COVID-19 contrataciones públicas; controlar los desembolsos públicos mediante auditorías realizadas por órganos internos y entidades externas, e implementar los marcos anticorrupción y antilavado de dinero ya existentes. El Secretario General de las Naciones Unidas ha llamado a los países a aplicar efectivamente la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y ha afirmado que esta última es una amenaza para el bienestar de las poblaciones y un obstáculo para la reconstrucción de un mundo mejor después de la pandemia, dado que conduce a que algunos recursos muy necesarios para las escuelas, los hospitales y la infraestructura esencial se desvíen de su destino.
B. El fortalecimiento de la democracia y sus principios En por lo menos 65 países y 7 territorios del mundo se postergaron o reprogramaron las
elecciones nacionales y locales a causa de la pandemia de COVID-19 (IFES, 2020a). En América Latina, este es el caso de las elecciones municipales o locales de Colombia, el Paraguay y el Perú, y del referéndum constitucional nacional de Chile, que pasó del 26 de abril al 25 de octubre de 2020. En el Estado Plurinacional de Bolivia, se postergaron por segunda vez las elecciones generales, que ahora están marcadas para el 18 de octubre de este año, lo que generó protestas en las calles y conflictos entre los órganos del Gobierno. En el Uruguay, por su parte, las elecciones departamentales y municipales, que en un principio se iban a celebrar el 10 de mayo, se llevaron a cabo el 27 de septiembre.
En el Caribe, había 16 procesos electorales programados a nivel nacional o local para este
año, cuatro de los cuales se postergaron debido a la pandemia. Las elecciones generales de la República Dominicana, que estaban agendadas para mayo de 2020, se llevaron a cabo el 5 de julio. La segunda vuelta de las elecciones municipales de la Guayana Francesa, Martinica y Guadalupe, que estaba programada para marzo de 2020, se realizó el 28 de junio, aunque esto no ocurrió en la Guayana Francesa, donde las elecciones se volvieron a postergar debido al aumento de casos de COVID-19 en el territorio.
En Suriname, Saint Kitts y Nevis y Anguila, considerando que no había más casos de personas
con COVID-19 en sus territorios, las elecciones se llevaron a cabo tal como estaban programadas, el 25 de mayo, el 5 de junio y el 29 de junio, respectivamente. Por su parte, en Trinidad y Tabago, las elecciones se realizaron el 10 de agosto, en Jamaica, el 3 de septiembre, y en las Bermudas, el 1 de octubre. Las elecciones en San Vicente y las Granadinas, Belice, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico, siguen programadas para noviembre, y las de las Islas Turcas y Caicos para diciembre. Cabe resaltar que, en este período, se resolvió la crisis institucional de Guyana relacionada con el resultado de las elecciones efectuadas en marzo de 2020.
Durante la crisis, es clave fortalecer las instituciones democráticas y los espacios de participación
y diálogo. Las elecciones permiten que la población evalúe la respuesta de sus gobernantes frente a la pandemia. Los resultados que se obtienen en las urnas pueden ser una indicación del respaldo o el rechazo de la ciudadanía a los gobernantes y partidos políticos actuales, y dan legitimidad a las autoridades electas.
Es preciso garantizar los procesos electorales democráticos e impedir que las medidas destinadas
a evitar la propagación del COVID-19 terminen restringiendo el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos; en particular, el derecho a votar y a ser elegido. En todos los procedimientos de votación, incluidas las iniciativas alternativas, como la votación remota, se deberán aplicar las normas internacionales y regionales de derechos humanos para garantizar y promover la inclusión y la participación efectiva de todas las personas (ACNUDH, 2018)7. Además, las elecciones deberán llevarse a cabo en un entorno que facilite el diálogo democrático durante la pandemia de COVID-19 y después de ella, y que permita garantizar la libertad de opinión y de expresión, el acceso a la información, la seguridad física y el acceso efectivo a la justicia y a recursos en caso de que se infrinjan estos derechos. En este sentido, en el ámbito regional se ha puesto énfasis en la importancia de asegurar el acceso a la información relativa a las elecciones en la era digital, mediante una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados, los actores digitales y otras partes interesadas (Naciones Unidas/OSCE/OEA, 2020). Hoy más
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Incluso se han elaborado guías para apoyar a los países en este proceso, como OEA (2020c), PNUD (2020) e IFES (2020b).
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