VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.
Introducción
En nuestro país, el tema relativo al derecho de seguridad social (visto como forma de protección ante las contingencias de la vida, definición acertada, pero que no totaliza su conceptualización) es investigado periodísticamente de forma actuarial, y como investigación científica se profundiza en materia de protección a cuestiones relativas a la salud (riesgos profesionales, enfermedades comunes, subsidios, lactancia), o a las prestaciones otorgadas, sin embargo, se carece del análisis de la seguridad social como parte de la administración pública. Dentro del gremio jurídico especializado en materia administrativa, son conocidas las carencias que existen en los procedimientos administrativos, principalmente, porque carecemos de una ley que los regule, solo tenemos la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, en adelante Ley No. 290, que en 13 artículos establece la forma de dirimir los conflictos entre administrados y administrador, lo que a todas luces, en la práctica, resulta insuficiente para ambas partes. El INSS, a través de sus desconcentraciones, genera constantemente actos administrativos (resoluciones de prestaciones económicas, resoluciones en materia de higiene y seguridad ocupacional, entre otros) que afectan a los administrados, quienes si consideran que dicho acto no les resulta conveniente, tienen la posibilidad de solicitar su declaración de nulidad absoluta relativa o la declaración de inexistencia del acto. En la investigación, se decidió estudiar el procedimiento administrativo que se deriva de las inspecciones realizadas a las empresas, con el fin de corroborar el cumplimiento de estas a las obligaciones impuestas tanto por el Decreto No. 974, Ley de Seguridad Social, en adelante LSS, como por el Decreto No. 975, Reglamento General a la Ley de Seguridad Social, en adelante RGLSS. Producto de estas fiscalizaciones se generaron ajustes a empleadores hasta por la cantidad de C$95.000.000.00 en 2013, y constantemente se
activan las diversas vías jurisdiccionales, con el fin de buscar la impugnación de dichos actos, lo que conlleva la necesidad de estudiar bajo el ordenamiento jurídico vigente el procedimiento administrativo, con los objetivos de detectar los principales problemas, reflexionar acerca de las causas que los originan, describirlos y brindar una solución.
2.
Marco teórico
Nos indica Sabino (1992), que: El marco teórico, también llamado marco referencial (y a veces, aunque con un sentido más restringido, denominado asimismo marco conceptual), tiene precisamente este propósito: dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Es decir, se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos referentes al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útiles en nuestra tarea. (p. 52) El estudio del derecho a la seguridad social en el país corresponde al enfoque de las prestaciones otorgadas por la institución, sean de servicios, en especie y en dinero1, es decir, la mayor cantidad de estudios jurídicos van en la línea investigativa a las prestaciones otorgadas por el INSS. El art. 23 LSS establece que “el Instituto financiará los programas del Seguro Social con los siguientes recursos: e. El producto de multas y recargos que cobre el Instituto de conformidad con esa Ley y sus Reglamentos” (p. 67), dichas multas y recargos generan un procedimiento administrativo, pues los afectados --para el caso de nuestro estudio, solo empleadores (sean personas naturales o jurídicas)--, por lo general, no se encuentran conformes cuando el INSS afecta su patrimonio. 1: Así lo señala Ruiz (2013): “Por su naturaleza las prestaciones se clasifican en: 1) servicios (servicios médicos, exámenes, rehabilitación…); 2) en especie (medicamentos, aparatos auxiliares,…); y, 3) en dinero (pensiones, indemnizaciones, subsidios)”.
Página | 79