status, passando de um produto commodity a um produto simbólico’ como parte deste processo” (Garcia-Parpet 2016, citado em Woortmann e Cavignac 2016, 18). A autora acrescenta que os produtos locais adquirem valor porque contam uma história, são associados a um local, a um momento específico, a uma identidade e, portanto, são apropriados para a caracterização de um estilo de vida próprio das elites.

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias” Leonardo Vilaça Dupin

de um universo, mas elas saem de lá só com um pedacinho. Agora não vai ser mais universidade, vai ser particularidade. Por isso que eu vejo o problema da legislação para queijo artesanal porque quem faz um queijo artesanal, ele tem que ter uma ideia de tudo. Eu não tenho que ter uma ideia só da microbiologia do meu leite, não. Eu tenho que ter uma ideia da microbiologia da minha terra. A terra, o capim, a vaca, o clima, é um todo. Por isso, o que me faz enxergar que essa especialização é a maior burrada, é porque os caras (técnicos da fiscalização) não conseguem enxergar nada do nosso queijo. Quando falei (em uma reunião) do cloro que o cara mandou eu botar (na água) do centro de maturação. É porque o cara nunca leu nada. Se você entender o queijo artesanal, que é pura bactéria, você não vai mandar botar um trem pra matar as bactérias, porque acabou o queijo.

Mas o cara não é culpado, o problema é a escola que formou ele e que fez ele ser daquele jeito. Eu tenho que perdoar os caras, mas tenho que alertá-los porque foram formados, catequizados, para aquilo e o culpado são as universidades, que deu pra eles só aquela ideia: o certo é você só passar por esse caminho e só existe aquele caminho pra passar. (Luciano, produtor de Medeiros, entrevista realizada em abril de 2016) 165 P A R A L E L O S

A fala acima traz elementos e questões importantes que envolvem a produção de queijos artesanais e a presença de modos de campesinidade na contemporaneidade. Na fala do produtor rural, está a relação com a natureza, a questão da migração dos filhos para a cidade e os conflitos com esferas regulatórias do poder público, que aparecem implicitamente na figura fiscal do sanitário e do cientista a serviço da universidade, detentores de um conhecimento científico que se afirma por definição como verdade absoluta (Carneiro 2009, 301). Porém, o que se destaca diz respeito a uma epistemologia local que recusa tratar sua propriedade de forma compartimentalizada e um valor moral associado a essa questão.

A Chácara Esperança tem 102 hectares (40 alqueires), está a 850 metros de altitude e a uma distância de cinco quilômetros do município de Medeiros, na Canastra.

Há, na propriedade, onde mora o casal Luciano e Helena, uma queijaria espaçosa (construída mais recentemente), dois galpões de piso cimentado, um de ordenha e outro voltado para a alimentação do gado. No que se refere à área externa, podemos dizer que esse espaço vem se modificando numa direção contrária à maioria das propriedades rurais da região. O que foi um dia uma propriedade especializada na venda de leite — cujas terras de cultura eram voltadas para a produção de milho, que serviria de alimentação ao gado — começa a diversificar-se, emergindo novos espaços de criação animal e plantio, que vão sendo delimitados pelas cercas que surgem na paisagem local. Assim, nos últimos anos, apareceram ali, por exemplo: horta, chiqueiro, galinheiro e as primeiras árvores frutíferas, ampliando a variedade de recursos naturais que são apropriados pela família. Uma diversificação que, por sua vez, tem implicado a diminuição do volume de leite produzido pelo rebanho bovino, que há alguns anos era o único alimento produzido na chácara.

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Luciano e Helena não estão na atividade queijeira porque assumiram a atividade dos pais, que eram produtores, apesar de terem origem rural e conhecido a fabricação dentro da família. Helena diz que aprendeu a produzir queijos com a mãe, mas que perdeu o saber quando ainda criança. Sua família vendeu o sítio e mudou-se para a cidade. Ali, Helena optou por realizar o desejo do pai e tornou-se professora. Já Luciano afirma que aprendeu a fabricar queijos de massa cozida com um vizinho que trabalhava em um antigo laticínio, mantendo-se na atividade por anos. Segundo ele, seu pai foi “catireiro”16, começou com a venda de galinha, depois de gado, até se tornar bancário.

“O meu avô fazia queijo, mas se quebrou a corrente. Eu tinha um tio que fazia [queijo], mas parou tem pouco tempo. Meu pai não fez queijo. Eu é que voltei a fazer”, conta.

No início de 2000, o casal comprou um terreno e se mudou para a região da Canastra. A intenção inicial era apenas produzir e vender leite para laticínios. No entanto, após receberem a assistência técnica de um órgão de extensão rural, eles começaram a produzir o queijo minas artesanal. Na medida em que fabricavam e vendiam os queijos, construíram-se enquanto lideranças envolvidas com o tema17.

Em poucos anos, sob o olhar inicialmente desconfiado dos produtores locais, Luciano e Helena ajudaram a fundar as primeiras associações de produtores de queijos da região.

Nesse período, a Chácara Esperança foi uma das primeiras propriedades do estado a adequar suas instalações às exigências de uma lei estadual de queijos artesanais que surgiu à época, diante de apreensões que aconteciam em diferentes regiões do estado.

Sem abrir mão dos recursos benéficos que o cadastramento trouxe, uma vez que afirmam que “as condições de trabalho inegavelmente melhoraram” dentro da nova queijaria construída, mas cientes de que essa incorporação tecnológica vem acompanhada de ameaças de perdas de uma vida, ainda que simples, mas segura e, em certo sentido, farta (Brandão 1999), o casal tem andado, desde então, sobre uma linha tênue. Ao buscar se adequar, eles foram obrigados a incorporar o “pacote tecnológico” que vem a reboque com a legalização e que impõe uma maior especialização produtiva para se tornar viável (Cintrão 2016). As adequações exigem, como foi colocado anteriormente, investimentos em equipamentos e infraestrutura, com a proibição de manejo de outros alimentos no espaço da queijaria, e ainda induzem à incorporação de um rebanho com maiores índices de produtividade leiteira.

Luciano e Helena têm buscado, no dia a dia, lidar com essas contradições.

Eles se adequaram às exigências, mas, ao contrário do que preconizam os técnicos dos órgãos públicos, que comumente chamam esse processo de “profissionalização”, diversificaram o rebanho (inicialmente da raça holandesa pura) como parte da 16 “Catireiros” são como são chamados os comerciantes ou pessoas que têm tino para os negócios.

17 Foi nesse período que Luciano começou a fazer cursos de homeopatia e agricultura biodinâmica. Vale destacar que o movimento dos biodinamistas (inspirado por Rudolph Steiner, “filósofo” austríaco, fundador da antroposofia), como demonstra Garcia-Parpet (2016), tem conseguido sucesso na Europa, ganhando certa visibilidade. Tal concepção considera que o desenvolvimento das plantas depende de um equilíbrio mais amplo do que o das práticas ditadas pela ciência e dirigidas a problemas pontuais (doenças ou agressões de insetos), o que aproxima das práticas de movimentos agroecológicos no país.

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18 Como aconteceu como o vizinho da propriedade ao lado, que tentou cadastrar-se, mas não tinha capital suficiente para adequar a propriedade às incorporações tecnológicas que se tornaram lei no espaço de produção de queijos artesanais, o que o levou a abandonar a atividade e se tornar pedreiro.

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diversificação produtiva da chácara. Eles vêm buscando um caminho entre se manterem dentro da legislação e conseguirem a autonomia produtiva, em um processo que envolve adaptação e até mesmo criação das práticas tecnológicas adotadas na propriedade. Em fevereiro de 2016, em uma reunião em que se discutia a legislação de produtos lácteos para a agricultura familiar no país, ouvi uma fala emblemática de Luciano sobre o tema. Diante de um parágrafo da lei que dizia que é proibido modificar as características dos equipamentos na queijaria, ele se levantou e disse: “isso é um absurdo, a legislação tira a possibilidade do produtor criar”.

Nos termos de sua lógica de reprodução social, o que o casal tem buscado é se apropriar de algo formulado pelas instâncias dominantes, no âmbito de uma ideologia modernizante, e construir, a partir de uma situação subordinada, um campo de manobra para escapar de tal submissão, ainda que, por vezes, cometendo infrações que podem levar a punições. A orientação vai ao encontro do que diz Ploeg (2008), que aponta os camponeses como empreendedores, inventivos, perspicazes e argutos, mas dentro de uma racionalidade própria que incorpora bom rendimento e cuidado, com a garantia de maior grau autonomia sobre a “base de recursos” e maior independência em relação às indústrias, o que os leva a terem preços “competitivos” em relação aos produtos industrializados.

Sobre a diversificação produtiva, é importante dizer que esta se tornou uma opção sólida a partir de uma situação vivida pelo casal: o aumento dos custos que quase o levou à falência. Em primeiro lugar, eles passaram a nutrir uma desconfiança pela tecnologia ao descobrirem, por experiência própria, que seus ganhos eram extremamente seletivos. Assim, eles desconfiaram do excesso de especialização. Afirmaram que “não funciona bem nem na alimentação do gado, nem na universidade, nem em sua fazenda”. Uma desconfiança que é compartilhada por muitos produtores da região, ainda que estes tenham trajetórias bem diferenciadas da história de vida do casal. Um deles me disse que: “tecnologia demais para nós que é pequeno não é bom negócio. Se nós botar um veterinário, um agrônomo a gente quebra [...] às vezes não é o produtor que produz mais que sobrevive, mas aquele que gasta menos”. Ou como ouvi de outra família local: “tenho até medo de ficar atualizado, por causa dos empréstimos e do aumento dos gastos”.

No caso de Luciano e Helena, o conhecimento de quem partiu de um modelo de propriedade agrícola convencional e descobriu que as empresas que vendem as inovações são as que colhem a maior parte dos frutos do aumento da produtividade dos sítios, e observou a “ruína” de amigos, vizinhos18, parentes e quase a própria ao tentar adequar-se aos seus termos, os fez repensar o caminho. Diante de um ambiente exterior hostil, dominado pelas grandes corporações e pelo squeeze — estagnação dos preços dos produtos e aumentos dos custos (Ploeg 2008) —, a desconfiança fez-se um mecanismo fundamental de controle e equilíbrio necessários

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à manutenção da propriedade (e do modo de vida), que, em vários momentos, só se manteve em funcionamento graças aos ganhos financeiros de Helena, que trabalhava na rede pública de ensino.

E, ainda, eles adquiriram, em sua trajetória, uma outra sabedoria que aponta que cada recurso tecnológico incorporado pela sua família ao longo das últimas gerações veio acompanhado de uma perda em uma dimensão própria (Brandão 1999).

Assim, com a utilização do pacote tecnológico, as terras que antes eram mais férteis e menos vulneráveis às pragas se enfraqueceram; assim como o rebanho especializado tornou-se cada vez mais sujeito a doenças, o que implicou maiores custos e cuidados. Sem falar nas perdas na diversidade alimentar — uma vez que a rotação de terras para fins agrícolas foi substituída pelo rodízio de pastagens — e nas “quebras de correntes” que envolvem os saberes transmitidos em família, como aconteceu com a fabricação de queijos, mas também com outras prestezas esquecidas com o processo de modernização, que conduzem à transformação de seu modo de vida.

Com isso, eles não têm mais condições de reproduzir os conhecimentos e as práticas tradicionais de seus antepassados.

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Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu um pouco daquela sabedoria lá de trás, de olhar a lua, olhar a terra e comecei a pisar dentro das tecnologias.

Hoje estou dando um passo atrás e digo que quero evoluir até meu avô. Porque o que eu vejo nas tecnologias que tem aí, e procuro estar um passo atrás delas, é justamente que elas não te dão o direito de liberdade. Todas as tecnologias que chegaram na roça para nós são tecnologias de dependência. E isso é o maior mal que estamos vivendo na agricultura. A maioria dos filhos de produtores que vão para a escola não voltam mais para as pequenas propriedades. Eles vão trabalhar nos grandes agronegócios. Formam e vão trabalhar para o agronegócio. As tecnologias não sustentam os pequenos. E são tecnologias de dependência no sentido de que para mim plantar um milho hoje eu tenho que ir na loja comprar o adubo e na outra comprar a semente, passar no posto e abastecer o trator, assim eu não sei fazer mais nada. Eu sou dessa geração. E estou buscando uma outra maneira de fazer isso, porque, quando me vi, estava extremamente dependente.

(Luciano, setembro de 2016)

Sobre a manutenção de um modo vida, Luciano tem repetido insistentemente a frase: “eu quero evoluir até meu avô”. Em sua busca por autonomia, ele afirma que o avô produzia três queijos por dia e hoje ele produz vinte e poucos, mas como fica apenas com 10 % do que ganha, uma vez que com o restante apenas cobre os custos, então, segundo ele, o ganho é parecido. Parte de sua crítica ao sistema convencional e sua busca por um outro modelo produtivo é em função disso. “Nós, como produtores, ficamos com toda a carga de trabalho, mas a margem de lucro fica deste tamanhozinho”, ele afirma, referindo-se às consequências que a inserção de tecnologias externas provocou nas propriedades. Ganho para as empresas agropecuárias e perda inevitável para os agricultores (Brandão 1999).

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias” Leonardo Vilaça Dupin

O ponto principal dessa crítica centra-se na perda da liberdade, ameaçada por esses elementos “de fora”. Assim, as vantagens materiais, tecnológicas (dispensáveis no passado), tidas como necessárias hoje, chegam ao campo com um repertório de desvantagens não só econômicas, mas, principalmente, sociais e morais (Brandão 1999), como a perda da diversidade produtiva, da qualidade daquilo que se produz, do prazer no trabalho diário e da tão prezada autonomia.

Eu vejo que o grande mal para nós produtores é você chegar aqui em casa hoje e só ter queijo. Isso é absurdo. Eu falo que eu quero evoluir até o meu avô, porque meu avô tinha o queijo, ele tinha os bezerros, ele criava o porco, ele plantava o milho.

Então, é uma agricultura de sobrevivência. A fazenda do pai do meu avô, eu acho que era um exemplo. Tinha o problema como todas, mas lá ele tinha café, porco, fazia cachaça, tinha leite, tinham uma horta, um pomar de laranja com mil pés.

