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Índice 10

Plan de empresa para una micro rosticería en el barrio San Judas de Managua en el período 2015 - 2019 MSc. Emilio Ramón Santana P. Maestría en Administración y Dirección de Empresas

26

Caracterización de la empresa familiar en Nicaragua: supervivencia ante las nuevas generaciones Dra. Jessica Helen Pérez Reynosa Maestría en Administración y Dirección de Empresas

Propuesta de Plan de Empresa del Estudio de Arquitectura Poveda Partners 36

MSc. Regina Desireé Poveda V. Maestría en Administración y Dirección de Empresas

Propuesta de Plan Estratégico para la empresa implementarse durante el período 2015-2017 49

Enimosa, para

MSc. Byron Lenin Mora Orozco Maestría en Administración y Dirección de Empresas

Emprendimiento social y el fenómeno de la pobreza en las economías emergentes 58

MSc. Marvi Gabriela Molina Márquez Maestría en Administración de Negocios

El interés superior del niño como principio rector en los procesos de familia Especialista Odina Mazier

69

Especialización en Derecho Procesal

Procedimientos y recursos administrativos de fiscalización tramitados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) MSc. Luis Ernesto Alemán M.

78

Maestría en Derecho de Empresas con Especialización en Asesoría Jurídica

Marco regulatorio Nicaragua 86

95

de

los

grandes

consumidores

de

energía

en

MSc. Jorge Antonio Vásquez P. Maestría en Derecho de Empresas con Especialización en Asesoría Jurídica

Análisis sistemático y propuestas a la reforma institucional del SICA. Especial referencia al proceso de toma de decisiones y al reparto de competencias de sus órganos centrales MSc. Diana Cecilia Santana P. Maestría Regional en Integración Centroamericana y Desarrollo


El Comité Ejecutivo: funcionamiento, representación política y su papel en el proceso de integración centroamericana 101

MSc. Eymi Lissette Esquivel A. Maestría Regional en Integración Centroamericana y Desarrollo

La posible implementación de la portabilidad numérica en Nicaragua 112

MSc. Noelia Esperanza Zeledón Maestría en Derecho de Empresa con mención en asesoría jurídica

La estructura del SICA: un acercamiento a la acción de sus órganos e instituciones en materia de políticas regionales 120

MSc. Irene Díaz González Maestría Regional en Integración Centroamericana y Desarrollo

Sistema de elección, representación y participación democrática de las mujeres en el Congreso de la República de Guatemala 130

MSc. Angélica Yolanda Vásquez Doctorado en Derecho Universidad Rafael Landívar, Guatemala y Universidad del País Vasco

141

Insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer, con énfasis en el delito de femicidio MSc. Flor de María Sagastume Leytan Doctorado en Derecho Universidad Rafael Landívar, Guatemala y Universidad del PaísVasco

Falta de implementación de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, en el apartado relativo a las acciones específicas en la esfera del poder político 155

Juan Luis Cano Chávez Doctorado en Derecho Universidad Rafael Landívar, Guatemala y Universidad del País Vasco

Principales aspectos a considerar para la transición de un currículo tradicional a uno por competencias a nivel de educación superior 162

MSc. Silvana Guisela Zimeri Velásquez Maestría en Educación y Aprendizaje, Universidad Rafael Landívar de Guatemala

177

El rol de las organizaciones docentes en la reforma educativa de 1994 en El Salvador MSc. José Rubén Merino Luz del Carmen Galdámez Maestría en Política y Evaluación Educativa


188

La conformación del liderazgo escolar de directivos de centros educativos de educación básica en entornos difíciles, tomando como caso de estudio 9 municipios del departamento de San Salvador MSc. Erika Ivonne Mestizo Maestría en Política y Evaluación Educativa, Universidad Centroamericana Simeón Cañas, El Salvador

196

La homofobia como factor de influencia en el desarrollo de la masculinidad, violencia y sexualidad de hombres nicaragüenses MSc. Michael Andrew Solís Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo

Estudio sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes MSc. Gabriel Rivera Rocha

207

MSc. Karla Hernández Roa MSc. Vilma Álvarez Mora Maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de niños, niñas y adolescentes

La denuncia profética de la riqueza: resonancia de la Patrística en la Teología Latinoamericana de la Liberación 215

MSc. Claudia Marlene Rivera Maestría en Teología Latinoamericana, Universidad Centroamericana Simeón Cañas, El Salvador

Trayectorias de vida, trayectorias políticas: ejercicios situados de política encarnada 224

Lic. María Gabriela Montiel Hernández Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo

Apuestas políticas de trabajadoras sexuales organizadas y su conexión con los feminismos nicaragüenses 233

Lic. Bertha Massiel Sánchez Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo

Minería y desarrollo en Nicaragua: una mirada feminista del caso de Rancho Grande 242

MSc. Teresa Pérez González Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo

Propuesta de promoción del turismo rural sostenible de la comunidad Camilo Ortega como una alternativa a la problemática del desempleo juvenil 254

Msc. Martha del Rosario Dávila Msc. Marcela Villagra Villarreal Maestría en Gerencia de lo Social: Proyectos, Programas y Políticas


264

Internalización de costos ambientales en la producción camaronera en el Río Estero Real, Chinandega, Nicaragua MSc. Nelvia del Socorro Hernández Maestría en Desarrollo Territorial con mención en Desarrollo Local y Rural

280

Análisis territorial para la definición participativa de estrategias de adaptación al cambio climático en las comunidades de Nazareth II y San Pablo, en el territorio de Tasba Pri, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua MSc. Mauricio Jesús Córdoba S. Maestría en Desarrollo Territorial con mención en Desarrollo Local y Rural

La pizarra digital interactiva como recurso tecnológico para crear ambientes de aprendizaje efectivos 292

Especialista Erika María Mejía Carcache Maestría en Gobierno y Gestión de las TIC con Especialización en Gestión y Administración de Bases de Datos


Presentación En el marco del 55 Aniversario de esta casa de estudios, la Universidad Centroamericana se enorgullece en presentar el VII Encuentro de Investigación del Posgrado, con el lema Contribuyendo al desarrollo a través de la investigación, en donde se muestran 28 investigaciones de las universidades jesuitas de Centroamérica y México, Universidad Rafael Landívar, Guatemala; Universidad Simeón Cañas, El Salvador; Universidad Iberoamericana, D. F., México, y Universidad Centroamericana, Nicaragua. De esta manera, ratificamos el compromiso de integrarnos en redes de colaboración académica, a fin de unir los saberes, conocimientos y experiencias que coadyuven a la solución de los grandes problemas sociales, económicos, políticos, ambientales y tecnológicos de la región. La investigación es una función esencial de toda universidad, y, en particular, para las universidades confiadas a la Compañía de Jesús es un componente estratégico. Investigamos para incidir en la realidad, enfocando nuestros saberes y haberes para combatir estructuras y relaciones injustas e inequitativas que incrementan la pobreza y la desigualdad social. Nos interesa transformar dicha situación por el bien común, y, desde nuestra responsabilidad universitaria, producir conocimientos que contribuyan a iluminar la realidad con alternativas de solución. Quienes acceden a estudios de posgrado a nivel mundial representan un pequeño segmento de la población, y, como tal, la sociedad espera mucho de sus aportes. En tal sentido, como profesionales están llamados a trascender el individualismo y a contrarrestar la globalización de la superficialidad, concepto denominado por el P. General Adolfo Nicolás, como aquel que poco profundiza y reflexiona en la realidad, en donde repetimos y copiamos, respondemos pruebas y realizamos tareas sin mayor cuestionamiento al sistema imperante, y en donde nos convertimos en espectadores y en espectadoras poco críticos, y, por ende, en sujetos pasivos. Es por ello que los temas que hoy se comparten en este encuentro están en esa búsqueda de trascendencia: son contenidos actuales, pertinentes, de interés regional, que abonan a la reducción de la pobreza y que benefician a las instituciones y entidades públicas y privadas de alternativas para enfrentar problemas y tomar decisiones. A manera de ejemplo, cito algunos de estos estudios: un análisis territorial para la definición participativa de estrategias de adaptación al cambio climático en las comunidades de Nazareth II y San Pablo, en el territorio de Tasba Pri, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua; la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer, con énfasis en el delito de femicidio; el marco regulatorio de los grandes consumidores de energía en Nicaragua; las empresas familiares como fuentes importantes de generación de empleos; el emprendimiento social y el fenómeno de la pobreza en las economías emergentes; la transición de un currículo tradicional a uno por competencias; la pizarra digital interactiva como recurso tecnológico para crear ambientes de aprendizaje efectivos; la homofobia como factor de influencia en el desarrollo de la masculinidad, de la violencia y de la sexualidad de hombres nicaragüenses, y algunos análisis de los problemas que enfrenta el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, entre otros. A 55 años de su fundación, la Universidad ratifica su misión de contribuir con el desarrollo humano y sostenible de Nicaragua y de la región, por lo cual continúa profundizando en la calidad educativa --en sus distintos componentes-- para ser más efectiva con la formación integral de la persona, finalidad del proyecto pedagógico jesuita. Por ello, el tema central de este evento tratará sobre la investigación desde

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

Índice

la perspectiva de género, a cargo de la doctora Mary Ellsberg, Directora del Instituto de la Mujer de la Universidad George Washington. El tema no es casual, por el contrario, su propósito es profundizar en las transformaciones sociales, en los esquemas de pensamiento y de prácticas en las relaciones sociales entre hombres y mujeres; a través de la investigación visibilizar y cuestionar las desigualdades basadas en el orden social de género, transversalizarla en todos los niveles del grado y del posgrado, en todas sus dimensiones sociales y humanas (Política de Género, Universidad Centroamericana, p. 10) Les invito a inspirarse en el deseo de nuestro P. General, Adolfo Nicolás (2013), quien estimuló a los y las jóvenes del Colegio Javier, de Guayaquil, Ecuador, a tener un corazón de jirafa o aprender a ser como las jirafas. Que por la enorme altura de su cuello y cabeza, necesitan un corazón grande para que bombee fuerte la sangre y esta llegue al cerebro y pueda cumplir su función de ver la amplitud de la realidad en su totalidad y complejidad para que el cerebro piense en profundidad sus causas y soluciones, para mirar más allá de nuestras pequeñeces y enanismo espiritual, y no dejar de pensar y soñar en grande, actuando en lo cotidiano en lo pequeño. (s. p.) Agradezco a nuestra invitada, Dra. Mary Ellsberg, por su valiosa colaboración al iluminarnos en el camino de la investigación desde la perspectiva de género, a los y a las investigadores(as) que hoy comparten sus conocimientos y experiencias, por aportar a la solución de los problemas sociales, económicos, políticos, ambientales y tecnológicos de la región, a las universidades jesuitas participantes de este encuentro, por creer y apostar al trabajo en redes de colaboración, y a todos los y las participantes de los programas de posgrado, estudiantes, docentes e invitados especiales, que hoy comparten este espacio de encuentro y discusión de propuestas. A todo el equipo organizador de este evento, al comité y a las coordinaciones de los programas de posgrado, al personal del e-Centro de Innovación y Colaboración, Dirección de Informática, y a todo el personal de la UCA por su disposición. Somos los responsables del presente, y lo que hoy forjemos será la base del futuro para las próximas generaciones. Continuemos promoviendo la investigación con pertinencia social, con la certeza de que estamos aportando a un mejor servicio al país y a la región.

Muchas gracias, Dra. Renata Maria Rodrigues, Vicerrectora Académica

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Bases del

Encuentro Objetivo general

Objetivos específicos

Fortalecer el proceso investigativo en los programas de posgrado a fin de reflejar su contribución a la sociedad.

Compartir resultados de investigaciones con la comunidad universitaria de posgrado y con las instituciones, organizaciones vinculadas con las áreas temáticas.

Fortalecer los lazos de comunicación con los graduados/as para integrarlos a las actividades académicas de la universidad.

Aportar a la proyección social de los programas de posgrado a través del panel: La investigación desde la perspectiva de género.

1) Administración de Empresas y Economía

Áreas temáticas

2) Ciencias Jurídicas 3) Ciencias Sociales 4) Desarrollo Territorial y Tecnología 5) Ciencias de la Educación

Metodología

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El evento lleva por lema “Contribuyendo al desarrollo a través de la investigación”. Combina una plenaria general y discusión por áreas temáticas. La plenaria abordará “La investigación desde la perspectiva de género”, a cargo de la doctora Mary Ellsberg, Directora del Instituto de la Mujer, Universidad George Washington. Las áreas compartirán investigaciones de graduados/as de las universidades jesuitas de Centroamérica, Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Universidad Centroamericana Simeón Cañas, El Salvador y Universidad Centroamericana, Nicaragua. Se tendrá una memoria que registre todas las investigaciones y un cuadernillo resumen de las mismas. Al final del evento se entregará diploma de reconocimiento a los y las ponentes.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

Créditos Autoridades de la Universidad Centroamericana Rector: P. José Alberto Idiáquez Guevara, S.J. Vicerrector General: Dr. Jorge Alberto Huete Pérez Vicerrectora Académica: Dra. Renata Maria Rodrigues Vicerrector Administrativo: MSc. Róger de Jesús Uriarte Gómez Secretaria General: MSc. Vera Amanda Solís Reyes

Comité Organizador del VII Encuentro de Investigación Integrado por: Dra. María Asunción Moreno Castillo, Coordinadora de Posgrado y Formación Continua Facultad de Ciencias Jurídicas, Lic. Fabiola Mejía Carcache, Coordinadora de Posgrado y Formación Continua Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente, MSc. Norma Giovanna Robleto Zúniga, Coordinadora de Posgrado y Formación Continua Facultad de Humanidades y Comunicación, MSc. Luz Marina Sequeira Hurtado Coordinadora de Posgrado del Área de Administración y Dirección de Empresas, MSc. Caroll Antonio Siero Pereira, Coordinador Maestría Economía Aplicada, Lic. Leslie Vanessa Ruiz Baldelomar, Directora de Comunicación Institucional y MSc. Sandra Esther Ruiz Almendárez, Directora de Posgrado y Formación Continua.

Revisión y edición MSc. Hebé Zamora, consultora Equipo de la Dirección de Posgrado y Formación Continua

Diseño gráfico Lic. Luis Mendieta

Universidad Centroamericana UCA Managua, Nicaragua Agosto, 2015

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Plan de empresa para una micro rosticería en el barrio San Judas de Managua en el período 2015 - 2019

Resumen

MSc. Emilio Ramón Santana P. Maestría en Administración y Dirección de Empresas emiliosantana1@hotmail.com

Palabras Claves: •

Plan de empresa

Inversión

Factibilidad

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En años recientes han proliferado negocios de comida rápida de pollo rostizado para atender segmentos populares en los barrios de la ciudad de Managua, sin embargo, dichos negocios están instalados en avenidas principales y no así el interior de los barrios. Por tanto, la investigación responde a la pregunta: ¿Es factible la inversión en una micro rosticería en el interior del barrio San Judas de Managua? La factibilidad del proyecto se determinó a través de los análisis del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Como resultado del estudio, se encontró que el mejor escenario es financiar el proyecto en un 50% a una tasa del 12% anual, los resultados fueron: VAN, US$ 5,127.86 y TIR, 43.00%, por tanto, el proyecto es factible. Con el fin de sustentar los resultados, se realizó un análisis de sensibilidad del VAN al precio de venta y a la cantidad vendida, los resultados fueron que existe una alta sensibilidad del proyecto a fluctuaciones en el precio, teniendo como margen variaciones por debajo del precio original a apenas un 2.04%. Se sugiere la financiación del proyecto por medio de los programas que llevan a cabo en el Ministerio de Fomento de Industria y Comercio (MIFIC). Es importante señalar que este estudio tiene validez exploratoria y no debe considerarse sólido para realizar una inversión.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

Nicaragua tiene una fuerza laboral estimada a 2014 de 3.19 millones de habitantes, de los cuales solo el 24.8% cuenta con un contrato formal (Banco Central de Nicaragua, 2015). Las escasas oportunidades laborales con el goce de prestaciones y de condiciones adecuadas, han provocado que muchos pobladores opten por emprender pequeños negocios familiares, con pocos recursos económicos y con baja tecnificación. Según datos del BCN (2015), las pequeñas empresas en Nicaragua totalizan más de 121.000, siendo estas las principales generadoras de empleo. A pesar del impacto positivo en la generación de empleos por parte de las microempresas, en su mayoría estos son precarios, con bajos salarios y sin prestaciones sociales, por lo tanto, la tarea pendiente de los pequeños empresarios es lograr que las empresas sean más competitivas a través de una mejora en la productividad, con lo cual podrían ser capaces de mejorar los salarios y las condiciones laborales de sus colaboradores. El objetivo del presente estudio es la formulación de un Plan de Empresas para la implementación de una micro rosticería enfocada a atender un segmento popular en el barrio San Judas de la ciudad de Managua. Vale comentar que dicha microempresa está diseñada para generar empleos formales, y, a su vez, para competir con ventajas en su mercado.

En el Macro de Análisis Ambiental (MAA), propuesto por Austin y Kohn (1990), se analizan las fuerzas del entorno en cuatro categorías: factores económicos, políticos, culturales y demográficos. La Figura 1 muestra las principales variables que serán analizadas por cada factor. Figura 1. Factores del macro de análisis ambiental Fuente: Austin y Kohn (1990, p. 158).

Asimismo, se utiliza el Modelo de Análisis de Organización Industrial propuesto por Geer (1984) para entender el comportamiento del mercado del sector de comidas rápidas, en específico de las rosticerías de pollo. En este modelo se propone analizar el mercado desde cuatro perspectivas, las cuales se resumen en la Figura 2. Figura 2. Modelo de análisis de organización industrial

La Figura 2 indica que las cuatro perspectivas están interrelacionadas, y el objetivo es entender cómo funciona tal interrelación. El Modelo de las Fuerzas Competitivas de Michael Porter que se observa en la Figura 3, muestra cuáles son los principales actores de las fuerzas competitivas que operan en los mercados. El objeto del modelo es lograr identificar quién de los actores tiene el control y la rentabilidad del sector. Figura 3: Modelo de las fuerzas competitivas de Michael Porter Fuente: Porter (2013, p. 127).

La importancia del trabajo radica en determinar la factibilidad económica en la inversión. De igual modo, se facilita una guía práctica de las características de la microempresa en forma de un Plan de Empresa.

Para la elaboración del Plan de Empresa se considera la siguiente estructura:

2.

Plan de Marketing, donde se delimita la ubicación del negocio y se realiza un análisis del mercado.

Marco teórico

El fundamento de todo Plan de Empresa debe ser el análisis del entorno (análisis externo), ya que dicho estudio arroja las principales amenazas y oportunidades, y sirve para determinar la mejor forma de implantar un negocio. A continuación, se describen los modelos utilizados en este estudio.

Definición del producto, donde se describe el producto y sus ventajas competitivas.

Plan de Operaciones, que presenta la propuesta de ubicación de la empresa, se describen las principales operaciones, y por último se indica cómo se gestionarán las existencias.

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Plan de Organización presenta la estructura organizativa del personal, de las funciones y del reclutamiento. Plan Financiero, donde se calculan los flujos del proyecto y se analiza la factibilidad económica a través del VAN y de la TIR. También se realiza un análisis del riesgo. Finalmente, se plantea la forma jurídica de mayor beneficio para la constitución de la empresa.

3.

Metodología

La metodología empleada en la investigación es de carácter exploratorio y descriptivo, con enfoque cuantitativo y cualitativo. Se utilizó fuentes de datos indirectas (publicaciones de entes gubernamentales) y fuentes de datos directas (encuesta a muestra no probabilística por conveniencia). La investigación fue realizada en un período de 3 meses consecutivos, de junio a septiembre de 2014. Para el análisis externo se utilizó la investigación documental, dado que se recopila información a través de diferentes escritos, por ejemplo, reportes del BCN (2014), de FUNIDES (2013) y del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE, 2008) . La determinación del nicho y la ubicación del mercado se realizó a través de la selección del barrio de Managua con mayor cantidad de habitantes no pobres, acorde con Informe de Managua en Cifras, INIDE (2008). El pronóstico de ventas y la determinación de los gustos y de las preferencias de los clientes meta, se determinó por medio de una encuesta en los alrededores de la posible ubicación del negocio, a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia (Malhotra, 2008). En la estimación de la inversión inicial y de los costos operativos del negocio se utilizaron cotizaciones a los potenciales proveedores de insumos y de servicios. El análisis financiero se basó en las herramientas: TIR y VAN (Chain, 2011).

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El riesgo es analizado mediante la técnica del cálculo del punto de equilibrio del VAN para el precio y la cantidad.

4.

Resultados y discusión

Es menester empezar describiendo los hallazgos del análisis externo bajo los modelos de Austin y Khon (1990), Geer (1984) y Porter (2013), a fin de mostrar cómo el Plan de Empresa aprovecha las oportunidades y reduce las amenazas del entorno. Dentro de las oportunidades, se considera la estabilidad macroeconómica del país. El crecimiento sostenido del PIB en 8.10% anual, sumado a la estabilidad monetaria, la cual se ha mantenido estable por más de 15 años con una inflación inferior al 7% anual y una devaluación del 5% anual, propicia las condiciones básicas para el emprendimiento de negocios. Asimismo, el crecimiento de la actividad económica en el sector de restaurantes es favorable. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el sector de restaurantes en los últimos tres trimestres ha mostrado un sorprendente impulso, posicionándose en 9.2% a abril de 2014. Esto muestra que existen condiciones favorables para emprender inversiones en dicho sector. En general, los estudios muestran que existe una reducción de la pobreza en al menos 1% anual, esto significa que, cada año, alrededor de 30,000 ciudadanos incrementan su poder adquisitivo. Dado que el segmento de consumidores de perfil popular había tenido poco poder adquisitivo, esto representa una excelente oportunidad para captar este creciente segmento con mayor capacidad de compra. En la actualidad, el grupo estratégico de rosticerías de perfil popular se muestra sólido, con pocos competidores y con precios estables. De igual modo, la demanda se presenta con mayor crecimiento que el de la oferta. Rosticería Guapollón, líder del mercado, ofrece una competencia responsable, penetrando mercados nuevos y con precios que permiten la competencia de los otros oferentes. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Por último, como oportunidad, la evidencia muestra que el consumidor nicaragüense prefiere el pollo frito sobre otras ofertas de comidas rápidas (66%). Dentro de las amenazas se identifica el incremento de la carga tributaria. En los últimos tres años el gobierno ha aprobado reformas de incrementos a la seguridad social, que establecen un crecimiento paulatino de la contribución patronal desde el 17% en 2013 hasta el 19% en 2017. Esta medida reducirá los ingresos de las empresas, y, por ende, su capacidad de reinversión. En 2012 se aprobó una actualización a la Ley de Defensa al Consumidor, la cual establece derechos a los consumidores más exigentes, relacionados con las reclamaciones y las garantías a las empresas. Esto representa una amenaza al pequeño empresario que cuenta con menos recursos para nivelar su capacidad de respuesta a la nueva regulación. Otra amenaza es que la inversión en educación por parte del gobierno, como porcentaje del PIB, no registra variaciones significativas, manteniéndose al 2014, en 4.3%. Lo anterior implica una desmejora en las competencias del personal, y resulta en mayores gastos en capacitación para este, reduciendo así la productividad general de las empresas. Para la industria, una amenaza es la estrategia de penetración del mercado líder. En el segmento de las rosticerías de perfil popular, Rosticería Guapollón ha mostrado una estrategia agresiva de penetración de nuevos mercados, sin embargo, no se encontró evidencia de que sea una estrategia destructiva hacia los competidores. Empero, los nuevos competidores que incursionen en este grupo estratégico deben observar las señales del líder, debido a la capacidad y a la posibilidad de que este emprenda estrategias de ataque frontal. Basado en las oportunidades y en las amenazas, se considera pertinente una estrategia competitiva basada en la concentración (nicho), especializándose en un área geográfica donde se encuentre la mayor cantidad de clientes potenciales, adaptando el producto a las características específicas de este nicho.

A continuación, se describe el desarrollo de la estructura del Plan de Empresa presentado en el marco teórico. El producto se define como la oferta del servicio de comida rápida de pollo rostizado de perfil popular y familiar, y satisface una necesidad al facilitar la obtención de combos de pollo rostizado en menos de cinco minutos, ya sea para comer en el lugar o para llevar. El producto se identificará bajo la marca “Big Chicken”, y tiene como objeto posicionarse, por su gran sabor y rapidez, en un ambiente familiar. Figura 4: Logo “Big Chicken” Fuente: Elaboración propia.

En relación con el Plan de Marketing, el concepto de negocio de Rosticería Big Chicken es ser de perfil popular para familias de ingresos medios y bajos. El mercado meta son los habitantes del barrio San Judas, con un nivel socioeconómico medio y bajo, es decir, con ingresos mínimos de US$400.00, y que tengan sus necesidades básicas satisfechas; los clientes potenciales en dicha zona se estimaron en 5,000. Los competidores de la zona son Guapollón y El Pollo Nic. La Rosticería Big Chicken se diferencia por su mejor y más cómoda infraestructura, la cual prestará condiciones para que los alimentos sean consumidos en el local. Otro elemento diferenciador es que el mercado meta de Big Chicken estará enfocado en atender a familias a lo interno del barrio San Judas, mientras que el de Pollo Nic y el del Guapollón se enfocan en los transeúntes del sector de la parada de El Zumen. La Tabla 1 muestra un sondeo de precios realizado en los competidores ubicados en los alrededores del barrio San Judas. La estrategia es colocar sus productos a los mismos precios del líder (Rosticería Guapollón). La lógica de esta política se basa en el hecho de que un precio más bajo denotaría inferioridad en la calidad del producto, y un precio más alto no tendría sentido, dado que se requiere la penetración del mercado vía precio.

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Tabla 1: Comparativo de precios. Grupo estratégico de rosticerías de perfil popular Fuente: Elaboración propia.

5.

Pronóstico de ventas Tabla 2: Pronóstico de ventas de pollo frito en piezas y combos Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 muestra la proyección de ventas en dólares, tanto del pollo frito en piezas como en combos. El crecimiento se estimó en 9% anual, y se prevé atender diario al menos a 25 clientes con un ticket promedio de US$1.47. De acuerdo con el plan de operaciones, en la investigación se ubicó un local a una cuadra al norte del Ceibón, la Figura 5 muestra el sitio respecto a los competidores.

Figura 5: Ubicación de las rosticerías de pollo en el sector del barrio San Judas Fuente: Elaboración propia.

Los procesos para la producción de pollo frito se resumen en: •

El abastecimiento de los insumos, el cual consiste en comprar y almacenar toda la materia prima necesaria para la producción.

La transformación de los insumos por medio de los equipos y de la mano de obra.

El almacenamiento y la exhibición del producto terminado, en vitrinas, para que los clientes puedan ser atraídos por la vista y el olfato.

La elaboración del pedido una vez que llegan los clientes al negocio.

El cajero --que es vendedor a la vez-- sugiere al cliente los combos disponibles.

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La facturación (por el cajero).

El despacho.

Se debe notar la importancia de los procesos de limpieza del local cada hora, así mismo, se debe cuidar el aseo de los equipos al abrir y al cerrar el negocio. Los equipos básicos para la producción del pollo frito son: dos freidoras --una para freír pollo y otra para freír papas--, una vitrina exhibidora calentadora, un refrigerador reach-in, un congelador, una mesas de trabajo, un filtro móvil de freidora de aceite, un exhibidor de bebidas gaseosas, fregadero de doble depósito de acero inoxidable. Figura 6: Organigrama Rosticería Big Chicken Fuente: Elaboración propia.

La estructura organizacional de Big Chicken se muestra en la Figura 6. Esta estructura es funcional y piramidal. El proceso de selección se realizará publicando la vacante en un diario de circulación masiva o en sitios de empleo de internet. Los requisitos para ser cocinero (rosticero) y vendedor cajero serán, al menos, ser bachiller, con un año de experiencia en servicio al cliente. En el caso del administrador, se solicitará nivel académico de licenciado en cualquier ciencia administrativa, y de preferencia con experiencia en manejo de personal. La capacidad de producción es de 165,888 piezas de pollo frito anual (576 piezas/día x 24 días/mes x 12 mes/año). Durante la vida del proyecto, no se realizarán inversiones adicionales en pro de aumentar la capacidad de producción, esto se debe a que la mencionada capacidad excede en un 20% la demanda máxima pronosticada. Como parte del Plan Financiero, la inversión inicial incluye valor de los equipos, del mobiliario, de las remodelaciones; gastos de instalación, gastos legales de apertura y capital de trabajo. Los datos de los precios se consiguieron a través de cotizaciones facilitadas por diferentes proveedores. La inversión inicial del proyecto Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado suma US$24,015.84; complementario a esta se prevé invertir al tercer año, para cambio de mesas del salón del restaurante y para utensilios de cocina, un monto de US$1,069.48. El capital social se establece como el 50% de la inversión inicial, es decir, US$12,007.92. Como garantía para la solicitud del préstamo, se ofrecerá al banco como prenda el valor de los activos tangibles, los cuales suman US$17,012.19. Tabla 3: Flujo del inversionista confinanciamiento (dólares de EE.UU.) Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3 muestra el flujo del inversionista con financiamiento, la primera columna contiene la descripción de las cuentas, y luego, las siguientes, representan los flujos por cada año, donde 0 es el año de la inversión inicial (2014), y 5 el fin del ciclo del proyecto (2019). Como es de esperar, los indicadores del VAN y de la TIR mejoran con financiamiento. El caso del VAN, quedan en US$5,127.86. Esto indica que la inversión excede la exigencia del inversionista en dicha cantidad de dinero, con base en los flujos del proyecto traídos a su inicio. En el caso de la TIR, esta se ubica en 43.00%. La mejoría en los indicadores se debe a los beneficios del escudo fiscal por la deducción de los costos financieros para efecto del pago de impuestos. Tabla 4: Cálculo del precio y cantidad de equilibrio del VAN Fuente: Elaboración propia.

Utilizando la herramienta de análisis de sensibilidad que facilita la hoja de cálculo de Microsoft (Excel), se calculó los valores en precio y en cantidad, para los cuales el VAN ajustado se hace cero.

modo, se requiere vender 93,888 piezas de pollo frito al año, a un precio mínimo de US$1.44 por pieza, para que el VAN del proyecto también sea 0. Se propone constituir la empresa como persona jurídica, sin embargo, dado que se trata de la apertura de un negocio nuevo, se debe inscribir ante las entidades gubernamentales bajo el régimen de cuota fija. Entre las ventajas de constituirse como persona jurídica, se consideran las siguientes: apertura a más de un inversionista; en caso de quiebra, protección de los bienes patrimoniales; opción a realizar negocio con empresas y con entes estatales. Se sugiere iniciar bajo el régimen de cuota fija y migrar al régimen de retención del IVA hasta alcanzar el techo de C$1,200,000, conforme la última reforma fiscal.

6.

Conclusiones

Como resultado del análisis se obtuvo que el proyecto es factible con un financiamiento del 50% de la inversión a una tasa del 12% anual, y con un período de vida del proyecto de 5 años. Los resultados de los indicadores financieros dan un excedente de US$5,127.86 en el VAN sobre el monto mínimo exigido por el inversionista. Por su parte, la TIR resultante es 43.00%. En ambos casos, el proyecto se acepta. Se puede concluir que existe mayor riesgo de no rentabilidad del negocio por cambios al precio, ya que apenas existe un 2.04% de margen entre el precio mínimo a ofrecer y el precio inicial de la oferta, por lo cual se sugiere ajustar más los costos operativos, de tal manera que sea posible dar mayor posibilidad de que el proyecto sea sostenible en el tiempo.

De la Tabla 4, se obtiene que la cantidad mínima que se debe vender con un precio de US$1.47 por pieza de pollo frito, para que el VAN sea 0, es 85,387 piezas de pollo frito al año. Y de igual

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7.

Referencias bibliográficas

Austin, J. E., & Kohn, T. O. (1990). Strategic management in developing countries. Recuperado de Google Book: http://books. google.com.ni/books?id=zQs0OS7Bj4QC&printsec=frontcover&dq=strategic+management+in+developing+countries&hl=es&sa=X&ei=Jyr0UefWJu-r4AOvjYHoDw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=strategic%20management%20 in%20developing%20countries&f=false

Banco Central de Nicaragua. Nicaragua en cifras 2013. Recuperado de http://www.bcn.gob. ni/publicaciones/periodicidad/anual/nicaragua_cifras/nicaragua_cifras.pdf Banco Central de Nicaragua. Nicaragua en cifras 2014. Recuperado de http://www.bcn.gob. ni/publicaciones/periodicidad/anual/nicaragua_cifras/nicaragua_cifras.pdf Chain, N. S. (2011). Proyectos de inversión, formulación y evaluación. Santiago: Pearson. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. (2013). Coyuntura Económica de Nicaragua, Tercer trimestre 2013. Recuperado de http://www.funides. com/documentos/coyuntura/2013/tercer_trimestre/tercer_informe_de_coyuntura_economica_de_2013.pdf Geer, D. F. (1984). Industrial Organization and Public Policy. New York, USA: McMillan. Instituto Nacional de Información de Desarrollo. (2008). Managua en cifras. (I. N. Desarrollo, Editor). Recuperado de http://www. inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/Managua/Managua.pdf Malhotra, N. (2008). Investicación de mercados. México: Pearson. Porter, M. E. (2013). Estrategia competitiva. Mexico D.F.: Grupo Editorial Patria.

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigaciรณn de Posgrado

Anexos

Figura 1. Factores del macro de anรกlisis ambiental

Fuente: Austin y Kohn (1990, p. 158).

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Figura 2. Modelo de análisis de organización industrial

Fuente: Geer (1984, p. 121).

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado

Figura 3: Modelo de las fuerzas competitivas de Michael Porter

Fuente: Porter (2013, p. 127).

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Figura 4: Logo “Big Chicken”

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Comparativo de precios. Grupo estratégico de rosticerías de perfil popular

Fuente: Elaboración propia

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VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado Tabla 2: Pron贸stico de ventas en piezas y combos de pollo frito

Fuente: Elaboraci贸n propia

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Figura 5: Ubicación de las rosticerías de pollo en el sector del barrio San Judas

Fuente: Elaboración propia

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VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado Figura 6: Organigrama Rosticer铆a Big Chicken

Fuente: Elaboraci贸n propia

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Tabla 3: Flujo del inversionista con financiamiento (dólares de EE.UU.)

Fuente: Elaboración propia

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VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado Tabla 4: C谩lculo del precio y cantidad de equilibrio del VAN

Fuente: Elaboraci贸n propia

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Caracterización de la empresa familiar en Nicaragua: supervivencia ante las nuevas generaciones

Resumen

Dra. Jessica Helen Pérez Reynosa Maestría en Administración y Dirección de Empresas Docente jessicap@ns.uca.edu.ni

Palabras claves: •

Empresa familiar

Sucesión

Relevo generacional

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Toda empresa u organización debe afrontar dos pilares básicos del mundo empresarial: crecer y permanecer. Las empresas familiares a nivel mundial son una fuente importante de generación de empleos. En Nicaragua, estas representan gran parte del tejido empresarial. Se estima que en el mundo solo una de cada tres empresas familiares logra pasar exitosamente a la siguiente generación. De tal manera que comprender cómo estas funcionan y tener una adecuada planeación, ayudará a su consolidación y permanencia. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar los factores que influyen en la supervivencia de las empresas familiares. Según la literatura consultada, a nivel internacional, la falta de profesionalización es el principal factor que afecta la supervivencia ante las nuevas generaciones. Asimismo, la generación de valor transgeneracional se considera importante, ya que permitirá enfrentar situaciones adversas que se presentan en un entorno cambiante, globalizado y más competitivo. Para ello, es necesario pasar de una empresa familiar a una familia empresaria y lograr la generación de valor transgeneracional, que transmita el espíritu emprendedor e innovador a las futuras generaciones. Finalmente, de acuerdo con los resultados, la brecha de comunicación debe ser tomada en cuenta para generar una buena dinámica de comunicación entre la familia, lo cual se traduce en un protocolo familiar, en un buen gobierno corporativo y en mecanismos de sucesión claramente definidos.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

Dado que las empresas familiares (EF) son una fuente importante de generación de empleos y constituyen un elemento de cohesión social (Gallego, 2012), se considera relevante estudiar cómo estas funcionan y cuáles son las principales causas por las cuales su ciclo de vida se acorta. El peso de las EF en varias economías del mundo es de gran relevancia para su crecimiento económico. Algunos autores consideran que estas constituyen la espina dorsal del desarrollo económico, puesto que en una economía de mercado el empresario es la pieza clave, dado que si no hay empresarios, no hay empresa ni creación de puestos de trabajo, así como no hay creación de riqueza (Vélez et al., 2008; Gómez, 2006; Romero, 1999). Ejemplos de éxito de EF que surgieron y se fortalecieron en el mercado, específicamente en la industria automovilística francesa, son Peugeot, Renault y Siemens. Para citar algunos ejemplos del aporte de las EF a las economías en diferentes países del mundo, tenemos que en Estados Unidos los negocios familiares proporcionan el 60% del empleo, más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 65% de todos los salarios pagados. En Reino Unido representan más del 75% de todos los negocios organizados, y se estima que más del 50% de la gente empleada está contratada por EF. En el caso de América Latina, se tiene que en México el 56% de las ventas de las 100 mayores empresas son efectuadas por EF, y en Venezuela la cifra es del 34%. (Vélez et al., 2008, p. 12). En Nicaragua, las EF también representan gran parte del tejido empresarial. A pesar de que no se tiene una cifra exacta sobre su aporte al PIB, como en el caso de los países anteriores, según el Censo Económico Urbano (CEU, 2010) existen 175,298 establecimientos en el país, concentrados mayormente en Managua (35%), de los cuales, alrededor del 87.5% son pequeños negocios familiares. A pesar de su relevancia en el crecimiento económico, las EF presentan ciertas debilidades, puesto que el principal reto que enfrentan es su supervivencia ante las nuevas generaciones. Por

tanto, el tema de la sucesión familiar es un tópico de continuo estudio dada su importancia en la economía, principalmente en la de los países en vías de desarrollo. Lo anterior se agudiza, ya que la gestión, operación y retos de las EF son diferentes a aquellas empresas donde la consanguinidad o los lazos familiares no están presentes; ya que existen intereses que difieren en qué es lo mejor para la familia y qué es lo mejor para el negocio. Dentro de los aspectos que la hacen única se pueden mencionar: los roles de socio y empleado, el rol del fundador, la sucesión y el retiro, y los conflictos a dos niveles. En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar los factores que influyen en la supervivencia de las EF. Por tanto, se revisa toda la literatura que aborda este tema como un primer paso. Esto limita el alcance del trabajo, ya que para realizar una investigación más exhaustiva se requiere del levantamiento de encuestas que permitan estudiar en el país, cuáles son los factores específicos que influyen y cómo están distribuidas estas empresas según su ciclo generacional. La falta de datos al respecto limita el análisis para el caso de Nicaragua, sin embargo, esta revisión de la literatura abre puertas para investigaciones futuras al presentar posibles variables de análisis sobre este tema.

2.

Marco teórico

Existen varias definiciones de EF. Según Lansberg, Perrow y Rogolsky (1988), es una empresa en la cual los miembros de la familia tienen el control legal sobre la propiedad. Para Barnes y Hershon (1989), es una empresa en la que la propiedad del control está atribuida a algún miembro o a miembros de una familia. De acuerdo con Gallo y Sveen (1991), es una empresa en la que una familia posee la mayoría del capital y tiene el control total, donde los miembros de la familia también forman parte de la dirección y toman las decisiones más importantes. Otra definición expresa que es una empresa que será transferida a la siguiente generación de la

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familia para que la dirija o la controle (Ward, 1997). También se considera que es aquella empresa en que la propiedad y la gestión están concentradas dentro de una unidad familiar, en cuanto sus miembros luchan por obtener, mantener o incrementar la conexión organizacional basada en la familia. Finalmente, según Chijrch (1996), es una empresa en la cual los fundadores y sus herederos han contratado a gestores profesionales, pero siguen siendo accionistas decisivos, ocupando cargos ejecutivos de dirección y ejerciendo una influencia determinante sobre la política de empresa. A pesar de la diversidad de definiciones, existe un consenso en que tres elementos esenciales definen la EF: la propiedad, el negocio o empresa y la familia. De tal manera, que los diferentes conceptos responden a las preferencias más o menos subjetivas sobre cuestiones de distribución de la propiedad en la empresa, aspectos del control, o sobre la intención de continuidad generacional (Vélez et al., 2008). El modelo de los tres círculos del sistema de la EF que explica lo antes señalado, fue desarrollado por Renato Tagiuri y John Davis en la década de 1970. Este se convirtió rápidamente en el marco organizativo central para la comprensión de los sistemas de EF. Posteriormente, según Tagiuri y Davis (1982), fue publicado por la revista Family Business Review ese año. En la actualidad, es utilizado por las familias empresarias, consultores y académicos de todo el mundo. Como se puede observar en la Figura 1, este marco de los tres círculos indica que hay tres grupos interdependientes y superpuestos que componen el sistema de la EF. Como resultado de esta superposición, se identifican siete grupos presentes de interés, cada uno con sus propias perspectivas, objetivos y dinámicas. Se considera que el éxito de los sistemas de negocio de la familia, en el largo plazo, depende del funcionamiento y del apoyo mutuo de cada uno de estos grupos (Davis, s.f.). En el estudio de las EF, el modelo ayuda a entender con mayor claridad cuáles son las fortalezas y los desafíos que se presentan en este

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tipo de empresas. Por lo que representa un punto de partida importante para el análisis de estos sistemas, dado que antes se consideraba única y exclusivamente a la empresa. A partir de este modelo, se logra descifrar la dinámica familiar que influye en el negocio y viceversa. De manera adicional, se toma en cuenta la propiedad como un factor, lo cual permite entender otros aspectos que no son explicados por la empresa y por la familia. La literatura que aborda la supervivencia de la empresa es variada, ha sido analizada en distintos ámbitos geográficos, períodos y muestras de empresas. Entre los principales estudios pioneros se destacan: Ward (1987, 2004), Briere (1991), Gallo (1995) y Amat (1998). De acuerdo con estos autores, las EF presentan serias dificultades para sobrevivir durante un largo período. En un estudio más reciente, se puntualiza que estas empresas tienen dificultades para mantener su posición en el mercado más de treinta años (De la Torre y Juanes de Luis, 2005). Figura 1. Modelo de los Tres Círculos del Sistema de la Empresa Familiar

3.

Metodología

La metodología utilizada en el estudio es de tipo documental y descriptiva. Dado que se hizo una revisión de la literatura que aborda este tema desde diferentes aspectos, y con mayor énfasis en la sucesión familiar, las fuentes son principalmente secundarias. Por tanto, el enfoque de la investigación es cualitativo. Se presentan algunos datos relevantes de las EF que permiten establecer el aporte de estas a la economía.

4.

Resultados y discusión

Como se ha mencionado, uno de los obstáculos que presenta el desarrollo de la EF y su supervivencia es la continuidad del negocio de una generación a otra. Los principales resultados que se tienen en este tema son estudios realizados en el ámbito internacional, y como se indicó al inicio, a pesar de que limitan el alcance del trabajo, son Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado una fuente de posibles variables que pueden ser analizadas para el contexto de Nicaragua. Según datos del Instituto de la Empresa Familiar (IEF, 2015), en España se calcula que un 65% de las EF están en primera generación, un 25% en segunda, un 9% en tercera generación , y tan sólo un 1% en cuarta generación o más. En Estados Unidos, el 40% de las empresas de familia desaparecen durante los primeros 5 años, el 66% del resto pasa a la segunda generación y, solamente el 12% pasa a la tercera generación (Superintendencia de Sociedades, 2001). En el caso de América Latina, la cual se caracteriza por su unión familiar y calidez humana hasta en la hora de hacer negocios, las empresas, en un gran porcentaje son familiares. La mayoría de estas son de capital privado, sin embargo, en algunas ocasiones tienen acciones (no más del 30%) en el mercado de valores. En Chile, por ejemplo, entre el 55 y el 75% de las empresas son manejadas por familias. El 70% de las EF cierran o son vendidas y el restante (30%) sobrevive a una segunda generación como empresa privada. De este total, solo una tercera parte pasa a la siguiente generación. Aquellas empresas que duran más de cuatro generaciones son muy organizadas y sofisticadas, tanto en la administración como en el rol de los dueños. Se tiene la concepción de que la EF, que en la mayoría de los casos es creada por el padre, es heredada al hijo, y cuando llega la tercera generación (nieto) es cuando, por lo general, se destruye su valor (Anónimo, 2012). En la Figura 2 se presenta el ciclo de vida de las EF. En los estudios realizados sobre las EF se señala que, en primera instancia, existe una confusión entre el concepto de familia, propiedad y gestión, que crea tensiones y disfunciones en el seno de la empresa, que pueden llevar a esta al cierre si no se maneja bien. Es por ello que en este tipo de empresas está presente la lucha de poder entre los parientes y los que no lo son, nepotismo en la selección de los trabajadores o en el trato, en relación con los trabajadores, sean estos familiares o no, y la incapacidad de diferenciar el patrimonio empresarial y el familiar, entre otros (Gallego, 2012).

Como señala Gallego (2012), lo anterior guarda una estrecha relación con el tema de la sucesión de la empresa, donde va más allá de un cambio de generación. Estos autores hacen referencias a muchos refranes sobre esto: “Las empresas las hacen los grandes abuelos, las mantienen los hijos y las disuelven los nietos”; “Padre bodeguero, hijo caballero, nieto pordiosero”; “Abuelo emprendedor, hijo derrochador y nieto mendigo”, “Abuelo fundador, hijo gastador y nieto mendigo”… todos estos refranes llevan a concluir que el talento no se hereda al igual que se hereda la propiedad o los caracteres físicos. Figura 2. Ciclo de vida de las Empresas Familiares

Según diferentes estudios, la falta de una profesionalización de las EF es una de las causas de la muerte prematura en la primera o en la segunda generación (IEF, 2015; Gallego, 2012; Domínguez, s.f.). Este aspecto viene explicado porque en las primeras generaciones el fundador encargado de dar vida a la idea, creó la empresa y ha tenido éxito en la gestión de acuerdo con sus concepciones. Sin embargo, se basa muchas veces en criterios intuitivos y con exclusión de criterios formales de gestión empresarial. Si bien este empirismo le ha funcionado para la creación de la empresa, puede no servir para mantenerla ante escenarios económicos diferentes. De acuerdo con Casado (2007), la profesionalización implica la formación en nuevas tecnologías de la comunicación, formación permanente, programación de la sucesión, captación de profesionales cualificados, participación en el valor añadido de la empresa y una estructuración de los órganos de gobierno. Domínguez (s.f.) en su experiencia como asesor de empresas familiares en Perú, explica que hay que diferenciar entre una EF y una familia empresaria. Como señala en su artículo, la EF es la más común, donde es el fundador el único que parece tener ese deseo de que su empresa se prolongue en el tiempo a través de sus descendientes directos, ya que fue construida con su esfuerzo, trabajo y visión, y la concibe como su legado a las siguientes generaciones. En cambio,

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un componente que convierte a la familia en empresaria, según Domínguez (s.f.) es:

de una generación a otra existan discrepancias importantes en el manejo de las empresas.

(…) la capacidad de desarrollar en los miembros de las generaciones siguientes el espíritu emprendedor y la iniciativa, que los llevará de una u otra manera a tener diversos negocios o empresas en diferentes rubros, pudiendo participar la familia como accionista parcial o total de cada uno de ellos. (s.p.)

La brecha de credibilidad está relacionada con el rol del liderazgo en las EF, ya que muchos futuros líderes se enfrentan con el reto de ganar credibilidad ante sus pares en relación con sus propias competencias técnicas y profesionales, y que no se genere una percepción de que se gana el puesto por ser “el hijito de papá”.

Por tanto, se trata de crear un valor transgeneracional, donde la orientación emprendedora se vaya transmitiendo de generación en generación más que el negocio en sí. La generación de valor transgeneracional se considera importante, ya que permitirá enfrentar situaciones adversas que se presentan en el entorno que es cambiante, globalizado y más competitivo. Si la familia tiene una sólida orientación emprendedora, podrá hacer frente a los problemas con ideas y soluciones innovadoras o con nuevos proyectos que permitan la continuidad del negocio familiar a través de los años, pensando siempre en la transmisión de valor para las futuras generaciones. Para ello, es vital que el fundador sea el primero en tener esa visión para lograr transmitir el espíritu emprendedor e innovador. Por tanto, aquellas EF que quieran llegar a ser familias empresarias requieren de un espíritu emprendedor apropiado como uno de sus principales valores familiares, y una muy buena profesionalización de la dirección y del gobierno. (Domínguez, s.f.) Asimismo, según Saavedra (s.f.), se considera que existen tres brechas que impiden la sucesión de los negocios: generacional, de credibilidad y de comunicación. La brecha generacional se refiere a que la velocidad del cambio que se ha dado en el mundo en los últimos 30 años en términos de globalización, tecnología y comunicaciones, entre otros, ha venido a modificar la forma de hacer negocios. Estos cambios producen que

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La brecha de comunicación se refiere a la necesidad de comunicarse adecuadamente entre los empresarios familiares, ya que en una segunda y en una tercera generación, las empresas están integradas por hermanos, primos hermanos, etc. Entonces, se considera que la calidad de la comunicación entre ellos será un factor determinante en la capacidad de continuar emprendiendo y de que la empresa no muera En la Figura 3 se presentan los diferentes aspectos en que la empresa debe buscar un equilibrio para lograr su desarrollo. Otros retos que presentan las EF es la falta de adecuación de la organización inicial de la empresa a su crecimiento. También la necesidad de innovación tecnológica, de internacionalización, de ajustes de tamaños para poder vivir en un mundo económico cada vez más competitivo y globalizado, y para solucionar los conflictos que el crecimiento puede generar con el mantenimiento del control por parte de la familia. (Gallego, 2012). Figura 3. Ámbitos de la Empresa Familiar

5.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, la importancia de las EF derivada tanto de la generación de empleo como de riqueza, hace que se preste atención al obstáculo de la sucesión y se preocupe por su extinción. Se estima que en el mundo solo una de cada tres EF logra pasar exitosamente a la siguiente generación. De tal manera que comprender cómo estas funcionan y tener una adecuada planeación, ayudará a su consolidación y a su permanencia.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado En el presente trabajo se han sintetizado los principales estudios que recogen el tema de la supervivencia empresarial y los factores que inciden en esta. La literatura es extensa y en diferentes contextos. De lo expuesto en la sección anterior se concluye que la inversión en la profesionalización de las empresas es un determinante importante en la sucesión de estas a la siguiente generación. Aunado a esto se deben desarrollar estrategias de crecimiento que permitan a la EF hacer frente a los cambios del entorno. Para ello es necesario pasar de una empresa familiar a una familia empresaria, y lograr la generación de valor transgeneracional, que transmita el espíritu emprendedor e innovador a las futuras generaciones. Finalmente, de acuerdo con los resultados, la brecha de comunicación debe ser tomada en cuenta para generar una buena dinámica de comunicación entre la familia, lo cual se traduce en un protocolo familiar, en un buen gobierno corporativo, y en mecanismos de sucesión claramente definidos. Una de las carencias que arroja este estudio es la falta de información relevante y detallada con respecto a Nicaragua, que nos dé una idea de cómo están caracterizadas las EF en el país. La literatura sobre este tema se presenta en un contexto internacional, por tanto, se recomienda la realización de la caracterización de estas por medio del levantamiento de una encuesta a un grupo seleccionado de empresas que sean representativas de este universo.

6.

Referencias bibliográficas

Amat, J. (1998). La continuidad de la empresa familiar. Barcelona: Gestión 2000. Anónimo (2012). Empresas familiares en América Latina. Recuperado de http:// www.businessreviewamericalatina.com/ leadership/134/Empresas-familiares-enAm%C3%A9rica-Latina

Barnes, L. B., & Hershon, S. A. (1989). Transferring Power in the Family Business. Family Business Review, 2 (2), 187-202. Briere, C. (1991). Les enterprises familiales en France. Université Paris-Dauphine. Casado, F. (2007). La empresa familiar y la clave del éxito en su evolución. Recuperado de http://ccjcc-dev.concatel.com/pfw_files/ cma/doc/eventos/forum2007/taula2.pdf Censo Económico Urbano. (2010). Resultados Nacionales. Recuperado de http:// www.inide.gob.ni/CensoEconomico/ NacionalCEU/nacional.html Chijrch, R. (1996). The Family Firm in Industrial Capitalism: International Perspectives on Hypotheses and History. En Aronoff, C.E., Astrachan, J.H. & Ward, J.L. (1996), Family business: sourcebook II. Business Owner Resources Marietta, Georgia. Davis, J. (s.f.). Three-Circle Model of the Family Business System. Recuperado de http:// johndavis.com/three-circle-model-of-thefamily-business-system/ De La Torre García, A., & Juanes de Luis, R. (2005). El proceso de sucesión en la empresa familiar. En Garrido, M., Fugardo, J. M., & Corona, J. (2005), El patrimonio familiar, profesional y empresarial. Sus protocolos. Estrategias de gobierno, continuidad y expansión de la empresa familiar. Tomo VI. Barcelona: Bosch, S. A Domínguez, P. (s.f.). El Camino de una Empresa Familiar hacia una Familia Empresaria. Recuperado de http://www.aefperu. org/portal/index.php?option=com_ content&view=article&id=163:el- caminode-una-empresa-familiar-hacia-unafamilia-empresaria&catid=11:articulos&Ite mid=120 Gallego Domínguez, I. (2012). La empresa familiar: Su concepto y delimitación jurídica. Recuperado de http://www.uco. es/estudia/catedras/catedra_prasa/img/0_ x11_1339578030.pdf

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Gallo, M. A. (1995). Family business in Spain: Tracks followed and outcomes reached by those among the largest thousand. Family Business Review, 8 (4), 245-254. Gallo, M. A., & Sveen, J. (1991). Internationalizing the family business: Facilitating and restraining factors. Family Business Review, 4, 181-190.

Vélez Montes, D., Holguín Lagos, H., De La Hoz Pinzón, G. A., Durán Bobadilla, Y., & Gutiérrez Ayala, I. (2008). Dinámica de la Empresa Familiar Pyme: Estudio Exploratorio en Colombia. Recuperado de www.fundes.org/asset/documents/571.

Gómez, G. (2006). Las empresas familiares fortalezas y debilidades. Recuperado de http:/www.andi.com.co/eventos/ Memorias/Eventos%202006/ Induarroz2007/GonzaloGomez-Empresas FamiliaresFortalezasydebilidadesINDUAR ROZ.pdf Instituto de la Empresa Familiar. (2015). La Empresa Familiar: Cifras. Recuperado de http://www.iefamiliar.com/web/es/cifras_ familia.html Lansberg, I., Perrow, S., & Rogolsky, S. (1988). Family business as an emerging field. Family Business Review, (1). Romero, L. E. (1999). Familia vs. Negocios. Dinero (80), 34. Saavedra, H. M. (s. f.). ¿Cómo hacer que la empresa familiar sobreviva al cambio de mando generacional? Recuperado de http://www.aefperu. org/portal/index.php?option=com_ content&view=article&id=148:comohacer-que-la-empresa-familiar-sobrevivaal-cambio-de-mando-generacional&catid= 11:articulos&Itemid=120 Superintendencia de Sociedades. (2001). Sociedades de familia en Colombia. Bogotá: Autor. Tagiuri, R., & Davis, J. (1982). Bivalent Attributes of the Family Firm. Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts. Reimpreso en 1996, Family Business Review IX (2) 199-208.

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

Anexos Figura 1. Modelo de los Tres Círculos del Sistema de la Empresa Familiar

Fuente: Tagiuri & Davis (1982).

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Figura 2. Ciclo de vida de las Empresas Familiares

Fuente: Gallo (1995).

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado Figura 2. Ciclo de vida de las Empresas Familiares

Fuente: Elaboraci贸n propia.

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Propuesta de Plan de Empresa del Estudio de Arquitectura Poveda Partners

Resumen En Nicaragua existen muchas empresas, entre ellas los estudios de arquitectura, creadas sin lineamientos, objetivos y propósitos previamente establecidos, razón por la cual no obtienen el éxito deseado. Al tomar conciencia de esta situación, surgió la necesidad de realizar una Propuesta de Plan de Empresa del Estudio de Arquitectura Poveda Partners, con el objetivo de integrar en un documento único los aspectos relevantes de la futura empresa, y que este sirviera de carta de presentación ante entidades bancarias, inversionistas y accionistas.

MSc. Regina Desireé Poveda V. Maestría en Administración y Dirección de Empresas Proyecto de consultoría regina_povedav@hotmail.com

Palabras claves: •

Plan de empresa

Plan financiero

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El Plan de Empresa comprende un período de estudio de cinco años. Resume la descripción de dos productos: proyecto ejecutivo y remodelación de inmuebles, aunque el principal atributo de diferenciación es la calidad en el servicio al cliente. La empresa tiene como fin llegar a los hogares de la ciudad de Managua, cuyos miembros sean profesionales de 25 años a más, de nivel socioeconómico medio-alto, y su objetivo comercial es incrementar las ventas en un 66%. La política de precios está estrechamente relacionada con la cantidad de m2 producidos. La promoción se realizará en medios de publicación masivos: internet y revistas. Debido a que la demanda de los productos de remodelación de inmuebles fue de 8,709.78 hogares, y de proyecto ejecutivo 5,959.39 hogares, se calculó la cobertura de demanda del 1.10%, hasta un máximo de 1.31% de los hogares. El análisis del Plan Financiero muestra la viabilidad del proyecto bajo los criterios del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), con un Impuesto sobre la Renta (IR) de 79.95%. Se considera que el proyecto será recuperable a los cuatro años, siete semanas y seis días. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

Según la Cámara Nicaragüense de Construcción (CNC), existen un total de 26 empresas de construcción, la mayor parte de las cuales ofrecen diseños arquitectónicos, estructurales y constructivos, como parte del paquete de construcción, y realizan integración vertical. El competir con empresas de construcción es una desventaja latente para los estudios de arquitectura que no se enfocan en construcción. Existen también una serie de arquitectos independientes de los cuales no se poseen datos exactos, y alrededor de 27 empresas dedicadas a la arquitectura y al diseño. La mayor parte de estas empresas son conformadas sin antes realizar un estudio que indique la viabilidad de su creación, con metas claras y establecidas, un análisis profundo de la situación del sector, de la situación industrial, y un Plan que evalúe todos los aspectos que conforman una empresa, sobre todo, un Plan Financiero que ayude a generar escenarios diversos para analizar la viabilidad de la creación de la empresa. Al tomar conciencia de esta situación, surgió la necesidad de realizar una Propuesta de Plan de Empresa del Estudio de Arquitectura Poveda Partners; su planificación ayudará a controlar sus aspectos más relevantes. El documento tiene por objetivo realizar el Plan de Empresa para el Estudio de Arquitectura Poveda Partners, con la finalidad de integrar los aspectos relevantes para su constitución, en un documento único que sirva de carta de presentación tanto para las partes interesadas como para las instituciones bancarias. Poveda Partners será un estudio de arquitectura enfocado en los productos de proyectos ejecutivos y remodelación de inmuebles en la ciudad de Managua, Nicaragua, que podría expandirse en el país según los requerimientos de cada proyecto.

2.

Marco teórico

Al realizar una empresa nueva, Chain (2011) menciona que todo proyecto tiene diferentes

etapas: idea, preinversión, inversión y operación. La etapa de preinversión tiene como fin realizar un estudio a perfil, prefactibilidad y factibilidad, en dependencia del nivel de profundidad del estudio. En este caso, se realizó un estudio de preinversión a nivel de prefactibilidad, por ser dinámico, por proyectar los costos y los beneficios a lo largo del tiempo, con base en criterios cuantitativos, con información secundaria. El Plan de Empresa efectuado contempla la definición del producto que se ofrecerá, el Plan de Marketing, el Plan de Operaciones, el Plan de Organización, el Plan Financiero y la forma jurídica de la empresa, profundizando en cada etapa establecida. El Plan Financiero es una de las partes más importantes del Plan de Empresa, puesto que recoge toda la información necesaria para el funcionamiento de una empresa en unidades monetarias, otorga a la vez la predicción de metas en el corto y en el mediano plazos. De acuerdo Chain (2011, p. 18), la gestión financiera “se caracteriza por la búsqueda permanente de mecanismos que posibiliten la creación y mantenimiento de valor, mediante la asignación y el uso eficiente de los recursos”. Para la realización del Plan de Empresa, se siguió el siguiente proceso de estudio de un proyecto. (Ver Diagrama 1). Diagrama 1. Proceso de estudio de un proyecto. Fuente: Chain (2011)

En el análisis externo, se recurrió a la implementación de instrumentos de análisis. El análisis macroambiental fue realizado bajo el Marco PESTEL --acrónimo de los factores: Políticos, Ambientales, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ecológicos--, identificando los motores claves del cambio, ayudando así a determinar las influencias relevantes de factores del entorno actual y su impacto en el futuro.

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Se realizó un análisis de organización industrial basado en el modelo tradicional de mercado de Greer (2008), y sus principales componentes fueron: condiciones básicas, estructura, conducta y ejecutoria. (Ver Diagrama 2). Diagrama 2. Modelo de Análisis Organizacional Industrial.

Fuente: Greer. Industrial organization and publlc

policy. (2ª. ed.). Cap. 1.

El análisis externo concluye con el análisis estructural del sector industrial, enfocado en las cinco fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial, mejor conocido como las cinco fuerzas, de Porter (2013).

3.

Metodología

Para cumplir con su finalidad, el estudio se realizó bajo una investigación de tipo mixta, documental y de campo, con un alcance exploratorio y descriptivo con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), para lo cual se hizo una investigación del sector de arquitectura en cuanto a las empresas más reconocidas, así como de la dinámica del sector en los últimos años. En el Plan de Marketing, el cálculo de la demanda se efectuó mediante un sondeo, en la ciudad de Managua, de los productos más demandados, basado en la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. El Plan Financiero fue llevado a cabo con el software Excel, creando un modelo matemático que ayudó a la mejor apreciación del proyecto. Al mismo tiempo, se utilizó el software Crystal Ball para crear un modelo predictivo y realizar la generación de escenarios mediante la simulación de Monte Carlo, basada en simular la realidad a través del estudio de una muestra, generada de manera aleatoria.

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4.

Resultados y discusión

Los factores del marco de análisis macroambiental permiten observar el tamaño del mercado, de sus limitantes y de sus potencialidades; las necesidades de la población y los principales proyectos que se deberían promover. Estos proyectos, debido a la situación económica del país, son los de carácter social, los cuales son financiados, en su mayoría, por entidades internacionales. Los factores económicos muestran que el PIB de 2013 no sobrepasó el crecimiento del PIB de 2012; resultado este del incremento de la demanda interna y de las exportaciones, por lo tanto, de la productividad del país. Entre otros aspectos, se destacan el sector construcción, que ocupa el puesto 5 entre los sectores con mayor crecimiento, y el sector de otros servicios, que ocupó el puesto 11, lo cual indica que ha crecido más el sector de construcción que el sector de estudio. En 2013, hubo un crecimiento de la tasa de empleo del 3.8%, y un incremento en las remesas del 5.7%. El incremento de la tasa de empleo es un aspecto positivo para el país, ya que la población tiene más capacidad de compra, y es un aliciente para el incremento del PIB. Cabe destacar que el sector de servicios profesionales y empresariales, sector de estudio, es uno de los principales generadores de empleos. Según el CEI, dicho sector representa el 90% de las empresas existentes. Los factores políticos muestran que al unirse los países con la misma tendencia política, los nexos gubernamentales se amplían, por lo que el país se desarrolla en los sectores económicos, fomentando el crecimiento de las empresas y de la producción. Los beneficios que trae consigo este panorama para el sector, es que al mejorar el nivel de vida de las personas, estas tienen mayor capacidad adquisitiva. De esta manera, son más las personas con capacidad económica para contratar los servicios ofrecidos. Una mayor educación universitaria permite una mejoría en la calidad Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado del servicio y un aumento en los rendimientos del sector. El punto desfavorable observado mediante los factores de análisis macroambientales es la marcada existencia de las brechas sociales, lo cual favorece a los más ricos. Ello justifica que las empresas de diseño y de construcción más fuertes estén localizadas en Estados Unidos, Japón, España, Chile, Brasil e Inglaterra. De acuerdo con el Análisis Industrial realizado, el freno de la competitividad industrial es la competencia desleal, presente en los mismos competidores rivales y sustitutos. El diagrama 3 presenta un resumen de fuerzas que mueven la competencia en los estudios de arquitectura, concluyendo que la rentabilidad queda en las fuerzas de los competidores y de los compradores. Diagrama 3. Resumen de Fuerzas que mueven la competencia en los Estudios de Arquitectura Fuente: Elaboración propia (2014)

Dentro de la propuesta de Plan de Empresa se presenta como Misión: Poveda Partners es una empresa nacional que brinda servicios de arquitectura y diseño, combinando nuestra experiencia en el campo con soluciones factibles, uso de software actualizados y calidad en nuestros productos, para garantizar el bienestar personal de nuestros clientes. Para nosotros es muy importante la ética, el compromiso con la calidad, la ética y el respeto al medio ambiente, ya que ellos ayudan a crear un ambiente laboral dinámico y facilitador, así como a propiciar el crecimiento financiero de la empresa. La Visión es: Ser una de las principales empresas de arquitectura y de diseño a nivel regional, orientados a la mejora continua de nuestros servicios y a la satisfacción de nuestros clientes. Los valores son: Estar comprometidos con productos de alta calidad; respeto del medioambiente en los diseños; pasión por el cliente y ética.

Los productos ofrecidos por la empresa son: proyecto ejecutivo y remodelación de inmuebles. El atributo relevante del producto que se ofrecerá en el mercado es la calidad en el servicio. En el Plan de Marketing, la delimitación del negocio se realizó con base en el Clasificador Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua (CUAEN, 2005). La actividad económica que ejercerá la empresa está ligada al diseño arquitectónico y a otras actividades conexas, lo cual le permite ampliar su gama de productos en un mediano plazo, hacia el paisajismo y el diseño de interiores. El mercado meta de la empresa lo constituyen hogares de la ciudad de Managua, cuyos miembros son profesionales de 25 años a más, de nivel socioeconómico medio-alto. Es importante, especialmente para las empresas nacientes, analizar el mercado donde competirán. Se considerará competencia a aquellas empresas que tienen una vida promedio de 15 años y posicionada en el mercado. El cuadro 1 presenta la comparación de las empresas del Grupo Estratégico. Cuadro 1. Comparación de las empresas del Grupo Estratégico Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de las páginas oficiales de las empresas (2014).

La política comercial tiene como objetivo general incrementar las ventas del año 1 al año 5 en un 66%, y los principales medios de promoción serán internet y revistas. Para calcular la demanda se realizó un sondeo de los productos más solicitados en el sector de arquitectura, basado en la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, efectuado en lugares públicos y por correo electrónico. El sondeo también se basó en un estudio previo denominado “Identificación de los atributos deseados por los clientes actuales y potenciales del servicio de los estudios de arquitectura”, el cual fue ampliado y actualizado.

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Como parte del sondeo, se preguntó: “¿Cuál de los servicios de arquitectura serían de su interés?”. Las respuestas expresaron: remodelaciones de inmuebles (65.52%) y proyectos ejecutivos (44.83%). Dentro del Plan de Organización se establece una estructura organizativa de la empresa matricial. Poveda Partners contará con dos arquitectos, diseñador principal –la cabeza de la empresa, CEO-, y el diseñador asociado --el segundo al mando, CFO--, quienes compartirán responsabilidades en el diseño y en la administración de la empresa, y tendrán ambos bajo su mando a un dibujante, a tres ingenieros (sanitario, estructural y eléctrico), que serán los asesores técnicos subcontratados de Poveda Partners, a un asesor financiero y a una recepcionista. (Ver Diagrama 4). Diagrama 4. Estructura organizativa de Poveda Partners Fuente: Elaboración propia (2014).

De acuerdo con el Plan Financiero, para la creación de la empresa se realizarán inversiones en activos: mobiliario y equipos de oficina, vehículos y gastos de constitución, cuyo monto total es de US$40,791.59. En los años dos y cuatro se reinvertirá en computadoras y en laptop. La necesidad de capital para el primer año de la empresa es de US$70,374.24. Esto abarca las inversiones iniciales y el capital de trabajo de hasta cuatro meses de la empresa, por lo que se recurrirá a un préstamo bancario del 50%. El capital de trabajo es equivalente del 42% de las necesidades de capital, cubiertas por un préstamo bancario, quedando disponible un 8% que será utilizado para la inversión inicial junto con el 50% del capital aportado por los socios. Por lo tanto, la estructura de capital es 50% de capital propio y 50% de préstamo bancario. En el flujo de caja del proyecto sin préstamo se utilizó una tasa anual de corte del 26.65%. Se carlculó el Flujo de Efectivo neto, el cual es positivo en los cinco años, y permanece positivo al ser traído a valor presente, resultando un

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Valor Actual Neto (VAN) sin préstamo, y la Tasa Interna de Retorno (TIR), positiva, aceptándose el proyecto bajo ambos criterios. Las variables críticas del proyecto son el precio y la cantidad. Para el precio se consideró como base US$16.78, siendo el punto de equilibrio US$15.0573, que está en un 10.26% por debajo del precio inicial. La cantidad base utilizada de m2 es de 6,720, siendo el punto de equilibrio de 6030.5946 m2, estando al igual que el precio, un 10.26% por debajo de la cantidad inicial. En el análisis del VAN ajustado con estas dos variables, se observa que a medida que disminuyen la cantidad y el precio, disminuye el VAN, haciéndose cero cuando el precio toca su punto de equilibrio, y llega a realizarse la cantidad de 6,720 m2. Cuando el precio aumenta y aumenta la cantidad de m2, el VAN aumenta. En el caso de la TIR, a medida que incrementa el VAN --junto con los precios y las cantidades en m2-- aumenta la TIR. Al llegar a un precio de aproximadamente US$19.00, y a una cantidad en m2 de alrededor de 64,000 m2, la TIR comienza a descender. (Ver Cuadro 2). Cuadro 2. Análisis de sensibilidad mediante la Matriz de Hertz Fuente: Elaboración propia (2014).

El análisis de riesgo mediante la Simulación de Monte Carlo se realizó considerando las suposiciones de las dos variables de riesgo, el precio y la cantidad. Calculando la cantidad mediante una distribución normal con límites definidos como mínimo del 15% y como máximo el 49%. Para el caso del precio, se estableció un límite de 10% mínimo y un 15% máximo. (Ver Tabla 1). Tabla 1. Distribución de frecuencia para Simulación de Monte Carlo Fuente: Elaboración propia (2014).

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 5.

Conclusiones

Las oportunidades para las empresas en el sector de diseño arquitectónico y otras actividades conexas son relevantes, sin embargo, se deben tomar en cuenta las amenazas que afectan al sector. Esto, con el fin de formular objetivamente una empresa nueva. La empresa Poveda Partners se constituirá bajo la forma jurídica de sociedad anónima. Sus productos, proyecto ejecutivo y remodelación de inmuebles, son ofrecidos a hogares de la ciudad de Managua, cuyos miembros son profesionales de 25 años a más, de nivel socioeconómico medioalto; y se enfocan en la calidad en el servicio al cliente. Estos productos son los más demandados por el segmento meta según el sondeo realizado en la ciudad de Managua, Nicaragua. El objetivo comercial de la empresa es incrementar las ventas en un 66% en un período de cinco años, para lo cual, se realizará la promoción en medios de comunicación masivos, tales como internet y revistas.

amor y apoyo incondicional en todos mis años de vida, en especial en esta etapa. A mi tutor, MBA Ing. Roberto Bermúdez, por su guía y apoyo en la realización de este documento. A todos los docentes, por el conocimiento transmitido, y por su dedicación y esmero en cada una de sus clases.

7.

Referencias bibliográficas

Chain, N. S. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: Pearson Educación. Greer, D. F. (1984). Industrial organization and public policy. New York: MacMillan. Porter,

M. (2013). Estrategia competitiva. Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. México: Grupo Editorial Patria.

Las tarifas de los productos de la empresa dependerán de las características del proyecto que se realizará. La elaboración de presupuestos personalizados, ajustados a las necesidades y a los requerimientos de cada cliente son importantes para la empresa, pues su política de precios está directamente relacionada con la cantidad de m2 producidos, por ser más sensible a esta variable, según el Cálculo de las Previsiones, Suposiciones y Sensibilidad, a través del Análisis de Montecarlo. La creación de la nueva empresa es un proyecto viable, bajo los criterios del VAN, y al calcular el flujo total del proyecto como flujos libres de efectivo, se encontró la TIR del flujo del inversionista, resultando del 53.56%, lo cual verifica la viabilidad del proyecto mediante el criterio de la TIR.

6.

Reconocimientos

Agradezco a mis padres, Dr. Ramiro Poveda y Lic. Mayra Vanegas, y a mis hermanos, MGPD Arq. Ramiro Poveda y MBA Sara Poveda, por su

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Anexos Diagrama 1. Proceso de estudio de un proyecto.

Fuente: Chain (2011).

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Diagrama 2. Modelo de Análisis Organizacional Industrial.

Fuente: Greer. Industrial organization and publlc policy. (2ª. ed.). Cap. 1.

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Diagrama 3. Resumen de Fuerzas que mueven la competencia en los Estudios de Arquitectura.

Fuente: Elaboraci贸n propia (2014).

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Contribuyendo al desarrollo a trav茅s de la Investigaci贸n


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Cuadro 1. Comparación de las empresas del Grupo Estratégico.

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de las páginas oficiales de las empresas. (2014).

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Diagrama 4. Estructura organizativa de Poveda Partners.

Fuente: Elaboraci贸n propia (2014).

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Contribuyendo al desarrollo a trav茅s de la Investigaci贸n


VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado Cuadro 2. An谩lisis de sensibilidad mediante la Matriz de Hertz

Fuente: Elaboraci贸n propia (2014).

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Tabla 1. Distribución de frecuencia para Simulación de de Monte Carlo

Fuente: Elaboración propia (2014).

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

Propuesta de Plan Estratégico para la empresa Enimosa, para implementarse durante el período 2015-2017 Resumen

MSc. Byron Lenin Mora Orozco Maestría en Administración y Dirección de Empresas Ensambladora Nicaragüense de Motocicletas byronmora_ing@hotmail.com

Palabras claves: •

Estrategias

Ventaja competitiva

Planeación estratégica

Motocicletas.

Las marcas japonesas de motocicletas mantuvieron un oligopolio en el mercado nicaragüense hasta que ingresaron al mercado marcas chinas e indias, que ofrecían motocicletas de menor precio y de calidad aceptable. Enimosa tiene 50 años de comercializar la marca japonesa Honda, sin embargo, su participación de mercado ha venido disminuyendo cada año, hasta alcanzar 3% actualmente. Ante esta situación, es que toma importancia realizar una propuesta de plan estratégico para aplicación desde 2015 hasta 2017, utilizando la metodología de Planeación Estratégica propuesta por Fred David. En el análisis externo se identificó que las oportunidades actuales son: buen clima de negocios que está fomentando el financiamiento para la compra de motocicletas, y una buena base de clientes jóvenes que identifican la motocicleta como un medio de transporte económico y conveniente. Las amenazas identificadas son: el incremento de la rivalidad entre los competidores actuales, y la entrada de nuevos que limitan la rentabilidad de la industria. En el análisis interno se identificó que la mayor ventaja competitiva es poseer un contrato de exclusividad de la marca Honda, y que las debilidades que enfrenta Enimosa son capacidades financieras y de mercadeo. Mediante el análisis de matrices se seleccionó las estrategias de penetración de mercado dirigido a un segmento joven, y desarrollo de productos aprovechando la variedad tecnológica de Honda. De igual manera, se presentó un plan de acción y un cuadro de mando integral que traduzca la estrategia en acciones que se seguirán.

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1.

Introducción

En el mercado nicaragüense, las motocicletas de marcas japonesas, Honda, Yamaha, Kawasaki y Suzuki, fueron las líderes imperantes en la industria, desde sus inicios, a principios de la década de los 60, cuando hubo cierto proteccionismo de los capitales domésticos. Fue durante la apertura de Nicaragua al comercio internacional, en la década de los 90, cuando ingresaron marcas chinas e indias, que ofrecían motocicletas de calidad aceptable a bajo precio y al crédito. Estas empresas han ido arrebatando el liderazgo a las marcas tradicionales y han provocado un crecimiento anual del volumen de mercado, por lo cual, la participación de las marcas japonesas ha mermado en un 15%. En tiempos recientes, la economía nicaragüense ha tenido un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 4% (Banco Central de Nicaragua, 2014), basado en la estabilidad política, en la atracción de las inversiones extranjeras y en la mejora en el clima de negocios. Este entorno ha favorecido la venta de motocicletas, que durante los últimos tres años muestra un crecimiento que oscila entre un 10 y un 20%. Por otro lado, Enimosa ha crecido menos que la industria, ya que aumenta sus ventas solo el 5%, y ha desmejorado su participación de mercado, lo que la ha posicionado hasta en el sexto lugar, con apenas un 3% de participación. (Asociación Nicaragüense de Importadores de Vehículos Automotores, 2013). El objetivo de este trabajo es elaborar una propuesta de Plan Estratégico para implementarse en Enimosa durante el período 2015–2017, que pueda servir de insumo a la Gerencia de Enimosa. La pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las estrategias o la estrategia que Enimosa debe ejecutar para alinear las acciones correctas y maximizar las ventajas competitivas?

2.

Marco teórico

Para la elaboración del Plan Estratégico se sigue el modelo planteado por David (2012, p. 5), quien

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define que la administración estratégica es “el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos”. Asimismo, David (2012, p. 16) indica que esta “permite a una organización ser más productiva que reactiva cuando se trata de darle forma a su futuro”. En el análisis externo, se utiliza el Modelo de Análisis de Organización Industrial propuesto por Geer (1984) para determinar las variables del modelo que afectan la competitividad de la industria. También se emplea el Modelo de las Fuerzas Competitivas, de Michael Porter, para el análisis estructural del sector. En el análisis interno se utilizaron los modelos cadena de valor y teoría de recursos y capacidades para identificar las fortalezas y debilidades que podrían afectar a la organización. En este aspecto, Porter (2012, p. 35) establece como ventaja competitiva el “valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los competidores, para beneficios equivalentes o la provisión de productos diferenciados cuyos ingresos superan a los costos”.

3.

Metodología

El alcance de la investigación es exploratorio, porque se investigó la situación actual de la empresa en su propio contexto, y descriptivo porque se representó cómo se gestionaron cada uno de los procesos y de los recursos de esta. De igual manera, se realizó una investigación de campo y documental, ya que además de utilizarse información documentada, también se efectuó visitas a las oficinas, bodegas y sucursales de la empresa. Este estudio tiene un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. La recolección de datos primarios se realizó a partir de entrevistas a directivos de la empresa. Mientras que los datos secundarios se basaron en información existente, como estadísticas de las importaciones de motocicletas agrupadas en Andiva, e informes de la firma Price Waterhouse Cooper, sobre la Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado auditoría a los estados financieros de la empresa de los últimos tres años.

4. Resultados y discusión Siguiendo el modelo planteado por David (2012), se detallan los hallazgos de cada uno de los elementos del plan. En el análisis externo, se identificó que los factores del macroentorno que más afectan a la industria de la venta de motocicletas, son los factores económicos y políticos. Se concluyó que las variables del modelo de análisis de Organización Industrial afectan la competitividad de la industria. De igual manera, se ubicó el grupo estratégico de marcas japonesas dentro de las empresas que ofrecen productos de alta calidad y tienen pocos puntos de ventas, lo cual se puede observar en la Figura 1. Figura 1: Grupos estratégicos de la industria venta de motocicletas Fuente: Elaboración propia. Basado en las importaciones de Andiva y en el censo de puntos de ventas realizado en 2013.

Haciendo uso del modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter, se concluyó que la rentabilidad del grupo estratégico es moderada y queda en manos de los proveedores, dado que como fabricantes internacionales logran economías de escalas en la producción de alto volumen, imponen sus márgenes a estos mercados, y corre a cuenta del distribuidor lidiar con la competencia y con el gobierno, y lograr cuotas de mercados rentables. Una oportunidad identificada es el nivel de precios altos de la gasolina, el cual estimula la venta de motocicletas por su bajo consumo, y hace conveniente el empleo de estas para trabajos de preventa, delivery, cobranzas o gestorías. Ante esta demanda, el sistema financiero ha tomado nuevamente la confianza, y facilita créditos para la compra de estos vehículos.

Asimismo, el crecimiento sostenido del PIB, basado en el buen manejo macroeconómico y en la estabilidad política interna, genera un clima de negocios propicio para la inversión y para el dinamismo del comercio, lo cual es un factor positivo para la venta de motocicletas. La industria está creciendo anualmente al menos 10%, crecimiento que es alimentado por el bono demográfico, ya que se cuenta con una buena base de clientes potenciales actuales, y se mantendrá al menos en las próximas dos décadas. Entre las amenazas identificadas, se obtuvo que la rivalidad entre los competidores es más intensa, enfocándose en precio y en promoción, en nuevos productos y en más garantías. Se identifica inversiones en la red de distribución y de compras de competidores para hacerse de posiciones de liderazgo. También existe una alta amenaza de nuevos competidores, con productos sustitutos, que ofrecen motocicletas de calidad media a precio medio. Adicional a esto, el 10% de los clientes potenciales indican que no compran motocicletas por la cantidad de accidentes que se sufren en estos medios de transporte. La ponderación que se les brindó a las oportunidades y a las amenazas puede observarse en la Tabla 1. Tabla 1: Matriz de evaluación de factores externos Fuente: Elaboración propia.

La puntuación 2.38 nos indica que Enimosa responde de manera menor que el promedio en la industria, aprovechando medianamente sus oportunidades y evitando de forma muy pobre sus amenazas. Las mayores oportunidades aprovechadas son el alto costo del combustible y que el sistema financiero esté financiando las motocicletas. Mientras que las mayores amenazas las constituyen el aumento de la rivalidad entre los competidores con puntos de ventas integrales, y la aparición de nuevos competidores que ofrecen marcas alternativas, debido a la sensibilidad a los precios por parte de los clientes.

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Para el análisis interno se utilizaron los modelos cadena de valor, teoría de recursos y capacidades para identificar las fortalezas y las debilidades que podrían afectar a la organización.

La ponderación de las fortalezas y debilidades se puede observar en la tabla 2.

Entre las fortalezas se identificó, con base en el Análisis VRIO, que la ventaja competitiva actual es poseer un contrato de exclusividad para la distribución de la marca Honda en el mercado nicaragüense, la cual es prestigiosa por su alta calidad, desempeño y durabilidad, características que la hacen atractiva al segmento conocedor de motos. La otra ventaja competitiva es poseer personal estable con muchos años de experiencia en el sector de las motocicletas. De igual manera, la gerencia mantiene buenas relaciones con clientes importantes y con los bancos, lo que permite lograr ventas y financiamiento. Otras fortalezas son la aceptación en licitaciones y en compras de organismos por la durabilidad de las motocicletas, y contar con una red de distribución con 12 puntos de ventas integrales (PVI), que brindan asesoría en compra de motos, de repuestos originales, de servicio posventa y de atención a garantías.

Fuente: Elaboración propia.

