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Introducción
Cuadro 1 América Latina (13 países): tasa de pobreza con y sin remesas, para la población total y para los hogares receptores de remesas, totales nacionales, alrededor de 2017 (En porcentajes)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Tasa de pobreza para la población total Total Bolivia (Estado Plurinacional de) (2017) Chile (2017) Colombia (2017) Costa Rica (2017) Ecuador (2017) El Salvador (2017) Guatemala (2014) Honduras (2016) México (2016) Paraguay (2017) Perú (2017) República Dominicana (2017) Uruguay (2017)
35,1 10,7 29,8 15,1 23,6 37,8 50,5 53,1 43,7 21,5 18,9 25,0 2,7
Sin remesas 35,9 10,8 30,0 15,2 24,1 39,9 52,0 55,5 44,4 22,1 18,9 27,2 2,7
Diferencia 0,8 0,1 0,2 0,1 0,5 2,1 1,5 2,4 0,7 0,6 0,1 2,2 0,1
Tasa de pobreza para la población en hogares que reciben remesas Sin Total Diferencia remesas 27,3 39,9 12,5 15,5 24,8 9,4 21,1 31,2 10,1 8,8 19,6 10,8 12,7 29,9 17,2 41,5 54,1 12,6 39,5 57,2 17,7 39,5 53,3 13,8 46,2 61,7 15,5 26,1 33,5 7,4 4,1 8,2 4,1 33,3 60,8 27,6 3,3 15,7 12,4
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
La migración supone un importante desafío en materia de inclusión y protección social, ya que existen vacíos en el acceso a servicios básicos, al trabajo decente y a mecanismos de protección social en los países de destino, mientras que en los países de origen o retorno hay múltiples necesidades insatisfechas. A su vez, en los lugares de tránsito la atención a las personas migrantes lleva aparejados sus propios desafíos. Se hace necesario a este respecto una institucionalidad nacional con mecanismos de inclusión social y laboral (en especial de acceso a la protección social y al trabajo decente), así como cooperación internacional (regional y subregional) para garantizar los derechos y bienestar de las personas migrantes, particularmente las más vulnerables, en sus travesías, tránsito y retorno, en especial si se trata de etapas no asumidas por opción sino forzadamente. Para avanzar es preciso adecuar los marcos normativos nacionales a los estándares internacionales e implementarlos con eficacia, así como lograr una coordinación intersectorial efectiva a nivel central que redunde en estrategias nacionales y sistémicas para la inclusión social y laboral de las personas migrantes y sus derechos, dando la debida importancia a la incorporación de un enfoque de género. En lo que atañe a la incorporación efectiva de un enfoque de género, se han registrado avances, como muestra el repositorio de normativas sobre migración internacional del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que contiene 95 normas de 21 países de América Latina y el Caribe. De este total, 31 cuerpos legales (incluidas las constituciones) se refieren principalmente a la migración, su regulación y la protección de las poblaciones migrantes; 19 a materias relativas a la prevención, sanción y asistencia a víctimas de trata y tráfico de personas y; 45 a materias conexas diversas. Además, dado el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en los muy distintos escenarios migratorios, debe definirse el espacio de colaboración y complementariedad entre autoridades y sociedad civil, sin que ello lleve a que las políticas dejen de asumir los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional ante las personas migrantes. Por último, y teniendo en cuenta el mediano plazo, es necesario avanzar en la garantía de la portabilidad de derechos en materia de protección social contributiva, pues en la medida en que los flujos migratorios se han vuelto más complejos y es probable que una misma persona desarrolle su vida laboral con episodios y vaivenes entre formalidad e informalidad y ello en dos o más países, resulta crucial construir vías de acceso y garantía de beneficios previsionales.