Então, quer dizer, era uma fazenda. (Luciano, entrevista em abril de 2016)

19 Sobre o tema, ver Dupin (2019).

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A fala aponta orientações que, para o casal, estão relacionadas com os mercados — e com a modernidade — e que se diferenciam da lógica empresarial. Isso é observado, por exemplo, nas escolhas que eles — mas também outras famílias da região — fazem na montagem de seus rebanhos. A grande maioria delas se recusa a adotar raças “puras” de gado voltadas apenas para a produção de leite, conforme prescrito por políticas agrícolas e técnicos especializados. As famílias argumentam que vacas “especializadas” não são adaptadas às condições da região e ao relevo acidentado, são mais susceptíveis a problemas de saúde, demandando maiores cuidados e custos (remédios, rações, serviços veterinários). Adicionalmente, afirmam que raças puras têm menos versatilidade que o gado local, historicamente, produtor de leite, mas também de carne e utilizado para tração e transporte. Assim, as escolhas locais não coincidem com as exigências legais e com a racionalidade técnica, guiada pela ciência e voltada prioritariamente para o ganho mercantil.

Por sua vez, a opção local pela rusticidade dos animais, associada à diminuição de custos, envolve também questões de ordem moral que implicam outros sentidos políticos e econômicos. Uma produtora de um munícipio vizinho me disse que não entendia como certo produtor vizinho poderia estar legalizado “se as vacas dele são magras e os animais da fazenda mal zelados”. Entre muitas famílias, a relação com animais remete muito mais a representações ligadas ao sentimento de ter responsabilidades e deveres do que a representação de dominação e poder. Nessas representações, faz-se presente, por exemplo, a individualização dos animais, que têm nome e historicidades próprias19, e devem ser tratados diariamente por questões não apenas econômicas. Essa obrigação emergiu nas entrevistas como um dever moral, do qual a melhor forma de expressão talvez esteja na metáfora reproduzida de forma recorrente na região: “o produtor de queijo é escravo da vaca”, revelando uma ligação do camponês ao ciclo biológico dos animais. Porém, diferentemente da

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escravização pelo sistema de produção capitalista, em que os que ganham são “os de fora”, aqui a expressão ganha uma conotação não necessariamente negativa, pois está ligada ao trabalho e à manutenção do principal patrimônio da família. Não se trata simplesmente da natureza sobre a qual o trabalho de um grupo doméstico incide, mas do patrimônio da família, sobre o qual se constrói a própria família enquanto valor (Woortmann 1988).

O sentimento recorrente que os produtores têm de estar a serviço de seus animais se constrói de forma coerente com a ideia de que estes são sensíveis do mesmo modo que os seres humanos. Tal forma de viver junto se dá sob uma relação de troca maussiana. Dessa forma, parece-me que fugir dessa esfera de reciprocidade, por exemplo, abandonar sua ordenha num final de semana (o que nunca tive notícia que tivesse acontecido) seria tomado como bem mais do que um prejuízo financeiro. Afinal, existe uma condição ética vinculada à atividade e ao tempo que se gasta com ela.

Para Luciano e Helena, essa construção ética que remete a uma ordem social de caráter mais holista do que individualista lhes traz o desejo de “retornar” aos antigos. Assim, eles almejam, na propriedade, um sistema em que os tempos modernos sejam usados para restabelecer o tradicional. Como afirma Woortmann (1988), a trajetória camponesa não é um movimento linear que se dirige a uma dimensão da modernidade. Assim, no caso, tal adequação às normas pode ser, ela mesmo, necessária para que haja um outro movimento, o de reconstituir a tradição. Como afirma o autor, “não é o passado que sobrevive no presente, mas o passado, que, no presente, constrói as possibilidades do futuro” (Woortmann 1988, 17). Tem-se, então, uma descontinuidade construída intencionalmente, como na fala de Luciano, que diz que está “dando um passo atrás” e quer “evoluir até o [sistema produtivo do] avô”.

Dentro dessa trajetória, as relações que eles e outros produtores estabelecem com o mundo exterior — seja com o mercados, seja com as autoridades públicas que chegam à propriedade — têm sido sustentadas não de acordo com uma racionalidade prática, por vezes definida como “homo economicus”20, mas com valores morais construídos com respaldo nos costumes, na cultura e na razão, em que pese a reprodução familiar (e não a acumulação)21. Ali, eles trazem a questão da desconfiança (institucionalizada) aos ambientes hostis e a busca por autonomia (Ploeg 2008), dentro de um sistema produtivo que “aprisiona”, já que deixá-lo é um processo longo e que não tem sido nada fácil.

No contexto de busca pela subversão da ordem econômica de concepções utilitaristas mercantis, tais valores de ordem moral — que se materializam nas opções 20 No sentido da teoria que postula que os indivíduos são capazes de classificar as suas escolhas, privilegiando-as com o menor custo de oportunidade associado e de modo a conseguirem a máxima satisfação.

21 Tomo aqui o conceito de “economia moral” de Klass Woortmann (1988), mas também de Thompson (1984). Este último, ao estudar os motins de subsistência dos pobres na Inglaterra no século XVIII e o delicado tecido das normas sociais e das reciprocidades que regulam a vida cotidiana nesse período, rejeita o reducionismo do “homem econômico” que, segundo ele, transforma um ser social “infinitamente complexo” em outro que “golpeia espasmodicamente suas mãos no estômago e responde a estímulos econômicos elementares” (Thompson 1984, 65).

“Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias” Leonardo Vilaça Dupin

adotadas — se aproximam do que Ploeg (2008) identifica como um processo contemporâneo e que chama de “recampesinização”. Diante da ascensão do que o autor denomina de “impérios alimentares”, como princípio orientador do processo produtivo na agricultura contemporânea na distribuição e consumo de alimentos, bem como os processos extremos de degradação ambiental e de desigualdade social no campo, formas alternativas a esse modelo são produzidas na agricultura, como estratégias diversas para resistir a um contexto de adversidade.

Conclusão

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Em decorrência da modernização fomentada pelas políticas públicas do Estado após a Segunda Guerra Mundial, especialmente nos países ditos “desenvolvidos”, a agricultura passou a funcionar segundo uma lógica produtiva eminentemente determinada pelo mercado, fato que exigiu das unidades de caráter familiar uma racionalização produtiva de caráter empresarial. Nesse contexto, no Brasil, camponeses passaram a ser identificados como agricultores familiares (Bosetti 2012; Wanderley 1996).

Com a constituição do critério da inserção no mercado como principal fundamento da diferenciação entre o camponês e o agricultor familiar, concluiu-se recorrentemente em diferentes áreas de conhecimento da Ciências Humanas que a forma social camponesa havia sido superada por uma perspectiva produtivista, ou seja, pela racionalização e mercantilização da produção, sendo o Estado o grande impulsionador dessas mudanças no setor agrícola.

Diferentes abordagens tomaram como pressuposto a incapacidade do campesinato de existir enquanto forma social de produção num ambiente marcadamente controlado por relações mercantis intensas, concebendo-o tão somente de maneira estática em seu modo de vida. No entanto, a imposição desse modelo empresarial de agricultura não significou a implantação de uma forma social de produção única e homogeneizada no campo (Wanderley 1996). Ao me aproximar, em uma dimensão empírica, das experiências e práticas desenvolvidas pelos atores envolvidos com a produção do queijo minas artesanal, e, a partir do trabalho etnográfico, de regularidades e historicidades próprias, busquei apontar para a diversidade de condições em que esses atores se encontram na contemporaneidade e as múltiplas estratégias que precisam mobilizar para se reproduzirem socialmente. Isso exige uma compreensão mais ampla, que ultrapassa o econômico, do mundo em que tais atores se constituem. Essas estratégias demonstram que a sua reprodução é um fato social do mundo moderno, e não resquício do passado.

No contexto analisado, diante de processos de “modernização” e especialização produtiva com tendências à exclusão e concentração social e econômica que se impõe (Cintrão 2016), as racionalidades predominantes entre produtores da região têm atuado no sentido de criar capacidades de agência e habilidades cognitivas para interferir no fluxo de eventos que os cercam (Brandão 1999), muitas vezes a partir da apropriação das tecnologias nos termos locais. Formas de campesinidade têm evitado que aconteça com os queijos artesanais da região estudada o mesmo que

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ocorreu com outros produtos lácteos, afastados do âmbito de produção familiar e absorvidos pela indústria de laticínios.

Tais modos têm permitido driblar mecanismos de poder que podem levar à exclusão social e contribuído para que continuem existindo setores de produção e comercialização pouco concentrados, com milhares de unidades produção artesanal de pequena escala, que abastecem consumidores de diversos estados. Graças à presença dessas orientações camponesas, é possível que as famílias que têm, na produção dos queijos, a base do seu modo de vida e a principal fonte de renda e alimento cotidiano se mantenham na atividade a partir de códigos culturais compartilhados localmente.

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Los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana: entre la coca, el conflicto y la construcción de paz * Daniel Esteban Unigarro Caguasango ** Universidad de La Salle, Colombia

https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.08 Cómo citar este artículo: Unigarro Caguasango, Daniel Esteban. 2020. “Los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana: entre la coca, el conflicto y la construcción de paz”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 175-200. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.08 Recibido: 8 de noviembre de 2019; aceptado: 4 de mayo de 2020; modificado: 26 de mayo de 2020.

*

Este artículo es producto del proyecto “Reconfiguraciones y transiciones para la territorialización: estrategia para la construcción de paz en San José del Guaviare” (código 2438936), financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT) de la Universidad de La Salle. Recoge algunos resultados de las tres ediciones del Workshop Internacional Pensando el Territorio Veredal, realizadas en octubre de 2018 y marzo y octubre de 2019 en el área rural del municipio de San José del Guaviare, con la participación del Semillero de Investigación Colombia Profunda de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle y del Dipartimento di Architettura de la Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, Italia.

** Magíster en Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, Colombia. Magíster en Antropología y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad de La Salle, adscrito a la Facultad de Ciencias del Hábitat. Entre sus últimas publicaciones están: (en coautoría con Sandra Acosta y Freddy Díaz) “El ecoturismo como actividad potencial en la transición del piedemonte llanoselva”. Ámbito Investigativo 4, n.° 3 (2019): 42-50; (en coautoría con Nohora Carvajal y Oscar Gamba) “Los barrios de la triple frontera amazónica como muestra del desarrollo local en zonas periféricas conurbanas”.

En Espacios en movimiento. El pasado y futuro de las estructuras urbanas y rurales, editado por Nicole Bernex Weiss, 239-251. (Lima: Sociedad Geográfica de Lima, 2019). https://orcid.org/0000-0002-6310-0223 * dunigarro@unisalle.edu.co

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Resumen: la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se entendió como una oportunidad para mejorar las condiciones de existencia de los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana, quienes la ocuparon mediante un largo proceso de colonización y terminaron vinculados a la dinámica del cultivo de coca y al conflicto armado. Sin embargo, al indagar con algunos habitantes rurales de la capital departamental, San José del Guaviare, sobre sus expectativas frente a la construcción de paz, se identificó cierta incertidumbre en torno a las posibilidades de permanecer en el territorio, por cuenta de la carencia de alternativas productivas y la superposición de figuras de ordenamiento como la Reserva Forestal de la Amazonia, el Resguardo Indígena Nukak y la Zona de Reserva Campesina. Para mostrar la situación actual de los campesinos guaviarenses, además de la investigación documental, que favoreció la comprensión de los procesos de colonización campesina del entorno selvático, el trabajo de campo etnográfico, realizado durante tres estancias cortas en seis veredas y en

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un antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), permitió comprender las diferentes realidades del territorio rural, a través del desarrollo de conversaciones informales, entrevistas abiertas y talleres con la comunidad. Con base en la indagación efectuada, es posible afirmar que los habitantes que se asentaron hace décadas en el área rural de San José del Guaviare, incluyendo a los excombatientes de las FARC, son campesinos que anhelan vivir en paz, a pesar de las dificultades históricas de su ocupación, y para ello debe garantizarse la formalización de la tenencia de la tierra y la productividad rural. La contribución de este artículo radica en que logra develar la memoria territorial asociada a la coca y al conflicto, en parte de la Amazonia colombiana, desde las voces de los campesinos y excombatientes, quienes comparten un territorio que reconocen como propio, y las problemáticas para la construcción de la paz.

Palabras clave: Amazonia, campesinos, colonización, conflicto, construcción de paz, territorio rural.

Peasants in the Northwestern Colombian Amazon: Caught between Coca, Conflict, and Peacebuilding 176

Abstract: The signing of the Peace Agreement between the national Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) was seen as an opportunity to improve the living conditions of the peasants of the northwestern Colombian Amazon. These peasants occupied the region through a long process of colonization and ended up being involved in the dynamics of coca growing and the armed conflict. However, when some rural inhabitants of the departmental capital, San José del Guaviare, were asked what they expected from the ensuing peace building, some uncertainty was perceived regarding their possibilities of remaining in the territory, given the lack of productive alternatives and the overlapping of management structures such as the Amazon Forest Reserve, the Nukak Indigenous Reservation and the Peasant Reserve Zone. To reveal the current situation of the peasants of Guaviare, in addition to the documentary research, which provided a better understanding of the processes of peasant colonization of the forest environment, the ethnographic fieldwork, carried out during three short stays in six villages and in a former Territorial Space for Training and Reincorporation (TSTR), made it possible to understand the different realities of the rural territory, through informal conversations, open interviews, and workshops involving the community. The results of the research reveal that the inhabitants who, decades ago, settled in the rural area of San José del Guaviare, including the former FARC combatants, are peasants who wish to live in peace, despite the historical difficulties associated with its occupation. To be able to do so, the formalization of land tenure and rural productivity must be guaranteed. The contribution of this article lies in the fact that it manages to unveil the territorial memory associated with coca and the conflict, in part of the Colombian Amazon,

Los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana: entre la coca, el conflicto y la construcción de paz Daniel Esteban Unigarro Caguasango

based on the voices of peasants and ex-combatants, who share a territory that they recognize as their own, and the problems involved in peace building.

Keywords: Amazon, colonization, conflict, peace building, peasants, rural territory.

