CEPAL
Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana...
legislación urbana existente en la región, que replican procesos de segregación socio-espacial y la informalidad. El movimiento internacional del Derecho a la Ciudad ha buscado el reconocimiento de los derechos colectivos a la ciudad, concepto clave que ha emergido en las últimas décadas en el debate sobre el desarrollo urbano sostenible. Cabe mencionar el papel principal que los países de la región han jugado en esta discusión (CEPAL y ONU-Habitat, 2016a). Este debate ha sido mayoritariamente provocado por los movimientos sociales de la región, los cuales han influido enormemente en la demanda de políticas de inclusión urbana, participación pública y transparencia tanto al nivel regional (Saule y Uzzo, 2010 en CEPAL y ONU-Habitat, 2016a) como a nivel internacional, a través de su participación en la elaboración y promoción de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Fernandes 2007, HIC, 2010 en CEPAL y ONU-Habitat, 2016a). El derecho a la ciudad ha sido incorporado legalmente a través de modificaciones constitucionales en Brasil y Ecuador, y a nivel de ciudad en la Ciudad de México. De la misma manera, varias ciudades en la región han aportado con importantes iniciativas, tales como presupuestos participativos, nuevas legislaciones de apertura de información pública, programas de incentivo de la producción social del hábitat, reconocimiento del derecho de los pobladores a habitar el suelo donde residen, gobierno abierto en la ciudad y la implementación de normativas urbanas con instrumentos de inclusión urbana (CEPAL y ONU-Habitat, 2016a). El retorno a la democracia en la región ha traído consigo un aumento en organizaciones y movimientos sociales, generando una sociedad civil organizada, informada e influyente, capaz no solo de defender sus derechos, sino que también de posicionarse como un actor principal en el desarrollo y generación de políticas públicas (PNUD, 2004; OEA & PNUD, 2009 en CEPAL y ONU-Habitat, 2016a). Las nuevas demandas y necesidades de la sociedad civil en la región, en cuanto a temas asociados con transparencia, el acceso a información pública y la participación pública, representan grandes oportunidades y desafíos para lograr cambios sustantivos. De esa forma, muchos países cuentan con legislación en estas áreas, pero su aplicación y cumplimiento sigue siendo débil, por lo que se presenta como un desafío transversal a lo largo de la región (OCDE, 2014, pág. 30). Ante este desafío además se debe considerar la importancia de contar con mecanismos de capacitación y transferencia de conocimientos desde gobiernos nacionales a gobiernos subnacionales y locales, y viceversa, ya que los gobiernos subnacionales representan la puerta de entrada del Estado frente a los ciudadanos (OCDE, 2014, pág. 30). Los siguientes objetivos y sus componentes clave, buscan establecerlas condiciones necesarias para el desarrollo urbano sostenible, a través del establecimiento de marcos legales urbanos eficientes, actuales e inclusivos. Eje 2: Marcos Legales Urbanos Objetivo estratégico
Condiciones facilitadoras
Alineación con los ODS
Establecer marcos legales urbanos robustos y transparentes que cuenten con mecanismos e instrumentos eficientes que aseguren el cumplimiento de la ley, incorporando los principios de la rendición de cuentas y la participación pública en la planificación y gestión urbana y territorial.
Objetivos
Componentes claves
2.1 Introducir o fortalecer un marco legal que permita garantizar el derecho a la ciudad
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
Definición del derecho a la ciudad e instrumentación correspondiente. Establecimiento del derecho a la ciudad como un derecho fundamental constitucional. Capacitación y concientización sobre los marcos legales urbanos y el derecho a la ciudad, dirigida tanto a habitantes como organizaciones. Base legal urbanística y legislación intersectorial, de carácter integral, que desarrolle, garantice y establezca el derecho a la ciudad.
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