Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
En el Objetivo 10 también se hace referencia a las desigualdades entre países, especialmente entre los países en desarrollo y los países desarrollados. En particular, se destaca la importancia de incluir a los países en desarrollo en la toma de decisiones a nivel mundial. En los últimos años, la CEPAL ha reiterado un llamado en favor de un desarrollo basado en la equidad, junto con la generación de pactos por la igualdad que den sostenibilidad social, política y fiscal a dicho desarrollo. Este Objetivo constituye un paso más en esa dirección. A futuro, probablemente se requerirá la definición de metas específicas o adicionales para plantear el cierre de brechas entre los países, tanto a nivel mundial, como regional. Cabe señalar que en este Objetivo también se aborda el tema de la igualdad étnica y racial, que es de gran relevancia para la región y que posee conexiones con el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un vínculo acaso menos evidente con la desigualdad se establece en el Objetivo 11, relativo a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, pues se plantea, entre otras metas, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, así como proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos. En América Latina y el Caribe, la región más urbanizada del mundo en desarrollo, reducir las desigualdades en el acceso a servicios básicos de manera sostenible en las ciudades (y, en general, en el territorio) es una de las palancas para lograr mayor igualdad social. Todo lo anterior no implica solo aspectos positivos en todos los frentes. Mientras el Objetivo 10 es muy claro en su postulado (“reducir la desigualdad en los países y entre ellos”), las metas relativas a esta dimensión no necesariamente son tan ambiciosas. Por ejemplo, en materia de reducción de las desigualdades de ingreso dentro de los países, en la meta 10.1 se plantea lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Aunque este compromiso es bienvenido, también serían necesarios otros más ambiciosos, por ejemplo, limitar la concentración en el decil o percentil con ingresos más altos. Sin duda, las discusiones en torno al abatimiento de la desigualdad en los países y entre ellos se beneficiarán de las contribuciones y experiencias que se desarrollarán en la región en los años por venir. Finalmente, el Objetivo 10 representa un llamado a considerar que los países de la región aún tienen margen para actuar tanto en lo concerniente a políticas laborales y de protección social, que signifiquen avanzar en materia de impacto distributivo y acceso a bienes y servicios sociales de calidad, como en lo relativo a las reformas fiscales en favor de mayor igualdad, que permitan una mejor redistribución de ingresos. También llama a examinar el margen de acción existente en los países en materia de la inclusión y la no discriminación en todas sus manifestaciones.
B.
La relevancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda social y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe
Más allá de la ampliación de la agenda social que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en comparación con el marco de los ODM, pueden apreciarse claras sinergias de dichos objetivos con la agenda de desarrollo de América Latina y el Caribe. En primer lugar, como se apuntó en el capítulo I, la pobreza —abordada en el Objetivo 1— sigue constituyendo un rasgo estructural característico de la región. Se ha proyectado que en 2014 el 28,0% de la población regional vivía en situación de pobreza por ingresos y el 12,0% en situación de indigencia. En la población en esta condición se concentran en mayor medida niñas y niños, mujeres en edades productivas, indígenas y afrodescendientes. Las tasas de pobreza suelen ser más altas en las áreas rurales, aunque el número absoluto de personas en situación de pobreza se concentra cada vez más en zonas urbanas (CEPAL, 2014a). Además, persiste el desafío de sostener los avances logrados desde 1990 (cuando la pobreza y la indigencia por ingresos afectaban al 48,4% y el 22,6% de la población, respectivamente), pero estancados desde 2012, y asegurar mejoras sustanciales a futuro, en un contexto económico menos auspicioso que el de años recientes.
Capítulo V
Al mismo tiempo, la elevada vulnerabilidad social, así como las profundas carencias y desigualdades que aún persisten en la región en términos de acceso a servicios públicos de calidad y a mecanismos de protección social
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