Entre las debilidades identificadas se encuentran que, financieramente, el sector atraviesa un período de poca liquidez debido a la disminución en el volumen de ventas y al bajo porcentaje de ventas financiadas. Esto provoca que la publicidad y la promoción no se realicen de forma eficiente. En cuanto a la organización, no se tiene un responsable de marketing, pero se cuenta con un plan de mercadeo. Aunque se invierte en publicidad, no se cuenta con registro de la eficiencia de los medios usados. No se lleva control de los precios, de las promociones, ni de las plazas de la competencia de forma sistémica. No se cuenta con estrategias ni con planes innovadores que permitan el crecimiento y la productividad en el largo plazo. La red de distribución presenta bajas ventas. Se tiene menos salas de exhibición y capacidad de distribución menor que la competencia. La Gerencia está enfocada en los resultados en el corto plazo. La evaluación se realiza solo desde la perspectiva financiera. No se tiene un plan de capacitación ni de carrera para los empleados.

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Tabla 2. Matriz de evaluación de factores externos

El puntaje obtenido fue de 2.46, lo cual indica que Enimosa está por debajo del promedio en cuanto a su fortaleza interna general. Cabe señalar que la mayor fortaleza es contar con un contrato exclusivo para distribución de la marca Honda y con 12 puntos de ventas localizados en todo el país; sin embargo, las mayores debilidades que le afectan son no tener un plan de mercadeo, poseer poca liquidez y bajas ventas en su red, además de una gerencia con visión de corto plazo. En el planteamiento estratégico, se hizo la propuesta de Visión: Ser reconocidos en el mercado nicaragüense como el distribuidor de motocicletas japonesas de clase superior por el prestigio y valor de la marca Honda, a la que representamos, y por la excelencia en el servicio que brindamos a nuestros clientes. La propuesta de Misión fue: Enimosa es una comercializadora de motocicletas, equipos de fuerza y cuadriciclos, y sus repuestos de la marca Honda. Ofrecemos al mercado nicaragüense productos de alta confiabilidad y repuestos genuinos, y el servicio posventa que garantiza su durabilidad. Estamos comprometidos con satisfacer a nuestros clientes, de modo que estos recomienden nuestras soluciones, con cuidar a nuestros colaboradores, con ser rentables para el bienestar de nuestros actores relacionados, y de cuidar el medioambiente. Los objetivos estratégicos propuestos para Enimosa durante el período 2015-2017, alineados con la visión y con la misión propuestas, además coherentes con el análisis interno y externo realizado, fueron: aumentar en un 3% la participación de mercado, y posicionar la marca Honda como la número 1 en el Top Mind de motocicletas japonesas.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Se aplicaron diferentes matrices conforme el planteamiento de Fred David. En la matriz DAFO, son recomendadas: la penetración de mercados 52%, el desarrollo de producto 27%, el desarrollo de mercado 19% y las alianzas estratégicas 2%. Se puede apreciar que estas acciones son mayormente de naturaleza de reorientación (corregir las debilidades para aprovechar las oportunidades) y defensivas (apoyándose en las fortaleza para hacer frente a las amenazas). Nótese, de igual manera, que las estrategias penetración, y desarrollo de producto son transversales, y potencian su efecto en la organización. Se aplicó la Matriz Interna Externa (MIE) que posicionó a Enimosa en el cuadrante V, y se determinó que las estrategias que puede aplicar con base en su situación actual, son mantener y conservar, por lo cual, las estrategias que se deben considerar son: penetración de mercado y desarrollo de productos. En la matriz de la estrategia principal, Enimosa se encuentra en el cuadrante II, por lo que debe realizar la penetración de mercado a través de la utilización de los puntos de ventas existentes, y promocionar la venta financiada. El desarrollo de productos debe realizarlo usando sus canales existentes. En cuanto al desarrollo de mercado, no será conveniente introducirse en nuevas áreas geográficas debido a que le implicaría inversión en recursos. Por las mismas razones, se objeta la integración horizontal, ya que se necesitaría mayores recursos para comprar un competidor. A fin de poder seleccionar cuál estrategia es la más adecuada para ejecutar por parte de Enimosa, se evaluó el grado de aceptación en la matriz de planeación cuantitativa (MPEC), donde se midió el grado de atracción, contrastando el factor y la estrategia. La estrategia intensiva más atractiva, con un 90%, es la penetración de mercado, con base en el puntaje total; la segunda sería el desarrollo del producto, el que tiene un atractivo de 79%; la tercera, el desarrollo de mercados, con menor atractivo, con 55%. Se ha de notar que todas sobrepasan el 50% del atractivo.

Finalmente, se analiza la adecuación de estas tres estrategias a los modelos estratégicos, a los recursos y a las capacidades con que cuenta Enimosa, y a las diferentes perspectivas para comprobar los riesgos políticos y su capacidad de mantener o de generar ventajas competitivas, y se concluye que las estrategias que más se ajustan a esta adecuación son la penetración de mercado y el desarrollo de nuevos productos. La penetración de mercado. Se describe cómo realizar mayores y eficientes esfuerzos de marketing que provoquen un aumento de las ventas a través de utilizar los mismos 12 puntos de venta integrales, y de introducir 10 nuevos, posicionando la marca Honda con prestigio de alta calidad y con alta intención de compra, soportándose en el financiamiento de los bancos, en la disponibilidad de clientes potenciales, en la fidelización de los clientes actuales y en la economía de combustible, mediante el conocimiento de los empleados, soportado en una mejora en los procesos críticos y en las capacitaciones. El desarrollo de nuevos productos. Se concibió cómo introducir en los puntos de ventas actuales al menos seis modelos nuevos de motocicletas Honda, de forma que su ingreso genere rentabilidad para la empresa. Hay promoción tanto de los modelos nuevos como de los anteriores (renovados año con año), todo ello, soportado en una mejora en los procesos críticos y en las capacitaciones. Con el fin de que se puedan materializar estas estrategias, se planteó un plan de acción. De igual manera, se elaboró un cuadro de mando integral por cada estrategia, con el fin de hacer visible fácilmente el seguimiento y el cumplimiento de estas.

5.

Conclusiones

Se determinó mediante los modelos y los análisis realizados, que la ventaja competitiva que tiene Enimosa es poseer un contrato exclusivo para distribución de la marca Honda, la cual tiene un prestigio de alta calidad y de alta intención de compra.

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En su grupo estratégico, vendedores de marcas japonesas con pocas localidades son: Casa Pellas (Yamaha), Enimosa (Honda) y Suzuki, presentados por orden de liderazgo. Sin embargo, la brecha con el liderato del grupo es de 5% de participación de mercado y con el líder de la industria (Casa Pellas) es de 23%. No queda más tiempo para que la Gerencia de Enimosa emprenda acciones que permitan reducir estas brechas que merman su desempeño financiero, deje los métodos tradicionales de administración reactivos y reoriente sus acciones conforme lo establece el tamizado de estrategias efectuado, el cual indica que se debe emprender acciones de penetración de mercado existentes, aprovechando las condiciones de negocios favorables, haciendo uso de un marketing efectivo para aumentar la red de distribución. Además de desarrollar nuevos productos, introduciendo nuevos modelos atractivos para el segmento meta y rentable para la empresa, aprovechando la diversidad tecnológica que ofrece la marca Honda.

7. Referencias bibliográficas Asociación Nicaragüense de Importadores de Vehículos Automotores, ANDIVA. (2013). Informe anual de importaciones 2013. Managua: Autor. Banco Central de Nicaragua, BCN. (2014). Estado de la economía y perpectivas I semestre. Managua: Autor . David, F. (2012). Conceptos de administracion estratégica. México: Prentice Hall. Greer, D. F. (1984). Industrial organization and public policy. New York: MacMillan. Porter, M. (2012). Ventaja competitiva. México: Grupo Editorial Patria.

Se recomienda utilizar esta propuesta como punto de partida para emprender acciones coherentes con el entorno, que puedan aprovechar las oportunidades, minimizar las amenazas, a fin de utilizar decididamente las fortalezas hasta potenciarlas en nuevas ventajas competitivas sostenibles, superando las debilidades existentes a lo interno de la empresa.

6.

Reconocimientos

Se reconoce el aporte de los directivos de Enimosa que participaron en las entrevistas, y al Ing. Álvaro Rodríguez por brindarme la oportunidad de efectuar este estudio en Enimosa. De igual manera, agradezco a la Universidad Centroamericana, principalmente al personal docente que me brindó las asesorías durante la realización de este trabajo.

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado

Anexos Figura 1: Grupos estrat茅gicos de la industria venta de motocicletas

Fuente: Elaboraci贸n propia. Basado en las importaciones de Andiva y en el censo de puntos de ventas realizado en 2013.

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Tabla 1: Matriz de evaluación de factores externos

Fuente: Elaboración propia.

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado Tabla 2 Matriz de evaluaci贸n de factores externos

Fuente: Elaboraci贸n propia.

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Emprendimiento social y el fenómeno de la pobreza en las economías emergentes

Resumen

MSc. Marvi Gabriela Molina Márquez Maestría en Administración de Negocios Universidad Iberoamericana Molinamarvi88@gmail.com

El inicio del funcionamiento del paradigma neoliberal monetarista, en materia de política económica, situó en el centro de la política económica los problemas concernientes a la inflación, la cual se identifica como un problema puramente monetario. Por tanto, estudiar el emprendimiento social como una vía de contribuir con la superación de la marginalidad social y de la pobreza, de forma tal que admita la búsqueda de metodologías que permitan su implementación exitosa, es una necesidad de nuestros tiempos y una invitación para estudiar el emprendimiento social dentro de la economía social de mercado. Esta motivación determina el objetivo central de este trabajo: analizar el emprendimiento social como una de las forma de superación de la pobreza y de la marginalidad en las economías que presentan profundas deformaciones estructurales. El emprendimiento social se muestra, por tanto, como una forma de empleo que, en la práctica, se convierte en una de las estrategias para atacar la pobreza y la marginalidad en las economías en vías de desarrollo y emergentes.

Palabras claves: •

Pobreza

Empleo

Emprendimiento social

Cooperativas

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1. Introducción Los retos de pobreza y de marginalidad social se mantienen y adquieren una tendencia al estancamiento en su reducción (CEPAL, 2015). La desigualdad, que no ha dejado de crecer en los últimos treinta años, ha sido la distribución funcional de la renta, es decir, la distribución de la renta entre el trabajo y el capital. Durante gran parte del último siglo se dio una participación estable del trabajo en la renta. No obstante, desde el decenio de 1980, la mayoría de los países han experimentado una tendencia a la baja de la participación de ingresos del trabajo, lo que significa que se ha destinado una proporción menor de la renta anual a la remuneración de la mano de obra, y una proporción mayor a las rentas del capital. En la actualidad, el concepto de empleo del factor trabajo exige considerar algunas observaciones de interés de la realidad cambiante, en las que destaca la inclusión del autoempleo, colocando en un lugar importante todo lo concerniente al emprendimiento, concepto introducido a principios del siglo XX por Schumpeter. Evolutivamente, el concepto de emprendimiento ha sido sustituido por el concepto “social entrepreneurship” o emprendimiento social, que constituye el proceso de búsqueda y de realización de oportunidades, que sean capaces de generar un proceso de cambio social (Roberts y Woods; 2005, p. 49). Esta definición presenta un problema central: la búsqueda de oportunidades para la ejecución de acciones requeridas para la sistematización de ideas, que atiendan problemas sociales (Valdés, 2015, p. 51). El emprendimiento social se presenta, por tanto, como una forma de empleo que, en la práctica, se convierte en una de las formas que permite atacar la pobreza y la marginalidad en las economías en vías de desarrollo y emergentes. Por consiguiente, para su ejercicio exitoso, el proceso de emprendimiento social tiene que considerar los grados de concentración y de centralización de la producción y del capital, el establecimiento de la empresa multinacional actual como un elemento decisivo del proceso de producción

a nivel internacional, y la desigualdad implícita que está presente en todo proceso de igualdad contenido en el cambio mercantil. Estudiar el emprendimiento social, por tanto, como una vía de contribuir con la superación de la marginalidad social y de la pobreza, de forma tal que admita la búsqueda de metodologías que permitan su implementación exitosa, es una necesidad de nuestros tiempos y una invitación a estudiar el emprendimiento social dentro de la economía social de mercado. Esta motivación determina el objetivo central de este trabajo: fundamentar al emprendimiento social como una de las forma de superación de la pobreza en las economías con grandes deformaciones estructurales, para generar un soporte teórico que permita estrategias exitosas de ejecución.

2. Marco conceptual La pobreza En el Global Poverty Report , el G-8 define la pobreza como la privación que sufren los seres humanos en cuanto a ingresos, recursos y sus oportunidades. Sus bajas capacidades, y la exclusión social y geográfica, los limitan en el acceso a los mercados y a los empleos. Las personas pobres, de acuerdo con este documento, tienen poca educación, asistencia sanitaria y servicios de salud insuficientes, además, inadecuada nutrición, aspectos que limitan sus posibilidades de trabajar y de realizar su potencial físico y mental. Este fenómeno se ve agudizado en las sociedades con estructuras y con instituciones que son excluyentes de este segmento importante de la población, de la toma de decisiones sobre los direccionamientos del desarrollo económico y social (G-8, Global Poverty Report, 2000, p.3). Datos del Banco Mundial indican que en 2014 la pobreza alcanzó el 14.5% de la población mundial, y a Latinoamérica correspondía el 4.6%. En la misma dirección del G-8, el Banco Mundial (2000) define a la pobreza como: (…) un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control

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sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión. (s.p.)

Para la CEPAL (2000), la pobreza se conceptualizó como: (…) situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. Estas normas se expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y en los diferentes espacios nacionales. (p. 83) Lo anterior es un proceso de crítica al enfoque unidimensional de la pobreza, que establece en la carencia de recursos económicos una interpretación monetaria relacionada solamente al nivel de ingreso, revelando solo parcialmente el impacto de la disponibilidad monetaria sobre el bienestar, aunque se supone que el ingreso permite satisfacer las necesidades fundamentales (CEPAL, 2000, p. 83). Por su parte, Amartya Sen, premio Nobel, considera que la pobreza es la privación de las capacidades y de los derechos de las personas. Es decir, según Sen (2000), se trata de la privación de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo “para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar” (p. 114). Esto no significa un rechazo a la idea de que la falta de ingreso sea una de las principales causas de la pobreza, dado que la falta de renta puede ser una importante razón por la que una persona está privada de capacidades.

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Las cooperativas Conceptualmente, una cooperativa constituye una asociación de personas que se unen de manera voluntaria para hacer frente a sus necesidades, por medio de un proyecto que es de todos, y el cual controlan de forma democrática. La cooperativa, por tanto, se constituye en una forma de empresa que es factible para encauzar proyectos donde prevalezca la tecnología tradicional, y para la búsqueda de economías de escalas que permitan el crecimiento de la empresa en sí, y de cada integrante y de su familia, en particular, al estar basadas en valores como: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Las cooperativas son formas superiores de organización, constituidas sobre el análisis de un entorno regional y federal, sustentadas en la heterogeneidad de los grupos, de forma que satisfagan las condiciones de los productores individuales. Las formas deben establecer mejores estrategias en cuanto a conformación de estructuras productivas estables que deben ser autofinanciables. Estas estructuras organizativas deben desarrollarse ajustadas a un principio de flexibilidad, y no deben ceñirse a un parámetro único. El uso de este criterio debe ser fundamental para que los productores comiencen a buscar una independencia mediante la colaboración de grupo y continuar el desarrollo. La constitución de las cooperativas descansa en siete principios: •

Membrecía abierta y voluntaria.

Control democrático de los miembros.

Participación económica de los miembros.

Autonomía e independencia.

Educación, entrenamiento e información.

Cooperación entre cooperativas.

Compromiso en la comunidad.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Economía social De acuerdo con el manual de la Unión Europea sobre cuentas satélites, una investigación realizada definió la economía social como un conjunto de empresas privadas organizadas de manera formal, con autonomía de decisión y con libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando, y en las que la eventual distribución de beneficios o de excedentes entre los socios, así como la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o con las cotizaciones aportadas por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas de manera formal con autonomía de decisión y con libertad de adhesión, que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden pasar a ser propiedad de los agentes económicos que las crean, controlan o financian.

3. Marco metodológico La metodología de investigación utilizada es la cualitativa, donde se recurre a técnicas de notas de campo, de observaciones, de entrevistas semiestructuradas, de trabajos de caso realizados en los estados de Chiapas, Campeche, Jalisco y Oaxaca, por un equipo de investigadores del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, y de revisión de información sobre las tendencias del emprendimiento social, así como artículos elaborados por el doctor Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas y por el maestro Abraham Vergara Contreras. La razón del empleo de este enfoque en el estudio que presentamos es por el interés en la comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y vista desde una perspectiva interna1 (Pérez, G., 2001a). Por tanto, con la metodología cualitativa se intenta construir teoría y explicaciones sobre la economía 1:

social y el emprendimiento social, siguiendo una lógica de tipo inductivo, a partir de acciones de la observación, del razonamiento inductivo y del descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de una perspectiva holística. Este artículo ubica el trabajo dentro de la fase exploratoria, cuyo objetivo es documentar la realidad que se va a analizar, y planear el marco más adecuado para realizar la investigación a través de dos acciones básicas: • Revisar toda la documentación existente y disponible sobre dicha realidad. • Observar con antelación la realidad que se investigará, y, en ocasiones, entrevistar a “informantes clave”. De esta forma, se busca una aproximación acertada, eficaz y convincente que interactúe con la realidad que se pretende abordar, lo que no evita la realización de preguntas ociosas o fuera de contexto, o crear resistencias por desconocimiento de la realidad, lo que a la postre le permitirá mejorar las probabilidades de establecer una relación de empatía que haga viable el acceso a lo íntimo del tejido sociocultural, para una mejor interpretación del emprendimiento social, que constituye el objetivo de la investigación y que permitirán entrar a acciones de mapeo y de muestreo.

4. Desarrollo La pobreza, un fenómeno social grave La pobreza es uno de los fenómenos sociales más preocupantes en la actualidad, si hasta la década de los 90 se consideró un fenómeno unidimensional, considerándose el ingreso como el único factor que lo generaba, al inicio del siglo XXI el enfoque cambia, y la conceptualización y la visión de la pobreza se comienzan a ver como un fenómeno multidimensional, sobre todo después de la Cumbre del G-8, celebrada en Okinawa, Japón, conceptualización que se emite en el documento conocido como Global Poverty Report.

Es lo que se puede definir como perspectiva subjetiva.

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El concepto de pobreza está relacionado con los derechos humanos, en la medida en que facultan a los pobres para que reivindiquen sus derechos económicos y sociales: alimentos, vivienda, educación, atención de salud, un trabajo digno y adecuadamente remunerado, seguridad social y participación en la toma de decisiones (PNUD, 2000:86). A pesar de la preocupación y de los cambios conceptuales en torno a la pobreza, ella continúa siendo una deformación estructural no resuelta a nivel mundial. Datos del Banco Mundial indican que en 2014 la pobreza alcanzó el 14.5% de la población mundial, y a Latinoamérica correspondía el 4.6%, dato que corrobora la disminución, aunque de acuerdo con datos de 2013, la CEPAL señaló que la pobreza en la región se mantuvo estable entre 2012 y 2013, cuando en ambos años afectó a un 28.1% de la población del continente, equivalente a 165 millones de personas, de las cuales, 69 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, donde esta última experimentó en 2013 un retroceso, situándose al mismo nivel de la que existía en 2011 (CEPAL, 2015). Los datos de pobreza están muy en correspondencia con los niveles de empleo, a nivel mundial. De acuerdo con la OIT, la tasa de desempleo fue del 6%; sin embargo, lo más interesante es el proceso de generación de empleo a nivel global, que será de 2 millones menos que los que se necesitan para solucionar las necesidades, de la población, entre la cual la más afectada es la de los jóvenes de entre 15 y 24 años. Además, existe de un déficit de empleo que ascendió a 62 millones de plazas, incluidos 32 millones de personas más que buscaban trabajo, 23 millones que se desalentaron y habían dejado de buscar, y 7 millones de personas económicamente inactivas que optaron por no participar en el mercado de trabajo (OIT, 2014). Esta organización internacional asevera que de mantenerse la tendencia actual, el desempleo mundial seguirá empeorando, para situarse en más de 215 millones de personas en 2018 (OIT, 2014), comportamiento que se verá reflejado en los niveles de pobreza, aunque los pronósticos del

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Banco Mundial para 2020 --dados a conocer en 2013-- presentan un comportamiento optimista, al considerar como el objetivo provisional reducir la pobreza mundial al 9%, y poner fin a la pobreza extrema para 2030.

Características del empleo en el mundo global El empleo y su comportamiento es una condición inherente al propio desarrollo de la sociedad. Para Marx, el desempleo es un problema determinado por el comportamiento de la ley de acumulación, y para Keynes, un problema con causa en la insuficiencia de demanda efectiva. Por tanto, los problemas referidos al empleo y al desempleo siempre han estado presentes en la dinámica del desarrollo capitalista, e incluso la teoría macroeconómica reconoce la existencia del desempleo involuntario natural. Los estudios actuales sobre el empleo sostienen el concepto tradicional, es decir, la actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, a cambio de lo cual percibe remuneración económica, a pesar de que la OIT ha reconocido importantes cambios que se han producido en el mundo laboral, los cuales conjuga en:  La productividad económica, que cuenta en la práctica con la subvención indirecta aportada por la productividad social del trabajo no remunerado, aspecto que lleva a reconsiderar el concepto de trabajo y ubicar en un lugar destacado el trabajo no remunerado realizado, principalmente, por las mujeres. Por consiguiente, se debe buscar dentro de concepto de productividad del trabajo un enfoque de igualdad de género (OIT, 2006).  El aumento constante de la migración laboral, a pesas de la cual, los trabajadores --independientemente del sexo-- no gozan, en general, de libertad para trasladarse a un puesto de trabajo en cualquier lugar del mundo; incluso, la mitad de la fuerza laboral mundial trabaja en áreas rurales en la agricultura de subsistencia, o en las economías informales de las ciudades del mundo en desarrollo, y no gana lo suficiente Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado para mantenerse a sí misma y a sus familias, ya que sus ingresos no sobrepasan los US$ 2.00 diarios. Aunque potencialmente todo trabajador puede ser considerado un trabajador global, en la mayoría de los casos quedan excluidos de los beneficios de la globalización o de la posibilidad de participar como consumidores en los mercados globales (OIT, 2006).  Cuatro de cada diez trabajadores que laboran en el mundo están tratando de extraer su sustento de la tierra, y, en algunos de los países con menores niveles de ingresos, tres cuartas partes o más de los trabajadores, sobre todo mujeres, se dedican a la agricultura. Estos trabajadores se consideran pobres (OIT, 2006).  Las políticas públicas, en el mundo globalizado, no han generado economías justas y flexibles que permitan la generación de empleos decentes (OIT, 2006).  En la búsqueda del respeto a los derechos humanos, es necesario equilibrar la necesidad de flexibilidad y de seguridad en un período de oportunidades y de incertidumbres, exigiendo una gobernanza de los mercados laborales que cuente con un firme enfoque basado en derechos y que fomente el diálogo social (OIT, 2006).  Una de las claves del trabajo del futuro es promover un entorno propicio y competitivo para la iniciativa privada, con una concepción amplia del espíritu empresarial, que abarque desde la ayuda a la gente para que se organice a fin de escapar progresivamente a la economía informal, hasta la mejor manera de combinar los intereses nacionales con las inversiones extranjeras (OIT, 2006). Considerando el funcionamiento del sistema de leyes económicas y las particularidades que le son inherentes en la época de la globalización, no resulta extraña la brecha que se abre entre lo que se ofrece de empleo y lo que realmente puede ser demandado por la economía real, si es definido el empelo solo dentro de su conceptualización tradicional. Este efecto es generador de una política pública miope, que se convierte en causa de una mayor brecha entre riqueza y pobreza, lo cual indica que es difícil que se pueda cumplir con

los objetivos trazados por el Banco Mundial para 2030. Debido a las características del empleo tradicional en la actualidad, es necesario prestar atención al fenómeno de la informalidad, concepto subsumido en el de economía sumergida. De acuerdo con la OIT, existe una distinción entre los conceptos de economía informal y de empleo informal. La economía informal se refiere a unidades de producción como unidades de observación, y genera entre la mitad y las tres cuartas partes de todo el empleo no agrícola en los países en desarrollo. El concepto de empleo informal se refiere a los empleos como unidades de observación (OIT, 2003), y aunque no es posible generalizar con respecto a la calidad de los empleos informales, con frecuencia implica malas condiciones laborales y está relacionado con el aumento de la pobreza. El empleo informal tiene como características fundamentales: • Falta de protección en casos como el no pago de salarios. • Obligación de hacer sobretiempo o turnos extraordinarios. •

Despidos sin aviso ni compensación.

• Condiciones de trabajo inseguras y ausencia de beneficios como las pensiones, el reposo por enfermedad o el seguro de salud. Un aspecto importante relacionado con el empleo informal tiene que ver con razones de género y de migración. De acuerdo con datos presentados por la OIT, las mujeres, los migrantes y otros grupos de trabajadores vulnerables que no tienen otras oportunidades, se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones de informalidad. El empleo informal, por tanto, surge por diversas causas entre las que destacan (Daza y la OIT, 2006): • la falta de declaración de los empleos o de los asalariados, empleos ocasionales o de limitada duración,

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• empleos con un horario o con un salario inferior a un límite especificado (por ejemplo, para cotizar a la seguridad social), • el empleador es una empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un hogar, • el lugar de trabajo del asalariado se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador (por ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin contratos de trabajo), • empleos a los que la reglamentación laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace respetar por otro motivo. El crecimiento del empleo informal sobre la base del crecimiento del sector informal dentro de la economía requiere de una nueva visón de las políticas públicas sobre empleo, dada la existencia de una complicidad entre la economía informal y el resto de la economía. De acuerdo con estudios realizados, la economía informal se ha convertido en una vía de ingresos de recursos ilícitos a la formalidad (Bailey y El economista, 2013). En el caso concreto de México, la economía informal en 2012 representó entre el 2 y el 3% de la economía formal, lo que significa un monto de entre US$30,000 y US$50,000 millones, consecuencia de dos factores determinantes: • la aceptación por parte de la población para adquirir bienes y servicios de la informalidad, estimulada en muchos casos por ingresos bajos, los cuales constituyen una condición básica para analizar la estrechez del mercado doméstico. • La existencia de una red de clientelismo político y social muy fuerte y extendida. La economía informal es generadora de recursos para los gobiernos estatales y municipales. Dadas las causales que generan y perpetúan la economía informal, lo discutible en materia de políticas públicas en relación con el empleo es pensar que la informalidad puede ser un fenómeno superado con estímulos fiscales y de acceso a la seguridad social. La práctica económica

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moderna nos sugiere un conjunto de aspectos nuevos que, en su esencia, modifican el concepto tradicional de empleo, sugiriendo dentro de este analizar el fenómeno del autoempleo, y, dentro de él, lo concerniente al emprendimiento social en su sentido amplio, como una de las formas a incentivar para la generación de riqueza, que debe ser un objetivo importante para cualquier gobierno.

La necesidad de un nuevo paradigma de organización económica y el emprendimiento social Para dar solución a los problemas de empleo en el mundo actual es necesaria la búsqueda de un nuevo paradigma organizativo, debido a la situación social de desigualdad que se ha generado en el mundo y el retorno a conceptos ya establecidos, desde el siglo XIX, por John Stuart Mill y Leon Walras, sobre economía social, la cual se consideraba como el componente de las ciencias económicas donde la justicia social es un factor determinante, que retoma un significado nuevamente trascendente después de la década de los 70, que marca el momento más importante de la crisis estructural que finaliza con el desmoronamiento del Muro de Berlín, a principios de la década de los 90, y que muestra en su totalidad un cambio en la dinámica del desarrollo social. El nuevo paradigma, sin olvidar la estructura organizativa empresarial que emerge con la globalización, liderada por grandes empresas que determinan la dinámica de la producción social a nivel global, exige considerar las cooperativas, las mutualidades y las asociaciones. Sobre estas formas descansa el concepto de empresa social. La economía social considera la existencia de dos subsectores: el de mercado y el de no mercado. Las organizaciones que integran el primer subsector reúnen tres requisitos: • se crean para satisfacer las necesidades de sus socios, es decir, habitualmente se da la doble condición de socio y de usuario de la actividad Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado • Son productoras de mercado, en el sentido de que operan en él, vendiendo productos a precios económicamente significativos, y de él obtienen la mayoría de recursos. • Pueden distribuir excedentes entre sus socios-usuarios, pero no en proporción al capital aportado por cada uno de ellos, sino de acuerdo con la actividad que cada uno desempeña. (Pérez y Etxezarreta; Guridi, 2008, p. 6). Constituyen un sector conformado por cooperativas y por mutualidades, grupos empresariales de la economía social, las sociedades laborales o de responsabilidad limitada, u otras empresas de inserción laboral, donde pueden ser consideradas las MIPYMES, particularmente, las micro y las pequeñas empresas, sobre las que pueden generarse esquemas cooperativos como forma de organización más usada dentro el contexto de este tipo de economía. Estas empresas poseen un principio que las distingue más allá de la forma jurídica de cada organización: la gestión democrática, tanto en los órganos de decisión como en el reparto de beneficios. El segundo subsector incluye entidades privadas, en su mayoría asociaciones y fundaciones, que pueden comercializar en los mercados, pero siempre a precios económicamente nosignificativos; la mayoría consigue sus recursos gracias a donaciones, a cuotas de socios, a subvenciones etc., son instituciones sin fines de lucro: se consideran dentro del sistema económico como empresas no lucrativas, y se encuentran definidas por las siguientes características fundamentales: • son privadas, separadas de los poderes públicos, aunque pueden recibir subvenciones públicas. • Son autónomas, autogobierno.

con

capacidad

• No tienen fines lucrativos, no obtienen beneficios a través en el mercado, o en caso de que no pueden ser distribuidos entre fundadores o miembros directivos.

es de los los

de

decir, que comerciar obtengan, miembros

• Tienen participación voluntaria, lo que implica adhesión libre, por un lado, y la incorporación obligada en la organización de una parte de trabajo voluntario, por otro. (Pérez y Etxezarreta; Guridi, 2008, p. 8). El nuevo paradigma es más amplio e incluyente, y permite la realización de formas de empleo sustentadas en el emprendimiento, como una necesidad en el mundo moderno, y con un contenido más democrático en la conformación de la organización. Bajo este nuevo paradigma, el concepto de emprendimiento --que en su esencia siempre ha sido social-- toma un sentido más incluyente al contener las instituciones del sector de economía de mercado, del sector de economía de no mercado, y añadir los emprendimientos que pueden ser inherentes a las grandes empresas. Por tanto, está referido no solo a la generación de riqueza, sino también al mejoramiento del bienestar social. La práctica económica en el mundo emergente y subdesarrollado muestra estructuras de producción y de distribución altamente monopolizadas, las cuales inducen a un proceso de clientelismo y de corrupción que se erige en el obstáculo fundamental para el desarrollo de la economía social solidaria, y del emprendimiento social como solución a los problemas de pobreza y de marginalidad, que origina la bipolarización del desarrollo en un sistema donde el funcionamiento del sistema de leyes objetivas genera autopoyécticamente imperfecciones, las cuales deben ser mitigadas dentro de un marco jurídico institucional que minimice los obstáculos a la creatividad y a la innovación de los individuos en la búsqueda de empleos dignos, en un marco de justicia social. El emprendimiento social, enmarcado dentro de la economía solidaria, necesita de canales de distribución y de espacios que den acceso a los productos en el mercado, porque en la actualidad muchos consumidores, a pesar de estar sensibilizados y de ser conscientes de la necesidad de reorientar su consumo, no encuentran un espacio

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donde ejercer un consumo responsable, al menos en forma continua. La distribución de productos como parte un comercio justo2 es un factor que minimiza el número de intermediarios. Es necesario interpretar la distribución no como una mera actividad comercial, sino como una herramienta para favorecer la proximidad entre productores y consumidores. El beneficio de la creación de empresas cooperativas para el emprendimiento social El proceso de implementación de cooperativas en diferentes países permite definir una diversidad de tipos de cooperativas, que permiten el desarrollo del emprendimiento social y canalizan la superación de la pobreza mediante el proceso de generación de empleos y de colaboración grupal entre los individuos. De acuerdo con el objeto social por el cual fueron creados, los tipos más comunes son:

• Cooperativas de trabajo: se encuentran formadas por trabajadores que unen su fuerza laboral para el desarrollo de una empresa de producción tanto de bienes como de servicios. • Cooperativas de servicios: tienen como objeto distribuir los bienes y proporcionar servicios de toda índole, preferentemente a sus socios, con el propósito de mejorar sus condiciones ambientales y económicas, y de satisfacer sus necesidades familiares, sociales, ocupacionales o culturales. Sin que la enumeración siguiente sea taxativa, las cooperativas de esta clase podrán tener diversas formas (www.decoop.cl). • Cooperativas de vivienda: conformadas por individuos que necesitan una vivienda, a la cual pueden acceder en forma asociada, tanto por consentimiento de la asamblea, y cuando se tenga alguna obligación con alguna institución financiera, se requerirá de su autorización. Por tanto, la SPR constituye su capital social, mediante la aportación de los socios de acuerdo con:

• Cooperativas agropecuarias: están constituidas por los productores independientes del campo, en la búsqueda de fórmulas que permitan abaratar los costos y tomar daciones conjuntas para el mejor acceso a los mercados.3 2: Comercio justo significa ofrecer productos y servicios que realmente ayuden a una comunidad sin buscar el lucro de forma exorbitante, es decir, establecer precios justos tanto para los consumidores como para los que conforman la cooperativa, entendiendo por precio justo el precio al cual ambas partes están dispuestas a pagar o a vender un bien que beneficie a todos.

Este artículo de ley define los regímenes de responsabilidad de esta organización, apuntando tres formas concretas: las SPR de responsabilidad ilimitada; las de responsabilidad limitada y las de responsabilidad suplementada, en las cuales sus socios responden a todas las obligaciones sociales subsidiariamente, hasta por una cantidad determinada en el pacto social, y será su suplemento; en ningún caso este será menor de dos tantos de su mencionada aportación. Cualquiera que sea la forma adoptada, los derechos de los miembros de la sociedad serán transmisibles con el

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En las sociedades de responsabilidad ilimitada no se requería de aportación inicial.

II.

En las de responsabilidad limitada se requerirá de una aportación inicial necesaria para formar un capital mínimo, que será equivalente a setecientas veces el salario mínimo diario general existente en el DF.

III.

En las de responsabilidad suplementadas, la aportación será la necesaria para formar un capital mínimo, que será equivalente a trescientas cincuenta veces el salario mínimo vigente el DF.

La contabilidad de la sociedad será llevada por una persona propuesta por la Junta de Vigilancia y aprobada por la Asamblea General.

3: En México, dos formas organizativas para dar paso a una nueva estructura organizativa son: • Sociedades de Producción Rural (SPR), establecidas y conceptualizadas en el artículo 111 de la Ley Agraria. Este tipo de empresa se define como una forma de agrupación empresarial para el desarrollo de actividades en el campo, con independencia jurídica propia.

I.

La segunda forma organizativa, y derivada de la anterior, es la Unión de Sociedades de Producción Rural (USPR), la cual requiere la formalización o protocolización ante un fedatario público, e inscribirla en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de Crédito Rural o de Comercio correspondiente (inaes.gob.mx). Su constitución se realiza sobre la base de dos o más sociedades de producción rural, y será una organización con responsabilidad jurídica propia. Este tipo de organización se constituirá siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 108 de la Ley Agraria y sus Estatutos; su forma de organización y su funcionamiento se regirán por lo que se expone en el artículo 109 de la Ley Agraria.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado autoconstrucción, como por administración.

• Transformar la cultura de producción, ya que además de tecnología, mejores prácticas de producción, financiamiento y aseguramiento de productos y servicios, se incorpora un enfoque organizativo con beneficios claros por economías de escala, capacidad de gestión y sentido de empresa.

• Cooperativas de consumo: constituidas por los consumidores, para conseguir mejores precios en los bienes y artículos de consumo masivo. • Cooperativas de crédito y ahorro: tienen por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios.

• Ser replicables en otras zonas y escalas productivas.

• Cooperativas de Seguros: son cooperativas de servicio que tienen por objeto único y exclusivo brindar servicios de seguros de todo tipo en beneficio de sus socios. La tipificación de las empresas cooperativas, de acuerdo con su objeto social, las convierte en empresas de inserción, que ofrecen la oportunidad de agrupar a personas multidisciplinarias que, en la actualidad, pueden ser incluso desempleadas o estar en situación de pobreza o de alta marginalidad, pero cuentan con la decisión de tener un negocio propio. El resultado de emprender mediante el establecimiento de una empresa cooperativa es mucho más fácil y rápido, al permitir la constitución de un grupo de personas que tienen un mismo fin, a diferencia del emprendimiento individual, que necesita apoyo de todo tipo, y resulta más complejo y costoso dentro de una definición de políticas públicas.

• Incorporar un Modelo de Alianzas en Responsabilidad Social con empresas y con organizaciones que contribuyen con recursos y con facilidades para soportar los costos de desarrollo y de operación del proyecto, sobre todo, la inversión social en educación, organización y capacitación de los productores.

Con la creación de estas estructuras organizativas, los productores dan un paso adelante en la búsqueda de formas superiores de organización productiva, ofreciéndoseles la posibilidad de: • exentar de manera parcial Impuesto sobre la Renta.

• Adoptar estrategias que les permitan una mayor integración al sector.

El emprendimiento social mediante las cooperativas logra un proceso de profundización de la competitividad, al permitir desarrollar programas de educación social básica para el desarrollo humano. Por tanto, son características del desarrollo de estas sociedades:

• Diseñar, innovar, evaluar y generar, de forma constante, proyectos que favorezcan la inversión productiva y el desarrollo social de cada uno de los miembros, lo que indica una continuidad en la educación básica general de los productores.

• ser de gran alcance al aglutinar a un gran número de productores.

• La sociedad no permite que los puestos sean fijos, lo cual abre la opción de la rotación a la responsabilidad, y, por ende, el desarrollo de la actividad organizacional (inaes.gob.mx)4.

• Estructurar la función productiva de manera integral, ya que desde el inicio se asegura la venta del producto y se pactan con el comprador los términos de la transacción que, a la cosecha, realizarán los campesinos. • Asegurar el patrocinio económico y el financiamiento de insumos.

el

4:

Esto es para el caso particular de México.

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5. Conclusiones • La investigación cualitativa permite afirmar que el emprendimiento social sí es una vía para contribuir a salir de la marginalidad social y de la pobreza. El emprendimiento social se convierte en una de las formas que permiten atacar la pobreza y la marginalidad en las economías en vías de desarrollo y emergentes. • Para dar solución a los problemas de empleo es necesaria la búsqueda de un nuevo paradigma organizativo, el cual exige considerar las cooperativas, las mutualidades y las asociaciones, sobre las cuales descansa el concepto de empresa social. • El obstáculo fundamental para el emprendimiento social son las estructuras de producción y de distribución altamente monopolizadas, que inducen a un proceso de clientelismo y de corrupción. Estas imperfecciones deben ser mitigadas y así minimizar los obstáculos a la creatividad y a la innovación de los individuos en la búsqueda de empleos dignos. El emprendimiento social necesita de canales de distribución, y de espacios que den acceso a los productos en el mercado, los cuales son una herramienta para favorecer la proximidad entre productores y consumidores.

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• Una de las formas que permiten la implementación exitosa del emprendimiento social es el proceso de desarrollo de cooperativas, que propician el progreso y canalizan la superación de la pobreza mediante el proceso de generación de empleos y de colaboración grupal entre los individuos. Emprender mediante el establecimiento de una empresa cooperativa es mucho más fácil y rápido, ya que permite la agrupación de personas que tienen un mismo fin, a diferencia del emprendimiento individual, que necesita de todo tipo de apoyo y resulta más difícil y costoso. El emprendimiento social mediante las cooperativas logra un proceso de profundización de la competitividad, favoreciendo el desempeño.

6. Referencias bibliográficas

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

El interés superior del niño como principio rector en los procesos de familia

Resumen

Especialista Odina Mazier Especialización en Derecho Procesal Abogado y Notario Público ondina.mazier3@gmail.com

En 1990, el Principio del Interés Superior del Niño a través de la Convención de los Derechos del Niño se constituyó como una norma internacional y fundamental de carácter garantista, que posee una configuración transversal e indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, el principio es un impositivo a las autoridades administrativas, judiciales, públicas y privadas. Estas características dificultan muchas veces la aplicación y la interpretación adecuadas, por parte de los Tribunales de Justicia en los procesos de familia. La aplicación correcta del principio garantizará la tutela efectiva de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y, de lo contrario, abusos discrecionales, vulneraciones al debido proceso, transgresiones de Derechos Humanos y de derechos de terceros. En nuestro país todavía existe la concepción de que la niñez y la adolescencia son únicamente destinatarios de protección especial y no sujetos plenos de derecho, por lo cual con este artículo pretendo establecer un marco direccional de interpretación de esta norma.

Palabras claves: •

Interés superior del niño

Derecho procesal de familia

Garantismo jurídico en Nicaragua

Interpretación

Aplicación

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1.

Introducción

El presente artículo científico tiene como finalidad analizar la aplicación y la interpretación del Principio del Interés Superior del Niño en los procesos de familia, donde se discuten derechos fundamentales de niñez y de adolescencia. Esta directriz se ha convertido en referencia obligatoria en cuanto al derecho internacional (privado y público) y el derecho procesal de familia, cuya no observancia simboliza nulidad absoluta de los procesos judiciales. La interpretación de este principio se ha constituido en una problemática en todo el Sistema de Justicia en Nicaragua, desde abogados litigantes, hasta secretarios y jueces del Tribunal de Familia. El poco conocimiento y la poca capacitación que existen de esta Norma Jurídica Internacional, que está armonizada en todo nuestro Ordenamiento Jurídico interno, ha ocasionado, en muchas ocasiones, vulneraciones de Derechos Humanos, abusos discrecionales por parte de los jueces y transgresiones al debido proceso. Es necesario brindar una noción básica, lejos de conceptualizar esta directriz transversal de carácter indeterminado, para poder brindar interpretaciones doctrinales y jurídicas en derecho comparado que orienten y establezcan bajo un marco referencial, no solo la interpretación de este principio, sino también la correcta aplicación para los jueces de los Tribunales de Familia.

2.

Marco teórico

Existe cierta dificultad para poder sistematizar y estructurar una teoría interpretativa del Principio del Interés Superior del Niño, por ser este un principio indeterminado, y por la inexistencia de jurisprudencia y de doctrina que surja de los tribunales especializados en Derecho de Familia, y a la vez que sirva de directriz para la toma de decisiones en los fallos judiciales. Esta premisa está lejos de ser una definición o un concepto en sí, por lo cual ha generado grandes discusiones en materia de derecho internacional y de derecho de familia al momento de aplicar

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estos a una situación concreta en las distintas realidades de los países ratificantes. Según Sajón (1995), la protección de la infancia tiene que ser entendida como una actividad comunitaria, cuyo objetivo principal es la incorporación al medio social en el que ha de tocarle actuar, como un factor positivo para que su desenvolvimiento pueda alcanzar el perfeccionamiento espiritual y su situación material, por lo tanto, juntamente con la familia y el Estado deben asegurar la efectividad protectora. Partiendo de un análisis histórico-jurídico, Cillero (2012) expresa que existe una estrecha vinculación entre el perfeccionamiento de los instrumentos de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, el progreso en la garantía y protección de los Derechos Humanos en general. Los derechos de la niñez, según diversos estudios, disponen de mecanismos más efectivos de protección en la medida que permanecen ligados a la protección general. Esta norma jurídica fundamental, dice Buaiz (2003), posee una configuración jurídico-social; el principio trasciende la simple consideración de inspiración para la toma de decisiones de las personas públicas o privadas, al erigirse más bien como limitación de la potestad discrecional de estos entes, pero principalmente se constituye como un vínculo normativo para la estimación, aplicación y respeto de la dignidad humana de este grupo poblacional, adquiere particular relevancia su precisión y determinación como garantía fundamental de protección-prevención. También Buaiz (2003) señala que este principio cardinal está pensado como el conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y de la sociedad, para garantizar que todos los niños y niñas gocen, de manera efectiva y sin discriminación, de los Derechos Humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente considerados, o determinado grupo de niños que han sido vulnerados en sus derechos.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado 3.

Metodología

En la elaboración de este artículo científico he utilizado una metodología de carácter deductivo para lograr los objetivos planteados para esta investigación. He partido de un análisis general del problema existente en el sistema de justicia nacional hasta lograr indagar la situación específica en los procesos judiciales de Familia, a la vez, he combinado el método de análisis a través de la identificación de los elementos o núcleos problemas de la débil interpretación y aplicación del principio de Interés Superior del Niño por parte de los operadores de justicia nacional, por lo tanto, he utilizado, además, análisis de derecho comparado de Tratados Internacionales y del Ordenamiento Jurídico Nacional, y he realizado dos análisis de sentencias, de donde he podido extraer elementos importantes para la construcción de una directriz de interpretación. En cuanto a la recolección de la información para este trabajo investigativo, he utilizado entrevistas a jueces especializados en Derecho de Familia y el análisis de documentos jurídicos.

4.

Resultados y discusión

El reconocimiento de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes surge simultáneamente con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, y se configura de forma específica y diversificada con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en adelante la “Convención”, proclamada en 1990, y por primera vez se introduce un principio que se constituye como norma internacional, de estricto cumplimiento para los Estados ratificantes, el cual obliga a adecuar los ordenamientos jurídicos de los países en materia de protección de niñez y adolescencia. Nicaragua posee dentro de su ordenamiento jurídico la armonización de este principio, partiendo de que se constituye como una política de Estado, ya que la supranorma constitucional establece en el párrafo segundo del artículo 71 este principio de protección que dice textualmente:

La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo que tiene plena vigencia la Convención internacional de los derechos del niño y la niña. La configuración y reconocimiento de los Derechos de la niñez y adolescencia en Nicaragua nace a partir de la aprobación de la Ley 287, Código de la Niñez y Adolescencia, del 12 de mayo de 1998, así mismo, todas las leyes de familia que ahora se han constituido en un cuerpo normativo ordenado y consolidado como el Código de Familia, están regidas transversalmente por este principio, igual, sucede en los procesos judiciales, administrativos, de participación ciudadana y comunidad que sean de interés del Estado y de la sociedad civil. De acuerdo con Rodríguez (2012), esta directriz se ha convertido en referencia obligatoria en cuanto al derecho internacional privado se refiere, al constatarse una serie de prácticas, ya generalizadas, en torno a la internacionalización de la condición del niño, niña o adolescente, al estar atribuido en prácticas habituales en donde se demanda, por ejemplo, derechos de custodia y visita, reclamaciones de alimentos, demandas por secuestro internacional de menores, tráfico de menores y adopción internacional, fundamentalmente. Como lo menciona Sajón (1995): La acción estatal, comunitaria y familiar, debe armonizarse y conciliarse de tal manera que al niño, niña y adolescente pueda dárseles la relevante posibilidad de abrir su espíritu al profundo sentido trascendente de la vida y elegir después para ser libre, debe estar basada en los medios de información y participación. (p. 334) Los aplicadores de justicia así como la legislación misma con la que tenga relación este principio diseñarán los parámetros para la aplicación de este, de acuerdo con el objeto de su estudio y protección. De igual forma, como lo menciona Cillero (2012): La teoría supone que ellos se imponen a

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las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia (o contra) ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que se llama principio del interés superior del niño, creer que el interés superior del niño debe particularmente “inspirar” las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior del niño lo que dispone es una limitación1, una obligación2, una prescripción3 de carácter imperativo hacia las autoridades. (p. 8) En materia procesal, el principio del interés superior del niño se puede materializar según lo explica Aráuz (comunicación personal, 14 de agosto de 2014): a través del deber de prestar alimentos de los padres, los procedimientos especiales de adopción, la filiación, la relación madre, padre e hijos, en los casos de divorcio o de separación, guarda y custodia. Con relación a brindar el mejor interés y una mejor protección al niño, niña y adolescente en circunstancias específicas, ponderando el Derecho Humano de niños, niñas y adolescentes frente al derecho de los adultos, por ejemplo, se refiere al derecho a la identidad. El niño, niña y adolescente tienen derecho de conocer a sus padres, derecho a opinar y a hacer uso de los medios científicos oportunos para determinar los derechos que les corresponden, con el ánimo de declarar la filiación a través de establecer la relación parental y las obligaciones que se derivan de esta. El principio, en la medida que implica el deber de proteger y privilegiar los derechos de los niños, conlleva una diversidad de opiniones en la doctrina acerca de si este deber de protección es absoluto, esto es, si prevalece sobre todos 1: La limitación de la potestad judicial en la aplicación del principio consiste en un límite a la discrecionalidad de las autoridades al momento de la impartición de Justicia, por lo tanto, deberá ponderar derechos. 2: La obligación del judicial consiste en adoptar, considerar y observar el interés superior del niño como directriz, para dictar sentencias donde tengan interés niños, niñas y adolescentes. 3: Se considera una directiva positiva, donde el mismo autor señala que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los infringen.

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los demás derechos o es un principio de relativa consideración. A lo anterior, puedo asegurar que este principio es una directriz transversal aplicable sobre todo procedimiento, principio o aspecto donde se discutan o decidan derechos de niñez y adolescencia. Por otra parte, Gatica y Chaimovic (2002) han señalado que el llamado interés superior del niño debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho del interés superior del niño o de la niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar sus derechos fundamentales. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación con los derechos del niño y de la niña.

5.

Teoría de la ponderación

El espíritu de toda la normativa internacional de derechos de la infancia desarrolla una teoría jurídica de Derechos Fundamentales que es el modelo ponderativo de la aplicación del Derecho, la cual consiste en que ante eventuales colisiones de principios jurídicos para la aplicación del Derecho, se debe ponderar o darle un nivel de prioridad al principio que beneficie más al niño, niña o adolescente, como es el tema que estamos estudiando. Según Bechara (2011): El punto a decidir en las ponderaciones de principios se centra en un procedimiento definitivo de decisión, es según los grados de importancia de la satisfacción de un principio y de la satisfacción o falta de satisfacción del otro principio. Al analizar el procedimiento podemos constatar que en el uso de la ponderación se construye un mecanismo racional que funda la decisión del juez u operador jurídico, argumentando y construyendo una teoría acertada de la ponderación que engloba el concepto de derechos fundamentales. (p. 35)

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Otro elemento que debe analizarse en el marco de la interpretación de este principio es el Derecho de ser escuchado, el párrafo 15 de la Observación 12, del año 2009, del Comité de los Derechos del Niño, establece un análisis jurídico del artículo 12 de la Convención, donde se establece que cada niño, niña o adolescente tiene el derecho de expresar su opinión con completa libertad en todos los asuntos, ya sean jurídicos o no, que lo afectan, que a la vez esas opiniones deben ser tomadas en cuenta; todo esto, de acuerdo con la edad y con la madurez dentro del contexto cultural, histórico y social. Sin embargo, el niño también tiene el derecho a no ejercer ese derecho a opinar, ya que este es una opción, no una obligación. Por lo antes dicho, podría concluir que la no inclusión por parte de las autoridades y de los tomadores de decisiones de la opinión del niño como elemento toral dentro del proceso judicial o administrativo, es una vulneración a este Derecho Humano. El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 17 establece la importancia del derecho a ser escuchado: Tienen derecho a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo, que afecte sus derechos, libertades y garantías, ya sea personalmente, por medio de un representante legal o de la autoridad competente, en consonancia con las normas de procedimiento correspondientes según sea el caso. El párrafo 15 de la Observación 12, del Comité de los Derechos del Niño (2009, p. 8), sigue mencionando que los Estados ratificantes de la Convención poseen la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho y de garantizar su cumplimiento, escuchando las opiniones del niño y teniéndolas apropiadamente en cuenta. Al respecto, “tal obligación supone que los Estados partes, con respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo plenamente”.

judicial y de su base jurídica para la aplicación del principio en favor de la infancia en situaciones que involucren garantizar derechos fundamentales. Observando y analizando estos principios rectores, su finalidad se centra en la protección de la familia y en el interés superior del niño y de la niña, que se encuentran íntimamente relacionados y son indisolubles. Cabe mencionar, que en la última década, el concepto de familia ha cambiado su configuración, y seguirá transformándose mientras nuestra sociedad vaya haciéndolo, por lo cual, es familia todo grupo o asociación conformada por dos personas o más, por lo tanto, la madre soltera --realidad evidente en nuestro país y en toda la región centroamericana-- goza de una protección especial e integral a la jefatura materna dentro del hogar, por parte de los impartidores de justicia, en situaciones donde se encuentren en discusión derechos de sus hijos y de su entorno familiar. El literal i) del artículo 2 del Código de la Familia establece la oficiosidad de los procedimientos judiciales y administrativos donde estén en litigio derechos fundamentales de niñez y adolescencia, donde se exhortará a las autoridades judiciales y a tomadores de decisiones, que la finalidad de estos procesos muchas veces contenciosos o de jurisdicción voluntaria es el beneficio en su máximo grado, y, en especial, el reconocimiento, vigencia, satisfacción y disfrute de sus derechos, libertades y garantías de forma integral. Señala Buaiz (2003), que los pilares de todo el sistema de derecho de niñez y adolescencia, y Derecho de Familia, nos permiten hacer un reconocimiento de las políticas públicas universales destinadas a generar condiciones sociales, económicas, culturales o de otra índole para la satisfacción de los derechos colectivos y difusos de todos los niños, niñas y adolescentes, con las políticas especiales destinadas, básicamente, a atender determinadas circunstancias que provocan situaciones de vulnerabilidad a grupos también determinados de niños, niñas y adolescentes.

Todos estos elementos nos llevan a formularnos un concepto o directriz del pensamiento del

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Análisis de sentencias Sentencia Furlan y familiares vs Argentina. 31 de Agosto de 2012. El 15 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Sebastián Furlan y familia contra la República Argentina. El 2 de marzo de 2006 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad de la denuncia del caso Furlan y Familia bajo el número No. 17/06. La Corte se pronunció respecto de la sentencia de primera instancia del ordenamiento interno que textualmente dice en su párrafo 126: Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o una niña, debe tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halle el niño o la niña. Esta sentencia nos abre un abanico doctrinal acerca de la teoría de la ponderación de los Derechos Humanos de la niñez y de la adolescencia que en todo este artículo he venido

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analizando, por lo que todo judicial debe aplicar no únicamente la doctrina nacional, sino también las experiencias jurisprudenciales de Tribunales de Sistemas de Derechos Humanos mundiales. Como lo menciona el párrafo 126 de la sentencia, el interés superior del niño debe estar basado en la dignidad humana. Otro aspecto interesante en dicha sentencia es el hecho de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el derecho de ser oídos en los procesos judiciales, observación que aún no es evidente en nuestros países y en los procedimientos judiciales, es decir, la opinión del niño aún no es considerada un aspecto toral para que el judicial pueda tomar una decisión en procesos donde se discuten Derechos Humanos de este sector poblacional que son de su interés. En la parte l, el párrafo 226 de la sentencia lo asevera de la siguiente forma: “(…) los jueces intervinientes no garantizaron [el] derecho a ser oído [de Sebastián Furlan] por sí o por su representante, tanto cuando era adolecente, como luego de cumplir los 21 años (…)”. (p. 73).

Sentencia número 274 del 25 de marzo del año 2014 Con esta sentencia pretendo analizar y presentar un caso donde el judicial aplica de forma argumentada jurídica y doctrinalmente, y obedeciendo el debido proceso, el principio del interés superior del niño. Considero un antecedente de jurisprudencia en Derecho de Familia esta sentencia que se encuentra solemnemente estructurada; un proceso que por un momento tuvo un estancamiento, y con pocas pruebas apostadas de las partes donde el judicial, obedeciendo a sus funciones, tuvo que resolver de oficio en torno al mejor interés del niño. Hechos del caso: El dieciocho de Junio del año dos mil doce, el señor Pedro interpone demanda de acción de guarda y regulación de la relación Madre e Hijo en representación de su hijo de 8 años en contra de la madre

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Martha, hacía dos meses de separación con la demandada y que el niño se lo había llevado la madre de este, sin embargo, el menor quedaba solo, a veces con poca alimentación (avena y pan) y que no tenía quién lo cuidara bien, que además como no tenía un lugar donde vivir la madre de este, tenía que andar alquilando. Con el fin de dar protección al niño se denuncia tal situación ante el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, y Defensoría Pública. Para formalizar el status del niño se inició el proceso judicial, durante la etapa procesal ninguna de las partes aportó pruebas, de igual forma, en el curso del proceso el padre fallece a causa de una enfermedad crónica. El derecho a ser escuchado del niño, niña y adolescente, como lo establece el artículo 12 de la Convención, puede ser ejercido de dos formas dentro de los procesos judiciales o administrativos. El primer supuesto de ejercicio de este derecho es de forma directa frente al judicial, haciéndolo comparecer dentro del proceso, dependiendo de la edad y de la madurez, y de otras características endógenas y exógenas como lo mencionábamos antes, y la segunda forma es a través del informe que realiza el equipo multidisciplinario que es presentado al juez, este último con el propósito de omitir la revictimización del niño, niña o adolescente. Otro elemento que puedo mencionar de la sentencia es la explicación de la indeterminación del principio del interés superior que claramente lo establece en los fundamentos de derechos: (…) Los conceptos indeterminados, caracterizados por tener un contenido abierto representan el factor móvil de dicho ordenamiento que se caracteriza por la necesaria adaptación que deben tener las leyes. Esta composición permite configurar una situación concreta del menor, para así mediante acontecimientos conocidos, determinar exactamente dónde radica su beneficio. Específicamente, a partir de la estructura del concepto jurídico indeterminado, el

interés del menor en una situación de crisis familiar se debe situar, a nuestro entender, de la siguiente forma: •

El núcleo fijo viene a ser el interés del menor.

La zona de certeza negativa se encuentra en el conflicto de intereses que se presenta entre el menor y los progenitores.

La zona intermedia se presenta en la elección que se debe realizar en interés del menor.

Considero que lejos de conceptualizar este principio, esta sentencia viene a proporcionar al sistema judicial una directriz, parámetros, argumentos y formas que deben aplicarse en los procesos judiciales, pregonando los derechos del infante.

6.

Conclusiones

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos enriquecen los ordenamientos jurídicos de los Estados por el sentido garantista del principio pro homine. El Estado de Nicaragua, por ser ratificante de la Convención de los Derechos del Niño, tiene la obligación de aplicar y de interpretar estos instrumentos internacionales en esencia, con las reglas y procedimientos de las reglas del derecho interno. El interés superior del niño se encuentra constituido como una política de Estado. El Sistema de Derecho de Familia nicaragüense está en un proceso de modernización de orden estructural para tutelar efectivamente los derechos, no solo de la niñez y la adolescencia, sino también de las relaciones familiares, a partir de la entrada en vigencia del Código de la Familia, que recoge de forma transversal el Interés Superior del Niño en todas sus disposiciones. Según la tradición jurídica nicaragüense, los jueces civiles de distritos, locales o únicos en los procesos en materia de Familia, donde se discuten Derechos Humanos de niños y de adolescentes, no le dan un valor prioritario al testimonio del

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niño o de la niña para dictar las sentencias judiciales. Considero que este es un problema grave del Sistema Judicial, que poco a poco debe ir separando el Derecho de Familia del Derecho Civil, y especializando jueces en esta rama para la tutela efectiva y el garantismo jurídico. El principio del Interés Superior del Niño, considerado como norma fundamental para la toma de decisiones en los impartidores de justicia, tiene una configuración indeterminada, que se ha convertido de difícil interpretación dentro de la sana crítica del Juez, provocando, de esta forma, vulneraciones al debido proceso e inobservancia de Derechos Fundamentales, lo que ha conllevado a abusos discrecionales. En Nicaragua no existe un estudio exhaustivo a nivel judicial que cree doctrina, mucho menos jurisprudencia, para crear elementos teóricos sujetos a interpretaciones guiadas para los operadores de Justicia en cuanto a la interpretación y aplicación de este principio. La Corte Suprema de Justicia no posee un mecanismo observador que fiscalice la correcta aplicación de los principios procesales y el debido proceso, en general, en los Tribunales de Justicia nacional, donde se pueda asegurar la tutela efectiva de Derechos Humanos y garantías procesales.

7.

Referencias bibliográficas

Cillero, M. (2012). El interés superior del niño en el marco de la convención internacional sobre los derechos del niño. Recuperado de http://www.iin.oea.org/el_interes_ superior.pdf Gatica, N., & Chaimovic, C. (2002). La justicia no entra a la escuela. Análisis de los principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Semana Jurídica. Recuperado de http:// www.lexisnexis.cl/lase-manajuridica/1040/ article-1049.html. Rodríguez, S. (2012). El principio del interés superior del menor. Letras Jurídicas. México. Recuperado de http://biblio. juridicas.unam.mx/libros/6/2961/3.pdf Sajón, R. (1995). Derecho de Menores. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

8.

Legislación y Jurisprudencia

Convención de los Derechos del Niño. Publicado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (31 de agosto de 2012). Sentencia caso Furlan y familiares vs Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Bechara, A. (2011). La ponderación y los Derechos Fundamentales. Universidad Libre. Cartagena. Recuperado de http://www.unilibrectg.edu.co/ Descarga/PDF/ciencias_Derecho/LA_ PONDERACION_y_LOS_DERECHOS_ FUNDAMENTALES_ABRAHAM_ZAMIR_ BECHARA_LLANOS.pdf

Juzgado Primero de Distrito de Familia de Managua. (25 de marzo de 2014). Sentencia número 274. Acción de Guarda y Custodia.

Buaiz, Y. (2003). La doctrina para la protección integral de los niños: aproximaciones a su definición y principales consideraciones. Costa Rica. Recuperado de http://www. ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_ salud/derechos%20humanos/infancia/ dereninezunicef.pdf

Ley 870. Código de Familia. Publicado en La

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Ley 287. Código de la Niñez y Adolescencia. Publicado en La Gaceta Diario Oficial, No. 0000, del 12 de mayo de 1998. Nicaragua.

Gaceta Diario Oficial, No. 190, del 8 de octubre de 2014. Nicaragua.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Observación No. 12. El Derecho del Niño a Ser Escuchado. Comité de Derechos del Niño, 51º período de sesiones, Ginebra, del 25 de mayo al 12 de junio de 2009.

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Procedimientos y recursos administrativos de fiscalización tramitados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)

Resumen

MSc. Luis Ernesto Alemán M. Maestría en Derecho de Empresas con Especialización en Asesoría Jurídica Instituto Nicaragüense de Seguridad Social luis_e_aleman@hotmail.com

Palabras claves: •

Derecho administrativo

Seguridad social

Inspección

Procedimientos

Recursos

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La investigación tiene como propósito exponer el procedimiento administrativo que se deriva de las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Fiscalización, en adelante DGF, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en adelante INSS, lo que conlleva a describir el marco conceptual en que se desarrolla la investigación, describir y analizar el procedimiento administrativo suscitado al realizar las fiscalizaciones, e indicar los recursos administrativos que surgen durante el procedimiento. El estudio surge como una intención para detectar los principales vacíos jurídicos, así como las equivocaciones de las partes involucradas en el procedimiento administrativo, analizar dichas equivocaciones, para con ayuda de jurisprudencia y de doctrina especializada proponer soluciones. La seguridad social es un derecho humano, y, como tal, goza de especial protección del Estado, que asegura dicho derecho a sus ciudadanos; a la vez, las fiscalizaciones generan actos administrativos, los que modifican no solo la situación jurídica del administrado, sino que tienen un impacto en su patrimonio (el INSS, a través de la DGF, aplicó ajustes a los administrados hasta por la cantidad de C$95,000,000.00 en 2013), lo cual motivó a realizar una investigación, la que aporta soluciones inmediatas y a futuro para los problemas encontrados.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

En nuestro país, el tema relativo al derecho de seguridad social (visto como forma de protección ante las contingencias de la vida, definición acertada, pero que no totaliza su conceptualización) es investigado periodísticamente de forma actuarial, y como investigación científica se profundiza en materia de protección a cuestiones relativas a la salud (riesgos profesionales, enfermedades comunes, subsidios, lactancia), o a las prestaciones otorgadas, sin embargo, se carece del análisis de la seguridad social como parte de la administración pública. Dentro del gremio jurídico especializado en materia administrativa, son conocidas las carencias que existen en los procedimientos administrativos, principalmente, porque carecemos de una ley que los regule, solo tenemos la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, en adelante Ley No. 290, que en 13 artículos establece la forma de dirimir los conflictos entre administrados y administrador, lo que a todas luces, en la práctica, resulta insuficiente para ambas partes. El INSS, a través de sus desconcentraciones, genera constantemente actos administrativos (resoluciones de prestaciones económicas, resoluciones en materia de higiene y seguridad ocupacional, entre otros) que afectan a los administrados, quienes si consideran que dicho acto no les resulta conveniente, tienen la posibilidad de solicitar su declaración de nulidad absoluta relativa o la declaración de inexistencia del acto. En la investigación, se decidió estudiar el procedimiento administrativo que se deriva de las inspecciones realizadas a las empresas, con el fin de corroborar el cumplimiento de estas a las obligaciones impuestas tanto por el Decreto No. 974, Ley de Seguridad Social, en adelante LSS, como por el Decreto No. 975, Reglamento General a la Ley de Seguridad Social, en adelante RGLSS. Producto de estas fiscalizaciones se generaron ajustes a empleadores hasta por la cantidad de C$95.000.000.00 en 2013, y constantemente se

activan las diversas vías jurisdiccionales, con el fin de buscar la impugnación de dichos actos, lo que conlleva la necesidad de estudiar bajo el ordenamiento jurídico vigente el procedimiento administrativo, con los objetivos de detectar los principales problemas, reflexionar acerca de las causas que los originan, describirlos y brindar una solución.

2.

Marco teórico

Nos indica Sabino (1992), que: El marco teórico, también llamado marco referencial (y a veces, aunque con un sentido más restringido, denominado asimismo marco conceptual), tiene precisamente este propósito: dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Es decir, se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos referentes al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útiles en nuestra tarea. (p. 52) El estudio del derecho a la seguridad social en el país corresponde al enfoque de las prestaciones otorgadas por la institución, sean de servicios, en especie y en dinero1, es decir, la mayor cantidad de estudios jurídicos van en la línea investigativa a las prestaciones otorgadas por el INSS. El art. 23 LSS establece que “el Instituto financiará los programas del Seguro Social con los siguientes recursos: e. El producto de multas y recargos que cobre el Instituto de conformidad con esa Ley y sus Reglamentos” (p. 67), dichas multas y recargos generan un procedimiento administrativo, pues los afectados --para el caso de nuestro estudio, solo empleadores (sean personas naturales o jurídicas)--, por lo general, no se encuentran conformes cuando el INSS afecta su patrimonio. 1: Así lo señala Ruiz (2013): “Por su naturaleza las prestaciones se clasifican en: 1) servicios (servicios médicos, exámenes, rehabilitación…); 2) en especie (medicamentos, aparatos auxiliares,…); y, 3) en dinero (pensiones, indemnizaciones, subsidios)”.

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Al ser trabajador del INSS, con funciones que permiten conocer de primera línea los recursos administrativos interpuestos, se logra identificar los grandes vacíos legislativos en la regulación del procedimiento administrativo, vacíos que derivan del Derecho Administrativo nacional, al ser el procedimiento administrativo ante el INSS regulado por la Ley No. 290 y por la LSS2, tal como lo advierte Arríen (2010): Flavio Escorcia sostiene que, en Nicaragua, es muy difícil afirmar que existe un procedimiento administrativo serio, cierto y seguro ante los órganos de la administración, pues en muchas ocasiones el administrado no tiene la oportunidad de ser oído… hay ausencia de una verdadera norma jurídica estableciendo o regulando el procedimiento administrativo general que regule la actuación de la Administración Pública Nicaragüense. (p. 43) No se puede obviar la falta de regulación en el Derecho Administrativo nacional, así como que a la seguridad social, a la vez, raramente se le vincula con el derecho administrativo --pues es más vinculada con el derecho laboral-- aun cuando la Ley No. 290, claramente regula al INSS como una institución descentralizada del Poder Ejecutivo en el art. 14 numeral i, inciso g), es por ello que surge la idea de elaborar una investigación que identifique los mayores problemas con que se encuentran tanto el administrado como el administrador, analizar el porqué de dichos problemas, y con la ayuda de la doctrina y de la jurisprudencia, brindarles una posible solución, apegado al ordenamiento jurídico nacional. El procedimiento administrativo aquí estudiado se regula por lo establecido en la Ley No. 290 y en la LSS, aunque resulta interesante, acudir a la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, en adelante, Ley No. 350, para encontrar ciertos conceptos del marco conceptual, lo que evidencia el problema ya descrito, indicando en la misma investigación las definiciones que ayudaron a un mejor entendimiento de la investigación, tales como: 2: Ver Sentencia No. 99 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 22 de mayo de 2007, a las 10:45 a.m.

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acto administrativo, motivación, procedimiento administrativo, proceso administrativo, recurso administrativo, resolución administrativa y silencio administrativo.

3.

Metodología

De acuerdo con lo referido por Espinosa (2013), la presente investigación es documental, pues analiza información escrita sobre el tema de estudio, a la vez es descriptiva, porque se encarga de señalar el procedimiento administrativo derivado de la actuación del INSS, y explicativa, porque está orientada a comprobar los vacíos jurídicos del ordenamiento jurídico aplicable al procedimiento, correspondiéndose, por ende, desde el punto de vista filosófico a una investigación cualitativa. El método utilizado para la investigación es el análisis de información, pues se procedió al análisis de recursos administrativos interpuestos por los administrados, se detectaron los principales problemas que surgieron de la interposición de los recursos y de la forma como el INSS resuelve estas, analizando la legalidad de las respuestas; a la vez, se analizaron sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para identificar cómo dicha Sala, con las facultades que le competen, analiza y resuelve los vacíos jurídicos del procedimiento administrativo en general, a fin de aplicarlos en el procedimiento administrativo especial del INSS.

4.

Resultados y discusión

El procedimiento administrativo derivado de las fiscalizaciones realizadas por el INSS está regulado de manera explícita en la Ley No. 290, la que establece los recursos de revisión y de apelación, y la LSS, que en su art. 131 establece el recurso de revisión, así lo establece el art. 55 de la Ley No. 290, al indicar que “lo no previsto sobre el procedimiento administrativo en la presente Ley, se regulará de conformidad con lo que establezca la ley de la materia”, sin embargo, en dichas normas se limitan a establecer los recursos que los administrados pueden interponer, careciendo de directrices que permitan a las Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado partes que componen el procedimiento tener un mejor conocimiento de las reglas por las que se va a regir este. Es tal el grado de dificultad, que los administrados y el INSS cometen la equivocación de suponer que toda manifestación de voluntad de la institución constituye un acto administrativo, cuando es conocido que todo acto administrativo es, por lo general, un acto de la administración, pero no todo acto o actuación de la administración es un acto administrativo, siendo así, los administrados interponen supuestos recursos administrativos y el INSS los responde, provocando el desgaste innecesario de un procedimiento, cuando ni siquiera existe un acto que lo justifique. La primera labor investigativa fue desarrollar un marco conceptual que permitiese brindar parámetros más allá de las definiciones establecidas por la Ley No. 350, la cual, en lo particular, se hace más una norma reguladora de un procedimiento jurisdiccional, pero, al menos, representa un instrumento que establece conceptos y principios, los cuales, de una u otra manera, ayudan a establecer directrices en el procedimiento administrativo. En dicho marco, por ejemplo, reflejamos un aspecto que indica cuándo estamos ante un acto administrativo, y hacemos referencia a la presunción de validez del acto administrativo siempre que reúna las condiciones mínimas de legitimidad (emanar de autoridad competente, ordenar algo lícito y posible, y conformar causas procesales), presunción que es una de las prerrogativas de la Administración Pública, poco utilizada por el INSS, evidenciada en situaciones de ejecutoriedad del acto, pues si los administrados no solicitan la suspensión del acto en sus recursos y el acto contiene los requisitos mínimos de legalidad, el INSS no puede abstenerse de ejecutar amparándose en la existencia del recurso. De continuar dicha actuación, el INSS estaría considerando sus actos como carentes de validez. Exponemos el concepto de motivación, motivación de los actos administrativos, que ha encontrado de manera reciente su fundamento en la Constitución

Política de la República de Nicaragua, en adelante Cn., en su art. 34 numeral 8), por lo que es importante para la Administración conocer cómo el acto emanado deberá ser motivado, de lo contrario, se incurre en una actuación ilegal. Mención especial debemos hacer a la conceptualización de silencio administrativo, pues la práctica nos indica que el administrado tiene la certeza de que cuando la Administración Pública no contesta su recurso en el tiempo establecido, ipso facto se declarará con lugar su pretensión, sin embargo, en muchas ocasiones se invocan peticiones contra legem, y las peticiones realizadas a la Administración deben ser ciertas, posibles y dentro de la ley. Al carecer de lo anterior, no podrá invocarse dicha figura. La segunda parte de la investigación está referida a la descripción y al análisis del procedimiento de fiscalización a empleadores en materia de seguridad social, en la que se analiza la Resolución Interna del INSS RI-061-2013 del 15 de abril del 2013, “Manual de Procedimiento de la Dirección General de Fiscalización”, en adelante Manual, y la primera observación que se realiza es que el art. 124 de la LSS establece: “Los inspectores y auditores del Instituto tendrán, además de las atribuciones propias que les fije el Reglamento respectivo, las atribuciones que la legislación laboral concede a los inspectores del Trabajo. El Instituto dictará un Reglamento de Inspección”. Sin embargo, encontramos que tal Reglamento no existe, por el contrario, está un manual que sirve como instructivo para que los trabajadores del INSS realicen sus funciones de fiscalización, muy al contrario de lo establecido por la Ley que manda al INSS a promulgar un Reglamento que contendrá las reglas en materia de inspección. Del análisis del manual, se constató que existió un manual previo, pero que la Presidencia Ejecutiva, instancia encargada de su elaboración conforme inciso f) del art. 16 LSS, no se dio a la tarea de derogarlo; que el marco jurídico que compone las labores fiscalizadoras es demasiado amplio, y que no establece el vínculo directo en que dichas normas influyen la labor fiscalizadora, da la sensación de que se refiere a un marco jurídico, cuyo fin es solo enlistar leyes.

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Posteriormente, se refiere de manera detallada el procedimiento de fiscalización por parte de los trabajadores del INSS, indicando los tipos de fiscalizaciones existentes: generales y específicas (verificación de cotizaciones de un trabajador, recuperación de cotizaciones de un trabajador, inactivación de empresas, de seguimiento y de determinación de capacidad de pago de empleadores), se señala la labor institucional y externa que se realizará por parte de los trabajadores de la institución. También se indica la forma de proceder cuando las fiscalizaciones son llevadas a cabo en los departamentos.

la seguridad social, después se indican los artículos encargados de regular la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública y los principios por los cuales deben regir su actuación.

El manual hace mención al recurso de revisión y a la forma en que lo trata y resuelve, debiendo indicar que existe un área especializada en materia de revisión, la que da trámite, de forma específica, al recurso de revisión interpuesto por recurrentes. Internamente, los recursos de apelación y de revisión ante el Consejo Directivo del INSS, son tratados por la División General Jurídica, por lo que el manual no hace referencia alguna a dichos recursos.

Por lo general, se tilda al RGLSS como un reglamento inconstitucional, pues en muchas ocasiones abandona su naturaleza de reglamento y legisla cuestiones no establecidas en la LSS. Se aprovecha en la investigación para aclarar que en el caso de la LSS y de su RGLSS fueron dictadas ambas normas como decretos de ley, y tienen el mismo rango normativo; se señala el articulado de ambas normas que justifica la labor fiscalizadora.

A partir de la descripción del manual, el suscrito comienza su aporte a nivel institucional, soportando todas las actuaciones de la Administración con apoyo de la legislación vigente, de la doctrina especializada y de la jurisprudencia. Uno de los principales problemas encontrados es que en los recursos de revisión interpuestos en las delegaciones departamentales del INSS, el acto se genera en la delegación departamental y es revisado por la DGF. Dicha actuación, debidamente cuestionada, nunca ha sido legalmente justificada por la institución, por lo cual, este estudio aporta las ideas de descentralización del INSS del Poder Ejecutivo y de desconcentración administrativa territorial, obedeciendo la institución a las nuevas tendencias de los entes administrados con el fin de mejorar los servicios brindados. Después, se señala un marco jurídico actualizado, debidamente detallado, que indica por qué la elección de dichas normas y el articulado de cada una de estas afecta la labor de fiscalización. Se empieza con la Cn., señalando los artículos en que se regulan las cuestiones relativas a

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Se expresan los principales derechos constitucionales que tienen los administrados cuando se encuentran en un procedimiento administrativo, y se enfatiza la forma en que estos derechos deberán ser reconocidos a fin de evitar confusiones, es así que se profundiza en el estudio de derechos como debido proceso, interdicción de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva.

Se hace especial énfasis en el uso de la Ley No. 664, Ley General de Inspección del Trabajo, en adelante Ley No. 664, y de su reglamento, Decreto No. 92-2004, Reglamento de la Inspección del Trabajo, en adelante RIT, ambas normas amplían el rango de trabajo en las fiscalizaciones realizadas por el INSS. Se indica cómo se logra la aplicación supletoria de la Ley No. 350 a los procedimientos administrativos, pues la Ley No. 290 manda a las leyes especiales de la materia, la que en el caso que nos ocupa, solo se encarga de incorporar un recurso administrativo más en vez de brindar soluciones. Es importante recalcar que la Ley No. 350 tiene vacíos, los que regula expresamente en su art. 134: En lo no previsto expresamente en la presente Ley, se aplicarán como disposiciones supletorias las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua y el Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando no contraríe el espíritu de la presente Ley.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Comprendidos los conceptos con más relevancia en el procedimiento administrativo, conocidos los recursos interpuestos y la labor fiscalizadora realizada por la DGF, se hace necesario analizar cuáles son las principales equivocaciones en los recursos interpuestos por los afectados, así como las equivocaciones más frecuentes en las resoluciones emitidas por el INSS. Se constata que el administrado desconoce que los recursos deberán ser dirigidos ante los órganos correspondientes, por lo que los dirige ante muchas personas, o bien a alguna persona totalmente ajena al procedimiento; se hace una reflexión sobre si la Administración deberá pronunciarse ante este tipo de recursos mal interpuestos. Se concluye que no existe consecuencia alguna que perjudique al recurrente por incurrir en este error, aunque una base legal que apoye este pensamiento no está regulada en el ordenamiento jurídico, y obedece exclusivamente al principio antiformalista del Derecho Administrativo. La consecuencia de admitir hechos en los recursos, señalando que la Ley No. 290 regula explícitamente el deber de los recurrentes de expresar cuáles son los actos de la administración que agravian su esfera jurídica, da por entendido que se acepta la legalidad de aquellos por los que no se recurre. La consecuencia de invocar normas derogadas en los recursos administrativos, los que basados en la premisa en Derecho Da mihi factum, dabo tibi ius, en conjunto con el principio de informalismo, permite a la Administración dar trámite a los recursos, aun cuando el administrado no sabe amparar sus hechos en derecho. Se hace una labor detallada para determinar cómo se deben contar los días en la vía administrativa, indicando que el INSS los contaba de lunes a viernes, con base en un Decreto derogado explícitamente por otra norma; se expresó que para los empleadores todos los días son válidos para trabajar, y se concluyó que el conteo de los días para todos los recursos administrativos ha de ser de lunes a sábado. Entre las equivocaciones más frecuentes de la Administración Pública, encontramos que en

muchas ocasiones, cuando los administrados interponían recursos administrativos, el INSS agraviaba la situación de ellos, algo completamente ilegal, así declarado vía jurisprudencial, pues no existe ley que regule la non reformatio in peius, sin embargo, se advierte al INSS de la ilegalidad de dicha actuación. Se logra hacer un análisis de los vicios en el acto administrativo, lo que resulta sumamente interesante, pues recordemos que todo acto administrativo se presume válido, sin embargo, los recursos administrativos sirven para que la Administración Pública reflexione acerca de sus actos, y pueda declarar la nulidad (nulidad absoluta), anulabilidad (nulidad relativa) e inexistencia de los actos administrativos, haciendo una relación entre inexistencia y vicios muy graves, nulidad con vicios graves y anulabilidad con vicios leves, encasillando y ejemplificando cuando estamos ante cada uno de dichos vicios. Por último, el trabajo recoge una propuesta del procedimiento administrativo derivado de las fiscalizaciones realizadas por el INSS, en la que se indica la posibilidad de establecer MARC en los procedimientos administrativos; el que en la Ley de Procedimiento Común se definan conceptos y no referir estos vía jurisprudencia; establecer qué tipo de actos son susceptibles de recurso; estipular vía legislativa cuando se tiene por agotada la vía administrativa, pues la obligación de los administrados es conocer la norma, no criterios; estipular la prohibición reformatio in peius, así como ampliar los plazos de interposición de recursos de manera razonable, e indicar cómo se deben contar los días en la vía administrativa.

5.

Conclusiones

En general, se pudo demostrar la poca utilidad práctica de la Ley No. 290 para el procedimiento administrativo derivado de las fiscalizaciones del INSS, logrando proponer respuestas eficaces a las oscuridades suscitadas en el procedimiento. Se logró señalar e identificar que ha sido a través de la vía jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia ha ido dando respuesta a

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los vacíos jurídicos derivados de la legislación, sin embargo, se ha de reconocer que dicho material no está al alcance de los administrados por falta de publicidad de tales instrumentos, lo que significa un beneficio para el esclarecimiento de dudas en los casos específicos, pero continúa la incertidumbre para aquellos que no logran el acceso a dicha documentación. Al respecto, Arríen (2010) indica que: …no significa que la dispersión regulatoria del procedimiento administrativo sea mala y que la existencia de una normativa de procedimiento administrativo común sea la solución de todos los problemas que surgen al momento de la tramitación de los procedimientos administrativos en los que nos vemos envueltos en el ejercicio diario de la profesión… (p. 43) Se concluye en la investigación, que es necesaria la aprobación de una Ley común de los procedimientos administrativos; aunque se debe tomar en cuenta la distinta naturaleza de cada una de las instituciones que conforman la Administración Pública. Se ha de considerar, a la vez, que es necesaria una Ley que de manera mínima regule conceptos básicos, que establezca principios esenciales y que señale de manera explícita aplicaciones de supletoriedades, a fin de garantizar el apego a la legalidad de las actuaciones de las partes que se involucran en el procedimiento. La investigación manifiesta la sensación del alejamiento tanto de la LSS como del RGLSS del derecho administrativo, se palpa de parte de las actuaciones del INSS la falta de conocimiento del derecho administrativo, que permita ejecutar las facultades de seguridad social, es como si en nuestro país la seguridad social no se adaptara a las nuevas formas que tiene el Derecho de interrelacionarse con las demás materias de estudio. La LSS y su RGLSS no pueden apartar el derecho sustantivo y procedimental administrativo, pues el INSS debe reconocer que la mayoría de los actos que dicta son administrativos. La investigación constituyó un aporte en pro del análisis del procedimiento de fiscalización en

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materia de seguridad social, con una visión crítica pero propositiva, con el objetivo de garantizar la eficacia administrativa y los derechos de los administrados.

6.

Reconocimientos

Al profesor, Dr. Juan Bautista Arríen Somarriba, quien se mostró interesado en el proyecto de investigación inmediatamente que le fue expuesto, aportando ideas, correcciones y material bibliográfico que permitieron su culminación. Al INSS, por permitir reflexionar en las actuaciones realizadas, por enfatizar en los errores cometidos, a fin de garantizar una Administración Pública apegada al Estado de Derecho.

7.

Referencias bibliográficas

Arríen

Somarriba, J. B. (2010). Derecho Administrativo. Acto, Procedimiento, Recursos, Contratos y el ContenciosoAdministrativo. Managua: UCA.

