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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
situaciones de movilidad forzada a través de las fronteras que afectan a los pueblos indígenas de Colombia, el Ecuador y Guatemala. Recuadro III.26 Colombia, Ecuador y Guatemala: movilidad forzada de los pueblos originarios en escenarios de violencia y degradación ambiental El desplazamiento forzado adquiere una dimensión trascendental para las comunidades indígenas, porque implica un proceso de desterritorialización en el cual sus miembros se ven expuestos a la pérdida de sus pertenencias físicas y a la erosión de sus referentes culturales, sus redes sociales y su sentido de comunidad. Esta situación se agrava cuando afecta a etnias de tamaño reducido, pues los ataques sufridos representan una amenaza para su supervivencia y para la diversidad cultural (Soledad Suescún y Egea Jiménez, 2012). A ello se agrega el hecho de que las personas desplazadas no siempre tienen asegurado el retorno a su territorio. En el caso de Colombia, debido al traslado del conflicto interno hacia zonas fronterizas, el número de personas desplazadas pertenecientes a alguna etnia (incluida la población afrodescendiente) superaba en el período comprendido entre 2001 y 2009 al número de las que no se identificaban con ninguna. Se trata de departamentos fronterizos con el Brasil, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) —Amazonas, Vaupés y Guainía— y con el Ecuador y el océano Pacífico —Nariño, Valle del Cauca y Chocó (Soledad Suescún y Egea Jiménez, 2012). Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2012), los awás ubicados en Nariño han sufrido presiones constantes sobre su estilo de vida ancestral por parte de grupos armados que los han hecho víctimas de desplazamientos masivos hacia la frontera con el Ecuador. Similar situación han padecido los emberás cerca de la frontera con Panamá, donde grupos armados irregulares se disputan su territorio sagrado. También los baris, ubicados en la frontera norte con la República Bolivariana de Venezuela, se ven afectados por el conflicto y cruzan dicha frontera buscando protección internacional (ACNUR, 2012). En Guatemala, donde el prolongado conflicto armado dejó devastadas a un número significativo de comunidades indígenas —como consecuencia de las políticas contrainsurgentes impulsadas por las dictaduras militares durante la década de 1980—, la situación de pobreza de la población indígena ha continuado en aumento (Bezarés Cóbar, 2007). Ello forzó a grandes contingentes a huir del país hacia zonas fronterizas de México, donde se asentaron durante más de una década. Se trató de unos 50.000 refugiados guatemaltecos registrados según la ACNUR y 150.000 según las propias organizaciones de refugiados, que a su vez reportaban a refugiados dispersos y no reconocidos (Bezarés Cóbar, 2007). A principios de la década de 1990 se produjeron los primeros retornos de refugiados indígenas a sus comunidades de origen (o a nuevos asentamientos) en Guatemala, proceso que culminó con la firma de los acuerdos de paz en 1996. Sin embargo, el fin del conflicto interno no se tradujo en un cambio sustancial de las condiciones económicas y sociales para las poblaciones indígenas (Bezarés Cóbar, 2007).