Capítulo II
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
En términos de medidas y programas, se ha informado de significativos avances en materia de políticas orientadas a combatir la pobreza e incentivar la autonomía económica de las mujeres. Por ejemplo, se ha formulado una serie de iniciativas de capacitación para el empleo con perspectiva de género. Entre ellas, puede mencionarse el caso de Antigua y Barbuda, donde se han desplegado esfuerzos para impartir capacitación a las mujeres campesinas rurales sobre el uso de la tecnología de la información, la creación de resiliencia y la seguridad alimentaria. De igual manera, en Santa Lucía, a través de su apoyo a la Red de Productoras Rurales y la Unidad de Desarrollo de la Pequeña Empresa, se ha impartido capacitación para las propietarias de pequeñas empresas.Por su parte, en Saint Kitts y Nevis se han puesto en marcha programas de capacitación empresarial y laboral, entre los que se menciona la primera escuela de energía verde como ejemplo de compromiso con la infraestructura sostenible. En materia de acciones orientadas a promover los emprendimientos liderados por mujeres se han puesto en marcha diversas iniciativas, que incluyen mecanismos de acceso al crédito, así como estrategias orientadas a la mejora en la accesibilidad de información. Por ejemplo, el Programa de Opciones Productivas de la Secretaría de Bienestar de México presta apoyo económico a personas por debajo de la línea de bienestar para la implementación de proyectos productivos, siendo las mujeres las principales beneficiarias. En la República Dominicana, el programa Banca Solidaria otorga casi un 70% de los créditos a mujeres propietarias de micro y pequeñas empresas. Asimismo, en la Argentina el programa Mujeres que Lideran otorga créditos a pequeñas y medianas empresas (pymes) que cuenten con el 51% de acciones en manos de una mujer, o aquellas que con un mínimo del 25% tengan también al menos una mujer en su alta gerencia. En el caso de Honduras, el programa Crédito Solidario otorga el 80% de los créditos a mujeres, brindándoles asistencia técnica y educación financiera. En Chile, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), a través del Programa de Fomento a la Economía Indígena Urbana y Rural, ha financiado subsidios de emprendimientos con asesoría técnica a mujeres indígenas. Además, se han creado programas específicos de capacitación para el desarrollo empresarial de las mujeres; entre otros, pueden mencionarse los casos de Guyana y Saint Kitts y Nevis. Se ha promovido un mayor conocimiento acerca del acceso diferenciado entre hombres y mujeres al crédito a través de la desagregación de la información estadística bancaria por sexo; como ejemplo pueden mencionarse los casos de Chile, Costa Rica y Guatemala.
2.
Trabajo remunerado y no remunerado
La evidencia muestra que en América Latina en promedio el 29,4% de las mujeres no cuentan aún con ingresos propios, porcentaje que se ubica en torno al 10,7% en el caso de los hombres1. Además, las brechas salariales de género persisten como un obstáculo para la autonomía económica de las mujeres y tienen un efecto perverso no solo en su vida laboral, sino también en los niveles de ingreso a la edad de retiro y en el monto de la pensión a la que tendrán acceso. Estas brechas salariales son aún mayores para los grupos de mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones en la región, como son las mujeres indígenas, afrodescendientes o migrantes, y requieren por ello ser abordadas desde una mirada transversal (CEPAL, 2018b). El acceso a empleos estables de calidad, los tipos de contingencias que estos empleos cubren y su relación con las políticas de cuidados, entre otras situaciones, son algunas de las condiciones que se deben abordar para lograr un acceso efectivo de las mujeres a este componente en materia de protección social. Desde 2015 se viene desplegando en la región un conjunto de políticas orientadas a la capacitación para el empleo de las mujeres, leyes que regulan las condiciones de trabajo y acceso al empleo, regulaciones y protocolos para combatir la discriminación y el acoso laboral, normativa orientada a la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados, y reformas de los sistemas de empleo.
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Este promedio esconde especificidades, siendo Guatemala el caso más extremo, ya que más del 51% de las mujeres carecen de ingresos propios, en tanto que el Uruguay presenta la menor proporción, de un 13,0% de las mujeres en esa situación.