Constitución Política de la República de Nicaragua. (2014). Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 32, del 18 de febrero del 2014. Nicaragua. Decreto No. 92-2004, Reglamento de la Inspección del Trabajo. (2004). Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 169, del 30 de agosto del 2004. Nicaragua. Decreto No. 974, Ley de Seguridad Social. (1982). Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 49, del 01 de marzo de 1982. Nicaragua. Decreto No. 975, Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. (1982). Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 49, del 01 de marzo de 1982. Nicaragua. Espinosa, V. (2013). Estructura del protocolo de investigación. Managua: Universidad Católica “Redemptoris Mater”. Managua.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. (2013). Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 35, del 22 de febrero del 2013. Nicaragua. Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. (2000). Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 140, del 25 de julio del 2000. Nicaragua. Ley No. 664, Ley General de Inspección del Trabajo. (2008). Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 180, del 19 de septiembre del 2008. Nicaragua. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. (2013). Resolución de Presidencia Ejecutiva Número RI-061-2013. Manual de Procedimientos de la Dirección General de Fiscalización. Managua: Autor. Ruiz Arias, M. (2013). Derecho laboral y de la seguridad social. Derecho de la seguridad social. Managua: UCA. Sabino, C. (1992). El proceso de Investigación. Caracas: Panapo.

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Marco regulatorio de los grandes consumidores de energía en Nicaragua

Resumen

MSc. Jorge Antonio Vásquez P. Maestría en Derecho de Empresas con Especialización en Asesoría Jurídica Abogado y Notario Público vasquezp.jorge@gmail.com

Palabras claves: •

Gran consumidor

Habilitación

Agente

Mercado eléctrico

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En Nicaragua, las actividades de la industria eléctrica están claramente determinadas: existen generadores, un único transmisor estatal, dos empresas distribuidoras de energía y los consumidores finales de esta. Las distribuidoras tienen exclusividad para comercializar la energía que adquieren en el mercado a todos los consumidores ubicados dentro de su área de concesión, pero existe un tipo de consumidor que, dependiendo de la demanda de potencia que requiere, puede habilitarse como “agente del mercado”, convenir un acuerdo directo con un generador y cubrir su demanda de energía de forma directa. De acuerdo con el marco legal, este tipo de consumidor es denominado como “gran consumidor”, y es definido como aquel consumidor servido a un voltaje igual o mayor a 13.8 kV, y con una carga concentrada de por lo menos 1.000 kW. Antes de 2007, le correspondía al Instituto Nicaragüense de Energía (INE) establecer las categorías de grande, mediano y pequeño consumidor, con base en parámetros técnicos y económicos, cuando la ley de la materia no lo determinara. Sin embargo, con la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en 2007, la anterior facultad del INE fue derogada expresamente, y otras atribuciones en el subsector electricidad, tales como la de otorgar las licencias y las concesiones, fueron asignadas al MEM. La investigación desarrolló un análisis del marco regulatorio de la figura “gran consumidor” entre las funciones de los actores institucionales del INE y del MEM, donde se encontró un conflicto de competencias entre ambas instituciones, el cual atenta contra la seguridad jurídica y contra el Estado de Derecho.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

Hace al menos unos diez años, en Nicaragua las investigaciones jurídicas relacionadas con la industria eléctrica, sin temor a equivocarme, eran escasas, sin embargo, este hecho las hace convertirse en algo más interesante. En abril de 1998 se publicó la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica (en lo sucesivo Ley 272/1998), la cual estableció el régimen legal sobre las actividades de la industria eléctrica --que comprenden la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, la importación y la exportación de la energía eléctrica, actividades todas de interés nacional, aunque algunas de las cuales, como es el caso de la transmisión y de la distribución, fueron consideradas servicios públicos-- e hizo que el estudio de la industria eléctrica se tornara más intenso en vista del nuevo marco legal regulatorio de ese momento. Dentro de todas las actividades que integran la industria eléctrica o el subsector eléctrico y los agentes económicos que la conforman, el gran consumidor como agente del mercado eléctrico es una figura poco analizada y a la que se le presta poca atención, en vista de que se prioriza al consumidor domiciliar por la entrega de los subsidios, así como por la defensa de sus intereses, tanto por el sector público como por las asociaciones de defensa de los consumidores. Las inversiones que se asientan en el país lo hacen buscando entre una serie de factores, la seguridad jurídica, con todas las connotaciones que esta trae aparejada, así como excelentes condiciones que procuren una mejora en la competitividad, entre las que sobresale la tarifa de la energía eléctrica, que repercute directamente en los costos de producción. Entre esas condiciones, permitirle a una industria constituirse como gran consumidor, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que establecen la Ley 272/1998, su Reglamento y las normativas del sector, le genera beneficios por una tarifa diferenciada, al permitirle negociar con un agente generador de forma directa un contrato de suministro. La problemática jurídica se presenta cuando no se tiene claro quién o cuál ente gubernamental es

el facultado para habilitar a un gran consumidor, o cuándo las leyes de la materia no establecen con claridad meridiana cuál institución es la competente para tal menester. Lo anterior produce inseguridad jurídica, tal como lo apreciaremos en el presente trabajo investigativo, y genera en el caso de un ente que no esté facultado para realizar tal función, una violación a principios constitucionales como el principio de legalidad y el principio de vinculación positiva a la Ley, por citar algunos principios consagrados por nuestra Constitución Política. En la investigación se apreciará cómo a partir de la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se transfirieron a este una serie de funciones del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), quedando un supuesto vacío en lo relacionado con la habilitación como gran consumidor, al no establecer con claridad el legislador, quién cumpliría tal atribución. Por lo cual, me propongo determinar desde la rigurosidad jurídica de una investigación científica, quién posee la facultad de habilitar legalmente a los grandes consumidores en Nicaragua.

2.

Marco de referencia

Antes de las reformas realizadas en el subsector eléctrico nicaragüense, acaecidas a partir de los años 90, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) era el organismo rector de la política energética nacional, correspondiéndole en ese momento, entre otros, la planificación, organización, dirección, administración, exploración, explotación, aprovechamiento, control y manejo de los recursos energéticos, tanto nacionales como importados, así como las funciones de planificación, generación, transformación, transmisión, control, distribución y suministro de la energía eléctrica para uso público, que incluye desde el uso residencial hasta el industrial. Es decir, el INE estaba integrado vertical y horizontalmente con esas funciones, incluyendo las de supervisión y fiscalización, lo cual se mantuvo desde la aprobación del Decreto 87/1985.

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En 1993, por las razones antes expresadas, el Gobierno de Nicaragua inició un proceso de reformas del sector energía. En 1994 se creó la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL, en adelante) a través del Decreto No. 46-94, Creación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), en adelante Decreto 46/1994. Con la creación de ENEL, todas las funciones del INE referidas a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, compra y venta de energía eléctrica, así como de coordinación del Centro Nacional de Control de Carga, y la operación del Sistema Interconectado Nacional, pasaron a la nueva empresa estatal con giro comercial. De esta manera, se separaron del INE las funciones netamente empresariales, quedando este con las funciones de planificación, formulación de políticas, normativas y regulación de las actividades que realizan las empresas en el sector energía. Un año trascendental para el sector energético del país fue 1988, pues se aprobó y publicó las siguientes leyes: (i) Ley No. 271, Ley de reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, en la cual se le definen al INE las funciones de regulación, supervisión y fiscalización del sector energético y la aplicación de las políticas energéticas fijadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE en adelante); (ii) la Ley 272/1998, la cual creó la CNE como organismo rector del sector energético a cargo de la formulación de la política y de la planificación del sector energía. Esta Ley ordenó la segmentación de ENEL en los agentes económicos que se determinaran mediante estudios, los cuales debían constituirse en sociedades anónimas, permitiéndose la incorporación del sector privado en dichos agentes económicos resultantes de la segmentación, es decir, la privatización. A comienzos de 2007, fue aprobada la Ley 612/2007, la cual creó el Ministerio de Energía y Minas, como sucesor de la CNE, con funciones adicionales que le fueron transferidas del INE, tales como el otorgamiento de licencias de generación y concesiones de distribución, la definición de la política de los hidrocarburos, así

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como la aprobación de las reglamentaciones y normas para el sector energía y minas.

3.

Metodología

Para la presente investigación, he hecho uso del método de análisis de contenido, uno de los métodos empíricos de mayor empleo; consiste en el análisis de un acto de comunicación oral o escrito de una manera objetiva, coherente y sistemática, a fin de describir el contenido explícito que se transmite, hacer ostensible el contenido latente y caracterizar la información en general (Villabella Armengol et al., 2009, p. 128). El procedimiento para realizar esta investigación fue organizado de acuerdo con los siguientes pasos: 1. Búsqueda bibliográfica en bases de datos virtuales y en biblioteca local. Para cumplir con esta actividad, se seleccionaron las fuentes disponibles en función de su confiabilidad e importancia. 2. Fichaje de la información considerada de interés para el cumplimiento de los objetivos planteados, una vez seleccionada y organizada en la sección bibliográfica de esta investigación. 3. Análisis, revisión y comprensión de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de regulación del subsector eléctrico. 4. Organización de la información generada por instituciones relacionadas con el subsector eléctrico. 5. Revisión sistemática con el tutor. Este método tiene ventajas muy significativas, debido a que permite penetrar el contenido del material y de la información que se analiza, con el objetivo de identificar tendencias, compararlas y evaluarlas con claridad.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 4.

(…) una expresión de acceso a la competencia en mercados donde la misma no es posible debido a que la prestación del servicio se realiza en condiciones de monopolio natural. A través de este mecanismo, ciertos usuarios pueden adquirir directamente la energía que consumen a generadores o comercializadores, por medio de contratos celebrados independientemente con ellos, en tanto tal energía esté destinada a consumo propio. En este caso, los precios y las condiciones de suministros son fijados libremente entre las partes. No todos los usuarios pueden acceder a dicho mecanismo, sino que para ello deberán satisfacer determinados módulos de potencia y energía. (p. 357)

Resultados y discusión

En la región centroamericana, a partir de los años 90, se llevó a lo interno de algunos de los países que la conforman (especialmente en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua y en Panamá), una serie de reformas que significaron la reestructuración de sus subsectores eléctricos, y su privatización total o parcial, alentada por la liberalización de los servicios públicos, enmarcada dentro de la crisis de la deuda externa y dentro de las políticas de ajuste estructural de corte fondomonetarista tras el “Consenso de Washington” (Paz, González y Sanabria, 2005). Nicaragua, no ajena a esta situación de apertura del subsector eléctrico a la inversión privada, aprobó el 18 de marzo de 1998 la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica, en adelante Ley 272/1998, en la cual, al igual que el resto de los países centroamericanos, se incluyó, siguiendo el criterio de Dávila Galindo (2010, pp. 25-26), básicamente lo siguiente: a. Separación estructural de aquellas actividades consideradas competitivas (generación y distribución) de aquellas que se supone son monopolios naturales (transmisión). b. División de la capacidad instalada de generación entre varias compañías generadoras. c. Entrada de nuevos generadores (privados) al mercado. d. Apertura y acceso indiscriminado de los generadores a las redes de transmisión de energía. e. Venia a los grandes consumidores para comprar electricidad directamente del generador o distribuidor de su elección. f. Regulación de las actividades de los monopolios naturales para prevenir abusos en el mercado eléctrico. Un “Gran consumidor”, “gran usuario”, “usuario o cliente libre”, a decir de Barreiro (2002), es:

La anterior definición expresada por Barreiro (2002) nos presenta rasgos característicos y esenciales de la figura de gran consumidor, que encontramos en el marco regulatorio de Nicaragua, por no estar sujeto a regulación de precio, y en las condiciones de suministro que son libremente pactadas ya sea con el distribuidor o con otro generador. A partir de la anterior conceptualización, realizaremos un análisis de la figura del gran consumidor en el marco regulatorio nicaragüense: i)

Expresión de acceso a la competencia en mercados donde esta no es posible, debido a que la prestación del servicio se realiza en condiciones de monopolio natural.

De conformidad con el art. 83, de la Ley 272/1998, los concesionarios de distribución tendrán el derecho a ser distribuidores exclusivos en su zona de operación autorizada en lo que se refiere a los pequeños y medianos consumidores, por lo cual, la excepción a la regla de la “exclusividad” es el gran consumidor. ii)

Ciertos usuarios pueden adquirir directamente la energía que consumen a generadores o comercializadores, por medio de contratos celebrados independientemente con ellos, en

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tanto tal energía esté destinada a consumo propio. De conformidad con el art. 55 de la Ley 272/1998, los grandes consumidores pueden elegir libremente al suministrador de energía por medio de contratos; dichos suministradores pueden ser generadores o distribuidores nacionales o extranjeros. Lo anterior queda, de igual forma, indicado en la misma norma jurídica, en el art. 21, al establecer que los generadores pueden suscribir contratos de compra-venta de energía eléctrica con distribuidores y con grandes consumidores; y, en el art. 32, al disponer que los distribuidores podrán suscribir contratos de compra-venta de energía eléctrica con generadores y con grandes consumidores. iii)

En este caso, los precios y las condiciones de suministros son fijados libremente entre las partes.

De conformidad con la Ley 272/1998, cuando el gran consumidor contrata con un generador, los precios se rigen libremente; cuando contrata con un distribuidor --ya sea nacional o extranjero--, los precios son regulados. En Nicaragua, el régimen tarifario se clasifica en régimen de precio libre y régimen de precio regulado. Como hemos visto, los grandes consumidores pueden realizar transacciones en ambos regímenes. Referente a que el precio no es regulado, lo que se establece es que el máximo precio es el de la tarifa regulada. Es una forma de promover precio a la baja por parte del distribuidor para que conserve al gran consumidor. iv)

No todos los usuarios pueden acceder a dicho mecanismo, sino que para ello deberán satisfacer determinados módulos de potencia y energía.

La Ley 272/1998 define al gran consumidor en el art. 8, como aquel consumidor servido a un voltaje igual o mayor a 13.8 Kilovoltios (Kv) y con una carga concentrada de por lo menos 2,000 Kilowatts (Kw), estableciendo que periódicamente el INE podrá definir los niveles de voltaje y de carga.

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5. La importancia de la figura del gran consumidor La totalidad de los sectores industriales utilizan la electricidad en sus procesos productivos, pero existen una serie de actividades para las que el suministro de electricidad es una materia prima imprescindible para su funcionamiento, y no un mero servicio. Un objetivo básico para cualquier empresa consiste en la minimización de sus costos de producción, incluyendo la electricidad. Un menor precio de la energía eléctrica para ciertas industrias que logran niveles de carga concentrada requeridas para constituirse como grandes consumidores de electricidad, da lugar a un posible menor coste del producto y, por tanto, a un aumento de la competitividad. Dicha competitividad no es solo aplicable para las industrias, sino también para el país y para su capacidad de atraer inversiones, y un inversionista se verá más atraído cuando se le permita mejorar su productividad al poder contratar su suministro de energía eléctrica en condiciones más favorables, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos, donde priman los técnicos (carga demandada). De allí la importancia de que el marco regulatorio del subsector eléctrico permita a una persona natural o jurídica, una vez cumplida una serie de requisitos, habilitarse como gran consumidor y como agente de mercado, lo que le permitirá contratar directamente con un productor o con el distribuidor, en condiciones diferentes de las del resto de los usuarios finales.

6.

Mercado eléctrico nicaragüense

Desde finales de 2000, en Nicaragua opera un mercado eléctrico mayorista (ver Figura 1) basado en costos marginales1. Los generadores, 1: Los precios puntuales de la energía se definen como los “costos marginales” de generación de corto plazo, incluida una diferenciación tanto espacial como temporal, en condición de operación óptima. Para un nodo determinado indica el costo asociado a un aumento de potencia inyectada en el sistema, necesario para responder a incrementos de carga experimentados en dicho nodo. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado distribuidores y grandes consumidores (es decir, con demanda pico superior a 1,000 kW) participan en este mercado, que fue creado para incluir transacciones de oportunidad (de corto plazo) de electricidad y contratos bilaterales de compra y venta de electricidad en el largo plazo. Los consumidores pequeños, atendidos por las empresas de distribución, compran electricidad a precios regulados. Figura 1: Tomado de la página Web del CNDC

Sin embargo, a nuestra consideración, en primer lugar esta disposición no indica la facultad o competencia para conceder el atributo de gran consumidor a un usuario de la energía, es únicamente la facultad de establecer las categorías. El MEM trató de solventar el problema a través del uso del recurso de competencia, establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley No. 290, Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, en adelante la Ley 290/1998, que indica:

Relación MEM e INE

Dudas en la aplicación de competencia

Desde la creación del MEM como ente rector, el sector eléctrico ha mantenido una buena coordinación de los entes del sector público que actúan en él. ENEL ha actuado como generador público, ENATREL como transmisor “único”, el INE como ente regulador y el MEM como normador y formulador de la política del sector; el CNDC ha actuado como administrador en el mercado.

Artículo 37.- Cuando exista duda sobre la competencia en cuestiones administrativas de algún Ministerio de Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá a la brevedad posible a quién corresponde el despacho de dicho asunto.

Está bien definido que el MEM, además de ser el normador, recibió a través de la Ley 612/2007, por parte del INE, las funciones de otorgar las licencias y las concesiones del sector, entendidas las primeras como licencias para generación con cualquier fuente de energía y de transmisión; y las segunda, en el espíritu de la Ley No. 272/1998 como de distribución, ya que existen también las concesiones de exploración y de explotación de recursos geotérmicos, que cuentan con su Ley especial. Básicamente, la intención del legislador fue separar funciones, en cuanto y en tanto el ente que fungiera como poder concedente de una licencia o concesión, en este caso el MEM, no fuese el mismo que regulara dichas actividades, en este caso el INE. Al ser esta la intención, el legislador, en la ley creadora del MEM, la Ley 612/2007, ordenó la derogación del literal n), del art. 4, del Decreto 87/1985, que establecía lo siguiente: “Establecer las categorías de grande, mediano y pequeño consumidor con base en parámetros técnicos y económicos cuando la ley de la materia no lo determine”.

Resolución de conflictos Artículo 38.- Cuando surja un conflicto de competencia o de cualquier naturaleza entre un Ministerio y una institución descentralizada o entre éstas, la decisión corresponderá al Presidente de la República. Como se manifiesta, el art. 37 no es aplicable en vista de que se trata de dirimir las competencias entre ministerios, siendo el aplicable el art. 38 que se refiere a solucionar los conflictos que surjan entre un Ministerio (el MEM) y una institución descentralizada como el INE. De conformidad con lo establecido en la Ley No. 290, Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, y su reforma contenida en la Ley No. 612, artículo 29, literales b y c, el Ministerio de Energía y Minas está debidamente facultado para la habilitación de una empresa como gran consumidor. Por otro lado, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) mantiene el criterio de que si bien

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dicha facultad de habilitar a una empresa como gran consumidor, le fue derogada mediante la Ley No. 612, manifiestan que mantienen dicha facultad sobre la base de la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica. A mi criterio, no se puede solventar un asunto de conflicto de competencia, cuando a todas luces el legislador no indicó cuál ente era el competente o si la competencia era compartida. Lo mismo aplica a la hora de buscar la solución a este vacío, a través del Digesto Jurídico Nicaragüense creado por medio de la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua (Ley 606/2007), el cual como técnica utiliza la recopilación, ordenación y análisis; es decir, el Digesto no legisla, y por tanto no podría llenar el vacío provocado por esta laguna. Por lo tanto, existe otra opción para solucionar el presente caso, que a nuestra consideración puede ser la más acertada y eficaz, la cual es que la Asamblea Nacional, a través de una reforma a la Ley que creó al Ministerio de Energía y Minas, es decir, la Ley 290/1998, corrija el vacío legal existente, estableciendo la facultad a este último Ministerio.

7.

Conclusiones

• Las reformas en el sector energético nicaragüense llevadas a cabo en los años 90 significaron la reestructuración del subsector eléctrico y su privatización total o parcial, alentada por la liberalización de los servicios públicos, lo que ha permitido que los grandes consumidores compren electricidad directamente del generador o distribuidor de su elección. Esta figura de gran consumidor nace a partir de 2000. • Igual que en la mayoría de países de la región, en Nicaragua los grandes consumidores son una expresión de acceso a la competencia en mercados donde ello no es posible, debido a que la prestación del servicio se realiza en condiciones de monopolio natural,

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específicamente la distribución de la energía. • La NGC definió claramente el concepto de carga concentrada y el nivel de la demanda que no aclaraba la Ley 272/1998, el Decreto 42/1998 y la Normativa de Concesiones y Licencias para los grandes consumidores. Cabe destacar que para la aplicación como gran consumidor se requiere de 1,000 KW de carga demandada en un solo punto de medición. • Las reformas al ordenamiento jurídico del sector energético del país realizadas en 2007 tuvieron como objetivo separar del ente regulador, el INE, las funciones de otorgar las licencias y las concesiones del subsector eléctrico, y dotar de esta facultad al ente rector, el MEM. • El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) mantiene el criterio de que si bien la facultad de habilitar a una empresa como gran consumidor, le fue derogada mediante la Ley No. 612, mantienen dicha facultad sobre la base de la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica. • Tanto en El Salvador como en Guatemala y en Panamá, los entes que dan la categoría a los grandes usuarios son los entes normadores y no los reguladores, ya que como se manifestó, los grandes consumidores son agentes del mercado sujetos a la regulación del ente correspondiente, por lo cual este último ente no puede otorgarle la condición como gran consumidor. • Un recurso de “conflicto de competencias” no es el adecuado para determinar qué institución (el MEM o el INE) debe dar el reconocimiento como gran consumidor a una empresa, ya que estamos ante la presencia de un vacío o laguna legal. • Es a través de una reforma a la Ley creadora del Ministerio de Energía y Minas, es decir, de la Ley 612/2007, que se debe corregir el vacío legal existente en cuanto al ente que debe habilitar a los grandes consumidores, estableciendo la facultad al Ministerio de Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Energía y Minas, por las razones expresadas de la división de funciones entre un ente rector y normador, y un ente regulador.

8.

Reconocimientos

A mi familia, por todo su amor verdadero. A mi tutor, el Dr. Mario Torres, por su apoyo y dedicación durante todo el desarrollo de la investigación.

9.

Referencias bibliográficas

Paz, M. J., González, S., & Sanabria, A. (2005). Centroamérica encendida. Transnacionales españolas y reformas en el sector eléctrico. Barcelona: Icaria Editorial, S.A. Villabella Armengol, C. M., Fernández Olazábal, P., & Pérez Hernández, L. (2009). Los métodos de investigación. En C. M. Villabella Armengol, La investigación y comunicación científica en la ciencia jurídica (págs. 119-174). Puebla: Instituto de Ciencias Jurídicas.

Barreiro, R. (2002). Derecho de la energía eléctrica. Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma S.R.L. Dávila Galindo, D. A. (2010). Estudio jurídico de los efectos económicos en la familia a partir de la privatización del servicio público de energía eléctrica en Guatemala. Guatemala: Universidad de San Carlos. Decreto No. 42-98, Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Publicado en La Gaceta Diario Oficial, No. 116, del 23 de junio de 1998. Nicaragua. Decreto No. 46-94, Nicaragüense Publicado en No. 204, del Nicaragua.

Creación de la Empresa de Electricidad (ENEL). La Gaceta Diario Oficial, 1 de noviembre de 1994.

Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica. Publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 74, del 23 de abril de 1998. Nicaragua. Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 102, del 3 de junio de 1998. Nicaragua. Ley No. 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 20, del 29 de enero de 2007. Nicaragua.

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Anexos Figura 1: Tomado de la página Web del CNDC

Fuente: recopilado el 8 de octubre del 2012 en: http://www.cndc.org.ni/ Sector%20Electrico/SectorElectrico.html

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

Análisis sistemático y propuestas a la reforma institucional del SICA. Especial referencia al proceso de toma de decisiones y al reparto de competencias de sus órganos centrales

Resumen Este documento presenta, a través de una labor de sistematización, un diagnóstico sucinto de la conformación histórica, estructura institucional actual y episodios de reformas del SICA, coligando diversas fuentes documentales con miras a identificar el alcance de estos episodios de reformas y a realizar propuestas de tratamiento de temas que todavía no han sido suficientemente abordados.

MSc. Diana Cecilia Santana P. Maestría Regional en Integración Centroamericana y Desarrollo

Palabras claves: •

Integración regional

Reforma institucional SICA

Consenso

Intergubernamentalismo

Supranacionalidad

Se encuentra que las reformas experimentadas por el SICA hasta ahora han tenido como eje central la reordenación de las falencias que derivaron de los tratados originarios. No obstante, los cuatro episodios identificados no han tenido alcances concretos para acreditar que tales dificultades han sido superadas. Bajo estos razonamientos, se considera necesaria la reorientación de la institucionalidad del SICA en cuanto a la definición de competencias explícitas entre instituciones regionales y países miembros, con el fin de garantizar su funcionamiento de cara al cumplimiento de los fines de la integración y la adecuación a la coyuntura global. La lógica de las reformas debe estar enfocada en la conservación de elementos que presentan eficacia en su implementación, y en la definición de criterios, estrategias, tácticas y acciones consustanciales a su naturaleza. La reforma sustancial, en un sentido amplio, será lograda a través del posicionamiento de la institucionalidad en relación con el papel de los Estados miembros y de la sociedad para una legitimación democrática, lo cual no debe dejar de lado aspectos referidos tanto al financiamiento del propio proceso de reformas como a la sustentabilidad del sistema institucional.

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1.

Introducción

La historia de los países centroamericanos está marcada por una más o menos regular sucesión de impulsos de integración, que han fluctuado hacia estadios de menor o de mayor interacción e interdependencia para el logro de fines comunes, todos siempre respaldados en instrumentos jurídicos y en instituciones que les han dado forma y características propias a las etapas de su proceso de integración, el cual se concibe como una herramienta que posibilita alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social (Valle González, 2001). Al respecto, Caldentey del Pozo (2011, p. 74) nos dice que “la estabilidad jurídica del proceso [de integración centroamericano] reposa en las instituciones regionales”, es decir, en su fortaleza institucional. Es notorio que la configuración institucional del SICA resulta confusa, en tanto convive con una incoherencia entre la práctica política de las relaciones institucionales del sistema y sus Estados miembros, la real vigencia y eficacia de sus instrumentos y una poco estimable representatividad y participación democrática de la sociedad en el proceso. Esta investigación se ha planteado como objetivo marco la realización de propuestas de mejora a la institucionalidad regional de Centroamérica, en lo relativo al proceso de toma de decisiones y al reparto de competencias de los órganos centrales, para ello se han derivado los siguientes objetivos específicos: •

Elaborar un diagnóstico sucinto de la situación institucional actual.

Definir el modelo de reparto de competencias y toma de decisiones.

Analizar los diferentes episodios de reforma institucional del SICA (desde 1997 hasta 2014).

Identificar temas centrales para futuras propuestas de reforma a la institucionalidad del SICA.

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2.

Marco teórico

El marco de referencia de la investigación correlaciona las teorías políticas de la integración, concretamente la que desarrolla el “neonstitucionalismo”. De acuerdo con esta teoría, las instituciones se constituyen en actores centrales, debido a que se convierten en el eje aglutinador de los demás actores de la integración. Por tanto, el modo en que estas funcionan es determinante para conocer, no solo la naturaleza de la integración, sino también sus debilidades. Se plantea, entonces, como una variación en los extremos de la gobernanza supranacional desarrollada por la Teoría del Federalismo.

3.

Metodología

Esta es una investigación documental argumentativa. La metodología utilizada en el caso de estudio radica en la sistematización de elementos que puedan caracterizar la arquitectura institucional del SICA y los cuatro episodios de reformas identificados, en cuanto al proceso de toma de decisiones y al reparto de competencias, para realizar propuestas.

4. Desarrollo del tema A. Antecedentes inmediatos, composición y características de la institucionalidad del SICA a.1. Hitos importantes en el desarrollo de la institucionalidad del SICA De la revisión de los antecedentes inmediatos de la integración centroamericana, podemos valorar que el proceso de negociación de los Acuerdos de Esquipulas, que llevaban intenciones meramente políticas, dio lugar a la recuperación de las motivaciones de la integración, pero no se retoman mayores compromisos en el fortalecimiento político de las estructuras institucionales. El enfoque de la teoría intergubernamental de corte neoliberal es notorio en la consecución del SICA, ya que este no respondió, necesariamente, a una estrategia racional y regional de desarrollo, sino a las demandas de actores domésticos, que Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado alimentan las proyecciones de integración. No obstante, visto desde los basamentos de teoría política intergubernamental, el SICA posee toda la indumentaria instrumental e institucional para avanzar en su integración.

a.2. Definición de modelo de reparto de competencias y toma de decisiones del SICA derivado de la configuración institucional y de sus instrumentos jurídicos

Existe una excesiva concentración de poderes decisionales en la Reunion de Presidentes, lo cual se cree que atenta contra el principio de “equilibrio de poderes”, ya que resulta ser el órgano dominante con muy poco contrapeso político por parte del resto de instituciones regionales. Se verifica que el marco jurídico institucional del SICA es positivo, pero muchas veces se encuentra soslayado por las variaciones en la voluntad política de gobiernos de los Estados miembros, lo que llega a tener como efecto el anclaje de su desarrollo, e incluso ha contribuido a ciertos retrocesos. Aunque se reconoce la existencia de una operatividad intergubernamental, el panorama no se valora de forma desalentadora, puesto que se aprecia que el intergubernamentalismo permite un manejo de las decisiones, lejos de compromisos coercitivos para los Estados, que responden a los intereses de sus actores nacionales, los cuales pudieran llegar a converger en la dinámica integracionista. De acuerdo con Mariscal (2003, p. 36) “… Se supone que en la ´Convergencia de los gobiernos´ se crea un ´institucionalismo intergubernamental´, para la elaboración de políticas comunitarias y procedimientos decisorios más centralizados”. Resulta indispensable, entonces, valorar con sigilo la poderosa influencia de los actores nacionales, no para alentar de manera negativa las perspectivas de avance, sino para contribuir a determinar nuevas estrategias que permitan propiciar la consolidación de las proyecciones de la integración. Después de abordadas las instituciones del SICA consideradas más relevantes en el proceso de

toma de decisiones y reparto de competencias, otras dos cuestiones llaman poderosamente la atención: la primera es la ausencia de definiciones de competencias explícitas a los órganos de la unión, en cuanto a determinar los poderes en la implementación de políticas dirigidas al logro de los objetivos del SICA; la segunda es la escasa existencia de procesos democráticos de representación y de participación de la sociedad civil, lo cual hace cuestionar la legitimidad democrática de los mandatos de la RP. Aquí se hace referencia a la revisión de las funciones y competencias atribuidas al Parlacén y al CCSICA. B. Episodios de reforma institucional del SICA. Resumen de análisis y principales resultados e impactos en el proceso de integración centroamericano El siguiente cuadro describe los cuatro episodios de reforma objeto de análisis:

Tras la revisión de los episodios descritos, en general, se considera que ha habido falta de articulación y de concreción institucional adecuadas, que permitan capitalizar los logros alcanzados y atender los problemas subyacentes en los tratados originarios. C. Ejes temáticos centrales para una futura reforma institucional del SICA. Factores impulsores y limitantes

c.1. Redefinición de competencias expresas para el SICA

De acuerdo con el principio de “atribución expresa de competencias”, se plantea que toda actuación comunitaria debería articularse sobre una base jurídica concreta que habilite a la Unión para el desarrollo de esa actividad. De los resultados más plausibles de la operatividad del SICA, es posible capitalizar aquellos que han generado, de hecho, una actuación conjunta de los Estados miembros del SICA, como por ejemplo, en materia de unión aduanera, la política de atracción de inversiones y la representación regional ante los foros multilaterales.

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A este respecto, Caldentey del Pozo (2014) encuentra que: Parece, por tanto, que la acción conjunta de la región, tanto en sus relaciones bilaterales como en el ámbito de la diplomacia de cumbres, es una dinámica indispensable si los países centroamericanos quieren reforzar su voz específica en el mundo y en foros internacionales como la ONU, la CELAC o las Cumbres Iberoamericanas. (p. 39) De esta manera, se podría evitar la actual “explosión de competencias” del SICA, dada por la relación multidimensional de tareas que se sustraen del Protocolo de Tegucigalpa. c.2. Planificación estratégica progresiva con mecanismos para la evaluación objetiva de resultados Sobre este aspecto, ya las reformas planteadas a partir de 2009 marcan avances importantes en cuanto a la identificación de instrumentos de ordenamiento secuencial de actividades. Se considera que debe articularse una agenda integral de las actividades del sistema con la consecuente distribución de tareas de cada una de las instituciones involucradas. c.3. Constitucionalización de la institucionalidad del SICA y la democratización del proceso. Asociando los planteamientos referidos a la recepción de mandatos de la institucionalidad del SICA, se considera que su consolidación depende, en buena medida, del tránsito hacia un orden constitucional estatal más directo, concreto y específico, respecto a la definición de la posición de los actos normativos comunitarios dentro del sistema de fuentes del Derecho interno, que brinde mayor seguridad jurídica al sistema. Otro aspecto fundamental que se debe tomar en consideración, es la incorporación de mecanismos democráticos que involucren a la ciudadanía centroamericana en el proceso de toma de decisiones. Al respecto, los

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únicos órganos del SICA donde se podrían ver representados los intereses directos de las sociedades centroamericanas (Parlacén y CC-SICA), no resultan ser los dominantes del proceso, quedando relegados a ser instituciones de consulta no vinculantes. Conviene, entonces, revisar las competencias otorgadas al Parlacén y capitalizar los resultados de articulación institucional de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT1, y los beneficios obtenidos en la gestión financiera del denominado “Plan Trifinio”2, con proyecciones de incluir la participación de los gobiernos locales y una práctica democrática participativa. c.4. Financiamiento y autosostenibilidad del sistema y proceso de integración De este tema, no es oculta la gran dependencia que tiene el SICA de la Cooperación externa. Ello demanda una valoración de bases estratégicas de parte de la región, sobre todo en lo concerniente a la promoción del liderazgo de la SG-SICA y de otras instituciones, en la articulación con las contrapartes nacionales. Conviene señalar que todo planteamiento en torno al financiamiento del SICA previene el establecimiento de reglas comunes, simplificación de procedimientos e intercambio de información con otros cooperantes, y la gestión de fondos y el logro de metas, orientados a resultados, tomando como referentes los regulados por los indicadores de la Declaración de París (2005) para la eficacia de la ayuda al desarrollo.

1: La ECADERT es una estrategia regional aprobada por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el 19 de junio de 2010, y que busca generar oportunidades y fortalecer las capacidades de la población de los territorios rurales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, para que puedan mejorar significativamente la calidad de la vida en ellos y construir una sólida institucionalidad social que impulse y facilite un desarrollo solidario, incluyente y sostenible. 2: El Plan Trifinio es un compromiso que los tres gobiernos adquirieron en 1986 cuando decidieron unir acciones para lograr una adecuada gestión de recursos hídricos y orgánicos, junto con la adopción de estrategias ante el cambio climático (http://elmundo.com.sv/). Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 5. Toma de postura (conclusiones)  Es impostergable la definición y la materialización armonizada, tanto en el ordenamiento jurídico regional como en el nacional, de competencias explícitas para el SICA, que den soporte y seguridad al cumplimiento de los mandatos y de los actos normativos, que permitan la concreción de su labor institucional y la garantía de los intereses regionales.  Se denota la necesidad de una actuación coordinada entre los subsistemas, para evitar la duplicidad de esfuerzos y las incoherencias que dicha situación pueda ocasionar en la organización multidimensional del sistema institucional.  Los logros más estimables de los episodios de reformas analizados, están más orientados a un ordenamiento institucional de tipo gerencial, que involucra la existencia de agendas, planes de acción y operativos. Los programas y proyectos auspiciados por la cooperación internacional han sido trascendentales en este sentido, lo que hace necesario garantizar su continuidad, su capitalización, su publicación y su proceso de consulta, para obtener logros más profundos en la institucionalidad del SICA.

Caldentey del Pozo, P. (2011). Panorama de la integración centroamericana: Dinámica, intereses y actores. Capítulo 5. En Otilio Miranda, Vicente González y José J. Romero (eds.): Situación y perspectiva de proceso de integración Centroamericana como marco para el desarrollo de la región. Una aproximación universitaria. Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra. Recuperado de http://www.oecd. org/dac/effectiveness/34580968.pdf. Mariscal, N. (2003). Las teorías políticas de la integración europea. Madrid: Tecnos. Umaña

García, J. A. (2006). Alcances y contribución de las reformas de 1997 y 2004 a la institucionalidad de la Integración Centroamericana. Recuperado de h t t p : / / 2 0 9 . 2 3 9 . 11 8 . 1 7 5 / b i b l i o / t e s i s / administracion%20de%20empresas/ econom%EDa/integracion%20centro%20 americana.pdf.

Valle González, A. (2001). Derecho comunitario. El sistema de integración centroamericano. Managua.

 Debido a la dependencia financiera del sistema, es importante tomar decisiones sobre una agenda y política estratégica regional para la producción sostenible de recursos para el SICA, y su racional implementación presupuestaria, acorde con nuestras necesidades regionales esenciales.

6. Referencias bibliográficas Caldentey del Pozo, P. (2014). Los desafíos estratégicos de la integración centroamericana. Recuperado de http:// w w w. a c a d e m i a . e d u / 8 6 0 5 2 7 8 / L o s _ desafios_estrategicos_de_la_integracion_ centroamericana.

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Anexos Figura 1: Tomado de la página Web del CNDC

Fuente: Elaboración propia a partir de lo encontrado por Caldentey del Pozo en 2004 y en 2010, por White Gómez (2008) y por Umaña García (2003).

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

El Comité Ejecutivo: funcionamiento, representación política y su papel en el proceso de integración centroamericana Resumen

MSc. Eymi Lissette Esquivel A. Maestría Regional en Integración Centroamericana y Desarrollo esquivel_amy@hotmail.com

Palabras claves: •

Comité ejecutivo

Reforma institucional

SICA

Integración centroamericana

Institucionalidad regional

El presente artículo científico toma como punto central el análisis del funcionamiento actual del Comité Ejecutivo del Sistema de Integración Centroamericana, órgano permanente creado por el Protocolo de Tegucigalpa y conformado por representantes de cada uno de los Estados que conforman el SICA. La investigación analiza el poder de decisión en el SICA y la producción normativa del Comité Ejecutivo, contrastándola con las atribuciones conferidas. Se estudia la perspectiva histórica desde su nacimiento, sus atribuciones, la forma de manifestación de consentimiento, su conformación y la normativa que regula su funcionamiento. El análisis comprende el estudio de los mandatos de la Reunión de Presidentes al órgano, la coordinación regional y la articulación de las decisiones tomadas en el plano regional con el plano nacional, se analiza la pertinencia de las propuestas de reforma institucional realizadas por distintos actores desde su creación por el Protocolo de Tegucigalpa. Finalmente, se estudia el perfil político del representante de cada Estado ante el Comité Ejecutivo y su impacto en las actuaciones colegiadas del órgano, así como su comparación con la Comisión Europea. A partir de todo lo anterior, se realizan propuestas concretas para una renovación institucional.

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1.

Introducción

La institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana es bastante compleja, se trata de un conjunto de órganos, de instituciones y de secretarías que han crecido y se han especializado en el transcurso del tiempo. No obstante, esta complejidad del entramado institucional ha conllevado a plantearse una reforma integral de la institucionalidad regional. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación aborda el Comité Ejecutivo del SICA como uno de los órganos permanentes del Sistema, desde una perspectiva integral, en un primer momento se han planteado elementos teóricos que fundamentan la existencia del Comité Ejecutivo, el derecho comunitario y sus fuentes, la potestad de decisión, su distribución entre los principales órganos del SICA, y la producción normativa como la materialización del poder de decisión conferido a la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros y el Comité Ejecutivo. Habiendo planteado estos fundamentos, se ha realizado un acercamiento analítico al Comité Ejecutivo, en su integralidad, desde una perspectiva histórica de su nacimiento, la regulación normativa existente, las atribuciones conferidas, la forma de manifestar el consentimiento en sus decisiones y su funcionamiento. Lo anterior ha permitido profundizar en su estudio y en su configuración, para realizar un análisis del órgano desarrollado en la última parte de esta investigación. También se presenta un análisis de los mandatos presidenciales que directamente han asignado responsabilidades al Comité Ejecutivo, y la respuesta que este órgano ha demostrado en su funcionamiento, la coordinación interinstitucional necesaria en el ámbito regional, y la articulación de la coordinación nacional y regional indispensable para lograr los objetivos del Comité Ejecutivo. Se analizaron, de igual manera, las propuestas de reforma institucional hasta la fecha.

dedicado un apartado de la presente investigación al análisis del perfil político del representante de gobierno ante el Comité Ejecutivo, y su impacto en el ejercicio de las atribuciones del órgano. Finalmente, se realiza un análisis comparativo con la Comisión Europea, teniendo en cuenta las similitudes entre este órgano y el Comité Ejecutivo.

2.

Marco teórico

La investigación se ha desarrollado a partir de los distintos fundamentos teóricos existentes sobre los procesos de integración regional.

a) El intergubernamentalismo y su aplicación en la integración centroamericana El intergubernamentalismo para Moravcsik (1993) se refiere a las negociaciones interestatales y a los compromisos institucionales, tomando como referencia los intereses de cada Estado nación; para esta teoría, los actores que ejercen el dominio son las naciones soberanas en la persecución de sus propios intereses para el control del ritmo de cambio (Malamud y Schmitter, 2006). Se concibe la integración como el resultado de las decisiones de Estados vecinos, se parte de que los Estados promueven esta integración como una respuesta a las demandas de los actores internos, y supone, por tanto, un fortalecimiento de las interrelaciones económicas que conllevan a la necesidad de un incremento en la integración de los Estados. En referencia a la integración centroamericana, Salazar (2010, p. 300) sostiene que este sistema se destaca por una práctica intergubernamental en la que “los espacios políticos-jurídicosinstitucionales se crean por y entre los Estados soberanos”, a través de documentos jurídicos, producto de negociaciones gubernamentales y en los que prevalecen los intereses nacionales.

Adicionalmente, se aborda la sistematicidad de las reuniones del Comité Ejecutivo y la producción normativa realizada, así como la correspondencia de estos actos normativos con las competencias atribuidas por el Protocolo de Tegucigalpa. Hemos

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado b) Las fuentes del Derecho comunitario La integración centroamericana está estructurada por un ordenamiento jurídico especial y diferente del ordenamiento jurídico nacional de cada uno de los Estados que lo conforman. Este ordenamiento jurídico, como bien señalan Salazar Grande y Ulate Chacón (2013), engloba no solamente las normas jurídicas que lo conforman, sino, también, regula los principios que rigen el derecho comunitario y las instituciones u órganos encargados de producir instrumentos jurídicos y aplicarlos. El ordenamiento jurídico comunitario tiene su jerarquización propia, es así que tenemos el Derecho originario y el Derecho derivado, teniendo especial relevancia esta distinción en la supremacía del Derecho originario sobre las demás normas complementarias del ordenamiento comunitario. El Derecho originario está constituido por los tratados fundamentales donde se materializa la voluntad de los Estados que conforman el sistema. En estos instrumentos se crean instituciones regionales con competencias propias del derecho interno y soberano de los Estados (Miranda, 2010). El instrumento de Derecho originario fundamental y con supremacía absoluta en el Sistema de Integración Centroamericana es el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA de 1991. De forma tal, que lo regulado en este instrumento tiene primacía sobre cualquier otro instrumento complementario, derivado o proveniente de cualquier órgano con facultades de creación normativa. Para Molina del Pozo (1997) citado por Miranda (2010), el Derecho derivado está conformado por las normas jurídicas emanadas de órganos con competencia reconocida para promulgarla en el Tratado fundamental del ordenamiento comunitario.

c) El poder de decisión y su distribución en el Sistema de Integración Centroamericana El poder de decisión es la capacidad que tiene una institución u órgano para asumir un criterio o emitir una disposición sobre un tema concreto,

y que la misma tenga efectos jurídicos para los sujetos o las relaciones que pretende regular. La capacidad de tomar decisiones debe ser ejercida por quien naturalmente ostenta el poder o por quien ha sido facultado para ello por la máxima autoridad de un ordenamiento jurídico. El poder de decisión en el Sistema de Integración Centroamericana debe estar regulado por su norma originaria fundamental. El artículo 8 del Protocolo de Tegucigalpa establece que la institucionalidad regional debe darle seguimiento a las decisiones emanadas de la Reunión de Presidentes, lo que ya denota la capacidad de decisión de este órgano, la cual, de acuerdo con Salazar Grande y Ulate Chacón (2013), es considerada como el poder de decisión en el ámbito primario “ejercido por los Estados soberanos mediante la suscripción de tratados internacionales y las decisiones adoptadas por la Reunión de Presidentes como órgano del SICA”. (p. 175).

d) Producción normativa: la materialización del poder de decisión en el SICA Para Atienza y Ruiz Manero (s.f.) citando a Wright, la potestad normativa es el permiso o la venia de una autoridad superior a un órgano para producir actos normativos, es decir, normas jurídicas con plena vigencia y eficacia en un ordenamiento jurídico concreto. La producción normativa en el Sistema de Integración Centroamericana está o ha estado regida por el Protocolo de Tegucigalpa, el reglamento de los actos normativos (1 de diciembre de 2005) y el actual Reglamento para la adopción de decisiones (24 de junio de 2013). Los principales elementos diferenciadores entre estos dos últimos instrumentos han sido resumidos en los siguientes: • (…) aparece el Comité Ejecutivo como ámbito de aplicación del reglamento, se regula por primera vez el contenido de las decisiones y las actas de la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros y el Comité Ejecutivo, se introduce el concepto

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de decisiones, introduce el concepto de consenso, la Reunión de Presidentes pasa de producir cuatro tipos de actos normativos a uno, establecimiento de la responsabilidad del Comité Ejecutivo de crear un procedimiento para adopción de mandatos de la Reunión de Presidentes y el establecimiento de dos tipos de actos normativos para el Comité Ejecutivo: las Resoluciones y las Recomendaciones.

3.

Metodología

Esta investigación ha sido realizada tomando como punto de partida el análisis de la información obtenida sobre el desempeño histórico y el funcionamiento del Comité Ejecutivo, para determinar los desafíos de este órgano en el marco del proceso de integración centroamericana. Esta información, fundamentalmente, ha sido obtenida, mediante análisis documental y realización de entrevistas. Una importante parte de la investigación se centró en documentos que regulan la configuración del órgano, actos normativos de delegación de competencias y actos normativos emanados del Comité Ejecutivo, entre otros. Fue fundamental el acceso al conjunto de actos normativos que los órganos principales de la integración centroamericana han producido en los últimos tiempos. La existencia de artículos científicos previos que versen sobre el Comité Ejecutivo del Sistema de Integración Centroamericana ha sido limitada; como medio auxiliar para la obtención de insumos investigativos se han aplicado entrevistas a distintos actores académicos y a funcionarios vinculados a la integración centroamericana. Para la realización de las entrevistas, se creó previamente una base de datos con las personas identificadas como potenciales entrevistados, se trabajó una matriz que contiene diez preguntas subdivididas en los siguientes tópicos: elemento histórico, conformación y competencias del órgano, cumplimiento de mandatos, coordinación interinstitucional, actos normativos producidos, grupos ad hoc, intereses regionales y actuación.

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Para la presente investigación se tuvo acceso al conjunto de actos normativos producidos por el Comité Ejecutivo en el transcurso de su funcionamiento, desde 2008 hasta la actualidad, no obstante, por la confidencialidad de su contenido no fue posible acceder a las actas de las reuniones sostenidas por este órgano ni a su hoja de ruta.

4.

Resultados y discusión

4.1 Perspectiva histórica del Comité Ejecutivo del SICA en los principales instrumentos regionales de la integración centroamericana La Carta de la ODECA de 1951 no contemplaba la existencia de un Comité Ejecutivo. Sus órganos eran la eventual Reunión de Presidentes que sería el órgano supremo de la organización (Artículo 5), la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores como órgano principal (Artículo 6), la Reunión Eventual de Ministros de otros ramos para problemas concretos que necesiten soluciones colectivas, la Oficina Centroamericana de la Secretaría General de la organización y el Consejo Económico. Posteriormente, el 12 de diciembre de 1962, los ministros de Relaciones Exteriores firman una nueva Carta de la ODECA que sustituye la Carta de la ODECA de 1951, instrumento jurídico también conocido como Segunda Carta de San Salvador. Como señala Miranda (2010), la ODECA se caracterizó por carecer de órganos con enfoque permanente, la perspectiva integracionista de su configuración pretendía el establecimiento de una unión de carácter político. El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA es hoy la norma jurídica fundamental de la integración centroamericana, su promulgación por parte de los presidentes centroamericanos responde a la necesidad de actualizar, casi 30 años después, el marco jurídico de la Organización de Estados Centroamericanos, en respuesta a las necesidades que enfrentaba la región.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 4.2. Conformación del Comité Ejecutivo del SICA

parte de los dos grupos ad hoc que funcionan a la par del Comité Ejecutivo.

El Protocolo de Tegucigalpa establece que el Comité Ejecutivo del SICA está integrado por un representante de cada Estado Miembro del SICA, nombrado por el Presidente de la República por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores respectivo (artículo 24).

Esto, lógicamente, tiene como consecuencia que las actuaciones en el seno del Comité Ejecutivo y los grupos ad hoc estén impregnados de intereses nacionales y de política exterior, que corresponden a las tareas de los ministerios de Relaciones Exteriores, lo cual, en alguna medida, podría afectar directamente las acciones del Comité Ejecutivo.

Para Miranda (2010), la configuración del Comité Ejecutivo del SICA no está pensada solo para velar por los intereses nacionales, sino para velar por los intereses de la región, opinión que compartimos. Así, para Salazar Grande y Ulate Chacón (2013) la conformación normativa planteada por el Protocolo de Tegucigalpa, de un representante de cada Estado, implica un carácter de imparcialidad e independencia, así como la actuación de este órgano en nombre de la comunidad. Lo anterior denota el grado de representación política que se requería en el órgano, un representante de cada Estado nombrado por el Presidente de su país es una muestra del respaldo político que debe tener el representante por parte de su gobierno. No obstante, desde que el Comité Ejecutivo se reunió por primera vez, cada uno de los representantes de los Estados ha sido funcionario de su gobierno de forma simultánea. Esta simultaneidad entre ambos cargos, incide de forma directa en las actuaciones o resultados del Comité Ejecutivo del SICA, porque el avance en las decisiones sucede más lento que el avance que se tendría con una persona dedicada de forma permanente a las funciones del Comité Ejecutivo del SICA. A pesar de ello, que el representante ante el Comité Ejecutivo del SICA sea un funcionario de alto nivel en su gobierno ha significado, de alguna manera, un beneficio para que las decisiones tomadas en el seno del órgano incidan en el gobierno de las naciones que representan. La representación ejercida por el Viceministro de Relaciones Exteriores dentro del Comité Ejecutivo permite, consecuentemente, que las cancillerías de los gobiernos jueguen un papel importante, tanto así, que algunos de sus funcionarios forman

Es importante tomar en cuenta que el alto cargo ejercido en el plano nacional por el representante ante el Comité Ejecutivo, conlleva, indiscutiblemente, a una rotación sistemática cada vez que hay un cambio de gabinete, producto de elecciones presidenciales en los países del ámbito centroamericano, no obstante, este es un fenómeno que se presenta en toda la institucionalidad regional, desde la Reunión de Presidentes, los Consejos de Ministros, etc. El Protocolo de Tegucigalpa señala que las reuniones del Comité Ejecutivo se realizarán una vez por semana, y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente. Es relevante recalcar que el Comité Ejecutivo es el único órgano del SICA al que el Protocolo de Tegucigalpa le establece una determinada periodicidad para sus sesiones. Desde marzo de 2008 hasta junio de 2014, el Comité Ejecutivo del SICA se ha reunido en 35 ocasiones, de 5 a 6 veces por año. A pesar de que esto contradice el Protocolo de Tegucigalpa, es imposible que los representantes de cada país puedan reunirse cada semana en el marco del Comité Ejecutivo, tomando en cuenta que, como ya abordamos en el acápite anterior, el representante ante el órgano ostenta un cargo público en su país.

4.3. Atribuciones del Comité Ejecutivo Al ser el Comité Ejecutivo un órgano permanente del SICA, creado por el Protocolo de Tegucigalpa, es este instrumento jurídico el que regula sus atribuciones (artículo 24). La primera atribución

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del órgano es la de aseguramiento de la ejecución de las decisiones que adopte la Reunión de Presidentes, este aseguramiento deberá realizarlo a través de la Secretaría General. Algunas competencias adicionales otorgadas al Comité Ejecutivo son: velar para que se cumplan las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios y actos derivados, el establecimiento de políticas sectoriales y la presentación al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las propuestas necesarias en concordancia con las directrices resultantes de la Reunión de Presidentes, someter mediante su Presidente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto de presupuesto de la organización central del Sistema de Integración Centroamericana, proponer el establecimiento de secretarías o de órganos subsidiarios que el Comité considere necesarios o estime convenientes para el logro de los objetivos del SICA, aprobar los reglamentos y los instrumentos que se elaboren por las secretarías o por los órganos del SICA, revisar los informes semestrales de las actividades realizadas por la Secretaría General y por las demás Secretarías, y trasladarlos al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores con las observaciones y recomendaciones que el Consejo de Ministros respectivo hubiese realizado (artículo 24). Las competencias delegadas al Comité Ejecutivo no han sido numerus clausus, puesto que además de las que ya hemos enunciado, el Protocolo de Tegucigalpa deja la puerta abierta para que nuevas competencias puedan ser otorgadas a este órgano, en cualquier momento, a través del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos derivados o complementarios (Artículo 24, inciso h).

4.4. Forma de manifestación del consentimiento Sobre cómo se toman las decisiones en el Comité Ejecutivo del SICA, el Protocolo de Tegucigalpa no realiza ningún pronunciamiento, lo cual, en realidad, es uno de los principales vacíos jurídicos de este instrumento. El consenso ha sido históricamente la forma como se toman las decisiones en el SICA, la transformación en

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la manera de tomar decisiones dependerá de las voluntades políticas de nuestros principales tomadores de decisiones, y un cambio en el mecanismo de toma de decisión no debería ser solo respecto al Comité Ejecutivo, sino al sistema en su integralidad, aunque consideramos que esto aún no es viable.

4.5. Reglamentación del Comité Ejecutivo del SICA En marzo de 2012, el Comité Ejecutivo del SICA aprueba su reglamento de organización y funcionamiento, derogando el reglamento aprobado por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en 2007. Este reglamento modifica la disposición del reglamento precedente, estableciendo que la sede de reuniones del Comité Ejecutivo será la ciudad de San Salvador (artículo 1), además, recoge la incompatibilidad, ya regulada en el reglamento derogado, del cargo de representante ante el Comité Ejecutivo con otro cargo remunerado en la institucionalidad del SICA, la ejecución de consultorías para el SICA o para agencias de cooperación internacional cuyos efectos estén relacionados con el sistema (artículo 3), esta incompatibilidad es en relación con funciones dentro del SICA, pero no hace ningún pronunciamiento sobre el ejercicio de cargos públicos de forma simultánea. Además, reconoce la facultad de conocer sobre los recursos financieros gestionados a través de la cooperación internacional como consecuencia de lo preceptuado en el artículo 2 literal g) del Protocolo de Tegucigalpa (artículo 5), plantea la posibilidad de invitar a las sesiones a consejeros o asesores previamente acreditados ante el Presidente del Comité (artículo 7), esto legítima la participación de personas diferentes al funcionario permanente del órgano en las reuniones del Comité Ejecutivo del SICA. La participación de asesores ha sido una práctica común en las reuniones del Comité Ejecutivo. Actualmente, el Reglamento establece que la Secretaría del Comité Ejecutivo será asumida Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado por un equipo técnico del órgano, sin detrimento del apoyo que la Secretaría General de forma permanente brinde al órgano y sus grupos de trabajo (artículo 14). Este instrumento es, sin duda, un enorme avance en el proceso de integración centroamericana, no obstante, se considera que el reglamento tiene algunas carencias importantes. Teniendo en cuenta la naturaleza de sus competencias, es urgente un instrumento jurídico que establezca de forma procedimental, cómo se va a relacionar el Comité Ejecutivo del SICA con los demás órganos e instituciones de este. El Reglamento debió hacer un pronunciamiento sobre la sistematicidad de las reuniones del Comité Ejecutivo, no hace mayor referencia en cuanto a la forma como se elabora su presupuesto, no establece los plazos en los que estará abierto a la recepción de los informes semestrales de la Secretaría o de otros órganos y secretarías, y qué información deben contener dichos informes. Todo lo anterior dificulta la implementación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo, porque no permite que en la práctica sea un instrumento guía de las actuaciones del órgano que le conduzca al cumplimiento de sus atribuciones.

4.6

La reforma institucional del SICA y sus planteamientos en relación con el Comité Ejecutivo

El SICA ha tenido importantes episodios de reforma institucional, el primero de ellos en 1997, cuando aún no estaba en funciones el Comité Ejecutivo, y cuando a través de un informe de la BID CEPAL, que luego fue adoptado por la Reunión de Presidentes, planteaba convertir a los Comités Ejecutivos en un Comité de Enlace con miembros de carácter permanente y que se reunieran una vez al mes, lo que nunca se materializó. Posteriormente, en 2004, se acuerda en una cumbre presidencial integrar el Comité Ejecutivo del SICA a partir de 2005, con un representante de cada Estado miembro, nombrado por sus

presidentes a través de los ministros de Relaciones Exteriores, estos representantes deberían ejercer el cargo de forma permanente y el Comité debía reunirse una vez al mes. Este mandato no fue cumplido. Para 2009, el Comité Ejecutivo del SICA ya ha entrado en funciones, y las discusiones sobre la necesidad de continuar realizando reformas a la institucionalidad del Sistema han seguido siendo parte de la agenda política de la integración centroamericana. En 2009 se giran instrucciones al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que con apoyo de la Secretaría General y en coordinación con toda la institucionalidad del Sistema (lo que evidentemente incluye al Comité Ejecutivo) presenten en un plazo de seis meses una propuesta que contenga las “acciones y reformas necesarias para garantizar la revisión y modernización del Sistema de Integración Centroamericana”. Si bien no se establecieron propuestas concretas de reformas al Comité Ejecutivo, su papel en el desarrollo de nuevas propuestas es ahora imperante. Como uno de los órganos de confluencia política entre el interes nacional y el regional, estaba llamado a participar activamente en este proceso de planteamientos para una modernización del Sistema de Integración Centroamericana. Los últimos tiempos no han abandonado las ideas de reforma y de modernización de la institucionalidad. En 2012 se contempla la instrucción al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para llevar a cabo “una profunda y exhaustiva evaluación de todos los órganos, consejos, secretarías del Sistema de Integración Centroamericana”. Como resultado de dicha evaluación se deberían presentar en un plazo de 5 meses las reformas requeridas. 4.7

Perfil del representante ante el Comité Ejecutivo y su trascendencia en el ejercicio de sus funciones

El representante de cada país ante el Comité Ejecutivo ha sido siempre un funcionario de gobierno en su país. La práctica ha mostrado que

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existe consenso en nombrar a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores o embajadores acreditados en el país para ejercer esta función. Esta condición permite que las acciones o decisiones tomadas en el Comité Ejecutivo ingresen al plano nacional y al gabinete de cada uno de los gobiernos, por lo que a pesar de que pareciese que no era la intención de los presidentes al crear el órgano en el Protocolo de Tegucigalpa, esta conformación le ha dado determinado peso político a las decisiones del Comité Ejecutivo. Para vincular el plano nacional y el regional a través del Comité Ejecutivo, se necesita una persona con suficiente poder político dentro de su gobierno. Aun cuando esto ha significado sacrificar la periodicidad de las reuniones del Comité Ejecutivo, sus capacidades de gestión y de producción se ven claramente disminuidas al no contar con una persona dedicada de forma permanente al órgano. A nuestro criterio, la formación profesional y política del representante ante el Comité Ejecutivo tiene una influencia directa en su papel dentro del órgano, porque le permite tener las competencias suficientes para asumir su función, teniendo en cuenta el interés regional sobre el interés nacional, y tomar decisiones enfocadas a mejorar la globalidad del sistema. La formación académica de la mayoría de representantes ante el Comité Ejecutivo es de licenciados en Derecho, solo el representante de El Salvador es Licenciado en Relaciones Internacionales, y solo la representante de Panamá es administradora de empresas. En relación con el cargo que ostenta ahora, solo la representante de Honduras se desempeña como Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, los restantes representantes ejercen el cargo de viceministros de Relaciones Exteriores. Por el cargo que ejercen actualmente, creemos que poseen el suficiente peso político e interlocución a lo interno de sus gobiernos.

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Los representantes de Guatemala y de Costa Rica se han desempeñado antes como agregados de negocios en las embajadas de sus respectivos países, y como parte de su perfil político, los representantes de Honduras, de Panamá y de República Dominicana tienen rango de embajadores en el escalafón diplomático de sus gobiernos. Coincidentemente, los representantes de Guatemala y de Honduras ante el Comité Ejecutivo también son coordinadores de país ante la Cumbre Iberoamericana y ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Según el profesor Pedro Caldentey del Pozo (comunicación personal), esta heterogeneidad de perfiles políticos de los representantes ante el Comité Ejecutivo, es una de las principales debilidades del órgano, lo cual aún es necesario mejorar. Políticamente, el representante de cada Estado ante el Comité Ejecutivo tiene suficiente respaldo de su gobierno, lo que permite una sana interlocución entre el nivel regional y el nacional, pero esto no facilita frecuencia y sistematicidad en sus reuniones en el marco del órgano.

4.8.

La Comisión Europea y el Comité Ejecutivo: algunos planteamientos comparativos

En la Comisión Europea, los intereses representados en el órgano son los intereses de la Unión Europea como conjunto, no los intereses de cada uno de los países que la conforman. En este sentido, consideramos que el Protocolo de Tegucigalpa pretendía algo similar con la configuración del Comité Ejecutivo, no obstante, en la actualidad, los representantes de cada país parecieran responder más al interés nacional que al regional. En cuanto a las funciones de uno y de otro órgano, es importante destacar como similitud que ambos tienen la función de velar para que se aplique el Derecho comunitario. A pesar de ello, en el marco de esta función, la Comisión Europea puede imponer medidas correctivas a Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado los Estados en caso de incumplimiento, cuestión que no se encuentra regulada para el caso del Comité Ejecutivo en el marco del SICA; no obstante, valdría la pena que se reconociera explícitamente dicha competencia, para garantizar la aplicación del Derecho comunitario en la región centroamericana (opinión sostenida por César Salazar). En el caso de la capacidad de iniciativa legislativa de la Comisión Europea, de la definición de prioridades de actuación, de gestión y de aplicación del presupuesto, y de la representación y firma de acuerdos en nombre de la Unión Europea, el Comité Ejecutivo del SICA no posee expresamente competencias similares. Aunque debemos señalar que el Comité Ejecutivo debería tener capacidad de iniciativa sobre temas concretos. En cuanto a la periodicidad de sus reuniones, al menos, normativamente, el Comité Ejecutivo debe reunirse cada semana, igual como lo hace la Comisión Europea, no obstante, de forma previa hemos abordado que, en la práctica, el Comité Ejecutivo es inconstante en sus reuniones, las cuales realiza entre tres y seis veces al año. En la Comisión Europea, cada representante es nombrado de forma simultánea cada cinco años, en nuestro caso, para el Comité Ejecutivo, esto no está regulado, y, en la práctica, el representante ante el órgano puede ser removido en cualquier momento. A continuación, presentamos algunas propuestas como resultado de las reflexiones expresadas en el desarrollo de la investigación: • El Comité Ejecutivo no debe regular los actos normativos que pueden producir órganos superiores o pares, pues ello no es jurídicamente correcto. • La necesidad de contar con un representante ante el Comité Ejecutivo con fuerza política en sus gobiernos, pero con disponibilidad permanente para el Comité, lleva a proponer el nombramiento de un representante con rango de embajador acreditado ante el país sede del órgano, este representante debe pertenecer a

la cúpula de gobierno de su país, pero no debe ejercer un cargo público. • El Comité Ejecutivo debe reunirse una vez a la semana como es planteado en el Protocolo de Tegucigalpa, para ello, los representantes deben residir en el país sede, se debe plantear la posibilidad de reuniones virtuales a través del uso de las TIC. • La creación de un instrumento que regule el procedimiento que se debe seguir para la coordinación interinstitucional entre el Comité Ejecutivo y los demás órganos y secretarías de la integración centroamericana es fundamental. • Los grupos ad hoc son viables y oportunos siempre y cuando sean creados para una función determinada que permita optimizar las capacidades técnicas del Comité Ejecutivo, su actuación y sus competencias deberían estar normadas. • El Comité Ejecutivo debe crear un procedimiento a través del cual, por intermedio de la Secretaría General, mida el cumplimiento de los mandatos presidenciales en el tiempo, y verifique el ejercicio de acciones para su cumplimiento. • La ejecución de las decisiones en el plano nacional, debe ser regulada por un mecanismo de seguimiento.

5.

Conclusiones

El estudio anterior ha llevado a las siguientes conclusiones: El Comité Ejecutivo se ha destacado por ser un órgano evidentemente intergubernamental, que responde a las voluntades políticas de los gobiernos de la región, y en el que los representantes de gobierno velan por la satisfacción del interés nacional del país que representan, y no por el interés regional de índole comunitario. El Comité Ejecutivo ha dado resultados satisfactorios en el proceso de integración centroamericana, las atribuciones que se le han conferido le permiten tener un papel más

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beligerante para cumplir los propósitos de la integración regional, pero es necesario un replanteamiento de su funcionamiento y de su configuración. El funcionamiento del Comité Ejecutivo está rodeado de importantes vacíos normativos que fomentan la inseguridad jurídica en sus actuaciones, debe regularse de forma integral su capacidad de decisión, la relación interinstitucional, la forma de tomar las decisiones, la periodicidad de sus reuniones y las características de los representantes que lo conforman. Las atribuciones conferidas al Comité Ejecutivo son vastas y suficientes para lograr el desarrollo del interés regional una vez que el órgano actúe bajo un interés comunitario y no responda al interés de cada país en particular. La integración centroamericana necesita de un órgano regional con capacidad de tomar decisiones comunitarias y la representación política de los gobiernos centroamericanos. El órgano llamado a cumplir esta necesidad es el Comité Ejecutivo. Consideramos que no es prudente cambiar el consenso como forma de manifestación del consentimiento en la toma de decisiones del Comité Ejecutivo, puesto que un cambio en este sentido le restaría respaldo político a las actuaciones del órgano, sobre todo, cuando los principales órganos del Sistema toman las decisiones de esa manera. Las decisiones políticas de índole gubernamental han tenido mayor peso en el funcionamiento del Comité Ejecutivo que los planteamientos de las normas jurídicas. Los planteamientos para la reforma institucional han sido piedra angular para las actuaciones del Comité Ejecutivo, no obstante, se debe tener el cuidado de que este tema no se convierta en el eje fundamental de acción del órgano, y se obvien las demás atribuciones conferidas por el Protocolo de Tegucigalpa.

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6.

Reconocimientos

Se reconoce de manera especial el aporte de los y de las entrevistadas que accedieron a participar en esta investigación, y cuya opinión se encuentra contenida a lo largo de este artículo, contribuyendo invaluablemente a las conclusiones aquí presentadas. De igual forma, se agradece especialmente al Prof. Kevin Parthenay (Science Po, Francia) por su acertada dirección y por su atinado enfoque desde las Ciencias Políticas para el abordaje de esta temática.

7.

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La posible implementación de la portabilidad numérica en Nicaragua

Resumen La portabilidad numérica es una regulación al servicio de telefonía móvil que se ha puesto en marcha a nivel internacional, y cuya implementación es posible en nuestro país puesto que trae beneficios a los usuarios de estos servicios y propicia la competencia.

MSc. Noelia Esperanza Zeledón Maestría en Derecho de Empresa con mención en asesoría jurídica Momotombo Power Company noelia_zeledon@hotmail.com

En Nicaragua se cuenta con un único artículo como fuente regulatoria, que hace posible que TELCOR pueda implementarla mediante un acuerdo administrativo. Dicha entidad pública cuenta con un proyecto de regulación de portabilidad numérica, por lo que faltará esperar qué negociaciones podrían presentarse en los próximos meses o en el corto plazo, que propicien, en primer lugar, la eficaz operación de la nueva empresa de telecomunicaciones Xinwei, y, en segundo lugar, la probable implementación de la portabilidad numérica, tomando en consideración la posible migración de clientes a la operadora Xinwei.

Palabras claves: •

Telecomunicaciones

Portabilidad numérica

Competencia en el mercado

Protección de datos

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

El Derecho de Telecomunicaciones en Nicaragua es un área poco estudiada, a pesar de que el uso de aparatos de telecomunicaciones sea tan usual en nuestro entorno, en especial, la propagación del uso de smartphones, los cuales han facilitado varios aspectos de nuestra vida, sobre todo nuestra capacidad para informarnos de manera casi inmediata, por lo que en algunos sectores el internet se considera una necesidad diaria. En este sentido, nuestro número telefónico se ha tornado importante, no solo como una forma de contactar al interlocutor por medio de una llamada telefónica o por el uso de mensajes de texto, sino porque el número nos identifica o nos hace identificables frente a los demás. Sin embargo, es muy probable que alguna vez hayamos querido cambiar de operadora prestadora de servicio de telefonía celular, ya sea por mala atención al cliente, por cobros indebidos u otros, pero lo cierto es que pensamos dos veces antes de realizar el cambio, puesto que todos nuestros contactos ya tienen registrado nuestro número en su teléfono: el cambio de número posibilita la incomunicación. Actualmente, en Nicaragua solo dos compañías operan el servicio de telefonía celular, a diferencia de Guatemala o El Salvador --por citar ejemplos de la región--, donde operan más de tres, sin mencionar al resto de Latinoamérica y de Europa. Sin embargo, es de notar la entrada al mercado de la nueva operadora Xinwei. De esta forma, la portabilidad numérica refiere a la posibilidad del consumidor de conservar su número telefónico, independientemente de la operadora que preste el servicio y de que el ente regulador pueda incidir en el orden de la numeración, obligando a las operadoras a su implementación. En Nicaragua no opera la portabilidad numérica, pero en otros países es una realidad, por lo cual existe una alta posibilidad de que nuestro país pueda optar por normativas similares del Derecho comparado. Este estudio pretende ser el previo y necesario análisis jurídico de las normas actuales que regulan el servicio de las telecomunicaciones en nuestro país, para así asesorar, al menos

desde el punto de vista académico, al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR), en la posible aplicación de esta figura, pretendiendo observar el marco regulatorio actual y sugerir posibles regulaciones para la implementación de la portabilidad numérica en nuestro país, en caso de que aplique. De esta forma, y tomando el ejemplo de la legislación de otros países que regulan el derecho a la portabilidad numérica, cabe preguntarse: ¿Qué derechos tiene un usuario nicaragüense respecto a su número telefónico? ¿Por qué en Nicaragua aún no se implementa la portabilidad numérica? Asimismo, pretendemos aportar información a las operadoras sobre la posibilidad de la aplicación de la portabilidad numérica, para que puedan realizar diagnósticos internos para su implementación en nuestro país. Adicionalmente, y no menos importante, el estudio de portabilidad es significativo por los beneficios que trae al consumidor, pues pretende que el cliente pueda escoger qué operadora le presta el servicio de telecomunicaciones, situación que fomenta la libre competencia, e incluso, se hará referencia a los nuevos productos que se encuentran en apogeo en países extranjeros, fomentando la existencia de usuarios que exigen mejor información, tecnología y servicios.

2.

Marco teórico

Para realizar este estudio se consultaron catorce autores, con el fin de definir puntos técnicos y legales; veinte normas jurídicas nacionales y de derecho comparado, que permitieron acentuar las diferencias entre las legislaciones de Chile, Costa Rica y Honduras, y siete artículos periodísticos, que permitieron aportar cifras y datos actuales en este estudio. En este sentido, basamos nuestro estudio a partir de la Constitución, haciendo referencia a normas constitucionales que regulan la comunicación y la telecomunicación, para luego abordar la protección jurídica que se da a las comunicaciones

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en nuestro país. También se tomó en cuenta el derecho a las comunicaciones, según su carácter social, donde hicimos referencia a la doctrina extranjera. Hemos de destacar que el presente trabajo contiene generalidades del derecho a las telecomunicaciones, la cual es un área del Derecho poco abordada en nuestro país, al ser un tanto especializada. Este estudio previo permitió realizar un acercamiento al servicio de telefonía celular. En esta investigación, también se estudió el principio de legalidad relacionado con el ámbito de derecho de las telecomunicaciones. Asimismo, abordamos aspectos de las telecomunicaciones en nuestro país, tales como estadísticas y principales operadores, entre otros, e hicimos referencia al ente regulador y a la clasificación de los servicios de telecomunicaciones regulados y no regulados. Otra fortaleza que tiene la investigación es que aborda el régimen jurídico de una operadora de telecomunicaciones, que permite conocer requisitos, deberes y derechos de las empresas portadoras de servicios de telecomunicaciones para que puedan operar en el país, entre ellos, las concesiones y las licencias de telecomunicaciones. Adicionalmente, y de cara a los derechos de los consumidores, nos referimos al contrato de servicios de telecomunicaciones, que es un contrato previamente revisado y autorizado por el regulador. Los sujetos de este contrato son, por una parte, el consumidor o cliente, y, por la otra, la operadora de servicio de telecomunicaciones. A este punto, es importante destacar la breve discusión sobre la titularidad del número telefónico. Esta discusión sobre el número telefónico permitió introducir la comparación de la portabilidad numérica en Chile, en Honduras y en Costa Rica, desde la perspectiva del ente regulador, de la empresa y desde la esfera del consumidor. Posteriormente, referimos al asidero jurídico de la portabilidad numérica en el país y permitimos distinguir los alcances del derecho a la portabilidad numérica. En este sentido, destacamos el papel del regulador, de la empresa y del consumidor.

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Y, para finalizar, abordamos la relación entre la portabilidad numérica con el derecho a la protección de datos personales en nuestro país. Al respecto, consideramos como premisa que la portabilidad es una regulación presente en otros países, que fomenta la libertad de los consumidores de elegir la operadora de telecomunicaciones de su preferencia, sin que desprenderse de su número sea una limitante. Por ello, nuestro estudio permite comparar otras legislaciones referentes a la portabilidad numérica, que pudieran servir de base para proyectos normativos o para análisis del proyecto normativo que tiene TELCOR a la fecha, por consiguiente, permitirá tener un acercamiento a una posible implementación en Nicaragua.

3.

Metodología

El estudio refiere a la aplicación de la portabilidad numérica en nuestro país, con especial énfasis en el servicio de telefonía celular, y es una investigación para la aplicación, de cara a comprender el alcance de las leyes de telecomunicaciones vigentes, las cuales constituyen temas prácticos de estudio. En este sentido, usamos el método deductivo, iniciando nuestro trabajo desde el estudio de la teoría de los derechos fundamentales de las personas, en particular, el derecho a la comunicación, enfatizando en la telecomunicación, en la implementación de la portabilidad numérica en otros países, para luego centrar nuestra atención en el marco regulatorio actual, de cara a la posible ejecución de la portabilidad numérica en Nicaragua.

4.

Resultados y discusión

Nicaragua tiene una serie de normas dedicadas a regular las telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones, de forma tal que el ente regulador nicaragüense ha previsto, desde 2006, la posibilidad de que en el país sea aplicada la portabilidad numérica, pues mediante el artículo 19 del Acuerdo 036-2003, se establecieron las Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado condiciones generales y particulares para la asignación de los recursos de numeración, siendo la asignación de numeración una autorización sin la cual no podría proceder la portabilidad (sin números, no existirán números que portar): 4) Los operadores asignatarios de recursos de numeración deberán llevar, y poner a disposición de TELCOR, un registro actualizado que contenga, de forma detallada, el tipo de uso y grado de utilización de cada bloque de números. Igualmente, cuando la portabilidad numérica sea implementada en la República de Nicaragua, deberán llevar un registro actualizado de los números que se hayan transferido a otros operadores como consecuencia de una petición de los usuarios (la cursiva es nuestra). El citado artículo es el único asidero legal que regula la portabilidad numérica en nuestro país. Este artículo es clave, pues denota una serie de obligaciones y derechos, los cuales son equiparables a obligaciones y a derechos regulados en el Derecho comparado. Sin embargo, en nuestro país ya existen indicios de la preocupación por regular la portabilidad numérica. En este sentido, el doctor José Adalberto Rayo, asesor jurídico de TELCOR manifiesta que esta institución ha elaborado un proyecto de regulación de la portabilidad numérica mediante la figura de Acuerdo Administrativo desde 2010, bajo su potestad reglamentaria, por medio del cual pretende regular la portabilidad numérica, proyecto que fue elaborado por la Dirección de Planificación y Regulación de TELCOR, previo al análisis económico y técnico. Este proyecto fue enviado a la Dirección de Asesoría Jurídica, donde tuvimos acceso a leerlo, pero en vista de que se trata de un documento no oficial, no pudieron proporcionarnos copia para anexarla a esta investigación. (Comunicación personal, 25 de junio de 2014), Sobre la protección de datos personales, a nuestro parecer la Ley de protección de datos

personales en Nicaragua tomaría importancia si la portabilidad numérica se implementa en el país, puesto que deberá ser necesaria la puesta en marcha de una entidad que maneje la base de datos de usuarios de telecomunicaciones, adicional a la base de datos que maneja cada operadora. En este sentido, la nueva regulación de portabilidad numérica en Nicaragua deberá contener disposiciones de transferencia de información a esta entidad de referencia. Respecto a la discusión sobre la titularidad del número telefónico, consideramos que dentro del patrimonio personal se encuentran ciertos derechos respecto al número telefónico (derecho al uso y al disfrute) como un bien intangible, sin plazo determinado para su utilización, derechos que están sujetos a un poder superior a favor del Estado, en principio, por ser la prestación del servicio de interés público, y, también, sujeto al desarrollo, administración, funcionamiento y solvencia de la operadora. Sobre la portabilidad numérica, en Chile, en Honduras y en Costa Rica se impone un papel más activo y autónomo a los operadores en relación con la portabilidad, en la medida en que les traslada la responsabilidad de la operación y gestión de la entidad en referencia. Se trata de establecer una empresa intermediaria financiada por todos los operadores, que mantiene un registro de peticiones de portabilidad y de la numeración cedidos entre operadores (Uría y Menéndez, 2004). En Chile, por ejemplo, las operadoras impulsan un proceso de licitación para la selección de esta empresa, que será financiada para la operación de la portabilidad. Sin embargo, la creación o la contratación de esta entidad, empresa u organismo independiente, no priva a las operadoras de sus obligaciones de cara a la portabilidad, pues según el Decreto 97-2013 de Honduras, deben “realizar ajustes técnicos y administrativos necesarios para la implementación de la portabilidad numérica”. Este punto es muy importante, puesto que la operadora debe ver la portabilidad desde el punto de vista de empresa eficiente, unificando procesos, de manera tal que exista una coordinación interna

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de las distintas áreas de la empresa para incorporar a un nuevo cliente, o bien, dejar de proveer el servicio a determinado cliente. Es decir, la empresa debe “adecuar los sistemas de activación y aprovisionamiento de clientes, sistemas de atención al cliente (CRM), los sistemas OSS/BSS, los sistemas de facturación/tarificación, sistemas de gestión y almacenamiento de numeración”, según lo determina la Resolución del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, San José, de las 15:00 horas del 26 de junio de 2013 (en adelante, RSC 208-2013 de Costa Rica). La empresa es seleccionada con base en un proceso de licitación, escogencia que fue palpable en Costa Rica al seleccionar a la empresa informática El Corte Inglés, como la Entidad de referencia de portabilidad numérica (ERPN), encargada de la implementación, operación, mantenimiento y administración del Sistema Integral de Portabilidad Numérica en Costa Rica. (RCS-208-2013). Adicionalmente, para implementar la portabilidad numérica es necesario contar con una base de datos de los clientes, la cual es una obligación de la Entidad de Referencia, base que “es única y centralizada” en Chile, y que, por obligación, tiene que estar actualizada, así lo regula la Ley número 20.471, publicada el 10 de diciembre de 2010, por medio de la cual se crea el organismo operador de la portabilidad numérica. De esta forma, es obligación de las operadoras mantener una conexión con esta base de datos, y “hacer cumplir el derecho a la portabilidad numérica de los usuarios finales de telecomunicaciones”, tal como lo establece la disposición regulatoria de la portabilidad numérica en Costa Rica. Es importante destacar que con la portabilidad numérica se fomenta la libre competencia, “a través de la implementación de mejores tarifas, mejores y nuevos servicios, así como permitir que los futuros operadores de este servicio de telecomunicaciones no tengan ninguna dificultad de obtener usuarios ya existentes”, tal como se regula en Honduras. Es decir, que las operadoras tienen un papel importante en el tema de la portabilidad numérica,

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pero, en especial, deben abogar para que no haya discriminación entre los mismos operadores, como un principio que está regulado en Chile Otro punto que se debe destacar y por el que puede sacarse provecho, es que las operadoras que cuentan en su país con la portabilidad numérica, tienen presencia en la región latinoamericana. De esta forma, las operadoras “cuentan con facilidades de desplazamiento de trabajadores calificados en el tema, hacia países en donde la portabilidad numérica se encuentra en proceso, acelerando la transferencia de conocimiento y fomentando el ahorro en costos”. (Calderón Martínez, 2011, p. 38). El regulador tiene también su cuota de responsabilidad para poner en marcha la portabilidad numérica, en principio, porque realiza estudios técnicos y económicos previos para avalar su implementación, tal es el caso de Costa Rica, que contrató los servicios de consultoría de la empresa Inmobix Inc. Adicionalmente, el regulador es responsable por definir con claridad los procesos y plazos que conlleva la solicitud de portabilidad que hacen los usuarios. Por su papel de supervisor coercitivo, el regulador debe hacer cumplir la calidad del servicio y la libre competencia. En este sentido, la portabilidad numérica es “una herramienta muchas veces necesaria para enfrentar las fallas del mercado en términos de competencia”. (Calderón Martínez, 2011, p. 36). De esta forma, el regulador debe buscar la “optimización de los recursos escasos: asignación y utilización de los recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios, como es regulado en Costa Rica. En este sentido, otra de las razones por las cuales el ente regulador fomenta la portabilidad numérica es por la optimización de los recursos numéricos. Otro punto que se debe señalar es que COMTELCA tiene la iniciativa de implementar una infraestructura de administración de números Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado portados, común a los países de la región centroamericana y República Dominicana, es decir, que en vez de tener una entidad de referencia por país que administre la portabilidad, COMTELCA propone la existencia de una entidad de referencia para Centroamérica y República Dominicana. (Calderón Martínez, 2011, p. 42). Sin duda, el beneficiario directo con la aplicación del derecho a la portabilidad numérica es el consumidor, pues es una manifestación y un reconocimiento del derecho a la libertad, propio del artículo 25 constitucional, el cual expresa que “toda persona tiene derecho a la libertad individual”, pues con la portabilidad numérica el consumidor tiene derecho a “escoger cuál de los operadores del servicio de telefonía móvil le prestará el servicio, sin la necesidad de cambiar el número, sino únicamente evaluando y decidiendo el operador que le brindará la mejor calidad y oferta económica”, tal como lo regula el Decreto 97-2013 de Honduras. Sobre este punto, los operadores donde se haya implementado la portabilidad numérica realizarán sus mayores esfuerzos para atraer a los clientes de su competidor, para lo cual podrían implementar mejores tecnologías, tales como la LTE, a menores costos. (Calderón Martínez, 2011, p. 38). Precisamente, esta apreciación se cumplió hace poco en Costa Rica, con la introducción de la tecnología 4G LTE, de Movistar, que permite a los usuarios navegar con mayor velocidad a partir del 4 de julio de 2014. Se debe recalcar, además, que los costos que conlleva la portabilidad nunca deben ser trasladados al consumidor, por lo que se convierten en parte del servicio gratuito para este, tal es el caso de Costa Rica, así mismo, el trámite de portabilidad debe realizarse con agilidad para evitar que el usuario quede incomunicado.

