Fraude, secuestro y muerte

Oscar Ramos

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes afirmó que se esperan arrestos a medida que avance la investigación de fraude por servicios médicos, pues los supuestos proveedores además de desfalcar al estado, cometían otros abusos como la privación de la libertad e incluso muerte de algunos pacientes que supuestamente buscaban rehabilitar.

El haber detenido los pagos para alrededor de un centenar de supuestos proveedores de salud fue apenas el primer paso de una serie de acciones que buscan llevar justicia a los afectados y a sus familias y a detener la fuga de millonarios recursos a manos de los estafadore.

“Se trata de las vidas de integrantes de nuestras comunidades más vulnerables que estaban siendo abusados desde el momento en que eran sometidos y privados de su libertad para supuestamente ofrecerles rehabilitación y alivio que nunca recibieron”, dijo la Fiscal General en su reciente visita a los estudios de Prensa Arizona.

El abuso no queda solamente en las víctimas y sus familias, pues igualmente se afectó a todos los arizoneneses, pues durante años se pagaron millonarias facturas con dólares de los contribuyentes que debieron ser utilizados en paliar otras necesidades.

Este esquema ha resultado en lo que los funcionarios estatales ahora llaman una “crisis humanitaria” y un “fracaso asombroso del gobierno” ya que los problemas se identificaron hace años y no se hizo nada para detener ese comportamiento depredador.

Defensores de las tribus, los líderes y los miembros de la comunidad ya habían dado la voz de alarma sobre camionetas sin distintivos que recorren las calles de las naciones tribales para recoger a los indígenas con problemas de alcoholismo y adicción y transportarlos al área de Phoenix, donde se les prometía refugio, comida y ayuda para la rehabilitación.

Muchas familias indígenas presentaron informes de personas desaparecidas para sus seres queridos, mientras que otros lidiaron con la muerte de un miembro de su familia por lo que esas acciones han tenido un costo humano inmenso.

Eran tácticas depredadoras de quienes afirmaban ser proveedores legítimos de atención médica pero que, en cambio, solamente facturaban al sistema Medicaid del estado por servicios de rehabilitación que nunca se brindaron.

Una denuncia de años

Durante más de un año, Reva Stewart y Coleen Chatter han estado al frente del tema #StolenPeopleStolenBenefits y son los defensores de la campaña.

Stewart dijo que el anuncio fue un paso en la dirección correcta, pero que desearía que los líderes estatales la hubieran escuchado antes de que la situación se pusiera tan mal y pide que todos los indígenas que han muerto a causa de la estafa rindan cuentas y que el estado brinde más alivio a quienes aún se ven afectados en todo el Valle.

Ellas han estado trabajando juntos para ayudar a los pueblos indígenas de todo el Valle que han sido víctimas de las tácticas depredadoras de estos supuestos hogares de rehabilitación y se involucraron en este tema después de que llevaron a miembros de su familia en esos hogares.

Stewart dijo que a través de su trabajo, quieren ser una voz para los pueblos indígenas afectados por estos hogares, especialmente aquellos que han perdido la vida.

Todos estos esfuerzos están financiados directamente por Stewart y Chatter que tienen una página de GoFundMe configurada para ayudar y aceptar donaciones, pero en su mayor parte, han asumido los costos personalmente, pues compran habitaciones de motel y boletos de autobús o proporcionan dinero para gasolina para ayudar a que estas personas vuelvan a casa, y Chatter trabaja para llegar a aquellos que desean servicios de rehabilitación legítimos para ubicarlos en un buen hogar.

Tomando acciones

El 16 de mayo, la gobernadora Katie Hobbs y el fiscal general Kris Mayes anunciaron que más de 100 proveedores de atención médica para servicios de tratamiento ambulatorio, residencial y de salud conductual se cerraron después de que los investigadores encontraran evidencia de que defraudaron al programa Medicaid del estado por cientos de millones de dólares.

Las suspensiones de pagos de proveedores, conocidas como suspensiones por alegaciones creíbles de fraude (CAF), son el primer paso de la acción requerida cuando se identifica el fraude de pago de Medicaid y el comienzo de investigaciones de varias agencias, según el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS, por sus siglas en inglés), el agencia estatal de Medicaid.

Hobbs, Mayes y la directora de AHCCCS, Carmen Heredia, también anunciaron sus planes para abordar el problema que afecta a las naciones tribales de Arizona.

