UN SHOCK DE INVERSIÓN Y TRABAJO
Hernando de Soto Sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie.
Queridos compatriotas, como los candidatos a la presidencia de la República somos muchos, debe ser difícil distinguir unos de otros, saber si cada cual tiene claro hacia dónde quiere llevarnos, si es coherente, si tiene la capacidad de cumplir lo que promete y quiénes entre nosotros tenemos los conocimientos y sabemos batallar en situaciones de sobresaltos y grandes cambios. En otras palabras, no estamos para aventuras. Por eso, en un espíritu de transparencia, si bien espero que me den su apoyo y me acompañen en esta elección, no pido que me den su confianza a ciegas. Quiero exponer los cuatro objetivos que voy a perseguir de ser elegido a la Presidencia, cómo haría para alcanzarlos y quienes me acompañarían en este empeño para que llegado el 11 de abril puedan tomar una decisión informada.
Mi primer y más importante objetivo es unificar al país conciliando los intereses de las clases en conflicto.
Lo que la pandemia del Covid-19 y la recesión económica subsecuente me han confirmado, es que la razón por la cual el Estado no ha podido tomar decisiones oportunas para enfrentar ambos problemas es porque en el país coexisten dos sistemas legales permanentemente enfrentados: en una orilla están los sectores AB, los empresarios, los más prósperos y, en la otra los sectores CDE, también llamados informales, cada uno con sus propios registros. Por sistema legal me refiero al conjunto de leyes, tratados y normas en general que favorecen a los sectores AB y CDE respectivamente. Por registros, me refiero a los documentos donde está registrada y categorizada la información. Los títulos o certificados que nos permite saber quién tiene derecho sobre qué, inferir el valor de las cosas y dónde están establecidas las normas que regulan cómo estas pueden ser usadas, negociadas y combinadas. Para Karl Marx, los registros eran los lugares donde se ubican “los lazos esenciales y relaciones”, y para el banquero francés Charles Coquelin son los lugares “donde los filamentos invisibles de la inteligencia social se conectan”. El sistema legal AB es parte del Consenso de Washington, cuyo fin es proteger la inversión y los intercambios globales. Obedece a 3,300 convenios y tratados suscritos por la mano derecha de Estados como el Perú, que proveen a los sectores AB 104 registros formales reconocidos globalmente que les otorgan varios derechos que los CDE no tienen. De estos, los más importantes son el derecho a usar sus activos, reputaciones y empresas como garantía para obtener financiamiento, para representar los activos en bonos o acciones, compartir la propiedad y ceder parte de ella para conseguir inversión sin dividir físicamente la propiedad. También el derecho a utilizar esos activos como garantía para financiar servicios públicos tales como energía, agua del caño en lugar de cisterna y desagüe, o para usarlos como credenciales con fines comerciales, judiciales o civiles. Igualmente, el derecho de constituir empresas y emplear a personas que no son necesariamente parte de círculos
Ilustración de The Wall Street Journal sobre el Plan de De Soto. familiares. Asimismo, el derecho a ser protegidos por la responsabilidad limitada y de blindar a su familia o su comunidad de pérdidas dramáticas. Y, por último, a separar los derechos colectivos de los individuales, de manera que los primeros no respondan por las deudas de los últimos. El sistema legal del sector CDE, en cambio, es parte del Consenso por la Globalización Justa, que obedece a centenares de convenios y tratados suscritos por el Estado peruano con la mano izquierda, cuyo propósito es “acabar con las desigualdades de la pobreza”, y que legitima los 17,500 registros gobernados por lo que los mismos CDE llaman “derecho imperfecto.” Este consenso provee a los CDE armas esencialmente políticas lo suficientemente poderosas como para bloquear cualquier proyecto en el área de su dominio, que han sido incorporadas en 1,469 normas nacionales: leyes, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales y decisiones administrativas, precedentes producidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Para darse cuenta de cómo el enfrentamiento entre los dos sistemas las clases, AB y CDE, agudiza dramáticamente los efectos de la pandemia sobre nuestra salud y economía, no hace falta leer los centenares de páginas que fundamentan nuestro plan de gobierno. Basta ver en la prensa cada día los crecientes enfrentamientos entre las clases AB y CDE, entre agroexportadores y jornaleros y campesinos; entre fuerzas del orden y ambulantes de Gamarra y jóvenes NiNis (que ni
estudian ni trabajan); entre MYPES y financieras; entre petroleros y nativos; entre campesinos, mineros de socavón y grandes empresas extractivas. Como el Estado no es consciente de la existencia de los consensos paralelos de Washington y de Globalización justa, le es imposible identificar los intereses de los CDE y conciliarlos con los de AB. Delega los problemas de los sectores CDE a la Policía o los municipios, donde nunca podrán ser resueltos porque, como dirían tanto Karl Marx como Adam Smith, lo que fundamentalmente genera el enfrentamiento entre AB y CDE es que los primeros pueden formar capital y los últimos no. Esa diferencia origina que los CDE se sientan alienados y, a medida que la recesión destruye sus empleos, empresas y ahorros, se vuelvan cada vez más beligerantes, mientras los líderes AB presentan propuestas cada vez más autoritarias. Todo lo cual ha llegado a un punto de inflexión tal que, si no comenzamos a crear riqueza, cerrar la brecha entre AB y CDE y restablecer pronto la autoridad del Estado, nuestro país seguirá cuesta abajo y podríamos terminar en una situación incluso peor que la venezolana. Ese es el problema de fondo que vamos a resolver, los sectores CDE también deben crear capital y el estado los apoyará con políticas públicas inmediatas.