5.

Conclusiones

En nuestro país se han presentado y continúan introduciéndose regulaciones, sin las cuales no

podría implementarse la portabilidad numérica, tales como: la obligación al uso de la misma tecnología y el fomento de la interconexión; la aplicación de la Ley 843, que fomenta la coubicación de equipos de telecomunicaciones en las torres de telecomunicación; la posibilidad de dar por terminado de forma anticipada el contrato de servicios de telecomunicaciones sin cargo por penalidad al consumidor, propio de la Ley 842; una mayor apertura del mercado de telecomunicaciones móviles con el otorgamiento de la licencia de servicio de telefonía móvil a Xinwei, en comparación con la última década. No se debe obviar la existencia desde 2010 de un proyecto de normativa de portabilidad numérica, bajo la potestad reglamentaria que TELCOR tiene a su favor; y se debe atender la experiencia de las regulaciones sobre la temática de otros países, mediante congresos, donde se comparte información oficial de la región en temas de telecomunicaciones, como COMTELCA. TELCOR podría preparar un proceso de cara a la implementación de la portabilidad numérica, que incluya a las operadoras y a las asociaciones de consumidores, cuyas pláticas versarían en los aspectos técnicos y económicos que implica esta posible nueva regulación, como sucedió en República Dominicana (Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, 2011). De esta forma, aprobar una normativa de regulación de la portabilidad numérica sería un claro fortalecimiento a la competencia en este sector, que contrastaría con la tendencia de años anteriores, donde la apertura y el uso de las telecomunicaciones se ha debido al avance tecnológico y no a un mercado competitivo, por la existencia de solo dos operadoras. En caso de que la portabilidad numérica sea implementada, las operadoras tendrán una labor de fidelizar a sus clientes y de atreverse a diversificar sus productos con tecnología actualizada, pues es indetenible el uso de smartphones y demás aparatos de avanzada, y la falta de internet en el celular es igual a tener un aparato sin poder utilizar todas sus cualidades.

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Ahora bien, visto desde la perspectiva de las operadoras, lo cierto es que la implementación de la portabilidad numérica implicará que las compañías se preocupen por brindar un servicio de mayor calidad. Es altamente probable que TELCOR regule el financiamiento que hagan los operadores a la entidad de referencia o a la entidad que supervisará la portabilidad numérica, que se traduce en desembolsos a su presupuesto anual, situación que no existe actualmente. Desde la perspectiva del usuario de telecomunicaciones, se traduce en el ejercicio de su derecho a la libertad, a decidir a qué operadora pagar por el servicio de telecomunicaciones, sin estar sujetos a cargos por penalidad, ni a obligaciones adicionales, más que el pago del equipo o de la terminal móvil. En síntesis, con la portabilidad numérica, al usuario se le otorga un nuevo derecho que no es discutible por la operadora. Quien podría obtener mayores beneficios con la portabilidad, después de los usuarios, sería la empresa Xinwei, no solo por poder atraer a los clientes que actualmente cuentan con un servicio de telecomunicaciones móviles, sino porque TELCOR y la legislación están cambiando de cara a una mayor apertura del mercado de telecomunicaciones.

6.

Referencias bibliográficas

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Calderón Martínez, J. C. (2011). Acuerdo de servicio especial No. 3652. Implementación de una infraestructura de administración de números portados común a los países de Centroamérica y República Dominicana. Acuerdo Final para la Comisión técnica regional de telecomunicaciones. (COMTELCA). Trabajo presentado en el seminario realizado en Taller para América Central sobre Portabilidad Numérica, Roaming y Modelización de Empresa Eficiente, Managua, 5-7 de diciembre de 2011. Constitución Política de la República de Nicaragua. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 32, del 18 de febrero de 2014. Nicaragua. Decreto No. 97-2013. Publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras No. 33,188, del 29 de julio de 2013. Recuperado de http://www. conatel.gob.hn/doc/PortabilidadNumerica/ LeyPortabilidadNumerica.pdf Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. (2011). Anexo I. Modelo de relato de experiencia concreta. Organización Mundial de Comercio. Recuperado de http:// www.oecd.org/aidfortrade/48178529.pdf Ley No. 842. Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 129, del 11 de julio de 2013. Nicaragua. Ley No. 843. Ley que regula la ubicación, construcción e instalación de estructuras de soporte para equipos de telecomunicaciones que hacen uso del espectro radioeléctrico. Recuperado de http://legislacion. asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas. c00d5076037b5b062572d00072bee8/ f015e91aa06257b66007ae2a3/$FILE/

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado LEY%20No.%20843,%20Ley%20que%20 regula%20la%20ubicaci%C3%B3n.pdf Ley No. 20.471, por la que se crea organismo implementador para la portabilidad numérica, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Publicada el 10 de diciembre de 2010. Recuperada de http://www.leychile.cl/ N?i=1020620&f=2010-12-10&p= Resolución del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, San José (2013). Disposiciones regulatorias a los operadores y proveedores de servicios con recurso numérico asignado, para la implementación de la portabilidad numérica en Costa Rica. Recuperada de http://www.portabilidad.sutel. go.cr/images/Portabilidad/Normativa/ RCS-208-2013%20Dispociones%20 regulatorias%20para%20operadores%20 con%20recurso%20numerico.pdf

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La estructura del SICA: un acercamiento a la acción de sus órganos e instituciones en materia de políticas regionales

Resumen El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el marco formal del proceso de la integración centroamericana. Este fue creado como herramienta de desarrollo de los países que lo componen, y para tales fines se le dotó de una estructura institucional.

MSc. Irene Díaz González Maestría Regional en Integración Centroamericana y Desarrollo Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana noelia_zeledon@hotmail.com

Palabras claves: •

Estructura institucional del SICA

Políticas públicas regionales del SICA

Naturaleza del SICA

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La estructura institucional del SICA es uno de los elementos clave de funcionamiento del Sistema, este, en su carácter multidimensional, desempeña múltiples y diversas acciones de diferente naturaleza y alcance, pero prevalece en él su alto contenido político. A pesar de lo anterior, poco se conoce sobre las acciones y el verdadero funcionamiento del SICA, cuya institucionalidad ha sido objeto de críticas que cuestionan su eficiencia y su eficacia, y sobre las cuales se han construido propuestas de reforma que, a la fecha, no han logrado generar mejoras sustantivas en el funcionamiento del Sistema. El funcionamiento del SICA se fundamenta en su acción política, y es en este sentido que este estudio realiza un acercamiento a la estructura institucional del Sistema, partiendo de su actividad política, con miras a identificar cuáles son las características que definen el marco institucional de la Integración Centroamericana.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es el marco institucional en el que se desarrolla el proceso de la integración centroamericana, fue creado en 1992 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), con el objetivo de constituir a Centroamérica en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Para el cumplimiento de sus funciones, desde su surgimiento, el SICA fue dotado con una estructura institucional compuesta por órganos, secretarías e instituciones especializadas, orientadas a viabilizar el proceso de integración centroamericana como uno de los principales instrumentos de desarrollo de la región. En términos generales, el SICA se caracteriza, entre otras cosas, por ser una instancia de carácter multidimensional; condición derivada de su definición como herramienta de desarrollo que se basa en el modelo de desarrollo sostenible promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los años 90; en este sentido, la estructura institucional del SICA cuenta con una organización de sus instancias sectorizadas, las cuales se conocen como subsistemas, y en cada uno de estos se desarrollan las acciones, principalmente de naturaleza política1, que dotan de contenido y de razón de ser al Sistema. La acción política del SICA está sustentada en el hecho de que sus órganos e instancias funcionan a través de la definición, diseño y ejecución de acciones de naturaleza política; sin embargo, hasta mediados de la década de 2000 estas acciones empezaron a ser orientadas hacia la generación de políticas públicas2 en búsqueda de la creación de bienes públicos regionales que contribuyan al desarrollo de la región. 1: Por naturaleza política nos referiremos a la esencia de la institución, en este caso de índole política, tomando como base las características de surgimiento, evolución y funcionamiento, fundamentada en su capacidad de hacer policy (resultado), mediante politics (proceso) sobre la base de la polity (forma). (Rohe, 1986). 2: Las políticas públicas, en términos generales, se entienden como la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, y que ésta se transforma en un programa de acción de una autoridad pública. (Mény y Thoenig, 1992); el concepto de trabajo se complementa en el marco teórico.

Este trabajo tiene como objetivo identificar la naturaleza política de la estructura institucional del SICA, a partir de las iniciativas de políticas públicas regionales que se han definido en su seno hasta septiembre de 2014. La estructura del documento consta de tres apartados: el planteamiento teórico y conceptual que sustenta la investigación; el abordaje metodológico utilizado; los principales resultados de la investigación y las conclusiones.

2.

Marco teórico conceptual

El planteamiento teórico conceptual parte de varias particularidades propias de la estructura institucional del SICA, que está conformada por 122 instancias3, entre órganos, instancias especializadas, foros y redes, hecho que constituye un desafío de abordaje de estudio. Así mismo, se requiere considerar las particularidades de las acciones políticas del SICA, entre las que destacan: • Carece de una definición exacta de lo que es una política pública regional. Ante esta deficiencia, muchos instrumentos políticos o técnicos pueden ver cuestionada su condición como política, estrategia, agenda, etc. • Muestra indefinición en cuanto a la existencia de un procedimiento diferenciado de generación o de formulación de acciones políticas, específicamente, de políticas públicas regionales, por lo que se inclinan a adoptar procedimientos de formulación de acuerdos jurídicos o de proyectos de cooperación. • Ha propiciado el incremento de la cantidad de documentos de naturaleza política, desde mediados de la década de 2000, algunos ellos denominados políticas públicas regionales. • Ha dejado que exista poco conocimiento sobre su acción política efectiva. La misma SG-SICA no posee datos exactos acerca de las acciones políticas que está formulando o desarrollando, y cuáles de ellas se constituyen en políticas públicas regionales.

3: Estructura aprobada por el Comité Ejecutivo en su resolución de julio de 2012.

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Con base en lo anterior, la investigación se desarrolla a partir de la teoría política de la integración, apoyándose dos teorías de esta, utilizadas de forma complementaria: por un lado, la teoría intergubernamentalista, de manera específica el intergubernamentalismo liberal, como recurso teórico para la comprensión del proceso de conformación de la estructura institucional del SICA, negociación, funcionamiento y su distribución del poder, y, por otro, la teoría del institucionalismo, disciplina que se centra en el estudio de las instituciones bajo el principio de institutions matters, es decir, las instituciones cuentan y son importantes para la determinación de la naturaleza de un proceso de integración regional, y en este sentido hacer un acercamiento a la acción de estas en el marco del SICA. Debe tenerse en cuenta que el enfoque institucional parte del precepto de que las instituciones desempeñan un rol mediador (mediating role) y no solo de meras arenas neutrales en las que juegan las fuerzas políticas (Mariscal, 2003). Bajo una lógica de funcionamiento fundamentada en la teoría sistémica, se presume, según Mariscal (2003) que “las instituciones políticas (polity) estructuran insumos (inputs) de las fuerzas sociales, económicas y política y el juego político (politics) y tienen un impacto consecuente sobre el resultado de las políticas (policy outcome)”. Las dos teorías presentadas conforman la base del marco analítico, permitiendo visualizar, por un lado, la relación de poder entre actores, y, por otro, el proceso de creación, de implementación y de evaluación de las acciones políticas emprendidas por el SICA. Además, se hace necesario recurrir a tres categorías teóricas adicionales para entender el marco analítico del presente estudio: a) El concepto de política pública. Para los fines de la investigación, se parte de la definición brindada al respecto por el profesor Aguilar Villanueva (2009), quien sostiene que: Una política pública es: a) un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y

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causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público; b) acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; c) acciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas; d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles), y e) que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad. (p. 14) b) El concepto de gobernanza multinivel. Según Grande (2000), la comprensión funcional de este (…) traslada al punto central la contribución específica de actores públicos y privados a un proceso decisorio político. Un sistema de varios niveles en este sentido está constituido por arenas políticas y por actores políticos formalmente independientes, pero funcionalmente interdependientes. c) El ciclo de políticas públicas. Está conformado por cinco fases: de identificación, de diseño, de toma de decisión, de implementación/ ejecución, y de evaluación y rendición de cuentas, definidas por Santos, Caldentey y Cousinou (2014) en su estudio para los Modos de Políticas del SICA4. En referencia a la acción política del SICA, como se indicó en apartados anteriores, desde mediados de la década de 2000 el comportamiento de la estructura institucional del SICA se ha venido orientando a la generación de instrumentos de planificación estratégica para la definición de 4: “1. Identificación. Es el momento donde se identifica la demanda o la existencia del problema. 2. Planificación y diseño. Una vez identificado el problema o la demanda, es necesario analizar la naturaleza de los mismos, sopesando pros y contras con un horizonte de interés general y de servicio público. 3. Decisión sobre la política. Una vez formulada la política, idealmente acompañada de una propuesta de dotación de recursos para su financiación, la política entra en los cauces institucionales que deben desembocar en su reconocimiento y sanción formal. 4. Implementación. Esta etapa es la más compleja y crucial de la política, al materializar todo el proceso anterior. 5. Evaluación. Recoge el momento de revisión, de análisis y de retroalimentación de la política para futuros procesos”. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado prioridades y abordaje de estas. En la actualidad, como evidencia de lo anterior, en el organismo regional se cuenta con una importante cantidad de este tipo de instrumentos. En estos momentos se contabilizan 19 documentos denominados Políticas o Estrategias, que actualmente están orientando el trabajo de la mayoría de instituciones y de órganos del SICA. De dichos instrumentos, los que cumplen (de manera general) las características de políticas públicas indicadas son: •

Unión Aduanera de Centroamérica.

Politica de Integracion de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano.

Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT).

De igual manera, existe un proceso en ejecución, en el marco del SICA, que cumple con las características de una política pública, el cual es la Negociación Conjunta de Precios de Medicamentos, que si bien es referido como un bien público regional, deberá ser incorporado a los instrumentos que se analizarán con base en el estudio. Cada una de estas acciones es resultado, entre otras cosas, de dinámicas propias de la temática que aborda, la dinámica de los actores intervinientes (a nivel regional, nacional y local) y del entorno político, social y económico existente.

3. Metodología de la estrategia de investigación La investigación desarrollada fue de tipo cualitativo con un alcance descriptivo, enfocada en el comportamiento de los órganos e instituciones que conforman la estructura institucional del SICA con base en un estudio de casos. Esta investigación es un estudio de caso, y realiza un análisis de percepción de tres de las acciones políticas que el SICA se encuentra desarrollando actualmente (septiembre 2014).

Las dos variables bases de la investigación son la estructura del SICA (conformada por sus órganos y por sus instituciones) y las acciones políticas identificadas como políticas regionales o estrategias, aprobadas desde 2000 hasta la fecha; grupo del cual se seleccionó la muestra de trabajo, a través del siguiente ejercicio de discriminación: A. Tomando como punto de partida el concepto de política pública de Luis. F. Aguilar Villanueva, que define cinco criterios de estricto cumplimiento para que una acción sea denominada política pública, se realizó, con base en una observación directa de tipo bibliográfica, una tabla de cumplimiento de dichos criterios, teniéndose como resultado que cuatro de estos instrumentos cumplen con las características indicadas, a saber: la Unión Aduanera, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA); la Política de Integración de Pesca y Acuicultura de Centroamérica, y la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural y Territorial. Además, se incorporó el estudio de una acción política del SICA, la Negociación Conjunta de Precios de Medicamentos, de acuerdo con lo argumentado antes. B. De esta primera selección, con base en los criterios de delimitación de espacio y de tiempo definidos, se seleccionaron aquellas acciones de política cuya secretaría (técnica o ejecutiva) responsable de su ejecución tenía sede en San Salvador, es así como la muestra de estudio la constituyen: la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y de República Dominicana (ESCA), la Política de Integración de Pesca y Acuicultura, y la Negociación Conjunta de Precios de Medicamentos. C. Con la muestra definida, se procedió a la recolección de la información, tomando como punto de partida el ciclo de las políticas públicas. Para tales fines, se diseñó una guía de entrevista de tipo

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estructurada, cada una con tres partes: la primera referida a las generalidades de cada política; la segunda enfocada en cada una de las fases del ciclo de la política pública, a través del llenado de dos cuestionarios: el primero, enfocado en el proceso y en la acción de la política, se desarrolló por medio de preguntas cerradas y con opción de puntuar la respuesta brindada, los resultados se determinaron sobre la base de la moda de la puntuación recibida; el segundo se enfoca en la participación de los órganos del SICA en cada fase, a través de una hoja de puntuación de participación, puntuada del 1 al 10, donde 1 es poca participación y 10 total participación. La última parte de la entrevista estuvo enfocada en las dificultades y en las proyecciones de cada política. D. Las personas que se entrevistaron fueron seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios: pertenecientes o que pertenecieron al órgano o instancia regional o nacional que tiene a cargo la ejecución y el seguimiento de las acciones de la política; que realizan o que realizaron alguna labor en alguna de las fases del ciclo de las políticas públicas. Es importante señalar que del total de las 14 personas entrevistadas, nueve trabajan para el Sistema de la Integración Centroamericana de forma directa, y el resto estuvo o se encuentra vinculado al SICA de manera indirecta, y participa de las acciones políticas estudiadas. Si bien se solicitó entrevista a representantes de país, estos no accedieron o no respondieron a la solicitud realizada.

4. Resultados de la investigación: las tendencias de las acciones políticas del SICA La investigación enfocó su atención en el abordaje de diferentes variables de las acciones de política pública regional, en aras de caracterizar el funcionamiento de la estructura del SICA. En este sentido, si bien los hallazgos se sustentan de la observación realizada a la muestra indicada, evidencian tendencias predominantes del desarrollo de la acción política del SICA y del comportamiento general del Sistema en su acción, basados en la percepción de las personas entrevistadas. Las tendencias fueron determinadas sobre la base de las respuestas de los entrevistados (para el caso de las variables estudiadas a través de pregunta con respuesta abierta), y para el caso de la encuestas, sobre los puntajes obtenidos para cada indicador. Por cada una de las estrategias estudiadas se calculó un puntaje promedio para la presentación de los resultados. Considerando el análisis y los cálculos realizados, los principales resultados son: Sobre el fundamento jurídico de la acción política de SICA De manera general, el fundamento jurídico de las acciones políticas del SICA lo constituyen el Protocolo de Tegucigalpa como tratado marco del Sistema y sus tratados complementarios según sector. En este sentido, las acciones políticas desarrollan toda una serie de recursos de índole jurídica, dependiendo de su necesidad y alcance, que se traducen en reglamentos, manuales y protocolos construidos para viabilizar la ejecución de la acción política.

E. Sistematización de la información a través de las variables de estudio y de las puntuaciones de cada actor.

A nivel nacional, el fundamento de la acción política del SICA sobre determinado tema, se identifica en las constituciones políticas de cada Estado de la región.

F. Revisión bibliográfica, con base en los documentos de cada política de la muestra de la investigación.

Sobre la fase de identificación de la acción política del SICA

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Los principales resultados sobre las variables observadas en la fase de identificación de Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado problemas sobre los que se diseñan las acciones políticas del SICA son: • Sobre la variable denominada origen, las personas entrevistadas otorgaron un mayor puntaje (5.23) al indicador que reconoce que las acciones del SICA se formulan a un nivel regional para luego bajar al plano nacional y local (top– bottom). Esta tendencia se fundamenta en la premisa de que las consultas a nivel local y a nivel nacional las realizan los gobiernos nacionales, y que cuando estas son abordadas en un plano regional, ya existe una consulta previa. En este sentido, la acción regional se percibe como complemento de un proceso iniciado a nivel nacional (fase complementaria del ciclo). Bajo esta lógica, las personas entrevistadas también reconocen en un menor puntaje (3.53) que las políticas regionales tienen en su base un proceso de identificación de abajo hacia arriba (bottomup), aunque esta labor no necesariamente la realicen las instancias regionales. Es importante destacar que lo anterior no limita la posibilidad de que desde una instancia regional se realicen acciones de identificación y de consulta en los ámbitos nacional y local. • En relación con la variable de autonomía, el indicador denominado con influencia de agentes externos obtuvo un puntaje de 4.99, por sobre el indicador de sin influencia de agentes externos, que obtuvo una puntuación de 3.00. Bajo estos resultados, se reconoce que existe una tendencia a que la acción política regional sea influenciada por actores externos al andamiaje institucional del SICA. • En referencia a la variable de innovación, el indicador denominado creación obtuvo un puntaje de 5.70, por sobre los indicadores de réplica (0.92) o formalización (1.37) de acciones ya existentes, lo que demuestra una tendencia a considerar que las políticas del SICA se caracterizan por ser innovadoras tanto a nivel político, como a niveles técnico y administrativo, dentro y fuera de la región. • Las acciones políticas del SICA parten, en su totalidad, de la premisa de que su carácter es de alcance regional, indicador que obtuvo un

puntaje promedio de 8.10. Bajo este resultado, se evidencia una percepción de que, en principio, toda acción política del SICA parte de un problema identificado y priorizado por los ocho países miembros del Sistema; más allá de que en el momento de la ejecución, la participación de los países ocurra de manera parcial. Sobre la fase de diseño de la acción política del SICA Las principales tendencias identificadas de las acciones políticas en la fase de diseño, con base en los resultados obtenidos en las entrevistas son: • La acción política del SICA se concentra, en principio, en la definición de prioridades de acción identificadas por sus Estados miembros, y en la definición de objetivos; sin embargo, su alcance no llega a abordar a profundidad el tema relativo a las competencias y al tipo de competencias que posee cada actor involucrado en su desarrollo. Considerando lo anterior, los indicadores relativos a las competencias presentan puntajes bajos (inferiores a 5), pero permiten identificar tendencias. • Sobre la variable denominada competencias, existe una tendencia a considerar que las acciones políticas regionales definen de manera explícita (4.12) las competencias de los actores intervinientes, por sobre el indicador no explícitas (2.43). Las respuestas referidas a esta variable evidencian que las acciones políticas, de manera un tanto empírica, parten de un supuesto de que las competencias de los actores en el funcionamiento del SICA son claras, aunque no logren identificar qué competencias tiene cada actor. • Relativo a la variable denominada marco jurídico planificado, el indicador con mayor promedio de puntaje es el de la opción vinculante (4.42), que prevalece sobre las opciones de respuesta de no vinculante e inexistente; en ese sentido, la noción de la aplicabilidad directa del derecho comunitario (para algunas acciones políticas, como el caso de la negociación conjunta) orienta las respuestas a reconocer un compromiso vinculante de cumplimiento por parte de los Estados miembros.

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• En relación con la variable tipo de competencias, las competencias de tipo coordinadas (4,17) obtuvieron un puntaje más alto por sobre otro tipo de competencias (exclusivas, complementarias e inexistentes). • Con respecto a las variables referidas a la participación de actores, se observa que las acciones políticas del SICA son diseñadas priorizando la participación de las agencias gubernamentales (entendidas como las instancias de cada país responsables del sector que aborda la acción), cuya participación se evalúa como amplia (6.92). Por otro lado, la participación de grupos de interés (sociedad civil) también es reconocida como amplia, pero en un menor puntaje que las agencias intergubernamentales (3.44), caso contrario es el de los órganos consultivos del SICA, cuya participación se define como inexistente, es decir, no cuentan con participación en esta fase de las acciones políticas del SICA. • En referencia a la variable de objetivos, las respuestas se inclinaron hacia la opción definido (7.60), es decir, que en las fases de diseño de las acciones políticas del SICA los objetivos son de los aspectos con mayor claridad. • En cuanto a la variable de definición de mecanismos de financiamiento, trabajada bajo los indicadores de definido e indefinido, las respuestas varían según acción, pero obtuvo un mayor puntaje el indicador no definidos (3.94). Se reconoce, con base con el contexto, que en la fase de diseño sí se tienen nociones, aunque no claras, sobre las opciones de finamiento de la acción; usualmente, estas son definidas a medida que se ejecuta la acción. • Los mecanismos de seguimiento, de evaluación, de rendición de cuentas y de transparencia, al igual que las competencias, son definidos ya iniciada la ejecución de la acción política, y se diseñan con base en la dinámica de implementación de esta. En la fase de diseño de cada una de las acciones políticas, tanto los mecanismos de seguimiento y de evaluación como los de rendición de cuentas y de transparencia, fueron catalogados como indefinidos, con

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puntajes de 3.75 y de 4.44, respectivamente, por sobre el indicador denominado definido para cada categoría. Sobre la fase de toma de decisión de la acción política del SICA • Las acciones políticas del SICA, para iniciar su ejecución, en un primer momento dependen de la aprobación del Consejo de Ministros del sector correspondiente o de la instancia que tiene la responsabilidad directa sobre el tema (como el caso de la Comisión de Seguridad de Centroamérica). • Otros actores intervinientes en el proceso de aprobación de las políticas regionales son las secretarías regionales (ejecutivas o técnicas) de los Consejos de Ministros y la Secretaría General del SICA, a través del acompañamiento político. • El SICA no cuenta con un mecanismo estandarizado de aprobación de las acciones políticas; cada acción estudiada ha seguido rutas diferentes de aprobación. Sobre la fase de implementación de la acción política del SICA Sobre la base de los resultados obtenidos, se indican las tendencias de las variables estudiadas en la fase de implementación de la acción política: • La ejecución de las acciones políticas del SICA depende, en gran medida, de los niveles de ejecución de los ministerios e instancias al interior en cada país, hecho que determina el ritmo de ejecución de la acción política regional. En términos generales, sobre la variable de agenda, las personas entrevistadas otorgaron un mayor puntaje hacia el indicador ejecución (puntaje 5.58), sobre los indicadores de en dilación e inexistente, que obtuvieron puntajes de 1.02 y de 1.15, respectivamente. • La variable capacidad coercitiva de las acciones del SICA presenta un mayor puntaje sobre el indicador media, con 2.78; esta tendencia se sustenta en la existencia de los mecanismos (instrumentos jurídicos) que se generen para su implementación; en este sentido, la acción política en sí misma demanda de instrumentos de índole Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado jurídica-administrativa para alcanzar mayores niveles de cumplimiento por parte de los Estados miembros del Sistema. • Sobre la incorporación de acuerdos normativos a las legislaciones nacionales, la respuesta con mayor puntaje fue la de parcial, con 4.45, por sobre las opciones amplia y nula; bajo esta respuesta se reconoce una incidencia de la acción regional a nivel nacional, la cual, en opinión de la mayoría de entrevistados, se logra con mayor facilidad en aspectos de índole administrativa y técnica, no así para el caso de las legislaciones y temas jurídicos. • En referencia a la variable de involucramiento de las instancias nacionales en la implementación de las acciones políticas, referido principalmente a la asignación partidas presupuestarias nacionales para la ejecución de la acción regional, el indicador con mayor puntaje fue el denominado parcial, con un puntaje de 3.78; al ampliar la selección de esta acción, la mayoría de entrevistados indicó que los Estados aportan a la acción regional a través de la asignación de técnicos y de expertos para el desarrollo de la acción y la participación de sus funcionarios en los foros regionales (aunque este aporte no ha sido cuantificado), pero no aportan con asignaciones presupuestarias directas para la ejecución de la acción. • Sobre los niveles de participación de los grupos de interés en la implementación de las acciones políticas del SICA, el indicador con mayor puntaje fue el denominado reducida, con un puntaje de 3.20, sobre las opciones amplia e inexistente. Con base en las entrevistas realizadas, se evidencia que esta tendencia depende, en gran manera, del sector y de la estrategia definida para la implementación de la acción. En este sentido, los niveles de participación de la sociedad civil varían según acción, sin embargo, la participación solo se da en tanto el grupo de la sociedad civil tenga una relación directa con el tema o con el sector sobre el que interviene la acción regional.

Fase de evaluación y de rendición de cuentas de la acción política En términos generales, las acciones políticas emprendidas en el SICA no cuentan con los mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas definidos. Usualmente, los mecanismos de evaluación son determinados por la forma de ejecución de la acción y por el organismo que la financia. En este sentido, las tendencias encontradas en esta fase de la acción política fueron: • Sobre la variable relativa al alcance de las evaluaciones, la respuesta con mayor puntaje fue la de ejecución, con un puntaje de 3.14; al respecto, los entrevistados evidenciaron que las evaluaciones de las acciones políticas se orientan a actividades más que a resultados, a la fecha, en el SICA no se han realizado evaluaciones de impacto. • En referencia a la variable de cumplimiento, la opción de respuesta con mayor puntaje fue medio, con 4.07, por sobre las opciones de alto y bajo; estas variables se refieren a la ejecución de la agenda. En este sentido, se puede afirmar que los entrevistados consideran que las agendas de las acciones políticas han sido cumplidas en algunos de sus componentes. • En lo relativo a la variable utilidad, la opción de respuesta con mayor puntaje fue alta, con 6.24. En opinión de los entrevistados, en términos generales, los resultados y las observaciones de las evaluaciones realizadas han generado insumos importantes para la toma de decisión en materia de diseño y de ejecución de las acciones políticas del SICA. • En materia de rendición de cuentas, la respuesta con puntaje más alto fue la denominada media, con 2.83, por sobre las opciones alta y baja. Completando la tendencia con las respuestas ampliadas de los entrevistados, se evidencia que el fundamento de esta respuesta es que, si bien no existen mecanismos de rendición de cuentas institucionalizados, sí se realizan acciones en aras de evidenciar la transparencia de los recursos y de la gestión de la acción política

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regional; en esta lógica se elaboran informes de seguimiento y se realizan publicaciones en medios de comunicación social, principalmente de tipo electrónico, en aras de comunicar la gestión y sus resultados.

5.

Conclusiones

En conclusión, las acciones políticas realizadas por el SICA sustentan su acción en el reconocimiento de que en el SICA convergen actores, sectores, normas e intereses (polítics), que entran en un escenario de acción con una base jurídica institucional definida (policy); pero que además es capaz de generar acciones políticas (polity), resultado de las negaciones entre actores y de la convergencia de intereses, que afectan directamente a estos. Es una instancia de naturaleza política porque genera acciones políticas. Analizando el panorama general en el que trabaja el SICA, a través de este estudio evidenciamos que existen acciones políticas emprendidas por este, que si bien a la fecha no podrían reconocerse como políticas públicas regionales propiamente dichas, sí generan transformaciones sustantivas en la realidad centroamericana, y van determinando no solo el rol del SICA, como instancia de la integración, sino, además, el funcionamiento mismo de los Estados frente a determinados temas (muy puntuales y específicos) y ante determinados sectores. Ya en referencia directa a la estructura institucional del SICA, a nivel interno y de forma más específica, la acción de sus órganos y de sus instituciones en la definición y en la puesta en marcha de las acciones políticas regionales, se da en dos macroesferas, que para este estudio las denominaremos, la representativa y la operativa, depositadas cada una en diferentes órganos e instancias del órgano de integración centroamericana. La primera se sustenta en las competencias asignadas por el Protocolo de Tegucigalpa a cada uno de sus órganos, en el que a nivel “oficial” o representativo se toman las decisiones del Sistema, y bajo este grupo se concentran las decisiones asumidas en la reunión

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de presidentes del SICA. En este proceso, participan activamente los siguientes órganos del Sistema: la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, también pueden participar las secretarías de los consejos de ministerios sectoriales o estancias especializadas que cumplen con un rol similar, con el fin de “alimentar” la agenda para la toma de decisiones de estos órganos. En ambas “esferas” se constata que la decisión y la acción política del SICA recae en los Estados, confirmando que estamos ante una instancia intergubernamental, sin que lo anterior signifique una efectiva coordinación y coherencia entre las acciones tomadas por la esfera representativa con las decisiones emanadas de la esfera operativa, tanto en el marco del SICA como a lo interno de los países. En este sentido, las construcciones de las agendas en ambas esferas no necesariamente son compatibles (aunque esto no signifique que no lo puedan ser en algunos temas) y es aquí donde las decisiones del alto nivel pueden distanciarse de la realidad operativa y efectiva del Sistema, mermando de esta forma el impacto e incidencia de la acción regional a nivel nacional. Considerando lo anterior, se puede afirmar que la gobernabilidad del SICA, en relación con la definición de la agenda, recae en la Reunión de Presidentes, pero que a nivel de acción la definen los consejos de ministros. En tal sentido, existen problemas de coordinación entre ambos actores, evidenciados por la brecha entre la agenda del Sistema y las acciones que este realiza. Así, las pautas de gobernabilidad del SICA las definen de gran manera los consejos de ministros, que en conjunto con las secretarías sectoriales y los ministerios de cada país deciden la forma de relación del Sistema con el entorno; es en este nivel que se concentra la capacidad de acción del SICA y donde se evidencian los desafíos de funcionamiento del Sistema como herramienta de desarrollo de la región.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 6.

Referencias bibliográficas

Aguilar Villanueva, L. (2009). Marco para el análisis de las políticas públicas. En F. Mariñez & V. Garza, Política pública y democracia en América Latina del análisis a la implementación. México, D. F.: Porrúa.

Secretaría General del SICA (1992). Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Secretaría General del SICA (2009) Instrumentos Jurídicos de Centroamérica.

Grande, E. (2000), Post-National Democracy. In Europe en Democracy Beyond the State, Greven, Michael Th.-Pauly, Louis W. Lanham. Mariscal, N. (2003). Teoría Políticas de la Integración Europea. Madrid: Tecnos. Marks, G. (1993). Structural Policy and Multilevel Governance in the EC, en A. Cafruny y G. Rosenthal, The State of the European Community. Boulder: Lynne Rienner. Meny, Y. & Thoening s. j. c. (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Ariel. Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, (2005). Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano. Santos Carrillo, F., Caldentey del Pozo, & Martínez Cousinou, G. (2014). Los “Modos de Ejecución” de las Políticas Públicas Regionales en los Espacios de la Integración: Nuevos Instrumentos de Desarrollo para Centroamérica. Córdoba: Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. Santos, F. (2010). El proceso de cumbres de presidentes como artífice del nuevo modelo de integración regional. En El SICA y la UE: la integración regional en una perspectiva comparada. Estudios Centroamericanos, nº 1. Fundación ETEA. Córdoba (España) y El Salvador. Secretaría General del SICA (2011). Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA).

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Sistema de elección, representación y participación democrática de las mujeres en el Congreso de la República de Guatemala

Resumen

MSc. Angélica Yolanda Vásquez Doctorado en Derecho Universidad Rafael Landívar, Guatemala y Universidad del País Vasco

Palabras claves: •

Paridad

Representación política

Elección parlamentaria

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El sistema de elección, representación y participación democrática de las mujeres en el Congreso de la República de Guatemala, es partidista, sin que se cuente aún con la obligatoriedad de incluir cuotas de participación, lo que ha provocado que solo el 12.5% de las personas que componen el Organismo Legislativo sean mujeres. En el presente trabajo se propone la reforma del sistema de elección, democratizando los comicios internos de los partidos políticos, estableciendo la obligación de cumplir con la paridad o cambiando por completo el sistema partidista por uno comunitario. El tema se aborda desde la óptica iusfeminista. Se responde a la pregunta de investigación: ¿Qué sistema de elección para el organismo legislativo se puede implementar en Guatemala para que exista una representación democrática que incluya a las mujeres?, para lo cual se tuvo como objetivos: estudiar los sistemas democráticos y de elección de los organismos legislativos desde la óptica iusfeminista; examinar la situación histórica y actual de Guatemala en la elección de diputados y diputadas al Congreso de la República de Guatemala, y proponer un sistema de elección para Guatemala. Se concluyó que es prioritario cambiar la estructura interna de los partidos políticos, regularla y transparentarla, para que sean más democráticos, equitativos e inclusivos. Se deben realizar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para establecer la obligación de cumplir con la paridad en la postulación de mujeres en los puestos de representación parlamentaria.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado “La democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia.” Victoria Camps

1.

Introducción

En Guatemala, como en todas las democracias, el poder proviene del pueblo, por ello, la Constitución Política de la República, a los órganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no les llama poderes, para recalcar que el único poder es del pueblo y que los órganos de Estado únicamente ejercen funciones por delegación constitucional y en representación de toda la ciudadanía1. El Estado de Guatemala está organizado por medio de una democracia representativa, cuyo fundamento lo constituyen las elecciones de voto directo, popular y libre, siendo uno de sus objetivos la representación de los intereses de toda la ciudadanía y la realización del bien común. Lo anterior no funciona como debiera, lo que ha provocado la pérdida de legitimidad de los órganos del Estado, debido a que los partidos políticos no son sólidos ni siquiera permanentes, surgen y desaparecen como las personas que los lideran, en torno a los que giran, sin tener una ideología definida ni una visión y misión de Nación, ni ser democráticos en sus elecciones internas, lo cual provoca innumerables problemas, y, entre ellos, la poca representación de los intereses de sectores tradicionalmente vulnerables, por lo que el sistema de elección, en especial en el órgano legislativo, debe reestructurarse para que sea lo más democrático posible y se acerque a la democracia representativa que se interpreta del análisis armónico de la Constitución. En el presente trabajo se hace un análisis jurídicodoctrinario sobre cómo han sido los sistemas de elección parlamentaria desde una perspectiva iusfeminista. Se examina la situación histórica y actual de Guatemala en esa materia, conforme el estudio de la legislación vigente y la jurisprudencia 1:

emitida por la Corte de Constitucionalidad. Se describen los debates actuales y las propuestas de reformas, y finalmente se propone un sistema de elección parlamentaria (de diputados y de diputadas al Congreso de la República) para Guatemala.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 141 establece: “Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.”

2.

Marco teórico

En su definición más amplia, democracia es el gobierno del pueblo2. Antiguamente, pueblo no significaba lo mismo que ahora. En la época en la que se acuña la palabra democracia (helénica), se entendía por pueblo a los ciudadanos de Atenas, siendo excluidos los extranjeros, los esclavos, las mujeres, los minusválidos y los niños, ya que se consideraba que no tenían un interés auténtico comprometido con la buena marcha de la ciudad, pues su vida no se afectaba por los aciertos o desaciertos del gobierno3 (IIDH 200). Es decir, que si bien la democracia siempre ha sido el gobierno del pueblo, quienes lo formaban era lo que hacía la diferencia. Antiguamente, la democracia entendía por pueblo al conjunto de personas que podían participar en el gobierno, que eran quienes acreditaban un interés en los asuntos de Estado, siendo solo los hombres mayores de edad y con ingresos elevados. Más tarde, según Amurrio (2009), se cambió la capacidad económica por el nivel de educación y cultura4, pero desde la concepción de pueblo y en todo el pensamiento democrático se excluyó a la mujer. En la actualidad, el pensamiento y la estructura social han ido evolucionando, y ahora puede decirse que el sistema democrático es el sistema de gobierno donde las decisiones sobre la marcha de la comunidad las toma el pueblo entendido como todos los habitantes con edad suficiente que forman parte de la sociedad5.

2:

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2000). “Diccionario Electoral”. Mars Editores, S.A. San José, (p. 347).

3:

Ibídem.

4:

Amurrio, Jesús. (2009) “Clásicos del Pensamiento Político”. Universidad Francisco Marroquín. Magna Terra Editores. Guatemala.

5:

349).

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Op. Cit. (p.

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Uno de los presupuestos básicos de la democracia es la igualdad, entendida tanto en lo fundamental, en los seres humanos, como en las oportunidades para participar en el gobierno común, ya que todas las decisiones tomadas en el gobierno inciden directamente en el destino y en la vida de todos y de cada uno de los habitantes, sin distinción alguna. De lo anterior se puede establecer que democracia es el sistema de gobierno donde las decisiones sobre la marcha de la comunidad las toma el pueblo, entendido como todos los seres humanos dignos e iguales que la conforman (hombres y mujeres). La democracia como poder, es un poder construido, sobrevenido, es decir, creado en forma artificial, ya no es aquel poder originario que surgía del jefe de la tribu, sino que es una ficción creada por la sociedad para organizarse. Varios autores sitúan el punto de partida de la evolución que llegaría a convertirse en democracia, entre los años 620 y 593 a.C., en Atenas, cuando las ciudades griegas recibieron de Dracón y de Solón sus primeras leyes fundamentales, ya que instalaron la distinción entre las leyes de la Naturaleza (o divinas) y las humanas (de la ciudad), por lo que se puede decir que, uno de los principales componentes de la democracia es la ley, ya que después de que se empezó a legislar, cuando alguien ascendía a una posición de mando, ya no podría gobernar a su arbitrio, sino que en el marco de la norma, creándose la muralla invisible de la ley6. En el año 507 a.C., Clístenes fundó la república democrática, que propugnaba por la igualdad de todos “los ciudadanos” de Atenas ante la ley7, apareciendo otro componente de la democracia, la ciudadanía. Todos los ciudadanos eran iguales, pero no todos eran ciudadanos8. La ciudadanía ateniense comprendía a todos los varones atenienses libres, excluyendo mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En 462, Pericles estableció la democracia plenaria, logrando el

equilibrio de poderes9 (Franco y Ramos, 2011), surgiendo este como otro componente de la democracia. El informe sobre la Democracia en América Latina, producido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, enumera las condiciones que necesita un país para ser considerado democrático: “elecciones libres y justas, autoridades electas, sufragio universal, el derecho a competir por los cargos electos, libertad de expresión, libertad de asociación, acceso a la información pluralista, respeto por los mandatos establecidos en la constitución, un territorio que define quiénes votan, y la creencia de que el proceso electoral y las libertades asociadas al mismo continuarán existiendo en el futuro”10. La historia de la democracia aún no ha terminado de escribirse, y sus componentes van evolucionando, poco a poco, permitiendo la participación de más sectores en la toma de decisiones.

3.

Metodología

El tipo de investigación que se desarrolló fue jurídica, descriptiva y propositiva, utilizando un método mixto, pues se analizó en forma cualitativa la información recabada, y cuantitativamente, las cifras obtenidas de representación de las mujeres en el Congreso de la República de Guatemala, con lo cual se logró descomponer el problema jurídico del sistema de elección de los parlamentarios en sus diversos aspectos, para examinarlo de manera más profunda, y determinar la funcionalidad del proceso conforme los parámetros de legalidad, legitimidad e igualdad, ello conforme al método electo, que será el sociológico, realista o empírico, el cual, sin descuidar la búsqueda teórica de la información para el tema específico, pretende proporcionar una visión contextual del sistema de elección de los diputados al Congreso de la República, para evaluar su funcionamiento y sus parámetros de legalidad.

6: Grondoma, Mariano. “Historia de la democracia”. Universidad del CEMA. 2000. Disponible: http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/ download/documentos/175.pdf

7:

Ibídem

8:

Moreno Chumillas, Evelio. “La democracia reside en la mediocridad”. Universidad de Barcelona. Disponible en: http:// minerva.usc.es/bitstream/10347/5492/1/pg_207-224_telos9-2.pdf

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9:

Franco Castillo, Juan Ricardo y Ramos Herrera, Edwin Arcides (2011). “El Fenómeno de la Partidocracia en El Salvador y las posibilidades de su superación con la sentencia 61-2009 de la Corte Suprema de Justicia”. Universidad de El Salvador.

10: PNUD, “Informe sobre la democracia en América Latina”. 2014.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Los sujetos de análisis fueron los sistemas de elección, y personas que directa o indirectamente han participado en la elección de los diputados al Congreso de la República. Se tuvo como unidades de análisis las legislaciones y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a la elección de los diputados al Congreso de la República. Para la recolección de la información se realizaron entrevistas y cuadros de cotejos, los cuales sirvieron para analizar y comparar los documentos de información que se recopilaron.

4.

Resultados y discusión

En Guatemala, no solo han existido muchos debates en relación con la elección parlamentaria y la participación de las mujeres, sino que también ha habido movimientos sociales organizados por asociaciones de mujeres en la búsqueda de mayor representación. Existen varias organizaciones de mujeres que promueven y ayudan al desarrollo de los derechos de la mujer desde distintas áreas, entre ellas están: Sector Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), Área de la Mujer del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Alianza Cívica de Asociaciones Femeninas (ACAF), Asociación Guatemalteca de Mujeres Universitarias (AGMU), Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Indígenas de Guatemala (COMIGUA), Movimiento de Mujeres Moloj, Asociación de Mujeres Mayas (Moloj), Asociación de Mujeres Mayas (Tzununija) y la Organización Más Mujeres Mejor Política. El trabajo realizado por estas organizaciones, en especial de las últimas mencionadas, así como la ayuda financiera internacional, ha logrado promover una mayor participación femenina en los procesos electorales, lo cual se vio reflejado en el padrón electoral de los comicios realizados en 2011, cuando el 51% de personas empadronadas fueron mujeres, porcentaje que ha ido incrementándose en cada proceso, aunque aún no refleja la realidad de la población apta para votar11. 11: Ibídem.

Derivado de un estudio sobre las barreras a la participación política en Guatemala, desarrollado por FLACSO y NDI, en el que se pudo visualizar el grado de marginación en que se encontraban las indígenas, se creó un proyecto de “Academia de Formación Política para Mujeres Indígenas”, que ha puesto a disposición de las mujeres de organizaciones políticas y civiles un enfoque educativo, de trabajo conjunto, y herramientas que ayuden a aumentar sus posibilidades de participar en la política democrática del país12 (Umul, A. y Vásquez, S., 2009), el cual ha tenido frutos importantes, que se vieron reflejados en las elecciones pasadas. También la ONU Mujeres, a través del Instituto Autónomo para la Formación Política de las Mujeres Indígenas, financiado por el Gobierno de España, ha puesto en marcha varias iniciativas de apoyo y de formación a las candidatas, en especial para las poblaciones indígenas. Se les enseña a construir su propia estrategia de comunicación con mensajes dirigidos a su comunidad. A pesar de lo anterior, en relación con la participación de las indígenas al Congreso de la República, la situación es un poco más compleja, ya que existen debates dentro de las organizaciones indígenas sobre si participan en la política pública estatal o continúan luchando por su autonomía y por su libre determinación. Se debaten entre la participación institucional o extrainstitucional; sin embargo, existe el partido político Winaq y otras propuestas para formar partidos políticos indígenas, que van desde lo local hasta lo nacional13. La participación en puestos de representación por parte de las mujeres en Guatemala tiene distintas características, según el sector que se analice, así: a) En el poder local. Guatemala está dividida territorialmente por departamentos, estos en municipios, los cuales se organizan en aldeas, caseríos, parajes, cantones, barrios, zonas, colonias, lotificaciones, parcelamientos, fincas, etcétera14. En el poder local, las mujeres se han 12: Umul Tiguilá, Ana Cecilia y Vásquez Vargas, Sofía L. (2009). “Guía Metodológica. Mujeres y Participación Política”.

13: FLACSO, Guatemala. “Los movimientos sociales frente al Estado, la democracia y los partidos políticos”. Editorial de Ciencias Sociales. Guatemala.

14: Código Municipal.

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enfrentado a las determinaciones sociales y a los roles que la sociedad guatemalteca, tanto indígena como no indígena, ha tenido muy arraigados; logrando, por medio de sus demandas, el redefinir su posición y valorización ante las comunidades, contraponiéndose muchas veces a costumbres y a tradiciones. Ha ido en aumento su participación en el Sistema de Consejos de Desarrollo, a nivel comunitario (COCODE) y municipal (COMUDE)15. Han teniendo que empezar por su participación social, para luego tener una participación política. A nivel local, en las elecciones de 2011 fueron postuladas un número importante de mujeres, lo cual contrasta con el número de mujeres que fueron elegidas. En el caso de las candidatas a diputadas, como se ha mencionado, pudo haberse relacionado con el lugar que ocupaban en los listados de candidatos16. En relación con lo anterior, es importante mencionar que, el lograr la postulación equitativa, tampoco asegura una representación paritaria, ya que es importante tomar en cuenta que tanto las personas indígenas como las mujeres no votan por las candidatas por el simple hecho de ser mujeres o indígenas, sino que quieren conocerlas y saber sus propuestas. Un ejemplo de ello fue la entrevista que se realizó a una mujer del municipio Uspantán, departamento de Quiché, lugar de nacimiento de Rigoberta Menchú, que expresó: “Cómo íbamos a votar por ella, si a ella casi no la conocemos y además quienes venían con ella no se acercaron a nosotros”17. b)

En el poder estatal. En estas últimas elecciones, hubo una importante participación de la mujer en los binomios presidenciales, en su mayoría fueron paritarios. Quedando electa por primera en vez en Guatemala, una mujer como vicepresidenta18.

15:

Mérida, Alba Cecilia. (2010). “Consejo Comunitarios de Desarrollo: Espacios de lucha para las mujeres”. CEDFOG, Guatemala.

16: ASIES. “informe Analítico del Proceso Electoral Guatemala, 2011”. Asies. Guatemala, 2011.

17: Ibídem. 18: ASIES. Op. Cit.

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Todos los partidos políticos en Guatemala, en su discurso, afirman dar importancia a la participación y a la representación en sus organizaciones de todos los sectores, en especial, jóvenes, mujeres e indígenas, pero al analizar sus estructuras partidarias sus posiciones varían conforme sus líderes. Aún existen el autoritarismo, el caudillismo y los cacicazgos –propios de un sistema patriarcal- en la cultura política de muchos de ellos19. (ASIES. 2009). La situación en Guatemala, en relación con la participación parlamentaria de las mujeres ha ido avanzando, aunque se ha encontrado la dificultad de la mala estructura interna de los partidos políticos, que es aún muy arraigada al sistema patriarcal. La evolución legislativa en protección a la mujer se ha logrado por los movimientos de las organizaciones civiles, ya que la representación parlamentaria no ha sido significativa, 14 mujeres diputadas en 2003; 19, en 2007; y 20, en 2011, y no todas tienen una conciencia de género. A pesar de lo anterior, en las últimas dos décadas se han emitido varias leyes de protección y de equidad, como: Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (1996), Ley de Dignificación de la Mujer (2000), Ley de Desarrollo Social (2001), Ley para el Acceso Universal de los Métodos de Planificación Familiar (2006), y Ley Contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (2008). En 2013, aunque por separado ya venían trabajando, lideresas de organizaciones de mujeres y de partidos políticos integraron un movimiento llamado “Grupo 212”, con el fin de incluir en la propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la modificación al artículo 212, con el fin de que se incluyeran en las planillas de elección popular a las mujeres y a las personas indígenas en igualdad de circunstancias, alternando a uno y a otro sexo, y estableciendo la sanción de rechazo de inscripción para quienes no llenaran este requisito, teniendo como sustento la Declaración del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres y Política Electoral. En octubre de 2013, el Congreso de la República envió a la Corte de 19: ASIES. (2009). “Partidos Políticos de Guatemala: Presente y Futuro”. Asies, Guatemala. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Constitucionales el proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es importante señalar el avance jurisprudencial que tuvo la Corte de Constitucionalidad al emitir el dictamen de 11 de julio de 2014, dentro del expediente 5352-2012, casi un salto cuántico en material de derecho electoral y género. La propuesta de reforma al artículo 212 que fue presentada a la Corte de Constitucionalidad, ya que varias líderes señalaban que no fue la originalmente planteada por ellas, establece: “De la postulación e inscripción de candidatos. Los partidos políticos podrán postular candidatos para todos los cargos de elección popular, los comités cívicos electorales podrán hacerlos solamente para alcalde y Consejo (sic) Municipal de su respectivo municipio. Todos los candidatos a cargos de elección popular deberán saber leer y escribir. Las planillas de postulación de candidatos a puesto de elección popular, deberán garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres, ninguno de los géneros podrá tener una representación inferior al treinta (30%) (sic) en las planillas a las que se refieren los artículos 202 y 203 de la presente ley, tampoco podrán ser postuladas más de dos personas del mismo género, de manera consecutiva. En los distritos y circunscripciones cuya composición étnica sea mayoritariamente maya, xinca o garífuna, no menos de un treinta por ciento (30%) de sus candidatos deberán ser personas de estas etnias. El Registro de Ciudadanos no inscribirá las planillas de candidatos que incumplan el presente requisito. Un mismo ciudadano podrá únicamente ser postulado e inscrito para un cargo de elección popular en el proceso electoral que esté vigente y en una sola circunscripción.” Al realizar el análisis de esta reforma, la Corte señala que si bien jurídicamente la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, permiten e incentivan la participación en igualdad de condiciones y oportunidades de todos los guatemaltecos y de todas las guatemaltecas, sin limitaciones, reconoce que en la práctica no ha sido así.

En el dictamen se hace un análisis de la poca representación que ha tenido la mujer a nivel político, en especial en el Organismo Legislativo y en las alcaldías, lo que se evidencia en los bajos índices porcentuales en lo que respecta a su participación en cargos públicos de elección popular, lo que las coloca en una situación de exclusión. Señala que se manifiesta una disparidad en el ejercicio de los derechos políticos, específicamente en el acceso a las funciones de decisión política por parte de mujeres e indígenas, lo que incide negativamente en el propósito de afianzar un régimen democrático. Reconoce que en la práctica social y política se demuestra que las mujeres y los indígenas no cuentan con las mismas posibilidades --frente a hombres y no indígenas-- de acceso a puestos de poder ni de participación en la toma de decisiones o, incluso, de consideración de sus capacidades para ocupar cargos de elección. En el dictamen se tiene que la solución de esta situación ha sido, en otros países, la implementación de “medidas positivas”, mecanismos que son recogidos en distintos instrumentos internacionales ratificados por Guatemala, y que compensan las prácticas discriminatorias arraigadas socialmente en el país. Se convierten en mecanismos de protección de grupos discriminados, para garantizarles el efectivo goce y ejercicio de sus derechos, ya que es imposible que, en la práctica, los logren alcanzar por sí solos. La Corte termina considerando que la medida regulada en la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es acorde y responde a la realización de los mandatos constitucionales, al materializar el principio de igualdad, que no se limita al trato legal, sino que exige que, ante situaciones que revelen disparidad de las condiciones o de las circunstancias existentes, se aprecien tales diferencias, a fin de que se haga su reconocimiento legal y se regule un trato diferenciado que sea eficaz para asegurar los fines que impone la organización social democrática.

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Una interpretación interesante realizada por la Corte es lo relativo a las indígenas, ya que ellas cumplen con dos de las condiciones exigidas, señala que las cuotas pueden ser concurrentes, es decir, que con una candidata indígena se cumplirían dos cuotas. Lo anterior resulta favorable para las mujeres, ya que los partidos políticos van a preferirlas para ocupar y cumplir con dos cuotas a la vez. La Corte de Constitucionalidad emite dictamen favorable en cuanto a la reforma del artículo citado, con excepción de la palabra “mayoritariamente”, en referencia a los grupos étnicos en los distritos y en las circunscripciones donde haya de observarse la cuota electoral prevista. Una vez dado el dictamen favorable, corresponde al Congreso de la República continuar el proceso legislativo para su aprobación, lo que aún está pendiente. El dictamen constituye un avance jurisprudencial en materia de acciones positivas y en la búsqueda de la representación ciudadana que responda a la realidad social. De lo analizado en los capítulos anteriores y de los hallazgos encontrados, se pueden proponer tres sistemas para lograr la paridad democrática de las mujeres en Guatemala: a.

Democratización de los partidos políticos

Los partidos políticos, sin que sea necesario realizar reformas legislativas o constituciones, pueden, desde su organización interna, cambiar sus estructuras, crear reglamentaciones y sistemas internos más democráticos. Tomando en cuenta que el 51% del electorado son mujeres, proponer políticas de equidad y desarrollo. Dar mayor participación a la mujer, y crear desde su base un sistema en el que las postulaciones se realicen de forma tal que permitan una paridad real en los puestos que obtengan. Tendrían el reto de dejar partidos organizados de forma piramidal, monopolizados por un líder o por un grupo de personas perpetuadas en los cargos de dirección, y, realmente, abrirse a nuevas formas de organización, permitiendo mayor participación

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de todos sus afiliados. Permitir el diálogo de todos los sectores en el diseño de las políticas públicas que presentan, siendo incluyentes. Escuchar a las mujeres organizadas para proponer políticas públicas y candidatas. Incluir temas de ejes transversales, como el de género y el de equidad. Destinar financiamiento a las actividades de formación y promoción de la participación política dentro del partido político. Pueden rotar los cargos de influencia, promoviendo la participación femenina, y realizar elecciones internas para cada cargo que postulan candidatos. Hacer públicas sus formas de elección interna y estructura, reglamentarla y ganar credibilidad en la población para promover la afiliación y la participación de la ciudadanía. Mantener los principios de representación, transparencia e inclusividad. b.

Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para regular la obligación de cumplir con la paridad en la representación parlamentaria

Como mencionaban varias defensoras de los derechos de la mujer, es muy difícil que los partidos políticos por sí solos logren cambiar sus estructuras para lograr que se permita una paridad en los puestos de representación para la mujer, por lo que otra forma de lograr la paridad democrática sería la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para incluir y obligar a las organizaciones políticas a postular al 50% de mujeres en sus planillas, estableciendo que esta postulación cumpla, realmente, con esa función. En Guatemala, como se analizó, ya existe un proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero aún falta que se apruebe y entre en vigor. Las organizaciones promotoras tendrán que continuar trabajando para lograr su promulgación. Junto con la reforma a la ley, es importante que se reglamente la forma de ejecutar la reforma, ya que en países pioneros de estas medidas positivas en Latinoamérica, como Argentina y Costa Rica, se encontraron con prácticas en fraude de ley, que no lograban plasmar en la realidad las cuotas o paridad establecidas. Para este sistema, es muy importante el dictamen que realizó la Corte de Constitucionalidad, pues Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado señaló cómo debe interpretarse una reforma de cuota o de paridad, y que siempre atiende a lograr la igualdad de la representación política de todos los ciudadanos. La ventaja de este sistema es que se va obligando a los partidos políticos a respetar la paridad, quebrando su resistencia al cambio y a la modernización de sus estructuras internas. c.

Cambiar el sistema electoral en Guatemala

• En Guatemala, las mujeres son más del 51% de la población, y la representación que se tiene en el Congreso de la República es del 12.5%. Aunque se ha ido avanzado, aún falta mucho en el tema del sufragio pasivo. Existen muchas organizaciones nacionales e internacionales que están trabajando en la capacitación y en el empoderamiento de la mujer, lo que ha permitido los avances que se tienen.

La credibilidad de los partidos políticos en Guatemala está muy desgastada, casi es inexistente, debido a que son la base de la legitimación de los entes públicos de representación, no se puede esperar que esta sea fuerte. A la pregunta que muchas organizaciones civiles se hacen sobre dónde se perdió la legitimación, la respuesta bien podría ser, en las organizaciones partidistas, ya que no cumplen con su función de ser representantes de la voluntad popular, ni se integran con todos los sectores del país. Una propuesta para conformar un Congreso de la República, que realmente cumpla con ser el representante de todos y de todas las ciudadanas, es omitir a los partidos políticos, y que sea una elección por sectores organizados de la sociedad civil que tengan intereses legítimos, y otro grupo por regiones, según estudios sociológicos de identidad cultural; evolucionar a una democracia deliberativa en donde cada sector y cada región proponga a sus representantes, y donde las comunidades elijan a sus representantes parlamentarios de entre sus propios líderes, postulados por ellos mismos, lo que ahorraría los gastos en campañas políticas, y frenaría los intereses ocultos de quienes las financian.

• Existen muchos debates sobre la representación democrática de las mujeres en Guatemala, en especial en el Organismo Legislativo, y aunque hay posturas diferentes, han logrado concienciar a la ciudadanía para que se promuevan reformas, cambios de paradigmas y moderación de estructuras políticas que antiguamente habían sido patriarcales.

5.

• Se puede cambiar el sistema de elección parlamentaria haciendo una reforma Constitucional, en la que ya no sean los partidos políticos los que postulen candidatos, sino los sectores con intereses legítimos y regiones que representen debidamente a toda la sociedad.

Conclusiones

• Se establece que los sistemas democráticos y de elección de los organismos legislativos desde la óptica iusfeminista, han ido evolucionando, incluyendo cada vez más la participación y la representación femenina en sus estructuras, aunque no sin la lucha de las organizaciones de mujeres que, con esfuerzo, han logrado poco a poco la apertura del sistema.

• Es prioridad cambiar la estructura interna de los partidos políticos, regularla y transparentarla, para que sean más democráticos, equitativos e inclusivos. Se podría, con el compromiso interno de los partidos de emitir reglamentos y de cambiar sus sistemas de elección, promover la participación de la mujer en igualdad de condiciones y de cuotas de poder. • Se puede cambiar el sistema de elección parlamentaria realizando reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para establecer la obligación de cumplir con el 50% de la postulación de mujeres en los puestos de representación parlamentaria, regulando la forma de interpretar y de ejecutar estas disposiciones, de manera que sea reflejada en la elección.

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6.

Reconocimientos

Un agradecimiento a las autoridades de la Universidad Rafael Landívar y a las de la Universidad del País Vasco, en especial al Dr. Larry Andrade, así como a los catedráticos de ambas universidades, en especial a la Dra. Arantza Campos.

7.

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

Insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer, con énfasis en el delito de femicidio Resumen La investigación se dirige a verificar cuál es la situación actual en materia de violencia de género, específicamente respecto al delito de femicidio, en virtud de los elevados índices de ese tipo de violencia en Guatemala, así como también establecer si su regulación en materia penal ha sido suficiente para desincentivarlo.

MSc. Flor de María Sagastume Leytan Doctorado en Derecho, Universidad Rafael Landívar, Guatemala y Universidad del País Vasco Magister Artium en Asesoría en Tributación, Corte Suprema de Justicia, Sección de Amparos fdmsagastume@hotmail.com

Palabras claves: •

Violencia contra la mujer

Femicidio

Órganos jurisdiccionales especializados

El análisis de la investigación tiene su punto de partida en la normativa tanto nacional como internacional, en la que se plasman directrices que deben ser observadas respecto al fenómeno que se analiza, por lo que se determinan concretamente los compromisos adquiridos y si han sido cumplidos. En materia penal, se examina la situación del país en cuanto a la creación de órganos jurisdiccionales especializados sobre la materia y los resultados que han obtenido, además, su cotejo respecto a las denuncias interpuestas, lo cual permite realizar un examen comparativo objetivo. De igual forma, se analiza si la existencia de regulación normativa y de órganos especializados es suficiente para prevenir y disminuir la violencia contra la mujer, principalmente, las muertes derivadas de ella, o si se requieren otras variables para lograr ese objetivo. Finalmente, luego del examen realizado se arriba a varias conclusiones, en las que se sostiene que la sola regulación penal a través de diversos tipos, así como la implementación de órganos jurisdiccionales especializados, es útil, pero no suficiente para combatir el fenómeno descrito.

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1.

Introducción

La violencia es un fenómeno que se manifiesta a todo nivel, sin distinción alguna, aunque en determinados ámbitos esta se vuelve más recurrente y alarmante, como ocurre con la violencia intrafamiliar y con la violencia de género. Es pertinente señalar, en cuanto a la violencia contra la mujer, que esta se presenta como una constante en el Estado de Guatemala, en sus diversas manifestaciones (física, psicológica, económica, verbal etc.), de hecho, algunos grupos sociales no lo consideran como un fenómeno negativo, sino que desde su visión patriarcal, consideran aún a la mujer como un objeto del hombre, lo que impide apreciar este tipo de agresiones como tales. En atención a lo anterior, las diversas formas de violencia en contra de la mujer han aumentado de manera considerable, es por ello que, para poder contrarrestarla, el Estado se ha visto en la obligación de adoptar ciertas medidas, principalmente en el ámbito legislativo, haciendo énfasis en la creación de nuevos tipos penales, entre ellos, el relativo al femicidio1. Por estas razones se procedió a investigar el fenómeno relacionado, a efecto de verificar si la implementación de disposiciones normativas, así como la creación de órganos especializados, han sido una variable suficiente para atenuar la violencia contra la mujer, o si estas han sido insuficientes y se requiere la ejecución de otro tipo de medidas.

Es en este contexto donde se realiza la presente investigación, porque las estadísticas demuestran que la violencia contra la mujer ha ido en un aumento progresivo, lo cual pudiera estar sujeto a la mayor cantidad de denuncias que son presentadas (sin obviar la cantidad más que significativa de las agresiones no denunciadas) y que antes no se hacía; o bien, que en efecto la violencia se ha incrementado. La principal preocupación desde hace cierto tiempo es la evolución que ha tenido este fenómeno, pues de las diversas agresiones se ha llegado a dar muerte a las mujeres, por su condición, que es precisamente lo que se encuentra contenido en el tipo penal de femicidio. La gravedad de lo anterior se explica por la vulneración del derecho fundamental de la vida, pero por una causa específica: la de ser mujer. Esto implicó la emisión de normativa especializada, cuya finalidad era no únicamente la de imponer penas a quienes cometieran los ilícitos penales, sino que buscaba ser, a la vez, un medio preventivo, en virtud de las sanciones reguladas, lo que pretendía enviar un mensaje a la sociedad para desincentivar la violencia contra la mujer. Fue así como aparte del plano normativo se crearon órganos jurisdiccionales especializados, capacitados desde una visión de perspectiva de género, para que la resolución de los casos se fundamentara ya no solo en los aspectos penales generales, sino que tomara en consideración otros relativos a género.

2. Marco de referencia

3. Metodología

El problema de la violencia de género ha sido habitual en las diversas clases sociales y grupos culturales. En el caso de Guatemala, no puede obviarse que en determinadas áreas geográficas ese fenómeno cobra mayor relevancia, sin que esto implique que se encuentre presente a nivel nacional, con índices elevados.

La investigación se realizó a través del método analítico, ya que al tener plenamente identificado el fenómeno que se investigará, se procedió a separar sus elementos constitutivos, con el fin de realizar un examen respecto a cada uno de ellos en atención a la totalidad del problema, para luego conjuntar los resultados individualizados obtenidos, lo que constituye el método sintético, pues ambos son complementarios.

1: Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto 22-2008 del Congreso de la República.

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado El objetivo perseguido por medio de la presente investigación es determinar la suficiencia o no de la emisión de normativa de carácter penal, así como el establecimiento de órganos encargados de su implementación, a través del proceso correspondiente. Para dar respuesta al problema, se procedió a determinar la regulación legal existente en el país, consciente de que la misma no abarca únicamente la nacional, sino que en el plano internacional existen diversos tratados relativos al tema, por lo que se corroboró cuáles de estos son aplicables al Estado de Guatemala, así como su contenido, con la finalidad de comprobar las obligaciones que han sido adquiridas y si estas se han cumplido. Como un paso posterior, se procedió a verificar el contenido del cuerpo normativo que regula el delito de femicidio y otros relativos a la violencia contra la mujer, para determinar sus contenidos y alcances, en virtud de que aquel tenía por objeto prevenir, disminuir o eliminar la violencia de género, ante lo cual debía establecerse si la regulación allí contenida era idónea. Para finalizar el análisis normativo y conjugarlo con los datos obtenidos, se examinaron los órganos jurisdiccionales especializados, en aras de comprobar si estos resultaban idóneos para el juzgamiento de los nuevos tipos penales. De la labor jurisdiccional de estos, se obtuvo estadísticas de los procesos que conocían y las sentencias emitidas, variable que permitía corroborar su efectivo impacto en la lucha contra la violencia contra la mujer. Finalmente, esa información se cotejó con las cifras relativas a los hechos de violencia denunciados, lo que permitió arribar a las conclusiones respecto al fenómeno global, y dar respuesta al problema objeto de investigación.

4. Resultados y discusión 4.1.

Violencia en contra de la mujer

psicológicos, económicos, culturales, físicos etc., pero todas las acciones y omisiones que pueden presentarse en este tipo de violencia tienen un elemento en común: se cometen contra las víctimas por el simple hecho de ser mujeres, este constituiría el elemento esencial diferenciador de otro tipo de actos ilícitos. En atención a lo anterior, debe tomarse en consideración que cuando se habla de violencia de género, dicha denominación, frecuentemente, es utilizada como sinónimo de violencia en contra de la mujer, tal como lo manifiesta Bernárdez (1990): (…) en realidad se refiere a un tipo de violencia caracterizada por ser una acción u omisión llevada a cabo por una persona hacia otra de diferente sexo, produciéndole algún daño no accidental, y cuyo motivo está representado por esa misma diferencia de sexos. Dado que la violencia contra la mujer es mayoritariamente ejercida por los hombres, respondiendo a condicionamientos sexistas, es que se usa el término para referirse al tipo de violencia de género dirigida específicamente hacia la mujer. (p. 23)

En ese orden de ideas, cuando se habla de violencia de género debe, en primer lugar, tenerse claro el concepto de género, caso contrario, no es posible especificar la especialidad de la materia, por ende, de acuerdo con Verdú Martínez (1999): (…) por género se entiende una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual en desigualdad social. La diferencia de género no es un rasgo biológico, sino una construcción mental y sociocultural que se ha elaborado históricamente. Por lo tanto, género no es equivalente a sexo: el primero se refiere a una categoría sociológica y el segundo a una categoría biológica. (p. 12)

La violencia en contra de la mujer engloba diversas manifestaciones, que abarcan aspectos

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Como se aprecia en la Tabla 1, elaborada con base en estadísticas de la Policía Nacional Civil, ha existido una evolución significativa en el número de homicidios cometidos contra las mujeres2, ya que estos se han ido incrementando año con año. Tabla 1 Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas de la PNC.

En virtud de los datos expuestos y del constante crecimiento de las cifras, el Estado de Guatemala debió tomar nuevas medidas con el fin de reducir las muertes violentas en contra de las mujeres, en ese contexto, se analizará la normativa que integra el ordenamiento jurídico guatemalteco respecto a la violencia de género.

4.2.

Regulación legal de la violencia de género

a. Tratados Internacionales El Estado de Guatemala ha suscrito una serie de tratados internacionales que versan sobre esta materia, algunos de ellos dentro del marco de Naciones Unidas, y buena parte, dentro del sistema interamericano de derechos humanos (Organización de Estados Americanos). Algunos de los instrumentos que forman parte del ordenamiento jurídico guatemalteco son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el Protocolo facultativo de esa Convención, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), entre otros. Los tratados antes relacionados revisten de gran relevancia para el país, al ser la principal fuente jurídica para la protección de la mujer, si bien todos 2: Los datos hacen referencia a homicidios, ya que en los años relacionados aún no se encontraba vigente la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, por lo que se aplicaba la figura genérica del homicidio, o bien, asesinato, dependiendo de las acciones llevadas a cabo.

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contienen elementos que podrían ser útiles para la presente investigación, se procederá a delimitar el análisis a uno de ellos, por ser el que aborda el tema objeto de estudio. Es así como Guatemala, el 8 de julio de 1982, ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Esta Convención tiene por objeto obligar a los Estados parte para que se comprometan a tomar las medidas apropiadas, con el fin de eliminar la discriminación contra la mujer, y asegurar así la igualdad de derechos con respecto a los hombres en todos los ámbitos. Dentro de este instrumento internacional se define lo que debe entenderse por discriminación contra la mujer: «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera».3 En la Convención se estableció como compromiso la adopción de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, el cual reconoce la urgente necesidad de aplicar de forma universal a la mujer los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. Dentro de su contenido, la Declaración define la violencia en contra de la mujer de la siguiente forma: «a los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada»4. 3: Artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 4: La definición se encuentra contenida en el artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado De la definición dada se extrae que la violencia en contra de la mujer abarca no solo la física, que es a la que generalmente se hace referencia cuando se aborda el tema, sino que también se incluye la violencia sexual o psicológica, lo cual amplía el concepto ordinario de violencia contra la mujer que se venía sosteniendo en nuestro país. En el sistema interamericano, cabe hacer especial énfasis en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida comúnmente como Convención Belén do Pará. Esta también brinda una definición de violencia contra la mujer, la cual es entendida como «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado»5. Los Estados parte adquirieron varias obligaciones, entre ellas, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso, entre otras. A continuación, se hará un análisis de las leyes ordinarias que abordan la materia y que surgieron de las obligaciones adquiridas por la ratificación de los tratados internacionales. b. Leyes ordinarias Como se señaló, al ratificar los diversos tratados que versan sobre la materia de género, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención interamericana para la mujer. 5: Artículo 1 de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Si bien esta definición es muy similar a la contenida en la CEDAW, su redacción es más adecuada a la materia que se aborda, pues mientras la primera hace referencia a la violencia por pertenencia al sexo femenino; en esta última se indica lo relativo al género. La anterior diferenciación podría parecer ociosa, pero en el fondo ambos conceptos, sexo y género, comprenden aspectos perfectamente diferenciados.

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Guatemala adquirió una serie de compromisos, los cuales ha buscado implementar con la emisión de la normativa interna que regule los temas allí contenidos, es así como en un primer momento se emite la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (Decreto 97-1996). La ley relacionada tiene por objeto regular la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones específicas de cada caso6. Esta ley fue emitida con la finalidad de proteger a aquellos miembros de la familia que pudieran verse más afectados con la violencia, pero su promulgación no puede considerarse como un avance específico en materia de género, lo cual no implica que no haya sido de cierta utilidad en casos de violencia contra la mujer, aunque cabe hacer mención de que es una ley con muchas deficiencias y que no ha dado los resultados esperados, pues las medidas de seguridad contenidas en ella únicamente tienen una duración de 1 a 6 meses, los cuales resultan insuficientes; aunado a que tanto su fijación como la prórroga que puede solicitarse quedan a discreción de los juzgadores, quienes en esa época no recibían capacitación en materia de género, y, en su gran mayoría, eran hombres. Es por ello que con el propósito de contar con una ley específica que tuviera como objeto principal proteger a las mujeres de la violencia y la erradicación de esta, en 2008 se aprobó la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer7, la cual tiene su fundamento en la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 6: Artículo 2 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. 7: Decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala.

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Esta Ley debe ser considerada como la primera que regula la materia de género, en atención a los elementos propios de esta. El artículo 1 de la ley determina cuál es su objeto, que consiste en «garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza en el ámbito público o privado quien agreda, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual o económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por Guatemala». Busca, principalmente, recoger el espíritu de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará), de esta forma reconoce que la violencia en contra de las mujeres sucede en el sector público y privado, contiene varias definiciones, establece sanciones con parámetros de aplicación, crea nuevas figuras delictivas tales como el femicidio, violencia contra la mujer y violencia económica. En cuanto a su estructura, está organizada de forma adecuada y acorde con los compromisos adquiridos por Guatemala, por lo que resulta una herramienta idónea para ayudar a eliminar los altos índices de impunidad y ausencia de investigación en los delitos relacionados con violencia en contra de la mujer, pues se ordena el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados en la materia. 4.3.

Órganos jurisdiccionales especializados

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer instituye la obligación de crear juzgados especializados en la materia, estableciendo que «la Corte Suprema de

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Justicia implementará órganos jurisdiccionales especializados que deberán conocer de los delitos establecidos en la presente ley, organizando su funcionamiento en régimen de veinticuatro horas, sin perjuicio de la competencia atribuida a los juzgados del ramo penal»8. Derivado de esa obligación legal, la Corte Suprema de Justicia creó los Juzgados, Tribunales y Salas especializadas; a través del Acuerdo 1-2010 se creó el Juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y el Tribunal de Sentencia Penal, en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango. Con posterioridad, se emitió el Acuerdo 12-2012 de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual se crearon el Juzgado de Primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el Tribunal de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, de los departamento de Huehuetenango y Alta Verapaz; la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del departamento de Guatemala; así mismo, transforma el Juzgado Primero en Juzgado Pluripersonal, y adiciona tres jueces al Tribunal Primero de sentencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Mediante Acuerdo 42-2012 de la Corte Suprema de Justicia, se crea el Juzgado Segundo de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas; Tribunal segundo de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas del departamento de Guatemala. Finalmente, se emite el Acuerdo 43-2012 de la Corte Suprema de Justicia, el cual crea el Juzgado de Turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas, con sede en el municipio de Guatemala. 8: Artículo 15 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto 22-2008). Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado La Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, creó juzgados especializados en la materia. Para determinar en qué departamentos debían establecerse los juzgados relacionados, se tomó como referencia aquellos con mayor índice de violencia en contra de la mujer. Si bien es cierto que este es un avance en cuanto a la aplicación de la ley, resulta insuficiente para darle cobertura a todo el país, ya que los niveles de violencia contra la mujer se han ido incrementando. 4.4.

Análisis de los niveles de violencia en contra de la mujer

El Estado de Guatemala ha tomado una serie de medidas para procurar la disminución de la violencia en contra de la mujer, tales como adopción de tratados internacionales en la materia, creación de leyes ordinarias, así como la implementación de Juzgados, Tribunales y Salas especializadas. No obstante estas medidas, la violencia contra la mujer --especialmente en lo relativo a delitos contra su vida-- ha ido en un crecimiento constante, como se pudo observar en la Tabla 1, cuyos datos serán ampliados a continuación para corroborar la afirmación efectuada. De conformidad con el grafico siguiente, elaborado con base en las estadísticas de la Policía Nacional Civil, ha existido un incremento significativo de muertes violentas de mujeres. Como puede observarse, el número de estos hechos crece de forma constante, año con año, lo que representó una media de 9.9% de homicidios cometidos contra mujeres del total de estos delitos; en esta época solo se encontraba vigente la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la cual, a raíz de las estadísticas que se presentan, permite concluir que aquella resultaba ineficiente para poder contrarrestar los homicidios en contra de las mujeres, precisamente, porque esta ley tenía por objeto la imposición de medidas de seguridad.

Existe un incremento de las muertes violentas en contra de las mujeres en el período comprendido de 2001 a 2006, así, en 2001 se registraron 303 homicidios en contra de mujeres; en 2002, la cifra aumentó a 317 casos; en 2003, se totalizaron 383 casos; en 2004, el incremento fue mayor, ya que hubo 497 casos; en 2005, se sumó 518 casos; y, en 2006, hubo un mayor incremento, llegando a un total de 603 casos de homicidios en contra de mujeres. Gráfico 7: Victimización datos oficiales Fuente: Datos de la Policía Nacional Civil .

Los datos expuestos corresponden a un período específico, que tenía por objeto demostrar los efectos derivados de la legislación vigente en esa época, por lo que a continuación se brindan estadísticas más recientes, a efecto de determinar los efectos derivados de la nueva legislación. Tabla 2 Fuente: Tomada del Informe No. 2 de Femicidios en Guatemala. “Numeremos Guatemala”.

En 2008 entró en vigencia la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer, por lo cual, a partir de esa fecha, el homicidio hacia las mujeres estaba tipificado como femicidio y la ley podía ser aplicada, pero no existían aún juzgados y tribunales especializados. Fue hasta 2010 cuando estos se crearon, pero tal como lo demuestra la gráfica, en 2009 hubo 720 femicidios, mientras que en 2010 fueron 695, lo que evidenció que disminuyeron con respecto al año anterior, pero en los años posteriores, los femicidios fueron aumentando, ya que en 2011 ocurrieron 631 casos, y en 2012, se contabilizaron 638 casos. Casos ingresados y sentencias dictadas en los Juzgados de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de la República de Guatemala, año 2011 Fuente: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ).

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Según las estadísticas elaboradas por el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, dependencia de la Corte Suprema de Justicia, el total de casos ingresados en 2011 en el Juzgado de Primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, fueron: en Chiquimula, 73 expedientes; en Guatemala, 701; y en Quetzaltenango, 173. En cuanto a las sentencias dictadas en 2011: en Chiquimula hubo 12 sentencias; en Guatemala, 72; y, en Quetzaltenango, 40. Se puede observar que muchos de los casos que ingresan están pendientes de que se les dicte sentencia, y la cantidad de casos ingresados no se compensa con las sentencias emitidas, lo que indica que existe un retraso considerable en dichos juzgados. Casos ingresados y sentencias dictadas en los Tribunales de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de la República de Guatemala, año 2011 Fuente: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ).

En los Tribunales de Sentencia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en Chiquimula ingresaron 32 expedientes; en Guatemala, 431; y, en Quetzaltenango, 64. De estos, en Chiquimula fueron resueltos 31; en Guatemala, 160; y, en Quetzaltenango, 38. Si bien es cierto que en el Tribunal se han resuelto más casos respecto al Juzgado, aun así existe un atraso considerable en la emisión de las sentencias.

Según la publicación realizada en Prensa Libre (Palma, 2014, p. 12), los Juzgados de Femicidio se desbordan de casos. De un listado de 44 países, Guatemala ocupa el segundo lugar en femicidios. Los procesos recibidos por violencia contra la mujer son 21.677, lo cual ha desbordado a los juzgados especializados en femicidio, al acumular 3.278 procesos de 2008 a septiembre último.

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4.5.

Insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenir y sancionar el delito de femicidio en Guatemala

A lo largo de esta investigación, se ha apreciado que el Estado de Guatemala, desde hace alrededor de 15 años, ha acelerado la implementación de mecanismos tendientes a reducir y a eliminar la violencia contra la mujer, especialmente en aquellos delitos que atentan contra su vida; lo anterior se verifica con la ratificación de diversos tratados internacionales sobre la materia, la emisión de normativa ordinaria (esta última desde 2008), y la creación de órganos jurisdiccionales especializados (2010), pese a lo anterior, estas medidas aún no surten todos sus efectos, lo cual podría derivarse del poco tiempo que tienen. Ahora bien, aquí se sostiene que las medidas adoptadas son necesarias e idóneas, pero insuficientes para contrarrestar la violencia sufrida por las mujeres, pues como lo demuestran las estadísticas presentadas, cada año existe un crecimiento en los femicidios, y, hasta el momento, estos no han decrecido pese a la creación de la normativa especializada, es decir, la prevención general que se buscaba a través del establecimiento de nuevos tipos penales no se ha logrado materializar, por lo cual, se estima necesario combatir este problema a través de políticas gubernamentales interdisciplinarias. En efecto, la creación de nuevas figuras delictivas (por muy elevadas que sean las penas que se impondrán), así como los órganos jurisdiccionales existentes, deberían formar parte de un sistema general para lograr el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pero si no se asumen otras medidas, no es viable modificar la situación imperante. No debe obviarse que aquellas medidas deben coordinarse con el resto de políticas estatales, que deben dirigirse hacia la modificación de la cultura patriarcal existente en nuestro país, y esto solo será posible a través de políticas educativas que se orienten hacia ese fin, pero, además, es necesaria la emisión de legislación que viabilice la igualdad de género, a todo nivel, con énfasis

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado en el plano político, pues es en este donde se puede participar activamente para lograr cambios normativos hacia ese fin.

5. Conclusiones • El ordenamiento jurídico guatemalteco se deriva de ideas androcéntricas y sexistas, lo cual se evidencia en la existencia de cuerpos normativos que favorecen a la desigualdad entre hombres y mujeres. • El Estado de Guatemala, a raíz de la adopción de diversos tratados internacionales en materia de género, se ha visto en la obligación de emitir una normativa interna que ha viabilizado la creación de normas especializadas, tal es el caso de la Ley de Femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. • La existencia de normativa internacional y ordinaria no es suficiente para contrarrestar la violencia en contra de la mujer; como tampoco lo es la existencia de juzgados especializados, esto no implica que dichas medidas no coadyuven a la solución del problema, pero no son en sí dicha solución. • La violencia contra la mujer, especialmente respecto a delitos cometidos contra su vida, debe ser combatida a través de políticas estatales multidisciplinarias que aborden el problema como un todo, y no se limiten a atacar solo una parte de este, dejando intactas las bases que lo originan.