“Los nativos eran recogidos de la calle y traídos a casas en el área de Phoenix donde no había tratamiento disponible, hubo muchas historias de personas que escaparon por las ventanas o saltaron cercas en medio de la noche para acceder a un teléfono y comunicarse”, explicó Hobbs. Estos fraudulentos proveedores de atención médica se aprovecharon de los pueblos indígenas que luchan contra la adicción, ofreciéndoles comida, vivienda y tratamiento en un hogar de vida grupal o centro de rehabilitación”, agregó la Gobernadora.

Pero en lugar de obtener la ayuda que necesitaban, se les permitió, y en ocasiones se los animó, a continuar usando drogas y alcohol, mientras los proveedores facturaron de manera fraudulenta a AHCCCS por el tratamiento de adicciones y otros servicios de atención médica.

Hobbs instruyó a AHCCCS para realizar varios cambios operativos, incluida una auditoría forense de terceros de todos los reclamos desde 2019, un examen de las medidas de licencia del Departamento de Servicios de Salud de Arizona, nuevos sistemas de informes para reclamos que causan preocupación y medidas adicionales de prevención de fraude.

Hobbs dijo que la investigación no encontró ninguna razón para creer que los miembros de AHCCCS están involucrados en este fraude, y su oficina no considerará ninguna política que dificulte la participación de las personas en el programa Medicaid.

A través de estos cambios, Hobbs dijo que su administración enjuiciaría a los malos actores existentes, garantizaría que los servicios integrales se brinden a las personas afectadas por los cierres de proveedores y promulgaría reformas sistémicas en el sistema de facturación de AHCCCS para erradicar esta facturación fraudulenta.

“Este es solo el primer paso en el proceso de erradicar este abuso. Será una pelea, pero una en la que mi administración y yo estamos totalmente comprometidos”, dijo Hobbs.

“Durante años, estos proveedores supuestamente han defraudado al estado con millones de dólares mientras crean una crisis humanitaria a gran escala que afecta de manera desproporcionada a las comunidades tribales de Arizona”, dijo Hobbs.

“El fraude que hemos identificado ha estado arraigado en el sistema durante años sin que se hayan tomado las medidas adecuadas y el alcance exacto del problema sigue sin estar claro”, dijo Hobbs. Hobbs dijo que la administración anterior solo investigó caso por caso y nunca implementó las revisiones sistémicas necesarias para resolver este problema, sin brindar la rendición de cuentas adecuada.

“Desafortunadamente, este enfoque llevó a que los proveedores fraudulentos continuaran explotando a las comunidades tribales para su propio beneficio financiero”, dijo.

Un fracaso del gobierno

La realidad de lo que ha ocurrido contra los pueblos indígenas en todo Arizona y los millones de dólares perdidos debido a la explotación del programa AHCCCS por parte de proveedores de atención médica fraudulentos, es un “fracaso sorprendente del gobierno”, sentenció la fiscal general Kris Mayes y agregó que su oficina está trabajando con AHCCCS para investigar todas las denuncias creíbles de fraude, incluidos más de 100 casos actuales.

“Estos casos son complejos y requieren una amplia investigación, trabajo de enjuiciamiento y recursos. Pero no se equivoquen, estamos realizando investigaciones criminales exhaustivas y procesaremos agresivamente estos casos a medida que avancemos. Esto se termina ahora”, dijo Mayes.

El esquema estaba dirigido a los indígenas porque había una laguna en el Programa de Salud de los Indígenas Estadounidenses de AHCCCS que permitía a las personas hacerse pasar por proveedores de atención médica legítimos para servicios de salud conductual.

Mayes dijo que el esquema comenzó cuando los proveedores establecieron instalaciones de tratamiento fraudulentas que se enfocaban en levantar generalmente personas que residían en naciones tribales o que formaban parte de la población urbana sin hogar en el área de Phoenix.

Mayes dijo que los pueblos indígenas atacados pueden haber estado en crisis y eran extremadamente vulnerables y fueron atraídos a estos hogares de tratamiento fraudulento con ofertas como comida gratis, incentivos en efectivo o alquiler.

En dato:

En 2019, al AHCCCS se le facturó $53.5 millones bajo el código de clínica de salud conductual para pacientes ambulatorios y para 2020; crecieron a $ 132,6 millones y para 2021, alcanzó los $291 millones; para 2022, se había disparado a $ 668 millones.

• Tanto indigentes como nativos americanos eran reclutados con engaños y después retenidos por la fuerza en supuestos centros de rehabilitación, en el área de Phoenix, pero no recibían el tratamiento por el que sus captores facturaban millonarias sumas al gobierno de Arizona.

