Ponen fecha para juicio penal de Trump

Debe comparecer el 25 de marzo del 2024 en plena campaña presidencial primaria

Redacción

El juez de Nueva York Juan Merchán fijó el 25 de marzo de 2024 como fecha para el juicio para la causa penal contra el expresidente Donald Trump, y hará un espectáculo mediático en plena temporada de las primarias presidenciales republicanas.

La fecha del juicio se fijó durante una breve audiencia este martes, en la que el juez Juan Merchán leyó a Trump una orden sobre lo que puede y no puede decir públicamente sobre el caso y las pruebas que su equipo legal recibirá de los fiscales para prepararse para el juicio.

Trump compareció de forma remota a través de una videollamada para que el juez pudiera comunicarse con él en audiencia pública.

Trump se declaró inocente el mes pasado de 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales con la intención de ocultar una conducta ilegal relacionada con su campaña presidencial de 2016.

Los cargos penales se derivan de la investigación del fiscal de distrito Alvin Bragg sobre los pagos de dinero por silencio, realizados durante la campaña de 2016, a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, quien alegó haber tenido una aventura con Trump, lo que él niega.

Durante la audiencia, se pudo ver a Trump hablando y haciendo un gesto a su abogado

Todd Blanche sentado a su lado en la pantalla, pero su audio no se escuchó. A veces se recostaba con los brazos cruzados; el expresidente solo habló para confirmar que tenía una copia de la orden de protección del caso. “Sí, la tengo”, dijo.

El abogado de Trump dijo que al expresidente le sigue preocupando que la orden infrinja sus derechos de la Primera Enmienda.

“Él entiende que tiene que cumplir con la orden y, si no lo hace, está violando su orden”, dijo Blanche durante la audiencia.

Merchán reiteró que no existe una orden de mordaza y que Trump puede defenderse públicamente de las acusaciones relacionadas con este caso.

“Desde luego, no es mi intención impedir de ninguna manera la capacidad del Sr. Trump de hacer campaña para la presidencia de Estados Unidos”, dijo el juez.

“Es libre de defenderse de estos cargos. Es libre de hacer campaña. Es libre de hacer casi cualquier cosa que no viole los términos específicos de la orden de protección “, agregó Merchán.

Fiscales de Manhattan piden al juez que limite la capacidad de Trump para publicar información sobre su caso penal, pero éste advirtió a los abogados que la violación de la orden por parte de Trump podría resultar en sanciones.

“La violación de una orden judicial o un mandato judicial podría conllevar sanciones que incluyen una sentencia de desacato, que es sancionable”, dijo Merchán.

Establecen calendario

A principios de este mes, Merchán firmó una orden de protección que, en parte, decía que las pruebas presentadas por los fiscales al equipo de defensa de Trump no podían compartirse ni publicarse en “ninguna plataforma de noticias o redes sociales, incluidas, entre otras, Truth Social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat o YouTube, sin la aprobación previa del Tribunal”.

Trump solo puede ver algunas pruebas designadas por los fiscales como “materiales de difusión limitada” en presencia de sus abogados y no puede “copiar, fotografiar, transcribir ni poseer de forma independiente” esas pruebas, según la orden.

Los fiscales entregaron el material de descubrimiento a los abogados de Trump en el tribunal durante la audiencia de esta semana y los plazos de programación del caso se retrasaron para que la defensa tenga más tiempo de revisar los materiales.

Los fiscales se negaron a entregar material a la defensa antes de la audiencia, solicitando que el juez diera instrucciones al expresidente sobre la orden de protección que rige su conducta en relación con las pruebas del caso.

Las mociones de la defensa ahora deben presentarse antes del 29 de agosto y los fiscales deben responder antes del 10 de octubre.

La próxima audiencia ahora está progra - mada para el 4 de enero de 2024.

El expresidente hizo comentarios públicos negativos reiteradamente y publicaciones en las redes sociales sobre el fiscal de distrito, los posibles testigos del juicio y el juez de este caso. Los fiscales citaron algunas de las publicaciones de Trump en Truth Social en su solicitud de orden de protección. Trump y su equipo legal aún pueden hablar del caso públicamente porque no hay ninguna orden de mordaza en vigor y la orden de protección, tal como está redactada, restringe específicamente su discusión pública y la difusión del material del caso entregado a la defensa durante el proceso de descubrimiento.

Los abogados de Trump presentaron una moción para trasladar el caso penal a un tribunal federal de Manhattan, argumentando que los crímenes de los que se acusa a Trump están relacionados con sus funciones como presidente.

La solicitud de la defensa de trasladar el caso a un tribunal federal no detiene el cronograma en curso del tribunal estatal, está prevista una audiencia en un tribunal federal sobre esa moción para el próximo mes.

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Develan más abusos del clero a niños

Casi 2,000 nuevos casos de abuso sexual infantil en el estado de Illinois

Redacción

Una investigación de varios años sobre el abuso sexual infantil por parte de miembros del clero católico en Illinois encontró que al menos 1,997 niños en todo el estado fueron abusados sexualmente.

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, publicó el martes un informe completo que detalla décadas de abuso sexual infantil por parte de miembros de las diócesis católicas de Illinois, que incluyen Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Rockford y Springfield.

El informe de casi 700 páginas presenta relatos narrativos detallados del abuso sexual infantil cometido por clérigos católicos.

Muchas de las narraciones se escribieron en consulta con los sobrevivientes, se basan en sus experiencias y se cuentan desde el punto de vista del sobreviviente.

“Fui criada y confirmada en la iglesia católica y envié a mis hijos a escuelas católicas. Creo que la iglesia hace un trabajo importante para apoyar a las poblaciones vulnerables; sin embargo, como con cualquier institución presuntamente respetable, la iglesia católica debe rendir cuentas cuando traiciona la confianza del público”, dijo Raoul.

Aunque el informe concluye formalmente la investigación que abrió la oficina del Fiscal General en 2018, contiene 50 páginas de recomendaciones de la oficina a las diócesis para el manejo de futuras denuncias de abuso sexual infantil.

Antes de la investigación de Raoul, las diócesis católicas de Illinois enumeraron públicamente solo 103 abusadores sexuales de niños comprobados; en comparación, el informe de Raoul revela nombres e información detallada de 451 clérigos católicos y hermanos religiosos que abusaron de al menos 1997 niños en todas las diócesis de Illinois.

De los 451 clérigos del informe, 330 han muerto, según Raoul.

La Arquidiócesis de Chicago y las diócesis de Belleville, Joliet, Peoria, Rockford y Springfield emitieron una declaración conjunta sobre los hallazgos.

“La Iglesia Católica en Illinois ha estado a la vanguardia en el tratamiento del abuso sexual de menores durante muchos años”, dijo el Cardenal Blase J. Cupich, Arzobispo de Chicago y Metropolitano de la Provincia de Chicago.

“En este momento, trabajando con la Oficina del Fiscal General de Illinois, los líderes de las seis diócesis de Illinois se esforzaron por aclarar y actualizar nuestro enfoque, teniendo en cuenta nuestra experiencia vivida y las mejores prácticas en este campo. Nuestros objetivos comunes al hacerlo son garantizar que ofrecemos apoyo pastoral a los afectados por esta tragedia y trabajar diligentemente para evitar que vuelva a ocurrir”.

Las diócesis de Illinois dijeron durante años que sus procedimientos incluyen, entre otras cosas: La publicación en el sitio web diocesano de los nombres de sus clérigos acusados de manera creíble de abuso sexual de menores.