Redistribuir el cuidado: el desafío de las políticas

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esta tarea. Generar mejores oportunidades de empleo para las mujeres, proveer servicios de cuidado y promover la corresponsabilidad social para la conciliación entre familia y empleo, se convierte así en un desafío central para las políticas y en una clave del trabajo decente y del desarrollo humano (OIT/PNUD, 2009). En esta aproximación, desde el punto de vista de las políticas, además del desarrollo de servicios de cuidado, se requieren licencias y permisos para ejercer el cuidado, sin que por ello se deban sufrir discriminaciones en el empleo. Para eso, es necesario que mujeres y hombres compartan los permisos y las licencias. Cabe agregar que desde 1981 existe el Convenio 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que, además de los acuerdos para evitar la discriminación con base en la maternidad, incorpora la necesidad de desarrollar licencias parentales y/o de paternidad. En los últimos años, se observa en la región un desarrollo interesante de la legislación sobre licencias paternales. Según reporta la CEPAL (2010b, pág. 57), en América Latina y el Caribe varios países han establecido licencias por paternidad en el caso del nacimiento y muchas veces también de la adopción. Las licencias varían desde 2 días en la Argentina y el Paraguay hasta 14 días en la República Bolivariana de Venezuela y 15 días en Costa Rica. En Colombia, el Perú y Puerto Rico se conceden de 4 a 8 días y en el Ecuador 10 días. En Chile, con la nueva ley de postnatal la madre puede transferir al padre hasta un mes y medio. En el Uruguay, como en otros países, la extensión depende de si se trata del sector privado o del público. En la subregión del Caribe, en las Bahamas, Belice, Dominica y las Islas Caimán se otorga algún tipo de licencia a los padres, de distinta duración. Destaca el caso de Cuba, donde la ley permite al padre compartir la licencia de maternidad hasta por seis meses. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2009) argumentan que las políticas de conciliación han tenido un limitado impacto. Si bien, como se anotó recién, se observa un cierto desarrollo de las leyes sobre permisos paternales, no se aprecia una redistribución de la carga de tareas domésticas, así como tampoco se ha producido un aumento significativo de la provisión de servicios públicos en apoyo a estas tareas. Las evaluaciones agregan la necesidad de introducir incentivos para los hombres, ya que cuando estas licencias existen a menudo ellos no las utilizan, ya sea porque en los lugares de trabajo no se facilita su uso o porque los propios padres optan por no ocuparlas. Por otra parte, se señala que las regulaciones sobre licencia parental se aplican solo al empleo formal, restringiendo seriamente su alcance en una región donde el mercado de trabajo presenta alta informalidad. En términos generales, las prácticas de conciliación se han centrado


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