Os camponeses da Amazônia noroeste colombiana: entre a coca, o conflito e a construção da paz

Palavras-chave: Amazônia, camponeses, colonização, conflito, construção de paz, território rural.

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Resumo: a firma do Acordo de Paz entre o governo nacional e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) foi entendida como uma oportunidade para melhorar as condições de existência dos camponeses da Amazônia noroeste colombiana, os quais a ocuparam mediante um longo processo de colonização e terminaram vinculados à dinâmica do cultivo de coca e do conflito armado. Contudo, ao indagar com alguns habitantes rurais da capital do Estado, San José del Guaviare, sobre suas expectativas ante a construção da paz, foi identificada certa incerteza em torno das possibilidades de permanecer no território devido à carência de alternativas produtivas e da superposição de figuras de ordenamento como a Reserva Florestal da Amazônia, o Resguardo Indígena Nukak e a Zona de Reserva Camponesa.

Para mostrar a situação atual dos camponeses guaviarenses, além da pesquisa documental, que favoreceu a compreensão dos processos de colonização camponesa do ambiente selvático, o trabalho de campo etnográfico, realizado durante três estâncias curtas em seis setores e em um antigo Espaço Territorial de Capacitação e Reincorporação (ETCR), permitiu compreender as diferentes realidades do território rural, por meio do desenvolvimento de conversas informais, entrevistas abertas e encontros com a comunidade. Com isso, é possível afirmar que os habitantes que se assentaram há décadas na área rural de San José del Guaviare, o que inclui os ex-combatentes das Farc, são camponeses que anelam viver em paz, a pesar das dificuldades históricas de sua ocupação e, para isso, deve ser garantida a formalização da posse da terra e da produtividade rural. A contribuição deste artigo radica em que consegue revelar a memória territorial associada à coca e ao conflito em parte da Amazônia colombiana, a partir das vozes dos camponeses e dos ex-combatentes, os quais compartilham um território que reconhecem como próprio e as problemáticas para a construção da paz.

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S

Introducción: de una gran región a sus veredas i bien la Amazonia hace parte del imaginario nacional colombiano como una región privilegiada por su gran riqueza en biodiversidad, la belleza de sus paisajes selváticos y los pueblos indígenas que la han habitado durante siglos, pocos saben que abarca el 42,3 % del territorio continental (Salazar y Riaño 2016, 26) y que a su población originaria se han sumado miles de campesinos provenientes de otros lugares del país, desde mediados del siglo XX (Jimeno 1987; Marín 2002; Molano 1987). Esta dinámica de colonización transformó la subregión noroccidental cercana al piedemonte llanero, a pesar de las condiciones geográficas que dificultaban el acceso y el establecimiento en el entorno selvático, y dio lugar a la progresiva ocupación del costado sur del tercer río más caudaloso del país: el Guaviare. Este da nombre al octavo departamento más extenso y a su capital San José del Guaviare, que es el séptimo municipio en área de los 1122 que conforman el territorio nacional (figura 1).

Figura 1. San José del Guaviare en el contexto departamental, subregional, regional y nacional

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Fuente: mapa cortesía de Pablo Cabezas Díaz, Colombia, octubre de 2019.

La historia de San José del Guaviare remite al periodo de auge cauchero en 1910, tiempo en el que un grupo de hombres dedicados a la extracción de la goma elástica dio nombre al caserío que se fundó oficialmente en 1938. Se erigió en municipio hasta 1976 y en 1991 se convirtió en capital departamental, cuando la comisaría del Guaviare pasó a ser departamento (Marín 2002). Hoy es el municipio más importante de la Amazonia noroccidental colombiana, por contar con

Los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana: entre la coca, el conflicto y la construcción de paz Daniel Esteban Unigarro Caguasango

1 En Colombia, las veredas son las unidades de administración del territorio rural de los municipios. A pesar de no existir legalmente “tienen una función organizativa importante” (Consorcio Deispaz 2014, 45), pues son lideradas por Juntas de Acción Comunal (JAC), organizaciones vecinales con representantes elegidos por la comunidad para ejercer funciones de intermediación ante las autoridades locales.

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instituciones gubernamentales de todos los niveles de estatalidad en el casco urbano.

Sin embargo, la historia del área rural resulta un poco confusa y desconocida por su marginalidad en los discursos y prácticas oficiales que se han encargado de invisibilizarla debido a su asociación directa con los cultivos de uso ilícito y con la dinámica del conflicto armado (Ardila 2004; García 1995; Salgado 2018). Por esto resulta pertinente intentar reconstruir la memoria territorial de la ruralidad amazónica, a partir de indagaciones con los habitantes de las veredas visitadas1.

El territorio rural se caracteriza por presentar una ocupación de tipo disperso, agrupada en núcleos poblacionales de baja densidad o carente de población estable, principalmente, ligada al uso y manejo de bienes naturales comunes, bajo determinadas formas de producción, patrones culturales y arreglos institucionales históricamente construidos (Massiris 2015). En la Amazonia se encuentran “áreas rurales de campesinos y colonos de asentamiento disperso” conformadas por “la constelación de veredas y fincas” como “célula primaria de la organización social del espacio rural campesino” (Salazar y Riaño 2016, 93). No obstante, aunque los territorios veredales en el Guaviare comprenden extensas áreas de poblamiento disperso, clasificadas como rurales, se trata de zonas donde predomina el medio selvático, sin que se pueda asociar lo rural a la existencia de modos organizados y eficientes de producción agrícola o silvopastoril ni a un campesinado dedicado a esta actividad (Jimeno 1987; Marín 2002).

En este sentido, es posible cuestionar la perspectiva homogeneizadora de los campesinos como personas vinculadas a una dinámica productiva agraria que soporta la vida urbana, puesto que en el caso de la Amazonia noroccidental colombiana no solo se estarían desconociendo las limitadas condiciones de acceso, por la carencia de infraestructura vial, sino los procesos complejos de ocupación y asentamiento a través de diferentes modalidades de colonización (Marín 2002) que, pese a la migración progresiva que implicó la apropiación del territorio, no se puede entender como una colonización productiva sino campesina (Jimeno 1987). De hecho, los colonos campesinos del Guaviare se involucraron con la dinámica extractiva del momento: en principio caucho, pieles y pesca; luego marihuana y, después, las familias y fincas se dedicaron a la producción de pasta de coca. En este contexto, el grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ejerció el control territorial y dominó la región desde mediados de la década de 1970 (García 1995; Jimeno 1987) hasta que a finales de 1990 incursionaron en la zona los grupos paramilitares (Arcila, González y Salazar 1999; Ardila 2004; Consorcio Deispaz 2014; Gómez 2018).

Coca y conflicto han marcado la historia del último decalustro en el Guaviare.

Sus habitantes rurales han vivido la cotidianidad de la guerra a través de sucesos que aún permanecen en la memoria, como la toma y quema del caserío de la vereda

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Charrasquera en octubre de 2002, por parte de las FARC (Ardila 2004; Mahecha y Franky 2012; Sinchi y CDA 2007). La firma en 2016 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Mesa de Conversaciones, 2017), que tiene como fundamento el enfoque de la paz territorial y contempla una reforma rural integral, generó entre los campesinos de territorios vinculados al conflicto la esperanza de poder construir la paz. Sin embargo, el alcance del acuerdo en territorios de difícil acceso, dispersos y lejanos como el área rural de San José del Guaviare, resulta incierto en la medida en que los campesinos esperan que los programas gubernamentales les permitan sustituir los cultivos de coca y generar otras posibilidades productivas que garanticen su estabilidad económica y permanencia en el territorio.

Dada la histórica presencia de las FARC en San José del Guaviare, en Charras y Colinas se ubicaron dos zonas veredales transitorias de normalización, posteriormente, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde empezaron a habitar más de 600 combatientes (Comité de Impulso del Banco de Datos del Suroriente Colombiano 2018, 82). En la vereda Charras se instaló el ETCR Marco Aurelio Buendía y los excombatientes se organizaron para sacar adelante algunos proyectos productivos vinculados en su mayoría con actividades agropecuarias (Ardila 2018). No obstante, por cuenta de un problema con la situación legal del predio en el que se hizo la implantación, lo que desde agosto de 2019 es el antiguo ETCR2, por el vencimiento de la reglamentación de esta figura, debe trasladarse a la vereda cercana Boquerón, cabecera corregimental entre Charras y el casco urbano del municipio. De esta manera, tanto campesinos cocaleros como excombatientes comparten la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el marco del posacuerdo en el territorio que han habitado durante décadas.

Así las cosas, este artículo pretende dar cuenta del continuo y aún vigente proceso de colonización del entorno selvático guaviarense, por parte de campesinos quienes, en medio de la historia de la coca y el conflicto, creen posible la construcción de paz en un territorio complejo tanto por su estado legal como por las figuras de protección que en él se superponen. Lo anterior, a partir de la investigación documental sobre la colonización del Guaviare y, especialmente, la recopilación de historias y relatos de algunos campesinos y excombatientes consultados durante el trabajo de campo etnográfico realizado a lo largo tres estancias cortas en octubre de 2018, y marzo y octubre de 2019, en las que fue posible visitar las veredas Boquerón, Charras, Charrasquera, Damas de Nare, Guanapalo y Sabanas de La Fuga, y el antiguo ETCR Marco Aurelio Buendía, que hacen parte del corregimiento Charras-Boquerón en el municipio de San José del Guaviare (figura 2).

2 En el marco del posacuerdo, los 24 asentamientos ocupados por excombatientes se denominaron en principio, Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), luego Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y, en la actualidad, se les antepone el adjetivo “antiguo”, puesto que hasta agosto de 2019 tuvieron vigencia según la normatividad colombiana.

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Figura 2. Veredas visitadas y traslape con Resguardo Indígena Nukak en San José del Guaviare

Fuente: mapa cortesía de Pablo Cabezas Díaz, Colombia, octubre de 2019.

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Las conversaciones informales, sostenidas inicialmente con los habitantes de Charrasquera, generaron una serie de preguntas sobre la realidad del territorio rural guaviarense en relación con el escenario del posacuerdo, de manera que para comprender la situación actual surgió el interés por reconstruir la historia de esta y otras veredas cercanas, desde las voces de los campesinos colonos y cocaleros que en la década de 1970 empezaron a tumbar la selva para asentarse en esta y convertirla en su refugio y sustento. De esta forma, en muchas ocasiones, dichas conversaciones lograron convertirse en entrevistas a profundidad, en las que los habitantes de las veredas narraban sus aventuras y desventuras para adaptarse a la manigua, cultivar coca y sobrevivir en medio de la guerra.

La confianza generada en el contexto de esos diálogos permitió establecer un escenario de trabajo comunitario que enriqueció el reconocimiento de los territorios veredales y su historia, a través de recorridos guiados por los caseríos y fincas de algunos habitantes, así como desarrollar varios talleres de diagnóstico y prospectiva territorial que contaron con la participación de grupos de aproximadamente veinte personas, en los que se conversó sobre las condiciones y necesidades actuales del caserío de Charrasquera, la vereda Charras y el ETCR. Al respecto, cabe señalar la disposición manifiesta de campesinos y excombatientes para hablar tranquilamente sobre sus diferentes experiencias, tanto individuales como colectivas, así como sobre sus preocupaciones por lo que representa la continuidad de los cultivos de coca frente a las condiciones y necesidades no satisfechas en el contexto del posacuerdo.

A continuación, se hace un breve recuento del proceso de colonización campesina que tiene lugar en la Amazonia noroccidental colombiana desde mediados del

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siglo pasado y de sus implicaciones en la configuración del territorio rural guaviarense; después se describe la dinámica de la vida campesina alrededor de los cultivos de coca y el surgimiento del conflicto en la subregión; posteriormente, se plantean algunos escenarios territoriales complejos, los cuales se han puesto en evidencia con el proceso de construcción de paz y generan incertidumbre en los campesinos del ETCR y de las veredas visitadas. Finalmente, se concluye con la necesidad de hacer estudios más próximos a las realidades territoriales microlocales de los campesinos en regiones que, como la Amazonia, se suponen deshabitadas y resultan desconocidas por cuenta de su marginalidad en relación con los centros de poder político y económico, para darle un verdadero sentido y significado al enfoque territorial en la construcción de paz.

La colonización de “la gran entrada” a la selva amazónica colombiana

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La Amazonia se ha constituido en el territorio de frontera por excelencia al ser imaginada, simultáneamente, como una frontera internacional y una frontera con la civilización. Un verdadero desierto verde, espacio vacío de personas y, por ende, un espacio a ser llenado (Villegas 2009, citado en Unigarro 2017, 63). Por lo tanto, el Guaviare al ser el “puente a la Amazonia” (Acosta 1993) o, como se le denominó en lengua jiw —guayabero— al puente que une al departamento con el Meta, Nowen, que significa “la gran entrada” a la región, es una de las fronteras más dinámicas en el proceso expansivo de la nación colombiana. Pero no se trata de un territorio homogéneo, puesto que en su interior “existen bordes territoriales difusamente delimitados” por cuenta de la avanzada de colonos que fueron adentrándose en la selva a través de ríos, caños y trochas, “donde se encuentra la frontera factual de expansión” (Del Cairo 1998, 70).

Si bien la colonización se puede describir como el proceso de expansión de los centros poblados sobre aquellos territorios ausentes que se disponen en su periferia y deben ser aglutinados a la dinámica de la civilización, en un intento por consolidar el Estado-nación (Del Cairo 2003, 107), en el caso de la Amazonia noroccidental se trató de una ocupación articulada con el aprovechamiento del entorno selvático más que como resultado del interés estatal. De esta manera, el reconocimiento y poblamiento inicial de esta subregión periférica se dio por cuenta de la búsqueda del látex a inicios del siglo XX, lo que determinó la explotación predatoria de la selva o su “colonización rapaz” (Molano 1987), que continuaría con la caza de animales salvajes para el comercio de pieles.

