Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Alrededor de un quinto de los programas de apoyo al trabajo independiente se orientan a la promoción del emprendimiento femenino y proporcionan servicios de cuidado. En Chile, +Capaz cuenta con el componente Mujer Emprendedora, que ofrece capacitación en la generación de habilidades para el desarrollo de negocios a mujeres que llevan a cabo un emprendimiento o pretenden hacerlo, o bien que trabajan en forma independiente. Algunos, como Mujeres Ahorradoras en Acción de Colombia y Plan Argentina Trabaja promueven el trabajo asociativo y el cooperativismo. A su vez, diez de los programas analizados promueven el emprendimiento en áreas rurales —donde la oferta de trabajo asalariado es más escasa—, buscando no solo la generación de ingresos autónomos, sino también el fomento de la producción para el autoconsumo y el mejoramiento de la seguridad alimentaria. Ejemplos de estos son Comunidades Solidarias Rurales de El Salvador y el programa Mi Chacra Emprendedora - Haku Wiñay del Perú23. Finalmente, algunos programas fomentan la formalización de los microemprendedores y trabajadores por cuenta propia mediante el acceso a regímenes simplificados de tributación. Ejemplos de ello son el Monotributo Social del Plan Argentina Trabaja, el Programa de Fortalecimiento a Emprendimientos en el Uruguay y el programa brasileño de microcrédito Crescer, vinculado al plan Brasil Sem Miséria, que presta orientación para legalizar los negocios y acceder a los beneficios del régimen especial para microemprendedores individuales (véase el recuadro III.4). Recuadro III.4 Medidas para la formalización de los trabajadores por cuenta propia y las micro y pequeñas empresas Ante el contexto de alta informalidad laboral, en América Latina se han establecido regímenes simplificados de tributación para pequeños contribuyentes que, además de favorecer la formalización económica de los trabajadores independientes, les brindan acceso al componente contributivo de la protección social, permitiéndoles contar con los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores asalariados, principalmente en lo referente a la cobertura de salud y la jubilación. En los países donde se han implementado, se espera un aumento del número de contribuyentes y una reducción de la evasión fiscal. Los regímenes de simplificación tributaria, conocidos como monotributos, consisten en medidas especiales para gravar a los pequeños contribuyentes (personas físicas o empresas), exentándolos de las normas generales del impuesto sobre el valor agregado (IVA) o del impuesto sobre la renta, y otorgándoles tasas más reducidas (Cetrángolo y otros, 2014). Además de la reducción de los costos laborales, estos regímenes se caracterizan por proporcionar mayor facilidad para cumplir con los trámites administrativos y regulatorios. A continuación se presentan cinco ejemplos de América Latina. El Brasil fue el primer país de América Latina en crear e implementar un régimen de tributación simplificada para los pequeños contribuyentes; se trata del Régimen Especial Unificado de Recaudación de Tributos y Contribuciones sobre las Micro y Pequeñas Empresas (SIMPLES), establecido en 1996. En 2006 se creó el régimen SIMPLES Nacional, que reemplazó e integró a los regímenes simplificados que existían en los distintos niveles de gobierno. En 2008 se creó el Sistema para el Microemprendedor Individual (SIMEI), un nuevo marco legal para la formalización y la extensión de la protección social contributiva para microemprendedores y trabajadores autónomos. Hasta marzo de 2016, 5,9 millones de ocupados se han formalizado y cuentan con beneficios previsionales. El 52% son hombres, el 48% mujeres y el 26% tienen entre 16 y 30 años. A su vez, de los microemprendedores formalizados, 500.000 participan de Bolsa Família y, de estos, un 63% son afrodescendientes. En la Argentina el régimen de monotributo fue creado en 1998 con el fin de promover la formalización y ampliar la cobertura
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de la protección social de los trabajadores autónomos, a través de subsidios a las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores independientes individuales y las microempresas, y se complementa con cuatro regímenes especiales: el régimen simplificado para efectores de desarrollo local y economía social (Monotributo Social), el régimen simplificado para empleados de casas particulares, el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente y el régimen especial para trabajadores asociados a cooperativas de trabajo. El Monotributo Social se destina a trabajadores en condición de vulnerabilidad social, es decir, “aquellos hogares e individuos que por su menor disponibilidad de activos materiales y no materiales quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas y significativas en sus niveles de vida” (Cetrángolo y otros 2014, pág. 36), y subsidia el 100% del pago del componente impositivo y del previsional; además, el monotributista no pierde el acceso a la Asignación Universal por Hijo y en materia pensional tiene derecho a la Prestación Básica Universal. Actualmente el Monotributo Social forma parte del Plan Argentina Trabaja, reflejando el esfuerzo por articular las políticas sociales dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el régimen simplificado para empleados de casas particulares ha sido diseñado para atender la informalidad de estos trabajadores y trabajadoras permitiendo su acceso a la salud y la jubilación mediante sus aportes y las contribuciones del empleador. En el Uruguay, a partir de la reforma tributaria de 2007, que estaba destinada, entre otras cosas, a dar un tratamiento diferenciado a los pequeños contribuyentes (trabajadores por cuenta propia o pequeñas empresas), se puso en marcha el Régimen de Monotributo, dirigido a quienes realizan actividades económicas de reducida dimensión: i) las empresas unipersonales, incluso aquellas conformadas por matrimonios, con un trabajador empleado como máximo, y ii) las sociedades integradas por hasta un máximo de dos socios y sin trabajadores en relación de dependencia (el límite será de tres socios en el caso de ser integradas exclusivamente por familiares). En 2012 entró en vigencia el Monotributo Social MIDES, que es un régimen especial para emprendimientos personales o asociativos (integrados por
Otras medidas para contribuir a la reducción de la pobreza rural son las compras públicas a agricultores familiares, como, en el caso del Brasil, el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), en el que participaron 191.000 agricultores en 2012, y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), que hasta 2014 cubrió a cerca de 42 millones de alumnos. En las áreas rurales, la agricultura familiar es una fuente importante de ingresos y tiene un fuerte impacto en la reducción de la pobreza, la dinamización de la economías locales, la disminución de la migración y el mejoramiento de la seguridad alimentaria.