“Una vez que los pacientes reclutados llegaban o eran llevados a las supuestas instalaciones de tratamiento, los proveedores obtenían información personal o la tarjeta AHCCCS del individuo”, dijo Mayes.

Si un paciente potencial no estaba inscrito en los beneficios, eso no detuvo las instalaciones de salud mental fraudulentas, pues ellos se comunicarían con AHCCCS por teléfono para obtener la elegibilidad en base a la afirmación incuestionable de que el paciente era elegible para el plan simplemente por ser nativo americano, se explicó.

“Los malos actores usaron a estas personas para facturar exageradamente a AHCCCS por los servicios de tratamiento”, dijo Mayes.

En un caso, Mayes dijo que los investigadores descubrieron que a AHCCCS se le habían facturado más de 13 horas diarias por servicios de rehabilitación de alcohol para un niño de cuatro años.

“Este pobre niño no estaba en una de las instalaciones y no necesitaba rehabilitación de alcohol, pero la tarjeta de identificación de AHCCCS del niño se usó para estafar a los contribuyentes”, dijo Mayes.

Mayes estimó que se han perdido cientos de millones de dólares en estos esquemas fraudulentos, aunque admitió que la cantidad total podría ser mucho mayor.

Pero más que eso, dijo, es el costo humano desgarrador.

“No creo que sea exagerado decir que este es… uno de los escándalos más grandes en la historia del estado de Arizona en lo que respecta a nuestro gobierno”, dijo Mayes, señalando que no hay otro estado en el país, donde este nivel de fraude de Medicaid ocurrió en un programa de pago por servicio de indios americanos.

Mayes proporcionó un desglose de la cantidad de dinero cobrada a AHCCCS desde 2019, que involucra el programa de pago por servicio de los nativos americanos utilizando el código de la clínica de salud conductual para pacientes ambulatorios, uno de los códigos principales que la persona utilizó para facturar a AHCCCS.

CRUZANDO LÍNEAS

Félix

Maritza L.

Periodista Twitter: @MaritzaLFelix Facebook e Instagram: @MaritzaFelixJournalist maritza@conectaarizona.com

Las luciérnagas del periodismo

El olor del café por las mañanas es una de mis adicciones; otra es el aroma del periódico recién impreso. En el primero remojo el pan; en el segundo, las letras en tinta. Antes me pasaba el desayuno hojeando historias; hoy puedo repasar los titulares antes de la primera mordida al pan tostado. Los periódicos están cada vez más escuetos. Son pocos los que siguen y la gran mayoría agonizan. Somos unos cuantos los que los mantenemos en respiración artificial, hasta que la crisis obliga a cerrarlos.

De 2004 a 2022, más de 2 mil 500 publicaciones locales y semanales desaparecieron o se fusionaron en Estados Unidos. En Arizona, hace poco más de un mes cerró otro de los pocos periódicos en español: la Estrella de Tucsón. Cuando un medio comunitario muere, perdemos todos. La pandemia los llevó al extremo; la indiferencia les dio el jaque mate.

Los medios de comunicación comunitarios e independientes nos hemos convertido en pequeñas luciérnagas de la democracia cuando se apagan las luces de las grandes corporaciones que dejan de invertir en el periodismo local. Somos pequeños reflejos de esperanza en desiertos noticiosos que se hacen cada vez más áridos frente a la sed de información en español. Somos un puente que le planta cara a los muchos muros.

No somos un espejismo, somos un oasis en peligro de extinción.

Lo sé, porque cuando el mundo se iba al carajo con una pandemia, emprendí. Lo hice por las ganas de contar historias y escribir momentos que no se debían olvidar; construí algo basado en el diálogo, cuyo valor no es proporcional aún a un presupuesto estructurado… nos quedarían debiendo. Lo sé porque me convertí en una fundadora con mucho de periodista y un saldo rojo de empresaria. Lo entiendo mejor que nadie porque construí una mesa grande propia para cerrar las brechas ajenas. Y ha sido lo mejor, pero más difícil que he hecho en mi vida.

Mientras recorro este camino me veo en pocos espejos. No hay tantas latinas, con acento, migrantes, luchonas y huérfanas de complejos en este andar. En las posiciones de liderazgo hay muy pocas que se parecen a mí; en los puestos de poder, casi nadie me representa. Y ese es uno de los principales problemas. La toma de decisiones recae siempre en los hombros del privilegio. Ahí también se asientan los fondos y los presupuestos.