Sin embargo, la colonización se aceleró con la violencia de finales de la década de 1940, por la persecución política que desencadenó el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, por lo que muchas familias campesinas de Sumapaz, Tequendama y Tolima abandonaron sus regiones para refugiarse en las selvas del piedemonte llanero y amazónico (Ruiz 2003, 189). Así, por la conexión con la violencia agraria de la zona andina, se consolidó un proceso de “colonización armada” (Molano 1987) en las zonas remotas entre la Orinoquia y la Amazonia colombiana que, no obstante,

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resultaban promisorias para quienes buscaban tierra propia donde trabajar y sentirse seguros. Esto permitió la ocupación estable de estas regiones por parte de campesinos colonos, con posiciones políticas e ideológicas no propiamente afines al statu quo, quienes depositaron sus esperanzas en un espacio del que se apropiaron y que convirtieron en su territorio; de modo que lograron superar el difícil arribo a un nuevo lugar sin el dinero suficiente ni las herramientas adecuadas para emprender las faenas de trabajo que exigía el entorno selvático (Salgado 2018).

En efecto, el principal problema para la gran mayoría de los colonos inmigrantes que cruzaban la cordillera sin recursos era sobrevivir físicamente al tiempo inicial durante el cual todavía no puede haber cosechas, así que se ofrecían como jornaleros donde colonos ya establecidos para poder abonar algún dinero, o bien empezaban al mismo tiempo con la roza de su propia parcela en el frente de colonización, porque solo allá se encontraba tierra selvática y sin dueño, los llamados “baldíos” (Brücher 1974, 112). Pero la forma de tenencia de la tierra se convertía en otro problema cuando un colono que se instalaba en un baldío solo podía adquirir el título de propiedad una vez cultivadas las dos terceras partes de la superficie ocupada, de manera que se necesitaban muchos años para limpiar un terreno económicamente rentable. Se generaba así un círculo vicioso, puesto que sin título de propiedad no se podía conseguir un crédito oficial y sin este rara vez la producción lograba superar el autoabastecimiento para obtener una escritura pública de propiedad (Brücher 1974, 115).

Por esta razón, en el Guaviare se afianzó la agricultura de subsistencia mediante la producción de maíz, yuca, plátano y frutales; la comercialización de maíz, arroz y porcinos, y la ganadería extensiva impulsada por colonos con capital “traído desde afuera de la región o acumulado dentro de la misma” en algunas sabanas naturales como La Fuga y otras áreas de tierra firme donde se compraban tierras o reclamaban las deudas (Acosta 1993, 27). Así, la finca se convirtió en el territorio propio del colono “porque en torno a ella construye significados sobre la tierra, como un bien que le permite ser productivo y superarse”, de manera que también simboliza “la culminación de su arduo esfuerzo colonizador” como agente civilizador que “transforma territorios inhóspitos en tierras productivas para el hombre en nombre del progreso” (Del Cairo 1998, 77-78).

Consciente de esto, el Gobierno nacional introdujo en 1968 un proyecto de colonización en el Guaviare, centrado en El Retorno, a 30 kilómetros al sur de San José, que pretendía disminuir las crecientes presiones rurales y el desempleo urbano mediante el estímulo a la colonización de las selvas orientales, con apoyo para el transporte hasta la región, créditos, expedición de títulos de propiedad sobre la tierra y desarrollo de infraestructura física que permitiera el mercadeo de productos de la zona (Acosta 1993, 24), lo que desde luego produjo una nueva ola migratoria que consolidó rápidamente a San José como núcleo urbano, útil como centro de mercadeo y servicios de este nuevo proceso colonizador impulsado por el Estado (Marín 2002).

Sin embargo, las veredas que configuran el área rural de San José, al estar conformadas por fincas distantes unas de otras, y apartadas también de las principales vías de

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acceso, básicamente aglutinaron varios núcleos familiares o personas campesinas que han vivido allí por décadas trabajando la tierra. En una vereda como Sabanas de la Fuga, uno de sus habitantes, que llegó en 1968 con sus padres y hermanos aún siendo niño, narró que: Todo mundo se dedicaba a cultivos de maíz y arroz, […] el plátano y la yuca se cultivaban para comer, pero lo que era el arroz y el maíz si ¡uff!, eso se sacaba, porque en ese tiempo no había coca, ni marihuana, nunca se escuchaba nada de eso. (Entrevista colectiva, octubre de 2019)

Esto demuestra que, a pesar del previsible estancamiento económico de estas zonas de colonización por la falta de vías de acceso y la lógica del autoconsumo, en muchos casos y lugares se dio en principio una colonización agraria que resultaba rentable.

Desde luego, la economía de la región cambiaría drásticamente cuando se comenzó a propagar la marihuana y se cultivó hartísimo, […] a una hectárea se le cogían cualquier 3-4 toneladas, […] por ahí había una pista clandestina y ahí llegaba el avión, o sea los propios compradores […] encaletaban y prensaban esa marihuana, había prensas que eran con tornillo […] Y a un avión de esos le echábamos cualesquiera veinticinco mil libras de marihuana y se iba. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019) 184

A pesar de la complicación en el manejo del volumen, la gran capacidad de producción y rentabilidad de este cultivo generó un negocio de enormes ganancias, rápidamente popular entre los colonos que se pillaron el cuento, quienes quedaron iniciados con la marihuana que dejó un surco fértil y preparado para la nueva semilla que tendría como epicentro de la bonanza a San José del Guaviare, puesto que “allí llegaban la mayoría de insumos y salía la mayoría de mercancía” (Molano 1989, 301).

Las primeras plantas de coca fueron introducidas en la región hacia finales de la década de 1970, cuando la presencia guerrillera aún era muy débil, y la “bonanza cocalera” duró hasta 1983, aproximadamente (Molano 1987). Durante este tiempo, se dio la llegada masiva de trabajadores, aventureros, avivatos, comerciantes y desempleados de otras partes al Guaviare, es decir, una “colonización por el auge de la coca” (Cueto 2011, 100) reconocida incluso por el corregidor de Charras-Boquerón: La mayoría de población es colona, aquí [se] encuentra gente de Boyacá, de los Santanderes, de la Costa, del Valle, de todo lado… porque […] en su momento la colonización empezó por […] los cultivos ilícitos. Entonces todo mundo llegaba del interior del país a fundar acá y sembrar su matica de coca.

(W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019).

La consolidación de los cultivos de uso ilícito en el área rural de San José del Guaviare generó que la economía campesina legal tuviera pocas posibilidades de éxito, no solo por la baja fertilidad de los suelos, que dificulta su explotación, sino porque la producción agrícola no tenía ni tiene cómo competir en el mercado nacional por cuenta de los altos costos de transporte e insumos (García 1995). Por esto, en

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vastas áreas de la Amazonia colombiana se manifestó una colonización que no tenía futuro agroeconómico viable o, en otras, se fortaleció el latifundismo ganadero y se entrecruzó con “el contrabando, el narcotráfico, la siembra de coca y la actividad guerrillera”, presentándose una “colonización caótica” consecuencia de la incapacidad del Estado para resolver el problema social agrario (Palacios 1987, 21).

La debilidad estatal en la subregión permitió que la guerrilla de las FARC consolidara su presencia: “está funcionando más o menos desde el 76 [a través de] grupos pequeños de tres o cuatro que pasaban y dejaban mensajes” (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019). Así, los campesinos que terminaron en la selva, por huir de la violencia o tener mejores oportunidades, se vincularon a la dinámica de los cultivos de uso ilícito y, más adelante, quedaron en medio del conflicto armado derivado de la confrontación bélica por el control territorial entre “grupos de insurgencia armada, de paramilitares y del ejército regular del Estado” (Arcila, González y Salazar 1999, 23).

La vida campesina entre la coca y el conflicto: una violenta historia de adaptación

más o menos comenzó por ahí en el 79, pero entonces había como mucho temor porque el que tenía su cultivo, así fuera una hectárea, eso hacía caminitos […], hoy pasaba por aquí y mañana por otra parte para no hacer huella. (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019).

De este modo, en principio se trató de una actividad tímida que implicaba la roza y quema del monte para sembrar una mata de coca cada setenta u ochenta centímetros, lo cual no era tan diferente de lo que había que hacer con cualquier otro cultivo. Sin embargo, el problema para los campesinos colonos que decidieron incursionar en el cultivo de coca fue aprender el proceso químico para sustraer el alcaloide de la hoja de coca y transformarlo en pasta, puesto que eran pocos los que sabían eso, entonces ellos se aprovechaban de la gente [y] eran celosos […] pa’ ellos tener su trabajo ahí fijo, pero eso se fue y al último todo mundo ‘quimiquiaba’, todo mundo, todos aprendimos a ‘quimiquiar’. (Habitante de Charrasquera, entrevista colectiva, octubre de 2019)

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El largo proceso de colonización de la Amazonia noroccidental colombiana y del Guaviare ha tenido como protagonistas a campesinos provenientes de otras zonas del país, quienes, por cuenta de su adaptación a las condiciones del entorno selvático y, en especial, a las actividades productivas en torno a los cultivos de uso ilícito que se expandieron por la región, han dado lugar a la constitución de una “sociedad en formación” basada en el espíritu aventurero de hombres que pintaban un futuro promisorio (Meertens 1988, 331). En las veredas visitadas de San José del Guaviare, la coca

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Este saber-hacer desencadenó un proceso irreversible en relación con el negocio de la coca en la región, al consolidarse como una alternativa propia para los campesinos (Molano 1987, 138), que no encontraban “rentable sembrar una hectárea de maíz para recoger 18-20 cargas […], cuando una hectárea de coca botaba 3 o 4 kilos de mercancía […] cada dos meses, cuando del maíz se recoge el producto cada siete meses” (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019). La dinámica económica cambió en el área rural de San José puesto que, cuando ya hubo la coca, había compradores que andaban en las veredas, ah que don fulano está raspando, ya para la semana entrante tiene base de coca, entonces le llegaban allá a la finca a comprar, […] nosotros los llamábamos los chichipatos, así les decía todo mundo: ¡vienen los chichipatos! (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019)

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De esta forma, la ausencia de vías de comunicación o medios de transporte de carga poco o nada importaba, en la medida en que ya no era necesario sacar ningún producto de gran tamaño o volumen.

La adopción del cultivo de coca, como alternativa económica en la ruralidad de la Amazonia noroccidental, coincidió con la presencia de la guerrilla para “poner orden”, tanto fue así que la producción de coca encontró en este actor armado ilegal al agente preciso para su regulación (Espinosa 2015, 497). Cuando apenas llegaron, eran grupitos, por lo menos pequeños y así fueran dos, tres tipos, tres personas de esos, dominaban veredas, porque ellos al comienzo cogieron el dominio y era, el que hacía el delito, plomo, muerte, no había otra cosa. Entonces todo el mundo se asusta […] y coge miedo. (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019)

En este sentido, el control y dominio territorial se produjo a través de una forma de violencia efectiva que logró imponer normas, restricciones y sanciones en relación con el comportamiento individual y social de los habitantes, quienes no tuvieron una opción diferente a la adopción y apropiación de estas. El establecimiento e imposición de estos marcos regulatorios, por parte de las FARC, convirtió al grupo insurgente en la fuente de autoridad territorial que desafió la soberanía estatal en las áreas rurales del Guaviare, mediante la consolidación de un “alter-Estado dentro del Estado”, es decir, una territorialidad superpuesta (Agnew y Oslender 2010, 201).

Fue así como el miedo y terror que producen las armas generó en los campesinos de las veredas de San José del Guaviare la necesidad de hacer caso y obedecer: Desde cuando llegaban y decían hay reunión en tal parte con la guerrilla, todo mundo asistía […] porque el temor era terrible, de que si no iba uno tenía retaliaciones, pues entonces uno tenía que ir a reuniones. Hay veces que ellos fijaban, […] en la vereda tal hay un ladrón y […] lo sacaban al frente y este tipo se lo llevaban, […] no volvía porque sabían que lo mataban. Esa era la norma, esa era la ley a la que teníamos que acogernos todos. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana: entre la coca, el conflicto y la construcción de paz Daniel Esteban Unigarro Caguasango

Este sistema efectivo de control social se ejercía a través de milicianos que se distribuían en las veredas para indagar y recoger información actualizada sobre todo lo que ocurría. De esta manera, se configuró para los campesinos un orden social particular, con la connotación de campo jurídico, resultado de la combinación de tres elementos: ausencia relativa del Estado, marginalidad social y creación de sistemas autónomos y alternativos de justicia (Espinosa 2015).

La guerrilla de las FARC controló en principio el área rural de San José mediante la presencia del Frente Séptimo y después del Frente 44, ambos con gran capacidad de acción e influencia en los departamentos de Meta y Guaviare, por lo que en las veredas se asumió al grupo guerrillero como autoridad: [En] todas estas [que] eran zonas que fuimos dominados ampliamente por la guerrilla [esta] era [l]a justicia que existía para nosotros […] Ellos controlaban ladrones, […] si un patrón utilizaba un jornalero y no le pagaba justamente, o sea correctamente, él iba y se quejaba, y venían y lo sancionaban […] y hacían que le pagaran su sueldo normal y lo multaban […] Entonces para nosotros era una autoridad. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Cuando ya conocimos la guerrilla nos acostumbramos porque, lo voy a decir, nos acostumbramos a ellos, […] uno vivía tranquilo cierto, porque usted podía coger su camino a la hora de la noche que fuera y todo, usted dejaba su casa dos, tres días, sola, ahí le aparecían sus animales, no se le perdían. (Habitante de Damas del Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Sin embargo, una vez la guerrilla se posicionó como única autoridad reconocida en la zona, estableció condiciones y reglas para el control del negocio de la coca: Cuando ya la guerrilla estaba bastante numerosa cambió, porque los únicos que podían comprar eran ellos, […] al que encontraran comprando lo mataban si, eran únicamente ellos los únicos que podían conseguir plata […] comprando coca, […] ellos tenían sus compraderos y ellos sacaban su mercancía, y uno iba allá a venderles. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Los campesinos entonces se vieron obligados a poner sus fincas y trabajo al servicio de las FARC, que comenzó a controlar el negocio de la coca. No obstante, esto no impidió que la dinámica colonizadora continuara en las áreas apartadas y aún selváticas de San José, donde siguieron llegando campesinos provenientes de muchos lugares del país, para dedicarse al cultivo ilícito, con la ilusión de recibir buena cantidad de dinero de manera fácil y rápida (Jimeno 1987; Marín 2002). Este fue el caso de veredas como Charrasquera, donde para finales de la década de 1980

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Pero esta connotación de autoridad que logró la guerrilla, al atribuirse la administración de justicia a través de un sistema efectivo en el ámbito local, modificó el miedo y terror que sentían los campesinos, en principio, por legitimación de la presencia de las FARC, que les garantizaba cierta tranquilidad y seguridad:

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solo se encontraban unas pequeñas fincas que en pocos años empezaron a crecer y multiplicarse, con la consecuente destrucción de la selva que representa la tumba del monte. Pero esta dinámica expansiva de la actividad cocalera requirió que los campesinos hicieran las adaptaciones necesarias para el procesamiento de hoja de coca en laboratorios artesanales y que, además, se organizaran nuevos caseríos en los que fuera posible conseguir los insumos necesarios.