6. Referencias bibliográficas Bernández, A. (1990). Violencia de género y sociedad. España: Alianza Editorial. Palma, C. (2014, 13 de enero). Juzgados de femicidio se desbordan de casos. Prensa Libre, p. 12. Verdú Martínez, R. (1999). Impacto de la violencia de género en la vida de las mujeres. España: Editorial Alagar.

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Anexos

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Tabla 2

Fuente: Tomada del Informe No. 2 de Femicidios en Guatemala. “Numeremos Guatemala”.

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Fuente: Centro Nacional de An谩lisis y Documentaci贸n Judicial (CENADOJ).

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Fuente: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ).

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Falta de implementación de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, en el apartado relativo a las acciones específicas en la esfera del poder político Resumen La presente investigación analiza la implementación de normativas y de políticas gubernamentales tendientes a la equiparación de condiciones para las mujeres, en el ámbito político, las cuales tenían como finalidad facilitar su incorporación y su participación.

Juan Luis Cano Chávez Doctorado en Derecho, Universidad Rafael Landívar, Guatemala y Universidad del País Vasco Magister Artium en Derecho Penal y Procesal Penal Corte Suprema de Justicia, Vocalía X licjuanluiscano@hotmail.com

Palabras claves: •

Igualdad de género

Políticas públicas

Acceso a esfera política

Para tal efecto, se centra en determinar si la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, en el apartado relativo a la esfera del poder político, se encuentra integrada de forma tal que permita lograr los objetivos deseados, así mismo, se realiza un análisis crítico a las políticas gubernamentales sobre aquella esfera, que permite verificar si han existido avances en su implementación. La importancia de este estudio radica en lo esencial del acceso de las mujeres a la esfera política, pues es precisamente en esta donde se pueden impulsar proyectos que permitan lograr una efectiva igualdad de género, ya que en tanto se encuentre integrada por una amplia mayoría de hombres, dicho tema pasará a ser secundario. Luego de realizada la investigación se arriba a una serie de conclusiones, las cuales tienen como eje común la inoperancia de las disposiciones normativas, así como de las políticas públicas, que se encuentran estructuradas de forma ambigua y sin que exista un ente definido y responsable de su implementación.

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1.

Introducción

La situación de exclusión de la mujer en Guatemala, al igual que como acontece en otros Estados de Latinoamérica, es un fenómeno de larga data, por no decir que siempre ha estado presente desde la independencia del país, sin que durante el devenir de todo este tiempo se haya percibido una mejora sustancial, pues solo se han dado algunos pasos que resultan insuficientes, los cuales, en muchos casos, se dirigen únicamente a proyectar una imagen que no se corresponde con la realidad. En los últimos años se ha pretendido modificar la desigualdad de género a través de medidas legislativas y políticas públicas, que desde su expedición no han cumplido con el objetivo perseguido, lo cual se explica por la deficiente regulación legal y pública, especialmente, en el apartado de la participación política de la mujer, como mecanismo para influir de manera activa en la igualdad de género, pues al lograr acceder a esa esfera de poder es más sencillo realizar cambios relevantes que permitan, por medio de una discriminación positiva, igualdad de condiciones de acceso y de ejercicio de los derechos.

cual cobra mayor realce en Guatemala, donde el machismo se encuentra muy arraigado en todas las comunidades, independientemente de la etnia que se analice, por lo que la resistencia al cambio es muy fuerte y notoria, y ha provocado que a la fecha se haya impedido la inclusión de la mujer con un rol protagónico en los diversos ámbitos. No obstante lo anterior, no se han implementado políticas que permitan modificar los aspectos culturales, lo cual implica que cualquier otra variación que desee llevarse a cabo resultará infructuosa, y es precisamente esta situación la que acontece. Pese a lo antes señalado, uno de los mecanismos más idóneos para lograr cambios concretos radica en la participación de la mujer dentro de la esfera política, pues en esta es donde se toman las principales decisiones que pueden influir en la sociedad, por lo cual, si se alcanzara una participación efectiva de la mujer, habría ciertos cambios que beneficiarían el logro de una real igualdad de género.

Por lo anterior, se realiza un examen respecto a la legislación y a las políticas públicas atinentes a la esfera política en materia de igualdad de género, con la finalidad de verificar si se estructuran de forma acorde para conseguir sus objetivos, o si, por el contrario, están redactadas para devenir en inoperantes e inaplicables.

De ahí la relevancia de buscar mecanismos que permitan a las mujeres un acceso efectivo a la esfera política, lo cual se logra a través de una regulación normativa eficaz, ya que no basta con regular la materia, si se hace de forma indeterminada y sin que exista un órgano o ente concreto que verifique su efectiva aplicación, así como tampoco resulta pertinente formular políticas públicas que adolecen de las mismas deficiencias, pues todo esto crea un espejismo por medio del cual se proyecta algo que, en realidad, no va a ser observado ni cumplido.

2. Marco de referencia

3.

El problema de la desigualdad de género no resulta ser una realidad novedosa, pese a que su estudio sí lo es, ya que ha persistido a lo largo de la historia en las diversas comunidades, y aunque en algunas regiones se ha logrado matizar, en la gran mayoría aún persiste la misma problemática.

La presente investigación se realizó a través del método analítico, ya que al tener plenamente identificado el fenómeno que se investigaría, se procedió a separar sus elementos constitutivos, con el fin de realizar un examen respecto de cada uno de ellos, partiendo de la globalidad de aquel.

La desigualdad derivada de la visión patriarcal de la sociedad requiere esfuerzos no solo en el plano normativo, aunque este pueda coadyuvar, sino, sobre todo, en el plano cultural, pues el problema en el fondo atiende a esos aspectos, lo

Fue así como luego de definido el objeto de la investigación, se realizó una verificación de la existencia o no de regulación nacional e internacional, no solo normativa, sino de cualquier

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Metodología

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado índole, pero que por su naturaleza debiera ser observada por los diversos órganos. Lo anterior sirvió como base para el posterior desarrollo de la investigación. Determinada la existencia de cuerpos normativos y de políticas públicas, se llevó a cabo un estudio respecto a cada uno de ellos, en atención a aspectos formales así como sustanciales. La finalidad fue comprobar si aquellos fueron estructurados de forma adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, o, si bien, solo fueron emitidos para dar la apariencia de una preocupación real sobre el tema abordado. Para corroborar los resultados obtenidos, se examinaron estudios formulados por entidades internacionales respecto a la situación de género en Guatemala, así como también datos reunidos en todo el país, en relación con la presencia de la mujer en puestos de elección pública, principalmente, a nivel municipal (alcaldías) y distrital-nacional (diputaciones). Estos datos demostraron lo que ya había sido establecido en el examen previo. La información alcanzada respecto al examen de cada uno de los elementos fue integrada de nuevo en su conjunto, lo que permitió arribar a las conclusiones que se exponen.

4.

Resultados y discusión

El Estado de Guatemala, en la actualidad, ha ratificado una gran cantidad de instrumentos internacionales en materia de género1, lo cual no ha implicado que la situación de desigualdad existente entre hombres y mujeres haya disminuido. Este fenómeno podría derivarse de que en la mayor parte de los tratados se efectúa una remisión a la adopción de políticas por parte de los Estados, ante lo cual debe analizarse cómo se ha desarrollado la normativa interna. 1: Algunos de estos son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), el Protocolo facultativo de esa Convención, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer, y Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la mujer, entre otros.

En 1999 se promulgó la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, la cual podría ser considerada como la primera ley2 que busca equilibrar las relaciones existentes dentro del contexto social nacional. La relevancia de este cuerpo normativo se fundamenta en su campo de aplicación, el cual no se circunscribe a un área determinada, sino que aborda todos aquellos ámbitos necesarios para alcanzar la equidad de género, esto se logra apreciar con mayor claridad en los Considerandos III y IV de dicha ley, en los cuales se expone: «Que el Estado de Guatemala ha suscrito la plataforma de acción emanada de la IV Conferencia Mundial de la Mujer y otros instrumentos jurídicos internacionales que contienen acciones específicas referidas a la situación y posición de las mujeres, por lo que se hace necesario emitir la legislación nacional adecuada, que desarrolle dichos compromisos», y también señala: «Que la discriminación y violencia de todo tipo, contra las mujeres, así como la marginación social, son fenómenos culturales susceptibles de erradicarse mediante la implementación de una adecuada legislación, que contemple mecanismo eficaces». De la lectura de las motivaciones que sustentan la emisión de dicha normativa, se aprecia que perseguía regular mecanismos legales eficaces para lograr el desarrollo integral de la mujer y mejorar su participación3, lo que haría suponer que esa ley contenía aquellos, a efecto de desarrollar los instrumentos internacionales que ya formaban parte de nuestro ordenamiento jurídico. En el Capítulo V, relativo a las acciones y medidas específicas en la esfera económica y en la del poder político, se contemplan cuáles serán las acciones que se desarrollarán para lograr los objetivos propios de esas materias; en el presente estudio solo se abordará lo relativo al poder político. Las acciones se encuentran plasmadas 2: Si bien en 1996 se emitió la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (97-1996), esta tenía un objetivo muy específico: se buscaba resguardar y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, aunque no necesariamente se dirigía a proteger a las mujeres, pues también se incluían todos los miembros de la familia. 3: El artículo 2 de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer establece: «La presente ley tiene como objetivos: a. Promover el desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles de la vida económica, política y social de Guatemala…».

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en el artículo 23 de ese cuerpo normativo, el cual establece: «Para determinar que en todas formas del ejercicio del poder, se establezcan y garanticen oportunidades de participación a la mujer, el Gobierno de la República: a. Promoverá mecanismos efectivos temporales y graduales en su texto, para lograr la plena participación política de las mujeres. b. Promoverá mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en todas aquellas instancias de representación paritaria a nivel nacional, regional o local, especialmente en los Consejos de Desarrollo, y en comisiones establecidas por ley, temporales o permanentes. c. Promoverá medidas jurídicas para que en las organizaciones e instituciones públicas y sociales, y en todos los niveles de decisión y de ejecución, exista representación de las mujeres, incluyendo mujeres mayas, garífunas y xincas. d. Respetará, impulsará, apoyará y legalizará las organizaciones de mujeres del campo y la ciudad». La lectura del artículo anterior permite apreciar que las acciones que se plasman en él no son más que buenas intenciones o deseos que tuvo el legislador, y que distan de los objetivos para promulgar esa ley, pues se pretendía materializar y hacer efectivos los compromisos adquiridos a nivel internacional, específicamente en los diversos tratados que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico; en este mismo sentido, se deja a un lado el objetivo primordial que era brindar una igualdad efectiva de género. Podría argumentarse que esa ley constituye un avance al pretender equiparar a ambos géneros, lo cual sería cierto si en dicho cuerpo normativo, que era el idóneo, se hubieran plasmado acciones concretas y establecido mecanismos para su adecuada implementación. Al redactar una norma relativa a promover la participación de la mujer en el poder político, se esperaban reformas o cambios que permitieran la inclusión de la mujer, y no fórmulas vacías que, en apariencia, buscan equilibrar la participación y la presencia de esta en la política, pero que se quedan en simples normas

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programáticas, que reenvían a otros organismos su implementación, eso sí, de forma voluntaria al no existir una obligación expresa. Es aquí donde surge un cuestionamiento sobre la voluntad del Legislativo, en cuanto a si en realidad pretendía crear medidas tendentes a la igualdad de género o redactó la norma de tal forma que no fuera aplicable. Es inviable afirmar que el legislador de esa época (1999) no tuviera pleno conocimiento de la situación de desigualdad que se vivía entonces en el país (ya que siempre ha estado presente y continúa hasta nuestros días), principalmente, en materia de género4, tampoco podía no estar al tanto de las obligaciones para implementar mecanismos que permitieran revertir esta situación, cuando ellos aprobaron los tratados internacionales que contenían dichas obligaciones. La redacción del artículo que se analiza muestra cómo se evadió asumir compromisos, los cuales fueron delegados al Gobierno de la República (Ejecutivo), lo cual resulta incoherente con los objetivos que se proponía, por lo que se expone a continuación. La implementación de la igualdad de género requiere políticas de Estado, pero esto no es óbice para que estas tengan como fundamento legislación atinente, que siente las bases para el desarrollo de aquella, pero a través de acciones y de mecanismos concretos. Es más, aunque de forma muy matizada, se pretende obligar solo al Ejecutivo a implementar programas que favorezcan la incorporación de la mujer al poder político, pero respecto al Legislativo guardan silencio --pese a ser este el órgano político por excelencia--, aunque no haya establecido programas ni políticas que ayuden a

4: Como se señala en el documento Construyendo autonomía. Compromisos e indicadores de Género, elaborado por la Organización de Naciones Unidas, a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Asuntos de Género, la desigualdad existente en Guatemala no es algo reciente, sino que es un fenómeno que se ha sostenido en los últimos veinte años. Cabe hacer mención que a título personal se considera que en ese lapso ha existido un aumento de desigualdad, pero que esta ha estado presente en todo momento, y en lo relativo al género, se aprecia que no es sino hasta 1945 cuando la Constitución Política de la República de Guatemala permite el voto a las mujeres. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado alcanzar estos fines en lo administrativo, como para acceder a ocupar una curul ante ese órgano5. Un elemento que denota la falta de compromiso del Legislativo es el contenido en la literal c) de ese artículo, donde le solicita al Gobierno emitir las normas jurídicas apropiadas para que en todas las instituciones públicas exista representación de mujeres, pero hace énfasis en los Consejos de Desarrollo6. Cabe hacer mención que el Gobierno posee una gran cantidad de dependencias (ministerios, secretarias, direcciones generales, etc.), cada una de las cuales cuenta, ya sea por ley o por reglamento, con una determinada estructura y con requisitos para optar a los cargos; por ende, pretender que la implementación se lleve por parte del Ejecutivo implica una reestructuración que deviene compleja, no tanto por los cambios que deban hacerse, sino porque en muchos casos queda a la voluntad del Gobierno implementar o no las normativas para lograr la incorporación de las mujeres, aunado que al no establecer un porcentaje, o bien, acudir al sistema paritario, las dependencias pueden argumentar que sí hay un determinado número de mujeres que laboran; así también, al omitir la inclusión de los puestos donde tendría que llevarse a cabo esa implementación, es muy probable que la mayor parte de mujeres desempeñen labores en cargos bajos, o a lo sumo, medios. En atención a lo anterior, lo idóneo era que el propio Legislativo emitiera una normativa (de carácter general) donde se determinaran los 5: Desde la fecha de la publicación de la Ley que se analiza hasta la actualidad, han transcurrido más de trece años, cuatro legislaturas, y, finalmente, se ha aprobado, en tercera lectura, la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que confiere una cuota del 30% a las mujeres; se estima que aquella es insuficiente, no solo por el porcentaje, sino también por no establecer una distribución proporcional a ocupar en las casillas. Aunado a lo anterior, cabe hacer mención de que aún falta el dictamen favorable por parte de la Corte de Constitucionalidad, la cual puede modificarla. 6: Los Consejos de Desarrollo se encuentran contenidos en la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002), y se clasifican en atención a la circunscripción territorial, así pueden ser: Nacional, Regional, Departamental, Municipal y Comunitarios. Cada uno de ellos detenta funciones específicas. En este caso, gran parte de los integrantes de estos Consejos no tienen relación con el Ejecutivo, por lo que el énfasis de esa norma carece de sustancia, pues aun y cuando todas las dependencias del Gobierno nombraran a una representante, no lograrían hacer valer sus propuestas, si los otros sectores nombran a hombres.

rangos para la incorporación de las mujeres, los cuales tenían que ser idóneos para lograr que se modificara la estructura paternalista que impera dentro del sistema, haciendo énfasis en que debía llevarse a cabo en todos los niveles de las dependencias. También hubiera sido pertinente la creación de una institución encargada de velar por el cumplimiento de las diversas acciones detalladas en esa ley, pues no solo se requiere la emisión de una normativa (la cual en este caso se estima que es incompleta), sino también de un órgano encargado de su ejecución, y en caso de no implementarse, es necesario el establecimiento de mecanismos idóneos para lograr su cumplimiento, ya sean administrativos o judiciales. La ausencia de estos mecanismos y la redacción de la normativa han conllevado a la consecuencia que se viabilizaba: el mantenimiento de la desigualdad de género en Guatemala7, y en el rubro que se analiza, que es el político, la situación es más desfavorable8. Ha sido a partir de 2000 que se empezó la formulación de determinadas políticas para lograr la igualdad de género, entre estas la creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), así como la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas (PNPDMG) y el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2001-2006. No obstante lo anterior, tanto la política como el plan han sido calificados por Gomariz y Jovel, citados por Mendizábal y Asturias (2010) como de «baja consistencia», y señalan que: Los factores que contribuyeron a una baja consistencia fueron la inexistencia de una línea base, la formulación técnica, falta de coherencia interna y externa, asignación de responsabilidades, baja viabilidad, difícil evaluabilidad y baja eficacia. Los factores 7: Guatemala ocupa el puesto 116 de 135 países en lo relativo a la igualdad de género (año 2012), y hace solo siete años (2006) ocupaba el puesto 95, lo que implica que con el paso del tiempo se ha deteriorado la lucha por esa igualdad. Información obtenida en The Global Gender Gap Report 2012, elaborado por el World Economic Forum. 8: En atención al reporte previamente relacionado, Guatemala ocupa el lugar 121 en cuanto al acceso político de las mujeres.

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de mediana consistencia fueron la relevancia de los temas y la sostenibilidad política… (p. 23). En atención a las deficiencias expuestas, se actualizó la política nacional, la cual abarca el período de 2008-2023. Uno de los ejes globales que se contemplaba era el relativo a la equidad en la participación sociopolítica, y contenía como acciones estratégicas las siguientes: participación e inclusión en niveles e instancias de toma de decisiones y en la gestión del desarrollo territorial y nacional. Participación en el sistema de partidos políticos, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos. Inclusión de las mujeres en la dinámica económica, social y política del país (Mendizábal y Asturias, 2010). Pese a lo anterior, si partimos desde 1995 hasta 2007, en lo relativo a los procesos eleccionarios, se aprecia que la proporción de mujeres que han sido electas como diputadas solo ha superado el 10% en los procesos de 1995 y 2007; esta situación también se aprecia en la elección de autoridades locales, pues en 1995 se eligieron a 4 alcaldesas (de un total de 332 municipios) y en 2007 se eligieron a 6. Lo anterior demuestra que la igualdad de género en el ámbito político, específicamente, para optar a cargos de elección, es muy reducida, esto pese a que existe un rango similar de mujeres y de hombres empadronados (Mendizábal y Asturias, 2010). Aunque según Sanabria Arias (2012), en el último proceso electoral se eligieron a 20 mujeres como diputadas, lo cual representa un 12.6%. (Asociación de Investigación y Estudios Sociales [ASIES], Iniciativa ThinkTank y la Fundación Konrad Adenauer, 2012). De acuerdo con Sanabria Arias (2012), se exponen como causas para la baja elección de mujeres para optar a cargos en el Organismo Legislativo las siguientes: falta de oportunidades para la participación, discriminación, machismo, pobreza y falta de acceso a la educación. (Asociación de Investigación y Estudios Sociales [ASIES], Iniciativa ThinkTank y la Fundación Konrad Adenauer, 2012).

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Al tenor de los datos expuestos y de los diversos estudios que se han analizado, se aprecia que si bien ha existido un leve avance en el ámbito político, este no es considerable, pues el desarrollo de las políticas estatales no ha logrado los objetivos propuestos, y esto en gran parte se debe a que dependen de las propias instituciones o instancias, por lo que queda a su discreción, lo cual constituye un impedimento para su implementación, pues debe recordarse que los puestos más importantes son ocupados por hombres, que por su propia cultura patriarcal no permiten la ejecución de políticas a favor de la igualdad de género.

5.

Conclusiones

 El Estado de Guatemala ha asumido compromisos de carácter nacional para emitir normativa tendente a lograr la igualdad de género, los cuales han sido cumplidos en el plano formal, pero no en el sustantivo.  La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer tiene como finalidad evitar la desigualdad por razón de género, pero no fija parámetros objetivos que permitan cumplir con sus objetivos, así como tampoco existen entes determinados para velar por su debida ejecución.  La inclusión de la mujer en la esfera política es uno de los aspectos más relevantes para lograr la igualdad de género, ya que desde ese ámbito su participación viabiliza realizar modificaciones a la normativa atinente.  La situación actual de la mujer en la participación política es mínima, en comparación con el porcentaje de la masculina, esto implica que tanto en el plano normativo como en el de políticas estatales, se continúa con una visión patriarcal, que impide la implementación de mecanismos para lograr la igualdad de género.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado 6. Referencias bibliográficas Batthyány Dighiero, K., & Montaño Virreira, S. (2012). Construyendo autonomía. Compromisos e indicadores de Género. Uruguay: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hausmann, R., Tyson, L., & Zahidi, S. (2012). The Global Gender Gap Report 2012. World Economic Forum. Mendizábal, A., & Asturias, M. (2010). Políticas públicas sobre mujeres y equidad de género en Guatemala 1985-2009. Guatemala: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sanabria Arias, J. (Coordinador). (2012). Informe Analítico del Proceso Electoral Guatemala 2011. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Iniciativa ThinkTank y la Fundación Konrad Adenauer.

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Principales aspectos a considerar para la transición de un currículo tradicional a uno por competencias a nivel de educación superior

Resumen

MSc. Silvana Guisela Zimeri Velásquez Maestría en Educación y Aprendizaje, Universidad Rafael Landívar de Guatemala sgzimeri@url.edu.gt

Palabras claves: •

Transición curricular

Innovación educativa

Currículo por competencias

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El objetivo general de la investigación fue determinar los principales aspectos a considerar para la transición de un currículo tradicional a uno por competencias, de acuerdo a experiencias de universidades que han llevado a cabo el cambio curricular. Para realizar la investigación se entrevistó a seis expertos de diferentes universidades que tuvieron un papel clave en el cambio; el muestreo utilizado fue no probabilístico de expertos. Para recolectar la información, se utilizó la entrevista semiestructurada con preguntas abiertas. Las entrevistas se realizaron por medio de videoconferencias virtuales, utilizando el programa Blackboard Collaborate, y se grabaron por el mismo medio. Se concluyó que los profesores fueron los actores clave durante el cambio, pues de ellos dependieron, directamente, la intensidad de uso que se les dio a las nuevas metodologías activas y a los diferentes tipos de evaluación. Por ello, se concluyó que es fundamental formarlos y motivarlos durante todo el proceso. El estudio mostró que sí existe una mayor motivación por parte de los estudiantes ante el aprendizaje, al utilizar las metodologías y las evaluaciones por competencias; no se encontró evidencia clara acerca del cambio en el protagonismo del estudiante en su proceso de aprendizaje ni en un mayor nivel de autorregulación.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

El tema del currículo por competencias tiene sus orígenes en el Proyecto Tuning, que nace en Europa como resultado de la Declaración de Bolonia, en 1999, ante la necesidad de homologar los currículos de todos los países miembros de la Unión Europea en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En los últimos años, dicho proyecto se ha extendido a América Latina, y actualmente Guatemala forma parte de él. En este sentido, es importante comenzar a analizar la pertinencia y la factibilidad de transitar hacia un currículo basado en competencias, tomando en cuenta el contexto de país y de las universidades privadas. La importancia radica en que el cambio representa una modificación fuerte de paradigmas para todos los actores involucrados en la transición, y especialmente para estudiantes y docentes universitarios. Ante esta necesidad de información, el presente estudio tiene como objetivo determinar cuáles son los aspectos que se deben considerar para la transición de un currículo tradicional a uno por competencias, de acuerdo con las experiencias de algunas universidades que han llevado a cabo dicho cambio. La importancia del estudio radica en que, actualmente, la educación superior afronta retos importantes, como los altos índices de deserción, el fallo académico y las brechas respecto de las expectativas del mercado laboral. En este sentido, la implementación contextualizada de un currículo basado en competencias puede coadyuvar a enfrentar dichos retos.

2.

Marco teórico

Respecto a resultados obtenidos en algunas universidades que han realizado el cambio de currículo a uno basado en competencias en el extranjero, Muñoz y Martínez, en Muñoz (2012), llevaron a cabo una investigación que tenía como propósito evaluar si los cambios realizados en el currículo de Administración de Empresas (ADE) de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, para adaptarlo a los requerimientos del EEES,

incidieron de forma positiva en algunas de las variables que se relacionan con un aprendizaje significativo. El estudio concluye que las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje no han generado diferencias positivas y significativas en los estudiantes, al ser comparadas con las tradicionales, en los siguientes aspectos: las expectativas de autoeficacia, los niveles de autorregulación, la percepción de lo que han aprendido y el contexto de aprendizaje. Refiriéndose al punto de vista de los docentes que han sido parte del cambio hacia un currículo por competencias, Muñoz y Borrás, en Muñoz (2012), llevaron a cabo una investigación, que tuvo como propósito conocer la opinión de los docentes de la licenciatura en ADE de la misma universidad, sobre diferentes aspectos relacionados con la implantación del proyecto piloto de adaptación al EEES. El estudio concluyó que, en general, existía una valoración moderadamente positiva, por parte de los docentes, sobre la implementación del EEES. Los aspectos con mayor valoración negativa fueron varios, y se incluyen a continuación: la adopción del European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), la planificación basada en competencias, la importancia del papel del docente como tutor, la implicancia de una mayor carga de trabajo para los profesores y la elaboración de guías docentes. Además, los profesores de dedicación percibieron que la formación docente recibida respecto a EEES fue entre moderada y alta; en contraste, los profesores horarios la percibieron como baja. Finalmente, se concluyó que la predisposición del estudiante al nuevo diseño curricular se valora como baja. Sobre el trabajo coordinado entre docentes de diferentes asignaturas y de diferentes carreras o titulaciones, Martínez y Viader (2008) expresaron en su artículo que el nuevo enfoque hacia el aprendizaje que proponía el EEES, implicaba cambios importantes en la cultura docente. Concluyeron que era necesario impulsar el trabajo colegiado de profesores de diferentes asignaturas y de diferentes carreras, ya que con ello se podría mejorar la calidad de la práctica docente, lograr que el aprendizaje por parte de los estudiantes se vuelva más profundo y cambiar la

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cultura del profesorado. Acerca de los equipos de docentes, dijeron que estos deberían ser bastante flexibles para adaptarse a las necesidades que la universidad vaya presentando a lo largo del tiempo. También mencionaron que, idealmente, deberían estar centrados en la formación de competencias, por lo que deberían integrar a los docentes de un mismo “módulo” que contuviera varias asignaturas. Respecto a las nuevas metodologías de aprendizaje planteadas por el EEES, Bernarás et al., en Fernández y Rekalde (2011), investigaron los procesos de enseñanza-aprendizaje en pequeños grupos. Los autores concluyen que los estudiantes valoraron de manera positiva la incorporación de grupos pequeños a la metodología de aprendizaje, y, también, que se evidenció un cambio en el papel que jugaban dentro del proceso. En ese sentido, se observó una mayor participación y motivación por parte de los estudiantes en asignaturas que utilizaron el trabajo en grupo, si se compara con las que no lo hicieron. Además, el rol del docente también cambió, ya que tuvo que llevar a cabo actividades de facilitación de los grupos para lograr un acompañamiento formativo de los estudiantes. Así mismo, mencionaron que la experiencia de trabajo en grupo pequeño permitió desarrollar la autoevaluación y la metacognición en los estudiantes, por medio de herramientas como escalas de evaluación, rúbricas de evaluación, preguntas y coevaluación (entre pares), por citar algunas. Se puede decir que la evidencia encontrada sobre la implementación de aprendizaje basado en competencias o currículo por competencias es poco alentadora, aunque sí existen algunas experiencias positivas en la implementación de nuevas metodologías activas. A continuación se definen algunos elementos que forman parte de la investigación. •

Currículo basado en competencias

Proyecto Tuning

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Yániz y Villardón (2006) afirman que en 1998 se iniciaron los esfuerzos por encontrar la convergencia de los sistemas de educación europeos por medio de la Declaración de la Sorbona. Es durante la firma de Declaración de Bologna, de 1999, que se formaliza el compromiso de construir el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Es así como en 2000 surge el Proyecto, Tuning liderado por la Universidad de Deusto y por la de Groningen.

Las mismas autoras dicen que Tuning requiere de las universidades europeas las siguientes acciones: • Definir perfiles profesionales. • Seleccionar competencias genéricas. • Construir proyectos formativos en línea con los perfiles profesionales. • Diseñar currículos con base en el crédito europeo o ECTS, que cuantifica y toma en cuenta el trabajo total realizado por estudiante en su proceso de aprendizaje. • Diseñar y aplicar metodologías que permitan desarrollar las competencias incluidas en los perfiles profesionales.

Acerca de Tuning América Latina, del cual Guatemala forma parte, Tuning América Latina (2007) dice que el proyecto se inició a finales de 2004, y que una de las primeras tareas fue realizar la selección de las competencias genéricas. En ese sentido, durante la primera Reunión General del Proyecto, en 2005, se presentaron 27 competencias genéricas seleccionadas por los equipos de Administración de Empresas, Educación, Historia y Matemáticas. De estas 27 competencias, 22 coincidieron con las de Tuning Europa. Dicha selección se realizó por medio de la consulta a docentes universitarios responsables de asignaturas de interés, egresados, estudiantes y empleadores.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Al consultar el sitio oficial de Tuning América Latina (2012), se evidenció que ya se habían llevado a cabo otras dos Reuniones Generales del Proyecto, la segunda se realizó en Guatemala, en 2011, y la tercera, en Santiago de Chile, en 2012. Durante la reunión de Santiago se presentó la versión final del Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR).

conocimientos, habilidades y actitudes que la componen. • Selección de cursos en los cuales se pretende desarrollar cada competencia. • Formulación de objetivos de aprendizaje por curso. • Planificación de los cursos de acuerdo con los objetivos planteados: debe estar enfocada al logro de aprendizaje de conocimientos, desarrollo de actitudes y de habilidades. Esta planificación requiere de la coordinación del trabajo entre profesores que imparten las mismas asignaturas, e incluso entre profesores que imparten durante un mismo ciclo académico.

2.2 Componentes de la planificación del currículo por competencias 2.2.1 Perfil del egresado El perfil del egresado se constituye por tres componentes principales, de acuerdo con Yániz y Villardón (2006), los cuales son: • Perfil profesional: el cual describe las principales funciones que debe llevar a cabo un profesional específico. Para construirlo, se consulta a profesionales en ejercicio expertos en el área y también se realizan investigaciones de mercado laboral para detectar nuevas tendencias en la profesión investigada. • Perfil de ciudadanía: el cual se refiere a la formación de ciudadanos integrales. • Competencias que definen el perfil del egresado 2.2.2 Perfil formativo Continúan diciendo las autoras que el perfil formativo incluye todas las competencias genéricas y específicas que se han identificado para formar profesionales que sean capaces de desempeñar las funciones definidas en el perfil de egreso. 2.2.3 Proyecto formativo Según Yániz y Villardón (2006), el proyecto formativo se refiere al diseño curricular, el cual se compone de diferentes etapas. Estas se incluyen a continuación. • Selección de desarrollarán.

competencias

• Desglose

cada

de

que

se

competencia

en

• Distribución del tiempo de trabajo por curso, tomando en cuenta tanto el tiempo de trabajo en el aula como el de trabajo autónomo.

3.

Metodología

3.1 Objetivo general Determinar los principales aspectos que se deben considerar para la transición de un currículo tradicional a uno por competencias, de acuerdo con experiencias de universidades que han llevado a cabo el cambio curricular. 3.2 Objetivo específico Describir cuál fue la actitud de los estudiantes y de los profesores hacia los nuevos elementos del currículo implementado o que se pretendía implementar. 3.3 Sujetos Los sujetos de estudio fueron seis expertos de diferentes universidades que tuvieron un rol clave en el cambio hacia un currículo por competencias dentro de sus universidades. La mayoría de los sujetos se han desarrollado profesionalmente en el área de educación, y cuatro de ellos cuentan con el grado de Doctorado en Educación. Además,

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todos trabajaban en una universidad al momento de ser entrevistados. Acerca del país donde laboraban, tres lo hacían en una universidad en España, dos en México y uno en Guatemala. 3.4 Instrumento Para recolectar la información, se utilizó una entrevista semiestructurada y con preguntas abiertas que fue elaborada por la investigadora, y posteriormente validada por cuatro expertos en el tema y en investigación. Las entrevistas se realizaron por medio de videoconferencias virtuales, utilizando el programa Blackboard Collaborate, las cuales se grabaron por el mismo medio.

4.

Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de investigación. Este apartado cuenta con mapas conceptuales que organizan la información obtenida para su posterior análisis y discusión, los cuales se construyeron a partir de las entrevistas realizadas. Dentro de los mapas, se identifican las intervenciones de cada sujeto con un número diferente.

Esquema 1 Papel de los profesores en el diseño curricular

Esquema 2 Papel de los profesores en el cambio de metodologías y evaluación del aprendizaje

Esquema 3 Actitud y coordinación de profesores

Esquema 4

Esquema 5 Otros cambios en la actitud de los estudiantes

El primer aspecto que se aborda es el papel que jugaron los profesores en los procesos de transición de un currículo tradicional a uno por competencias en las diferentes universidades investigadas. Es así como el primer aporte de los docentes que se detecta es el de la construcción del perfil profesional de las carreras o titulaciones basadas en formación de competencias. Todos los sujetos de investigación identificaron que fueron grupos específicos de profesores, quienes junto a egresados y a empleadores, respondieron a la pregunta: ¿Qué tipo de profesional se quiere formar?, y definieron el perfil de egreso de los programas. Esto se hizo, en muchos casos, por medio de encuestas y entrevistas a los expertos en la profesión. Estos hallazgos concuerdan con Yániz y Villardón (2006), quienes mencionan que las fuentes que se consultan para construir el perfil profesional, son los profesionales en ejercicio y expertos en el área, así también, se pueden realizar investigaciones de mercado laboral para detectar nuevas funciones o tendencias que la profesión desempeñará en el futuro. Otro de los elementos que estos grupos específicos de profesores aportaron en la transición hacia competencias, fue la selección misma de las competencias que se querían desarrollar, partiendo del perfil profesional. En este aspecto, todos los sujetos de investigación vincularon a los profesores con la selección de las competencias para las nuevas titulaciones. En cada caso, se realizó la selección utilizando diferentes criterios, aunque se identificó que varias iniciaron con la selección de competencias genéricas, y, posteriormente, trabajaron las específicas. Esto está de acuerdo con lo mencionado en Tuning América Latina (2007), donde se menciona que, para seleccionar las 27 competencias genéricas más importantes para América Latina, se hizo la consulta con profesores universitarios de las áreas contempladas, empleadores, egresados y estudiantes universitarios.

Cambio en la actitud de los estudiantes

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado El siguiente paso en el diseño curricular, en el cual se involucraron los profesores, según los resultados obtenidos en la mayoría de los casos, fue el de diseño del programa de las diferentes asignaturas o cursos que conformaban las carreras profesionales. En este aspecto, es importante resaltar que varios de los sujetos de investigación refirieron que este diseño lo hicieron profesores especialistas de cada asignatura, que no necesariamente habían estado involucrados en todo el proceso de diseño curricular. En este sentido, los resultados concuerdan con Yániz y Villardón (2006), quienes apuntan a que el diseño de los programas de cursos o de asignaturas debe estar a cargo de los profesores que los imparten, y que deben estar enfocados al aprendizaje de conocimientos y desarrollo de habilidades y de actitudes específicas, aunque no mencionan el grado de involucramiento que estos docentes deberían haber tenido en el diseño curricular completo. Continuando con el papel que los docentes jugaron en la transición curricular, solamente uno de los expertos entrevistados dijo que, a raíz del cambio curricular, se había evidenciado un cambio en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Esta experta acotó la variación de metodologías solamente para los últimos años de la carrera de Medicina, a la que ella pertenece, la cual requiere un fuerte desarrollo de competencias para poderla ejercer. La mayoría de los entrevistados expresó que los cambios esperados en metodologías son todavía incipientes, por lo cual consideran que es una minoría de docentes la que ha llevado al aula el currículo basado en competencias. Estos resultados ya se han constatado en algunas investigaciones llevadas a cabo en Universidad Pontificia de Comillas, una de las cuales estuvo a cargo de Muñoz y Martínez, en Muñoz (2012). Una de las conclusiones de dicha investigación coincide con que los estudiantes de dicha Universidad no percibieron que el cambio curricular implicara un cambio en el modelo docente. Por el contrario, Bernarás et al., en Fernández y Rekalde (2011), encontraron resultados positivos en el desarrollo de competencias en asignaturas que hacían un uso explícito y planificado de metodologías activas, como trabajo en grupo pequeño y resolución de problemas.

Respecto al cambio en los tipos de evaluaciones utilizadas a raíz de la transformación curricular, los resultados apuntan a que estos también se encuentran en una etapa inicial, ya que la mayoría de los expertos refiere que es poco lo que se ha logrado cambiar respecto de lo que ya se hacía. Algunos mencionan que esto se debe a que llevan poco tiempo de haber realizado el cambio, otros aducen que los profesores no se sienten capaces de utilizar diferentes tipos de evaluación. Solo dos de los expertos refirieron que el cambio en la manera de evaluar a los estudiantes en sus universidades era generalizado, ya que se cambió de una única evaluación final durante el desarrollo de la asignatura, a un conjunto de evaluaciones formativas por medio de actividades a lo largo del curso. Respecto del uso de las rúbricas como instrumentos para evaluar, ninguno de los entrevistados dijo que sea de uso generalizado, ya que lo más común es seguir utilizando pruebas tradicionales. Esto contrasta con lo encontrado por Bernarás et al., en Fernández y Rekalde (2011), quienes evidenciaron que el uso de metodologías que logran involucrar más al estudiante, sí incluyeron un cambio en la forma de evaluarlos, introduciendo autoevaluación, escalas de evaluación, rúbricas, coevaluación, preguntas etc. Otro aspecto importante que se abordó en la investigación fue la actitud que los profesores evidenciaron ante el cambio de un currículo tradicional a uno por competencias. Todos los expertos entrevistados mencionan que existen grupos de profesores que muestran una actitud positiva ante el cambio y otros que se resisten de diversas maneras a él. Los docentes que están a favor del nuevo currículo son aquellos que están más abiertos a las innovaciones y que han experimentado con las nuevas metodologías y tipos de evaluación. Los que están en contra se describen como docentes tradicionalistas que consideran que el aprendizaje debe continuar siendo memorístico. La resistencia al cambio se ha dado tanto en forma activa como en forma pasiva, algunos abiertamente en contra y otros haciendo caso omiso de las nuevas intencionalidades educativas, por medio del uso continuado de elementos educativos tradicionales. La actitud negativa identificada

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en algunos grupos de docentes podría ser una causa de la poca utilización de nuevas metodologías y evaluaciones propuestas por el aprendizaje basado en competencias. Estos resultados están de acuerdo con lo documentado por Muñoz y Borrás, en Muñoz (2012), quienes encontraron una valoración negativa, por parte de los profesores, en cuanto a la planificación basada en competencias, la importancia del papel del docente como tutor, la implicancia de una mayor carga de trabajo para los profesores y la elaboración de guías docentes. Para finalizar con lo que se refiere a profesores, se exploró el aspecto de coordinación entre docentes de diferentes asignaturas o cursos para mejorar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Al respecto, la mitad de los entrevistados opinaron que este tipo de coordinación entre profesores mejoró a partir de la implementación del currículo basado en competencias. En uno de los casos se hace referencia a que son los docentes de dedicación quienes se reúnen más frecuentemente, ya que es más difícil reunir a los docentes horario o de tiempo parcial. Otro experto compartió que, en la universidad donde trabaja, los docentes de diferentes cursos que imparten clases a un mismo grupo de estudiantes, se coordinan para planificar e implementar los cursos o asignaturas, para poder desarrollar las competencias como equipo docente. Los demás sujetos de investigación dijeron que no había habido cambio en el nivel de coordinación entre docentes a raíz del cambio curricular. Esto concuerda con Martínez y Viader (2008), quienes concluyeron que es importante incentivar el trabajo colegiado de profesores de diferentes asignaturas y de diferentes titulaciones, ya que podrían ser promotores de innovación educativa, de buenas prácticas de docencia y de investigación educativa. También mencionaron que, idealmente, deberían enfocarse en la formación de competencias, por lo que deberían estar integrados por docentes que impartieran un mismo “módulo” que comprendiera varias asignaturas. A continuación, se aborda el análisis de los resultados que responden a otro objetivo de investigación, el cual se refiere a la actitud de los

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estudiantes ante el cambio hacia un currículo por competencias. Un primer aspecto sobre el que se preguntó fue si estos percibieron que había alguna diferencia en la manera como se planteaban y desarrollaban los programas. En este sentido, la mayoría de los expertos refirió que los discentes sí habían percibido algún tipo de cambio. Algunos dijeron que los alumnos estaban acostumbrados a tener un papel pasivo en el proceso de aprendizaje, ya que varias de las instituciones educativas de las que procedían se organizaban alrededor del currículo tradicional. Uno de los entrevistados expresó que a los discentes se les dificultaba adaptar sus estrategias de aprendizaje al nuevo sistema de enseñanza. Solo dos sujetos manifestaron que, en su opinión, los alumnos no se habían percatado del cambio curricular, lo cual podría deberse, en un caso, a que el cambio era aún incipiente, y en el otro, a que asumían que el sistema debía ser diferente entre el nivel medio y la universidad. Los resultados de la mayoría no coinciden con lo encontrado por Muñoz y Martínez, en Muñoz (2012), quienes hallaron que los discentes no percibían un nuevo modelo docente, a raíz del cambio a las nuevas titulaciones por competencias. Al preguntar sobre otros cambios observados en la actitud con la que los estudiantes afrontaban su proceso de aprendizaje, después de la implementación del currículo por competencias, solo dos de los entrevistados hicieron referencia al tema de nivel de autonomía, sobre el cual, ambos sujetos opinaron que, según lo que ellos habían podido observar, no se ha evidenciado un cambio en el nivel de autonomía dentro del proceso de aprendizaje en los alumnos. Una de las expertas adujo dicha situación a que la implementación del currículo no se ha llevado a cabo de una manera que permita que se logre el cambio hacia mayores niveles de autonomía en los discentes. Estos resultados son parecidos a los obtenidos en Muñoz y Martínez, en Muñoz (2012), ya que ellos tampoco encontraron diferencias significativas, según la percepción de los alumnos, en los niveles de autoeficacia y autonomía, a raíz de la reforma curricular hacia competencias. Por el contrario, Bernarás et al., en Fernández y Rekalde (2011), identificaron que sí hubo un cambio en el papel que los estudiantes jugaban en su proceso de Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado aprendizaje, al utilizar la metodología de trabajo en grupo pequeño, a raíz de la implementación del currículo por competencias en la universidad estudiada. Respecto al cambio en la cantidad de tiempo que los alumnos dedican al estudio, tres de los expertos opinaron que no lo evidenciaron. En uno de los casos, se justificó que el cambio curricular era aún muy reciente, y en el caso de estudiantes de Medicina, se mencionó que la cantidad de tiempo que estos dedican al estudio ha sido siempre considerable. Dos de los sujetos expresaron que sí había habido un cambio en dicho aspecto, ya que la inclusión de una evaluación más continua obligaba a los alumnos a estudiar durante todo el ciclo escolar y no solo al final de este, como era antes. Sobre la actitud de los estudiantes hacia los nuevos tipos de evaluación, los resultados obtenidos muestran que tres de los cuatro expertos que opinaron sobre el tema expresaron que los discentes mostraron una actitud positiva ante las nuevas maneras de evaluación. Uno de ellos refiere que, en su opinión, los alumnos lo perciben como un cambio positivo, ya que el uso de las nuevas modalidades de evaluación les exige aprender de una manera más continua. Otro experto dijo que los estudiantes se sentían más motivados al ser evaluados por medio de proyectos que les permiten integrar las competencias desarrolladas a lo largo de varios cursos o asignaturas. Sobre la actitud observada específicamente en el uso de rúbricas, dos de los expertos dijeron que los alumnos las aceptaron bien, ya que las consideraban como una guía clara que elimina la incertidumbre de cómo serán evaluados y de lo que se espera que logren. Acerca del cambio en el nivel de motivación por parte de los estudiantes, a raíz del uso de nuevas metodologías implementadas debido al cambio curricular hacia competencias, la mayoría de los entrevistados opinaron que sí se evidenció un cambio. Dos de los expertos dijeron que, en las asignaturas en las que sí se hacía uso de metodologías activas, los alumnos se mostraban más interesados y motivados, lo cual resultaba en aprendizajes más profundos. Otros dos expertos

refirieron que los discentes se mostraban muy receptivos ante las metodologías, que les hacían sentirse más competentes y con las que percibían que habían aprendido más. Uno de ellos también dijo que, con el uso de las metodologías activas, se ha evidenciado una disminución en el fracaso académico, lo cual podría ser evidencia de una mayor motivación por parte de los alumnos. Una experta opinó que el cambio positivo en el nivel de motivación en los estudiantes no era generalizado, ya que no todos los profesores estaban implementando las nuevas metodologías planteadas por el Espacio Europeo. Los resultados están de acuerdo con los obtenidos por Bernarás et al., en Fernández y Rekalde (2011), ya que ellos concluyeron que se evidenció una mayor participación y motivación por parte de los discentes en asignaturas que utilizaron la metodología activa de trabajo en grupo. Al explorar el cambio en el papel que juega el alumno en su proceso de aprendizaje, se encontró que solo tres de los expertos entrevistados mencionaron este aspecto como resultado del cambio curricular realizado. De ellos, dos comentaron que el cambio sí produjo una variación en el rol del estudiante hacia uno más activo, ya que, después del cambio, ellos se mostraban más responsables de la construcción de su propio aprendizaje y más conscientes del papel de tutor que el profesor debía ejercer. El tercer sujeto dijo que la manera como se había implementado el currículo aún no permitía que los discentes asumieran un rol diferente en el proceso de aprendizaje, al que tradicionalmente habían jugado. En la misma línea de los resultados, Bernarás et al., en Fernández y Rekalde (2011), concluyeron que los estudiantes evaluaron de manera positiva la incorporación de grupos pequeños a la metodología de aprendizaje, y también que se evidenció un cambio en el papel que jugaban dentro del proceso.

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positiva hacia ellos, ya que se sentían más motivados, pues al utilizarlos, percibían que aprendían de una manera más continua y se eliminaba la incertidumbre de cómo iban a ser evaluados. Finalmente, no se encontraron evidencias claras sobre un cambio en el nivel de autorregulación, en el papel que el alumno juega en su proceso de aprendizaje o en la cantidad de tiempo dedicado a estudiar. Estos resultados podrían deberse a los encontrados sobre el uso incipiente de las nuevas metodologías y tipos de evaluación enfocados en desarrollo de competencias.

Conclusiones

 Acerca del papel que jugaron los profesores en el proceso de innovación curricular hacia competencias, los resultados apuntan a que son actores clave para que el cambio se pueda llevar a cabo y que sea una realidad palpable dentro de los salones de clase, ya que se encontró que los docentes estuvieron directamente involucrados en: el diseño del perfil profesional, la selección de competencias genéricas y específicas, la selección de las materias o cursos en las que se estarían formando las competencias y el diseño de las asignaturas, tomando en cuenta metodologías y tipos de evaluaciones congruentes con el desarrollo de competencias. En cuanto a los resultados de la aplicación de las nuevas metodologías y evaluaciones por parte de los docentes, se encontró que esto es todavía incipiente, y que hace falta profundizar en su uso y medir los resultados de aprendizaje que promueven. Entonces, existe una diferencia significativa entre lo plasmado en los planes de estudio y la práctica real en los salones de clase. Esta diferencia puede estar basada en la actitud negativa observada en algunos grupos de profesores, que se tradujo tanto en resistencia activa como pasiva; y en que no hubo una mejora significativa, en varios casos, de la coordinación entre profesores de diferentes áreas disciplinares para armonizar los elementos de las diferentes asignaturas o cursos.  Respecto a la actitud de los alumnos ante el cambio curricular, se encontró que, en opinión de la mayoría de los expertos, los estudiantes sí habían percibido un cambio, ya que su rol tenía que ser más activo que el que jugaban dentro del currículo tradicional. Así mismo, quienes opinaron que el cambio no había sido percibido por los alumnos, identificaron que había sido porque iniciaron sus estudios universitarios dentro del nuevo currículo o porque los elementos que deberían haberse implementado en este aún eran incipientes. Además, sobre los nuevos tipos de evaluación y de metodologías activas, se encontró que los estudiantes mostraron una actitud

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6.

Referencias bibliográficas

Bernarás, E., Gil, P., Elizalde, L., Amenabar, N., Garaizar, M., Eceiza, M., Monzón, J., & Amiama J. (2011). Trabajo en grupo: análisis y propuestas de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en pequeños grupos. En I. Fernández e I. Rekalde (Arg./Eds.) Una universidad que aprende: innovación y cambio educativo en la UPV/EHU (pp. 255-281). Bilbao: Universidad del País Vasco. Fullan, M., & Hargreaves, A. (1996). La escuela que queremos. Buenos Aires: Amorrortu. Martínez, M., & Viader, M. (2008). Reflexiones sobre aprendizaje y docencia en el actual contexto universitario. La promoción de equipos docentes. Revista de Educación, Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, número extraordinario, 213234. Muñoz, I., & Borrás, F. (2012). Valoración de la experiencia piloto del EEES por parte de los profesores de ADE. En I. Muñoz (Coord.) El Espacio Europeo de Educación Superior ¿Un cambio deseable para la Universidad? (pp. 135-190). Comillas: Universidad de Comillas. Tuning América Latina. (2012). Sitio oficial. Consultado de http://www.tuningal.org

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado

El rol de las organizaciones docentes en la reforma educativa de 1994 en El Salvador

Resumen

MSc. José Rubén Merino Maestría en Política y Evaluación Educativa rmerino73@gmail.com

Luz del Carmen Galdámez Maestría en Política y Evaluación Educativa luzgaldamez_1870@yahoo.com

Palabras claves: •

Organizaciones docentes

Reforma educativa

Formulación de política educativa

Actores políticos.

En El Salvador, la opinión pública ha considerado a las organizaciones docentes como entes únicamente interesados en sus beneficios gremiales, entre ellos: reajustes salariales, mejora del servicio de salud y jubilación digna. Otro tipo de demandas y de propuestas, especialmente las relacionadas con la mejora de la educación, han quedado fuera del conocimiento público. Debido a lo anterior, este estudio ha pretendido adentrarse en el accionar de las organizaciones docentes para conocer su rol durante el proceso de gestación de la reforma educativa de 1994 en El Salvador, desarrollada tras los acuerdos de paz y que aún sigue vigente. Para ello, se efectuó una revisión de los problemas identificados y de las propuestas que hicieron entre los años 1994 y 1996. Los resultados de la investigación arrojaron que, tanto en el período previo a la reforma (1990-1993) como durante el proceso de su gestación (1994-1996), las organizaciones docentes, además de sus demandas y de sus propuestas laborales y políticas, también se interesaron por lo profesional; es decir, señalaron los problemas educativos que se vivían y ofrecieron alternativas de solución. Además, en el transcurso del proceso de la reforma, se involucraron directamente en distintos momentos: consulta a los docentes, reforma del sistema educativo y elaboración de nueva legislación. La participación y el aporte de las organizaciones docentes durante el proceso de la reforma demostraron su conocimiento de la realidad educativa y, por tanto, la importancia de incorporarlas en la elaboración de las políticas públicas educativas, ya que con ello se contribuye a su democratización.

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1.

Introducción

Las organizaciones docentes en Latinoamérica han sido estudiadas desde diversos enfoques: unos las han visto como organizaciones conflictivas en relación con las políticas educativas impulsadas por los gobiernos (Suárez, 2005; Gentili, 2005), otros han comparado las organizaciones docentes de diferentes países (Gindin 2008), otros han examinado sus lógicas de acción y sus implicaciones en las reformas (Loyo, 2001) y otros han estudiado su participación en los procesos de reformas (Santibáñez, 2008). Entre tanto, en Centro América y en El Salvador, el tema de las organizaciones ha sido abortado de dos maneras: como elemento contextual (Fernández y Carrasco, 2000; Picardo, s/f; Arríen, 1998) y como tema central (Marroquín y Vides, 1979; Campos y Santos, 1992; López, 2013; Ching, 2007; Quinteros, s/f; De Castilla, 2001). El análisis en estos estudios se ha centrado en hacer una aproximación al tema del rol político de las organizaciones docentes. En este trabajo se ha intentado analizar el rol de las organizaciones docentes en el proceso de la reforma educativa de 1994 en El Salvador. Para ello, se ha considerado el hecho de que la percepción de la opinión pública sobre el rol de las organizaciones docentes ha estado marcada por dos ideas: un trabajo centrado en la consecución de beneficios gremiales y una actitud de obstaculización de los planes educativos gubernamentales. Esta situación hacía necesaria la revisión del rol de las organizaciones docentes durante el proceso de gestación de la reforma educativa de 1994, considerando que como actores políticos han tenido y tendrán una participación importante en los cambios educativos del país. La investigación se fijó como objetivo general: analizar el rol de las organizaciones docentes en el proceso de gestación de la reforma educativa de 1994, a partir de la revisión de los problemas identificados y de las propuestas que hicieron entre los años 1994 y 1996. Para lograr el objetivo anterior, se fijaron tres objetivos específicos: a) describir los problemas educativos identificados

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por las organizaciones docentes en el momento de gestación de la reforma educativa; b) contrastar las propuestas de las organizaciones docentes con los problemas educativos al momento de iniciarse el proceso de la reforma educativa; y c) determinar el rol de las organizaciones docentes durante el proceso de gestación de la reforma educativa de 1994.

2.

Marco referencial

Marco conceptual El análisis del rol desempeñado por las organizaciones docentes en las reformas educativas requiere del conocimiento de conceptos como organizaciones docentes, lógicas de acción de las organizaciones docentes, política pública, reforma educativa y actores de la política pública. Para empezar, debe decirse que las organizaciones docentes son entidades que aglutinan a los profesores fuera de las escuelas o del sistema educativo (Núñez, 1990). Estas organizaciones, a su vez, actúan según ciertas lógicas: laboral, profesional y política. La lógica laboral son las acciones orientadas a la defensa de los intereses de los afiliados; la lógica profesional, las demandas de política educativa; y la lógica política, las demandas político-ideológicas (Perazza y Legarralde, 2007; Gentili, 2005). Asimismo, las organizaciones docentes participan de la política pública, que son los proyectos y actividades desarrollados por el Estado para lograr la satisfacción social y la aprobación ciudadana (Graglia, 2012). La política educativa, como parte de las políticas públicas, da paso a las reformas educativas, que son procesos más o menos amplios que inciden en el sistema educativo, y cuya decisión política de realizarlas procede del Estado (Núñez, 1990). En ella participan “el aparato funcionario” del Estado, así como en grados distintos, otros actores sociales directamente implicados, como las organizaciones docentes (Núñez y Vera, 1990).

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado La sociedad a la que afecta la política pública está compuesta por tres sectores: el estatal, el privado y el ciudadano (Graglia, 2012), al cual pertenecen las organizaciones docentes. De estos sectores derivan los actores de la política pública, que son entes individuales o colectivos, con poder y con ciertos intereses, que intervienen en alguna de las etapas de su proceso (Olavarría, 2007). Estos actores se clasifican en formales u oficiales [los que tienen cargos políticos, como presidente de la República; los asesores presidenciales; y el personal de la carrera administrativa pública (Olavarría, 2007)] e informales o no oficiales [los movimientos sociales, los grupos de interés, los partidos políticos, los académicos y los medios de comunicación (Olavarría, 2007)]. Debido a que las organizaciones docentes suelen adoptar estas formas, de los actores informales mencionados nos interesa rescatar dos: los movimientos sociales y los grupos de interés. Los movimientos sociales son organizaciones que no buscan tomar el poder, sino que demandan del poder político determinados cambios en la sociedad. Entre tanto, los grupos de interés son aquellos que buscan que el poder político satisfaga sus intereses, y cuyos beneficiarios son perfectamente identificables y limitados (Ibarrolla y Letamendia, 1999).

Marco contextual El Salvador inició la década de los noventa bajo una guerra civil y un clima de polarización ideológica y política, los cuales permearon las relaciones entre las organizaciones sociales y las distintas instancias estatales. Así, en los primeros años, las organizaciones docentes mantuvieron una relación conflictiva y tirante con el Ministerio de Educación (MINED), reflejada en posturas cerradas en torno a los problemas que afectaban a la educación y al magisterio. Entre tanto, la educación se encontraba en crisis, la cual era reconocida por el mismo MINED: reducción en presupuesto de educación, carencia de cobertura docente e infraestructura en el área rural, daños en los centros escolares causados por el conflicto armado y el terremoto de 1986, y casi un 40% de la población no sabía leer ni

escribir (Diario Latino, 1990). La crisis educativa, atribuida por el MINED a la guerra y a las malas administraciones anteriores (Diario Latino, 1990), era vista por las organizaciones docentes como un problema estructural resultante del incumplimiento del mandato constitucional, aunque no desconocían los efectos de la guerra (ANDES, 21 de Junio, 1991). Constantemente, las organizaciones reclamaban por la falta de material didáctico y mobiliario, currículo desfasado, alto porcentaje de los niños y jóvenes fuera del sistema educativo, cerca de dos mil escuelas cerradas y deterioradas por el conflicto, mal servicio médico, bajos salarios y congelamiento de plazas (Diario Latino, 1991; ANDES 21 de Junio, 1991; FMS, 1992). Para 1994, tras dos años de la firma de los acuerdos de paz, el país se hallaba en pleno proceso de transición. El contexto sociopolítico, aunque seguía polarizado, había sufrido ciertos cambios, los cuales afectaron tanto el comportamiento de las organizaciones docentes como el del MINED. Estos cambios se reflejaron en la actitud del MINED de abrir las puertas a los distintos sectores para ofrecer sus aportes a su proyecto de reforma educativa. Este había sido un espacio largamente reclamado por las organizaciones docentes, el cual debía ser aprovechado, tanto para reparar los daños que sus actuaciones pasadas les dejaron como gremio, como para mejorar su imagen frente a una sociedad que los veía como agitadores y poco propositivos en el nuevo contexto de paz.

3.

Metodología

Este estudio se enmarca dentro del enfoque de la investigación cualitativa; es decir, explora, describe y analiza el rol de las organizaciones docentes en el proceso de gestación de la reforma educativa de 1994 en El Salvador. La modalidad del enfoque cualitativo utilizado fue la no interactiva o analítica, que se centra en sucesos históricos mediante el análisis de documentos, con el objeto de proporcionar un conocimiento de sucesos pasados (McMillan y Schumacher, 2010).

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En este trabajo se utilizó el análisis histórico, para lo cual se efectuó una recogida sistemática y crítica de fuentes documentales primarias y secundarias sobre las organizaciones docentes y sobre el proceso de gestación de la reforma educativa de 1994. Además, se analizó el contexto político, económico, social y educativo de aquellos años. El análisis histórico se aplicó al rol desempeñado por las organizaciones docentes, a través de las propuestas en el área educativa, presentadas en el marco de gestación de la reforma de 1994, según el siguiente procedimiento: En primer lugar, se identificó y localizó las fuentes. Como fuentes primarias se tuvo documentos, piezas de correspondencia presentadas a la Asamblea Legislativa y comunicados elaborados por las organizaciones docentes, así como publicaciones del MINED. En segundo lugar, se leyó la documentación y se seleccionó los documentos que conformaron el corpus definitivo con que se respondió el objetivo de la investigación. En tercer lugar, se elaboró una matriz de contenido de acuerdo con la teoría estudiada (lógicas de acción de las organizaciones docentes: laboral, profesional y política), para procesar la información primaria que sirvió de base para la investigación. En cuarto lugar, a partir de las lógicas de acción, se determinó el rol de las organizaciones docentes en la gestación de la reforma educativa de 1994. Para esto, se valoró la permanencia y la urgencia de los problemas educativos señalados y las propuestas efectuadas para solucionarlos. En quinto lugar, para valorar los problemas educativos señalados por las organizaciones y las propuestas efectuadas por estas para solucionarlos, se recurrió a la clasificación de los actores de la política pública (movimiento social, grupo de interés y grupo de presión). De esta manera, se intentó ubicar con mayor precisión el rol de las organizaciones en la reforma. Finalmente, se interpretó y se evaluó críticamente la participación de las organizaciones docentes, a la luz de sus propuestas, y las lógicas que las guiaron durante el proceso de la reforma educativa de 1994.

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4.

Resultados y discusión

El rol de las organizaciones docentes durante el proceso de la reforma educativa de 1994, se entiende mejor si se considera su papel en la educación nacional en el período previo. Por eso, en este estudio, a modo de antecedente, se exploró el accionar de las organizaciones durante el período 1990-1993. Las organizaciones docentes salvadoreñas (Frente Magisterial Salvadoreño [FMS] y Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños [ANDES 21 de Junio]), en esos años, señalaron una serie de problemas que afectaban a la educación, pero al mismo tiempo efectuaron propuestas para resolver muchos de ellos. En la tabla 1 se observan algunos de esos problemas y propuestas de solución efectuadas entre 1990-1993. Tabla 1. Problemas identificados y propuestas de solución efectuadas por las organizaciones docentes (19901993) Fuente: Elaboración propia, con base en la prensa escrita, documento del FMS (FMS, 1992) y documentos varios institucionales de ANDES 21 de Junio, de 1990 a 1993.

En esa época, los problemas señalados por las organizaciones docentes, considerando su relevancia, mostraban una inclinación hacia la lógica política por sobre las lógicas laboral y profesional. Las propuestas, en cambio, mantuvieron un equilibrio entre las tres lógicas. Tanto un caso como el otro encuentran su explicación en un contexto que se caracterizó por el cierre de los espacios políticos, por el desarrollo de acciones represivas contra las organizaciones sociales y por la situación crítica en que se hallaba la educación. Además, esta forma de actuar fue coincidente con el accionar de las organizaciones en Latinoamérica, donde hubo negociación y lucha por mejoras laborales, la discusión políticopedagógica y reconocimiento de la actividad docente, y la búsqueda de participación en la toma de decisiones (Palamidessi y Legarralde, 2006).

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Ahora bien, al considerar a las organizaciones docentes como actores políticos, en estos primeros años de la década de los noventa, su comportamiento se movió entre el de movimiento social, el de grupo de interés y el de grupo de presión, siguiendo en cada faceta distintas lógicas. Por ejemplo: en 1990 actuaron como un movimiento social, y bajo una lógica profesional y una lógica política, cuando demandaron cambios en la educación mediante una Ley General de Educación (LGE) de consenso, que no afectara a los ciudadanos; y procedieron como grupo de interés, orientadas por las lógicas laboral y política, al señalar que la LGE atentaba contra derechos conquistados en el pasado y ponía en peligro su integridad gremial. En otro caso, en 1992, durante el conflicto por un reajuste salarial y la huelga de junio, actuaron como movimiento social, siguiendo una lógica profesional, al demandar mejoras en la educación, pero también procedieron como grupo de interés, siguiendo una lógica laboral, al exigir y negociar una nivelación salarial. Durante el período del proceso de gestación de la reforma educativa (1994-1996), las organizaciones docentes señalaron problemas que afectaban a la educación, y ofrecieron propuestas para solucionar algunos de ellos. En los problemas mencionados hubo una predominancia de la lógica profesional sobre las lógicas laboral y política, lo cual estuvo relacionado con los cambios que se venían dando en el contexto sociopolítico y en la perspectiva de la lucha gremial planteados por la ANDES 21 de Junio desde finales de 1992 (ANDES 21 de Junio, 1992). Este cambio ocurrido en la ANDES 21 de Junio fue en contra de la tendencia regional, donde el accionar en la lógica profesional era más débil frente a lo laboral y político (Palamidessi, 2003). En la tabla 2 se pueden observar algunos problemas a los que ofrecieron solución las organizaciones entre 1994-1996.

Tabla 2. Problemas identificados y propuestas de solución efectuadas por las organizaciones docentes (19941996)

Fuente: Elaboración propia, con base en la prensa escrita, documentos varios institucionales

de ANDES 21 de Junio, de 1994 a 1996, y otras organizaciones (CMAS, 1995; CO-ANDES, 1995; CODINES y SIMES, 1996; Foro consultivo nacional sobre reforma educativa, 1995; MINED, 1995).

En cuanto a las propuestas, la tendencia varió desde la predominancia de las lógicas laboral y profesional hasta la de las lógicas profesional y política. Este movimiento en el accionar de las organizaciones encuentra su explicación en el proceso de transición de una actitud opositora a una concertadora que vivieron las organizaciones docentes entre 1993 y 1994. De esta manera, para 1995, fue clara su disposición de apoyar al MINED y colaborar en el desarrollo de una agenda de cambios o reformas. No se puede negar, sin embargo, que en el fondo de esta nueva actitud hubo una comprensión de la necesaria participación de las organizaciones en la transformación educativa --tema de debate interno en las organizaciones-- y un intento de reposicionarse ante el nuevo contexto, de reconstituir una nueva estrategia de relación con el MINED, de hacerse con una cuota de poder social y de evitar el rezago ante la incorporación de nuevos actores (Palamidessi, 2003). Las organizaciones docentes en esos años se desempeñaron como movimiento social, grupo de interés y grupo de presión. Fueron movimiento social, y siguieron las lógicas profesional y política, al preocuparse por la mejora de la educación, rechazar la privatización de la educación pública e involucrarse en la gestación de la reforma. Fueron grupo de interés, y siguieron las lógicas laboral y política, al buscar la solución de sus necesidades gremiales y oponerse a la privatización de las pensiones. Además, fueron un grupo de presión, bajo una lógica laboral, al amenazar con paros laborales si no se revertía la ley de pensiones, aprobada en 1996. El accionar de las organizaciones docentes, tanto en el período previo al proceso de gestación de la reforma como durante este, evidencia un interés orientado hacia las tres lógicas que lo rigen: laboral, profesional y política. La predominancia de una u otra lógica estuvo determinada por el contexto sociopolítico y por el posicionamiento

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de las organizaciones frente a él. Hasta 1992, año en que firmaron los acuerdos de paz, las organizaciones actuaron siguiendo más una lógica política, y tuvieron, incluso, entre sus objetivos, la negociación entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Posteriormente, la actitud de las organizaciones cambió no solo por influencia del nuevo contexto y la estrategia de concertación impulsada por el MINED, sino también por las experiencias vividas, sobre todo, la huelga de 1992. Esta huelga, sostenida por la ANDES 21 de Junio sin el apoyo del FMS y que terminó en un fracaso, hizo reflexionar a las organizaciones sobre su rol en la sociedad tras el fin de la guerra. Las organizaciones tuvieron que replantearse su accionar reivindicativo, concluyendo que debían privilegiar la lógica profesional; es decir, la búsqueda de la mejora de la educación debía estar sobre la consecución de beneficios laborales. Este cambio se comenzó a concretar desde 1993, con su participación como asesoras del diagnóstico del Harvard Institute for International Development, y luego, en 1994, con su inclusión en el proceso de gestación de la reforma como parte del Comité Dinamizador, la consulta a los docentes, los cambios al sistema educativo (reforma de la educación media) y la formulación de nueva legislación (Ley de la Carrera Docente). El rol de las organizaciones docentes durante el proceso de gestación de la reforma educativa, aunque se movió entre las tres lógicas, estuvo marcado por la profesional y la política. En un segundo plano quedaron las reivindicaciones laborales, lo que no significó que las eliminaran de su agenda. Como actores políticos, al priorizar la mejora de la educación de los salvadoreños, fungieron más como movimiento social, sin dejar por ello de considerar sus propios intereses, a los cuales dedicaron parte de su trabajo.

5.

Conclusiones

Las organizaciones docentes ofrecieron un importante aporte antes y durante el proceso de gestación de la reforma educativa de 1994. En los años que abarca este estudio, mantuvieron

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un diagnóstico permanente de la situación de la educación, señalando problemas y haciendo propuestas encaminadas a solventarlos, tanto en la lógica laboral como en la profesional y la política. En los años previos a la reforma (1990-1993), la unión de las distintas organizaciones docentes en el FMS demostró que, cuando se dejan de lado los intereses políticos e ideológicos y se persiguen objetivos que beneficien a la sociedad y a los agremiados, las acciones emprendidas se ven fortalecidas y son tomadas en cuenta. La conformación de una fuerza intergremial permitió a las organizaciones convertirse en importantes actores políticos y colocar la problemática educativa del país en los primeros puntos de la agenda política nacional. Sin embargo, el resurgimiento de intereses políticos e ideológicos dispares, y la incapacidad para sobrellevarlos, condujo al fin de la unión de las organizaciones y a la merma de su fuerza frente al MINED. También su accionar se vio afectado por sus vínculos tanto con el Estado como con los partidos políticos. Pero a pesar de todo esto, las organizaciones docentes, durante los años previos a la reforma y durante el proceso de gestación de esta, propusieron modelos educativos alternativos, cuyos componentes se adelantaron, en algunos casos, a las acciones del MINED (por ejemplo: la Educación Popular se adelantó al programa Educación con Participación de la Comunidad, conocido como EDUCO). De 1994 a 1996, las organizaciones docentes orientaron su accionar, bajo una lógica donde predominaban lo profesional y lo político, hacia su inserción en el proceso de la reforma educativa: participaron en los foros, consultas gremiales, elaboración de la LCD y la reforma de la educación media. La intención fue convertirse en un interlocutor válido. Esto fue favorecido por la estrategia de concertación utilizada por el MINED para llevar a cabo la reforma. El proceso de la reforma dejó tanto para las organizaciones como para el MINED varias lecciones, entre ellas: la necesidad de una Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado participación permanente por parte de las organizaciones en los cambios educativos; los problemas señalados y las propuestas formuladas por las organizaciones demostraron el conocimiento de estas sobre la realidad educativa y, por ende, la importancia de considerarlas en la gestación de las políticas; y entre las organizaciones docentes y el MINED siempre habrá discrepancias, pero estas no necesariamente tienen que desembocar en conflictos.

7.

6.

ANDES 21 de Junio. (1992). Una nueva educación… para un nuevo país (p.9). Preparado para la XXVI Asamblea General “Por la paz y la reconstrucción una nueva educación”. San Salvador.

Reconocimientos

Hacemos un especial reconocimiento a los señores Juan José González y Adolfo Flores Cienfuegos, quienes proporcionaron valiosa documentación que nos sirvió de fuente primaria para la realización de este trabajo. Además, agradecemos a líderes de organizaciones docentes y a otros profesionales, que tan amablemente dispusieron de su tiempo para atendernos personalmente y responder inquietudes acerca del tema investigado.

Referencias bibliográficas

a) Fuentes primarias Documentos varios institucionales de ANDES 21 de Junio del período 1990-1995. ANDES 21 de Junio. (1991). Documento educativo (p. 1) Preparado para la XXV Asamblea General “Eduquemos para la paz y la reconstrucción nacional sin dictadura militar”. San Salvador.

CMAS. (22 de junio de 1995). ¡Maestros y maestras!”. Comunicado de prensa, LPG, p. 42-A. CO-ANDES. (22 de junio de 1995). CO-ANDES. Comunicado de prensa, LPG, p.56-A.

Asimismo, debe mencionarse la colaboración brindada por las siguientes instituciones: Archivo General de la Nación, Archivo de la Asamblea Legislativa, Academia de la Historia, Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, Biblioteca Pública Chapultepec, Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador, biblioteca y hemeroteca de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, biblioteca del Arzobispado de San Salvador, biblioteca de FUSADES, biblioteca del MUNA, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobernación, Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) y La Casa del Maestro.

CODINES y SIMES. (21 de febrero de 1996). El Consejo de Directores de Institutos Nacionales de El Salvador (CODINES) y Sindicato Gremial de Maestros de El Salvador (SIMES) al Magisterio Nacional y a la opinión pública en general, hacen saber su postura ante la inminente aprobación del anteproyecto de Ley de la Carrera Docente. Comunicado de prensa, LPG, p. 24-A.

También a los docentes de la Maestría en Política y Evaluación Educativa de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, por compartir con nosotros sus conocimientos y apoyarnos en el desarrollo de este trabajo. Y, finalmente, a nuestra directora de tesis, Dra. Olga Carolina Vásquez, por llevarnos siempre a la reflexión de que todo trabajo es susceptible de mejora.

Foro consultivo nacional sobre reforma educativa (1995). Recuperado de http://pdf.usaid. gov/pdf_docs/pnabw144.pdf.

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Anexos Tabla 1. Problemas identificados y propuestas de solución efectuadas por las organizaciones docentes (1990-1993)

Fuente: Elaboración propia, con base en la prensa escrita, documento del FMS (FMS, 1992) y documentos varios institucionales de ANDES 21 de Junio, de 1990 a 1993.

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado Tabla 2. Problemas identificados y propuestas de soluci贸n efectuadas por las organizaciones docentes (1994-1996)

Fuente: Elaboraci贸n propia, con base en la prensa escrita, documentos varios institucionales de ANDES 21 de Junio, de 1994 a 1996, y otras organizaciones (CMAS, 1995; CO-ANDES, 1995; CODINES y SIMES, 1996; Foro consultivo nacional sobre reforma educativa, 1995; MINED, 1995).

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La conformación del liderazgo escolar de directivos de centros educativos de educación básica en entornos difíciles, tomando como caso de estudio 9 municipios del departamento de San Salvador Resumen

MSc. Erika Ivonne Mestizo Maestría en Política y Evaluación Educativa, Universidad Centroamericana Simeón Cañas, El Salvador Liceo Salvadoreño. Corporación de Hermanos Maristas ericka.ivon@gmail.com

Palabras claves: •

Liderazgo escolar

Ambientes difíciles

Habilidades sociales

Clima laboral

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El artículo presenta los resultados de un estudio de caso bajo la pregunta central: ¿Cuáles son los procesos que inciden en la conformación del liderazgo escolar en directivos de centros educativos de educación básica en entornos difíciles? El motivo de conocer las experiencias de vida de los directivos es identificar y explicar las actitudes favorables para el logro del liderazgo en el ambiente escolar; de esta manera, establecer los sustentos científicos para las recomendaciones de aplicación en el Sistema Educativo. Los municipios para el caso se establecen desde la perspectiva del estudio como ambientes difíciles, a partir del contexto del país y de los antecedentes de investigaciones sobre el tema. Los resultados revelan que los procesos de conformación del liderazgo parten de los primeros años de socialización en la familia y en las experiencias laborales en la institución. Las competencias identificadas por los participantes coinciden con investigaciones en países como Chile, Brasil, Ecuador y México, donde aluden a las habilidades sociales como fundamentales para el logro de una gestión escolar. El principal logro identificado en este estudio, tanto por directivos como por docentes, es la mejora del clima laboral. Por tanto, se concluye que a partir del logro principal y de las habilidades sociales de los directivos, estos tienen la posibilidad de hacer mejoras en la calidad de sus instituciones, una de ellas es la gestión pedagógica.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

Los antecedentes nacionales se centran, al menos, en propuestas, por la mejora en la calidad docente y directiva, como lo revela el documento Gestión escolar efectiva, del pasado Plan 2012 (MINED, 2008), en donde se adjudica un importante papel a la dirección para lograr la efectividad de la gestión del centro educativo. El motivo de conocer las experiencias de vida de los directivos alrededor de las características de su liderazgo, es identificar y explicar las actitudes favorables en la institución de trabajo, es decir, el ejercicio de liderazgo escolar; de esta manera, establecer los sustentos científicos para las recomendaciones de aplicación en el Sistema Educativo. Las razones para establecer como diseño un caso de estudio, es porque permite conocer desde las experiencias de los participantes el objeto de estudio. Los nueve municipios de San Salvador de este caso, se establecen desde la perspectiva del estudio como ambientes difíciles, a partir de su ubicación dentro del contexto económico del país, de inseguridad social, por la violencia1 donde están insertos los centros escolares, además de las condiciones insuficientes de desarrollo que estos poseen. Por supuesto, el caso de estudio pudo ser retomado de otro departamento y de otros municipios, encontrando las mismas condiciones desfavorables, pero se retoma el departamento de San Salvador, atendiendo a la información ofrecida por la Dirección Departamental de Educación. Investigaciones en el país en torno a liderazgo y a la dirección escolar en directivos aún es una deuda, por tanto, el estudio pretende ser la iniciativa para su abordaje, con el fin de profundizar en explicaciones de comportamientos favorables en la escuela y significar un aporte al Sistema Educativo Nacional, para el fortalecimiento del área de directivos. 1: Romero, Cabrera y Méndez. (2014). Foro Marcado por inseguridad y crisis económica. La Prensa Gráfica. http:// www.laprensagrafica.com/2014/01/13/foro-marcado-porinseguridad-y-crisis-economica

Desde este contexto, surge el objetivo general de identificar los procesos que inciden en el liderazgo escolar en el caso de estudio.

2.

Marco conceptual

Liderazgo escolar Para algunos autores, el liderazgo significa orientar y motivar. Orientar es mostrar y definir lo que la institución pretende lograr. Motivar es contribuir al desarrollo de las personas que la forman, a partir del reconocimiento de sus necesidades, de sus intereses y de sus sentimientos; construir espacios que permitan hacer compatibles tales características personales con las necesidades e intereses de la institución (Losada, 2007; citado en Fernández, Martínez y Roca, 2013). Además de hacer una conceptualización, el seguimiento de la investigación debe avanzar en encontrar el cómo hacer liderazgo, en ese sentido, Uribe (2007) lanza el desafío de seguir profundizando en conocer con precisión cuáles son las competencias directivas que refuerzan el liderazgo y promueven la eficacia en la institución. Mientras tanto, Robinson (2010), citado en Fernández, Martínez, Roca (2013), establece tres conjuntos de competencias para un liderazgo educativo, al cual él le llama pedagógico: •

Amplio conocimiento pedagógico,

Saber resolver los problemas que se presentan en el centro educativo,

Fomentar la confianza con toda la comunidad educativa.

Las últimas investigaciones acuñan el término de Liderazgo distribuido. Es decir, que las soluciones no dependen de una cúspide al mando, sino de una organización distribuida, de modo que los docentes desarrollen competencias, y las responsabilidades se precisen en más personas que el director (Bolívar, 2010). La inteligencia emocional consiste en un conjunto de competencias o habilidades para reconocer,

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comprender y usar la información emocional sobre uno mismo y sobre los otros, con el fin de lograr una buena adaptación social (Goleman, 1996). Clima laboral es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador, y que se expresan en las relaciones personales y profesionales (Bris 1999, citado en Khar, 2010). Los entornos difíciles aluden al contexto donde se encuentran situados los centros escolares, partiendo no solo de la comunidad, sino también de la realidad donde se halla inserta, a saber: intimidación por grupos de pandillas, altos índices de violencia, la economía del país. En el marco de la política para la prevención del fracaso escolar, la República de Argentina explica que la complejidad de los contextos educativos radica en la trama de variadas transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que, desde hace tres décadas, se vienen sucediendo en todo el mundo y que ha asumido en los diferentes países latinoamericanos rasgos particulares. (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, 2006). En resumen, las competencias para un liderazgo compartido, que es la manera más eficiente para las demandas educativas actuales, exigen atributos como la flexibilidad en la gestión escolar, la habilidad para establecer relaciones interpersonales adecuadas, y, sobre todo, la apertura para formar equipos de trabajo. Desde esa perspectiva teórica, la labor del líder directivo consiste en crear las condiciones asociadas a los aprendizajes de los estudiantes.

3.

Metodología

El estudio se define como una investigación cualitativa, por las interpretaciones de las interacciones sociales de los participantes, en la búsqueda de significados de su realidad con

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respecto al fenómeno del liderazgo. Para el diseño se utilizó el estudio de casos. La población fue constituida por directivos de nueve municipios del departamento de San Salvador, con características de liderazgo escolar. Las técnicas cualitativas fueron conversacionales como la entrevista. Al interior de la entrevista se utilizó una guía semiestructurada. Este margen de actuación es el que mejor se adaptó al objeto de estudio. También se emplearon listas de cotejo y un cuestionario tipo escala. La validez de los resultados es interna, es decir, no dada por la generalización de sus resultados, sino por la posibilidad de explicar el fenómeno, tanto por los procesos analizados por la investigadora, como la triangulación de fuentes de información (Cortés, 1997). En la validación de los instrumentos se realizó el método de Juicio de expertas. El procesamiento de la información se efectuó mediante la categorización y la triangulación de la información de las entrevistas y de otros instrumentos. Para el tratamiento de los datos obtenidos se realizaron diversas fases, las que contribuyeron a hacer más minuciosa la reducción, organización y estructuración de la información: 1. Selección de la información, 2. Triangulación de la información de los instrumentos, 3. Triangulación de la información de todas las poblaciones y el marco teórico.

4.

Resultados y discusión

Procesos que inciden en la conformación del liderazgo en directivos escolares Las experiencias de los participantes se agrupan en las siguientes categorías: Experiencias de socialización primaria. Es decir, la socialización en el hogar, las enseñanzas de figuras significativas dentro de la familia.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado La directora 05 expresa que el tener padres docentes influyó en su labor. “Creo que desde pequeña comencé a hacer gestión, mis papás son profesores”. Otro grupo primario es la escuela; las experiencias académicas en la escuela y la directiva escolar de grado abonan a la experiencia, como lo manifiesta la directora 09: “Siempre fui bastante excelente en el estudio; desde pequeña, y eso que soy de una familia pobre… yo siempre sobresalía en el estudio y recuerdo que fui presidenta del grado”.

Por supuesto, los años laborados en el puesto de dirección suman la experiencia como elemento necesario en los buenos resultados. “He aprendido a resolver los conflictos institucionales y los padres de familia se sienten satisfechos”. (Directora 08) “El primer año es difícil, pero después uno se va metiendo en todo, ahora yo ya sé qué es lo que debo hacer, me cuesta menos hacerlo, elaborar los planes, por ejemplo”. (Directora 09)

Experiencias religiosas

Experiencias de aprendizaje vicario

Son situaciones que van desde una labor en un grupo religioso hasta la devoción por la oración. En el caso del director 01, quien fue catequista y líder juvenil, agradece tales experiencias para sus antecedentes de su liderazgo actual. Las directoras 03, 05 y el director 02, atribuyen que el encomendar el trabajo a Dios es un elemento importante para su desempeño.

Es decir, aprendizaje por observación. En relación con las experiencias de anteriores directores, algunos participantes expresaron que tratan de imitar en ciertos aspectos, sobre todo actitudinales. Así lo expresaron:

Experiencias laborales o historia profesional Algunos directores aprendieron a dirigir personas en otros trabajos no educativos, administrativos, como el director 01. “En mis trabajos anteriores siempre he tenido que estar al frente de unas instituciones; tenía a cargo 200 empleados”. La experiencia en un negocio propio fortaleció las habilidades del trato con la gente para la directora 04. “Tuve la oportunidad desde bien joven, de comenzar a trabajar con gente por un negocio que teníamos; siento que tener contacto con las personas le va ayudando enormemente, a ir aprendiendo de cada experiencia”. Así también, las primeras experiencias en la docencia brindaron la confianza a los directivos para poder dirigir un grupo, las reuniones con padres de familia, reuniones de trabajo. El puesto anterior en subdirección también es una experiencia valiosa para la directora 08. “Cuando la directora andaba gestionando me tocaba toda la escuela como subdirectora, y ahí aprendí a hacer las reuniones con padres de familia, maestros; ahí empleé el liderazgo”.

