Capítulo Venezuela / Informe Anual 2014 de Amnistía Internacional

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INFORME 2014/15 AMNISTÍA INTERNACIONAL LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

AMNISTÍA INTERNACIONAL Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

La misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra todos los derechos humanos -civiles, políticos, sociales, culturales y económicos-. Tanto la libertad de expresión y asociación como la integridad física y mental, tanto la protección frente a la discriminación como el derecho a la vivienda: todos son derechos indivisibles.

Amnistía Internacional se financia en gran medida con las contribuciones de su membresía y con donativos. No solicita ni acepta contribuciones de gobiernos para realizar su labor de investigación y campaña en torno a los abusos contra los derechos humanos. Es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Es un movimiento democrático cuyas decisiones fundamentales sobre políticas las toma en sus reuniones bienales el Consejo Internacional, compuesto por representantes de todas las Secciones de la organización. Encontrarán información actualizada en nuestra página web.

© Edición y traducción al español: AILRC-ES, Valderribas, 13 28007 Madrid, España Publicado en 2015.

Originalmente en inglés por: © Amnesty International Peter Benenson House 1 Easton Street, Londres WC1X ODW, Reino Unido amnesty.org

ISBN: 978-84-96462-44-1 Depósito legal: M-3605-2015 Índice: POL 10/001/2015 Impreso por: Artes Gráficas ENCO, Madrid (España)

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento en sistemas de recuperación de información y su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o de cualquier otro tipo, sin previa autorización de la editorial.

Este informe documenta las cuestiones de derechos humanos que motivaron el trabajo y la preocupación de Amnistía Internacional durante el año 2014 en todo el mundo.

II

La ausencia de un apartado dentro de determinado país o territorio no debe entenderse como una declaración de que en ese país no se produjeron violaciones de los derechos humanos de esa categoría que fueran motivo de preocupación para Amnistía Internacional.

De la misma manera, la extensión dedicada a cada país no debe fundamentar comparación alguna sobre el grado de preocupación de Amnistía Internacional. amnesty.org/es

Informe 2014/15 Amnistía Internacional

PREFACIO El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2014. También recoge algunos acontecimientos importantes de 2013.

El prólogo, las cinco reseñas regionales y el análisis individual de los 160 países y territorios que componen este informe dan testimonio del sufrimiento que muchas personas soportan durante un conflicto o al ser objeto de desplazamiento forzado, discriminación o represión. Pero también reflejan la pujanza del movimiento de derechos humanos, y ponen de manifiesto que en determinadas áreas se han hecho avances indiscutibles para proteger y garantizar esos derechos.

Si bien en todo momento se ha buscado garantizar la exactitud de la información aquí contenida, ésta pudiera estar sujeta a cambios sin previo aviso.

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de personas a Uzbekistándado el peligro real de tortura que corrían si regresaban, especialmente sieran sospechosas de pertenecer a un partido islamista o a un grupo prohibido enel país. En octubre, en el caso Mamazhonovv. Russia, el Tribunal sostuvo que la transferencia de Ikromzhon Mamazhonovde Rusia a Uzbekistán sería una violación del artículo 3 (prohibición de latortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal señaló que enlos últimos años no se habían observado mejoras en el sistema de justicia penalde Uzbekistán, en particular en lo tocante a la persecución de delitos demotivación política y religiosa, y que había indicios ciertos de que laspersonas acusadas de tales delitos corrían peligro de malos tratos.

En noviembre, un tribunal de Tashkent condenó a Mirsobir Khamidkariev,productor y empresario de Uzbekistán que había solicitado asilo en Moscú(Federación Rusa), a ocho años de cárcel3 tras declararlo culpable depertenencia a una organización islamista prohibida, acusación que él habíanegado rotundamente. El 9 de junio, según informes, unos agentes del Serviciode Seguridad Federal ruso lo habían secuestrado y maltratado en una calle delcentro de Moscú antes de entregarlo al día siguiente, en un aeropuerto deMoscú, a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley uzbekos, quienes lohabían trasladado ilegalmente a Tashkent.

El abogado de Mirsobir Khamidkariev en Moscú no supo de su paraderohasta que su cliente reapareció, dos semanas más tarde, en el sótano de uncentro de detención dependiente del Ministerio del Interior en Tashkent. Segúnel abogado ruso, que el 31 de octubre consiguió acceder a él en Tashkent,Mirsobir Khamidkariev había sufrido tortura y otros malos tratos durante dosmeses en esta ciudad a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la leyque intentaban obligarlo a confesar cargos falsos. Lo habían atado cabeza abajoa una barra adosada a la pared, lo habían golpeado

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repetidamente, le habían hechosaltar siete dientes y le habían fracturado dos costillas.

1. Cases of torture and other ill-treatment in Uzbekistan (EUR 62/007/2014) www.amnesty.org/en/library/info/EUR62/007/2014/en 2. Uzbekistán: Se niega atención médica a parlamentario encarcelado.

Murad Dzhuraev (EUR 62/003/2014) www.amnesty.org/es/library/info/EUR62/003/2014/es 3. Uzbekistán: Temorde juicio injusto de refugiado secuestrado.