Uno de esos jóvenes aventureros que llegó a Charrasquera logró posicionarse como un importante y reconocido productor de pasta de coca en la región, hasta el punto de gestionar cierta infraestructura: Yo llegué aquí con una moneda de diez pesos en el bolsillo a finales de los ochenta, me trajo un amigo a raspar coca […] Para el 94 ya tenía algunas tierras y solicité a la gobernación la creación de la vía, echamos la vía con unas máquinas que nos dieron y queríamos seguir adelante, pero la guerrilla nos robó la maquinaria y nos prohibió seguir con eso. (A. B., entrevista personal, marzo de 2019)

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Entonces, campesinos cocaleros y guerrilla no siempre estuvieron de acuerdo con la lógica de control territorial que se había implantado por cuenta del interés económico del actor armado ilegal, aunque, en general, los habitantes del Guaviare eran vistos por el Gobierno nacional como actores de un mismo bando, en contra de quienes ejecutó estrategias como la militarización y persecución desde mediados de 1980 (Salgado 2018). De ahí que no resulte sorprendente que “[e]n el curso de los últimos años la región amazónica ha[ya] sido considerada ‘zona roja’, como en lenguaje militar se ha acostumbrado llamar las áreas caracterizadas por intensos conflictos, incluidos los enfrentamientos de tipo bélico” (Gómez 2000, 90). Esta situación se complicó aún más cuando “los paramilitares llegaron más o menos en el 96” (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019).

Si bien la guerrilla de las FARC había logrado consolidarse como el único actor que ejercía autoridad en la región, los grupos paramilitares fueron incursionando poco a poco con presencia solo en las zonas urbanas […], pues ellos llegaron primeramente fue a las ciudades. Primero a San José y bueno así, y luego ya se fueron metiendo y también trajeron sus grupos grandes de gente y se fueron metiendo a la selva. (Habitante de Charras, entrevista colectiva, octubre de 2019)

De esta forma, llegó a la región otro actor armado ilegal con la intención de disputar la territorialidad superpuesta de las FARC para manejar el negocio de la coca: Uno se imagina fue por la coca, primero para coger ellos la compra de la coca.

[Cuando] ya entraron las autodefensas y colocaron el precio […] entonces ahí comenzó el problema. […] Se sacaba uno o dos o tres kilos de volteo y la otra se sacaba de chiclosa, de la chiclosa se le vendía a los paracos y la otra a la guerrilla, pero ¿qué pasó? La guerrilla, como conocedores de la zona, […] no querían que nunca uno le fuera a vender a los otros, y los otros que uno le vendiera a los otros,

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y ahí comenzó el tema difícil, grave […] Fue un problema muy serio [porque] fue muchísima gente que murió, mucha, muchísima gente, mejor dicho, las montañas del Guaviare yo creo que se pueden contar los cadáveres. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019)

En medio de esta difícil disputa por el control del flujo de la coca, que los campesinos pensaron aprovechar a su favor, se recrudeció la violencia que había funcionado de manera simbólica durante el periodo de dominio territorial exclusivo de las FARC, lo que sin duda afectó y tuvo serias implicaciones en la vida campesina que, de alguna forma, se había estabilizado en las veredas, donde los paramilitares llevaban lista en mano […] y el que estaba marcado [si] le echaban mano no se la rebaja[ba]n por nada de la vida, y así fueron, llegaban a una vereda y ya tomaban el control, y era lo que también ellos dijeran, eso era tenaz […]. De los que pensaban que eran informantes de la guerrilla, […] llegaban a una vereda y listo, la acordonaban y la reunión y usted cómo se llamaba, fulano de tal, e iban mirando si estaba ahí marcado, o no, y si estaba marcado que pena, pero lo mataban, ahí lo mataban, delante de uno lo mataban. (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Ese día salimos todos de acá, más de setenta personas, […] la guerrilla se agarró con los paras, estábamos celebrando el día de los brujitos, nos llevaron para la cancha, nos dijeron que nos quedáramos todos ahí, no nos dejaban ir a la finca […] Da la suerte que cuando esos paracos nos hicieron señas que saliéramos, salimos por ahí, tumbamos una cerca de alambre que había, nos pasamos y nosotros que salimos y una bomba que cae ahí, si hubiéramos estado todo ese gentío nos hubiera matado en la cancha, a mí me tocó ese carrerón. (B. L., entrevista personal, marzo de 2019)

La toma del caserío, que se empezó a conocer como “Pueblo Quemado” (Mahecha y Franky 2012, 208), marcó la historia de la vereda no solo porque se quemaron todas sus edificaciones y la poca infraestructura que existía, sino porque todos los campesinos, quienes habían logrado organizarse como comunidad y

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El caserío de la vereda Charrasquera fue uno de los tantos escenarios de la guerra motivada por el control del territorio entre los grupos armados ilegales, a través de acciones violentas que terminaron en el desplazamiento de campesinos que, con gran esfuerzo, habían logrado establecerse en un lugar. Este pequeño asentamiento que aglutinaba alrededor de treinta construcciones en madera, en las que funcionaban casas, tiendas, billares, bares y prostíbulos, fue tomado por las FARC el 31 de octubre de 2002 después de ser ocupado en septiembre por los paramilitares, quienes obligaron a los habitantes, bajo amenazas, a prestarles algunos servicios (A. S., entrevista personal, octubre de 2018). Esto fue interpretado por la guerrilla como apoyo al otro grupo armado y motivó la toma del caserío y el desplazamiento de su población. El hecho es descrito por una de las habitantes más antiguas de la vereda así:

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compartían actividades deportivas y de ocio como el fútbol y las fiestas, al tener como punto de encuentro el caserío, tuvieron que huir del asentamiento con sus construcciones y dinámica social en ruinas. Este es, en últimas, el significado real de “el conflicto” para los habitantes de la vereda Charrasquera, quienes sólo utilizan la palabra con el artículo masculino precedente para hacer referencia al hecho que implicó el abandono del lugar y la ruptura de sus formas de vida tanto en lo económico como en lo social (Diario de campo, marzo de 2019). Tal vez con el propósito de recuperar eso que les arrebató la violencia, algunos decidieron retornar años después, pero desde luego fue difícil readaptarse a las condiciones de la economía ilegal aún vigente y a la dinámica del conflicto armado que continuaba latente.

La vida campesina que se ha tenido que forjar en el Guaviare, en medio de un proceso continuo de colonización derivado de la búsqueda de mejores oportunidades, del surgimiento de una economía ilícita que se constituyó en la única posibilidad productiva y de la violencia constante ejercida por diferentes actores armados que pretendían controlar y dominar todo, se mantiene intacta. Incluso se puede pensar que sufrió un impulso y renovación, a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno, por cuenta de la inclusión de lo que se denominó “reforma rural integral” (Mesa de Conversaciones, 2017), que contempla una opción pensada y deseada hace tiempo: “la sustitución de los cultivos de coca” (Molano 1987, 138).

Escenarios divergentes y territorialidades en disputa frente a la construcción de paz La violenta historia de adaptación que han tenido que vivir los campesinos de San José del Guaviare representa la realidad del territorio rural colombiano, como escenario de múltiples disputas sociopolíticas y económicas que no se han logrado resolver de manera efectiva y que, por el contrario, han generado el abandono del campo y el desplazamiento hacia las áreas urbanas que, se supone, concentran los medios de producción para la generación de riqueza. En el caso de la Amazonia esto resulta paradójico, porque su dinámica de ocupación inicial respondió a la necesidad de expandir la frontera agrícola, sin que se lograra, no solo por cuenta de las difíciles condiciones del entorno selvático, sino porque se presentaron otras situaciones que vincularon a la región con lógicas extractivas que fueron experimentadas de manera coyuntural como auges económicos.

El último de estos auges generó una economía ilegal basada en el cultivo de coca y provocó un fuerte enfrentamiento bélico entre actores armados ilegales por el control del territorio de producción de la pasta de coca, actividad ilícita en la que se involucraron de una u otra forma todos los campesinos que decidieron asentarse en el Guaviare. Esta hiperespecialización agroproductiva, que se instaló en el área rural y generó formas de habitar y modos de relacionamiento social particulares, se ha entendido como un limitante para el desarrollo rural integral y la construcción de paz.

Sin embargo, ninguno de estos dos aspectos, deseables desde las retóricas estatales, han sido analizados desde las realidades microlocales que se pueden identificar y

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Ley Ordinaria 2/1959, de 17 de enero, sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales renovables. (Diario Oficial n.° 29861 de 27 de enero de 1959). http://www.suin-juriscol.gov.co/ viewDocument.asp?ruta=Leyes/1556842

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reconocer en las veredas, a pesar de que el Acuerdo de Paz tuvo como fundamento un enfoque territorial.

La situación en el territorio rural guaviarense es compleja no solo por la actividad económica predominante y por el conflicto, sino por un conjunto de realidades fácticas en torno a las figuras de ordenamiento vigentes, así como por la superposición de intereses divergentes que generan problemas en relación con la tenencia de la tierra para los campesinos y todos los habitantes de esa extensa ruralidad, en la que funcionan una reserva forestal, un resguardo indígena y una Zona de Reserva Campesina. Lo anterior en parte se explica por el desconocimiento de un territorio imaginado y pensado desde escritorios estáticos en los centros de poder y cascos urbanos, puesto que, incluso en las instalaciones de la administración pública municipal, una vereda como Charrasquera resulta extraña (Diario de campo, marzo de 2019). En contraposición, lo único que expresan y manifiestan los campesinos de modo recurrente es: “tenemos la finquita aquí y no podemos dejarla sola” (G. Z., entrevista personal, marzo de 2019). Esto no solo da cuenta del vínculo generado con la tierra a través del tiempo sino de la capacidad para proteger el territorio que han hecho suyo y valoran como parte sí.

Si bien el Acuerdo de Paz logró que el conflicto armado pasara a un segundo plano, por cuenta del único cambio que nota un campesino: “[en] realidad las guerrillas se desmovilizaron, las autodefensas dicen que se desmovilizaron, […] estamos viviendo bonito” (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019) y la percepción de seguridad: “aquí no hemos tenido últimamente problemas de combates, de asesinatos por parte de grupos armados, […] en la vía en tres años que llevo como corregidor ha estado muy normal y garantizado” (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019), puso en evidencia otro conflicto que siempre estuvo latente para los campesinos del Guaviare: la tenencia y el uso de la tierra.

Dadas las diversas formas de colonización que llevaron a la ocupación de la Amazonia noroccidental, por miles de campesinos provenientes de otras áreas del país, la dinámica de asentamiento en la mayoría de los casos se dio de manera informal, es decir, sin escrituras ni títulos de propiedad. De hecho, existen restricciones para la adjudicación de baldíos y la tenencia y uso de la tierra en el Guaviare, desde la declaración como Reserva Forestal de la Amazonia en la Ley 2ª de 19593. Esta ley estableció como reserva una enorme extensión territorial orientada al desarrollo de la economía forestal y a la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, sin ser un área protegida, por lo que ha sido objeto de: 1) sustracciones mediante resoluciones del Inderena y del Ministerio de Agricultura en 1971 y 1987; 2) clasificación y zonificación al decretarse la Zona de Preservación para la producción sur del Distrito de Manejo Integrado del Ariari-Guayabero del Área de Manejo Especial de La Macarena en 1989 (Arcila, González y Salazar 1999) y 3) zonificación y ordenamiento a través

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de una resolución del Ministerio de Ambiente en el año 2013. Pero el área sustraída de la Reserva Forestal se superpone con la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, creada en 1997 por el Incora, y con la Zona de Preservación (Consorcio Deispaz 2014).

A pesar de lo confusas que puedan resultar estas figuras, un par de ellas han sido establecidas considerando la expansión del proceso de colonización y, especialmente, las marchas y protestas que en diferentes momentos emprendieron los campesinos colonos y cocaleros del Guaviare para defender sus derechos. En 1985 y 1986, ante la crisis de la coca, y en protesta por la falta de condiciones para el acceso a la tierra, así como por la militarización de la región, los colonos organizaron “las marchas campesinas del Guayabero” para exigir “tierras para trabajar” (Sinchi y CDA 2007) y, a mediados de 1986, hubo “un multitudinario paro cívico” (Jimeno 1987, 232), lo que dio lugar a la segunda sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonia en 1987. De esta forma, aunque “las pérdidas económicas fueron muchas y las ganancias más bien pocas, [s]e lograron algunas cosas para la comunidad y los recursos del Estado se dejaron ver” (Salgado 2018, 91).

Para finales de 1980, el negocio de la coca repuntó por cuenta del control de la guerrilla y generó de nuevo la militarización e implementación de programas de erradicación de cultivos ilícitos, por parte del Gobierno. En este contexto, la guerrilla empezó a demostrar su poder y vínculo con la población al participar en la organización de las movilizaciones campesinas del Guaviare durante 1994 (García 1995).