Dos periódicos se cierran, en promedio, por semana en Estados Unidos, según la Universidad Northwestern. Los periodistas brincan de los barcos antes de que se hundan. De 75 mil que había en 2006, ya quedamos poco menos de 31 mil, y hay más de 70 millones de personas sin acceso a noticias locales en sus comunidades, no tienen publicaciones que los representen ni medios que amplifiquen sus necesidades. Están a la deriva. Pero somos unos cuantos los que nos aferramos, porque vale la vida y la pena, lo vale la democracia.

Los que seguimos con los pies parados en nuestras comunidades, en nuestros desiertos, lo hacemos contra todo. Florecemos igual. Luchamos, desde nuestras trincheras, contra un sistema que nos quiere aplastar. Pero nos plantamos. No estamos solos; el barrio nos respalda… ojalá algún día también lo hagan ellos, los otros, los que invierten, señalan y distribuyen, esos a los que no les conviene que las luciérnagas nos convirtamos en algo más que estrellas. Maritza L. Félix es una periodista, productora y escritora independiente galardonada con múltiples premios por sus trabajos de investigación periodística. Es la fundadora de Conecta Arizona, la productora del podcast Cruzando Líneas y la coproductora y copresentadora de Comadres al Aire. Es becaria Senior programa JSK Community Impact de Stanford, The Carter Center, EWA, Fi2W, Listening Post Collective, Poynter y el programa de liderazgo e innovación en periodismo de CUNY, entre otros.

Veto a la “Ley del Tamal”

Al último momento, con unas cuantas horas para que la propuesta de ley HB2094, mejor conocida como “Ley del Tamal” se convirtiera en ley, la gobernadora Hobbs la vetó porque iba a poner en peligro la salud del público, ya que hubiera permitido que los dueños de las carretas de comida aplicaran para una excepción que daría permiso para no tener que tirar el agua sucia, con aceite y químicas de limpieza, en una comisaría para loncheras.

Y es que los vendedores ambulantes de comida cocinada, por ley tienen que tirar el agua, lavar la lonchera, llenar los tanques de agua potable en una comisaría aprobada por salubridad.

Pero también hubiera permitido operar loncheras en casas privadas con permiso del dueño de la casa, algo a lo que los representantes de vecindarios se oponían por el daño potencial a la tranquilidad de los barrios.

Igualmente, de haber pasado la ley, hubiera destruido 25 años de armonía entre los vecindarios y los taqueros y hotdogeros que negociaron los reglamentos con el Ayuntamiento de Phoenix cuando la ciudad de Phoenix, hace décadas, pues en aquél entonces se había decidido prohibir la venta de vendedores ambulantes de comida en la ciudad.

Aparentemente el razonamiento de los vecindarios y los reglamentos actuales no les importo a los republicanos en ambas cámaras amparándose con el argumento de mercado libre, acusando a los taqueros asociados con La Unión Pochteca de proteccionistas e interfiriendo con libre comercio.

La ideología predominante en ambas cámaras ya no defendía la protección de los vecindarios y el público como tantas veces lo habían pregonado durante la época de Russell Pearce.

Ahora pregonaban el derecho de desmantelar reglamentos de zona, de salud, y de vecindarios para abrir las puertas corporativas en el lucrativo negocio de las loncheras que se han convertido en la moda a seguir; mucho a cambiado desde los tiempos que la mayoría de los taqueros y hotdogeros eran mexicanos de Sonora y Sinaloa, principalmente vendiendo Hot Dogs estilo Sonora con tocino enredado y frijoles en pan de hot dog calientito y también algunas loncheras tenían en el menú, tacos, burritos, tostadas sin faltar los vampiros o lorenzas y ahora, la moda son loncheras gourmet.

Estas loncheras gourmet, utilizando la tecnología virtual venden desde barbacoa hasta Sushi y buscan entrar en el mercado inventando leyes y desmantelando reglamentos que no solo protegen a los taqueros establecidos, sino al público en general.

Y es que un taquero con permiso de salubridad tiene que someterse a una inspección trimestral, incluso muchas más veces que un restaurante y además, pagan permisos en las diferentes ciudades donde operan.

El representante Payne, autor de la propuesta de ley es dueño de una lonchera de barbacoa y le molesta seguir los reglamentos, por lo que con su posición en la casa de representantes, tiene 5 años tratando de quitar la autorización de las ciudades y los condados de establecer parámetros que protegen al público de una pandemia de enfermedades alimenticias como la Salmonella, la Hepatitis A, el E. Coli y otros virus y bacterias que aparecen cuando no se siguen las reglas básicas de salubridad.