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Artículo 13
Culiacán, Sinaloa, 23 de junio de 2021
La “sospechosa” quiebra del Instituto de Pensiones Marcial Pompa Guillen
El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa es una caja de pandora que debe ser destapada para conocer las razones por las que está en quiebra, pues actualmente hay 67 policías y agentes del Ministerio Público que tienen hasta tres años con su jubilación detenida porque no hay dinero para cubrirles sus pensiones a pesar de que existen 14 mil 300 trabajadores del gobierno a los que se les descuentan sus aportaciones a este organismo y garantizan la existencia de recursos para el momento de pensionarse. El IPES tiene la única facultad de administrar los fondos de los trabajadores al servicio del estado pero el manoseo de los recursos y la falta de cumplimiento del gobierno del estado desde el sexenio pasado engordaron un faltante superior a los 2 mil 100 millones de pesos hasta el primero de enero del año en curso y mantiene insolventes los programas de retiro de los burócratas y la situación ha empeorado con la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado que no quiere hacerse cargo de la jubilación y pensión de trabajadores que tienen derecho a ello. Con esta situación queda en el limbo el cumplimiento de del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos que consagra el derecho a una jubilación justa y endosa al estado la obligación de hacer cumplir las leyes y normas que rigen las relaciones laborales. “Es decir, se está poniendo la iglesia en manos de Lutero” porque es el estado y la estructura gubernamental la que está actuando en forma injusta al agarrar sin derecho
ni autorización el dinero aportado por los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, aseguró Mercedes Pinto Cota al colocarse al frente de trabajadores de FGJES y reclamar que desde hacía cuatro años transita de una oficina a otra solicitando su jubilación. El trabajador del estado advirtió que “está en el aire” el derecho a la jubilación y a una pensión digna y prácticamente la administración estatal los exprimió física, mental y económicamente y no quiere responder con el derecho a jubilarse. Tan solo en el área de seguridad existen seis mil cuatrocientos agentes de policía que mensualmente aportan entre 800 y hasta dos mil 500 pesos que fondean al IPES y al gobierno del estado le corresponde una aportación similar en términos del grado y escalafón que ocupan los trabajadores, pero
solo el gobierno del estado no ha cumplido, y el colmo es que se “estén lavando” las manos pues no quieren hacerse responsables del desvío de los recursos que debieron aterrizar en el instituto mencionado a través del acuerdo nacido hace casi dos décadas. El sexenio de Mario López Valdés lego un desfondo de mil 275 millones de pesos a la administración de Quirino Ordaz Coppel y desde ese periodo a la fecha no se solventó al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa para recuperar el dinero faltante y lograr entregar derechos de jubilaciones y pensiones a las personas que han cumplido con su ciclo laboral. En este caso hay muchas manos sucias metidas en la quiebra del IPES y el Congreso del Estado tiene una alta responsabilidad para convertirse en un juzgado de con-
trol que indague y sancione a los personajes que saquearon los recursos, ya que tan solo entre los policías estatales suman una aportación mensual promedio de 11.5 millones de pesos y al gobierno le correspondía aportar una cantidad similar para estar en condiciones de responder con justicia a los que tienen derecho a jubilarse. De acuerdo con el ábaco laboral se perdieron 270 millones de pesos anuales con base a la cuota de descuento a los puros agentes policiacos y no es fácil que esa cantidad se desvanezca, afirmó el jurista y especialista en auditorias publicas juan Alberto Barrera. El escenario es entristecedor porque en todo momento se escondió ese problema a los aportantes y resulta inaudito la quiebra del IPES por que los funcionarios lo único que tenían y tienen que hacer es administrar los recursos y si acaso también podían engordarlos a favor de los aportantes, pero de ninguna manera tenían porqué pulverizarlos o dejar que el gobierno los utilizara sin devolverlos debidamente. El caso es una prueba de fuego para el Fiscal General de Justicia del Estado de Sinaloa Juan José Ríos Establillo, pues tendrá que colocarse al frente de algunos de los bandos en disputa ya que por un lado están los derechos laborales, pero por el otro están los sentimientos políticos nacidos del hecho de que el gobierno del estado es el que no ha cumplido con su deber y hay violaciones claras a los derechos humanos por que todo trabajador tiene derecho a una jubilación o pensión justa.