Estas fueron el antecedente regional de las “marchas cocaleras” de 1996, las cuales tuvieron lugar en departamentos con extensas áreas de producción, en los que se protestó en contra de las fumigaciones aéreas y las restricciones para la comercialización de insumos para el procesamiento de hoja de coca, medidas que sin duda afectaban la única alternativa económica posible. Fue así como […] campesinos y trabajadores de los cultivos de coca —los llamados raspachines—, protagonizaron protestas no sólo contra las fumigaciones sino también contra las condiciones sociales de la región [pero] el gobierno se empecinó en considerar que las movilizaciones se habían realizado por iniciativa de la guerrilla, en una primera instancia, y en otro momento por los narcotraficantes. (Marín 2002, 151)

No obstante, los campesinos guaviarenses reivindican su autonomía y capacidad organizativa para haberse movilizado y exigir al Estado un alto a las fumigaciones con glifosato y una solución pacífica a todas las problemáticas de la región (Torres et al. 2017), así como para participar en el “gran paro nacional de campesinos cocaleros” que, si bien no logró mayor cosa, sirvió para promover la creación de la Zona de Reserva Campesina (Salgado 2018).

En este sentido, las movilizaciones campesinas que se presentaron desde mediados de la década de 1980 en el Guaviare y la zona de colonización cercana, originadas por carencias históricas en inversión social y economías locales basadas en el cultivo de coca, se constituyen en el impulso inicial para crear la Zona de Reserva Campesina

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(Fajardo 2002), puesto que los campesinos cocaleros movilizados, además de inversiones en salud, escuelas, vías y electrificación, pidieron al Gobierno el establecimiento de esta figura como parte de la reforma agraria y una alternativa de desarrollo rural, lo cual finalmente se dio en 1997 (Fajardo 2012). Sin embargo, la Zona de Reserva Campesina del Guaviare coincide con el área sustraída de la Reserva Forestal de la Amazonia, por lo que la superposición entre ambas es manifiesta.

En la actualidad, esta confusa superposición de figuras legales tiene implicaciones directas en los procesos de acceso y normalización de tierras que reclaman los campesinos, así como en la reincorporación socioeconómica de los excombatientes que se asentaron en el ETCR Marco Aurelio Buendía, puesto que el predio ocupado se encuentra dentro de la reserva forestal. Esto es un contrasentido si se consideran las palabras del corregidor sobre un área que no se puede comprar, no se puede titular, […] incluso no sabemos o uno no entiende cómo está la zona ahí, cómo están unos arriendos y cómo el Gobierno le está pagando unos recursos a alguien que no debería tener propiedad en ese sector, y por qué el Gobierno está pagando por unos terrenos que en teoría son del mismo Gobierno. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019) 193 P A R A L E L O S

Aunque en efecto la Zona de Reserva Forestal determina algunas limitaciones para el acceso a la tierra, por parte de los campesinos, cuando se trata de baldíos y, al parecer, no se tuvieron en cuenta las restricciones de la figura, lo que sí es claro es que los excombatientes empezaron su nueva vida como campesinos en este lugar, al generar y poner a prueba varios proyectos productivos agropecuarios (porcicultura, vivero, etc.) y otros como el del ecoturismo, para el cual se adecuó un espacio cercano en medio de la selva (Diarios de campo, octubre de 2018 y marzo de 2019).

Sin embargo, este problema relacionado con el estado legal del territorio y el desconocimiento por parte del mismo Gobierno nacional, de la forma en que administra y gestiona sus áreas de reserva, generan incertidumbre en los excombatientes, quienes deben restablecerse en un nuevo lugar. A propósito, como se trata de la generación del núcleo inicial de un nuevo asentamiento “con carácter permanente” (Riaño y Salazar 2018, 31), se deberían considerar las particularidades propias tanto del territorio como de los excombatientes con proyectos productivos en curso, para pensar la mejor distribución espacial de las actividades económicas y sociales, así como de la infraestructura, es decir, generar un plan para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio.

En relación con la tenencia de la tierra, desde la llegada de los primeros colonos campesinos y la implantación de sus fincas, el problema ha sido la informalidad de la ocupación, lo cual complica los procesos de acceso, formalización y normalización de tierras y la seguridad en la tenencia a través de títulos de propiedad. En el caso de la vereda Charrasquera esto resulta más complejo, puesto que cerca del 70 % de su área se traslapa con el Resguardo Indígena Nukak, (figura 2), creado en 1993 y ampliado en 1997, y por lo demás, objeto de medidas cautelares como su

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delimitación para “prevenir la invasión o colonización del territorio indígena por parte de terceros” y así garantizar la protección jurídica del territorio “de la que se considera una de las últimas tribus nómadas” (Castañeda 2019). Sin embargo, en relación con la medida, el corregidor señala: Lo que tenemos que entrar a probar es […] que, así como los indígenas tienen derechos, los colonos y campesinos también son sujetos de derechos, algunos han sido compradores de buena fe […], entonces estamos viendo la opción de que […] sigan compartiendo y conviviendo ahí. […] Aquí la tierra se comercializaba sin ningún problema […] y tenía valor […], ahora [en] un resguardo indígena […] la gente no va a comprar un terreno que jamás va a poder heredárselo a sus hijos. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019)

A pesar de la incertidumbre que representa para los campesinos colonos de las veredas de San José esta superposición de territorialidades, gracias a la coexistencia simultánea de varias figuras legales sobre las tierras ocupadas hace décadas por ellos, después de la firma del Acuerdo de Paz, la mayoría de las familias campesinas dedicadas al cultivo de coca decidieron acogerse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que, según el corregidor: 194

Empezó en junio del año 2017 [y] ha tenido todas las dificultades del mundo, […] consistía en doce millones en efectivo, un proyecto de seguridad alimentaria de millón ochocientos mil pesos y diecinueve millones en proyectos productivos de ciclo largo y ciclo corto. Hasta el momento no hemos cumplido a los campesinos sino con los doce millones, a su gran mayoría no hemos podido ingresar con más y eso ha generado grandes dificultades en lo económico. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019)

Estos incumplimientos por parte del Gobierno son un reclamo generalizado de los campesinos guaviarenses. Al respecto, uno de Charrasquera explicó: Lo que pasa es que el Gobierno no nos ha cumplido con los acuerdos, nos tiene totalmente olvidados, olvidados totalmente, porque, yo lo digo personalmente, yo tenía mis matas, me acogí al plan de erradicación voluntaria, erradiqué y hasta el momento no me han cumplido y a muchísimos. (E. B., entrevista personal, marzo de 2019)

Y otro de la vereda Damas de Nare corroboró: Yo tenía cultivo y a mí no me han cumplido, me dieron un solo pago y yo arranqué voluntariamente, no quedé [sic] una sola mata, lo puedo decir con toda la honestidad, y no me dieron sino solo dos millones de pesos, y tengo derecho a doce millones de pesos. (Entrevista colectiva, octubre de 2019)

De esta forma, la sustitución de cultivos, que se supone debía contribuir al proceso de construcción de paz, también resultó efímera para los campesinos de la

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región. Tanto es así, que los pocos campesinos que ingresaron al PNIS y recibieron algún apoyo económico tras erradicar definitivamente sus cultivos de coca, invirtieron en plantaciones de caña, cacao y maracuyá, entre otros. Sin embargo, por la falta de asesoría económica y técnica adecuada, con el tiempo se dieron cuenta que estos implicaban más gastos y mucho más tiempo de producción, sin contar las dificultades para su comercialización: Aquí lo más preocupante que el campesino sufre es por el comercio de los productos, […] la vía que es fundamental, sin vía el sector productivo pues es muy preocupante, y lo otro el tema de […] la estabilización de precios no da, o usted saca los productos y no hay quien los compre. (W. C., corregidor de Charras-Boquerón, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Esto, sumado al incumplimiento del Gobierno, no solo ha provocado graves pérdidas económicas, sino que los campesinos enfrenten el dilema entre salir del territorio, en busca de una oportunidad mejor, o seguir haciendo lo que saben hacer y resulta rentable: cultivar y procesar coca (Gómez 2019), opción que implicaría activar de nuevo los laboratorios artesanales que habían abandonado (figura 3).

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Figura 3. Laboratorio artesanal para procesamiento de coca en desuso

Fuente: fotografía del autor, Colombia, octubre de 2018.

Los avatares de la vida campesina en San José del Guaviare, incluso en el periodo del posacuerdo, están increíblemente ligados a la historia de colonización, coca y conflicto de este territorio rural que se abrió en medio de la selva y en el que

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confluyeron campesinos colonos, cocaleros y excombatientes, quienes ahora anhelan la construcción de paz. Esto es evidente cuando, frente a la desregulación de los ETCR, quienes otrora hicieron parte de la guerra y en la actualidad viven con sus familias, decidieron constituirse en la “Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía” (F. B., entrevista personal, octubre de 2019). Desde luego, no se puede desconocer la violenta historia de la que han sido protagonistas, por lo que resulta importante generar políticas públicas de reconciliación cuyas acciones se enfoquen en la reconstrucción del tejido social y en el “nivel de inclusión social” (Bueno 2017).

La experiencia actual de los habitantes rurales del Guaviare y su reconocimiento llevan a pensar en la necesidad de incorporar una cultura de paz, lo que implica valorar y fortalecer los estilos de vida, comportamientos e identidades individuales, familiares y grupales, así como promover el bienestar, la igualdad y la administración equitativa de los recursos, para favorecer la construcción de paz (Boulding 1992, 107).

En este sentido, cabe destacar el cooperativismo y la solidaridad de los excombatientes, manifiestos en su organización y dedicación para sacar adelante los proyectos productivos y, especialmente, para articularse con las comunidades de las veredas cercanas y hacer efectivo su proceso de reincorporación.

Hechos como la erradicación voluntaria de los cultivos de coca; la asistencia conjunta de campesinos y excombatientes a reuniones, para debatir sobre los problemas compartidos; y el interés por encontrar alternativas y opciones productivas rentables, demuestran que los habitantes del territorio rural de San José del Guaviare han generado conexión y vínculo con este entorno complicado, no solo por las inclemencias de la selva amazónica sino por una historia cargada de acontecimientos violentos en torno a su colonización, la instauración de una economía ilegal y, desde luego, el conflicto armado. No obstante, como campesinos que son y siempre han sido, quieren proteger sus casas, familias y fincas en medio de este entorno agreste en el que han generado relaciones comunitarias no pocas veces problemáticas, pero sin duda necesarias para la adaptación y la supervivencia en un territorio que consideran suyo porque han aprendido a conocerlo muy bien, tras largas caminatas y recorridos entre matorrales, quebradas y trochas tanto en el día como en la noche.

A modo de conclusión: hacer la paz desde la “hospitalidad” de la selva Comprender la realidad del campesinado de una gran subregión como la Amazonia noroccidental colombiana, que además del Guaviare abarca La Macarena al sur del Meta y las profundidades selváticas de Caquetá y Putumayo, sería un trabajo interesante porque corroboraría que, a pesar de la heterogeneidad propia del territorio, existen aspectos compartidos en relación con sus formas de ocupación y asentamiento, vinculadas a las dinámicas de colonización, coca y conflicto (Salazar y Riaño 2016, 63). Por esta razón, la vida de los campesinos del Guaviare representa las luchas personales y colectivas que han tenido lugar en las áreas rurales ubicadas en la región más desconocida, pero, a la vez, de mayor extensión territorial

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Legalicemos los territorios al campesino y el campesino va a trabajar [puesto que] aquí no es ni con ejército ni con policía, sino con inversión social, con presencia del Estado en vías, en acueducto, en energía solar, en garantizarle al campesino que de una u otra manera viva cómodo. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019)

Si bien las condiciones para permanecer en el territorio resultan complejas, por la incertidumbre en relación con la construcción de paz en el actual escenario del posacuerdo y por el problema histórico de los cultivos de uso ilícito derivados del rendimiento de “beneficios inalcanzables con las formas agrícolas tradicionales” (Jimeno 1987, 231) y la idea generalizada manifiesta en la sentencia de que “sin coca, volveremos a la miseria” (Salgado 2018, 93), es urgente develar las propias historias del campesinado sobre sus estrategias para mantener su modo de vida, en medio de las adversidades económicas y de la guerra, de manera que puedan seguir resistiendo mediante luchas por la tierra y, sobre todo, crear condiciones para seguir “re-existiendo” con autonomía (Escobar y Esteva 2016; Porto-Gonçalves 2018).

Finalmente, la paz se puede hacer desde la hospitalidad de la selva como expresión de la voluntad de estar más allá del desarrollo, que es radicalmente inhóspito al imponer una definición universal de la buena vida y excluir otras, y de la esperanza como convicción de que reivindicar nuestra condición humana tiene sentido: “Necesitamos abrazar hospitalariamente a las innumerables maneras distintas de pensar, de ser, de vivir y de experimentar el mundo que caracterizan la realidad” (Escobar y Esteva 2016, 20). Tal vez, a esto quiso hacer referencia Benito Juárez al decir: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

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del país: la Amazonia. Sin embargo, el contexto del posacuerdo requiere ampliar los horizontes de análisis y las perspectivas para dotar de sentido práctico la construcción de paz, con enfoque territorial, y hacer efectivos el “bienestar y buen vivir [de] la población, [la] protección y [el] apoyo a las comunidades campesinas para que logren satisfactoriamente con su mano de obra dar un impulso a los cambios que se plantean para el país” (Carvajal 2017, 61).

Para que esto sea posible, se necesita en principio reconocer que Colombia es un país megadiverso, en cuanto a su configuración territorial, por la existencia múltiples figuras de ordenamiento. Esto representa no solo conflictos en relación con las formas de tenencia y uso de la tierra, sino una dificultad tanto para el análisis como para la intervención en diferentes escalas, debido a la superposición de territorialidades presentes y a los actores involucrados. Además, como hacer la paz implica activar una transición del discurso a la práctica con, desde y para la gente, en especial el campesinado que en el caso de la Amazonia está conformado por colonos, cocaleros, excombatientes e infortunadamente disidentes, resulta indispensable un acercamiento a las dinámicas microregionales, que determinan el contexto y las situaciones microlocales concretas en el territorio. Lo anterior permitiría entender las condiciones y necesidades reales de los habitantes rurales, para quienes de entrada el corregidor propone una solución:

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Política editorial* Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología (Antipod. Rev. Antropol. Arqueol.) es una publicación indexada de carácter periódico que se acoge a criterios internacionales de calidad, posicionamiento, periodicidad y disponibilidad en línea. Su objetivo es contribuir al avance y difusión del conocimiento antropológico y arqueológico, y al análisis crítico de temas socioculturales, metodológicos y teóricos relevantes para los diversos subcampos de la disciplina y de otras disciplinas afines de las ciencias sociales y humanas. La revista fue creada en 2005 y es financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia). Actualmente, es una publicación trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) que circula al inicio de cada periodo señalado, Antípoda no cobra a los autores los costos de los procesos editoriales. Todos los contenidos digitales son de acceso abierto a través de su página web. La versión impresa tiene un costo y puede adquirirse en la Librería y Tienda Uniandes.

