4 minute read

Ofrecen “Dignidad” para todos

Dos legisladoras de origen hispano, una republicana y otra demócrata, presentaron este un plan de reforma migratoria bipartidista ante la Cámara de Representantes.

La nueva propuesta incluye un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que llevan al menos cinco años en el país, carecen de antecedentes criminales y se sometan a un periodo de “redención” de siete años antes de calificar para la ciudadanía por naturalización.

Advertisement

Las autoras del plan, las congresistas María Elvira Salazar (R-Florida) y Verónica Escobar (D-Texas), señalaron que la iniciativa espera reanudar conversaciones entre ambos partidos sobre un tema “tóxico” en el Congreso, donde recientemente fue aprobado un plan que busca revivir la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Donald Trump.

Si bien se trata de un plan bipartidista, las expectativas de que avance en comités y luego en el pleno de la Cámara Baja son bajas al no contar, por ahora, con el apoyo de los liderazgos de ambas bancadas. De ser así, el proyecto Dignidad, tal como sucedió en 2021 y 2022 morirá en el intento.

Para ser aprobaba en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, el proyecto requiere 218 votos, mientras que en el Senado, bajo control demócrata, hacen falta 60 votos y los republicanos solo tienen 49.

La última vez que la Cámara Baja aprobó una reforma migratoria fue el 18 de marzo de 2021 cuando dos proyectos de ley fueron respaldados con votos de ambos partidos e incluían una vía de legalización para millones de indocumentados. Ambas iniciativas, sin embargo, se estancaron en el Senado.

El proyecto Salazar-Escobar asoma apenas 10 días después de que la Cámara de Representantes aprobara la iniciativa

H.R. 2, que incluye reanudar la construcción del muro fronterizo, eliminar la política del ‘catch and release’ (‘capturar y liberar’ a indocumentados bajo fianza mientras esperan la resolución de sus casos de asilo) y reducir la autoridad Ejecutiva del presidente en materia de inmigración. El H.R. 2, patrocinado por los representantes Mario DíazBalart (R-Florida) y Tom McClintock (R-California), y que cuenta con el respaldo del presidente del Congreso, Kevin McCarthy (R-California), deja fuera cualquier posibilidad de regularización de los 12 millones de indocumentados, algunos desde hace más de dos décadas y con familias mixtas.

McCarthy, desde que asumió el liderazgo de la Cámara de Representantes tras las elecciones de medio término de noviembre del año pasado, ha reiterado que no impulsará en el pleno ninguna iniciativa migratoria que incluya beneficios para indocumentados hasta que el gobierno no ponga fin a la crisis en la frontera con México.

El proyecto, de unas 500 páginas y presentado a través de redes sociales el martes, se enfoca no solo en modernizar la ley de inmigración, que a juicio de ambos partidos y de la Casa Blanca se encuentra rota, sino que se basa en un fuerte componente de seguridad nacional.

El plan original incluía la legalización de dreamers (jóvenes que ingresaron indocumentados a Estados Unidos junto a sus padres antes de los 16 años) y trabajadores esenciales que estuvieron en la primera línea de combate a la pandemia del covid-19, tanto en centros asistenciales como en la línea de producción y abastecimiento a la población.

En la nueva propuesta, los indocumentados tendrían que pagar $5,000 en restitución durante un período de siete años y un impuesto sobre la nómina del 1.5%. El plan especifica que los candidatos no serían elegibles para recibir ningún tipo o clase de beneficios federales.

El plan exige además que el camino de regularización o vía de ‘redención’ sólo aplicará a los inmigrantes indocumentados que llegaron y permanecen de manera ininterrumpida en Estados Unidos desde al menos cinco años antes de que el proyecto se convierta en ley. Esta fecha se conoce como ‘fecha de registro’. El proyecto añade que después de los siete años de espera, quienes hayan atravesado el camino de la ‘redención o dignidad’, como lo establece la iniciativa, calificarían para iniciar el proceso de búsqueda de la ciudadanía por naturalización a través del formulario N-400. Salazar dijo que los candidatos elegibles “se tendrán que agregar a la fila” de casos en espera de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Lo más interesante de esta ronda en las cámaras es ver como la legislatura dominada por los republicanos, tiene amedrantadas a las ciudades, y a los condados, tanto así que se mantuvieron neutrales mientras la ley se movía en las cámaras.

No podemos más que agradecerle a la Gobernadora Hobbs por su valentía al no dejarse amedrentar por el ala derecha republicana cuyo interés principal es abrir puertas corporativas contra pequeños negocios de comida autentica que han demostrado durante dos décadas que podemos triunfar siguiendo los reglamentos y a la misma vez cuidar la salud.

Al 31 de diciembre del 2022, la agencia federal tenía acumulados 474,725 solicitudes N-400. En total, la agencia registraba 8.841,152 expedientes en fila para ser resueltos, una acumulación histórica que en vez de disminuir no para de crecer.

El proyecto Salazar-Escobar también propone la designación de un presupuesto de $25,000 millones para aumentar la cantidad de personal de seguridad en las fronteras, así como el uso de tecnología y otras partidas para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza (Border Patrol).

La iniciativa también busca la cancelación de la política del ‘catch and release’ y, en cambio, recomienda el establecimiento de lo que denominaron como “campus humanitarios” a lo largo de la frontera, donde los indocumentados cuyos casos sean referidos a la Corte de Inmigración (EOIR), podrían permanecer hasta por un tiempo de 60 días mientras las autoridades de inmigración evalúan sus solicitudes”.

Salazar y Escobar dijeron que tales centros mantendrían unidas a las familias y aliviarían la carga de los agentes de la Patrulla Fronteriza al permitir que organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos u otros brinden asistencia.

El plan incluye también el establecimiento de centros de procesamiento que estarían ubicados en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para que los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos. En estos lugares, los inmigrantes recibirán información respecto a programas o beneficios migratorios disponibles, tales como el asilo.

La idea es similar a un proyecto anunciado a finales de abril por el gobierno de Biden, que consiste en la creación de centros regionales en respuesta a una estrategia que reemplazó el levantamiento del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) a partir de la medianoche del 11 de mayo.

This article is from: