Institucionalidad social en América Latina y el Caribe
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representa la sumatoria de las acciones sectoriales, con un plan de acción básico coordinado por alguna instancia central. Sin embargo, en este caso las actividades de planificación, elaboración de presupuesto y evaluación continúan siendo abordadas en forma independiente por los sectores, y la coordinación se centra sobre todo en los asuntos operacionales. Más allá de modelos organizacionales específicos, en el análisis de la institucionalidad importa evaluar el grado de coordinación intersectorial y el alcance y la cobertura sectorial. Por ejemplo, la intersectorialidad puede orientarse desde un objetivo transversal, como la incorporación de la perspectiva de género o el enfoque de derechos en todas las políticas. También puede utilizarse para enfrentar algún desafío específico, como la erradicación de la pobreza extrema o el establecimiento de sistemas integrados de protección social. Así, la intersectorialidad puede abarcar un conjunto de organizaciones especializadas, o el conjunto de actores relacionados con las políticas sociales, o incluso organismos de la totalidad de las políticas públicas (OPS/OMS, 2015). Con base en las consideraciones y referencias analizadas, a continuación se presentan algunas dimensiones analíticas a fin de profundizar en el estudio de la institucionalidad social en la región, tanto a nivel de toda la política social, como específicamente de los sistemas de protección social.
B. Alcances temático y geográfico de la institucionalidad En las últimas décadas, en América Latina y el Caribe se han ido configurando distintos procesos de desarrollo de una institucionalidad orientada a mejorar la calidad de las políticas sociales en general y los sistemas de protección social en particular. Así, un primer elemento a discutir es a qué políticas sociales refiere la institucionalidad social. Los primeros trabajos sobre institucionalidad y autoridad en las políticas sociales surgieron en la década de 1990, junto al desarrollo de los fondos de inversión social. Estos fondos, difundidos por toda la región, centraron su accionar en la lucha contra la pobreza y sus efectos, mediante la ampliación de la cobertura de servicios de salud, de la educación y de los servicios de agua y saneamiento, principalmente con expansión de infraestructura. Esto no significa que las políticas sociales surgieran en dicho período, pues los ministerios sectoriales tienen una larga historia de desarrollo en la región. Sin embargo, el surgimiento de estas nuevas instancias concitó el interés por analizar la institucionalidad social y sus alcances. Así, al hablar de institucionalidad social cabe hacer referencia a dos niveles distintos de alcance o cobertura temática: