ASESINATO BAJO LAS ARMAS POTENCIALMENTE MORTALES El vil asesinato del estudiante de 14 años de edad Kluiberth Ferney Roa a manos de la Policía Nacional Bolivariana el 24 de febrero de 2015 en la ciudad de San Cristóbal, demuestra una vez más la precaria situación de los DDHH en nuestro país y la inacción del Estado venezolano como supuesto garante de estos derechos. El derecho a la manifestación, la prohibición del uso de armas y sustancias tóxicas que pongan en peligro la vida de los manifestantes son normas permanentemente violentadas por los representantes del Estado. Rechazamos las declaraciones del ministro de educación y de la ministra de la defensa al hacer ver este asesinato como un hecho aislado, excepcional y cuya responsabilidad recae únicamente en un funcionario policial, cuando el crimen ha tomado por asalto las calles de Venezuela y el número de homicidios de estudiantes, víctimas de la vesania policial, ha alcanzado dimensiones sin precedentes en el país y en el hemisferio. Se trata de nuevo de un niño indefenso, uno más en la ola de atentados contra jóvenes. En este caso el muchacho intentó protegerse de la arremetida policial corriendo para proteger su seguridad y salvar su vida, lo que parece haber trastornado a policías alimentados de un odio inexplicable contra la juventud y contra quien se atreva a disentir de las autoridades en ejercicio pacífico y legal de sus derechos. Es doloroso constatar cómo se han hecho usuales las condenas emanadas de representantes del poder público desconociendo en forma aviesa el derecho ciudadano de libre expresión y el derecho natural a la justicia, así como también de condenar los graves problemas que atormentan a nuestra sociedad en todos sus estamentos sociales y económicos. El país ha retrocedido gravemente en materia de DDHH, tanto como el mundo civilizado no hace sino lograr avances en esa dimensión. Los actos de violencia contra la población violan sistemáticamente los pactos internacionales suscritos por Venezuela en resguardo de los