“(…) yo sueño con llegar hasta allí, como ella (anterior directora), es una mujer íntegra, trabajadora y visionaria, con valores morales y espirituales”. La admiración de los directivos de la muestra hacia otros colegas puede obedecer a la trayectoria y a los valores de estos últimos. Una característica personal se convierte en modelo para imitar. “Una persona con mucha capacidad para poder dirigir, orientar, para facilitar los procesos. Yo siempre quise echar a andar mis propias ideas. Tuve un buen director y le agradezco a él por ayudarme a echar a andar las ideas que tengo”. (Director 06). Redes de contacto social Es decir, espacios de intercambio como marco de referencia para conocer otras experiencias de gestión. Los lazos entre los mismos directivos, crean un clima de comparación, lo cual también aumenta la motivación por generar logros. Estos intercambios se ven expresados en las reuniones de directivos. “Aquí en San Martín (los directivos) nos hemos caracterizado en ser muy unidos, tratamos de apoyarnos unos a otros. ¿Para qué? Porque no podemos

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estar divorciados cuando estamos en un proceso educativo”. (Directora 03) Características de personalidad Aunque pueda parecer un aspecto individual, este mantiene relación con procesos de socialización. Algunos de los participantes atribuyen sus habilidades, simplemente, a rasgos de personalidad que traen consigo desde el nacimiento, tal es el caso de la directora 03: “Liderazgo nato que lo traigo desde mi casa, con la única situación que tal vez las cosas se van dando de acuerdo a la oportunidad que uno tenga, y uno se va dando cuenta de todas esas potencialidades”. Así también el director 07 fue enfático en la atribución de su liderazgo. “Desde de mi punto de vista no se adquiere, ya se trae”. En el factor de personalidad también se habla de rasgos específicos que diferencian a unas personas de otras, como por ejemplo, el entusiasmo y el tesón. La personalidad también se forma con la socialización primaria. Goleman y cols. (2002), citados en Chamorro (2005), destacan que una de las competencias de personalidad de la inteligencia emocional es la conciencia emocional de uno mismo. De acuerdo con la teoría, este rasgo permite que las personas se apoyen en sus fortalezas y asuman tareas complejas, por tanto, tienen la sensación de presencia y la seguridad que les ayuda a destacar en un grupo. En este aspecto, la directora 09 habló con mucha seguridad; en sus fortalezas se autopercibió con las cualidades para el cargo, a pesar de no buscarlo. “No busqué el cargo, pero me acoplé al cargo. Pienso que tenía las aptitudes y siento que tengo muchas fortalezas, porque conozco el trabajo y tengo el carácter de estar ahí. Yo he aprendido en la práctica y con las cualidades que yo tengo”.

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La seguridad manifestada por estas personas, atribuida a rasgos de su personalidad, se consolida, además, en las primeras experiencias dentro del salón de clases, de los logros, y, por supuesto, de los objetivos personales de triunfo dentro del ámbito docente. Por tanto, además de una situación u oportunidad, también es preciso tener la disposición para hacer de esas vivencias verdaderos aprendizajes. Y a lo mejor para ello deban surgir otras variables que lleven a la persona a valorar la experiencia y a hacer de ella una competencia laboral.

Competencias para el liderazgo El tipo de liderazgo ejercido y las competencias que debe demostrar el líder, según los mismos directivos, se refleja en la siguiente tabla: Tabla. 6. El liderazgo desde la perspectiva de los directivos. Fuente: Datos retomados de 9 entrevistas a directivos del departamento de San Salvador.

Robinson (2010), citado en Fernández, Martínez, Roca (2013), resume las características del directivo en tres conjuntos de competencias: amplio conocimiento pedagógico, saber resolver los problemas que se presentan en el centro educativo, y fomentar la confianza con toda la comunidad educativa. Las competencias propuestas por Robinson no son lejanas a lo manifestado por los directivos, aunque algunos se centran más en procesos externos o en funciones, y otros en habilidades sociales y en valores internos. Un punto de vista convergente en los nueve participantes es que el trato favorable hacia sus compañeros docentes es fundamental para motivar el trabajo e implementar proyectos innovadores. En resumen, la mayoría de directivos señala las habilidades sociales como principales fortalezas y competencias.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado En ese sentido, autores señalan que la función directiva en los centros escolares requiere del directivo escolar, no solo el conocimiento administrativo y técnico necesario para su ejercicio, sino también el dominio de determinadas habilidades de relación interpersonal. Estas habilidades pueden ser: saber comunicarse, saber motivar para el trabajo, solucionar conflictos de manera adecuada, ser asertivo, saber afrontar situaciones difíciles con familia, profesorado y alumnado. Del dominio de estas habilidades depende el buen clima del centro y el grado de satisfacción de la comunidad. (Granados, de la Fuente y Álvarez, 2009). Al revisar los estándares de desempeño profesional directivo de Ecuador, basado en las dimensiones de gestión del talento humano y recursos, clima organizacional y convivencia (OREALC- UNESCO, 2014), encontramos similitudes a las características destacadas como aspectos deseables para la gestión efectiva del directivo escolar de la muestra de los nueve directivos de San Salvador. Es posible que los directivos no cumplan con todas las competencias mencionadas, pero en su experiencia y en su visión a futuro contemplan que son las deseables para un buen liderazgo, enmarcándolas, de alguna manera, en la línea de las habilidades sociales, lo cual significa valiosos aportes que deben tomarse en cuenta en el ámbito directivo.

Percepciones de los docentes Sin duda, el atributo más destacado por los docentes hacia sus directivos es en cuanto a su labor para fortalecer el clima de trabajo, tomando en cuenta no solo el trabajo con las personas, sino también el contexto donde están situados los centros escolares; es posible que a dicha competencia atribuyan, de manera relevante, la resolución de conflictos, antes que al ejercicio de la gestión pedagógica.

5.

Conclusiones

Los factores que incidieron en el ejercicio del liderazgo escolar, en el caso de estudio, son experiencias que parten de los primeros años al interior de la familia hasta la inserción a la vida laboral, y se agrupan en: experiencias de socialización primaria, experiencias religiosas, experiencias laborales, experiencias de aprendizaje vicario, redes de contacto social, y características de personalidad. Por tanto, desde la perspectiva de estas personas, el liderazgo es una característica construida, donde un ambiente desfavorable o situaciones problemáticas inciden, y son una oportunidad y una motivación para que los líderes promuevan cambios, como lo explican algunos autores. (Uribe, 2007; Bolívar, 2010). Las características del liderazgo de los directivos son, además de los dominios administrativos en el desempeño de la gestiona escolar, las habilidades sociales. Las habilidades de los directivos son la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, el autocontrol, la cooperación. Por otro lado, la experiencia ganada en el puesto de dirección escolar ha significado el fortalecer actitudes o virtudes como la paciencia y el respeto. Los directivos tienen claridad acerca de las competencias necesarias para la labor en la dirección escolar, dichas competencias son valoradas por ellos mismos desde la experiencia ganada en su historia laboral, muchas de las competencias están relacionadas con las habilidades sociales. Las valoraciones de los participantes coinciden con las investigaciones centradas en el liderazgo y en la dirección escolar, en países como Ecuador, Chile y México. A partir del logro, el fortalecimiento del clima escolar o laboral, los directivos tienen la oportunidad de modificar otros aspectos culturales en los docentes, como la resistencia a los cambios y a las innovaciones pedagógicas, por ende, la oportunidad de fortalecer la mejora de los aprendizajes en los estudiantes, en la medida en que su equipo docente tenga la motivación de implementarlas.

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6.

Reconocimientos

A la memoria de la licenciada Ana Mercedes, quien inició la asesoría de esta investigación. A los 9 directivos, por su disponibilidad de tiempo, por supuesto por su valioso aporte a esta investigación. Mauricio Trejo, asesor y animador del trabajo. Pauline Martir, Directora de la maestría, lectora y jurado en la defensa del trabajo. Mercedes Burgos, lectora y jurado en la defensa del trabajo. Personal del Departamento de Educación de la UCA por su aporte en la validación de instrumentos. Las instancias del Ministerio de Educación: Dirección Departamental de Educación de San Salvador, Dirección Nacional de Formación Continua, ESMA, y Gerencia de Asistencia Técnica.

7.

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La homofobia como factor de influencia en el desarrollo de la masculinidad, violencia y sexualidad de hombres nicaragüenses Resumen

MSc. Michael Andrew Solís Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo msolis18@gmail.com

Palabras claves: •

Homofobia

Homosexualidad

Masculinidad

Violencia

Sexualidad

Hombres nicaragüenses

Violencia basada en género

Adolescentes

Adultos

Orientación sexual

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En este artículo se expone cómo la homofobia influye en las interrelaciones entre la masculinidad, la violencia y la sexualidad en las vidas de hombres nicaragüenses. El artículo exploró dos intervenciones realizadas por dos organizaciones no gubernamentales --una en el barrio urbano Jorge Dimitrov, en Managua, y la otra en comunidades rurales de San Ramón, Matagalpa-- para formar a hombres en nuevas masculinidades y para reducir la violencia basada en género. Dada la evidencia teórica que apoya la necesidad de abordar el tema de la homofobia en el desarrollo de nuevas masculinidades con hombres, busqué explorar en qué medida el trabajo realizado por las dos ONG incorporó un enfoque en la homofobia. Además de analizar la naturaleza de las intervenciones, examiné los discursos de dieciséis hombres nicaragüenses que han participado en estos procesos para entender sus concepciones de la masculinidad, la violencia y la sexualidad. A través del análisis de sus discursos, quise determinar si la homofobia dio forma a sus perspectivas, y si ellos experimentaron cambios en cuanto a sus actitudes y comportamientos hacia los homosexuales. Hice un análisis comparativo para determinar si existen diferencias en las concepciones entre edades (hombres jóvenes y hombres adultos) y entre las zonas geográficas (el sector urbano y el sector rural), con el objetivo de determinar si intervenciones dirigidas a la reducción de la violencia contra las mujeres pudieron tener efectos adicionales en la reducción de la violencia entre hombres sobre la base de la orientación sexual.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

Varios autores han explorado los temas de masculinidad y machismo en Nicaragua (Lancaster, 1988, 1992 y 1995; Montoya, 1998; Sternberg, 2007 y 2010; Welsh, 2013). Algunos de estos autores se han enfocado específicamente en el tema de la homofobia en Nicaragua (Lancaster, 1988 y 1995; Welsh, 2014) mientras que otros (Montoya, 1998; Muñoz y Muñoz, 1998, y Welsh, 2001) se enfocan más en las intervenciones que desarrollan nuevas masculinidades con hombres. En relación con los cursos en masculinidades realizados con hombres durante los años 90 en Nicaragua, la orientación sexual surgió como un tema de interés durante los talleres sobre la discriminación. Según Welsh (2001), es fundamental abordar en el tema de la homofobia, si los hombres van a cambiar, porque tienen que cuestionar los prejuicios y las construcciones sociales que han internalizado a lo largo de sus vidas. La justificación para mi investigación se basa en la sistematización que realizó Trócaire sobre su Programa de Prevención de la Violencia Basada en Género (PPVBG), el cual abordó el tema de nuevas masculinidades (Welsh, 2013). Si bien hubo avances con los hombres de la población meta que participaron en el PPVBG, respecto a sus actitudes y a sus comportamientos hacia las mujeres, las organizaciones locales que ejecutaron los proyectos expresaron los desafíos que tenían en relación con el tema de violencia entre hombres. La mayoría de las organizaciones que formaron parte del PPVBG no estaban abordando el tema de la homofobia de forma directa, y muchas compartieron la preocupación de comprometer la participación de los hombres si decidieron focalizarse en un tema tan tabú y controversial como la homofobia. El objetivo general de mi investigación es entender cómo la homofobia influye en las concepciones de masculinidad, violencia y sexualidad que tienen hombres jóvenes y adultos que han participado en procesos de formación de nuevas masculinidades, y la reducción de la violencia basada en género. Los objetivos específicos son: 1) Analizar dos procesos de trabajo en nuevas masculinidades y

reducción de la violencia basada en género con hombres, realizados por dos ONG nicaragüenses, uno en un contexto urbano con el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN), en el barrio Jorge Dimitrov, Managua, y otro en un contexto rural, con el Centro de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente (CESESMA), en San Ramón, Matagalpa, y si en sus intervenciones han abordado la homofobia como una forma de violencia entre hombres. 2) Entender cómo los hombres jóvenes y adultos formados conciben la masculinidad, la violencia y la sexualidad, a través del lente de la homofobia. 3) Determinar si existen diferencias entre las concepciones que los hombres tienen de la masculinidad, de la violencia y de la sexualidad, a través del lente de la homofobia, tomando en cuenta variables como la edad (los jóvenes versus los adultos) y la ubicación geográfica (rural versus urbano).

2.

Marco teórico

Los cuerpos teóricos identificados forman parte del triángulo de interrelaciones que he generado abajo con base en mis lecturas y estudios durante la formulación de esta investigación: Figura 1: Triángulo de Interrelaciones

Es fundamental abordar los tres elementos centrales del triángulo de interrelaciones --la masculinidad, la violencia y la sexualidad-- para entender la complejidad de las actitudes y de los comportamientos de los hombres nicaragüenses que forman parte de este estudio. En el centro de la figura, sitúo la homofobia como un factor clave que afecta y vincula los tres elementos de esta relación y los mantiene en cierto tipo de equilibrio. La homofobia no es un aspecto secundario de la vivencia de la masculinidad, sino que es constitutiva de esta. El miedo de ser percibido como homosexual es una característica central de la masculinidad en un contexto heteropatriarcal, y resulta en la categorización de los diferentes tipos de masculinidades entre los que son socialmente aceptados y los que son inaceptables. La sexualidad se pone en conflicto y resulta en la

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represión de cualquier sentimiento, experiencia o sensación que podría poner en cuestión la “masculinidad” del hombre. La violencia física, verbal, psicológica y sistematizada es una respuesta a este temor del “otro”. El poder, simbolizado por el círculo gris, está en juego en cada momento durante estas interacciones, y por eso representa un elemento transversal. Varios autores han contribuido a la construcción de la definición de la masculinidad. Kimmel (1997, p. 1) se refiere a la masculinidad como “un conjunto de significados siempre cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro mundo”. Connell (1997) provee cuatro maneras que se utilizan para definir la masculinidad: 1) la definición esencialista que se basa en la selección de una característica específica de la masculinidad, por ejemplo, la capacidad de arriesgarse o la agresividad; 2) la definición positivista que utiliza los hechos y patrones de vida para describir como los hombres son en realidad; 3) la definición normativista se basa en cómo los hombres deben ser y cómo deben comportarse; y finalmente 4) la definición semiótica que se basa en las diferencias simbólicas entre hombres y mujeres y la idea de la masculinidad como el opuesto a la feminidad. (pp. 105-106)

Aunque cada definición tiene sus deficiencias, Connell (1997) demuestra cómo la masculinidad y la feminidad constituyen un proyecto que surge dentro de un sistema de relaciones de género, y cómo estas relaciones, entre individuos y grupos, tienen implicaciones para la experiencia corporal, la sexualidad vivida y la cultura. Para Welsh (2001), el machismo es un producto histórico y cultural basado en el supuesto erróneo de que los hombres son física, intelectual y sexualmente superiores a las mujeres. Lancaster (1992) sostiene que el machismo no solo estructura las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino también entre hombres. Sobre todo, los hombres tienen que afirmar su

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masculinidad constantemente y demostrar que son fuertes y “activos” en vez de “pasivos” y, por ende, afeminados. La amenaza principal a este sistema es el estatus de “cochón”, lo cual significa la pérdida total de masculinidad y de estatus. En este sentido, el símbolo del “cochón”, caracterizado por la “pasividad” durante el sexo anal entre hombres, es producto del machismo, y, a la vez, mantiene la institución del machismo. De acuerdo con Lancaster (1998), en Nicaragua se estigmatiza a los cochones por ser hombres afeminados u hombres no completos. Si uno utiliza a un “cochón” de manera activa, uno puede adquirir masculinidad, mientras el cochón siempre termina siendo estigmatizado por su consentimiento pasivo. Kaufman presenta su triada de violencia masculina, la cual incluye la violencia contra otros hombres, la violencia contra las mujeres y la violencia contra ellos mismos. Para Kaufman (1989, p. 21), esta estructuración de masculinidad implica “una agresividad excedente” que institucionaliza “la violencia en el manejo de la mayoría de los aspectos de la vida social, económica y política”. Como plantea Connell (2005, p. 125), “[m]uchos de los miembros del grupo privilegiado utilizan la violencia para sostener su dominación”. Al respecto, la homofobia se sitúa dentro de la triada de violencia. Los hombres heterosexuales forman parte del grupo privilegiado que utiliza la violencia para suprimir no solo a las mujeres, sino también a los hombres homosexuales, uno de los grupos dominados dentro del sistema patriarcal. En relación con la posibilidad de erradicar la violencia masculina, Connell (2005) sostiene que la “masculinidad hegemónica” y las “masculinidades marginadas” no son características fijas, sino configuraciones de prácticas generadas dentro de situaciones particulares en una estructura de relaciones cambiantes. En línea con Connell, quien enfatiza la relación históricamente móvil de la hegemonía, Messerschmidt (1998) sostiene que aunque se puede renovar, recrear, defender y modificar el discurso hegemónico a través de la práctica, también se puede resistir, limitar, alterar y desafiar este mismo discurso. Esto abre la posibilidad de poder cambiar discursos Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado entre hombres y reducir la violencia que ha sido generada por las creencias que nacen como consecuencia de estos mismos discursos.

3.

Metodología

Mi investigación cualitativa se basa en el análisis de discursos. Realicé una operación de análisis de objetivos y de temas para estudios cualitativos, con el fin de crear instrumentos que sirvieron como los guiones para las entrevistas semiestructuradas con hombres adultos, con hombres jóvenes y con facilitadores, y con las coordinadoras de los dos proyectos. En total, realicé 20 entrevistas: cuatro con las dos coordinadoras de los proyectos y con los dos facilitadores, y luego 16 entrevistas con cuatro hombres adultos y con cuatro hombres jóvenes del barrio Jorge Dimitrov, en Managua, y con cuatro hombres adultos y con cuatro hombres jóvenes de las comunidades de Yucul, La Garita y La Corona, en San Ramón, Matagalpa. Finalmente, llevé a cabo una observación participativa de los dos procesos de formación grupal con cada ONG. El rango de edades de los hombres jóvenes era de 15 a 20 años, mientras el rango de edades de los hombres adultos era de 35 a 72 años. Los participantes eran hombres que ya tenían entre 1 y 5 años de haber participado en procesos de nuevas masculinidades, a través del Programa de Prevención de la Violencia Basada en Género (PPVBG) de Trócaire. En dos de las entrevistas que realicé con hombres jóvenes, en el barrio Jorge Dimitrov, los espacios eran tan íntimos que decidieron participar la madre de uno de los jóvenes y la abuela de otro. Esto tuvo implicaciones metodológicas, porque al decidir no cerrar el espacio a las mujeres, tuve que reestructurar mis preguntas y dirigir a ellas algunas preguntas nuevas, sin perder el enfoque en los jóvenes. Trabajé con los facilitadores y con las coordinadoras de los dos proyectos para seleccionar a los hombres de manera intencional y maximizar la diversidad. Los criterios que tomamos en cuenta fueron: estado civil (casado, soltero, divorciado, en pareja), estructura familiar

(vive con una madre y un padre, una madre soltera, un padre soltero, abuelos o abuelas, tíos o tías etc.), religión (católico, evangélico, arreligioso) y la orientación sexual (heterosexual, bisexual, homosexual, hombre que tiene relaciones sexuales con hombres etc.). Esta última categoría fue más difícil de identificar con certeza, dado que los facilitadores de los dos proyectos no tenían registrada información sobre las orientaciones sexuales de los participantes. Sin embargo, me ayudaron a diversificar a la población entrevistada con base en su intuición personal y profesional. Existen dos grupos de comparación: hombres que han participado en procesos de nuevas masculinidades en Managua, con CCBN, y hombres que han participado en procesos de nuevas masculinidades en San Ramón, con CESESMA, lo que establece una distinción entre los hombres de una zona urbana versus los de una zona rural. Dentro de estos dos grupos, investigué el impacto de la participación entre hombres jóvenes y adultos. Para evitar que los hombres se sintieran forzados a participar en la investigación, como ya han participado en el PPVBG, les expliqué la idea de consentimiento informado, el propósito general de la investigación y las garantías de protección de su información privada al inicio de las entrevistas. Para minimizar el riesgo de brechas de confidencialidad, clasifiqué a cada participante con un número de participación, con su edad y con su ubicación geográfica, en vez de documentar sus nombres reales. Luego les asigné seudónimos diferentes.

4.

Resultados y discusión

Cumpliendo con el primer objetivo específico de mi investigación, he podido concluir que los procesos realizados por las dos ONG no han incorporado la homofobia como un tema central, y que existen ciertas dudas entre el personal de las organizaciones en relación con el abordaje de un tema tan controversial como la homosexualidad, particularmente, con los hombres adultos. Sin

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embargo, los hombres adultos y jóvenes de San Ramón y del barrio Jorge Dimitrov afirmaron que el tema de la homosexualidad ha surgido de manera orgánica durante los procesos de formación, así que no ha sido totalmente invisibilizado. Parece que los hombres adultos y jóvenes del barrio Jorge Dimitrov manejan más el tema de la homofobia, mientras los hombres de la comunidad de San Ramón, por lo general, no lo manejan con confianza. También había una diferencia generacional entre cómo los adultos y los jóvenes percibían la violencia basada en la sexualidad, con más consciencia entre los jóvenes en comparación con los adultos. Está fuera del alcance de esta investigación medir la calidad de estas dos intervenciones, así que por el momento no es posible concluir si ha habido diferencias significativas en relación a la forma como la homofobia fue abordada con los hombres en cada contexto y con cada grupo. Respondiendo al segundo objetivo de la investigación, a través de las entrevistas logré entender cómo los hombres jóvenes y los adultos formados conciben los tres elementos del triángulo de interrelaciones: la masculinidad, la violencia y la sexualidad. Con respecto a la masculinidad, en general, los hombres adultos y jóvenes entrevistados tienen varias ideas en común en relación con lo que significa ser hombre, aunque el discurso de los jóvenes es más homogéneo que el de los adultos. En los dos contextos, la mayoría de los hombres adultos y jóvenes aplicaron una definición normativista del hombre sobre cómo deben ser los hombres. Los hombres adultos eran más dispuestos a agregar una definición esencialista de ser hombre, basada en lo biológico, en comparación con los jóvenes, y solo un hombre en San Ramón presentó una definición semiótica de ser hombre. En general, los hombres jóvenes tienen una concepción del machismo más matizada con base en sus experiencias. No perciben el machismo como una enfermedad, como hacen los adultos. Además, los jóvenes se identifican como “hombres de cambio”, porque quieren establecer otra cultura de ser hombre. Dentro de su discurso aparece la figura del cochón; los jóvenes resaltan cómo los

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hombres adultos utilizan la etiqueta del cochón para bajar sus niveles de autoestima y promover el desarrollo de la masculinidad “correcta”. En el barrio Jorge Dimitrov, “la calle” surge como un espacio urbano donde se aprende y se reproduce el comportamiento machista y, por ende, la violencia. Este espacio influye enormemente en cómo los hombres adultos y jóvenes viven la masculinidad. Por eso, en el barrio Jorge Dimitrov prevalece una definición normativista del hombre, la cual se basa en la no violencia. La violencia pandillera en este barrio tiene una dimensión generalizada, en el sentido de que existe una presión social entre hombres jóvenes de formar parte de pandillas. La falta de oportunidades económicas y de actividades recreativas contribuye a la decisión de unirse a pandillas. Ninguno de los jóvenes entrevistados es miembro de una pandilla, pero han observado la violencia que causan las pandillas en su entorno. En relación con la violencia, los adultos de San Ramón y del barrio Jorge Dimitrov tienden a reflejar en la violencia que ellos mismos causaron en las vidas de los demás. Muchos hablaron de la influencia que tenían sus familias y sus entornos en la construcción de una masculinidad violenta. Algunos comentaron sobre la violencia que vivieron durante los años de guerra, y cómo la violencia se reproducía dentro de sus familias. Los adultos y los jóvenes coinciden con la creencia de que la violencia es una herencia que se transmite de generación a generación. En cambio, los jóvenes hablaron de casos de violencia dentro de sus familias y de sus comunidades, y mencionaron los comportamientos machistas que lograron cambiar a través de los procesos. Los jóvenes no dieron razones naturalizadas o divinizadas para explicar la naturaleza violenta del hombre, como hicieron algunos adultos. Para algunos hombres adultos, la religión sirve como una herramienta para dejar de ser violentos y para tratar mejor a sus pareja. La mayoría de los hombres adultos y jóvenes hablaron de la Ley 779, Ley para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, y sus procesos de cambio. Atribuyeron sus cambios a los procesos Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado realizados, lo que sugiere que el Programa de Prevención de la Violencia Basada en Género (PPVBG) ha tenido un efecto transformador en sus vidas. En relación con la idea de la violencia entre hombres que aparece en la tríada de violencia de Kaufman, la mayoría de los hombres no categorizan la homofobia como una forma de violencia basada en género, aunque muchos identificaron el estigma que enfrentan los hombres homosexuales en sus comunidades y en la cultura nicaragüense en general. Dos hombres jóvenes dieron ejemplos de cómo se vincula este estigma con los procesos de formación, lo que contribuye a la percepción que tienen otros hombres de las comunidades, de la “feminización” de los procesos. Los hombres adultos y jóvenes demostraron el mismo choque de discursos en relación con el tema del aborto. La mayoría de los adultos y de los jóvenes expresaron sus dudas respecto del aborto y de la necesidad de controlar las decisiones y, por ende, los cuerpos de las mujeres. Algunos hombres jóvenes utilizaron un discurso religioso para categorizar el aborto como un pecado. Al respecto, el discurso basado en los derechos encuentra un límite significativo. Se puede observar cómo, en la mayoría de los casos, los discursos religioso, médico y patriarcal trabajan en conjunto para dominar el discurso profeminista y el discurso occidental progresista. En respuesta al tercer objetivo de la investigación, hubo otro gran conflicto de discursos en relación con el tercer elemento del triángulo de interrelaciones: la sexualidad. Retomando los cinco discursos encontrados por Sternberg, White y Hubley (2007) en su estudio sobre las masculinidades nicaragüenses (el discurso tradicional patriarcal, el discurso católico, el discurso profeminista, el discurso occidentalprogresista --feminista liberal-- y el discurso médico), observé que la mayoría de los adultos manejan un discurso occidental-progresista basado en derechos, en relación con la violencia contra las mujeres. Sin embargo, para la mayoría de los hombres adultos, este discurso no se transfiere a los hombres homosexuales. Como

sostiene Santamaría (2012, p. 8), “atrás de la retórica liberal, que nos pregona los derechos, la igualdad, la libertad y la fraternidad, tenemos discriminación, opresión y violencia”. Esto es cierto con muchos de los hombres adultos que fueron entrevistados. Al poner la homosexualidad encima de la mesa de discusión, el discurso cambia radicalmente para permitir la discriminación, la opresión y aun la violencia en el barrio Jorge Dimitrov y en la comunidad de San Ramón. Esta paradoja existe porque es un aspecto intrínseco del discurso liberal de derechos. Como sostiene Fraser (1990, p. 64), “la democracia liberal burguesa efectivamente pone en paréntesis las desigualdades sociales (y, por ende, los grupos marginados) y procede como si estos grupos no existieran, lo que reduce su paridad participativa”. Al contrario, los jóvenes formados en los dos contextos sí extienden el discurso occidentalprogresista hacia los hombres homosexuales. Algunos de estos hombres jóvenes admitieron que eran homofóbicos antes de iniciar los procesos. Esto parece indicar que el PPVBG ha tenido un efecto transformador, contribuyendo a los cambios de actitudes y de comportamientos entre los hombres jóvenes del Jorge Dimitrov y de San Ramón, para que dejen de ser homofóbicos y para que aprendan a respetar los derechos de todas las personas, sin importar la orientación sexual. Ha habido algunos éxitos con dos hombres adultos del barrio Jorge Dimitrov también, lo que demuestra que el PPVBG tiene la capacidad de generar el efecto del desaprendizaje de la homofobia entre adultos. Sin embargo, es evidente que lograr transformar a los hombres adultos es un desafío más grande, debido a que sus discursos y sus pensamientos son más establecidos y, para la mayoría, el discurso basado en los derechos no logra prevalecer sobre los otros discursos que históricamente han moldeado su visión del mundo y las relaciones humanas. En relación con las posturas que tienen los hombres jóvenes y adultos hacia la homosexualidad, se pueden definir tres categorías: 1) el rechazo, 2) la tolerancia y el respeto (en distintos grados) y 3) la tolerancia con límites. Algunos adultos rechazan la homosexualidad directamente, mientras otros la toleran en varios grados, algunos con límites

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en relación con el matrimonio entre hombres y en relación con las demostraciones públicas de afecto entre hombres. En cambio, todos los jóvenes entrevistados manejan una postura de tolerancia y de respeto, pero en distintos grados. Es evidente que toleran la homosexualidad, pero lo hacen por razones diferentes. Mientras algunos cuestionan la construcción social del patriarcado, otros refuerzan la construcción del “otro” social. Ninguno declara de manera abierta su aprecio celebratorio para las personas homosexuales, y algunos manifiestan que la homosexualidad es mala, pero que la toleran para no discriminar a los demás. Sternberg (2007) concluyó que la homofobia se expresaba dentro del discurso “católico” y médico de los hombres participantes en su estudio. Sin embargo, el discurso religioso y el discurso médico solamente capturan una parte de la discriminación expresada por los hombres que entrevisté. Categorizar a un grupo de personas y situarlas en una posición inferior en términos de acceso a derechos es un asunto político, no solo religioso o médico. Además, por lo menos un hombre expresó que no se sentía cómodo observando demostraciones públicas de afecto entre hombres homosexuales, y ha tomado acciones concretas para que sus hijos no tengan que verlas. Este hombre no justificó esta actitud a través del discurso religioso ni del discurso médico, sino más por preferencia o por gusto personal. Lógicamente, traté de entender el punto de vista de ese hombre a través de la perspectiva del discurso patriarcal, pero era evidente que no cabía de manera adecuada dentro de este discurso tampoco. Según Facio y Fries (1999), el patriarcado se fundamenta en el dominio histórico de los hombres sobre las mujeres, muchas veces a través de la violencia y de la subordinación de la mujer. Además, aunque hay grupos donde los hombres pueden sufrir opresión (por ejemplo, los homosexuales), las mujeres siempre mantienen una posición subordinada a los hombres dentro de estos grupos. Aunque es cierto que los hombres homosexuales no ocupan un nivel tan alto dentro de la jerarquía del patriarcado, las mujeres no forman parte de la jerarquía,

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así que han sido excluidas totalmente. Por eso, el discurso patriarcal no es suficiente para categorizar el discurso homofóbico que surgió durante las entrevistas con los hombres adultos ni para explicar la postura de tolerancia con límites, porque los hombres no están hablando de la dominación sobre las mujeres o su exclusión. De hecho, muchos hombres hablan de la igualdad entre hombres y mujeres, y desafían el discurso patriarcal tradicional cuando hablan de la violencia hacia las mujeres. Se puede argumentar que los hombres están tratando de filtrar cualquier aspecto socialmente construido como femenino de sus interpretaciones de masculinidad, pero para mí esto va más allá del discurso meramente patriarcal. Esto no quiere decir que el patriarcado no tiene elementos importantes y que no puede contribuir al discurso homofóbico que surge entre los hombres. Como sostiene Smith (2006), la colonización de una sociedad requiere la naturalización de una jerarquía a través del patriarcado. Este patriarcado, como hemos visto, depende de un sistema binario de género en el cual el género masculino domina al género femenino, y un elemento importante de este sistema es la heteronormatividad. El miedo que tienen los hombres a lo “femenino”, o en este caso, de la homosexualidad, juega un rol importante en la construcción de sus discursos. Por estas razones, es evidente que necesitamos otro término para encapsular el discurso de los hombres. No basta, simplemente, tratar de hacer caber los pensamientos homofóbicos dentro de las cinco categorías de Sternberg. Considero que debemos nombrar un discurso separado, el “discurso heteropatriarcal” o “el discurso de heteronormatividad hegemónica”, porque estas categorías reconocen el rechazo fundamental de la homosexualidad que permea los diversos discursos utilizados por los hombres. Esta idea va en línea con el planteamiento de Rubin (1984), quien habla de la necesidad de considerar el género y la sexualidad como dimensiones independientes aunque interconectadas, para entender mejor su existencia social separada. El “discurso heteropatriarcal” es una alternativa que permite esta separación entre el género y la sexualidad; contempla la opresión de género Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado del patriarcado junto con la opresión basada en la sexualidad heteronormativa, sin excluir el patriarcado. Esto abre un espacio para reconocer las subordinaciones y discriminaciones separadas e interconectadas que los hombres viven por ser clasificados como homosexuales. Este discurso aglutina los diferentes discursos utilizados, no viceversa, y destaca el fenómeno cultural machista, que rechaza automáticamente la homosexualidad y busca oprimirla, suprimirla y reprimirla. En este sentido, es el único discurso que responde de forma directa y adecuada a la homofobia, y que, en su esencia, busca promover el sistema de la heteronormatividad. Este “nuevo” discurso sirve para complementar y mejor encapsular los discursos de los hombres entrevistados, y explica cómo los hombres nicaragüenses, en general, han subordinado a los hombres homosexuales. El hecho de que la mayoría de los hombres entrevistados han logrado construir un “otro” social para clasificar a los hombres homosexuales significa que, inconscientemente, creen en la jerarquía heteropatriarcal, en la cual algunos hombres tienen más y otros tienen menos. En este sentido, los que tienen más en términos de poder y de acceso a derechos son los heterosexuales. Los que tienen menos son los “cochones”, que no tienen acceso a los mismos derechos, y entre hombres nicaragüenses sirven como canales de poder para aumentar el poder masculino de los varones “heterosexuales”, que asumen el rol activo durante el coito entre hombres. Los que tienen más son los hombres que actúan conforme a la definición socialmente aceptada de ser hombre: ser agresivo, fuerte y valiente. Los que tienen menos, a veces, son los hombres que forman parte de procesos de cambio, pero enfrentan comentarios homofóbicos que buscan feminizar sus esfuerzos hacia el cambio. Tal como aparece en el triángulo de interrelaciones, la homofobia está situada en un entorno de relaciones de poder, y contribuye a la construcción de la masculinidad, de la violencia masculina y de la sexualidad masculina, de una manera que no pueden hacerlo otras variables como la biología, la religión o la ley por sí solas. La homofobia es su propia fuerza, y no entenderla significa no entender la idea del hombre nicaragüense.

5.

Conclusiones

Como está fuera del alcance de mi investigación medir el nivel del impacto del trabajo programático de las organizaciones investigadas, sería útil, en el futuro, realizar una evaluación de este trabajo con un enfoque en la homofobia, para dar a entender si ha habido cambios duraderos entre la población beneficiaria y si los cambios reportados, realmente, han sido puestos en práctica por los hombres formados. De igual manera, es importante entender las metodologías utilizadas y medir la participación temporal de los hombres, en cuanto a su desaprendizaje gradual de pensamientos y de comportamientos homofóbicos. También sería necesario analizar las diferencias entre otros contextos rurales y urbanos para entender sus particularidades, tanto como los factores que tienen en común. En los estudios futuros que se hagan sobre la masculinidad en Nicaragua, será imperativo mantener la conciencia de la clasificación del discurso heteropatriarcal, dándole el espacio que merece no solo dentro de las investigaciones, sino también en las intervenciones que se realizan con los hombres en nuevas masculinidades. Si no abordamos el heteropatriarcado ni la homofobia, los hombres van a seguir entrando en conflictos de discursos, y si nos limitamos a la religión, a la biología, a los derechos y al patriarcado, se pueden perder elementos importantes del discurso heteropatriarcal, que unen estos diferentes elementos. También resulta útil analizar intervenciones exitosas que han puesto el tema de la homofobia en el centro del trabajo con hombres para ir compartiendo metodologías y técnicas exitosas con organizaciones que no han logrado incorporar la homofobia como un tema central en los procesos de cambio. Además, analizar si existen diferencias entre los logros de iniciativas que han priorizado el tema de la homofobia en comparación con organizaciones como CESESMA y CCBN, que han sido más reacios en relación con su abordaje del tema dentro de sus intervenciones.

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6.

Reconocimientos

Este trabajo no hubiera sido posible si no fuera por los hombres y por las mujeres que compartieron sus opiniones y algunos aspectos de sus vidas conmigo. Gracias por su tiempo y por su compromiso al trabajo interior y exterior que siguen realizando todos los días. Agradezco el apoyo que recibí del Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) y el Centro de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente (CESESMA). Gracias a Jennifer Marshall y a Guillermo Medrano, por abrirme las puertas de sus organizaciones, y gracias a Patricia Ruíz y a Marisol Hernández Méndez, por su disponibilidad, ayuda e interés en mi investigación. De manera especial, agradezco el apoyo de Marvin Cajina Rayo y de Jaime Lenín Salgado, quienes facilitaron el trabajo con los hombres en el barrio Jorge Dimitrov y en San Ramón, respectivamente, y me dieron acceso a los hombres jóvenes y adultos que formaron parte de este estudio. Tuve la suerte de que mi tutor fuera Camilo Antillón Najlis, quien me ofreció un apoyo invaluable durante todas las fases de mi investigación. Me desafió con sus comentarios, observaciones e ideas, los cuales me permitieron mejorar la calidad analítica de mi trabajo. Así mismo, tuve la suerte de poder trabajar directamente con una estrella en el área de masculinidades: Patrick Welsh. Gracias por la sistematización que realizaste con Trócaire y por los documentos que compartiste conmigo. Agradezco, también, a mis colegas de Trócaire por su apoyo, de manera particular a Zoila Romero por invitarme a acompañarla en su visita de monitorización Costa Rica en 2013. Esa visita me inspiró y dio vida a esta investigación.

7.

Referencias bibliográficas

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


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Anexos Figura 1: Triángulo de Interrelaciones

Fuente: Tagiuri & Davis (1982).

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

Estudio sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes

en comunidades y barrios seleccionados por Plan Internacional, a fin de identificar factores que facilitan o que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos a estar protegidas contra la violencia, a tener acceso a la educación y a la construcción de ciudadanías, desde una perspectiva del desarrollo humano.

MSc. Gabriel Rivera Rocha MSc. Karla Hernández Roa MSc. Vilma Álvarez Mora Maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de niños, niñas y adolescentes

Palabras claves: •

Derecho a la protección contra la violencia

Acceso a la educación construcción de ciudadanía

Desarrollo humano

Resumen El objetivo del estudio es caracterizar la situación de niñas, adolescentes y jóvenes

El estudio es de naturaleza cuanti-cualitativa, descriptivo, con elementos analíticos, y de corte retrospectivo y transversal. Este se realizó en 22 comunidades y barrios de 10 municipios: Boaco, La Libertad, Chinandega, Puerto Morazán, Malpaisillo, San Lucas, Río Blanco, Bilwi, Altagracia, y distritos IV y V de Managua, seleccionados por Plan Internacional. Niñas, adolescentes y jóvenes reconocen las principales formas de violencia, se han empoderado de su derecho a vivir sin violencia, y conocen las instancias donde pueden presentar denuncias y recibir atención. El nivel de información sobre derechos del que disponen niñas (58.4%), adolescentes (52.9%) y jóvenes (56.9%), según su propia autovaloración, se considera intermedio, y sus principales fuentes de información son las escuelas (75.3% en niñas, 69.1% en adolescentes y 47.4% en jóvenes), sus familias, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos. Las causas por las que adolescentes y jóvenes interrumpen su proceso de escolarización son diversas, aunque se observan tres factores claves: los mayores costos que implica la educación secundaria, técnica o superior; la presión familiar para que se incorporen al trabajo productivo o asuman mayores roles dentro del hogar, y el embarazo en la adolescencia.

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1.

Introducción

La mayoría de niñas, adolescentes y jóvenes vivencian diversas formas de violencia en su vida cotidiana, y sus principales agresores son las personas que deberían protegerlas. Se evidenció que la forma más común de violencia es la que ocurre en sus hogares bajo la forma del castigo físico, que es legitimado por madres y padres como una forma efectiva de disciplina. También están expuestas a múltiples situaciones de violencia, tanto en la escuela por parte de sus docentes (bullying, maltrato verbal, físico e incluso sexual), como alrededor de ella (ambientes inseguros y acoso de hombres de todas las edades). El objetivo general del estudio fue caracterizar la situación de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en comunidades y en barrios seleccionados por Plan Internacional, a fin de identificar factores que facilitan o que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos a estar protegidas contra la violencia, a tener acceso a la educación y a la construcción de ciudadanía, desde una perspectiva del desarrollo humano. Como objetivos específicos se planteaba: identificar el nivel de información sobre derechos que niñas, adolescentes y mujeres jóvenes manejan acerca de las diversas formas de violencia, del acceso a la educación y de la participación ciudadana; analizar los factores culturales que ubican a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad ante la violencia, y que les facilitan o que les obstaculizan el empoderamiento a su derecho a vivir libres de este fenómeno; precisar las condiciones que contribuyen o que limitan completar la educación primaria, secundaria, técnica y universitaria a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes; reconocer las oportunidades y las limitaciones que mujeres, adolescentes y jóvenes enfrentan para el acceso a oportunidades económicas, y valorar los factores socioeconómicos, culturales y políticos que contribuyen o que limitan que las niñas, las adolescentes y las mujeres jóvenes ejerzan ciudadanías activas y participen en los asuntos que las afectan.

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2.

Marco teórico referencial

El estudio toma en consideración los planteamientos de Nikken (1994), quien reconoce los derechos humanos como: (…) atributos, facultades, garantías y libertades inherentes a la condición humana, cuya garantía corresponde principalmente al Estado, quien debe promoverlos --darlos a conocer--, respetarlos --no impedir o limitar su cumplimiento--, protegerlos --prevenir, impedir y sancionar abusos-- y garantizar su cumplimiento --acción positiva de proveer los medios y recursos para el pleno disfrute de los mismos--. (p. 15) Para efectos del estudio, se considera niñas a todas las mujeres de entre cero y trece años, a quienes se reconoce como titulares plenas de derechos, protagonistas de su propio desarrollo y del de la sociedad. La investigación destaca la adolescencia como el período del ciclo vital que va desde los 13 años a los 18 no cumplidos, y a la mujer adolescente como titular de derechos, con capacidad para participar activamente en todos los ámbitos de la vida social. El estudio asume que la juventud tiene distintos significados y que se vive de diversas maneras. Vélez (2003, p. 94) expresa que se transforma a partir “de una relación dialéctica con la realidad, que evoluciona de acuerdo con el momento histórico y el nivel de desarrollo en el que se ubica”. Se considera como jóvenes a las personas que se encuentran entre los 18 y los 30 años de edad, y a las jóvenes como actoras capaces de contribuir en las dimensiones económicas, sociales y culturales del país. De acuerdo con Plan Internacional (2009), el género se refiere: (...) al conjunto de normas, expectativas y creencias acerca de los roles, las relaciones y valores atribuidos a las niñas y los niños, a las mujeres y a los hombres. Se construye socialmente, pueden variar Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado y no están determinadas desde un punto de vista biológico. Se aprenden en el ámbito familiar, con los amigos, amigas, escuelas y comunidades, a través de los medios de comunicación, el gobierno y las organizaciones religiosas. (p. 11) En relación con la educación, Delors (1996) plantea que esta, además de un derecho humano que permite expandir las capacidades y las libertades de las personas, es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano, y un medio indispensable para la realización plena de otros derechos. Con el reconocimiento internacional de niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales y de derechos emerge el derecho humano a la participación, que de acuerdo con Bácares (2012) está referido a: (…) la libertad de expresión de ideas y pensamientos, de asociarse y reunirse para fines pacíficos, a tener acceso a la información, a opinar, a ser tomados en cuenta en procesos de formulación de leyes, de políticas, y en todos los asuntos, del ámbito público o familiar, que les afectan. (p. 227) El concepto de ciudadanía alude al estatus de las personas a las que el Estado reconoce como miembros plenos, habilitados para el ejercicio de sus derechos. (O’Donnell, 1997). La investigación asume que el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia supera las concepciones clásicas de ciudadanía, de manera que no está circunscrita a una edad en la que se puede ejercer el derecho a elegir autoridades, sino a la capacidad de niñas, adolescentes y jóvenes, para participar y opinar en las decisiones que afectan sus vidas, ya sea en el ámbito familiar, comunitario o institucional. Expresa, además, que la violencia contra las niñas y adolescentes, en las diversas formas que puede adoptar, constituye una violación a los derechos humanos que no puede ser justificada ni tolerada por el Estado, que está llamado a prohibirla explícitamente y a sancionarla.

Y considera la interseccionalidad como la situación en que una mujer es discriminada por el hecho de ser mujer, pero también por otros factores, como la edad, lugar donde vive, pertenencia a pueblos indígenas o bien a comunidades étnicas, identidad sexual, etc.

3.

Metodología

El estudio es de naturaleza cuanti-cualitativa, de alcance descriptivo, con elementos analíticos y de corte retrospectivo y transversal. Se aplicaron las técnicas de encuesta por cuestionario, grupos focales, y entrevistas semiestructuradas y a profundidad. Se encuestó a una muestra representativa de niñas (10-12 años), de adolescentes (1317 años) y de jóvenes (18-23 años) de 22 comunidades y distritos, en 10 municipios del país: Boaco, La Libertad, Chinandega, Puerto Morazán, Malpaisillo, San Lucas, Río Blanco, Bilwi, Altagracia, y distritos IV y V de Managua, seleccionados por Plan Internacional. En total, se aplicaron 363 encuestas: 90 a niñas, 137 a adolescentes y 136 a jóvenes. Se utilizaron dos instrumentos multitemáticos, precodificados y con secciones elaboradas sobre la base de los temas que se abordan: el primero para niñas y el segundo para adolescentes y jóvenes. El procesamiento se realizó en el paquete estadístico Statistical Product and Service Solutions (SPSS), versión 19.0, aplicando análisis de estadística descriptiva e inferencial. Se realizaron 40 entrevistas semiestructuradas a líderes de las comunidades, a funcionarios del Ministerio de Educación (Mined), del Ministerio de la Familia (Mifan), de la Policía Nacional y de las alcaldías en 20 municipios del país. También se realizaron entrevistas a funcionarias y a funcionarios de instituciones públicas, y a organismos de la sociedad civil relacionados con la defensoría institucional y social de los derechos humanos. Se realizaron 11 grupos focales con madres, padres y referentes familiares, contando con la participación de 106 personas: 83 mujeres y 23

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hombres. Así mismo, se realizaron 11 entrevistas a profundidad con niñas, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de indagar sobre el sistema de creencias, prácticas y patrones culturales que ubican en situación de vulnerabilidad ante la violencia, exclusión educativa y de oportunidades de participación, a las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes, identificando los elementos que facilitan o que obstaculizan el empoderamiento de sus derechos. Se revisó la producción bibliográfica (estudios, diagnósticos, informes oficiales y alternativos a órganos de seguimiento al cumplimiento de tratados internacionales). La información primaria obtenida de grupos focales y de entrevistas a profundidad se procesó en matrices de análisis que dan salida a las variables del estudio. Los hallazgos se contrastaron con los resultados cuantitativos obtenidos de las encuestas, y en su conjunto se interpretaron, considerando el marco teórico y los resultados de las principales investigaciones nacionales relacionadas con el objeto de estudio.

4.

Resultados y discusión

El estudio documentó que el trabajo doméstico ocupa gran parte del tiempo de niñas, de adolescentes y de jóvenes. El 43.4% de las niñas afirma realizar tareas domésticas toda la semana, frente al 26.3% que las efectúa de lunes a viernes, y el 30.3%, los fines de semana. El porcentaje de jóvenes que realiza trabajos domésticos en su propio hogar, todos los días de la semana, alcanza el 72.7%, seguido del 17.2% que los lleva a cabo de lunes a viernes, y el 10.2%, los fines de semana. Son diversos los factores que pueden explicar el hecho de que en las adolescentes se observe una mayor disposición de tiempo para estudiar, entre ellos: la mayor complejidad que suponen los estudios en secundaria, mejor capacidad para negociar con sus familias el uso del tiempo, así como irrupción de nuevos intereses propios de esta etapa de la vida.

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Las adolescentes y las jóvenes, independientemente del lugar donde viven o de su condición étnica, son las que asumen la mayor parte de las tareas domésticas. Algunas cuestionan esta práctica, demandando que sus hermanos también participen en el cuido del hogar. En referencia al acceso a la Educación, se encontró que casi la totalidad de niñas (95.5%) se encontraban estudiando al momento de la encuesta, lo que coincide con las estadísticas del Mined. El porcentaje de quienes estaban fuera del sistema educativo alcanzó el 4.5%. Las niñas rurales tienen más acceso que las urbanas, lo que demuestra que las familias más empobrecidas son las que más creen en el potencial de la educación para transformar sus realidades. En lo que se refiere a calidad de la educación, las niñas valoran la educación que reciben en términos muy positivos (excelente y buena): preparación de los docentes (95.3%), metodología de enseñanza (92.1%), participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (93.0%). Los porcentajes de opinión positiva bajan cuando se valora el trato que reciben de sus docentes (80.0%) y la utilidad de lo que se aprende (84.7%). Así mismo, las adolescentes valoran en términos positivos todas las áreas: preparación de maestros (88.9%), metodología de enseñanza (84.4%), participación en clase (72.8%). Las valoraciones más bajas están referidas a la utilidad de lo que se aprende (80.9%) y al trato de los docentes (78.0%), y hacen igual con la calidad de la educación, aunque asumen una postura más crítica frente a esta: el 12.2% considera que la preparación de los docentes y la forma como enseñan es regular. La valoración negativa (regular y mala) sobre la utilidad de lo que se aprende alcanza el 15.1%, mientras que la del trato recibido de los docentes y la forma como se promueve la participación de los estudiantes llega al 20.3%. Los factores facilitadores del derecho a la educación son: implementación de estrategias institucionales para garantizar acceso y permanencia, mayor diversificación de ofertas educativas en primaria y en secundaria,

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado reconocimiento que madres y padres dan a la educación, y articulación local en función de la educación.

posee más alto nivel de información (40.4%), frente al 35.0% de las jóvenes y al 29.2% de las niñas.

Los factores obstaculizadores del derecho a la educación son: razones económicas, trabajo infantil, embarazo en adolescentes, creencia de que madres y padres tienen derecho de decidir si sus hijas estudian o no, creencias alrededor del rol tradicional que deben ocupar las mujeres, discriminación en razón del sexo, violencia en y alrededor de la escuela, persistencia de brechas de equidad para grupos tradicionalmente excluidos, barreras de acceso geográfico, falta de apoyo de madres y de padres, sobrecarga de trabajo doméstico y deficiencias en la garantía de la educación intercultural.

Según las niñas (75.4%), las adolescentes (69.1%) y las jóvenes (47.4%), la principal fuente de información sobre los derechos es la escuela, seguida de sus familias (43.8% en las niñas y 47.8% en las adolescentes). Los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos se posicionan, respectivamente, como las fuentes de información tercera y cuarta.

Sobre el conocimiento que tienen niñas, adolescentes y jóvenes sobre sus derechos, se encontró que del total de niñas encuestadas, el 57.3% asocia los derechos con la seguridad, el 38.2% con libertades, el 28.1% con la capacidad de decidir, y el 11.2% con garantías. Para el 29.2% de las niñas, los derechos son sinónimo de necesidades, y para el 14% equivalen a privilegios. Las adolescentes asocian los derechos, principalmente, con seguridad (71.3%), con libertades (41.9%) y con decisiones (36.0%). El 25% los equipara a necesidades y el 27.9% los considera privilegios. En relación con sus pares de la ciudad, las adolescentes rurales asumen los derechos más como “garantías” y menos como “decisiones” y “libertades”. Las jóvenes vinculan los derechos, principalmente, con libertades (39.7%), decisiones (37.2%) y seguridades (25.7%); para el 29.2% son necesidades, y el 18.0% los considera privilegios. Las jóvenes rurales entienden los derechos como “decisiones” y libertades”. La información sobre derechos de la que disponen las niñas (58.4%), las adolescentes (52.9%) y las jóvenes (56.9%), según su autovaloración, se encuentra en un nivel intermedio. Las adolescentes son el grupo que

Los derechos más identificados por las niñas, las adolescentes y las jóvenes son aquellos que están relacionados con la satisfacción de sus necesidades inmediatas: educación (27.9, 28.1 y 23.3%, respectivamente) y salud (18.3, 17.5 y 16.0%). El tercer derecho más referido por adolescentes es la libertad de expresión (11.3%) y entre las niñas y las jóvenes, el de vivir libres de violencia (10.7 y 11.8%, respectivamente). Los resultados de la encuesta evidenciaron que las niñas, las adolescentes y las jóvenes reconocen las principales formas de violencia contra las mujeres. El 64.0% de las niñas, el 76.5% de las adolescentes y el 59.9% de las jóvenes reconocen como violencia que les “peguen con faja”. Asimismo, la mitad de las encuestadas considera que la práctica de “halar el pelo” constituye un acto violento. En las entrevistas a profundidad realizadas a niñas, adolescentes y jóvenes, se encontró que las prácticas de castigo físico utilizadas por algunas madres y padres contra sus hijas constituyen, en muchos casos, verdaderas formas de tortura. La encuesta evidenció que más de la mitad de las niñas (53.9%) y un tercio de las adolescentes (76.5%) y jóvenes (82.5%) identifica los gritos como una forma de violencia, lo que constituye un importante avance, ya que la violencia psicológica ha sido históricamente invisibilizada por las mujeres que la viven. Así mismo, poco menos de la mitad de niñas (47.2%) y de adolescentes (41.9%), y un tercio de las jóvenes (32.8%) reconoce las burlas como una forma de violencia.

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Los celos y acciones de control por parte de novios y de parejas, tales como vigilar la forma en que se visten las adolescentes y las jóvenes, los lugares a los que asisten o sus amistades, son consideradas formas de violencia para el 35.3% de las adolescentes y para el 49.6% de las jóvenes.

59.9% de las jóvenes han estudiado cursos de habilitación laboral o carreras técnicas. En las adolescentes, el acceso a la formación técnica es mayor en las zonas urbanas (60.3%) que en el campo (27.6%), lo mismo pasa con las jóvenes, aunque la brecha se reduce sustantivamente (62.2% urbanos, 55.3% rurales).

La sobrecarga de trabajo doméstico y la asignación de los oficios más difíciles es reconocida como una forma de violencia por un tercio de las encuestadas (31.5% de las niñas, 27.9% de las adolescentes y 35.0% de las jóvenes). Este hallazgo refleja que un porcentaje significativo de niñas, de adolescentes y de jóvenes se han empoderado de sus derechos y se niegan a aceptar que el ámbito doméstico sea el destino de sus vidas.

El 38.9% de las adolescentes valoraron que lo estudiado les sirve para conseguir un trabajo, sin embargo, llama la atención que el 53.6% no respondió la pregunta. Este silencio puede deberse a que las adolescentes no han tenido la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos.

Dos de cada 10 niñas señalaron como forma de violencia la falta de espacios y de oportunidades para jugar en la escuela. Se documentó que, en algunos casos, las áreas de juego y los equipos deportivos son monopolizados por los estudiantes. Como factores que facilitan el empoderamiento del derecho a vivir libres de violencia, señalaron: conocimiento de instancias locales responsables de la prevención de la violencia, articulación entre diversos actores, existencia de políticas municipales de niñez que consideren la prevención de la violencia, empoderamiento de las niñas, de las adolescentes y de las jóvenes de su derecho a estar protegidas frente a la violencia. Señalaron como factores que obstaculizan el empoderamiento del derecho a vivir libres de violencia: la naturalización de la violencia en el hogar, la permisividad social ante la violencia, las creencias alrededor del “honor” que las mujeres deben cuidar, la falta de identificación de los agresores en el entorno familiar, la tolerancia a la violencia en el matrimonio, la creencia de que la violencia es un asunto privado de la familia, las barreras de acceso geográfico a instancias del sistema de justicia, el bullying en la escuela, y la historia personal de madres y de padres. En lo que respecta a la participación económica de las adolescentes y de las jóvenes, el estudio encontró que el 46.3% de las adolescentes y el

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En el grupo de las jóvenes, el 92.7% valoró que lo estudiado las ha preparado para tener un empleo, mientras el 7.3% se expresó en sentido contrario. Este hallazgo valida la pertinencia de los cursos de formación que ofrecen las instancias públicas, privadas y sociales. El 28.4% de las adolescentes (11.5% de las urbanas, 17.2% de las rurales) señaló que no han estudiado carreras técnicas porque donde viven no existen centros técnicos, y no disponen de los recursos económicos (20.0%) para pagar un centro privado o desplazarse hasta las cabeceras departamentales donde, por lo general, están instalados los centros del Inatec. En referencia al empleo remunerado, el estudio encontró que las niñas (10.1%), las adolescentes (14.0%) y las jóvenes (40.1%) participan activamente en el mercado laboral. El porcentaje de niñas rurales que trabaja (17.1%) es mayor que el de las urbanas (4.2%); el 66.6% de las niñas, el 26.3% de las adolescentes y el 10.9% de las jóvenes que trabajan y reciben pago no deciden en qué gastar su dinero, lo hacen sus madres, sus padres, e incluso sus parejas. El 66.7% de las niñas, el 42.1% de las adolescentes y el 34.5% de las jóvenes que manifestaron recibir pago en dinero y decidir por sí mismas, afirmaron utilizar su dinero para ayudar en los gastos de sus familias. Como facilitadores de la participación económica de las adolescentes y de las jóvenes, Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado se tienen: ampliación de las oportunidades de formación técnica y alta disposición de iniciar emprendimientos. Las niñas y las adolescentes creen en la educación como medio para superar la pobreza. Destacan como obstáculos que enfrentan las adolescentes y las jóvenes para la participación económica: el bajo nivel educativo, la discriminación en razón del sexo y de la edad, violencia económica de las parejas, maternidad adolescente, acoso en el centro de trabajo y pocas oportunidades para el emprendedurismo. La mayor participación de las niñas, de las adolescentes y de las jóvenes se da en el área social. La encuesta reflejó que las principales actividades donde participan las niñas son: jornadas de salud y de limpieza 58.4%, ferias deportivas 41.6%, y actividades culturales y religiosas, con el 42.7 y el 48.3%, respectivamente; por su parte, las adolescentes se muestran activas en jornadas de salud y de limpieza 60.3%, seguido de ferias deportivas 45.6%, de actividades culturales 58.1%, y recreativas 47.8%; la participación de las jóvenes se da en las elecciones 60.6%, en las jornadas de salud y de limpieza 31.4%, en ferias deportivas 29.9%, y en actividades religiosas, recreativas y culturales, 29.2, 29.2 y 25.5%, respectivamente. Son factores que contribuyen al empoderamiento de niñas, adolescentes y jóvenes de su derecho a ejercer una ciudadanía activa: alta valoración positiva de la organización de niñas, adolescentes y jóvenes, mucho interés por participar en organizaciones, y existencia de políticas públicas municipales. Limitan el empoderamiento de niñas, adolescentes y jóvenes de su derecho a ejercer una ciudadanía activa: condicionamiento de la participación al ejercicio del voto, escasa participación activa de las niñas, adolescentes y jóvenes en las organizaciones, restricciones de madres y padres para la participación de niñas y de adolescente, y percepción negativa de la clase política.

5.

Conclusiones

Las niñas, las adolescentes y las jóvenes disponen información sobre sus derechos humanos, los que asocian, principalmente, con seguridad, libertades y garantías. Las niñas y las adolescentes relacionan sus derechos con seguridades y libertades, mientras las jóvenes los vinculan con el ejercicio de sus libertades y con la capacidad de decidir sus vidas. La principal fuente de información sobre derechos humanos que tienen las niñas, las adolescentes y las jóvenes es la escuela, seguida de sus propias familias. Este hallazgo valida la pertinencia de las estrategias de trabajo de Plan Internacional y de sus organizaciones socias, que apuntan a fortalecer la capacidad del Mined para que asuma el liderazgo de la educación en derechos, y posicionar a las familias como difusoras de los mensajes sobre derechos humanos. Niñas, adolescentes y jóvenes reconocen múltiples formas de violencia, lo que contribuye a que se empoderen de su derecho a vivir libres de violencia. A su vez, el reconocimiento de la violencia constituye el principal factor de protección ante esta. Sin embargo, muchas no logran identificar expresiones sutiles de violencia, como la sobrecarga del trabajo doméstico y el control de sus parejas sobre la forma de vestir y el uso del tiempo. Por lo general, ellas identifican a sus familias (madres, padres, hermanos, padrastros) y a sus parejas (esposos, compañeros en unión de hecho, novios) como sus principales agresores. Esta dramática realidad pone de relieve la paradoja de que las personas que más protección deberían brindarles frente a cualquier forma de abuso son quienes les vulneran el derecho a vivir sin violencia. Las niñas tienen acceso casi universal a la educación primaria. Este logro se explica en los esfuerzos realizados por el Mined para asegurar la permanencia y la promoción en la educación primaria, y las acciones de Plan a través de sus organizaciones socias, realizadas en función de motivar a las familias a que envíen a sus hijas a la escuela, y que permanezcan en ella.

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En las zonas rurales y en las comunidades étnicas, la principal barrera de acceso que las expone a la educación es la lejanía de los centros de estudio, por lo que niñas, adolescentes y jóvenes deben recorrer largas distancias para asistir a clases, lo cual las expone a situaciones de riesgo (en especial para las niñas y las adolescentes), a sufrir accidentes o a vivir situaciones de violencia en el trayecto casa-escuela. Tal situación desmotiva a las familias e induce a la deserción escolar. Las niñas, las adolescentes y las jóvenes tienen una visión clara de los principales problemas que afectan al país, y de cómo esta problemática repercute en sus vidas, lo que constituye un activo en el proceso de empoderamiento de su derecho a la participación ciudadana.

6.

O’Donnell, D. (1987) La Convención sobre los Derechos del Niño: Estructura y contenido. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Plan Nicaragua (2009). Política de Protección de la Niñez de Plan Nicaragua. Managua: Autor. Vélez, J. (2003). La Construcción de Ciudadanía: Institucionalidad y Juventud. En: Última Década. (19), 93-102

Reconocimientos

A las niñas, a las adolescentes y a las mujeres jóvenes que colaboraron con el estudio, compartiendo sus experiencias. A Plan Internacional y a sus organizaciones socias, por la confianza brindada a la Universidad Centroamericana, particularmente a la Facultad de Humanidades y Comunicación, para la elaboración de este estudio.

7.

Referencias bibliográficas

Bácares, C. (2012). Una aproximación Hermenéutica a la Convención sobre los Derechos del Niño. Lima: IFEJANT Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI. París: Ediciones UNESCO Nikken, Pedro (1994), El concepto de derechos humanos en Estudios básicos de Derechos Humanos, T. I. Bibliografía Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM,

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado

La denuncia profética de la riqueza: resonancia de la Patrística en la Teología Latinoamericana de la Liberación

Resumen

MSc. Claudia Marlene Rivera Maestría en Teología Latinoamericana, Universidad Centroamericana Simeón Cañas, El Salvador cnavarrete05@yahoo.com

Palabras claves: •

Padres griegos

Teólogos de la liberación

Denuncia profética de la riqueza

Resonancia, pobres

Frecuentemente, la curia romana así como miembros de la Iglesia latinoamericana han acusado a los teólogos de la liberación de ejercer una denuncia contra la riqueza inspirada en la ideología del comunismo, limitándola, con ello, a una mera lucha de clases, e impidiendo que otros y otras opten por un modelo eclesiológico de Iglesia de los Pobres. A partir de un estudio comparativo de tres padres griegos con tres teólogos de la liberación, este artículo tiene como objetivo demostrar que en la denuncia ejercida por la Teología de la Liberación no existe ideologización alguna. Ha existido, en todo caso, desinterés por comprender un pensamiento teológico que hunde sus raíces en la tradición, y, por tanto, en la Sagrada Escritura. El daño mayor de esta actitud antípoda no es ocasionado contra los teólogos latinoamericanos, sino, primordialmente, contra los pobres, cuyos rostros se han diversificado y cuyos lamentos siguen sin ser audibles aun por aquellos que se jactan de gozar de altos niveles de educación, bienestar económico o alto posicionamiento político. Sin embargo, el presente estudio demuestra tres importantes resultados: primero, la denuncia de la riqueza ejercida por los teólogos latinoamericanos hunde sus raíces en la Patrística; segundo, la denuncia profética de la riqueza llevada a cabo por ambos grupos de teólogos –padres griegos y teólogos latinoamericanos– es provocada por la realidad, cuyo sesgo dramático han conocido a profundidad; y, tercero, ambos grupos de teólogos tuvieron a mano un magisterio fuertemente abocado a la cuestión social sin ideologizaciones políticas de ningún tipo.

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1.

Introducción

A la lejana comunidad de Corintio –engreída por el don de lenguas que varios de sus miembros poseían– Pablo le reconviene sobre su futilidad. En su lugar, le pide ejercitar el don de profecía: “el que profetiza, edifica a toda la asamblea” (1 Cor 14, 3). La denuncia profética es, pues, la forma de llamar al rico a una verdadera metanoia, es la forma jesuánica de acompañar al pobre y reclamar un cambio de estructuras. Los teólogos de la liberación, sumergidos en una realidad histórica bastante parecida a la vivida por los padres griegos, han ejercido la denuncia profética de la riqueza –resonando en ella la denuncia de aquellos– desde la segunda mitad del siglo XX. Su denuncia fue mal vista hasta por las autoridades del Vaticano acusándoles de ser promotores de una Iglesia de clases o una Iglesia del pueblo oprimido (Congregación para la doctrina de la fe, 1984). Excluyendo a los teólogos de la liberación, en la actualidad son muy pocos los que siguen promoviendo y practicando una pastoral profética que denuncie el pecado y la iniquidad que unos pocos ricos –sean personas o naciones– cometen contra muchos pobres, amén de que ninguna otra teología denuncia proféticamente la riqueza en sus escritos. Acallar esa denuncia es contraproducente porque, como reconocieron los teólogos y teólogas reunidos en Brasil, con ese silenciamiento se legitima: la naturalización del actual estado de cosas e, incluso, la autoculpabilización de los pobres (Trigo, 2012). El daño mayor de esta actitud antípoda no es contra los teólogos latinoamericanos, sino contra los pobres, cuyos rostros se han diversificado y cuyos lamentos siguen sin ser audibles aun por aquellos que se jactan de gozar de altos niveles de educación, bienestar económico o alto posicionamiento político. De ahí la importancia y el porqué de un artículo de esta naturaleza. Por tanto, estudiar para comprender cómo la denuncia profética de la riqueza ejercida por los teólogos de la liberación tiene un entronque directo con la denuncia realizada por los padres de la Iglesia es el objetivo primordial de este trabajo.

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En suma, no basta con afirmar que la Teología de la Liberación ha muerto, ni tampoco es válido marginarla en los anales del olvido, porque la denuncia profética contra la riqueza y la opción por el pobre no es cuestión de decisión personal, sino exigencia del seguimiento de Jesús, quien usó del don de profecía para llamar a conversión a los epulones de su tiempo: “cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser discípulo mío” (Lc 14, 33). La denuncia profética no puede ser ignorada en un mundo globalizado y neoliberal que favorece a unos pocos a costa de la vida de miles de víctimas. Denunciar es una exigencia de cristianos y de cristianas que están llamados a salvar al pobre y edificar al rico, justo como lo vislumbró Pablo entre los corintios.

2.

Marco teórico

El estudio comparativo descrito en el presente artículo tiene un amplio cuerpo teórico que sirvió para demostrar que las resonancias de la Patrística en la teología latinoamericana son un hecho comprobable y no meras suposiciones. Diversos documentos que componen la Doctrina de la Iglesia –desde sus orígenes– fueron los que mayor peso tuvieron para lograr este cometido. Estos documentos se pueden agrupar en tres bloques: uno de fundamentación y dos para contraste. El de fundamentación está compuesto por documentos cuyo origen se remonta a los primeros cuatro siglos del cristianismo; verbigracia: la Didajé, el Pastor de Hermas, así como algunos escritos de los padres apostólicos. Dando un salto histórico al siglo XX, se retomaron encíclicas y documentos conciliares pertenecientes al magisterio universal tanto como al magisterio latinoamericano. Son documentos –Pacem in Terris, Octogesima Adveniens, Mater et Magistra, Populorum Progressio y la Gaudium et Spes– cuyas características posibilitaron la labor de denuncia profética de la riqueza de los teólogos de la liberación; por ser, primero, un magisterio abierto al mundo y en comunicación con él: “es necesario, por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza” (GS 2); segundo, un magisterio dirigido a todos los hombres y mujeres del mundo. El saludo de Pacem in Terris lo confirma: “…a todos los hombres de buena voluntad”; y, tercero, es un magisterio que no termina su doctrina con la vieja y repetitiva frase: “sea anatema…”. A estos se agregaron los documentos de la Segunda y de la Tercera Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, que son documentos encarnados en la realidad del joven continente, y, por ende, documentos proféticos que denuncian el pecado en todas sus formas. Medellín, por ejemplo, reservó el primer capítulo a la justicia, demostrando el profundo conocimiento que obispos y teólogos alcanzaron sobre la realidad de muerte de los pueblos latinos, y tocaron de raíz los problemas, aun cuando la Iglesia estuviera involucrada: “llegan también hasta nosotros las quejas de que la Jerarquía, el clero, los religiosos, son ricos y aliados de los ricos” (14, 2). Además, es un magisterio que hizo desde un inicio opción por los pobres, y después, en Puebla, una opción preferencial por el pobre: “afirmamos la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres…” (1134). Finalmente, fue un magisterio que propició el nacimiento de un modelo eclesiológico que no a muchos gustó: la Iglesia de los pobres: “La Iglesia de América Latina, dadas las condiciones de pobreza y de subdesarrollo del continente, experimenta la urgencia de traducir ese espíritu de pobreza en gestos, actitudes y normas que le hagan un signo más lúcido y auténtico de su Señor…” (Medellín, 14, 7). Los siguientes dos bloques de documentos son los utilizados para realizar el análisis comparativo entre la denuncia profética de la riqueza ejercida por los padres griegos con la ejercida por los teólogos de la liberación. En el primer bloque de estos dos, resaltan las homilías, los tratados ascéticos o morales de los padres de la Iglesia entresacados de un solo libro referente a la doctrina social y económica propia de la Patrística (Sierra Bravo, 1967). El segundo bloque fue más amplio, ya que se retomaron libros completos, así como artículos de revistas escritos por los

teólogos de la liberación. De ambos bloques de documentos se extrajeron los mecanismos de denuncia para ser contrastados, cuyos resultados son abordados más adelante. En una palabra, el estudio comparativo descrito en este artículo está fundamentado en un amplio cuerpo teórico, el cual no deja lugar a dudas de que la resonancia de la Patrística en la Teología de la Liberación es real y no una mera suposición.

3.

Metodología

Por ser un estudio de contraste, se recurrió a la utilización del Método comparativo de Marc Antoine Jullien, de París, ilustrado del siglo XVIII, presentado y ampliamente desarrollado en su obra Esquisse d’un ouvrage sur l’éducation comparée, publicada en 1817. Si bien es cierto que se trata de un método aplicado a la educación, fue posible adaptarlo a la ciencia teológica. No se usaron preguntas guías como Jullien lo hiciera; pero sí se establecieron áreas de la realidad que debían compararse: situación social, política, económica, cultural, eclesiástica y el magisterio de los dos grupos en estudio: padres griegos y teólogos latinoamericanos. En un segundo momento, dicha metodología permitió establecer una comparación entre los textos escritos por los padres griegos y los teólogos de la liberación. Comparaciones posibles de visualizar debido al uso de cuadros comparativos que permiten aprehender similitudes y diferencias en las resonancias de ambos grupos de teólogos de forma global y accesible. Específicamente, se contrastó a tres padres de la Iglesia con tres teólogos de la liberación: San Basilio de Cesárea, San Gregorio de Nisa y San Juan Crisóstomo con Víctor Codina, José Ignacio González Faus y Jon Sobrino. Finalmente, basta aclarar que el uso del método permitió que el trabajo quedara organizado en tres capítulos: uno dedicado a los padres de la Iglesia, un segundo dedicado a los teólogos de la liberación, y un tercero que sirvió para efectuar el contraste entre ambos tipos de denuncia profética de la riqueza.

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4.

Resultados y discusión

El presente apartado será abordado en dos momentos: uno dedicado a la presentación de los resultados y el siguiente orientado a una breve reflexión de estos. a) Aportes El estudio comparativo aquí expuesto produjo cinco importantes aportes que ayudan a demostrar el entronque existente entre la denuncia profética ejercida por los teólogos latinoamericanos con la ejercida por los padres griegos. El primer dato que este estudio de contraste arrojó es que ambos grupos en estudio –padres griegos y teólogos de la liberación– se posicionaron casi de igual forma frente a la riqueza. Los padres capadocios conservan frente a la riqueza y al rico una postura condicionada. Aceptaron las riquezas basándose en ciertos criterios evangélicos y veterotestamentarios. Crisóstomo afirma: “cadena es la riqueza, cadena dura para los que no saben usar de ella; tirano cruel e inhumano, cuyas órdenes son todas para daño de los que tiene esclavizados” (Sierra Bravo, 1967). Basilio valora la riqueza como lo superfluo: “si cada uno tomara lo que cubre su necesidad y dejara lo superfluo para los necesitados, nadie sería rico, pero nadie sería tampoco pobre” (Sierra Bravo, 1967). Gregorio de Nisa, por su parte, valora la riqueza con cierta indiferencia. Para él, nada hay sobre la tierra que pueda recibir el nombre de riqueza si no lo creado por Dios: “¿Qué has hallado entre los seres que valga tanto como esta naturaleza?... ¿En cuántos óbolos calculaste la imagen de Dios? ¿Por cuántos estateres te llevaste la naturaleza que fue hecha por Dios?” (Sierra Bravo, 1967). Por ende, la riqueza es buena dependiendo de su uso. Por su parte, los teólogos de la liberación han tomado una postura parcializadamente radical contra la riqueza o contra la civilización de la riqueza. Ninguno acepta la riqueza de manera condicionada, sino que más bien la rechazan de forma radical. Codina (2010) estipula: “ante la idolatría de la riqueza, hay que ser radical, no simplemente preferencial, dubitativo o condescendiente: nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero”. González Faus

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(2012) asevera: “entre Dios y el dinero hay, pues, una incompatibilidad absoluta… que genera un tipo de fe de índole religiosa”. Sobrino (2009) explica que: “para creer realmente en el Dios del reino, hay que ser activamente ateo del dios del imperio y la fe debe ser activamente antiidolátrica”. Aparece de esta forma un gran parecido entre padres griegos y teólogos de la liberación. El segundo dato que esta investigación arrojó es que existen cinco tipos de resonancia de los padres de la Iglesia en la denuncia de la riqueza practicada por los teólogos latinoamericanos, que por espacio serán mínimamente ejemplificadas. La primera es la resonancia terminológica, es decir, palabras o términos usados por los teólogos de la liberación, donde resuena la denuncia profética de la riqueza ejercida por los padres griegos. Ejemplo: Juan Crisóstomo La avaricia embota ojos y oídos y hace a sus víctimas más fieros que una fiera… no deja pensar en la conciencia, ni en la amistad, ni en la salvación de la propia alma; de todo aparta de un golpe… (Sierra Bravo, 1967) Víctor Codina La riqueza cierra el corazón y centra la atención del hombre en los proyectos egoístas de engrandecer sus graneros como el rico insensato de la parábola (Codina V., 1975). Ambos teólogos están de acuerdo al denunciar que las riquezas cierran el corazón y los sentidos del rico impidiéndole ver a los demás. La segunda es la resonancia categorial, que hace referencia a frases de dos o más palabras, utilizadas por los teólogos latinoamericanos, que por sentido o forma se relacionan paralelamente con las utilizadas por los padres de la Iglesia, y que describen o tipifican una realidad de pecado o de gracia.

Juan Crisóstomo Eso (los bienes terrenos) no es verdadera posesión y dominio; es sólo un uso… la propiedad o señorío no es más que un nombre, en realidad somos todos dueños de bienes ajenos (Sierra Bravo, 1967). Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado José Ignacio González Faus El derecho de propiedad es solo un derecho secundario, no natural ni primario, cuya misión es servir a un fin más importante, que es el destino común de los bienes de la tierra y el derecho de todos los hombres a esos bienes (González Faus, 2012). La Patrística resuena en González Faus al considerar ambos pensamientos que el derecho de propiedad es solo un nombre, pero no un derecho otorgado por Dios a título personal. La siguiente categoría conceptual es la resonancia de sentido trabajada en dos vías: profética y dialéctica. En lo profético se descubre qué pecado desenmascara el teólogo y a quién desenmascara; en cuanto al sentido dialéctico se muestran las relaciones antípodas que escinden pecaminosamente la historia humana, y que los teólogos latinoamericanos no han dejado de percibir, como un día lo hicieron los padres griegos en la región de Capadocia. Escisión: Misericordia – Antimisericordia Gregorio de Nisa … la compasión o misericordia se comprende por su contrario, que es la crueldad o inclemencia. Ahora bien, como el inclemente y fiero es inaccesible a los que intentan acercársele, así el compasivo y misericordioso se atempera, por decir así, por su sentimiento con el necesitado, hecho para el que sufre lo que pide el pensamiento atribulado (Sierra Bravo, 1967). Jon Sobrino … la realidad histórica está configurada por la anti-misericordia activa, que hiere y da muerte a los seres humanos y amenaza y da muerte… La misericordia es, pues, misericordia que llega a ser a pesar de y en contra de la anti-misericordia (Sobrino, 2012). Es innegable que Gregorio de Nisa no plantea una lucha entre ambas partes; pero sí plantea que la realidad está dividida y es preciso tomar el bando correcto para servir a Dios como Él quiere ser servido. Sobrino va más allá al hablar de la lucha y de las consecuencias de esa lucha; pero viene a concluir que Dios quiere que, a

pesar de y en contra de todo, la misericordia sea misericordia a pesar de y en contra de la antimisericordia. Finalmente, aparece la categoría conceptual de la resonancia neotestamentaria para hacer referencia a las interpretaciones que los teólogos latinoamericanos elaboran sobre los pasajes neotestamentarios en consonancia con los padres griegos, lo cual equivale a la tradición de la Iglesia. El rico insensato: Lucas 12

Basilio de Cesárea No sabía si había de vivir al día siguiente y anticipaba, pecando la mañana al hoy (Sierra Bravo, 1967). José Ignacio González Faus La llamada parábola del rico insensato (Lc 12, 13ss.)… en ella Jesús avisa contra esa obsesión por la seguridad que produce codicia… esa confianza insensata describe lo que el Evangelio llama atesorar para sí (González Faus, 2012). Se trata, pues, de cinco categorías conceptuales que ponen de manifiesto que no hubo ni hay ideologización política en sus denuncias, sino un entronque con la Tradición. Por otra parte, obedeciendo a los mandatos del Concilio Vaticano II que postula: es necesario, por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza (GS 4), los teólogos de la liberación no se contentaron con recibir la palabra y la tradición de la Iglesia y repetirla vacía de significado. Su pensamiento teológico evolucionó y se complejizó. Dicha evolución y complejización consiste en la actualización que los teólogos de la liberación hacen de la denuncia profética al anunciar la Buena Nueva a los pobres de América Latina, y al denunciar el pecado de ricos, clases sociales ricas y los imperios. En pocas palabras, se trata del aporte teológico original que la teología latinoamericana da a la teología en general, haciendo teología desde y para los pobres del joven continente.

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b) Reflexión Los resultados de este estudio comparativo evidencian que las acusaciones vertidas por la curia romana; así como aquellas que han brotado del mismo seno de la Iglesia latinoamericana, en contra de la denuncia profética de la riqueza realizada por los teólogos de la liberación, han dejado de lado la tradición y la experiencia vital de los padres de la Iglesia. Consideraciones, ambas, que ayudan a dilucidar lo errado de esta postura antípoda y a reconocer la resonancia Patrística en la Teología de la Liberación. La experiencia vital de los padres no puede ser ignorada porque fue, precisamente, esa experiencia de vida, la que los impulsó a desarrollar y a fortalecer la doctrina social de la Iglesia. Nadie ignora que vivieron en pleno siglo IV, bajo el gobierno de un imperio bipartito en proceso de decadencia. Los gastos ocasionados por las estructuras de poder y el ejército, unido a la baja inversión en el agro y en el comercio; así como las condiciones climáticas de sequía y la falta de seguridad civil y jurídica empobrecían de manera acelerada a los humiliores, haciéndoles llevar una vida llena de fatigas, de miseria y de muerte. Ante esa realidad de pecado –por parte de los ricos– y de muerte –por parte de los pobres– los padres griegos tomaron una actitud samaritana, y se posicionaron a favor del pobre y contra el rico. Crisóstomo dirá al rico: “hazte oveja, ven, entra en mi rebaño… te libro de pecado, te saco de la rapiña, te hago amigo de todos…” (Sierra Bravo, 1967). Estaban seguros de que el rico no era del rebaño de Cristo, sino del de Belial o del de Mammón. Su postura no nació de ideologizaciones o de convicciones políticas, sino del mensaje del Maestro: “no podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16, 13). O se está con Dios estando con los pobres, o se está con el dinero siendo rico. Esto mismo ocurrió a los teólogos de la liberación, pese a que muchos tergiversaron el origen de su denuncia. Fue el Concilio Vaticano II el que dio el imperativo de: “conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza” (GS 2). Conociendo

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el sesgo dramático de la época, los teólogos de la liberación denuncian el imperialismo vigente, la tortura, la negación a superar la dependencia económica, la marginación, la exclusión, la negación a las reformas agrarias, y, por tanto, la negación a una distribución equitativa de las riquezas que permitiera condiciones de vida más humanas para los miles de pobres que habitan el continente. Sirva de ejemplo lo dicho por Gonzales Faus. (1996): “la economía ya no puede definirse sólo como la ciencia del producir más, sino como la ciencia del repartir lo limitado. Y lo limitado sólo puede repartirse con renuncia compartida o con expolio asesino”. No es cuestión de ideologías lo que mueve a los teólogos de la liberación, sino la invitación del Maestro a decidirse a servir a Dios, porque de hacer lo contrario servirán a un falso dios; algo que se verifica al leer las resonancias neotestamentarias del estudio. Si considerar la experiencia vital es fundamental, también lo es no ignorar la tradición referida a la denuncia profética de la riqueza ejercida por los padres griegos. Al comparar palabras, frases, tipos de denuncias, interpretaciones sobre textos neotestamentarios se descubren similitudes que hacen considerar no una imitación, o en el peor de los casos, plagio por parte de los teólogos de la liberación. Ni mucho menos se descubre una repetición sin sentido. No es así. Las similitudes ponen de manifiesto la gran capacidad teológica que los teólogos latinoamericanos han tenido para actualizar y encarnar el mensaje, no solo jesuánico, sino también la doctrina y el pensamiento social y económico de los padres de la Iglesia. Esto aparece con claridad al momento de verificar la evolución de la tradición en manos de los teólogos de la liberación. De hablar de misericordia pasan a hablar del principio de la misericordia; de hablar de limosna pasan a hablar de la civilización de la sobriedad compartida; de hablar de la avaricia pasan a la civilización de la avaricia, y así sucesivamente. No ha sido un mero repetir, sino que se ha tratado de un quehacer teológico, cuyo punto de partida ha sido la realidad y el profundo conocimiento de su sesgo dramático. Por tanto, lo que ha evolucionado en este sentido son los mecanismos de denuncia que un día usaron los padres de la Iglesia. El pensamiento marxista o, si se quiere, Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado el pensamiento de izquierda, no es lo que ha evolucionado en las denuncias de los teólogos de la liberación.Lo que sí es posible aceptar es que las denuncias afectan los intereses económicos y el poder político de unos pocos, los de aquellos a quienes Sobrino denomina: los no pobres. En una investigación hecha por Wealth X –tomada del periódico El Independiente, del jueves 18 de octubre de 2012– se explica que en Centroamérica viven 965 acaudalados cuyo monto de fortuna asciende a 128 billones de dólares. De estos acaudalados, 145 viven en El Salvador, con 20 billones de dólares. Es una injusticia que clama al cielo el que solo ciento cuarenta y cinco personas salvadoreñas acaparen 20 billones de dólares, cuando se habla de un sistema de salud pésimo, de una enorme deuda externa imposible de pagar, de un sistema educativo deficiente y de inseguridad civil, entre otros. Y no se diga, del resto de millones de latinoamericanos que atraviesan iguales condiciones de vida, mientras unos pocos acaparan todo. Denunciar este pecado es, fue, sigue y seguirá siendo tildado de comunismo, porque el denunciado siente afectado su status de vida y teme perderlo. No comprende que si sus graneros están llenos no es para derribarlos y hacer unos nuevos, sino para entregar abundantemente todo el exceso a aquellos que carecen, incluso, de una alforja donde guardar un par de mazorcas. No hay en esto ideología alguna, sino solo el pensamiento y la doctrina social propia de la tradición de la Iglesia, que a semejanza de Jesús –gran propulsor de dicho pensamiento– es visto como subversivo. El contenido de la denuncia profética de la riqueza que los teólogos de la liberación han desarrollado no se reduce a lo anterior. Como sucede en todo saber, ha habido aportes a la teología en general por parte de los teólogos latinoamericanos, de tal forma, que la tradición se ha visto enriquecida. Desafortunadamente, los aportes han sido vistos no como resultado del constante actuar del Espíritu según la promesa de Jesús: “el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho” (Jn 14, 26). En su lugar, han sido vistos como un atentado que podría afectar la fe –o quizá la institucionalidad de la Iglesia– de algunos.