Antípoda conforma un foro abierto, crítico y plural en donde se publican artículos y trabajos inéditos en español, inglés y portugués. En casos excepcionales se incluyen traducciones de artículos que ya han sido publicados en idiomas diferentes a los que anuncia la revista, cuando se reconozca su pertinencia dentro de las discusiones y problemáticas abordadas. Todos los artículos publicados cuentan con un número de identificación DOI, que facilita la elaboración de referencias bibliográficas, la búsqueda de artículos en la web y el cruce de citaciones entre diferentes repositorios. Este debe ser citado por los autores que utilizan los contenidos.

La revista cuenta con un equipo editorial y un consejo editorial. El equipo editorial está a cargo de los procesos operativos de la revista, de decisiones acerca de contenidos a publicarse, de proponer temáticas para números monográficos, del cumplimiento de estándares de calidad, de los procesos de indexación y difusión de contenidos. El equipo editorial se encarga de seleccionar e invitar a los académicos que conforman el consejo editorial, y de revisar periódicamente el relevo de algunos de sus miembros, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, las áreas de conocimiento por fortalecer, la inclusión de nuevas instituciones, y su participación en el asesoramiento a la revista.

El consejo editorial propone lineamientos para definir las políticas editoriales de la revista, establece las temáticas de dosier, vela por el cumplimiento de estándares de calidad nacionales e internacionales, debate sobre las secciones que albergan los contenidos de la revista, y propone formas de circulación, difusión y de indexación.

Normas para autores Recepción y evaluación de artículos • La revista solo recibe artículos durante periodos de convocatorias. Las fechas de recepción pueden ser consultadas en: la página web de la revista: https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/antipoda • Es necesario que los artículos escritos en un idioma diferente a la lengua materna de los autores sean revisados por un traductor certificado antes de su postulación a la revista.

*

Las políticas editoriales en inglés y portugués pueden encontrarse en: https://revistas.uniandes.edu.co/ for-authors/antipoda/editorial-policy

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• Los artículos deben ser enviados a través de la plataforma ScholarOne, cuyo enlace se habilita en la página de la revista en los periodos de convocatoria.

• Los textos enviados a la revista no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra publicación.

• Debido a la cantidad de contenidos que recibe la revista en cada convocatoria, no se publican artículos, ensayos visuales, entrevistas —o cualquier otro tipo de documento al que le haya sido asignado un número de identificación DOI— de un mismo autor, en un período de dos años.

• Al cierre de la convocatoria, el comité interno de selección evalúa la pertinencia del artículo y verifica el estricto cumplimiento de las normas para autores y las reglas de edición. Esta revisión permite establecer cuáles artículos serán evaluados por pares externos.

• La revista se comunica sobre el estado del artículo en un plazo máximo de seis meses.

• Los artículos preseleccionados se someten a la herramienta de detección de plagio. Cuando se detecta plagio total o parcial, el texto no se envía a evaluación y se notifica a los autores el motivo del rechazo.

• La evaluación de los artículos está a cargo de dos árbitros —doble ciego— seleccionados por su trayectoria académica, uno de los cuales debe contar con afiliación institucional internacional.

• Una sola evaluación negativa rigurosamente argumentada será motivo suficiente para que la revista decida rechazar el artículo.

• Los resultados de las evaluaciones de los artículos se envían a los autores para notificar el rechazo o la aprobación condicionada a las modificaciones sugeridas por los árbitros y la revista.

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• El autor debe modificar el artículo con la herramienta “control de cambios” y anexar un mensaje explicativo en el que argumente cómo se incorporaron las sugerencias de los árbitros y de la revista. A partir de lo anterior, la revista toma la decisión final sobre la publicación del artículo y la comunica al autor por escrito.

• Los artículos aprobados para un dosier son publicados en el correspondiente número, y los de tema libre se publican en el número y año definidos por el calendario de la revista.

• Cuando otra publicación escrita o digital quiera republicar un artículo de la revista debe contactar al autor del contenido para expresar el interés en reproducir el texto y, asimismo, solicitar permiso a la revista, que da la autorización final. En la republicación del artículo se deben incluir los datos completos de la publicación original en la primera página. Además, la revista no autoriza la republicación de contenidos hasta después de tres años.

Proceso editorial • Durante el proceso de edición y corrección de estilo del artículo se consulta a los autores para resolver inquietudes. El equipo editorial se reserva el derecho de hacer correcciones menores.

• En el proceso de edición, el medio de comunicación con los autores se hace a través de la plataforma ScholarOne. En casos particulares se utiliza el correo electrónico.

• La revista se encarga de verificar la traducción de los títulos, los resúmenes y las palabras clave enviados por los autores. Cuando se considere que las traducciones no son las adecuadas se utilizará la versión que realicen los traductores oficiales de la revista.

• Para los casos en que los artículos involucren trabajo con comunidades o individuos, los autores deben proveer la constancia del cumplimiento de un protocolo ético y de que la investigación cuenta con los consentimientos informados de quienes participaron.

• Para las series fotográficas que incluyan personas con rostros identificables, los autores deben proporcionar el consentimiento informado respectivo de los sujetos retratados. Cuando se retraten menores de edad, los padres o los tutores legales deben proporcionar el consentimiento informado.

• Los autores de los artículos deben autorizar por escrito el uso de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, de incluir su artículo en un número determinado de la revista.

• Cuando el artículo esté listo para publicación se diagramará de acuerdo con los parámetros de diseño y maquetación de la revista.

• La revista se encarga de difundir la versión digital de los contenidos a través de los distintos repositorios, bases de datos e indexadores en los que se encuentra alojada.

Parámetros para la presentación de artículos Es requisito indispensable que en el momento de la remisión, los artículos cumplan con los parámetros establecidos por Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología. Desconocer las normas editoriales en general y de citación y referenciación bibliográficas en particular supone el rechazo automático de un artículo por incumplir la normativa editorial.

Los artículos deberán: • Ser enviados a través de la plataforma ScholarOne, cuyo enlace se habilita en la página de la revista en los periodos de convocatoria.

• Tener una extensión máxima de 9.000 palabras incluidas notas de pie de página y referencias bibliográficas.

• Estar escritos en formato Word, tamaño carta, márgenes de 2,5 cm, interlineado 1½, letra Times New Roman 12 puntos, numeración de página desde 1 hasta n en el margen superior derecho, con un uso mínimo de estilos: negrita solo para títulos y subtítulos y cursiva para énfasis dentro del texto. Las citas textuales deberán aparecer siempre entre comillas.

• Tener el título del artículo y un resumen en español o en el idioma escrito y en inglés.

• Contar con un resumen estructurado en español o en el idioma escrito y en inglés, el cual contará con los siguientes ítems dentro del mismo archivo: Título, autor, objetivo/contexto, metodología, conclusiones, originalidad y palabras clave, los resúmenes no incluirán citaciones ni abreviaciones. La extensión que abarcarán “objetivo(s)/contexto, metodología, conclusiones y originalidad” deberá ser de entre 250 y 300 palabras.

• Tener entre cinco y seis palabras clave en español o en el idioma escrito y en inglés; estas deberán reflejar el contenido del artículo, rescatando las áreas de conocimiento en las que se inscribe y los principales conceptos. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en los listados bibliográficos (Thesaurus), y buscar correspondencia entre títulos, resúmenes y palabras clave.

• Estar totalmente anónimos, tanto en lo que respecta al contenido, como en el nombre del documento y en la metadata del archivo.

• Incluir en un archivo aparte la siguiente información: títulos académicos, afiliación institucional, cargo actual, estudios en curso, grupo de investigación al que pertenece (si aplica), últimas dos publicaciones y correo electrónico. En ese mismo archivo adicionará la información de procedencia del artículo. En caso de que este sea resultado de una investigación, la información del proyecto del que hace parte y el nombre de la institución financiadora.

• Incluir en el caso de los contenidos citados el número de identificación DOI, este debe figurar en el listado de referencias.

• Nombrar los cuadros, gráficas, mapas, diagramas y fotografías como “figuras”, estas serán numeradas, en orden ascendente, e identificadas y referenciadas en el texto mediante un pie de foto. En la versión inicial que se suba a ScholarOne, las imágenes estarán en baja resolución.

En caso de ser aprobado el artículo, estas deberán ser enviadas en formato .jpg o .tiff de alta

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resolución, es decir, de 300 pixeles por pulgada (ppp). Los autores asumen la responsabilidad de suministrar los archivos en alta resolución y/o en sus formatos originales de elaboración. Es deber del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran.

• Tener pies de página estrictamente en los casos en los que desea complementar información del texto principal. Los pies de página no se deben emplear para referenciar bibliografía o para referenciar información breve que puede ser incluida en el texto principal. Se exceptúan aquellos casos en los que el autor desea hacer comentarios adicionales sobre un determinado texto o un conjunto de textos alusivo al tema tratado en el artículo. Las notas van a pie de página, en letra Times New Roman 10 puntos y a espacio sencillo.

Parámetros para la presentación de reseñas y ensayos visuales Las reseñas no están asociadas con los números de la revista, no tienen DOI y se encuentran alojadas en la sección “Reseñas” de la página web de Antípoda.

Las reseñas deberán: • Ser enviadas al correo electrónico: antipoda@uniandes.edu.co • Estar escritas en formato Word, letra Times New Roman 12 puntos, interlineado 1½, tamaño carta, numeración de página desde 1 hasta n en el margen superior derecho, márgenes de 2,5 cm.

• Tener una extensión entre 2.500 y 3.000 palabras.

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• Contener los datos completos del texto reseñado (autor, título, fecha, ciudad, editorial y páginas totales).

• Incluir datos completos del autor de la reseña: títulos académicos, afiliación institucional, grupo de investigación (si aplica) y correo electrónico.

• Presentar el contenido del libro e incorporar una perspectiva crítica y analítica.

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología ofrece un espacio para la reflexión con y desde la imagen, mediante la publicación de series de fotografías, dibujos, cómics, pinturas, ilustraciones y collages que se relacionen críticamente con la realidad social latinoamericana, expresen un uso creativo entre la imagen y el texto, y generen nuevas formas de conocimiento antropológico sobre su tema de objeto. Al mismo tiempo, se anima a las/os proponentes a tener en cuenta el tema del número para el cual presentan sus ensayos. Si bien no es necesario que las series estén relacionadas con las problemáticas en curso de cada dosier, se valorará positivamente que exista una coincidencia. La información acerca de los temas que tratará Antípoda se encuentran disponibles en: https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/antipoda

Los ensayos visuales deberán: • Ser enviados a través de la plataforma ScholarOne. • Tener un texto reflexivo con un rango de entre 2.500 y 3.000 palabras.

• Estar escritos en formato Word, tamaño carta, márgenes de 2,5 cm, interlineado 1½, letra Times New Roman 12 puntos, numeración de página desde 1 hasta n en el margen superior derecho, con un uso mínimo de estilos: negrita solo para títulos y subtítulos y cursiva para énfasis dentro del texto. Las citas textuales deberán aparecer siempre entre comillas.

• Tener el título del artículo y un resumen en español o en el idioma escrito y en inglés.

• Contar con un resumen en español e inglés, el cual tendrá una extensión de entre 150 y 250 palabras, que describan los objetivos, métodos, hallazgos más importantes y conclusiones;

este debe ser informativo y no incluir ninguna cita ni abreviación. Igualmente, tendrá entre cinco y seis palabras claves en español o en el idioma escrito y en inglés, las cuales reflejen el contenido del ensayo.

• Proporcionar las imágenes en formato tiff a 300 ppp, 5000 x 3500 px., en caso de que sean seleccionados.

• Estar totalmente anónimos, tanto en lo que respecta al contenido, como en el nombre del documento y en la metadata del archivo.

• Incluir en un archivo aparte la siguiente información: títulos académicos, afiliación institucional, cargo actual, estudios en curso, grupo de investigación al que pertenece (si aplica), últimas dos publicaciones y correo electrónico. En ese mismo archivo estará la información de procedencia del ensayo. En caso de que este sea resultado de una investigación, la información del proyecto del que hace parte y el nombre de la institución financiadora.

Parámetros “conversaciones entre antropología e imagen” La revista convoca a la comunidad académica y artística (estudiantes, docentes, artistas, y colectivos artísticos) a enviar series fotográficas, pinturas, ilustraciones collages, cómics o dibujos para colaborar en la ilustración interna de las diferentes secciones de la revista. El llamado es abierto y permanente para la presentación de estas propuestas colaborativas, los parámetros pueden encontrarse en: https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/antípoda

Parámetros para la presentación de números temáticos Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología solo recibe propuestas de número temático durante periodos de convocatorias. Las fechas de recepción pueden ser consultadas en: la página web de la revista: https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/antipoda

Las propuestas deberán: • Ser enviadas al correo electrónico: antipoda@uniandes.edu.co • Estar escritas en formato Word, letra Times New Roman 12 puntos, interlineado 1½, tamaño carta, numeración de página desde 1 hasta n en el margen superior derecho, márgenes de 2,5 cm.

• Tener una extensión máxima de 1.200 palabras.

• Incluir datos completos de los investigadores: títulos académicos, afiliación institucional, grupo de investigación (si aplica), últimas dos publicaciones y correo electrónico.

• Contener título, contexto, marco teórico-metodológico, objetivo general, origen de la propuesta, justificación o relevancia, ejes temáticos y entre cinco y seis palabras clave en español o en el idioma escrito y en inglés; estas deberán reflejar el contenido de la propuesta.

Reglas de edición • Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, etcétera) deben ir en número arábigos, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran.

• La primera vez que se use una sigla o abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la sigla o abreviatura. Cuando se trate de una sigla de cuatro o menos letras, estas deberán ir en mayúsculas, por ejemplo: Organización de las Naciones Unidas (ONU). En caso de que la sigla tenga cinco o más letras

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y estas se puedan pronunciar, la primera letra irá en mayúscula y las otras letras en minúsculas, por ejemplo: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

• Las citas textuales que tengan 40 o más palabras deben colocarse en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos.