MirsobirKhamidkariev (EUR 62/008/2014) www.amnesty.org/es/library/info/EUR62/008/2014/es

VENEZUELA República Bolivariana de Venezuela Jefe del Estado y del gobierno: Nicolás Maduro Moros

Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas.

Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y médicos. Se denunciaron torturas y otros malos tratos a manifestantes y transeúntes. Se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a quienes criticaban al gobierno. Las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques.

Las condiciones de reclusión seguían siendo duras.

INFORMACIÓN GENERAL El primer año de mandato del presidente Maduro estuvo marcado por un creciente descontento. Entre febrero y julio de 2014, Venezuela se vio sacudida por protestas multitudinarias a favor y en contra del gobierno en diversas zonas del país. Los manifestantes antigubernamentales y algunos líderes de partidos de oposición que pedían

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la dimisión del presidente fueron acusados de intentar derrocar al gobierno.

LIBERTAD DE REUNIÓN Al menos 43 personas perdieron la vida y más de 870 resultaron heridas –entre manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes– durante las manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del gobierno que tuvieron lugar entre febrero y julio. Se tuvo noticia de violaciones de los derechos humanos y enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y grupos armados favorables al gobierno.1 Más de 3.000 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas. La mayoría fueron acusadas y puestas en libertad al cabo de unos días. Al finalizar el año, más de 70 personas que habían participado en las manifestaciones continuaban detenidas en espera de juicio.

Preocupaba el hecho de que un fallo dictado en marzo por el Tribunal Supremo de Justicia, que establecía que cualquier protesta debía contar con una autorización previa, pudiera comprometer el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Uso excesivo de la fuerza Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas. Entre las medidas desplegadas figuraron el uso de munición real a corta distancia contra personas desarmadas, el uso de armas de fuego y materiales antidisturbios inadecuados y manipulados, y el uso de gas lacrimógeno y balas de goma en espacios cerrados.

Por ejemplo, en febrero, la estudiante Geraldín Moreno murió tres días después de recibir en un ojo el disparo de una bala de goma a corta distancia durante una manifestación en Valencia, estado de Carabobo. Varios agentes de la Guardia Nacional fueron acusados en relación con su muerte y, al finalizar el año, se hallaban en espera de juicio. Ese mismo mes, Marvinia Jiménez fue golpeada por policías mientras filmaba una manifestación en Valencia, y

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fue acusada, entre otras cosas, de obstruir la vía pública y alterar el orden. Al terminar el año, todavía no se había hecho efectiva la orden de arresto contra la agente responsable de la paliza. En abril, John Michael Ortiz Fernández, de 16 años, se hallaba en el balcón de su casa en San Cristóbal, estado de Táchira, cuando un agente de policía le disparó una bala de goma; el impacto del proyectil le quemó la retina del ojo izquierdo.

El caso estaba siendo investigado al finalizar el año.

Detención y reclusión arbitrarias Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas que se desarrollaron entre febrero y julio. A muchas se les negó el acceso a asistencia médica y a un abogado de su elección durante las primeras 48 horas de su detención antes de comparecer ante un juez.

El abogado Marcelo Crovato y el defensor de los derechos humanos Rosmit Mantilla fueron detenidos en abril y mayo, respectivamente, en relación con las protestas. Más de ocho meses después de su detención, permanecían en prisión preventiva, pese a la ausencia de pruebas sólidas que respaldaran los cargos en su contra.

Tortura y otros malos tratos La tortura y los malos tratos seguían suscitando preocupación, pese a que hubo ciertos avances atribuibles a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 2013.2 El estudiante Daniel Quintero fue golpeado y amenazado con ser quemado vivo mientras estaba bajo custodia. Lo arrestaron cuando regresaba a su casa tras participar en una manifestación contra el gobierno celebrada en febrero en Maracaibo, estado de Zulia.

Al finalizar el año, proseguía la investigación sobre las denuncias de tortura.3 Al menos 23 personas fueron detenidas el 19 de marzo en una operación conjunta de la Guardia Nacional y el ejército en Rubio, estado de Táchira. Mientras se encontraban

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bajo custodia recibieron patadas, golpes y amenazas de muerte y de violencia sexual.

Todas las personas detenidas, hombres y mujeres, permanecieron recluidas varias horas en la misma habitación con los ojos vendados. Podían oír cómo eran golpeadas las personas que tenían al lado. Al menos a una de las personas detenidas la obligaron a mirar cómo otra recibía una paliza. A Gloria Tobón la empaparon con agua y le aplicaron descargas eléctricas en brazos, pechos y genitales. La amenazaron y le dijeron que la iban a matar y a enterrar en pedazos. Al finalizar el año, la investigación sobre las denuncias de tortura no había concluido.

Wuaddy Moreno Duque fue detenido en febrero en La Grita, estado de Táchira, por agentes de la Guardia Nacional que lo golpearon, lo quemaron y lo acusaron de participar en las protestas. Él y su familia han sido objeto de intimidación después de presentar una denuncia formal.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques.