Cierto o no, los aportes han sido en muchos casos rechazados o lentamente aceptados. El concepto de pecado, por ejemplo, ha sido visto siempre desde una fe intimista, donde el único afectado es la persona que lo comete; pero los teólogos latinoamericanos descubren que hay un pecado que puede ser entendido de forma refleja, especialmente, el pecado de los imperios. Su pecado se refleja en los países del Tercer Mundo, no para condenarlos, sino para recordarles que como países pobres son los que un día le darán salvación, porque ellos son el Cristo sufriente, son la voz clamando en el desierto. Claman por conversión; mas, a su vez, ofrecen salvación. Por cualquier duda de la salvación que estos pobres aportan al rico, los teólogos latinoamericanos desarrollan el mysterium iniquitatis. Con ello demuestran que como teólogos están conscientes de que en los pobres hay pecado: “Nada, pues, de idealización, pero tampoco nada de hipocresía cuando el mundo de abundancia recuerda –hasta con mal disimulado aire de superioridad– los horrores del mundo de los pobres, en el fondo, para no tomar en serio sus propias atrocidades” (Sobrino, 2009). Pero es un pecado muchas veces provocado por los ricos y del cual quieren estos desatenderse como si no fueran los promotores de él. Por tanto, la resonancia de la Patrística en la teología latinoamericana se encuentra de tres formas: primero, por la postura similar que frente a las riquezas toman tanto los padres de la Iglesia como los teólogos de la liberación; segundo, por los cinco tipos de resonancia descubiertos: terminológica, categorial, de sentido profético, de sentido dialéctico y neotestamentaria; finalmente, por la evolución y complejización de la tradición. El quid para no perder el rumbo de esto está en nunca ignorar la experiencia vital de los padres de la Iglesia ni olvidar la tradición; o sea, no olvidar la denuncia profética de la riqueza que estos ejercieron, basándose en la denuncia jesuánica, porque de olvidar ambas cuestiones nace el error de mezclar el mensaje evangélico con ideologías humanas; y tampoco olvidar que el Espíritu sigue diciendo qué hacer en cada momento porque está actuante en el mundo.

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5.

Conclusiones

Desarrollado lo anterior, se pueden entresacar cuatro conclusiones: La denuncia profética de la riqueza realizada por los teólogos de la liberación –específicamente Víctor Codina, José Ignacio González Faus y Jon Sobrino, mencionados en este artículo– hunde sus raíces en la Patrística, retomando de los padres de la Iglesia cinco elementos: formas, sentidos, palabras, categorías y estilos, lo cuales resuenan con vigor al momento de parcializarse en favor de los pobres y contraponerse a los ricos. La denuncia profética de la riqueza llevada a cabo por ambos grupos de teólogos es provocada por la realidad, cuyo sesgo dramático fue conocido por ellos en profundidad. Encarnados en su historia –tiempo y espacio– percibieron el clamor del pueblo oprimido. Buscaron las razones de ese llanto que clamaba justicia y encontraron como razón principal el pecado de la idolatría. Ambos grupos de teólogos tuvieron a mano un magisterio fuertemente abocado a la cuestión social que les permitió comprender e iluminar, desde la Escritura y la Tradición, los problemas que aquejaban a los seres humanos, sobre todo a los pobres. Los padres griegos, por su parte, dispusieron, además de la Biblia, de otros documentos como la Didajé, el Pastor de Hermas y la Carta a Diogneto, entre otras homilías de otros padres de la Iglesia. Los teólogos de la liberación tuvieron a su disposición los documentos ya mencionados, así como una vasta cantidad de encíclicas y de escritos posconciliares. La investigación abre un horizonte a seguir, siendo investigado por parte de las nuevas generaciones de teólogos y de teólogas, con el propósito de fundamentar y desarrollar aún más la temática aquí analizada, desmitificando las acusaciones vertidas en contra de los teólogos de la liberación, sin olvidar que el daño mayor de esta actitud antípoda no es ocasionado contra los teólogos latinoamericanos, sino, primordialmente, contra los pobres, cuyos rostros se han diversificado y cuyos lamentos siguen sin ser audibles aun por aquellos que se jactan de gozar de altos niveles de educación, de bienestar económico o de alto

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posicionamiento político. Es por los pobres que la denuncia profética de la riqueza y sus mecanismos deben ser estudiados con más profundidad, y por esos pobres que la denuncia no puede ser acallada.

6. Reconocimientos Quiero agradecer a todos mis maestros y maestras de la Maestría en Teología Latinoamericana. Sin embargo, hay tres personas a quienes de manera especial deseo personalizar dicho agradecimiento: al padre Josep Giménez Meliá, por haber asesorado mi tesis con dedicación, profesionalismo, responsabilidad y respeto, y porque sus amplios conocimientos sobre patrología me permitieron incursionar en un tema que no había sido abordado desde esta óptica; a Martha Zechmeister-Machart, directora de la Maestría en Teología Latinoamericana, primero por haberme asignado a tan encomiable director de tesis y segundo por invitarme a participar en la elaboración de este artículo, y tercero, al padre Ignacio Ellacuría, que con su testimonio de vida me animó a estudiar la Teología de la Liberación y me invitó a optar por el seguimiento de Jesús.

7.

Referencias bibliográficas

CELAM. (2008). Documentos de Medellín: La Iglesia en la actual transformación de América Latina. San Salvador: San Pablo. CELAM. (2008). Documentos de Puebla: La Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. San Salvador: San Pablo. Codina, V. (1975). ¿Es lícito bautizar a los ricos? Revista Selecciones de Teología, 14, 5659. Concilio Vaticano II. (2007). Documentos Completos. San Salvador: San Pablo. González Faus, J. (2006). Miedo a Jesús. Barcelona: Cuadernos Cristianisme i Justicia. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado González Faus, J. (1996). Nuestros Señores los pobres. El Espíritu de Dios, maestro de la opción por los pobres. España: ESET. Iribarren, J. (1971). Ocho grandes mensajes. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. Sierra Bravo, R. (1967). Doctrina Social y Económica de los Padres de la Iglesia. Madrid: COMPI. Sobrino, J. (2009). Fuera de los pobres no hay salvación. San Salvador: UCA Editores. Sobrino, J. (2012). El Principio Misericordia. San Salvador: UCA Editores.

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Trayectorias de vida, trayectorias políticas: ejercicios situados de política encarnada

Resumen

Lic. María Gabriela Montiel Hernández Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo Docente horario UCA gabrielamontiel@13mail.com

Palabras claves: •

Cuerpo

Política

Experiencias situadas

Arte

Trayectorias de vida, trayectorias políticas es un ejercicio teórico, político y práctico que se pregunta: ¿Cuáles son las posturas políticas que se gestan en estas trayectorias de vida que reflexionan desde las corporalidades? ¿Qué implica encarnar la política, con la intención de revisitar y de problematizar las nociones de política, político y sujetos políticos? Para llevar a cabo esta posibilidad se propuso establecer un diálogo con trayectorias (ejercicios) de vida que desarrollen propuestas políticas, poniendo el cuerpo en el centro, y en este caso particular, configurando desde el arte discursos políticos situados. La motivación central de dialogar con las trayectorias de Mafe, Sara, Darling y la misma investigadora, es registrar las trayectorias y provocar un diálogo entre ellas y las distintas posturas y cuestionamientos políticos contenidos en cada una. En las trayectorias y en los planteamientos teóricos se encuentra una propuesta de encarnar la política, que implica asumir lo situado, cotidiano y micro como escenarios políticos de acción, plataformas políticas desde las cuales reconfigurar los sentidos de política, político y la misma noción de sujetxs políticos. Es una política situada que se identifica limitada por su lugar de enunciación, como un proceso abierto, y posiciona lo cotidiano y esos discursos que atraviesan el cuerpo en el centro de la reflexión. Se trata de trayectorias políticas que se asumen en devenir, siendo sujetxs múltiples, abiertxs y discontinuxs, rompiendo con la idea del sujeto político coherente y autocontenido1. 1: El uso de x en lugar de a/o que son las letras que diferencian el masculino y de femenino en el lenguaje, apunta a pensar identidades abiertas más allá del binarismo masculino/femenino.

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

La vinculación entre política y cuerpo a nivel nacional forma parte de la trayectoria política del movimiento feminista del país. Por décadas, mujeres activistas han problematizado la separación de lo público y de lo privado, visibilizando esas violencias y discusiones sobre autonomía que están localizadas en lo íntimo, en lo cotidiano: en el cuerpo. Las trayectorias políticas centradas en las corporalidades que han sido abordadas desde un sujeto político como el movimiento feminista, han respondido a temas concretos que forman parte de agendas concretas: derechos sexuales y reproductivos, la violencia hacia las mujeres y el derecho al aborto. En estas luchas/demandas existe una fuerte apuesta a la esfera formal de la política, a crear leyes y políticas públicas que respondan a estas necesidades. En un estudio de La Corriente (2011), se plantea la existente tensión a lo interno del movimiento como espacio ideológico referido a la razón/emoción; igual se plantea una sobreestimación del cuerpo como espacio de riesgo y de peligro, y no tanto de afectividades y placer. Otra parte de los antecedentes tiene que ver con las reflexiones llevadas a cabo desde la línea de investigación que vincula cuerpo-arte-política, y también de otras líneas de pensamiento como el activismo gordo1, el transfeminismo2 y la teoría queer3. Así como también las reflexiones a partir de los procesos de autodefensa feminista (Wendo), en los cuales se busca resignificar el cuerpo como espacio de resistencia, potencia y protagonista, particularmente en el caso de los 1: El activismo gordo es una trayectoria política que politiza la gordura como la plataforma desde la cual construir discurso, ante un sistema sexista, clasista, racista, capitalista y heteronormativo. 2: Movimiento político e ideológico que posiciona las experiencias situadas de las corporalidades, como procesos abiertos, múltiples y encarnados. Se trata de sujetxs políticxs en devenir y no anclados en una identidad fija. 3: Es una propuesta teórica, discursiva y práctica que le apunta a la disidencia como la estrategia policía para desestabilizar el sistema de cosas; por eso se trata de disidencias sexuales, afectivas, políticas, económicas, genéricas. Propuesta que contiene prácticas de disidencia múltiple desde los cuerpos marginalizados por el sistema.

cuerpos de las mujeres, cuerpo configurado para no ser fuertes. En relación con el arte como espacio/proceso político, visualizándolo como una plataforma para releer la realidad desde múltiples lugares, ¿cómo pensar y leer las realidades más allá de los discursos oficiales, más allá de las racionalidades “objetivas” y esencialistas? En relación con el eje del cuerpo como espacio político y de enunciación, Taylor (2012) plantea que el cuerpo-la corporalidad se presenta como un espacio de conflicto, confrontación, resistencia y posibilidad de repensar las realidades. Desde esta experiencia situada, y haciendo uso de los métodos y lenguajes desde el arte, se pueden tejer posibilidades de generar reflexiones a partir de canales diferentes a los de la política formal. Taylor (2012) plantea que durante los años 60 “los artistas usaron sus cuerpos para enfrentarse a los regímenes de poder y las normas sociales, y también para insertar el cuerpo frontalmente en el quehacer artístico” (p. 9); en este caso, es importante remarcar que todo ejercicio político de la corporalidad está vinculado con su contexto, y podemos preguntarnos: ¿qué ha implicado/ qué implica poner el cuerpo como espacio de resistencia? Esta pregunta ayuda a tejer las cuatro trayectorias implicadas en esta investigación, Mafe, Sara, Darling y la propia investigadora. Una de las trayectorias estudiadas por Taylor es la de Regina Galindo, una artista que desde 1999 ha llevado a cabo docenas de performances, Galindo utiliza su cuerpo, frecuentemente, como la zona de confrontación entre violentas fuerzas sociales, el cuerpo como una derivación de las realidades contextuales a nivel macro. Un cuerpo geolocalizado, contextualizado. “Galindo confiesa que su rabia la anima. La necesidad de expresarse a toda costa es el resultado de sus propias experiencias”. (p. 137). La rabia como motor de la politización desde el cuerpo, es reconocer la propuesta política contaminada totalmente por la subjetividad propia y colectiva, del entorno y de la historia. Una cita de Galindo expresa lo siguiente en relación con la propuesta política situada en la subjetividad:

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“Sin la maravillosa imagen de una niña dentro de mí, en contraste con la sola idea de 15 kaibiles violándome con 7 meses de embarazo” (p. 138) “sin el tiro en la ventana de mi hija, sin los putos balazos a diario…sin las ganas de querer irme, de querer quedarme…”, argumentando que no concibe su propuesta sin estas historias que la atraviesan (p. 138). Este tipo de trayectorias situadas que politizan la propia experiencia son las historias con las que se dialoga en esta tesis. Es una política microlocalizada y encarnada, como plantea Álvarez (2014), “emprendimientos moleculares del deseo y las micropolíticas corporales de los afectos como estrategias de resistencia” (p. 12), una resistencia anclada a la corporalidad. “El cuerpo como un arma política, y la gordura como el explosivo semiótico material para hacer política de la carne abierta a su implosión y al lúdico desbaratamiento” (p. 13). El cuerpo y la corporalidad como plataformas políticas múltiples, mutables y abiertas. Se trata de asumir entonces la corporalidad como espacio de potencia, de subjetividad y de resistencia. Álvarez (2014) señala: “Nuestra cuerpa4, primer lugar oprimido, primer lugar de resistencia, primer lugar de construcción bio-política, ¿cómo hacer?, ¿cómo identificar los códigos que nos oprimen?, ¿cómo destruirlos?” (p. 145). Este ejercicio de resituar la reflexión política en una subjetividad situada, localizada y múltiple implica repensar las categorías de política, político y los mismos sujetos políticos; asumiendo los alcances, limitaciones y posibilidades de otros lenguajes y miradas sobre las realidades. Tiene que ver con una urgencia por encarnar la política, dinamitar la premisa de que la política y lo político funciona con conceptos universales, con sujetos políticos homogéneos (pueblo, mujeres, ciudadanía) y develar los procesos subjetivos que ocurren en trayectorias de vida concretas que desarrollan propuestas políticas a partir de sus experiencias y procesos autorreflexivos. 4: Ejercicio discursivo desde diversas trayectorias políticas (transfeministas, queer, lesboterroristas) para reapropiarse de la propia corporalidad como lugar de enunciación validado.

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Es una apuesta por producir conocimiento desde las corporalidades, de posicionar el cuerpo como punto de enunciación validado y enteramente político. Posicionar como centrales en esta apuesta investigativa el conocimiento situado (Haraway, 1988) y la subjetividad como ejes centrales que dinamizan esta reflexión política encarnada. Esta tesis se plantea, como motivación central, generar posibilidades de diálogo con trayectorias de vida que estén dispuestas a compartir sus procesos reflexivos/creativos, pensados como procesos políticos, en los cuales las corporalidades son las plataformas de reflexión y acción política. En esta investigación, una de las búsquedas principales es dialogar con las trayectorias de vida con propuestas artísticas localizadas desde las corporalidades. En este caso concreto con Mafe, Sara y Darling; en constante vinculación con mi propia trayectoria. Posteriormente, se quiere tejer un diálogo situado y encarnado entre las cuatro trayectorias de vida a partir de sus posturas y propuestas políticas/artísticas; en relación con las categorías de política, político y sujetos políticos.

2. Diálogos teóricos desde la vinculación cuerpos (corporalidad), política y experiencia situada La línea que atraviesa la propuesta de investigación es el cuerpo, la corporalidad, como espacio en el que se encarnan apuestas políticas, y se producen lecturas sobre la realidad para cuestionar-transformar. El ejercicio encarnado de la política, o el proceso autorreflexivo de pensar-se desde el cuerpo como primer espacio de enunciación, en diálogo con los lugares, otras corporalidades y las mismas estructuras que tienen como objetivo disciplinar a los cuerpos.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Cuerpo y política Los cuerpos son los espacios políticos por excelencia, concernientes a la experiencia vital, poder y resistencias. Esteban (2014), habla de “itinerarios corporales” refiriéndose a “procesos vitales individuales que ocurren en estructuras sociales concretas” (p. 54). Son trayectorias que si bien resignifican sus realidades, lo hacen sin obviar las estructuras y la tensión existente entre las subjetividades situadas y los discursos macro que ordenan la vida. No son cuerpos neutrales sino marcados por una serie de asignaciones que los atraviesan, Ciriza (2012) plantea retomando a Beauvoir “los sujetos nunca piensan por fuera de su cuerpo, por fuera de su ubicación” (p. 14). El principio de neutralidad y de objetividad propio del pensamiento liberal queda corto al reconocer y al situar la localización de las experiencias vitales ancladas en los procesos de las distintas corporalidades. En este acto de poner el foco en la experiencia encarnada hay una intención y postura política de posicionar la subjetividad como punto de partida de la práctica política. En este camino de resignificación política desde las subjetividades, ¿qué se puede entender por subjetividad? Sin pretender que sea la única y verdadera definición, el planteamiento de Tovar (2009) retomado por Flórez Flórez (2010) expresa que: (...) la subjetividad es una categoría que da sentido a lo que somos y evidencia el carácter interpretativo del ser humano; me parece una pista/guía útil para pensar las narraciones de estas trayectorias de vida, como esos procesos de significación y sentido que se producen permeados por la vivencia encarnada de lo social en todas sus dimensiones. (p. 173) Se trata de una subjetividad que potencia estrategias de resistencia situada, que, consciente de las estructuras y de los discursos que moldean las vidas, busca cómo configurar nuevas posibilidades en esos espacios e intersticios de

fuga. Fuga de las estructuras de poder y control. Como lo plantea Flórez (2010): La subjetividad también resulta del impulso del sujeto a subvertir las estructuras, en este punto la agencia entra en tensión con la estructura…la búsqueda de otras formas de experimentar la identidad siempre se lleva a cabo dentro de unas limitadas condiciones materiales y simbólicas. (p. 182) Burgos (2012) plantea que la política se realiza a través de las acciones corporales (trayectorias/ itinerarios) y no exclusivamente mediante discursos y leyes: Se trata de reconocer que la política no solo se realiza a través de discursos, leyes, normas que formulan varones legitimados, sino también mediante nuestras acciones corporales, y de reconocer además que lo que sucede en el espacio cotidiano, íntimo, privado, no autorizado para la política desde la perspectiva clásica de la política, es, muy al contrario, un hacer político. (p. 13) Las experiencias situadas, esa política que desborda las categorías En primer lugar, se asume que las categorías y conceptos son construcciones socioculturales, ancladas muchas veces en subjetividades privilegiadas. Ya lo plantea Álvarez (2014): “dejemos en claro, ningún concepto es “natural”, todos han sido construidos por procesos categoriales y responden a constructos socialmente edificados”. (p. 41) Luego, el ejercicio de encarnar la política, de politizar la vida a partir de asumir la experiencia situada con sus exclusividades y limitaciones, implica retomar la premisa feminista “lo personal es político”. Álvarez (2014) lee esta premisa surgida desde el feminismo de la siguiente manera:

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(…) lo personal es político, desde donde podemos vislumbrar al poder y la importancia de la acción individual (rompiendo con las tradiciones de los partidos) frente a los distintos tipos de opresiones, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de construir afinidades. (p. 48) Es importante señalar que las tradiciones de partidos son lógicas compartidas, en alguna medida por sujetos políticos como los movimientos sociales. Desde los planteamientos transfeministas propuestos tanto por Álvarez (2014) como por Preciado, Solá y Sentamans (2013), se trata de problematizar la estrategia política de la identidad coherente y autocontenida; hacia un reconocimiento de sujetxs políticxs múltiples, discontinuos e inabarcables por una sola identidad fija. Esto es lo que las autoras nombran como Devenir, una contrapropuesta reflexiva-política que: Representa lo múltiple, nunca es ser, nunca encuentra una forma, si no que haya lugares de vecindad (proximidad), de manera que, respecto a lo que deviene, no queda distinción de un animal, una molécula, unx otrx, se mide por los afectos y no por su definición. (p. 172) Desde la propuesta del conocimiento situado como plataforma política, Haraway (1989) agregaría: “I am arguing for politics and epistemologies, of location, positioning, and situating, where partiality and not universality is the conditions of being heard to make rational knowledge claims” (p. 589). Se trata, entonces, de políticas y de epistemologías situadas, que se reconocen limitadas y que por lo mismo no pretenden universalizar sus posturas. En esta misma línea, Preciado (2013) aportará que “ellos dicen representación. Nosotros decimos experimentación. Dicen identidad. Decimos multitud. Dicen lengua nacional. Decimos traducción multicódigo. Dicen poder. Decimos potencia. Dicen integración. Decimos

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proliferación de una multiplicidad de técnicas de producción de subjetividad”. (pp. 10- 11) Se trata de trayectorias políticas situadas y en movimiento, múltiples por la diversidad de experiencias y de discursos/situaciones que atraviesan las corporalidades concretas en cada cotidianidad. Trayectorias y experimentaciones que responden a la necesidad urgente de repensar las estrategias, las metodologías y la producción de conocimiento. Preciado (2013) señala que necesitamos inventar nuevas metodologías de producción del conocimiento y una nueva imaginación política capaz de confrontar la lógica de la guerra, la razón heterocolonial y la hegemonía del mercado como lugar de producción del valor y de la verdad. Una política encarnada que se despliega en espacios concretos: el cuerpo, la corporalidad, las colectividades y las comunidades a donde se pertenece. Apuesta metodológica: conocimiento a partir de las experiencias situadas La pauta originaria de esta investigación a nivel metodológico tiene que ver con asumir desde un principio la subjetividad como el eje central de la reflexión en todo el transcurso del proceso. Haraway (1988) plantea que las feministas cuestionaron la objetividad que se asignaba la ciencia como productora de conocimiento validado:

We don’t want a theory of innocent powers to represent the world where the language and bodies both fall into the bliss of organic symbiosis… We need the power of modern critical theorics of how meanings and bodies get made, not in order to deny meaning and bodies, but in order to build meanings and bodies that have a chance for life. (p. 580) Se trata, entonces, de una apuesta investigativa desde la subjetividad, alimentada por las experiencias asentadas en las corporalidades Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado como procesos abiertos; una propuesta de producción de conocimiento que se asume contaminada en el buen sentido por las experiencias situadas de las cuatro trayectorias implicadas. A partir de la reflexión y puesta en común que se dialogó a lo largo de todo el proceso investigativo, decidí apostarle al Método Biográfico (Sautu, 2004) como esa pauta metodológica que permitiría dialogar desde las subjetividades de cada una de las trayectorias. El método biográfico permite centrarme en la persona, en la relevancia de su narración y con los vínculos que ella misma va tejiendo entre sus procesos íntimos, recuerdos y afectos. En esta premisa metodológica, la subjetividad es el origen, la base de la narración. El conocimiento y la interpretación sobre la realidad que cada persona hace a lo largo de su vida, están anclados en las corporalidades, en la memoria, lo que se necesita es verbalizarlo. Esta es una de las posturas metodológicas de este proceso, poder generar ese espacio/temporalidad en el que las protagonistas verbalicen su historia, enfocada en sus proyectos desde el arte. Haraway (1988) plantea que: We need to learn in our bodies, endowed with primate colors and stereoscopic visions, how to attack the objective to our theoretical and political scanners in order to name where we are and are not, in dimensions of mental and physical space we hardly know how to name”. (p. 582)

Conocimiento situado que se narra a partir de diálogos anclados en las subjetividades y en las propias experiencias. El interés de escuchar de primera mano la vivencia de cada persona lleva a optar por la entrevista etnográfica como la técnica mediante la cual se realizó el trabajo de las Trayectorias de vida. Se trata de sesiones abiertas, que dependen de los hilos narrativos que propongan las protagonistas de las historias. Se trabajaron

sesiones individuales de aproximadamente dos horas, dos sesiones por persona. Se contó con un material de alrededor de 12 horas de audio. El proceso de diálogo con el material (los audios) fue una etapa crucial, puesto que se necesitaba digerir y encarnar esas trayectorias para poder posibilitar el tejido de un diálogo entre las trayectorias, sus reflexiones, búsquedas y posturas políticas.

3. Resultados y discusión: trayectorias de política encarnada Las tres trayectorias presentadas en esta tesis apuntan a resignificar las definiciones de político y política, a través de propuestas trabajadas desde el arte que se encuentran enraizadas en las cotidianidades. Estas realidades microlocalizadas, ya sea que se trate del propio cuerpo en relación a los discursos que atraviesan esa corporalidad, o desde los espacios/lugares/entorno; son la plataforma real y simbólica desde la cual se pretende reconfigurar las experiencias vitales, los significados y entablar un diálogo situado con el contexto. Estas protagonistas comparten su temprana necesidad por contar con otras experiencias formativas y de aprendizaje, más allá del modelo de educación oficial, caracterizado en sus palabras por ser esquemático, simplista y enfocado en repetir ideas y memorizar información, y no necesariamente en promover el pensamiento creativo de las personas. Esta lógica de pensar de una forma correcta y de repetir ideas la encuentran presente en los movimientos sociales y en las formas tradicionales de hacer activismo. Un segundo punto en común está relacionado a que las tres asientan sus procesos reflexivos/ políticos en sus experiencias situadas. Estas tienen que ver con la relación con el propio cuerpo, una reconfiguración y un cuestionamiento a discursos que atraviesan y controlan las corporalidades. Se manifiesta en exponer el cuerpo como estrategia para incomodar, revolver las realidades y provocar reflexiones y lecturas que antes no se estaban dando. Y también se

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refleja en ejercicios reflexivos e investigativos que revisitan los diálogos que esos cuerpos tienen con los espacios, lugares y escenarios públicos. En estas trayectorias podemos encontrar múltiples reflexiones de cara a las nociones de la política formal heredera del pensamiento liberal ilustrado. Una de las primera que se puede ubicar tiene que ver con este ejercicio de encarnar la política, de politizar esas experiencias que atraviesan las propias corporalidades, que puede ser la experiencia concreta de tensión que está referida a la gordura/peso/comida/deseo, o la narrativa anclada en un cuerpo migrante que también está atravesado por conflictos de clase/élite/poder político y que asume su cuerpo y su palabra como su defensa y manifiesto. O en una experiencia situada, anclada en espacios concretos, que plantea que el contexto es dónde cada uno está parado, por lo tanto, se hace importante ese diálogo y ejercicio de exploración y de descubrimiento con cada trayecto desarrollado, en donde el cuerpo es sujeto y protagonista. Una de las ideas centrales es revisitar el lema: “Lo personal es político”, más allá de los procesos históricos de lo que esto ha significado en el feminismo como movimiento político mundial y concretamente en Nicaragua; se trata de reflexionar sobre qué otras cosas se han estado quedando fuera en este ejercicio interpretativo y práctico de lo personal es político. Se trata de asumir que la propia experiencia, esa vivencia situada, con una visión limitada por su propio lugar de enunciación, está cargada de limitaciones-impotencias pero también de privilegios, de condiciones, que si bien pueden tener puntos en común con otras vidas, no son generalizables al resto de grupos sociales, ya sea mujeres, población etc. Por lo mismo, una de las posturas fuerza en estas trayectorias trata de asumir la experiencia situada, encarnada, eso personal politizado, esa política encarnada, como una trayectoria de la cual me responsabilizo y digiero, la comunico al mundo, pero no pretendiendo para nada que esta lectura que se haga de la realidad pueda aplicarse a otras experiencias situadas, ancladas en otros contextos. Y renuncian a la idea de hablar por

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otros, precisamente por la imposibilidad de abandonar sus lugares de enunciación y ocupar los lugares vitales de otras personas. Apuntan a provocar experiencias y reflexiones. Buscan configurar una noción de sujeto político diferente, que no pretenda abarcar esas realidades, porque es imposible, sino que se asuma abierto, por definirse y sesgado, limitado por las propias subjetividades, eso que la cuerpa vive, eso que es político. Muy relacionado con este planteamiento, Anzaldúa, citada por Álvarez (2014) desde lo que Flórez Flórez (2010) denomina feminismos de frontera, posiciona la urgencia por “entender que nuestra vida es política”, y eso que llamamos vida es lo que ocurre en el día a día, en los espacios a los que se pertenece, esas relaciones, colectividades, esa intimidad, esa relación con el propio cuerpo, con las otras personas, especies y con el mismo planeta. Y pasa por asumir que esa vida es inabarcable por las identidades/sujetos políticos propuestos por el pensamiento liberal ilustrado. Sentamans (2013) propone una lectura de los espacios/procesos de arte como llenos de posibilidades para generar nuevas lecturas de la realidad: El universo de la creación facilita una lista interminable de posibilidades conceptuales, formales y procedimentales; y es un medio que ha sabido renacer, cadáver tras cadáver, haciendo estallar las limitaciones de preceptos, cánones y disciplinas. De hecho, son pocos los medios que hayan conocido tales presiones históricas y las hayan ido haciendo trizas, una tras otra. (p. 36) Agrega Santamans (2013), que “para ampliar lo vivible se necesita ampliar lo visible” (p. 36), premisa que se encuentra presente en las trayectorias aquí presentadas, la necesidad de ampliar esos procesos de lectura de la realidad van de la mano con ejercicios prácticos y autoetnográficos anclados en las propias corporalidades, vivencia de espacios y comunidades.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Son trayectorias que exponen cuerpo, reflexiones y subjetividad con el interés y la búsqueda de provocar alguna experiencia en otras personas, de iniciar un diálogo, una interacción con otras subjetividades y experiencias situadas, que bien pueden ser corporalidades, espacios, lugares, lenguaje. Desde los estudios decoloniales de la política y particularmente desde lo que Flórez Flórez (2010) presenta como Feminismos de Frontera, se plantea una reflexión interesante en relación con ese sujeto de la política: Para los feminismos de Frontera urge reconocer un sujeto político que transita |ambivalentemente entre el sujeto de derecho y el sujeto identitario; un sujeto que busca inscribirse en el orden ya establecido (sujetarse), pero, también, salirse de ese orden para abrir un espacio de reconocimiento diferente (dessujeción)”. (p. 230) Sujetxs múltiples que estratégicamente entran y salen de las cámaras del sistema, que juegan a desdibujar y crear en los intersticios entre institucionalidad y márgenes, identidad y devenir, arte y activismo. Son trayectorias que reconociendo lo institucional asumen la subjetividad, la localización cotidiana y la vulnerabilidad (exponerse) como sus plataformas de reflexión, acción y resistencia política. Asumiéndose sujetxs múltiples, mutables y no abarcables por las categorías y esos discursos universales, abstractos y con ficciones de identidad homogéneas y autocontenidas. 4. Conclusiones y reflexiones del proceso investigativo Esta tesis contiene reflexiones importantes, que me interesa continuar, de cara a repensar y revisitar las nociones de política, político y sujetxs políticxs; particularmente de cara a ampliar las miradas y las posibilidades en un mundo que parece tan sediento de opciones.

Repensar los sujetos políticos lleva a repensar las lecturas de la realidad, los discursos y las estrategias que se llevan a cabo para realizar eso cambios que se quieren. Pasa por reconocer el fracaso de hablar por otros, de pretender abarcar la realidad y la vida desde un discurso institucional. Y pasa también por revisitar: “Lo personal es político”. Esta investigación no trata de obviar el recorrido de los movimientos sociales y activistas en la esfera formal de la política; lo que se propone hacer, retomando los planteamientos desde los Feminismos de Frontera (Flórez Flórez, 2010) y del Transfeminismo (2013); es poner a dialogar estas posturas y repensar desde la propia experiencia y en las colectividades esta necesidad de revisitar “lo personal es político”, primero como un asunto encarnado, situado y limitado. Lo que implica asumir que cada cual habla y se hace responsable de sus propias realidades y luchas, de sus rabias y de sus frustraciones, de sus dolores. Sobre todo, que estas rabias, frustraciones y dolores son eminentemente políticos, que son pautas potenciales de resistencia, y no una pérdida de tiempo. Porque política es esa esfera en la que se relacionan y dialogan las subjetividades, reconociéndose situadas, limitadas y múltiplesmutables. Y porque político en palabra tanto de las autoras como de las protagonistas de las trayectorias es todo lo que atraviesa el cuerpo (discursos, mandatos, aparatos de control, violencia, dinámicas sociales), es eso que ocurre a partir del diálogo de tu cuerpo, con ese lugar en el cual estás ubicada; es eso que duele y pesa, eso que necesitan vomitar y exponer, ya sea para generar experiencias en las demás personas, para intervenir los espacios reconfigurando sentidos y significados, o para evidenciar las propias tensiones con el fin de cuestionar esas vivencias que son individuales y colectivas al mismo tiempo. Un plus de esta tesis es abonar al registro de trayectorias de mujeres artistas, sus propuestas, sus reflexiones. Desde un principio, esta tesis se reconoce como un primer momento de exploración, pero por el momento la invitación

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a repensar las nociones de política, político, de redefinir esos sujetxs políticxs a partir de la reflexión entre Identidad y Devenir; y de reformular esas búsquedas y estrategias; es una motivación más que suficiente para continuar este camino de diálogo.

Sautu, R. (2004). El método biográfico: la reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores. Argentina: Ediciones Lumiere.

5. Referencias bibliográficas

Solá, M., (2013). Transfeminismos: epistemes, fricciones y flujos. Navarra: Txalaparta, Tafalla.

Álvarez, C. (2014). La cerda Punk: Ensayos desde un feminismo gordo, lésbiko, antikapitalista y antiespecista. Valparaíso: Trío Editorial. Burgos, E. (2013). Luchas por la libertad: Cuerpos en acción. Thémata, Revista de Filosofía, (48), 203-216.

Sentamans, T. (2013). Transfeminismos: epistemes, fricciones y flujos. Navarra: Txalaparta, Tafalla.

Taylor, D. (2012). Performance. Buenos Aires: Asunto Impreso Ediciones.

Ciriza, A. (2007). Cuerpo y Política. Una lectura sobre Franz Hinkelammert en clave feminista. Publicado en: Racionalidad, utopía y modernidad. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert, Estela Fernández y Jorge Vergara (Eds.). Santiago de Chile: Universidad Bolivariana. Ciriza, A. (2012). Simone de Beauvoir: de la fenomenología del cuerpo a la utopía de la libertad. Nomadías (16), 11-21. Esteban, M. L. (2004). Antropología del cuerpo. Barcelona: Ediciones Bellaterra, S.L. Flórez Flórez, J. (2010). Lecturas Emergentes. Decolonialidad y subjetividad en las teorías de movimientos sociales. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The science question in Feminism and the privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, (3), 14, 575-599. Preciado, B. (2013). Transfeminismos: Epistemes, fricciones y flujos. Navarra: Txalaparta, Tafalla. Programa Feminista La Corriente. (2011). Los Cuerpos del feminismo nicaragüense. Nicaragua: Autor.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado

Apuestas políticas de trabajadoras sexuales organizadas y su conexión con los feminismos nicaragüenses

Resumen

Lic. Bertha Massiel Sánchez Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo massielmirsa@yahoo.es

Este artículo recoge los hallazgos en relación con las demandas políticas de las trabajadoras sexuales organizadas y su conexión con los feminismos en Nicaragua. Cuenta la historia organizativa de las asociaciones Las Golondrinas y Girasoles, ambas lideradas por trabajadoras sexuales. Contiene las reflexiones políticas, las razones que las impulsaron a organizarse, las estrategias que han utilizado y cómo estas han cambiado en los últimos años, según el contexto y sus propias fortalezas. Por otro lado, incluye la reflexión sobre los puntos de encuentros y las diferencias entre las organizaciones de trabajadoras sexuales y feministas, que a pesar de haber establecido coordinaciones y alianzas, esto no se ha transformado aún en un debate dentro del movimiento feminista nicaragüense en relación con el trabajo sexual.

Palabras claves: •

Trabajo sexual

Apuestas políticas feministas

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1.

Introducción

2.

Marco referencial

Todas las mujeres hemos sentido la sombra del estigma de putas sobre nuestras espaldas. La amenaza de sanción está en todo acto que cruce la línea de los roles establecidos por el sistema. Así, cada vez que nos atrevemos a contradecir a un compañero o que nos vestimos demasiado “provocativas”, que estamos solas en la barra de un bar o simplemente esperamos en la calle un taxi durante la noche, corremos el riesgo de ser llamadas putas. Y utilizo la palabra riesgo, porque el estigma de puta conlleva un estatus que incluye la exclusión social, la invalidación de nuestras capacidades, la presunción de desequilibrio psicológico o la categoría de mala mujer, por lo que se justifica la violencia y la discriminación contra toda mujer calificada de esa manera.

Reflexiones feministas sobre el trabajo sexual

He analizado los planteamientos políticos de las trabajadoras sexuales organizadas y su conexión con los feminismos. Estudié los casos de dos organizaciones de trabajadoras sexuales de Nicaragua: Asociación de Trabajadoras Sexuales Las Golondrinas --creada en 2005-- y Asociación de Trabajadoras Sexuales Girasoles, fundada en 2007. Estas están ubicadas en Matagalpa y en Managua, respectivamente, y ambas han estado relacionadas con redes o con colectivos feministas en Nicaragua.

La antropóloga Rubin (1989) coincide con Weeks (2012), afirmando que existe una escala sexual que determina esos límites y normas que rigen la cultura sexual actual. Dentro de esta jerarquía está catalogado como “sexo bueno” el que responde a las particularidades de la cultura, como punto intermedio el de parejas heterosexuales no casadas, heterosexuales promiscuas, masturbación, parejas estables gays, hasta llegar al “sexo malo”, dentro del que caben el travestismo, el trabajo sexual, fetichistas e intergeneracional (Rubin. 1989)

Me propuse analizar el proceso de organización y de fortalecimiento político de las organizaciones de trabajadoras sexuales, así como las reflexiones de estas mujeres sobre su relación con organizaciones feministas, los puntos de coincidencias, y las causas que limitan la posibilidad de una alianza política más sólida entre ambos espacios. Desde las voces de las feministas se escuchan las diversas posiciones en relación con el trabajo sexual, y sus reflexiones sobre la necesidad de abrir un debate respecto de este desde una concepción profunda de la política sexual.

Los debates en relación con la prostitución están íntimamente ligados a la percepción que tenemos en la sociedad sobre la sexualidad. Para Weeks (2012), la sexualidad es producto de la historia, de la interacción social entre sus integrantes, y, por tanto, no ha sido estática. Cada cultura ha clasificado las diferentes prácticas sexuales como apropiadas o no, morales o inmorales, saludables o pervertidas. En el caso del occidente, este ha sido fuertemente influenciado por la cultura judeocristiana, y esta ha fomentado como sexo normal o natural el que se realiza en relaciones monógamas, bajo el matrimonio, entre adultos y de diferente género.

Esta escala lleva consigo formas de regulación, instrumentos de opresión que garanticen que todas y todos practiquen el “sexo bueno”, tal como establece el sistema patriarcal. Al sexo bueno le corresponden el respeto social, el reconocimiento de salud mental, la legalidad, la movilidad física y social, el apoyo institucional y los beneficios materiales. Para quienes practican el “sexo malo”, el de la escala más baja, tal práctica ha significado presunción de enfermedad mental, ausencia de respetabilidad, criminalidad, restricción de movilidad física y social, pérdida del apoyo institucional y sanciones económicas. Este sistema utiliza premio-castigo para asegurar su funcionamiento (Rubin, 1989). El trabajo sexual, según la jerarquía sexual, se encuentra dentro de los más bajos y degradantes. Por lo tanto, el estigma es la principal herramienta

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado de opresión. Como argumenta Juliano (2006), el estigma no solo es aplicado a las mujeres que cobran por servicios sexuales, también incluye toda actitud o acción que se aleje del rol social establecido por el sistema patriarcal. A pesar de que en la realidad la prostitución es una ocupación temporal, y en muchos casos se combina con otros trabajos, se convierte en un estigma social exclusivamente femenino que perdura por toda la vida, independientemente de que se cambie de trabajo o de comportamiento (Nicolás, 2005). Existe un doble estándar para juzgar la sexualidad de hombres y de mujeres. Puesto que, por ejemplo, en el caso de la prostitución, se juzga a los proxenetas por lo que hacen, y en el caso de las prostitutas, por lo que son. Para Despentes (2006), el conflicto moral y social que genera el trabajo sexual está relacionado con la apropiación que hacen las mujeres de su cuerpo. El hecho de explicitar un contrato que signifique sexo a cambio de dinero y no por estatus social o por amor, como nos han enseñado, convierte a las mujeres en dueñas de sus actos, rompiendo así con la normativa sexual establecida. Según Juliano (2006), las mujeres son socializadas bajo el estigma de putas, lo que las obliga a tener cierto tipo de modales, de actitudes y de capacidades que las alejen de esta categoría, conseguir el reconocimiento del trabajo sexual lleva consigo transformar los modelos de sexualidad existentes, contribuyendo a desmontar la jerarquía sexual que argumenta Rubin (1989), de esta forma se aflojan las restricciones impuesta a las vidas y a los cuerpos de todas las mujeres, no solo de las trabajadoras sexuales. Por esto, es muy importante debatir desde el feminismo sobre el trabajo sexual, pues impacta en los prejuicios y en la visión que tenemos sobre la sexualidad. Las situaciones a las que están expuestas cotidianamente las trabajadoras sexuales se pueden analizar a través de las interseccionalidades, de las múltiples opresiones que viven, tanto del sistema capitalista, como del sistema patriarcal y del racismo (Crenshaw, 1991). Dado que las trabajadoras sexuales viven

la opresión no solo del sistema patriarcal por su condición de género, su situación no se puede analizar desde la óptica aparte de cada sistema, sino que es necesario, como plantea Crenshaw, analizar el efecto de todas esas opresiones en su conjunto, pues a las trabajadoras sexuales se les discrimina no solo por ser mujeres, sino también por cuestionar ese mandato de género, y considerar los servicios sexuales como un trabajo por el que se cobra, dado que ello, social y culturalmente no es aceptado. Por lo antes expresado, y sumado a la desventaja social que sufren las mujeres en relación con los hombres por su género, las trabajadoras sexuales están en peores condiciones en relación con las mujeres que no ejercen el trabajo sexual, y también en relación con los trabajadores sexuales. Además, como plantea Mohanty (2008), las mujeres no son un ser homogéneo, y no deben omitirse las diferencias que existen dentro de los mismos grupos o colectivos que comparten alguna identidad o condición social. Por esto, se ha de tener en cuenta el planteamiento de Garaizabal (2013), en relación a que las mujeres trabajadoras sexuales tienen realidades diferentes según sus condiciones sociales (redes familiares de apoyo, estudios, madres solteras, etc.), situación económica (nivel de pobreza, dependencia de ingresos únicamente del trabajo sexual) y modalidad en que ejercen el trabajo sexual, pues no es lo mismo que lo ejerzan en la calle, expuestas a mayor inseguridad, a que lo lleven a cabo en locales con condiciones laborales negociadas y respetadas. Además, es importante tener en cuenta que la carga del estigma y de la discriminación se ve agravada cuando a esta se suma otra identidad de opresión, como etnia, padecimiento de VIH, condición ilegal de migrante o discapacidad. Ante la violencia y la discriminación que experimentan las trabajadoras sexuales en la sociedad patriarcal, las feministas prosexo consideran que una forma de avanzar en el reconocimiento social y legal, es a través de nombrar el trabajo sexual como tal, como una ocupación dentro del sistema capitalista, igual que las demás, y no como un estatus personal (Nicolás, 2005), puesto que la palabra prostitución

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está cargada del estigma que asocia a las mujeres como víctimas, reduciéndolas y negando su autonomía y su capacidad de decisión.

4.

Desde esta lógica, Osborne (2002) plantea que la solución a la situación de violencia y de vulnerabilidad que experimentan las trabajadoras sexuales no está en la abolición, puesto que los principales problemas de las profesionales del sexo están ligados a los estigmas social y legal, lo cual es aprovechado por proxenetas y por empresarios del sexo. Es a través del reconocimiento de la autonomía de las trabajadoras sexuales que se contribuiría a eliminar las situaciones de violencia y de extorsión que estas sufren por el contexto de ilegalidad y por el estigma social.

Las organizaciones de trabajadoras sexuales nicaragüenses empezaron a constituirse a partir de la década de 2000. Son las primeras organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales, pues antes solo existían organizaciones sociales que trabajaban para trabajadoras sexuales, pero no integradas por ellas. Por otro lado, el fondo político de las organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales se diferencia de las que apoyan a estas, pero no están lideradas por ellas, pues las primeras reivindican el reconocimiento y la legalización del trabajo sexual, y las otras se centran, principalmente, en promover proyectos para fortalecer las capacidades de las trabajadoras sexuales en oficios alternativos y el mejor acceso a servicios.

3.

Metodología

Esta tesis analiza los planteamientos políticos de las trabajadoras sexuales organizadas y su conexión con los feminismos. La investigación es de corte cualitativo. Estudié los casos de dos organizaciones de trabajadoras sexuales de Nicaragua: la Asociación de Trabajadoras Sexuales Las Golondrinas, creada en 2005, y la Asociación de Trabajadoras Sexuales Girasoles, fundada 2007, ubicadas en Matagalpa y en Managua, respectivamente. Ambas han estado relacionadas con redes o con colectivos feministas en Nicaragua. La Asociación Girasoles es enlace actual de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (Redtrasex). Este trabajo contiene las opiniones y las reflexiones de seis mujeres feministas participantes del grupo focal, las entrevistas a seis trabajadoras sexuales organizadas, de las cuales tres pertenecen a la Asociación Las Golondrinas y tres a la Asociación Girasoles, además, cuenta con los aportes de dos feministas entrevistadas: la directora del programa feminista La Corriente, y una integrante de la Coordinadora Política del Movimiento Autónomo de Mujeres. Además, integro la revisión documental de los estudios y de las investigaciones efectuadas por la Asociación Girasoles y por la Asociación Las Golondrinas.

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Resultados y discusión

¿Qué pasa en Nicaragua con el trabajo sexual?

María Elena Dávila, directora de la asociación Girasoles, comparte que el primer logro fue asumir el derecho a organizarse. Ante el estigma que existe hacia las trabajadoras sexuales, crear un colectivo para exigir sus derechos representa una ruptura con dos mandatos patriarcales: por un lado, que las mujeres dejan la posición de sumisión y empiezan a asumirse ciudadanas portadoras de derechos, y, por otro, que crear colectividad entre mujeres rompe con la estrategia patriarcal de dividirlas y de competir entre nosotras. Para las trabajadoras sexuales existe una clara diferencia entre el estatus de “participantes” o de “beneficiarias” de un proyecto que pretende “sacarlas de la calle”, y su participación en una organización de trabajadoras sexuales. Tanto en la asociación Girasoles como en Las Golondrinas, sus integrantes se sienten parte de la propuesta política, consideran que aportan al fortalecimiento y que crecen con la organización. Consideran que estar organizadas les ha dado mayor empoderamiento, negocian mejor con los clientes y saben cómo defenderse. María Elena comenta: “Uno ya teniendo derechos hasta puede demandar, pedir ayuda… yo voy con ese cliente, pero si ese cliente viola mis derechos, yo que tengo el apoyo, puedo decirle si yo no quiero hacer eso”. Por otro lado, sienten mayor respeto de los Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado clientes, pues estos saben que ellas conocen dónde acudir si viven violencia. “Si alguien me hace un mal sé adónde ir y cómo defenderme” (Magdalena, asociación Golondrinas). Sin duda, estar organizadas las hace más fuertes, y han generado estrategias de protección entre ellas para ejercer el trabajo sexual en condiciones más seguras. Sin embargo, la visibilidad que por un lado les proporciona mayor protección en relación con los clientes, y reconocimiento de algunas organizaciones, las ha afectado a nivel personal y familiar, pues haber hablado públicamente sobre su trabajo y defendido la legalización de este, ha repercutido en su vida privada, pues están más expuestas al estigma social, cuando antes, al estar en secreto su condición laboral, no lo padecían. Afirman que el estigma y la violencia producto de este son los elementos que más vulneran a las trabajadoras sexuales. Así lo comparte Fanny Tórrez: “En mi barrio, cuando me vieron en los canales le decían a mi hija: “Sí, tu mama es una prostituta”. (Asociación Las Golondrinas). La afirmación de Tórrez coincide con el planteamiento de Juliano (2006), pues el estigma es la principal herramienta de opresión que castiga toda actitud o acción que se aleje del rol social establecido. Por supuesto, cobrar por sexo es algo vetado para las mujeres, pues estas deberían ofrecer dichos servicios de forma gratuita para satisfacción de los hombres y no para obtener una remuneración económica. (Despentes, 2006). A nivel colectivo, han reafirmado el sentido de dignidad a través de talleres sobre autoestima y de dar a conocer los derechos humanos a las mujeres trabajadoras sexuales. Como afirma Miguelina, coincidiendo con el reciente estudio “Estigma y discriminación, una mirada de las protagonistas”, las trabajadoras sexuales presentan bajos niveles de autoestima producto de la discriminación y de la violencia que viven en todos los espacios de su vida (Quintanilla y Molina, 2015). Para muchas, las situaciones que viven son producto del trabajo que realizan, y en cierta medida justificadas por efectuan un oficio que no es de “buenas mujeres”. Estas afirmaciones reflejan lo planteado por Nicolás (2005), quien expresa que ejercer el

trabajo sexual coloca a las mujeres en situación de deshonor y de indignidad, por lo tanto, son víctimas de agresiones avaladas por la impunidad social y legal. De modo que estas agresiones se pueden manifestar en la negación a créditos, en la pérdida de la tutela de los hijos, en la ausencia de garantías laborales, se les considera culpables en casos de violación, y siempre están bajo “sospecha” de la comunidad, de la familia y del Estado. Al inicio, las apuestas políticas de las organizaciones de trabajadoras sexuales estaban ligadas al acceso a servicios y a la disminución de los niveles de violencia a los que eran expuestas, tanto por clientes como por funcionarios del Estado. Sin embargo, por el crecimiento político que se evidencia en sus argumentos, las trabajadoras sexuales de ambos espacios tienen apuestas más profundas en relación con los inicios de sus organizaciones, ligadas actualmente al reconocimiento, tanto del Estado como de la sociedad, del trabajo sexual como una opción laboral, con todas las garantías y los derechos como ciudadanas. En los últimos años se ha dado un acercamiento entre organizaciones de trabajadoras sexuales y feministas. Las mujeres de las asociaciones Las Golondrinas y Girasoles valoran de forma positiva esta alianza, pues consideran que las ha fortalecido a nivel personal desde la conciencia de derechos, y a nivel colectivo, porque se sienten más respaldadas y han aprendido de la experiencia organizativa de las feministas. Coincidencias y diferencias: relación entre feministas y trabajadoras sexuales Según la Asociación Las Golondrinas, la relación con organizaciones feministas ha aportado a su fortalecimiento. Valoran la apertura del movimiento para abordar la temática del trabajo sexual, haciendo énfasis en la diferencia con la trata de personas. Miguelina y Fanny Tórrez, de esta Asociación, señalan que se consideran respaldadas por estas organizaciones, y sienten que son parte de un movimiento amplio que defiende los derechos de las mujeres en Matagalpa.

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La Asociación Girasoles resalta los procesos de formación de La Corriente como espacios que les han ayudado a empoderarse y a reconocer el sistema de opresión en el que vivimos todas las mujeres. Como plantea María Elena Dávila: “Los talleres de La Corriente fueron como abrir una puerta donde tengo muchas compañeras empoderadas”. De modo que los espacios de reflexión de La Corriente, donde participan integrantes de las Girasoles, les han servido para identificar y para nombrar al sistema que oprime a las mujeres, para reflexionar sobre los puntos de coincidencia, donde muchas mujeres --no solo las trabajadoras sexuales-- han sufrido agresiones del sistema: la maternidad obligatoria, la violencia y la penalización del aborto, entre otras. La experiencia de las organizaciones de trabajadoras sexuales en cuanto al establecimiento de alianzas con organizaciones feministas no ha sido homogénea. La Asociación Las Golondrinas las ha establecido con varias organizaciones en el departamento de Matagalpa, sin embargo, para las Girasoles, su referente aliado es únicamente el programa feminista La Corriente. Según María Elena Dávila, lo antes expuesto se debe a que no ha habido acercamiento de las organizaciones feministas y tampoco ha sido una iniciativa de la Asociación Girasoles. A pesar de ello, consideran que es necesario empezar a crear alianzas entre feministas y organizaciones de trabajadoras sexuales. En la experiencia de la Asociación Las Golondrinas, establecer coordinaciones y alianzas con organizaciones sociales y feministas ha sido una de sus principales estrategias. Fanny Tórrez comenta que desde sus inicios empezaron a participar en actividades de otras organizaciones, a pedirles que las invitaran a los talleres, acompañando reivindicaciones lideradas por colectivos feministas y de mujeres. Esta motivación para ser parte de una expresión del movimiento feminista en Matagalpa, como la Red de Mujeres de Matagalpa, se debe a las coincidencias políticas entre ambas, pues la Asociación Las Golondrinas también se ubica como defensora de los derechos humanos de las mujeres.

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Por esta afinidad con las apuestas políticas, la Asociación Las Golondrinas solicitó a la Red de Mujeres de Matagalpa ser incluida como parte de este espacio, y desde febrero son integrantes activas: participan en las reuniones de la red, están en la toma de decisiones y se sienten parte. Tórrez comenta que aún no se ha discutido en la Red de Mujeres de Matagalpa acerca del trabajo sexual ni existe un posicionamiento explícito al respecto, sin embargo, la Asociación ya propuso a la Red debatir sobre este tema y está próximo en la agenda. Varias trabajadoras sexuales comparten que ha mejorado la relación con sus hijas desde que se involucraron en espacios de reflexión feminista, aprendieron a verlas como sujetas de derechos, y, en algunos casos, como cómplices, aliadas por su condición de género. Consideran que han aprendido a relacionarse con sus hijas, desde el respeto, y que han reconocido las trampas del sistema patriarcal, que pretende dividir a las mujeres, ubicarlas como enemigas en posiciones antagónicas de santas o de putas. Vida Francis, de la Asociación Girasoles comparte: “Aprendí mucho, por ejemplo, mi relación con mis hijas. Yo ahora sé que mis hijas son mis hijas, pero yo tengo que respetar las decisiones que ellas quieran tomar. No puedo vivir encima de ellas, les puedo dar un consejo como madre, pero no les puedo decir qué tienen que hacer”. También menciona que el feminismo le ha ayudado a entender las agresiones del sistema patriarcal contra todo un género, y, por tanto, es más solidaria con las mujeres, lo que le ha permitido apoyar a varias a salir del círculo de la violencia. Considera que el feminismo también le ha aportado elementos para construir relaciones más sanas y no tolerar situaciones de violencia, y señala que muchas de las agresiones que viven las trabajadoras sexuales no provienen de los clientes, como por lo general se cree, pues sufren violencia de familiares o de parejas, situación que comparten con muchas más mujeres que no ejercen el trabajo sexual, pero que en sus circunstancias se acentúa por la discriminación a la labor que realizan.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Todas las trabajadoras sexuales entrevistadas podían mencionar con bastante facilidad los aprendizajes que rescataban del feminismo o reflexiones feministas que consideran un aporte a su vida personal y política, sin embargo, les resultó más difícil identificar y reconocer los aportes de las trabajadoras sexuales al feminismo nicaragüense. Esta dificultad para reconocer sus aportes está ligada al poder simbólico del conocimiento que menciona Toril Moi en su interpretación de Bordieu. Moi (2011) rescata que existe un campo intelectual y educacional que establece discursos legítimos, y, por tanto, voces autorizadas, las cuales tienen una aceptación generalizada por el valor simbólico que se les asigna. De este modo, feministas académicas representarían voces autorizadas para los análisis relacionadas con el género y con la situación de las mujeres, sin embargo, discursos de las trabajadoras sexuales podrían ser tomados como ingenuos o como faltos de veracidad. Esto no solo aplica para la sociedad en general, que legítima o descarta dichos discursos, sino también para las participantes de ese campo, en este caso, las trabajadoras sexuales.

Posiciones y omisiones de feministas nicas sobre el trabajo sexual En el movimiento feminista no se identifican espacios de reflexión o debate sobre el trabajo sexual. Se reconoce que es un tema que se ha omitido, y que la agenda del movimiento feminista ha estado centrada en temáticas como el derecho a vivir libre de violencia, la despenalización del aborto y la sexualidad, entre otras. A pesar de los acercamientos entre organizaciones feministas y de trabajadoras sexuales, esto no se ha traducido en un espacio de reflexión en el movimiento, ni en expresiones del movimiento alrededor de la reivindicación del trabajo sexual. Todas las feministas consultadas expresan que existe desconocimiento sobre los planteamientos de las trabajadoras sexuales, y que es necesario reflexionar en mayor profundidad sobre las implicaciones de tal labor en la vida de las mujeres. Sobre la misma línea, Ernestina

Mendoza, feminista del norte del país, apuntó que aunque no se ha dado una reflexión política sobre el trabajo sexual, en los últimos años se utiliza la expresión trabajo sexual, sin asumir el trasfondo político de este concepto, pues se emplea desde una posición “políticamente correcta”. La activista feminista Cristina Arévalo considera que es difícil ubicar las posiciones del feminismo nicaragüense en relación con el trabajo sexual, porque aún no se ha dado una discusión en relación con este. Por otro lado, expresa que los silencios del movimiento feminista en relación con el tema podrían interpretarse como una posición abolicionista de fondo. Para María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente, es importante reflexionar sobre el trabajo sexual, partiendo desde una política sexual radical, en la que el uso del cuerpo no necesariamente deba estar ligado al amor y al placer, sino también, en este caso, a la remuneración económica. En su opinión, deberíamos cuestionarnos cómo se ha naturalizado la explotación del cuerpo para el trabajo de la maquila o para la maternidad, sin embargo, nos parece inconcebible que se presten servicios sexuales a cambio de dinero, y esto está ligado a la influencia judeocristiana sobre la sexualidad. Algunas feministas participantes del grupo de reflexión consideran que el primer paso para establecer alianzas con organizaciones de trabajadoras sexuales es reconocerlas como interlocutoras en igualdad, pues hasta ahora, por lo general, han sido participantes de acciones y de procesos promovidos por organizaciones feministas, sin embargo, no ha sido así a la inversa. Es decir, existe poca implicación de feministas en la defensa y en el reconocimiento del trabajo sexual. Blandón afirma que las trabajadoras sexuales tienen mucho que aportar al movimiento feminista desde sus experiencias, pues “desdicen el mandato sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la sexualidad. Aunque no lo hayan estudiado en ningún lado, aunque no lo hayan elaborado conceptualmente, ellas mismas son expresivas

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de una experiencia de rebeldía extraordinaria y de transgresión”.

5. Conclusiones: abrir debate para el crecimiento político Hasta la fecha se ha omitido la discusión del trabajo sexual en el movimiento feminista, a pesar de que las trabajadoras sexuales organizadas han participado en actividades impulsadas por organizaciones feministas. Las principales razones estructurales de la omisión de este debate giran alrededor de:  La concepción moralista de la sexualidad influenciada por la cultura judeocristiana al que no escapamos las feministas.  Las condiciones de clases diferentes entre las líderes del movimiento feminista --que en su mayoría pertenecen a la clase media-- y las trabajadoras sexuales, que mayoritariamente son pobres.  El poder simbólico del conocimiento, en el que los argumentos de las trabajadoras sexuales carecen de autoridad académica y de reconocimiento, por hablar desde un sector ubicado en la periferia, a pesar de ser las protagonistas de esa historia.  El estigma de doble vía, pues no solo las feministas tienen una idea muchas veces errónea sobre las mujeres que ejercen el trabajo sexual y sus ideas, considerándolas en algunas ocasiones como víctimas y sumisas, también para las trabajadoras sexuales existen prejuicios sobre las mujeres que se asumen feministas, en ambos casos, alimentados por el sistema patriarcal que apuesta por la división de las mujeres, colocando a ambas en la posición de “malas mujeres” por transgredir la norma.  El trabajo sexual no es el único tema pendiente en la agenda de discusión política del movimiento feminista, también es necesario debatir sobre otras reivindicaciones que continúan en la periferia, como el trabajo doméstico y la inclusión de mujeres transfeministas en el movimiento amplio de mujeres. Abrir estos

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espacios de reflexión pendientes contribuirá a la madurez política del movimiento, en el que se reconozca como interlocutoras en igualdad a las otras, y se manifieste la diversidad de mujeres que conforman este espacio.  Este es el inicio de la apertura a un debate en relación con el trabajo sexual, pues no se podrá omitir por más tiempo la existencia de mujeres con planteamientos políticos a favor del reconocimiento de la prostitución como un trabajo. Sin duda, embarcarnos en un debate profundo sobre la construcción de una política sexual radical, nos llevará a reflexionar sobre nuestras ideas en relación con la apropiación del cuerpo, el concepto del trabajo digno, el trabajo sexual, y, por supuesto, cuestionarnos a qué nos referimos cuando todas decimos “Mi cuerpo es mío”.

6.

Referencias bibliográficas

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Minería y desarrollo en Nicaragua: una mirada feminista del caso de Rancho Grande

Resumen

MSc. Teresa Pérez González Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo Asociación Centro de iniciativas para la cooperación Batá (CIC Batá) tperez@cicbata.org

Palabras claves: •

Minería

Extractivismo

Feminismo

Desarrollo

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Esta investigación analiza desde la perspectiva feminista los vínculos entre minería y desarrollo en Rancho Grande, Nicaragua. Partiendo de un marco teórico basado en la economía feminista de la ruptura, el feminismo decolonial y corrientes críticas sobre el desarrollo, cuestiono los elementos más significativos de la relación entre extractivismo y desarrollo: el conflicto entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida; la incompatibilidad del extractivismo como motor de desarrollo desde el punto de vista feminista y la reproducción de relaciones de poder desiguales y jerárquicas. Gracias a la mirada feminista, el estudio revela efectos de la minería que se añaden a los ampliamente estudiados en términos de desestructuración social e impactos ambientales. Entre estos efectos se encuentran la profundización de las brechas de género y de la división sexual del trabajo; la masculinización de la economía y el reforzamiento de la dominación masculina; el incremento del trabajo de cuidados en los hogares y en las comunidades realizado por las mujeres, cuando ni la empresa minera ni el Estado asumen sus responsabilidades en el sostenimiento de la vida; la reproducción de las estructuras jerárquicas patriarcales, tanto en la minería como en la resistencia, entre otros efectos relevantes. En Rancho Grande, la población que se opone al proyecto minero es más del 80%, y, de momento, ha logrado paralizar el inicio de las actividades extractivas. Analizo las contradicciones y los conflictos que permiten entender la complejidad de la situación, y pongo en relieve los estrechos vínculos entre extractivismo, capitalismo, patriarcado y colonialismo.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado

1. Introducción Antecedentes En el amplio debate sobre desarrollo y proyectos extractivistas, se encuentran muchos estudios que analizan los impactos sociales, económicos y ambientales de los proyectos mineros, pero no se han realizado muchos estudios sobre este tema desde una perspectiva feminista. En el caso de los proyectos mineros en Nicaragua, no he encontrado ninguna investigación, estudio o informe realizado desde este enfoque. Dado que se trata de una problemática común en toda Latinoamérica, y con la implicación de unas pocas empresas que se dedican a la explotación minera en la región, considero oportuno partir para mi análisis de los hallazgos más relevantes encontrados en los estudios llevados a cabo en otros países, desde una perspectiva feminista, como Perú, Colombia, Argentina, Chile y Guatemala, entre otros. Los elementos más relevantes encontrados son:  El extractivismo se propone en América Latina como un motor para el desarrollo. Se basa en un discurso modernizador y desarrollista, presentándose como la única alternativa capaz de dinamizar las economías locales. El supuesto desarrollo que promueve es homogeneizador y no cuenta con la participación de la población en la toma de decisiones.  En la actualidad, hay abiertos más de 200 conflictos sociales entre comunidades y empresas mineras por toda Latinoamérica. La población en resistencia defiende su territorio como un espacio donde se configuran las identidades individuales y colectivas. El sentido de pertenencia es un vínculo especial que motiva la defensa de las formas de vida, la pervivencia de la cultura y las subjetividades asociadas a él.  Los impactos del extractivismo y de la minería, en concreto, son diferentes para hombres y para mujeres. Esto profundiza las brechas de género existentes, la división sexual del trabajo y las desigualdades en las relaciones de poder. Se evidencian los vínculos entre extractivismo y

patriarcado, ambos sistemas de opresión que se complementan y se necesitan. El extractivismo refuerza el patrón masculino de dominación con el uso de la fuerza, las armas, la represión, la persecución política y la división comunitaria. Justificación En Nicaragua se observa una creciente tendencia a vincular el desarrollo y la lucha contra la pobreza con proyectos extractivistas que suponen una explotación de los recursos naturales, a través de inversión extranjera. Al aplicar la perspectiva de la economía feminista, trato de aportar elementos de análisis para una realidad compleja, en la que se evidencian las relaciones de poder existentes en el territorio, y cómo un proyecto minero profundiza la dominación masculina sobre las mujeres y promueve un desarrollo que refuerza el patriarcado. En el caso de Rancho Grande, varios elementos lo hacen sumamente interesante en este momento. El proyecto minero se encuentra al inicio de su fase de explotación y ya se han producido varios impactos sobre la vida de la población, así como se ha ido construyendo un imaginario colectivo alrededor de la minería, que es necesario estudiar. La población que se opone a la minería es más del 80%, y de momento han conseguido paralizar la entrada de maquinaria pesada en el municipio. Usar la perspectiva feminista es parte del reto y del compromiso social de la academia, para aportar al necesario debate que debería tener cada sociedad sobre el tipo de desarrollo que quiere y cómo lograrlo. Una pretendida neutralidad sobre el género en dicho debate, solo contribuirá a profundizar las desigualdades. El objetivo general del estudio es analizar, desde una perspectiva feminista, el modelo extractivista que se está implementado en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, con el proyecto minero Pavón. Como objetivos específicos comprende: analizar desde la perspectiva feminista el modelo extractivista que se está implementando en Rancho Grande en términos de desarrollo para el municipio; estudiar desde la perspectiva feminista los impactos del modelo

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extractivista en el lugar, y analizar las relaciones de poder en la lucha por su territorio.

2. Marco teórico Utilizo tres corrientes teóricas que se complementan entre sí para realizar un análisis de una realidad compleja desde los distintos sistemas de opresión derivados de las desiguales relaciones de poder. Primero, la economía feminista de la ruptura, de la que tomo los siguientes postulados: El conflicto capital-vida: la economía feminista propone colocar en el centro del sistema económico la sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco, 2014), en contraposición a la acumulación de capital, que es el objetivo de la economía capitalista. El cuestionamiento a los conceptos de desarrollo, modernidad, crecimiento y progreso desde este enfoque es clave para mi análisis del modelo extractivista, para analizar el prometido “desarrollo” que supuestamente genera la minería metálica de oro a cielo abierto, a quién beneficia y de qué manera. “La vida que merece la pena ser vivida” o el desarrollo: desde la economía feminista se expresa que es necesario definir esa “vida que merece ser vivida [mediante] una discusión radicalmente democrática” (Pérez Orozco, 2014, p. 229) que cada pueblo o sociedad debería tener, y que aquí equiparo con un desarrollo humano. Dicho concepto debe tener en cuenta los criterios de vulnerabilidad, de interdependencia y de ecodependencia; la búsqueda de un bienestar multidimensional, personal y colectivo; y dos conceptos éticos básicos: que sea universal (el vivir bien de una parte de la sociedad no puede ser a costa del mal vivir de otra parte) y singular (debe respetar la experiencia propia y la diversidad de sujetos en el grupo social). Por lo tanto, esa vida que merece ser vivida, debe partir de la participación de toda la población en las decisiones que afecten las cuestiones fundamentales para su vida.

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Economía de cuidados Si el objetivo principal de la economía es la sostenibilidad de la vida, esto quiere decir que la reproducción social no es un problema de la familia, sino que la sociedad, el Estado y el capital deben asumir sus responsabilidades en ella. No es posible separar la reproducción de la vida de la parte productiva, porque la segunda no podía existir sin la primera. El trabajo de cuidados que sostiene la vida ha sido desarrollado tradicionalmente por las mujeres, que desde el ámbito doméstico se han encargado de reproducir la fuerza de trabajo que necesita el sistema económico para funcionar, de forma que esta tarea permanece invisibilizada y al margen del mercado. Además, se destaca el papel fundamental que desempeñan las comunidades en el sostenimiento de la vida, como una prolongación del trabajo que realizan los hogares en la socialización de las personas (Carrasco y Tello, 2013). Reconocer la economía diversa realmente existente La economía de mercado pretende ser toda la realidad económica. Se esconden, entonces, los procesos de reproducción social y humana, los procesos de vida de las personas. En América Latina, hay multitud de ejemplos de prácticas económicas que no pueden explicarse bajo esa visión tan rígida del mercado, en el ámbito comunitario, basadas en relaciones de cooperación, solidaridad, reciprocidad y dependencia, que permiten que la vida se mantenga. Relación entre patriarcado y capitalismo El patriarcado y el capitalismo se sostienen y no pueden existir uno sin el otro. La expresión de este vínculo se reproduce en el mercado a través de la división sexual del trabajo y de la diferencia jerárquica cultural y económica entre países, que el sistema aprovecha en la globalización y se hacen evidentes en el extractivismo.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado La segunda corriente teórica es el feminismo decolonial, como postura política, ética y epistemológica que reconoce las implicaciones del proceso de colonialidad, y que resulta útil a la hora de analizar las relaciones de dominación entre países, para entender cómo el patriarcado ayuda a sostener el extractivismo en América Latina. Para Lugones (2011), la palabra “colonialidad” hace referencia no solo a la imposición de colonialidad de poder y de género, sino al intento de convertir a los colonizados en menos que seres humanos. Este enfoque ayuda a analizar la tolerancia o la justificación de quienes apoyan la implementación del extractivismo en un territorio, basándose en una noción de “desarrollo” que beneficia, sobre todo, a una empresa de fuera y perjudica a la población del territorio. Se justifica el ataque a las vidas campesinas, consideradas atrasadas y pobres, en beneficio de un desarrollo económico bajo la subjetividad colonial de que no todas las vidas son igualmente válidas. Frente a esto, se pone de relieve la resistencia, el poder de los oprimidos, que constituye unos significados del “ser” fuera de lo establecido por el poder hegemónico. Como tercera corriente teórica, retomo dos teorías críticas sobre desarrollo que me permiten analizar y cuestionar el “desarrollo” como un concepto universal, uniforme, deseado por todo el mundo, y como un único camino a recorrer por cada país de manera independiente. Por un lado, retomo el concepto del sistema centro-periferia de Prebisch, porque me ayuda a analizar las relaciones desiguales entre distintos países o incluso dentro de los mismos, que están determinadas por la posición que ocupan en el sistema económico mundial. Aunque se han desarrollado teorías que actualizan esta, tal clasificación sigue vigente. De hecho, sirve para explicar la reprimarización de las economías de algunos países latinoamericanos en la globalización, que basan sus estrategias de crecimiento económico en la explotación de los recursos naturales a través del extractivismo. Por otro lado, el posdesarrollo y su cuestionamiento a la teoría de la modernidad, analizado por Escobar (2005), pone de relieve las relaciones desiguales de poder que explican los distintos niveles de “desarrollo” de los países. A pesar de todas las

críticas realizadas al concepto de “desarrollo”, vinculado al crecimiento económico, que gracias al “derrame” genera mejores condiciones de vida para la población, es el argumento que se sigue utilizando para promover las actividades extractivas en los territorios: la supuesta “riqueza” de la minería terminará por llegar a la población para mejorar sus vidas.

3. Metodología La metodología utilizada en esta investigación es, ante todo, feminista, y toma en cuenta las relaciones de poder existentes, cambiantes y desiguales. Por eso, en esta investigación me he centrado en las percepciones de mujeres y de hombres de Rancho Grande, que son los discursos menos escuchados, a los que nadie está preguntando. Además, la epistemología situada de Harding (1993) me implica un ejercicio de honestidad con la parcialidad, dejando claro mi posicionamiento personal político, social y de identidad respecto al tema. Soy una economista feminista de origen europeo, comprometida con la justicia social y con una apuesta política por la transformación, que desarrollo tanto desde mi activismo en la Red de mujeres de Matagalpa, como desde mi trabajo como cooperante en una ONGD española. Partiendo de este posicionamiento, decidí analizar la realidad en Rancho Grande a través de las voces de mujeres y de hombres del municipio, tanto de personas del movimiento comunitario de resistencia, como de personas a favor del proyecto minero. En total, realicé 20 entrevistas semiestructuradas, dos de ellas colectivas y el resto individuales, con un total de 18 hombres y 13 mujeres, es decir, con 31 personas. Una vez que identifiqué los hallazgos más relevantes, enriquecí el marco teórico con otros elementos que servían para explicar lo que había encontrado. Por último, realicé la discusión de resultados, con la que se trata de destacar los nuevos aportes de la investigación al conocimiento ya existente sobre el tema, desde una perspectiva feminista.

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4. Resultados y discusión Capítulo 4. 1. «Ellos van ricos de aquí y nosotros caemos en la peor de las desgracias» En este capítulo analizo los impactos del extractivismo sobre los territorios donde se ubican los proyectos, específicamente las explotaciones mineras. Es importante señalar que el proyecto minero Pavón, en Rancho Grande, al momento de comenzar la investigación, se encontraba en la fase de exploración, y durante los meses que duró el estudio se aprobó el permiso de explotación. Sin embargo, al finalizar esta tesis, aún no se ha producido la entrada de maquinaria pesada. Esto es relevante, porque la mayoría de los estudios sobre proyectos mineros se realizan cuando estos ya se están desarrollando. Mi intención aquí es evidenciar dos aspectos: por un lado, que desde el momento en que la empresa minera hizo su primera incursión en el territorio de Rancho Grande, se empezaron a generar una serie de impactos que analizaré a continuación; por otro, que hay una serie de impactos que las mujeres y los hombres de Rancho Grande identifican, y piensan que van a tener lugar cuando comience la actividad extractiva, las cuales constituyen el imaginario colectivo que se ha construido la población sobre la minería en su territorio. A continuación, analizo distintos argumentos de los encontrados durante la investigación, los cuales me parecen los más relevantes desde una perspectiva feminista, que es el aporte principal de esta investigación.

A. La riqueza del oro no implica crecimiento ni desarrollo En el imaginario social que se ha construido alrededor del oro y de la minería metálica, en general, se identifica el hecho de tener yacimientos minerales en un territorio con una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, en Nicaragua más del 99% de los beneficios obtenidos por la minería son para los inversionistas, y, los restantes, son recursos que percibe el Estado. No hay ninguna evidencia de que dichos recursos vayan a repercutir en los

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municipios ni en la población afectada, al menos para paliar los efectos de la actividad extractiva. Además, la supuesta “riqueza” que genera la actividad minera es en realidad muy reducida en cuanto a su contribución al PIB, en comparación con otras actividades económicas. En 2012, solo el 2.5% del PIB correspondió a la producción minera, mientras que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca juntas representaron un 18.2% (Centro Humboldt, 2013). Hay dos cuestionamientos aquí al tan mencionado “desarrollo” que promete la minería de oro: la escasa contribución económica al país y la forma como se distribuyen esos escasos ingresos. Además, la minería se convierte en la actividad económica principal del territorio, desvalorizando y aplastando la economía popular y comunitaria, que se consideran “atrasadas”. Toda la actividad económica y de intercambio se concentra alrededor de la minería, que adquiere una dimensión absoluta, rompiendo con otras prácticas fundamentales para sostener la vida. Gartor (2014) expresa que “el resto de economías no hegemónicas --la economía popular, de cuidados, etc.-- pasan a ser marginales”.

B. La creación de empleo ¿es real? ¿qué tipo de empleo? El empleo ofrecido en la minería es precario y temporal, refuerza la división sexual del trabajo, profundiza las brechas de género y las relaciones de dominación masculina. Además, en la distribución del empleo por actividad económica en Nicaragua durante 2013, la agricultura empleó al 71% de la fuerza laboral, la manufactura empleó al 26%, y la minería representa apenas el 2.2% del empleo creado. Es innegable que se generan ingresos económicos para la población por la actividad minera, sin embargo, el tipo de empleo que se crea es percibido por la población de Rancho Grande como en malas condiciones, por la inestabilidad y por el riesgo que se derivan de él. Aunque contratan a muchos lugareños, solo lo hacen por dos meses. La empresa se basa en la necesidad de una parte de la población que, o bien no cuenta con tierra para cultivar, o prefiere Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado trabajos distintos al agropecuario. La generación de empleo es un discurso que también es asumido por parte de la población: (…) lo de la minería, eso por favor hermana, eso levanta todo, la gente está trabajando, ganan bien… incluso, ¿cuándo han trabajado las mujeres aquí? Y hoy están trabajando (…) unas que lavan, otras que planchan, otras que cocinan, otras que hacen aseo, es decir, que tiene trabajo para mujer, también en el vivero (…) una señora me dijo que le pedía al Señor que esto durara, porque a su madre la tiene con cáncer y ahora con esto ella está trabajando, está ayudando, aportando, y antes ella no trabajaba (mujer, comunidad Las Brisas, Rancho Grande).

Se pone en evidencia que los empleos que ofrecen en la minería a las mujeres son en el ámbito de los cuidados, reforzando la división sexual del trabajo, ya que a los hombres les ofrecen los trabajos más pesados y mejor remunerados. Esto tiene un gran impacto sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres, reforzando la dominación sobre estas últimas. Según expresa Gartor (2014), con el extractivismo “se instala una economía altamente masculinizada, la división sexual del trabajo”. C. La (no) aplicación de las leyes ambientales En Nicaragua existe un amplio marco legal de protección ambiental vinculado con la minería, sin embargo, fallan los mecanismos de aplicación y se fomenta la corrupción de funcionarios públicos. En el extractivismo, para obtener los mayores beneficios, muchos países tienen que “flexibilizar” las condiciones y las normativas para este tipo de actividades, para que resulten atractivas al capital transnacional. Esto se puede ver de forma más clara al momento de aprobar las concesiones mineras o de garantizar el cumplimiento y penalizar las infracciones en materia ambiental. En el caso de Rancho Grande, no se está aplicando la legislación que protege un área que forma parte de la zona núcleo y de la zona de amortiguamiento del Macizo de Peñas Blancas,

parte de la Reserva de biosfera de Bosawás. La contaminación del agua es una de las mayores preocupaciones de la población, así lo expresa un hombre del casco urbano de Rancho Grande: (…) el explotar una mina con las reservas de agua que hay aquí produciría una súper contaminación instantánea, no solo en el lugar, sino en diferentes lugares por la conexión que hay entre diferentes fuentes de agua.

En el caso de que comience la actividad minera, se puede augurar una futura competencia por el agua entre la empresa minera y los sistemas agroproductivos existentes en el territorio, debido a su escasez y a su variabilidad, agravada, sobre todo, por los efectos del cambio climático.

D. La falta de participación de la población en la decisión sobre su territorio En Rancho Grande, la imposición de la actividad minera sin contar con la opinión de la población, refleja la jerarquía de poder de las autoridades locales sobre la población, reflejando las relaciones de poder desiguales y jerárquicas propias del patriarcado: (…) a muchas personas les han quitado su trabajo en la alcaldía, por lo menos a nosotros. Yo era secretaria de la Junta, pero como nosotras estamos reprochando eso, nos quitaron el cargo, y las personas que están apoyándolos a ellos ahí están felices (comentario de mujer, comunidad Buenos Aires).

La división entre la población, como consecuencia de sus distintas posiciones respecto a la minería, es característica del modelo extractivista, y no se trata solamente de una consecuencia, sino de una estrategia utilizada por las propias empresas para introducirse en un territorio en el que hay resistencia. La polarización de la sociedad genera tensiones y rompe muchas

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relaciones comunitarias y de solidaridad que son fundamentales para el sostenimiento de la vida, sobre todo para las mujeres y su responsabilidad en el trabajo de cuidados.

educación y salud, cuya responsabilidad entonces pasa a recaer en la familia, concretamente sobre las mujeres, por la asignación tradicional del trabajo de cuidados.

En mi observación del territorio de Rancho Grande, pude identificar, nada más entrar en el término municipal, que es un territorio en disputa. El paisaje se ve marcado por la lucha. Hay mantas y pancartas a favor y en contra de la minería, rótulos de la empresa que hablan de sus proyectos sociales, y muchas casas donde hay pintados lemas y dibujos, a favor y en contra de la minería. Es una invasión del paisaje que evidencia, de forma permanente, la división social creada por la introducción de la minería.

Otro apoyo importante para el proyecto minero es la población del municipio que está a favor de la minería. Es imposible saber cuántas personas están a favor del proyecto minero. Las personas que se dedican a actividades económicas de servicios en comedores, hospedajes, labores de limpieza etc., ven en la minería una oportunidad económica para mejorar sus condiciones personales y las del municipio. La mayoría de ellas expresan deseos más personales y privados de desarrollo para sus vidas. Ya que su actividad no depende de la producción agropecuaria, y muchas están ubicadas en el casco urbano, confían en las medidas que tomarán el Estado y la empresa para controlar la contaminación en agua y en tierras.

Capítulo 4. 2. La lucha por el territorio en Rancho Grande En este capítulo analizo la correlación de fuerzas que hay en el territorio de Rancho Grande, algunas evidentes y otras más sutiles. Es interesante hacerlo en este momento, antes del inicio de las actividades extractivas.

A. El proyecto minero Pavón El proyecto minero Pavón está siendo implementado en Rancho Grande por la empresa canadiense B2Gold, a través de su subsidiaria Minerales Nueva Esperanza, S.A. La empresa cuenta con proyectos de explotación minera en seis países de tres continentes, con cuatro proyectos mineros activos en Nicaragua. Los apoyos con los que cuenta la empresa son, fundamentalmente, de las instituciones del Estado, tanto central como local. La Alcaldía ha estado apoyando a la empresa B2Gold en la consecución del aval social de la población para el proyecto, a través de marchas y de otras actividades con las instituciones públicas locales. Los efectos que esto causa sobre la institucionalidad o la confianza en las autoridades por parte de la población, son muy negativos y bastante profundos. Ya está provocando un alejamiento de la población de las instituciones públicas, incluyendo los servicios básicos como

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Por último, uno de los elementos más importantes con los que cuenta la empresa minera son los medios de comunicación. Los hombres y mujeres de Rancho Grande con los que hablé, que pertenecen al Movimiento, denunciaron que los medios de comunicación solo estaban sacando spots sobre los beneficios de la minería sostenible. Incluso, cuando cubrían algunas noticias, solo daban la visión que favorecía a la empresa, invisibilizando al Movimiento o criminalizándolo.