• Antípoda utiliza el formato “Author-Date-References” del Chicago Manual of Style, en su última edición, para presentar las referencias incluidas en el artículo. Así, deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos (coma, punto, punto y coma, dos puntos, guiones, etcétera) y la información requerida.

• El listado bibliográfico debe incluir las referencias que han sido citadas dentro del texto. Todas las referencias bibliográficas deben estar organizadas en estricto orden alfabético, numeradas en número arábigos, en orden ascendente y deben listarse al final del artículo. Es indispensable incluir los nombres completos de los autores y/o editores en cada una de las referencias.

• En ningún caso se utiliza op. cit., ibid., o ibidem.

A continuación se presentan algunos ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar dentro del texto (C) y el modo de presentar las referencias (R)

Libro con un solo autor/editor C: (Rappaport 2000, 21) R: Rappaport, Joanne. 2000. La política de la memoria. Interpretación indígena de la historia en los Andes colombianos. Popayán: Unicauca.

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C: (Muñoz 2009) R: Muñoz, Adriana, ed. 2009. The Power of Labelling. Göteborg: Museum of World Culture.

Libro con dos o tres autores/editores C: (Martínez, Taboada y Auat 2003, 45) R: Martínez, Ana Teresa, Constanza Taboada y Luis Alejandro Auat. 2003. Los hermanos Wagner: entre ciencia, mito y poesía. Arqueología, campo arqueológico nacional y construcción de identidad en Santiago del Estero, 1920-1940. Santiago del Estero: Ediciones Universidad Católica de Santiago del Estero.

C: (Nastri y Menezes 2010) R: Nastri, Javier H. y Lúcio Menezes Ferreira, eds. 2010. Historias de arqueología sudamericana.

Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Universidad Maimónides.

Libro con cuatro o más autores C: (Laumann et al. 1994, 30-31) R: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael y Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Capítulo de libro C: (Bolívar 2006, 120-121) R: Bolívar, Ingrid. 2006. “Espacio, violencia y política: la auto-comprensión de la sociedad burguesa”. En (Des)territorialidades y (no)lugares. Procesos de configuración y transformación social del espacio, editado por Diego Herrera y Carlo Emilio Piazzini, 117-134. Medellín: La Carreta Editores.

Introducciones, prólogos, prefacios o presentaciones C: (Formisano 1992) R: Formisano, Luciano. 1992. Introducción a Letters from a New World: Amerigo Vespucci’s Discovery of America, editado por Luciano Formisiano, XIX-XL. Nueva York: Marsilio Publishers Corp.

Artículo de revista (impresa o en línea) C: (Weinberg 2019, 150) R: Weinberg, Marina. 2019. “Especies compañeras después de la vida: pensando relaciones humano-perro desde la región surandina”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 36: 139-161. https://doi.org/10.7440/antipoda36.2019.07 C: (Kirskey y Helmreich 2010, 560) R: Kirksey, Eben y Stefan Helmreich. 2010. “The Emergence of Multispecies Ethnography”.

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Artículo de prensa (con o sin autor) C: (Sepúlveda 2019) R: Sepúlveda, Laura. 2019. “Lo que debe saber sobre el Giro de Rigo en el Quindío”. El Tiempo, 31 de octubre. Consultado el 7 de noviembre de 2019. https://www.eltiempo.com/colombia/ otras-ciudades/el-giro-de-rigo-llega-al-quindio-en-su-segunda-edicion-429432 C: (“Piden renuncia” 2019) R: “Piden renuncia del director del Centro de Memoria Histórica”. 2019. El Tiempo, 5 de noviembre. Consultado el 7 de noviembre de 2019. https://www.eltiempo.com/politica/pidenque-renuncie-director-del-centro-de-memoria-historica-430682

Traducción C: (Rancière 2019) R: Rancière, Jacques. 2019. “El tiempo de los no-vencidos. (Tiempo, ficción. política)”. Traducido por Andrés Caicedo. Revista de Estudios Sociales 70: 79-86. https://doi.org/10.7440/res70.2019.07 C: (Fabian 2019) R: Fabian, Johannes. 2019. El tiempo y el otro. Cómo construye la antropología su objeto. Traducido por Cristóbal Gnecco. Bogotá: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes / Editorial Universidad del Cauca.

Tesis, disertación y otros documentos inéditos C: (Franco 2016) R: Franco, Luis Gerardo. 2016. “Arqueología de Tierradentro. Arqueología, colonialidad y conocimiento en territorio nasa”. Tesis doctoral, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca.

C: (Álvarez y McCall, en prensa) R: Álvarez Larrain, Alina y Michael K. McCall. En prensa. Guía de mapeo participativo para conocimientos culturales, históricos y arqueológicos (CHA). Entrenamiento/formación para profesores y estudiantes universitarios. Morelia: CIGA.

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Reseña de libro C: (Olarte-Sierra 2019) R: Olarte-Sierra, María Fernanda. 2019. Reseña del libro Restos humanos e identificación: violencia de masa, genocidio y el ‘giro forense’, de Sévane Garibian, Élisabeth Anstett y Jean-March Dreyfus. Antípoda Revista de Antropología y Arqueología. https://revistas.uniandes.edu.co/ pb-assets/book-reviews/Antipoda/AN_013_Olarte.pdf C: (Tocancipá-Falla 2015) R: Tocancipá-Falla, Jairo. 2015. Reseña del libro En minga por el Cauca: el gobierno de Floro Tunubalá (2001-2003), de David Gow y Diego Jaramillo Salgado. Antípoda Revista de Antropología y Arqueología 21: 189-196. https://doi.org/10.7440/antipoda21.2015.09

Ponencia C: (Castro 2019) R: Castro Ramírez, Luis Carlos. 2019. “Para-sitios fotográficos y etnográficos en sistemas religiosos de inspiración afro”. Ponencia presentada al 44th Annual Conference, Caribbean Association (CSA). The Caribbean in Times of Tempest. Ethnicities, Territorial Resistances and Epistemic Poetics, 7 de junio, Hotel Estelar Conference Center, Santa Marta, Colombia.

Entrevista publicada 208

C: (De la Cadena, Risør y Feldman 2018) R: De la Cadena, Marisol, Helen Risør y Joseph Feldman. 2018. “Aperturas onto-epistémicas: conversaciones con Marisol de la Cadena”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 32: 159-177. https://doi.org/10.7440/antipoda32.2018.08

Película/documental/audiovisual C: (Deren, Ito e Ito 1985) R: Deren, Maya, Cherel Ito y Teiji Ito, dirs. 1985. Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti.

Estados Unidos: Mystic Fire Video.

Política ética La revista cuenta con una serie de lineamientos éticos que señalan las responsabilidades y conductas de editores, autores y pares evaluadores.

Equipo editorial Acusa recibo cuando un artículo ingresa a través de la plataforma.

• Garantiza una revisión eficiente e informa de manera oportuna a los autores del proceso en el que se encuentra su manuscrito.

• Toma la decisión final sobre la aceptación o el rechazo de un contenido, teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y la revisión editorial, con referencia a criterios de calidad, importancia, relevancia, originalidad y contribución a la disciplina.

• Identifica y actúa ante cualquier conflicto de interés que pueda surgir en el proceso de evaluación.

• Realiza la búsqueda de evaluadores teniendo en cuenta su trayectoria académica, su conocimiento y su producción en la temática por evaluar.

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• Respeta la posición intelectual y las ideas expuestas por el autor en su manuscrito.

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• Presentan para las series fotográficas que incluyan personas con rostros identificables, el consentimiento informado respectivo de los sujetos retratados. Cuando se retraten menores de edad, los padres o los tutores legales deben proporcionar el consentimiento informado.

• Se responsabilizan por escrito del uso de imágenes, fotografías y otros materiales que acompañen el artículo o cualquier otro contenido que se publique en la revista.

• Autorizan por escrito el uso de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, para incluir su artículo en un número determinado de la revista.

• Deben dar los respectivos créditos cuando empleen obras de terceros. En caso contrario, se incurre en plagio.

• Elaboran sus contenidos con base en fuentes reales y datos verificables, y se comprometen a no suprimir o alterar la información empleada.

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• Incurren en una falta ética cuando utilizan fragmentos de un contenido propio sin citar la publicación original y/o sin ofrecer avances sobre lo ya publicado.

• Solicitan autorización cuando deseen republicar o traducir un contenido publicado en la revista.

• Se abstienen de proponer pares evaluadores con quienes pueda existir un conflicto de interés.

• Declaran todas las fuentes de financiación de su investigación y el grupo o institución del que se deriva.

• Reconocen como autores a todos los participantes en la elaboración del artículo y se comprometen a no incluir a quienes no hayan participado.

• Se comprometen a no emitir críticas personales. En caso de disensos, estos deben ser estrictamente académicos.

• Deben manifestar que cumplieron con los protocolos éticos en las investigaciones que involucren seres vivos y que, según el caso, cuentan con los respectivos consentimientos informados.

Evaluadores • Informan al equipo editorial en caso de identificar conflicto de interés personal o profesional que pueda afectar el dictamen sobre el artículo.

• Comunican al equipo editorial si detectan similitudes entre el artículo arbitrado y otro que esté en proceso de publicación o que ya haya sido publicado.

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• Aceptan evaluar un artículo cuando consideran tener las fortalezas académicas para emitir un concepto integral sobre los aportes del texto y los aspectos que se deben mejorar.

• Se comprometen a evaluar el artículo de manera imparcial y respetuosa.

• Ofrecen, a partir de su experticia, lineamientos suficientes para que el autor pueda fortalecer el texto.

• Se comprometen a no utilizar los contenidos del artículo sometido a evaluación en beneficio propio o de terceros hasta tanto el texto sea publicado.

• Notifican si sospechan que el manuscrito en evaluación incurre en plagio o contiene datos falsos, para que el equipo editorial haga la debida verificación.

• Al aceptar evaluar un contenido, se comprometen a entregar su concepto en los plazos acordados con el equipo editorial de la revista.

Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Antropología Dirección postal: Carrera 1 este No. 18ª – 12 - Edificio Gb, Piso 4, oficina 417 Bogotá D.C., Colombia Teléfono: 57.1.339.4949, Ext. 3483, 2550 – Telefax: 57.1.3324056 https://revistas.uniandes.edu.co/journal/antipoda

Corrección de estilo y traducción Español: Diana Giselle Osorio Rozo Inglés: Tiziana Laudato Portugués: Roanita Dalpiaz Imágenes Cristian Terry Imagen de portada Cristian Terry, Entretejiendo patrimonio y economía, Chawaytire (provincia de Calca, Cusco), Perú, 2015 Diseño y diagramación Magda Lorena Morales Equipo Informático Claudia Vega Impresión

*************** La Revista tiene todos sus contenidos en acceso abierto a través de su página web La versión impresa tiene costo y puede adquirirse en: Suscripciones | Librería Universidad de los Andes Cra 1a No 19-27 Ed. AU 106 · Bogotá, Colombia Tels. (571) 339 49 49 ext. 2071 – 2099 http://libreria.uniandes.edu.co Canjes | Facultad de Ciencias Sociales Universidad de los Andes · Cra. 1a Este No. 18A – 10 Ed. Franco, piso 6, oficina 617 · Bogotá – Colombia.

Tel [571] 3394949 Ext.: 3318 · revistasfaciso@uniandes.edu.co http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología n.º 40 Se terminó de imprimir en el mes de julio de 2020.

Las opiniones e ideas aquí consignadas son de responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para uso personal siempre y cuando se mencionen como fuente el artículo y su autor y a Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes.

Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero la autorización del Editor de la revista.

Fuente: cortesía de Cristian, Alpacas y llamas al amanecer, Charkapata (provincia de Paucartambo, Cusco), Perú, 2015.

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213

Fuente: cortesía de Cristian, Choclos policromáticos, Pisaq (provincia de Calca, Cusco), Perú, 2012.

ANTIPODA 40

R E V I S T A

D E

A N T R O P O L O G Í A

Y

A R Q U E O L O G Í A

EDITORIAL Carta a los lectores | x-xii Luis Carlos Castro Ramírez – Universidad de los Andes, Colombia

MERIDIANOS Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en disputa | 3-25 Jennifer A. Devine – T exas State University, Estados Unidos Diana Ojeda – Universidad de los Andes, Colombia Soraya Maite Yie Garzón – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

PARALELOS Indivisos, esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en Colombia | 29-51 Juana Camacho Segura – I nstituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Colombia Natalia Robledo Escobar – Universidad del Rosario, Colombia ¿Indígena campesino o indígena urbano? Aproximaciones desde los procesos de movilidad mapuche en la ciudad intermedia de Temuco (Chile) | 53-78 Gonzalo Salazar – C entro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Wladimir Riquelme Maulén – Centro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile Paulina Zúñiga Becerra – Centro UC de Desarrollo Local, Pontificia Universidad Católica de Chile ¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca | 79-102 Natalia Abril-Bonilla – Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia María Camila Jiménez Nicholls – Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia Luisa Fernanda Uribe Larrota – Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Colombia Back to the Future: The Autonomous Indigenous Communities of Petén, Guatemala | 103-127 Liza Grandia – U niversity of California, Davis, Estados Unidos Campesinado, concepciones de Naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador | 129-151 Sylvia M. Seger – Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador “Eu sou parte de uma classe de produtores que perdeu a sabedoria lá de trás e começou a pisar dentro das tecnologias”: trajetórias camponesas na fabricação de queijos artesanais em Minas Gerais | 153-173 Leonardo Vilaça Dupin – U niversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil Los campesinos de la Amazonia noroccidental colombiana: entre la coca, el conflicto y la construcción de paz | 175-200 Daniel Esteban Unigarro Caguasango – Universidad de La Salle, Colombia

Publicaciones · Facultad de Ciencias Sociales Carrera 1 No. 18A-12 Bogotá, D.C., Colombia Tels: +571 339 4999 Ext 5567 Fax: +57(1) 332 4539 https://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co publicacionesfaciso@uniandes.edu.co

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