Por ejemplo, dos integrantes del Observatorio Venezolano de Prisiones sufrieron amenazas e intimidación en varias ocasiones. El 12 de abril de 2013, Marianela Sánchez y su familia recibieron una amenaza de muerte anónima. Marianela presentó una denuncia, pero al concluir el año las autoridades no habían iniciado una investigación efectiva sobre la amenaza ni habían proporcionado las medidas de seguridad necesarias y acordes a los deseos de la familia.

Las autoridades intentaron en repetidas ocasiones desacreditar la labor de derechos humanos realizada por Humberto Prado, y lo acusaron de estar implicado en actos violentos durante las protestas y de conspiración para desestabilizar al gobierno y al sistema penitenciario.

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SISTEMA DE JUSTICIA El sistema de justicia estaba sujeto a injerencias gubernamentales, especialmente en los casos que implicaban a personas que criticaban al gobierno o de las que se consideraba que actuaban en contra de los intereses de las autoridades.

Por ejemplo, la jueza María Lourdes Afiuni Mora –que había sido detenida en diciembre de 2010, horas después de ordenar, en una decisión censurada públicamente por el ex presidente Chávez, la puesta en libertad de un banquero acusado de corrupción– estaba en espera de juicio al finalizar el año. Había sido puesta en libertad bajo fianza en junio de 2013 por razones humanitarias.

Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular, permanecía recluido a pesar de la falta de pruebas que respaldaran las acusaciones en su contra, unas acusaciones que parecían obedecer a motivos políticos. Se enfrentaba a cargos de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir, castigados con hasta 10 años de prisión.4 En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria afirmó que su detención había sido arbitraria e instó a que se le pusiera en libertad.

El Grupo de Trabajo de la ONU también pidió la liberación inmediata de Daniel Ceballos, miembro de Voluntad Popular y alcalde de San Cristóbal, estado de Táchira.

Daniel Ceballos había sido arrestado en marzo y permanecía en espera de juicio acusado de rebelión civil y agavillamiento (conspiración para delinquir) en relación con las protestas antigubernamentales de febrero.5

JUSTICIA INTERNACIONAL En septiembre de 2013, tras denunciar el año anterior la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Venezuela dejó de someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A consecuencia de ello, las víctimas de

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violaciones de derechos humanos y sus familiares dejaron de poder recurrir a la Corte Interamericana cuando el sistema de justicia venezolano no garantizara sus derechos.

IMPUNIDAD La impunidad seguía siendo motivo de preocupación. Las víctimas y sus familias fueron objeto de amenazas y ataques.

Por ejemplo, apenas hubo avances en las investigaciones y los procedimientos judiciales relacionados con los homicidios de los miembros de la familia Barrios en el estado de Aragua. La familia Barrios había sufrido amenazas e intimidaciones durante casi dos decenios por reclamar justicia. Diez miembros de la familia habían muerto entre 1998 y mayo de 2013 en circunstancias que apuntaban a la implicación de miembros de la policía. Sólo en un caso, el de Narciso Barrios, dos agentes fueron condenados.

Otros miembros de la familia habían padecido intimidaciones y ataques de la policía, pese a las medidas de protección otorgadas a la familia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2004 y, más recientemente, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.6 Al concluir el año, no se sabía si se habían iniciado investigaciones sobre alguna de las denuncias de actos de intimidación perpetrados por la policía.

En noviembre, dos reclusos murieron y al menos ocho resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para poner fin a un motín en la cárcel de San Francisco de Yare, estado de Miranda, en protesta por las duras condiciones de reclusión y los malos tratos a los presos.

En septiembre, después de tres años y varios retrasos en trasladarlo a un hospital para evaluar sus necesidades médicas, un tribunal concedió permiso al ex comisario de policía Iván Simonovis para recibir tratamiento médico bajo arresto domiciliario.

Según la información recibida, padecía varios problemas de salud causados por las condiciones en las que había permanecido recluido.

1. Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas (AMR 53/009/2014) www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/009/2014/es 2. Venezuela: Informe para el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. 53a sesión (3-28 noviembre 2014) (AMR 53/020/2014) www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/020/2014/es 3. Protestas en Venezuela: Derechos humanos en riesgo, personas en peligro. Caso: Daniel Quintero (AMR 53/015/2014) www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/015/2014/es 4. Venezuela: Líder de la oposición Leopoldo López debe ser liberado(AMR 53/023/2014), www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/023/2014/es 5. Venezuela: Detenido un miembro de la oposición mientras siguen las

CONDICIONES DE RECLUSIÓN A pesar de las reformas del sistema penitenciario, las condiciones de reclusión seguían siendo duras. Seguían suscitando preocupación la falta de atención médica, alimentos y agua potable, las condiciones insalubres, el hacinamiento y la violencia en las prisiones y las comisarías. En los enfrentamientos en los centros penitenciarios seguía siendo habitual el uso de armas de fuego.

Durante el primer semestre del año las organizaciones locales de derechos humanos denunciaron 150 muertes en prisiones y siete bajo custodia policial.

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protestas (AMR 53/010/2014) www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/010/2014/es 6. Venezuela: La policía amenaza e intimida a la familia Barrios (AMR 53/019/2014) www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/019/2014/es

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