B. La resistencia comunitaria El Movimiento Guardianes de Yaoska está conformado por personas de 38 comunidades del municipio de Rancho Grande. Desde el Movimiento, se estima que el 80% de la población de Rancho Grande está en contra de la minería. Se estructuran en 14 comisiones, con una directiva de cinco hombres, en las cuales participan los líderes comunitarios. El Movimiento es plural; hay personas católicas y evangélicas, y de distintos partidos políticos. Las mujeres y los hombres expresan así su motivación por estar en él: (…) nosotros estamos en este movimiento, nos hemos dado cuenta de lo que se nos Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado avecina, se nos avecina un problema grave, destructor, y entonces nosotros hemos surgido como movimiento para alarmar a la gente, para conscientizar a la gente, para ir a hablar con la gente a las comunidades (hombre del casco urbano de Rancho Grande). Es importante señalar aquí el apoyo de la Iglesia católica al Movimiento, como un actor fundamental. La sede de la Iglesia, en Rancho Grande, sirve como punto de referencia y de reunión para el Movimiento; la radio católica es utilizada para difundir los mensajes y las convocatorias de actividades. Además, los voceros de la Iglesia se han posicionado claramente en público en contra de la minería, y esto ha tenido mucho calado en la sociedad, incluido el Obispo de Matagalpa: “Nuestros pueblos anhelan un desarrollo, pero que sea humano, integral, solidario y sostenible” (Comunicado de la diócesis de Matagalpa, 6 de marzo de 2013). También se evidencia el apoyo de la Iglesia católica como institución a nivel nacional, con referencias específicas a Rancho Grande, en la comunicación de la Conferencia Episcopal dirigida a la Presidencia en mayo de 2014. El discurso de la Iglesia católica sobre Rancho Grande se enfoca en dos elementos fundamentales: el respeto a la voluntad de hombres y de mujeres para tomar las decisiones que afectan a su territorio, y la crítica al modelo de desarrollo extractivista en defensa de la “sostenibilidad de la vida”. Ambos, en clara coincidencia con el enfoque de la economía feminista. Sin embargo, pueden destacarse algunas contradicciones fundamentales. Por un lado, la defensa de la democracia y de la libre determinación de los pueblos, pidiendo el referéndum y que la población actúe según su “libertad de conciencia”, no se aplica al derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Por otro lado, cuando denuncia que hay asimetrías en el poder porque la minería beneficia a unos pocos a costa de muchos, no cuestiona los roles de género tradicionales y las jerarquías que caracterizan a la Iglesia, con liderazgos masculinos, y las mujeres en la base dispuestas a actuar según sus mandatos. Por otro lado, también se reconoce que la presencia de la Iglesia católica desempeña un papel pacificador

en el Movimiento, impidiendo que la población tome algunas medidas más drásticas contra la empresa. Así mismo, hay algunos medios de comunicación nacionales y locales que están dando espacio a entrevistas, artículos y comunicados sobre el tema desde la visión del Movimiento, así como algunas plataformas internacionales de denuncia. Por último, quiero señalar la importancia para la resistencia comunitaria del Grupo Estratégico de Alianza por la Diversidad, formado en Matagalpa por organizaciones sociales locales, departamentales y nacionales. Son organizaciones ambientalistas, organizaciones de desarrollo, feministas y de mujeres, etc. En el Movimiento tienen muy claro, así como en el Grupo Estratégico, que si hasta ahora han conseguido detener la explotación minera en el territorio, algo que parecía impensable por la desigual correlación de fuerzas, es por la unidad de la población del municipio y por el apoyo de todas las organizaciones sociales.

C. El papel de las mujeres en el Movimiento Guardianes de Yaoska El papel de las mujeres en el Movimiento es un reflejo de la cultura patriarcal en la que viven. Las mujeres están en la base social del Movimiento, pero casi ausentes en sus estructuras de toma de decisiones. He comprobado que hay mujeres en la resistencia comunitaria que son lideresas en sus comunidades o en las iglesias, y con capacidad para movilizar a muchas mujeres, pero que están de forma minoritaria en las comisiones y en la Junta Directiva. Las mujeres que no han tenido un papel o trayectoria de representación comunitaria, siguen a estas lideresas, pero difícilmente hablan en las asambleas. Sin embargo, es gracias al trabajo de cuidados que realizan las mujeres, que la resistencia comunitaria es posible. Cuando se organizan plantones, cortes de carreteras o marchas, muchos hombres prefieren que las mujeres no participen para que no se expongan a posibles enfrentamientos. Ellas tienen que cargar con las responsabilidades que ni el mercado (la empresa B2Gold) ni el Estado asumen, como el

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hecho de que no se pueda ir al centro de salud, porque la firma será exigida y aparecerá como apoyo a la minería; o el paro escolar que hace que los hijos y las hijas dejen de asistir a la escuela y se queden en casa; el cuidado del agua cuando empieza a escasear en la comunidad; el temor a enfermedades que afecten la salud reproductiva de las mujeres, el hecho de asumir las tareas de la casa y la finca cuando el hombre tiene que asistir a una protesta del Movimiento. No es que las mujeres no participen en la resistencia, es que lo hacen de una manera menos pública, que no parece política, pues no se ubican en posiciones de liderazgo. El Movimiento y la resistencia comunitaria, al igual que el sistema capitalista y extractivista contra el que luchan, no existirían sin el trabajo de cuidado que realizan las mujeres. Los cuerpos de las mujeres son los que garantizan la sostenibilidad de la vida, en cualquier circunstancia y contra todos los obstáculos. Sin embargo, en la lucha contra la minería en Rancho Grande, no se toma como parte de la lucha. Pareciera que el patriarcado configura el poder y también la resistencia.

D. Reacción contra la resistencia Según Foucault (1984), donde hay poder, hay resistencia. Y donde hay resistencia, se produce una reacción del poder. Como resultado de la resistencia comunitaria, se produce una reacción a la resistencia: la criminalización de la protesta, tratando de desacreditar a las personas que se oponen a la minería; el uso de violencia por parte de las fuerzas represoras del Estado (antimotines, Ejército) en las acciones de protesta y amenazas a la población en resistencia: (…) él mismo andaba aquí no más, cuando un hombre de B2Gold le echó la moto encima y él se apartó y fue a caer casi a los pies de él, y le dijo: “Mirá, vos, en esos palos vas a aparecer guindado del pescuezo”, entonces en Rancho Grande estamos súper amenazados (hombre del casco urbano de Rancho Grande)

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“Las defensoras y los defensores del derecho a la tierra son a menudo el blanco de distintos ataques con los que se pretende castigarlos, silenciarlos, dañar su reputación u obstruir la realización de su labor” (Equipo regional de monitorización y de análisis de derechos humanos en Centroamérica, 2014, p. 48). Estas son estrategias propias del extractivismo en su implementación por toda América Latina.

Capítulo 4.3. ¿Es compatible el extractivismo con la sostenibilidad de la vida? En este capítulo analizo dos aspectos. Primero, cuestiono el argumento que se usa para promover el extractivismo como motor de “desarrollo”, analizando desde la perspectiva feminista el tipo de desarrollo que se promueve en Nicaragua a través del crecimiento económico, y de las estrategias y del financiamiento que se están implementando. El desarrollo que promueve el extractivismo ataca la vida. Por un lado, afecta directamente a la vulnerabilidad inherente a la vida humana, a la interdependencia de las relaciones entre las personas y la ecodependencia con los sistemas naturales y el entorno en el cual se desarrolla la vida. Este tipo de crecimiento y el desarrollo que pretende generar se basan en la individualidad, en la competencia y en la explotación. Además, las decisiones sobre los elementos claves del desarrollo dejan de estar en manos del Estado y pasan a ser parte de una estrategia de negocio, lo cual reduce enormemente la soberanía del país y del territorio. Por otro lado, la reducción de la pobreza y de las desigualdades es una meta social que no encaja con las que mueven el sistema en una economía de mercado. Considero una contradicción tratar transformar las condiciones estructurales de la pobreza y de la desigualdad existentes en el país, a través del mismo sistema capitalista que las provoca. Si este es el desarrollo que promueve el extractivismo, está muy lejos de ser un desarrollo humano que promueva la equidad y la reducción de la pobreza. El segundo aspecto es una caracterización del modelo extractivista del proyecto minero Pavón Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado que se está implementando en Rancho Grande, el cual defino como: - Capitalista: prioriza la acumulación de capital por encima de la sostenibilidad de la vida, y se enfoca en la economía de mercado como único espacio donde se desarrollan actividades económicas válidas para el sistema neoliberal. - Patriarcal: refuerza la división sexual del trabajo y las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Promueve una masculinización de la economía y del espacio público, mientras profundiza la dominación sobre lo femenino y lo relega a sus roles tradicionales y a su espacio privado. Se basa en la economía de los cuidados para su sostenimiento, manteniéndolos feminizados, privatizados e invisibilizados. - Antropocéntrico: promueve una visión utilitarista de la naturaleza como productora de medios para el “desarrollo” y la mejora de las condiciones de vida de la población, poniendo al ser humano por encima y en condición de explotador de otros seres y de elementos del ecosistema. - Colonial: está enmarcado en relaciones de desigualdad y de dominación, usando en el imaginario social el discurso racista y colonialista que califica como atrasadas e ignorantes a las comunidades campesinas por no aprovechar las riquezas de la tierra. Se basa en la imposición de la expropiación de los recursos para la obtención de beneficios privados que no pueden denominarse como un desarrollo para Rancho Grande.

5. Conclusiones  Los impactos de la explotación minera que se revelan específicamente sobre las mujeres son todos los relacionados con el tema de cuidados. En la parte ambiental, esto se vincula directamente con el agua, de la cual tienen la responsabilidad tradicionalmente las mujeres en la sociedad nicaragüense. Los mayores impactos que genera la actividad minera, que son sobre la salud, el medio ambiente, la economía popular y comunitaria, y las relaciones de género,

afectan mayoritariamente a las mujeres, por ser las responsables de los cuidados. Todas las actividades y responsabilidades que las mujeres desarrollan en el ámbito privado y doméstico, son para garantizar el sostenimiento de la vida, la cual se ve atacada por el extractivismo.  En cualquier territorio donde una explotación minera se realice sin la debida consulta a la población y su consentimiento, se está reforzando el patriarcado. El propio modelo extractivista se caracteriza por evidenciar y por profundizar las desigualdades de género existentes, y por establecer como normativos en la subjetividad asociada a esta actividad y en las dinámicas que impone, unos comportamientos eminentemente machistas: desde la ocupación del espacio público por los hombres, el refuerzo de roles de género que relegan a las mujeres a tareas y al espacio doméstico, y la masculinización de la economía, hasta la toma de decisiones de forma jerárquica e impositiva. Todos estos factores que refuerza el extractivismo garantizan una sociedad marcada por la desigualdad y por la injusticia. Incluso, en la fase inicial de exploración del proyecto minero Pavón, ya se observan estos impactos en el territorio.  En la lucha por el territorio de Rancho Grande, existe una correlación de fuerzas desiguales. Por un lado, la empresa minera B2Gold, con el apoyo de las instituciones del Estado y de las fuerzas de seguridad policial y militar, los medios de comunicación masivos y una parte de la población a la que han beneficiado con algunos programas y con apoyo económico. Por otro lado, la resistencia comunitaria organizada en el Movimiento Guardianes de Yaoska, con más del 80% de la población municipal, la Iglesia católica como un actor fundamental, así como organizaciones sociales de diversa índole, como ambientalistas, de desarrollo comunitario, feministas etc., en una alianza que pocas veces se ha visto en Nicaragua, por una causa común. La creciente repercusión que está teniendo esta resistencia puede cambiar la forma en la que

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se ha venido implementando el extractivismo en Nicaragua.

me recibieron en sus casas y me llevaron al lugar de los hechos.

 El Movimiento Guardianes de Yaoska y la resistencia comunitaria a la que representa, así como el sistema capitalista contra el que luchan, se sostienen por el trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Defender las formas de vida de hombres y de mujeres de Rancho Grande, sin cuestionarse las jerarquías y las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, es el reflejo de la cultura política de una sociedad patriarcal como la nicaragüense.

A COSUDE, por apoyar esta investigación, así como otros temas cruciales para Nicaragua.

 Cuestionar el supuesto “desarrollo” que promete la minería de oro para Rancho Grande, revela que el modelo extractivista ataca la vida, poniendo la generación de beneficios privados por delante de la mejora en las condiciones de vida de la población, las relaciones comunitarias, las actividades económicas populares y no mercantiles, y el trabajo de cuidados que realizan las mujeres, todo lo que sostiene la vida en Rancho Grande. Concluyo que el extractivismo que se quiere implementar a través de la minería en Rancho Grande es capitalista, patriarcal, antropocéntrico y colonial. (…) oiga bien la palabra, explotar una mina, es a reventarla, a saquearla, hacerla verga con el perdón de la palabra, quede como quede aquí, porque cuando ya de resultados la contaminación, ellos van a estar con el manojo de riales allá y no les importa lo que haya aquí quedado (hombre de la comunidad Yaoska, Rancho Grande).

6. Reconocimientos y agradecimientos Dedicado a todas mujeres en resistencia frente al extractivismo, que defienden su territorio-cuerpotierra y el de todas y de todos, la dignidad humana. A las mujeres y hombres de Rancho Grande que compartieron sus pensares y sentires conmigo,

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7. Referencias bibliográficas Carrasco, C., & Tello, E. (2013). Apuntes para una vida sostenible. En X. Montagut, C. Murias y L. Vega (Coord.), Tejiendo alianzas para una vida sostenible. Consumo crítico, feminismo y soberanía alimentaria (pp. 1144). Barcelona: Xarxa de Consum Solidari y Marcha Mundial de las Mujeres. Centro Humboldt. (2013). Estado actual del sector minero y sus impactos socioambientales en Nicaragua 2012-2013. Managua: Olivia Guevara. Recuperado de http://www.humbolhdt.org.ni/sites/ default/files/Estudio%20Full%20Color%20 %28Version%20Final%20Web%29.pdf Equipo regional de monitorización y de análisis de derechos humanos en Centroamérica. (2014). Informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica 20132014. San Salvador: Autor. Escobar, A. (2005). El “Postdesarrollo” como concepto y práctica social. En D. Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela. Flórez,

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Foucault, M. (1984). Si no hubiese resistencia no habría relaciones de poder. Un diálogo de Michel Foucault con Bob Gallagher y Alexander Wilson. Siempre, tres conversaciones con Michel Foucault sobre Pierre Reviere, la historia de la sexualidad y el movimiento gay, 18, pp. 44-57. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Gartor, M. (2014). El feminismo reactiva la lucha contra el extractivismo en AL. Recuperado de http://www.lamarea.com/2014/02/17/ ecuador-extractivismo-mujeres Harding, S. (1991). Whose Science? Whose Knowledge? Ithaca: Cornell University Press. Lugones, M. (2011). “Hacia un feminismo decolonial”. Diciembre, año 2011, 6, (2), 105-119. La manzana de la discordia. Julio-Diciembre, año 2011, 6, (2), 105-119. Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital–vida. Traficantes de sueños. Mapas. Recuperado de http:// www.traficantes.net/libros/subversionfeminista-de-la-economia

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Propuesta de promoción del turismo rural sostenible de la comunidad Camilo Ortega como una alternativa a la problemática del desempleo juvenil Resumen

Msc. Martha del Rosario Dávila Maestría en Gerencia de lo Social: Proyectos, Programas y Políticas maaire@yahoo.com

Msc. Marcela Villagra Villarreal Maestría en Gerencia de lo Social: Proyectos, Programas y Políticas mvv76@yahoo.com

Palabras claves: •

Jóvenes

Turismo rural sostenible

Desarrollo humano

Nueva ruralidad

Asociativismo

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Se ha preparado esta propuesta de intervención en dos etapas: la primera, con base en el diagnóstico comunitario realizado durante la asignatura de “Territorio y sus potencialidades”, en abril de 2012, el cual contribuyó a identificar los principales retos del municipio y a identificar sus potencialidades, entre ellas, los atractivos turísticos en el municipio: el volcán, la topografía ideal para deportes extremos, las reservas ambientales, las fincas productoras de cítricos, y su ubicación cercana a un corredor turístico: San Juan de Oriente, Masatepe y Catarina, que son los municipios más visitados por turistas en el país. Como una segunda etapa, se realizó un diagnóstico estrictamente social, en el que se efectuaron visitas al terreno para entrevistar a actores claves que ayudaran a identificar, dentro de los retos encontrados, cuál era el reto social prioritario para el municipio. Durante estas indagaciones, se logró detectar que el mayor problema social en el municipio es el desempleo --sobre todo entre la juventud--, debido a las pocas oportunidades económicas de la zona. Además, se identificó como punto central de la iniciativa la comunidad Camilo Ortega, perteneciente al municipio de La Concepción, por la cantidad de población, por sus atractivos turísticos y por la actividad agrícola que realizan, como un lugar con potencial turístico para impulsar el Turismo Rural Comunitario en tres modalidades: ecoturismo, turismo cultural y agroturismo. El objetivo general de la propuesta es promover el turismo en la comunidad Camilo Ortega, para incentivar el desarrollo local al dinamizar las actividades económicas tradicionales, al valorar las particularidades culturales Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado locales, ofreciendo posibilidades de empleo a jóvenes de la comunidad, lo que contribuiría a frenar de manera eventual el éxodo rural. Posteriormente, al aplicar metodologías cualitativas participativas como encuestas y grupos focales, se establecieron las siguientes recomendaciones claves: •

Asegurar el compromiso de la Alcaldía para apoyar, impulsar y liderar esta propuesta de intervención de Turismo Rural Sostenible.

Capacitar a los jóvenes de la comunidad Camilo Ortega en la habilidad de hablar inglés dentro de su formación como guías turísticos.

Establecer, de parte de la Alcaldía y de los líderes comunitarios, una alianza cercana con la Policía, con el Minsa y con líderes de las iglesias, en particular, para minimizar los riesgos propios de toda iniciativa turística.

Lograr que los pequeños empresarios que participen en el proyecto turístico tengan sus permisos en regla.

Instar a la comunidad a abrir sus puertas a los visitantes, a los que brindarán el mejor servicio y atención, demostrando respeto y una conducta adecuada.

Contratar a un especialista para que levante la información de la flora y de la fauna.

Puntualizar la cantidad de productores del Camilo Ortega y de otras comunidades interesadas que trabajarían en este proyecto.

1.

Introducción

En este documento se presentan el Diagnóstico Territorial y una propuesta de intervención como opciones a la problemática del desempleo juvenil, específicamente de la comunidad Camilo Ortega, del municipio de La Concepción del departamento de Masaya. Los resultados de este trabajo son producto de las investigaciones de campo que se realizaron en dos etapas: en el Diagnóstico General que se levantó en el módulo “El Territorio y sus Potencialidades de Desarrollo”, y en las indagaciones que se efectuaron posteriormente para ampliar la información sobre la situación de desempleo --sobre todo entre los jóvenes-- para elaborar el Diagnóstico Situacional. El Diagnóstico Territorial expone las principales características del municipio de La Concepción, en el departamento de Masaya, los cambios que ha tenido, las potencialidades y las limitantes. La propuesta refiere a un programa de desarrollo turístico,el cual posee cinco componentes: • estudios diagnósticos y de viabilidad turística •

organización comunitaria y articulación de actores sociales

capacitación a los actores involucrados

participación y concienciación social

comunicación y sensibilización global.

La propuesta está dirigida a que la comunidad y los jóvenes encuentren alternativas de empleo en el desarrollo de actividades de turismo rural comunitario. El propósito es contribuir a la reducción del desempleo juvenil en la comunidad rural Camilo Ortega, ubicada en la zona climática del noreste. El documento está dividido en 13 secciones: •

Síntesis del diagnóstico territorial general del municipio

Diagnóstico específico de la situación social del municipio

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Marco conceptual que fundamente la propuesta de intervención

Planteamiento del problema encontrado

Principios y objetivos de la propuesta

Espíritu de emprendedurismo

Compromiso de los actores

Responsabilidad

Presentación de la metodología usada para elaboración de este trabajo

Solidaridad social

Respeto al medioambiente

Componentes en detalle de la propuesta

Sostenibilidad de las acciones

Mapa de los principales actores

Cronograma con su presupuesto

• Velar por la aplicación de la legislación nacional de turismo.

Análisis de escenarios

Recomendaciones

Referencias

Anexos.

Los objetivos específicos de la propuesta son: a) Dinamizar, movilizar y promover la creatividad de los jóvenes, facilitando su rol como protagonistas del desarrollo local sostenible. b) Incrementar los ingresos provenientes de la actividad propia del campo, contribuyendo con la renta agropecuaria y con el empleo. c) Promover el intercambio cultural a través de la convivencia de los visitantes con las familias de la comunidad. d) Generar conciencia social que ayude a proteger el medioambiente mediante la adopción y la aplicación de buenas prácticas ambientales que garanticen el uso y el aprovechamiento sostenible. e) Fomentar un turismo responsable y seguro entre los visitantes y la comunidad.

2.

Marco conceptual

Los principios que sustentan esta propuesta de intervención de turismo rural comunitario como una alternativa de generación de empleo son :

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El Desarrollo Humano, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2008) es: (…) un proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana como la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como necesarias para ser creativos y vivir en paz. Para el PNUD, las personas son la verdadera riqueza de las naciones y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones. Por eso el desarrollo humano significa mucho más que el crecimiento del ingreso nacional per cápita, el cual constituye solamente uno de sus medios para ampliar las opciones de las personas.

Durante la Cumbre del Milenio de 2000, hubo 189 países que se comprometieron a crear, a nivel nacional y mundial, un entorno propicio para el desarrollo y para la eliminación de la pobreza, y así alcanzar unos objetivos con sus metas específicas para 2015. Consideramos que esta iniciativa está directamente relacionada con la contribución, desde un nivel micro, al alcance de los siguientes objetivos:

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado • Erradicar la pobreza extrema y el hambre. •

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

• Garantizar el sustento del medio ambiente. •

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

En 2008, como parte del proyecto de cooperación “Formación para el turismo responsable en Centroamérica. UNAN Nicaragua”, se realizó un diagnóstico sobre el potencial turístico Centroamericano del cual Nicaragua formó parte (Cañada et al., 2013). En Nicaragua se sienta el marco legal jurídico del turismo desde dos principales leyes: Leyes No. 298 y No. 495. La Ley No. 298, Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), en su Artículo 2 estipula: “El INTUR tendrá por objeto principal, la dirección y aplicación de la política nacional en materia de turismo; en consecuencia le corresponde promover, desarrollar e incrementar el turismo en el país, de conformidad con la Ley y su Reglamento”, y la Ley No. 495, Ley General del Turismo, que según su Artículo 7, se estructura, entre otros fundamentos, para estimular el desarrollo de la industria turística como medio para contribuir al crecimiento económico, y al desarrollo social y ambiental del país, generando las condiciones favorables para desarrollar la iniciativa privada y pública en el área turística. Se aprueba la Ley No 835, el 20 de febrero del 2013, denominada Ley de Turismo Rural Sostenible de la República de Nicaragua. De esta manera, el turismo se sitúa dentro del marco legal como una oportunidad económica importante. En el artículo 5 de la Ley antes mencionada, se define Turismo Rural Sostenible como la: “Actividad turística realizada en el espacio rural, la cual es desarrollada sosteniblemente por actores locales, para visitantes nacionales y extranjeros,

con el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, promoviendo el rescate de la identidad cultural y la protección de la biodiversidad.” Desde el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 del GRUN, se establece una política de fomento del turismo, donde se reconoce el crecimiento significativo que ha tenido este rubro económico que trae beneficios al país, y como uno de los principales lineamientos está el “fomentar el turismo comunitario, ecológico y cultural, con un enfoque que fortalezca el aprecio y orgullo nacional por nuestra historia, identidad, cultura, tradiciones, costumbres y valores”. (p. 127).

3.

Metodología

Objetivo Lograr una valoración preliminar del territorio y de su situación turística para identificar líneas generales del desarrollo turístico real y potencial de la zona, y efectuar una labor de trabajo de campo y de análisis más dirigido y específico a la situación real correspondiente al municipio de La Concepción, departamento de Masaya. Contenido Tener el primer contacto en la comunidad para recoger la primera información de todos los actores involucrados en el desarrollo territorial. Hacer una primera revisión de la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias para lograr una radiografía previa como base para diseñar la fase de análisis de la situación turística del territorio. a) El primer contacto con la comunidad se realizó al finalizar la última clase de la Maestría “El territorio y sus potencialidades de desarrollo”, donde se elaboró un diagnóstico general del municipio de La Concepción. b) Para confirmar y ampliar la información que se obtuvo con el Diagnóstico General sobre la situación social en La Concepción y sus principales problemas, se entrevistó a

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representantes del gobierno, a líderes políticos y de iglesias, y a actores privados, lo que permitió identificar el abanico de posibilidades para seleccionar el enfoque que se le daría a esta intervención. Como resultado de las entrevistas y de las conversaciones, se identificó a la comunidad Camilo Ortega como foco de la intervención, ya que por sus características políticas organizativas, ambientales, económicas y sociales facilita la posibilidad de promover y de impulsar el turismo en el lugar, teniendo como principales protagonistas a los jóvenes. De manera especial, se realizaron reuniones con los jóvenes y con el líder de la comunidad, quienes elaboraron un Calendario de Temporada y el Mapa de la Comunidad para identificar los recursos que existen en el lugar (Peace Corps, 2005). c) Para validar la información obtenida en el campo, para ampliar el diagnóstico situacional e identificar los recursos que tienen la comunidad y sus alrededores, se consultaron documentos impresos y electrónicos de diferentes fuentes, logrando complementar la investigación. Como una segunda fase de validación, se hizo visita del lugar con potencial turístico para verificar in situ la existencia y el atractivo de estos sitios identificados por la comunidad. En esta fase se procedió a recopilar toda la información objetiva y subjetiva de relevancia para continuar con el siguiente paso de elaboración de la propuesta.

4.

Resultados y discusión

Componente 1. Identificación viabilidades turísticas

de

las

En el documento del diagnóstico de la situación turística se refleja la realidad turística y territorial de acuerdo con la información obtenida en esta fase y en el diagnóstico anterior, lograda por diferentes vías. Hallazgos encontrados en la investigación: Se presentan los atractivos de acuerdo con las cinco categorías detalladas previamente en el diagnóstico situacional (presentada en Sección Análisis Turístico)

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Categoría 1: Atractivos naturales Categoría 2: Museos y manifestaciones culturales Categoría 3: Folclor Categoría 4: Realizaciones técnicas y científicas Categoría 5: Acontecimientos programados La oferta local está integrada por los elementos siguientes: alojamiento, gastronomía, recreación, esparcimiento y actividades de carácter tradicional. Se iniciará promoviendo casas de familias de la comunidad que cuentan con condiciones básicas/ mínimas de infraestructura, dispuestas a apoyar la idea de turismo en la comunidad, y con la decisión de arriesgarse a empezar una nueva actividad que ayude a paliar la situación de desempleo que existe en la zona y, principalmente, en su comunidad. Se encuentran identificadas 15 casas. De acuerdo con una evaluación preliminar de las condiciones de estas, se puede albergar entre 40 y 50 visitantes al mes, lo que sería la expectativa máxima preliminar de ocupación mensual (dos familias pueden albergar a cinco personas = 10, y las otras trece pueden alojar a dos o tres visitantes = 39.) El tipo de establecimiento que se ofrecerá es Casa Albergue Familiar. Las familias estarán capacitadas para ofrecerles a los visitantes lo mejor de sus viviendas, incluyendo calidad, cantidad, higiene en su servicio y precio justo. Se ofrecerá la mayoría de los platos típicos del departamento de Masaya, los cuales se derivan del maíz, una herencia culinaria de antiguas culturas indígenas existentes en la zona. Entre las principales comidas se ofrecerán: picadillo, indio viejo, cosa de horno, rosquillas, nacatamales, arroz aguado, cabeza de chancho con yuca cocida y sopa de res, entre otras. Además, por la alta producción de cítricos, las comidas antes citadas se podrán ver acompañadas por una gran variedad de refrescos naturales: mandarina, pitahaya, naranja y piña, además de la tradicional chicha de maíz y jengibre, entre otros. Como parte Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado de la iniciativa se estará promoviendo el Festival Anual de los Cítricos, sobre todo mandarina y naranja como dos de los principales cítricos cultivados en el municipio, siguiendo el ejemplo de diferentes festivales gastronómicos que se realizan en la cabecera departamental, Masaya, como el Festival de Comidas de Cuaresma, Concurso de Comidas Típicas y las Noches de Verbena. La comunidad cuenta con lugares donde se pueden llevar a cabo diferentes actividades: caminatas, senderismo, carreras de bicicletas montañeras, motocross, cabalgatas, volar en paracaídas, etc.

Análisis de la demanda turística Con este proyecto se pretende lograr el intercambio cultural y la solidaridad, que los miembros de la comunidad y los visitantes aprendan algo nuevo de la propia cultura y de otras, por lo tanto, se promoverán visitas tanto de extranjeros como de nacionales. Consideramos que hay demanda turística, porque en años anteriores, por su propia cuenta, el líder de la comunidad echó a andar un proyecto piloto donde llevó a cabo las actividades turísticas que ofrecemos en esta intervención, pero de forma individual, sin embargo, contó con el apoyo de la comunidad, incluyendo a los dueños de las fincas. Se observa que el lugar ya ha sido visitado por turistas nacionales, principalmente por los jóvenes, y que los lugares que pretendemos ofrecer, como el mirador El Ventarrón, han comenzado a ser utilizado por algunas iglesias para realizar sus actividades religiosas. Enfocadas en los turistas extranjeros, se espera que la temporada alta esté ubicada entre marzo y abril, y, posteriormente, entre diciembre y enero, cuando se espera alcanzar una ocupación máxima de entre 30 y 40 visitantes. Este pronóstico se basa en cifras históricas, donde se registra que más del 50% de los turistas son provenientes de países de Centroamérica: 64% de Estados Unidos, 24%, y de Europa, 9%. La procedencia de los turistas abre una ventana de oportunidad adicional de incremento de visitantes de junio a

agosto, cuando en Estados Unidos y en Europa es verano y hay vacaciones. (Instituto Nicargüense de Turismo, 2012). Actualmente no existe ninguna iniciativa de turismo rural comunitario en el municipio. Aunque este tiene el potencial turístico, no se ha desarrollado un circuito municipal turístico que conecte bares, restaurantes, reservas ambientales, el Volcán Santiago, y otros lugares de recreación, como una sola oferta para el turista que visita la zona. La Concepción es, hasta la fecha, uno de los municipios de Masaya donde no se ha explotado el rubro turismo como lo hace el resto de ese departamento, principalmente Catarina, San Juan de Oriente y Masatepe. La idea es conectar a La Concepción con sus propios atractivos dentro de un ya muy turístico departamento de Masaya. Como resultado de este trabajo se obtuvo un diagnóstico completo del turismo del municipio y de la comunidad Camilo Ortega. Este producto facilitará la convocatoria y el establecimiento de la organización comunitaria, y al analizar las potencialidades del territorio se logrará sustentar la selección de los actores claves que deben estar involucrados.

Componente 2. Establecimiento de organización comunitaria y la articulación de actores locales (foro-promoción del protagonismo juvenil-desarrollo de alternativas para la juventud) Es imprescindible la formación de un foro de participación que incluya a los actores claves y selección del Comité Comunitario para echar a andar este proyecto. Tomando en cuenta que esta iniciativa ha nacido de la comunidad misma, con la visión de potenciar los recursos turísticos del municipio y de activar la economía comunitaria (municipal), como toda iniciativa de turismo debe estar regida por el INTUR y por la Alcaldía, a través de este comité comunitario o GPC (incluyendo, además, al líder juvenil de la comunidad), en primer lugar, para que comunique, informe y motive a los demás actores claves con interés, o influencie dentro de este tema a que apoyen

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este esfuerzo, ya sean estos empresa privada, iglesias, otras instituciones públicas, ONG etc. En segundo lugar, es importante la convocatoria a reunión por parte de la Alcaldía, junto con el GPC de la comunidad Camilo Ortega y la delegación municipal del INTUR, para presentar de manera oficial la iniciativa, explicar la visión y detalles de esta, ventilar dudas, y, sobre todo, elaborar un plan de acción conjunto, asignando roles y responsabilidades. Una vez seleccionados los interesados se constituirá el “Foro de apoyo de la iniciativa de desarrollo del Turismo Rural Sostenible del municipio de La Concepción”. Después de la emisión de la comunicación por parte de la Alcaldía sobre la iniciativa, y previo a la reunión, el gerente de proyectos de la Alcaldía, el delegado del INTUR o la persona asignada, y el líder del GPC, visitarán personalmente a los actores claves para presentarles de manera breve la iniciativa e invitarlos a la reunión de establecimiento del foro. El resultado esperado es la constitución del Foro de apoyo a la iniciativa de desarrollo del Turismo Rural Comunitario del municipio de La Concepción, y la elaboración del plan de implementación, detallado con roles y responsabilidades asignados para cada actor clave interesado y comprometido. La Alcaldía, a través de la oficina de la vicealcaldesa, y la Gerencia de Proyectos, serán la sede de coordinación y de comunicación de esta iniciativa. Durante las conversaciones, entrevistas y contactos sostenidos con los 24 representantes a los que les planteamos nuestra iniciativa, esta fue aceptada y los representantes de la Iglesia y jóvenes de la comunidad, entre otros, se comprometieron a apoyarnos.

Consideramos que una de las ventajas con que se cuenta para la capacitación de los involucrados en este proyecto es el apoyo del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), ya que según la Ley del Turismo Rural Sostenible, el responsable de capacitarlos es él, porque su personal posee la formación necesaria para asesorar el turismo rural. Nos parece necesario que los integrantes de la sociedad tengan la adecuada asistencia técnica para poner en marcha un programa de turismo rural, y que a través del asociativismo se desarrolle una política de calidad y se inserte el producto en el mercado con facilidad y éxito. En la propuesta completa se puede encontrar un plan de capacitación como fase complementaria en detalles.

Componente 4. Participación y concienciación social: componente transversal Durante la investigación llegamos a la conclusión de que es indispensable diseñar y poner en marcha distintas herramientas de participación y de concienciación social, de manera que el Plan Estratégico Turístico se constituya en una propuesta consensuada por el máximo de los ciudadanos, y lo haga de este modo sostenible, es decir, viable económica, social y ambientalmente. A continuación señalamos las acciones que es importante llevar a cabo durante todo el proceso de planificación: a. Constitución del Foro de participación para el desarrollo Turístico. b. Elaboración de material informativo paralelamente a la constitución del foro. c. Convocatoria del foro de participación.

Componente 3. involucrados

Capacitación

de

actores

De acuerdo con Blanco (2007, p. 36), “la capacitación es el pilar fundamental para el desarrollo de turismo rural”, porque el turismo es una actividad en general desconocida para los agentes económicos de las zonas rurales.

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La presentación pública del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Territorio constituye el acto final de esta fase, y de conclusión de la elaboración del plan, y estará dirigido a la población en general, a los agentes turísticos, a las representaciones institucionales y a los medios de comunicación.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Con el proceso de participación establecido, se asegurará la creación de enlaces para la incorporación de todos aquellos ciudadanos que individual o colectivamente, o a través de entidades, estén interesados en participar en el proceso de elaboración del plan, asegurando y garantizando su sostenibilidad.

Componente 5. Comunicación y sensibilización global Para realizar la promoción de este nuevo destino turístico se formará una Brigada de Divulgación especial, compuesta por jóvenes, como principales comunicadores, quienes se encargarán de hacer llegar la información de manera creativa a los lugares que ellos frecuentan: gimnasios, canchas, escuelas, institutos, universidades, iglesias, pulperías, ventas ambulantes o establecidas etc. Los siguientes medios, entre otros, contribuirán a promocionar el servicio turístico, que serán promovido a través de los canales con que cuenta la Alcaldía para informar a la población: •

Mapa turístico.

Calendario de temporada.

Cronograma de celebraciones locales, municipales y nacionales.

Página Web.

• Redes turísticas nacionales e internacionales. •

Contactos personales y organizacionales.

Promoción en escuelas y en universidades.

Visitas a instituciones, organizaciones y grupos religiosos.

• Banners, afiches, brochures, mantas y volantes. •

Periódico, radio, televisión nacional y servicio de cable.

Además, vamos a promover que las familias nicaragüenses conozcan esta nueva alternativa

turística no solo para vacacionar, sino para aprender del quehacer comunitario e intercambiar experiencias con las familias anfitrionas. En la comunidad Camilo Ortega ya existe una base para realizar la sensibilización a la población, pues contamos con el interés de un grupo de 16 jóvenes, con la dirección del líder de la comunidad y de algunas familias que participaron en la atención a turistas en sus casas, y, principalmente, con la confirmación de apoyo por parte de la Alcaldía. Como parte de la promoción de este destino, se identificará en la comunidad aquellos sitios de interés que por su relevancia turística o por seguridad de los turistas sea necesario rotular, por ejemplo, sitios históricos (casas de familias fundadoras), fauna y flora (árboles propios y centenarios del municipio, lugares de vista de aves o de otras especies), senderos existentes y su longitud aproximada, lugares peligrosos, señales de advertencia, lugares donde no hay señal de celular y salidas de evacuación de la comunidad, entre otros. Esto último es de mucha relevancia, ya que al ser Nicaragua un país altamente sísmico y con eventos volcánicos, que resultan ser atractivos para turistas extranjeros, sobre todo, debe haber un plan que dé seguridad a los visitantes, por ello, la comunidad deberá promover estos sitios con la debida responsabilidad y asegurar las máximas medidas de prevención.

5.

Conclusiones

Al finalizar el diagnóstico de La Concepción, Masaya, se concluyó que esta tiene potencial para desarrollar un proyecto turístico porque cuenta con recursos naturales, con capital social (capital humano), y, principalmente, con interés de los miembros de la comunidad, representantes del gobierno, organizaciones políticas y religiosas, ONG etc., sin embargo, falta una oferta de turismo rural en la zona. Este proyecto contribuiría a responder a uno de los objetivos de desarrollo que actualmente la Alcaldía de La Concepción incluye en su Plan de Desarrollo

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Municipal: “Tener un sendero común entre los actores del municipio para identificar aquellos temas en que es necesario dirigir los esfuerzos y recursos materiales, financieros, humanos y espirituales que generen cambios importantes en la calidad de vida de los pobladores, para lograr un desarrollo menos desigual….”, y entre los resultados esperados incluye : “Facilitación de reinserción laboral mediante acceso a educación técnica y universitaria de los jóvenes y adultos, así como para formación para empleo y emprendimiento y la creación de cadenas de valor en rubros productivos relevantes: café, cítricos, pitahaya y otros”. (Alcaldía de La Concepción, 2012). Todos los actores involucrados desde sus responsabilidades y en representación de su institución deberán reconocer a los jóvenes como los principales protagonistas del desarrollo rural sostenible del municipio, por lo tanto, deberán encaminar y unificar esfuerzos y recursos en todos los niveles para hacer posible la dinamización y la visualización de los jóvenes en el proyecto turístico de la comunidad Camilo Ortega. Esta comunidad posee las condiciones turísticas rústicas perfectas para el tipo de turismo que se estará ofreciendo: brindará alojamiento en casas donde tendrán una habitación disponible para los turistas --con baño y servicio higiénico aparte--, con acceso a agua y a energía eléctrica en todo momento. Las familias también ofrecerán servicios de comidas (desayuno, almuerzo y cena) si así lo desea el huésped. Dentro del servicio de comida se ofrecerán alimentos light, así como los típicos del departamento. La comunidad --aunque es rural-- está ubicada próxima al segundo centro urbano del municipio de La Concepción, por lo que los turistas, si lo desean, podrán realizar otras actividades fuera de ella. La comunidad misma, al generar ingresos para las familias y el municipio, expresará la necesidad de mejorar más caminos y de ampliar la red de acueductos y de alcantarillados, lo cual mejorará las condiciones para los turistas, lo que redundará en la afluencia de estos y en mayores ingresos, que podrán aumentar cada año.

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El Foro Comunitario y los actores responsables de esta iniciativa, en particular la Alcaldía y los líderes comunitarios, deberán establecer una alianza cercana con la Policía, con el Minsa y con los líderes de las iglesias, en particular, para minimizar los riesgos propios de toda iniciativa turística, y mantener una comunicación constante con los jóvenes a través de sus líderes. Se espera que la comunidad abra sus puertas a los visitantes, y les brinde el mejor servicio y atención, y que les muestre el debido respeto. Consideramos que desarrollar esta intervención en la comunidad Camino Ortega sería una alternativa para paliar un poco el problema de desempleo de algunos jóvenes, y, de esta manera, mejorar la calidad de vida de sus habitantes al integrarlos en este proyecto, que se hará sostenible desde el momento que se logre mayor participación de los actores claves para su impulso.

6.

Reconocimientos

Al Dr. Manabu Fushimi por el aporte de sus ideas en esta iniciativa. A todas las personas líderes y representantes de organizaciones del municipio de La Concepción, que con voluntad y alegría nos recibieron y nos proporcionaron información para poder trabajar esta propuesta, sin importar que fuera en fines de semana, en horas de trabajo, en horas de almuerzo; fuera en sus centros de trabajo o en sus hogares.

7.

Referencias bibliográficas

Alcaldía de La Concepción. (2012). Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. La Concepción, Masaya: Autor. Blanco, M. (2007). Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un territorio. Convenio de Colaboración entre el IICA Costa Rica y el programa de desarrollo agroindustrial rural. San José.

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado Cañada, E., Acevedo, F., Aledo, A., Amer, J., Blázquez, M., Buades, J., et al. (2013). Turismo en Centro América, un diagnóstico para el Debate. Managua: Enlace. Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional. (2012). Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016. Nicaragua: Autor. Instituto Nicargüense de Turismo. (2012). Boletín de Estadísticas de Turismo. Managua: Autor. Ley No. 298. Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 149, del 11 de agosto de 1998. Nicaragua. Ley No. 495. Ley General de Turismo. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 184, del 22 de septiembre de 2004. Nicaragua. Ley No 835: Ley de Turismo Rural Sostenible de la República de Nicaragua. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 45, del 8 de marzo de 2013. Nicaragua. Peace Corps. (2005). PACA: Using Participatory Analysis for Community Action. Washington, D.C.: Peace Corps. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2008). Concepto de Desarrollo Humano. Recuperado de http://www.pnud. org.ni/noticias/564

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Internalización de costos ambientales en la producción camaronera en el Río Estero Real, Chinandega, Nicaragua Resumen

Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente MSc. Nelvia del Socorro Hernández Maestría en Desarrollo Territorial con mención en Desarrollo Local y Rural Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (CIDEA). nelvia@ns.q.uca.edu.ni

Palabras claves: •

Medioambiente

Costo ambiental

Sedimentación

Camaronicultura

Río Estero Real

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La economía ambiental desempeña un papel muy importante en el diseño de herramientas de incentivos económicos y de políticas públicas para el mejoramiento de la calidad ambiental. El estudio “Internalización de costos ambientales en la producción camaronera en el Río Estero Real”, tiene la finalidad de conocer qué porcentaje de la estructura de costos de la producción semiintensiva de camarón Litopenaeus vannamei, en el Estero Real, está involucrado en el manejo de la sedimentación del agua del afluente y de los efluentes. El análisis se basó en la institucionalidad de protección ambiental y en la actividad camaronera, en los resultados de monitoreo del afluente Estero Real de 2007 a 2012, y en los resultados de monitorización de efluentes del sistema de producción semiintensivo de camarones de 2011. El valor económico del costo ambiental se determinó por el método de costo de reposición y por el método del costo evitado. Para la internalización, se utilizaron los indicadores técnicos de producción de una empresa y los indicadores de país emitidos por el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura. La industria camaronera del Estero Real, en su estructura de costos de producción del sistema semiintensivo, anualmente internaliza US$162,741.94 en costos de reposición de la calidad de agua requerida para la producción del camarón Litopenaeus vannamei, y US$87,840.98 para evitar la sedimentación del Estero. Esto equivale a que, actualmente, la sedimentación del agua del Estero Real tenga un costo, internalizado por la industria camaronera, de US$ 250,582.92, lo que en la estructura de costos del sistema semiintensivo representa el 0.46%. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

La acuicultura, al igual que otras actividades productivas, tiene efectos ambientales adversos a los ecosistemas acuáticos, tal como lo han demostrado diversos autores. Una forma de promover el uso sustentable es diseñar mecanismos para la internalización de los costos ambientales que se derivan de los cultivos, mediante la introducción de tecnologías que minimicen los efectos ambientales, y, a la vez, disminuyan los costos de operación, manteniendo así sus niveles de competitividad en una economía globalizada. Según el Ministerio de Recursos Naturales y el Ambiente, Marena (2010), el Río Estero Real forma parte de la cuenca 60, con una extensión territorial de 3,620 km2, ubicada en el noroeste de Nicaragua. En la cuenca se desarrollan actividades económicas importantes como la ganadería, agricultura, industrialización del jícaro, minería artesanal, pesca y más del 90% de la camaronicultura del país. En el Plan de Manejo de la Reserva (Marena 2010), se destaca que la camaronicultura se puede desarrollar en la zona de consolidación, en la de diversificación productiva, y en las zonas de restauración y de conservación de humedales, aunque cada zona tiene diferentes niveles de regulación. Según el Decreto No. 1320, del 19 de septiembre de 1983, la parte baja de la cuenca fue declarada Reserva Natural Delta Estero Real. El estudio “Internalización de costos ambientales en la producción camaronera en el Río Estero Real”, tiene la finalidad de conocer qué porcentaje de la estructura de costos de la producción del sistema semiintensivo de camarón Litopenaeus vannamei, en el mencionado río, está involucrado en el manejo de la sedimentación del agua del afluente y de los efluentes de la industria camaronera. Para ello, se caracterizó la calidad del agua en función de la variable Sólidos Suspendidos Totales (SST), del afluente Estero Real y de los efluentes de estanques camaroneros, y se

determinó el valor económico del costo ambiental de la sedimentación del río en función del costo de reposición de la calidad de agua requerida para la producción semiintensiva y en función del costo, evitado durante las etapas de engorde y de cosecha. Se espera que al conocer las implicaciones económicas que tiene la sedimentación del Estero Real en la camaronicultura, la empresa y la administración pública puedan aplicar medidas de control de la sedimentación, y así evitar que la calidad del agua del Estero Real se vuelva restrictiva al desarrollo económico del territorio.

2.

Marco teórico

La eficiencia económica tiene que ver con la asignación de los recursos a sus mejores usos, la cual se logra con mercados competitivos. Sin embargo, estos, según Mendieta López (2000), en algunas ocasiones son incapaces de generar asignaciones eficientes de algunos bienes o servicios que tienen características de bienes públicos, problemas de las externalidades y de información, lo cual conduce a asignaciones no eficientes, con pérdidas en el bienestar económico de la sociedad, y con la degradación y el agotamiento de los recursos naturales y ambientales. Mendieta López (2000) indica: (…) que el medio ambiente ofrece utilidad de manera directa al individuo a través de la oferta de un vector de activos ambientales. También ofrece utilidad de manera indirecta a través del papel del medio ambiente como proveedor de la base de materias primas, recursos y energía que actúan como insumos para producir bienes y servicios convencionales demandados en una economía. (p. 17) Linares Llamas y Romero López (s. f., p. 4), resumen estos beneficios en: -

fuente de recursos productivos

-

sumidero de residuos

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- fuente de utilidad (no asociada a la producción) -

servicios de soporte de vida.

Destacan estos autores que la valoración ambiental pretende obtener una medición monetaria de la ganancia o pérdida de bienestar o utilidad que una persona o un determinado colectivo experimenta a causa de una mejora o daño de un activo ambiental accesible a dicha persona o colectivo. Al respecto, Osorio Múnera y Correa Restrepo (s. f.) señalan que lo anterior significa poder contar con un indicador de la importancia del medioambiente en el bienestar social, y este indicador debe permitir compararlo con otros componentes. Osorio Múnera y Correa Restrepo (s. f.) citan a Romero (1997), quien señala que el uso del dinero como numerario no pretende representar un precio, sino un indicador monetario del valor que tiene para un individuo o conjunto de individuos el servicio en cuestión. Además, según los autores, permite comparar entre los bienes y servicios ambientales y los beneficios del desarrollo, lo cual es necesario para evaluar la gestión de protección, conservación y explotación de los recursos naturales. Para Linares Llamas y Romero López (s. f.), la valoración ambiental puede definirse formalmente como un conjunto de técnicas y de métodos que permiten medir las expectativas de beneficio y de costos derivados de algunas de las siguientes acciones: a) uso de un activo ambiental; b) realización de una mejora ambiental y c) generación de un daño ambiental. En lo atinente a la gestión ambiental, Osorio Múnera y Correa Restrepo (s. f.) describen ocho métodos: Método de Gasto en Mitigación; Método de Costo de Reposición; Método de Estimación del Cambio en Productividad; Método de Análisis de Cambios en la Tasa de Morbilidad; Método de Valoración Contingente; Método de Transferencia de Beneficios; Método de Costo del Viaje y el Método de Costos Evitados. (pp.173-187)

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Método de Costos de Reposición (MCR) Considera lo que se gasta en restaurar y en devolver a su estado original el sistema ambiental que ha sido alterado, como una aproximación del valor que se le otorga a este bien ambiental. Es decir, una vez que se ha producido o estimado un daño o efecto ambiental, se estima cómo podría devolverse al estado inicial y el costo que ello implica. Método de Costos Evitados (MCE) Este método proporciona la estimación de un valor para los recursos naturales, basándose en los costos en que incurren las personas para evitar los posibles daños causados por la pérdida de los servicios que presta dicho recurso. Este método utiliza el valor del gasto en protección y el costo de las acciones tomadas para evitar daños ambientales. En relación con la internalización, Cavalcanti (1995) destaca que este es el proceso por el cual los precios incorporan y reflejan los costos ambientales y el real valor del uso de los recursos, siendo entendida como indispensable para una mejoría de las condiciones que nos llevarán al desarrollo sustentable. Aspira a corregir las fallas existentes en el proceso de integración entre políticas económicas y ambientales. Según Buschmann, López, Troell y Kautsky (1995), la internalización de los costos ambientales podría ser utilizada por parte de la industria acuícola como una herramienta de protección del medioambiente, sin que esto signifique pérdida de competitividad.

3.

Metodología

Para determinar la sedimentación del afluente (Estero Real) y de los efluentes de la industria camaronera, se usó la variable Sólidos Suspendidos Totales (SST mg/l), indicadora de todos los materiales insolubles, tanto sedimentables como suspendidos en el agua (Estándar método, 20 ed.). Los SST del efluente corresponden a seis años (2007-2012) de muestras de agua superficial, tomadas mensualmente, en Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado tres estaciones de muestreo (Punto 1: Parte Alta del Estero, Punto 2: Parte Media y Punto 3: Parte Baja). Fig.1. Ubicación de los puntos de muestreo y empresas de producción semiintensiva de camarones en el Estero Real. Fuente: SIG-CIDEA. Andrés Brenes.

En Nicaragua no se cuenta con indicadores de SST para estuarios, por lo que se usa como referencia el indicador de SST de Estuario de la Costa del Pacífico de México reportados por Haws, Rojas y Ochoa (2006). El indicador de SST de efluente se tomó como referencia de los parámetros de cumplimiento del Código de Conducta Técnico, Social y Ambiental, según Resolución Ministerial No. 0122007 del Marena. Con el fin de determinar el nivel de SST, se aplicó el análisis de Control de Calidad (SPSS 15 para Windows), que permite evaluar el comportamiento de los datos dentro de límite de control (superior e inferior) con un nivel sigma 3 (99.97% de confiabilidad). Para la identificación y el registro de costos ambientales en 50 hectáreas de producción, se utilizaron los procedimientos de Jasch (2002). De acuerdo con Campos (2010), los indicadores técnicos de producción utilizados son los reportados por INPESCA (para el sistema semiintensivo de camarones, obtenidos de 133 encuestas a unidades productivas de este rubro. El MCR se aplicó a todos los costos que la industria camaronera realiza para conocer la concentración de SST y la inversión que lleva a cabo para disminuir los niveles de SST, hasta niveles donde el agua pueda ser usada y que no afecten el cultivo del camarón, y el MCE se aplicó a todos los costos que la industria camaronera realiza para conocer la concentración de SST, y la inversión que efectúa para disminuir los niveles de SST antes de que el agua sea vertida al cuerpo receptor (el Río Estero Real).

4.

Resultados

Sedimentación del afluente de la industria camaronera En la sedimentación del afluente influyen diversos aspectos, desde la geomorfología hasta el tamaño de la cuenca y la diversidad de actividades en ella, según lo señala el Plan de Manejo de la Reserva. Los análisis de SST realizados a 213 muestras de agua del afluente, reportan un promedio de 172.16 mg/l de SST, con valor máximo de 1,066 mg/l y mínimo de 5 mg/l (el valor 5 se refiere al reporte, el cual expresa >10 mg/l). El promedio anual por mes en cada punto de muestreo indica que la presencia de SST incrementa a medida que el punto de muestreo se aleja de la boca del Estero. Fig. 2. Comportamientos de los SST en los tres puntos de muestreo del Estero Real

En esta misma figura se observa que los tres puntos de muestreo tienen la tendencia de bajar gradualmente las concentraciones de SST, desde enero hasta diciembre, sin embargo, son evidentes los incrementos de SST en los meses de mayor precipitación en la Parte alta (P1) y en la Parte media (P2), mientras que la Parte baja (P3) incrementa hasta en diciembre, por otro lado, los picos de incremento de SST se registran, principalmente, en marzo, mayo, julio-agosto, octubre y diciembre. Es posible que su presencia-ausencia de SST esté vinculada de manera directa a 1) períodos lluviosos, 2) vientos fuertes, 3) período de cosecha de las granjas camaroneras y 4) a la dinámica de recambio de agua del sistema estuarino, independiente del factor que lo afectó. El análisis de control de calidad con límite inferior de cero y superior de 150 mg/l reporta que el 36.6% de las muestras analizadas en los seis años de muestreo, están por encima de este límite de referencia para estuarios, de 150 mg/l de SST, es decir, no cumplen la norma (ver Fig. 3). Mientras que el control de calidad con el límite inferior de cero y superior de 75 mg/l de SST para

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explotaciones pesqueras y uso recreativo, reporta que el 58.7% de los datos sobrepasa este valor, como lo podemos observar en la Fig. 4, es decir, que más de 50% de las muestras no cumplen la norma.

la norma de emisión de efluentes establecida en el Manual Buenas Prácticas Acuícolas: camarón (BPAc).

Fig. 3. Control de calidad del afluente. Según

de estuario del Pacífico de México, reportada por Haws,

Norma de estuario del Pacífico de México, reportada por

Rojas & Ochoa (2006).

Fig. 5 .Control de calidad de efluente camaronero, con un límite inferior de “0” y superior de 150. Según norma

Haws, Rojas & Ochoa (2006). Fig. 6. Control de calidad de efluente camaronero, Fig. 4. Control de calidad del afluente. Según Norma de explotaciones pesqueras y uso recreativo del Pacífico de México, reportada por Haws, Rojas & Ochoa

aplicando el estándar inicial (100 mg/l de SST) de

certificación del Manual de (BPAc); MAGFOR (2007, p.12).

(2006).

Sedimentación de efluentes de la industria camaronera El Código de Conducta Técnico, Social y Ambiental Responsable para la Camaronicultura (Marena, 2007) establece los estándares para afluentes de la camaronicultura de los parámetros de pH, SST, fósforo soluble, nitrógeno amoniacal, DBO5, oxígeno disuelto y salinidad. En el caso de los SST, interés de este estudio, se establece un estándar inicial1 de l00 mg/l de SST o menos, y un estándar final2 de 50 mg/l o menos. Para ello, las empresas deberán realizar, trimestralmente, muestreos de sus efluentes. Los resultados de las 213 muestras de SST realizadas durante 2011 reportan valores mínimos de 5 mg/l, máximo de 960 mg/l y promedio 93.48 mg/l de SST. El análisis de control de calidad referido a la norma de estuarios de cero mínimo y 150 mg/l de SST máximo, indica que solo el 10.8% de estas muestras sobrepasan este nivel, tal como se puede observar en la fig. 5. En cambio, al aplicar el estándar inicial de la certificación de l00 mg/l máximo de SST en efluentes, se encontró que al iniciar la certificación, el 24.9% estaban fuera de este límite superior (ver fig. 6), es decir, que el 75% del agua residual monitorizado cumplía desde ese momento con 1: Estándar inicial son los valores de calidad de agua, registrados durante la certificación. 2:

Alcanzar los objetivos finales en el plazo de cinco años.

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En el control de calidad de cero mínimo y 100 mg/l de SST máximos a los resultados del afluente (agua del Estero Real) y del efluente (agua de las granjas), se encontró que además de que el 25.8% de las muestras de agua es de mejor calidad comparada con lo que ingresa, también hay una mejora general, ya que se pasa de un promedio global de afluente de 172.16 mg/l de SST a 102.14 mg/l de SST de los efluentes. Para 2015, la industria camaronera certificada deberá bajar sus emisiones de SST a 50 mg/l, de acuerdo con el Manual de BPAc (MAGFOR. 2007). Para 2011, cuando inició la certificación, el 73.2% de las muestras no cumplían esa condición. Los resultados no evidencian que la industria está generando mayor concentración de SST al Río Estero Real, sin embargo, es necesario verificar la representatividad de la muestra y todas las posibles fuentes de variación de la concentración de SST en la granja. Según Boyd (2001), los sólidos suspendidos tienden a ser algo más alto, especialmente en el último 20-25%, cuando los estanques son cosechados. La construcción de pilas sedimentadoras, principalmente para agua de cosecha, es una medida de reducir SST, sin embargo, en el Manual de BPAc (MAGFOR, 2007), solo indica su existencia para nuevas construcciones camaroneras, desafortunadamente, esto reduce las oportunidades de mejora, pues mucha de la infraestructura productiva ya existía previo a la aprobación del manual. Según Campos (2010), en Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado el Estero Real el 91.45% del área de producción del sistema semiintensivo es utilizado para engorde, y solo el 0.29% para sedimentación.

Inversión de la industria camaronera para disminuir la sedimentación del agua usada en su sistema productivo.

El agua del Estero Real cumple función de afluente y de receptor de efluentes de la industria camaronera. En términos de valoración económica, esta provee a la industria camaronera la función de “Bienes de capital” y “Bienes de producción”, según la definición de Benavides Muñoz (2008).

En términos porcentuales, del total de hectáreas construidas en una granja de producción camaronera bajo sistema semiintensivo, el 6 o el 7% de estas corresponden a los reservorios que también cumplen la función de sedimentador. Según Campos (2010), en Nicaragua existen 869.62 hectáreas construidas para reservorio en el sistema semiintensivo.

Según Campos (2010), el costo de producción estimado de país para el sistema semiintensivo es de US$2070.20 por hectárea, con un precio de US$1.1 por libra de camarón entero, lo cual es equivalente a lo reportado por la empresa. Sin embargo, si estimamos un costo de maquila de US$0.45 por libra, el monto de producción por hectárea incrementa a US$2,920, es decir, US$1.55 por libra de camarón producido. Campos (2010) reporta rendimientos de 1,882 libras/ha/ciclo, mientras que en el caso de estudio reporta rendimientos de 7,500 libras/ha/ciclo, lo cual, en término de productividad, se trata de una empresa que invierte más en costos de producción, pero su rendimiento productivo es mayor. Según la contabilidad de costos de producción, el costo de US$/lb/ciclo, tanto nacional como en el del caso de estudio, no incluye --o al menos no lo identifica-- el valor de uso del ecosistema, el costo de depuración del agua ni cualquier otro costo ambiental o social que los individuos estén dispuestos a pagar por un determinado bien ambiental, o por un proyecto de mejora de la calidad ambiental, es decir, los costos externos de la producción camaronera. De acuerdo con Buschmann, López, Troell y Kautsky (1995), los costos totales ambientales en un cultivo de salmonídeos en Chile, se incrementan entre un 15 y un 57%, dependiendo de su tipo de alimento o de la eficiencia de conversión.

Al relacionar las hectáreas construidas de reservorio con los costos de construcción, según la empresa caso de estudio, que reporta costos de US$3,627.52 por hectárea, podemos cuantificar activos fijos para el manejo de sedimentación equivalentes de US$3,154,565.31 para el sistema semiintensivo.

Identificándose así los siguientes costos por reposición: - la inversión que la industria hace en la amortización de depreciación de la infraestructura por un período de veinte años, con un costo anual estimado de toda la industria de US$157,728.27. Si por su doble propósito le imputamos únicamente el 50% al efecto de sedimentador, tendríamos un equivalente de US$78,864.13. - El costo por análisis para determinar los niveles de SST, de SS y de turbidez, realizados mensualmente por la industria camaronera en catorce estaciones de muestreo en el Río Estero Real, tienen un costo de US$3,041.52 anuales. - El costo de análisis de afluentes que realizan las empresas para monitorizar los niveles de SST y de SS que entran al sistema de producción, si se estima que el 50% del total de las unidades productivas (388 según inventario de INPESCA, 2010) realiza al menos dos análisis (uno por ciclo de cultivo), por un costo unitario de cada análisis de US$8.64 SST y de US$6.04 SS, más el costo de muestreo de US$200.00, obtenemos un estimado de US$80,835.92 invertidos en análisis de la sedimentación del

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agua. Si se realizaran los cuatro reglamentados por todas las empresas en funcionamiento, el costo incrementaría en un 412%.

del sedimento en la estructura de costos es de 0.12%.

De acuerdo con estos costos, en resumen, podemos estimar que la sedimentación del Río Estero Real internalizado anualmente por la industria camaronera, según el método de Costo de Reposición para reducir los SST a los niveles que no afecte el cultivo de camarón, es de alrededor de US$162,741.94.

Como se mencionó, para 2015 la industria camaronera certificada deberá bajar sus emisiones de SST a 50 mg/l, ya que el 73.2% de las muestras tomadas en 2011 no cumplían esa condición. Si para cumplir esta norma fuera necesario construir sedimentadores, eso equivaldría a que el sistema de cultivo semiintensivo estaría internalizando, según el método de costos evitados, US$715,201.20.

Inversión de la industria camaronera para evitar la sedimentación del agua del Estero Real (costo evitado)

Así mismo, si al menos 194 unidades productivas cumplieran con la norma de monitorización de SST, un análisis trimestral en efluentes y en afluentes, esto generaría un costo de US$323,809.28.

En 2010, Campos reportó la existencia de 26 hectáreas construidas para sedimentadores, esto nos genera un primer valor de internalización de costos por un monto de US$6,888.66, equivalentes de costos anuales de depreciación de los activos fijos.

La suma de ambos costos representa anualmente un costo ambiental de la sedimentación del agua del Río Estero Real de US$1,039.010.48, lo cual equivale al 1.88% de los costos de producción de camarón bajo el sistema semiintensivo del país.

El segundo valor de internalización es el costo de análisis de efluentes de la variable SST, según lo establece el Manual de BPAc de forma trimestral. Si estimamos que el 25% de las empresas camaroneras realizan al menos un análisis de forma trimestral, como es exigido, se obtiene un costo por análisis de US$80,952.32. De acuerdo con estos costos, podemos estimar, en resumen, que la sedimentación del Río Estero Real, internalizado anualmente por la industria camaronera, según el método de Costo Evitado, es decir reducir las emisiones de SST y monitorizar, es de aproximadamente US$87,840.98. Esto equivale a que, actualmente, la sedimentación del agua del Río Estero Real, internalizado por el sistema de producción semiintensiva de camarones Litopenaeus vannamei por la industria camaronera (13,159.03 hectáreas), tiene un costo ambiental anual de US$250,582.92, lo cual representa en su estructura de costos el 0.46% del promedio de país. En sistemas de cultivo de alto rendimiento productivo, como es la empresa del caso de estudio, la participación porcentual del manejo

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Efectos de la internalización de costos ambientales para el manejo del sedimento en la rentabilidad del cultivo de camarones en el Estero Real Con base en los costos de producción (US$1.1/l), rendimiento (1882 lb/ha) y hectáreas en aprovechamiento (12,034), proveídos por Campos (2010), más los costos de maquila (US$0.45/lb) con dos ciclos de cultivo por año, se estima una rentabilidad del sistema de producción semiintensivo para el país de 29.03%, en los cuales ya están incluidos los costos actualmente internalizados para el manejo de la sedimentación, equivalentes de US$250,582.92 (US$162,741.94 costo de reposición + US$87,840.98 costo evitado). En el supuesto de que la industria se vea obligada a tener que construir sedimentadores para poder bajar los niveles de SST a 50 mg/l y realizar todas las monitorizaciones de afluentes y de efluentes, tal como lo exige la norma, el costo de producción por hectárea sería de US$2,980 hectárea, bajando la rentabilidad a 28.73%.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Freeman (1993), citado por Mendieta López (2000), indica que cualquier política pública tendiente a incrementar el flujo de un servicio aumentará el valor presente de este, lo cual se ve reflejado en los resultados, donde a medida que se eleva la inversión para cumplir las normas de monitorización y de retención de sedimentos, incrementa el costo ambiental de la calidad de agua. Los daños causados por la contaminación y por otras formas de intervención humana sobre los recursos naturales y ambientales pueden generar reducciones en el valor de los flujos de bienes y servicios provistos a la sociedad, según indica Mendieta López (2000). La sedimentación del agua del Estero Real, como vemos, ha perdido valor del servicio que presta a la industria camaronera, llevando a que esta deba invertir en los costos de reposición de la calidad, que si bien continúan siendo manejables por la industria, su incremento podría incidir en una pérdida de interés de uso del bien que presta el ecosistema estuarino para la industria camaronera. Si bien la participación porcentual de los costos de sedimentación del agua del Estero Real son bajos en la estructura de costos de la producción semiintensiva de camarones, estos solo constituyen un elemento de muchos otros costos ambientales (apartado 4.2) que la industria debe internalizar por efecto del cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional que rige la actividad acuícola y el intercambio comercial de sus productos. De acuerdo con Sepúlveda, Echeverri, Rodríguez y Portilla (2003), es importante señalar que desde un enfoque territorial, el desarrollo busca, fundamentalmente, la integración de espacios, agentes, mercados y políticas públicas de intervención, y, en este sentido, promueve la unión de los territorios rurales, su revitalización y su reestructuración progresiva, y la adopción de nuevas funciones. Es imperativo tener presente ante el cumplimiento de la Ley General de Aguas Nacionales (Autoridad Nacional del Agua. ANA. 2013) la conservación de la cuenca hidrográfica y la preservación de

los bienes y servicios que presta el Río Estero Real para el desarrollo económico de la industria acuícola del país y para las comunidades, donde el Estero Real es su principal activo ambiental, económico, social y cultural.

5.

Conclusiones

La institucionalidad formal para el desarrollo de camaronicultura en el Río Estero Real permite identificar y determinar las diversas fuentes de generación de costo ambiental, tanto desde el enfoque de tratamiento, como de la prevención de las actividades económicas y sociales que se realizan en él. Los niveles de Sólidos Suspendidas Totales del agua del Río Estero Real no son adecuados para la producción de camarón Litopenaeus vannamei bajo el sistema semiintensivo, esto hace que la industria camaronera tenga que aplicar tecnología para disminuir las concentraciones de SST, lo cual tiene un costo anual de US$162,741.94, internalizados en el diagnóstico, la retención de sedimento del afluente y la depreciación de la infraestructura diseñada para mejorar la calidad de agua (costo de reposición) requerida para la producción. El manejo de los Sólidos Suspendidos Totales en la producción semiintensiva de camarones Litopenaeus vannamei, le representa a la industria camaronera del Río Estero Real un costo anual de US$87,840.98, internalizados en el diagnóstico de SST y en la depreciación de la infraestructura diseñada para la retención de sedimentos de los efluentes (costo de evitado) de la producción del camarón. La industria camaronera del Río Estero Real que trabaja con el sistema semiintensivo, anualmente está internalizando US$250,582.92 para disminuir los niveles de Sólidos Suspendidos Totales en el afluente y en los efluentes; representa este el 0.46% de su estructura de costo. Sin embargo, para poder cumplir con la norma de efluentes de 50 mg/l de SST, se estima la necesidad de invertir alrededor de US$1,039.010.48, lo cual representa el 1.88% en su estructura de costos.

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Con la internalización de costos ambientales que representa el 0.46% de la estructura de costos, la industria camaronera, que trabaja con sistema semiintensivo de camarones Litopenaeus vannamei, tiene una rentabilidad del 29.03%. La aplicación de tecnología para lograr el cumplimiento de la norma de efluentes a 50 mg/l de SST, puede implicar una reducción de su rentabilidad en un 0.3%.

6.

Agradecimientos

De manera muy especial agradezco a las empresas y a las personas que muy amablemente brindaron la información para que este trabajo fuera posible.

7.

Referencias bibliográficas

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Anexos Fig.1. Ubicación de los puntos de muestreo y empresas de producción semiintensiva de camarones en el Estero Real: Fuente SIG-CIDEA. Andrés Brenes.

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Fig. 2. Comportamientos de los SST en los tres puntos de muestreo del Estero Real.

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Análisis territorial para la definición participativa de estrategias de adaptación al cambio climático en las comunidades de Nazareth II y San Pablo, en el territorio de Tasba Pri, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua Resumen

Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente MSc. Mauricio Jesús Córdoba S.

Este estudio forma parte de un estudio más amplio denominado “Análisis climáticos para la toma de decisiones y la incidencia en dos comunidades del territorio de Tasba Pri, RAAN, Nicaragua”, solicitado por Acción Médica Cristiana (AMC) en el marco de las acciones que actualmente impulsan en la RAAN. En el proceso de investigación se pueden identificar tres grandes etapas: •

a. La enfocada al análisis territorial a nivel comunitario, donde se abordó la estructuración territorial desde los distintos ámbitos del desarrollo, concluyendo con una zonificación integral y con la identificación de los principales procesos de cambio en cada una de las comunidades.

b. El análisis del impacto del cambio climático, que incorporó información climática desde dos ámbitos: por una parte, lo que la ciencia del clima aporta con escenarios locales de clima futuro, y, por otra, lo que la población ha percibido desde su propia experiencia, ambos conocimientos se han combinado para la identificación de las amenazas climáticas, adicionando un análisis de vulnerabilidades y de capacidades comunitarias ante dichas amenazas.

c. La definición participativa de estrategias para la adaptación, esta planificación se hizo en dos ámbitos: primero, la identificación de posibles soluciones por cada una de las amenazas, y, posteriormente, la planificación de una manera más estructurada, incluyendo objetivos específicos, líneas de acción, medidas de adaptación y acciones para la adaptación.

Maestría en Desarrollo Territorial con mención en Desarrollo Local y Rural Centro de Gestión Ambiental y Tecnológica (CGAT), Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Universidad Centroamericana (UCA). cgat.fctya@ns.uca.edu.ni

Palabras claves: •

Territorio

Análisis territorial

Estrategia

Adaptación

Cambio climático

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado •

1.

Se ha comprobado la hipótesis de que las herramientas del análisis territorial permiten abordar las problemáticas del cambio climático en diferentes dimensiones del desarrollo, y, por ende, definir estrategias participativas para la adaptación con una visión integral.

Introducción

El estudio aporta a la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades ante el impacto del cambio climático en comunidades del territorio de Tasba Pri, en la RAAN, de Nicaragua1”, formando parte de los resultados de un estudio más amplio de “Análisis climático de corto, de mediano y de largo plazo para la toma de decisiones comunitarias, y la incidencia en dos comunidades del territorio de Tasba Pri, en la RAAN, de Nicaragua”, que se ha realizado como una acción colectiva entre el Área de Desarrollo Agrario y Rural de la Universidad Centroamericana2 (ADAA-UCA) y Acción Médica Cristiana (AMC) a finales de 2012. Con pocos detractores3, se ha llegado a la conclusión global de que el cambio climático es una realidad que afecta y afectará de manera multidimensional a la humanidad en su conjunto. Por lo que se han realizado diferentes acciones enfocadas a entender la complejidad del problema y a definir o a ejecutar estrategias para enfrentarlo. Nicaragua es uno de los 155 países que firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1992. Posteriormente, en 1997 se firmó el Protocolo 1: Proyecto ejecutado por Acción Médica Cristiana (AMC) y

financiado por Cristian Aid.

2:

Entre los aportes del ADAA-UCA se destacan los resultados del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la generación de escenarios de cambio climático, el análisis de sus efectos y la definición de estrategias de adaptación con poblaciones en situación de inseguridad alimentaria en Nicaragua”. Acción colectiva ejecutada en alianza con el Instituto de Estudios del Hambre (IEH) y la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en 2009-2010.

3:

La negación del cambio climático antropogénico es una corriente científica escéptica, la cual afirma que el calentamiento global no es causado por seres humanos, contradiciendo la teoría del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

de Kyoto4, el que ha sido ratificado. Para el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático, en Nicaragua se ha definido una Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático que ya cuenta con su Plan de Acción. Así mismo, se ha iniciado a definir estrategias a escalas municipales y regionales, entre ellas, la Estrategia de la Región Autónoma del Atlántico Norte frente al Cambio Climático. En estos documentos se reafirma la prioridad de la adaptación sobre la mitigación como política nacional. Diversos actores han dirigido esfuerzos para impulsar acciones en este sentido. No obstante, dichas acciones no se han planificado a una escala territorial comunitaria, generalizando el impacto de la problemática, y, por ende, las estrategias para enfrentarlas. Son objetivos de la investigación: • Realizar un análisis territorial como base para la definición de estrategias de adaptación al cambio climático en las comunidades San Pablo y Nazareth II, en el territorio de Tasba Pri, de la RAAN. • Llevar a cabo una zonificación integral para cada una de las comunidades en estudio, basada en el análisis de los capitales territoriales. • Identificar los principales procesos de cambio territorial, profundizando en el análisis de las interrelaciones ambientales, en particular el cambio climático, con los diferentes capitales territoriales. • Analizar el impacto del cambio climático en las comunidades en estudio. • Proponer una estrategia de adaptación al cambio climático en el nivel comunitario, generada a partir del análisis territorial y climático. La hipótesis planteada es que las herramientas del análisis territorial permiten abordar la 4:

Protocolo de Kyoto: es un protocolo de la CMNUCC, y un acuerdo internacional, que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo 2008-2012, en comparación con las emisiones a 1990. La 18ª Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático ratificó el segundo período de vigencia del Protocolo de Kyoto, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.

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problemática del cambio climático en diferentes dimensiones del desarrollo, y, por ende, definir estrategias participativas para la adaptación con una visión integral.

2.

Marco teórico

Territorio En el marco de esta investigación, se concibe el desarrollo rural sostenible como un “proceso de transformación de las sociedades rurales y sus unidades territoriales, centradas en las personas, participativo, con políticas específicas dirigidas a la superación de los desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de género, a la reducción de la pobreza rural que busca ampliar las oportunidades y fortalecer las capacidades de los actores locales para el desarrollo humano, en el contexto de un sistema social ajustado a las necesidades básicas y a los deseos de los individuos y los grupos sociales que lo componen” (Dietsch, Novoa y Picado, 2006). Existen diversas definiciones de territorio. Este concepto ha adquirido diferentes dimensiones: desde un área geográfica --por su etimología “terra”, que significa tierra--, hasta conceptualizaciones multidimensionales que permiten la multisectorialidad de su abordaje. Conceptualizando en pocas palabras el territorio, diríamos que es el espacio físico-geográfico, multidimensional y dinámico, conformado a partir de las interrelaciones de actores y de actoras sociales, y de estos con la naturaleza en su conjunto. Entendemos aquí como territorio el resultado de la interacción de la sociedad con el espacio a través del tiempo, es decir, los territorios como espacios socialmente construidos. Sin embargo, estas interacciones sociales presentan distintas espacialidades, encontrándose que un mismo espacio forma parte de manera simultánea de varios territorios, lo que demanda una organización de la acción pública y privada en varios niveles territoriales.

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El cambio climático Se denomina clima al conjunto de estados atmosféricos que experimenta una región en el transcurso de los años y a lo largo de un período grande y definido (Szalai, 2004), siendo la temperatura, la precipitación, la presión, la humedad, la nubosidad y el viento las variables que más lo definen. A diferencia del clima, el estado atmosférico (o estado del tiempo) es el comportamiento de la atmósfera en un momento dado sobre esa región, puede ser lluvioso, nuboso, caluroso o húmedo (Petit, s. f.). El IPCC5 define cambio climático como una importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se debe tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su Artículo 1, define el ‘cambio climático’ como: ‘un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables’. La CMNUCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la composición atmosférica, y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales. La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa). (IPCC, 2007).

5: IPCC: El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado La adaptación al cambio climático Según el IPCC (2007), la sociedad puede adecuarse al cambio climático y a sus impactos por medio de estrategias de adaptación y de mitigación. Debido a sus condiciones geográficas, geológicas y económicas, Nicaragua presenta un alto grado de vulnerabilidad, acompañada de elevados niveles de exposición y de sensibilidad ante los diferentes eventos climáticos. Durante la década 1998-2007 Nicaragua fue uno de los diez países más afectados por eventos extremos debidos al cambio climático (Harmeling, 2009). El notable incremento de las amenazas climáticas sobre Nicaragua y sus repercusiones constituyen un soporte, con base en el cual el país ha definido algunas medidas de mitigación y de adaptación para el cambio climático. La adaptación al cambio climático se ha tomado como un punto relevante dentro de las políticas de desarrollo, no obstante, la incertidumbre asociada a la temporalidad de los impactos del cambio climático (el largo plazo) y la poca información existente respecto a cambios climáticos locales, son factores que han influido en que su priorización haya sido más reciente (Hinostroza, Laursen, Medina y Speirs, 2008). Para el IPCC (2007), la adaptación al cambio climático la constituyen los ajustes de los sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas, la preventiva y la reactiva, la pública y la privada, o la autónoma y la planificada. Existen diferentes formas de entender la adaptación al cambio climático. Algunos autores (Tanner y Mitchell, 2008; McGray et al., 2007) enfatizan la idea de que existe una estrecha vinculación entre adaptación y desarrollo, y plantean la adaptación como un “continuo” de respuestas al cambio climático, en el que, por un lado, están las acciones “puras” de desarrollo (que indudablemente influyen en la adaptación), y, por otro, las acciones enfocadas directamente hacia la adaptación. En este sentido, podemos decir que el

enfoque utilizado en la presente investigación es un híbrido que contempla acciones para enfrentar las causas de la vulnerabilidad, construir mayor capacidad de respuesta y gestión de riesgos climáticos, y enfrentar el cambio climático desde el análisis de sus impactos. (De Loma-Ossorio y Lahoz, 2013).

3.

Metodología

El estudio se puede catalogar como una investigación de tipo no experimental y participativo, en la cual los actores que interactuaron en el territorio fueron los que generaron la información mediante un proceso de facilitación en el que se utilizaron técnicas de los enfoques CEFE6 y GERDAL7. El método central fue el “constructivista”, método que propone la interacción entre el investigador o los investigadores con los actores locales, como una condición para generar comprensión, y, por ende, resultados con mayor grado de validez. Se adoptaron, se adaptaron y se crearon herramientas a partir de metodologías: • Análisis Participativo de Vulnerabilidades y Capacidades (EPVC), promovida por Cristian Aid, orientada a conocer los riesgos que enfrenta una comunidad, los problemas que acarrean, las fuentes de su vulnerabilidad a estos problemas, y los recursos y destrezas que pueden utilizar para solucionarlos. • CRiSTAL, que es una herramienta para la identificación comunitaria de riesgos: adaptación y medios de vida, entre otras. Cuando esta se combina con herramientas del análisis territorial, genera una metodología de adaptación de tipo intermedio, es decir, que se usa información climática, científica, y conocimientos técnicos (o tecnológicos) relacionados con la adaptación al 6: Herramientas metodológicas utilizadas en Competitividad Económica a través de la Formación de Emprendedores y de Emprendedoras. 7: GERDAL (Grupo de Experimentación e Investigación: Desarrollo y Acción Local) es una propuesta metodológica que da relevancia a la interpretación de los fenómenos sociales, a los microprocesos de interacción social y a la manera con que los propios sujetos perciben y describen la realidad.

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cambio climático. Al mismo tiempo, las acciones de adaptación se basan en los grupos metas y en las prácticas y los potenciales locales. En este sentido, se contribuye a la disminución de brechas de conocimiento a nivel comunitario, técnico y científico. En el siguiente esquema se resume cada una de las fases del proceso: Esquema No. 1: Fases metodlogícas del proceso

4.

Resultados y discusión

Estructuración territorial de las comunidades en estudio

A. La conformación territorial de la comunidad San Pablo Una primera zona se ha ubicado hacia el norte y en la zona alta, la cual, por sus características topográficas actúa como parteaguas de la microcuenca. Las características de los suelos sectorizan las áreas utilizadas para la producción de granos hacia los fondos del valle o hacia terrenos más planos; esta situación, sumada a las características de los suelos arenosos y susceptibles a erosión, ha permitido la regeneración natural de los bosques devastados por el Huracán Félix, aunque actualmente hay áreas que comienzan a utilizar la ganadería extensiva. Este bosque en recuperación representa la zona con mayor cobertura boscosa de la comunidad. La situación desventajosa para la agricultura ha incidido en que los habitantes de esta zona complementen su ingreso mediante actividades extra agrícolas extractivas, sobresaliendo la güirisería, y en menor escala la comercialización de fauna; más que estas dos actividades, también es muy común la venta de fuerza de trabajo en algunas haciendas ganaderas que se ubican colindando con el sector de San Pablo, o bien emigrando hacia otros territorios, en este sentido, hay que mencionar que en el sector de Las Colinas no hay acceso a energía eléctrica,

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ni a salud ni a educación; la telefonía celular es limitada a algunas áreas; para poder transportarse y acceder a otros bienes, mediante las pulperías, deben viajar en bestias o a pie, entre una y dos horas para llegar al sector de San Pablo, es por esta situación que se puede inferir que, en la zona, el desarrollo humano es incipiente. Una de las características principales de esta zona es que de aquí se abastece de agua el sector de San Pablo. Por sus características, esta zona recibe el nombre de Zona alta agropecuaria, extracción y recarga hídrica, el 100% del sector de Las Colinas se encuentra ubicado aquí. Una segunda zona ubicada hacia el sur, que comprende los sectores de Terciopelo y El Pinol, se ha llamado Agrícola de suelos fértiles, debido a sus condiciones aptas para la producción agrícola; en cuanto al desarrollo humano, esta zona presenta las mismas limitaciones que la zona alta, sin embargo, los mejores rendimientos en los cultivos y las mayores áreas de producción no hacen “necesarias” estrategias de ingresos extra agrícolas como la güirisería, no obstante, se encuentran productores que venden fuerza de trabajo dentro y fuera de la comunidad, estrategia que es temporal, y se ubica en los meses “muertos” agrícolas; la población, aunque es relativamente mayor a la zona alta, sigue siendo poca y bastante dispersa. Una tercera zona se ubicó a orillas de la carretera y en la parte central del sector de San Pablo, y se ha llamado de Concentración de la población y acceso a servicios, no obstante, estos servicios de salud, de educación, de transporte, de energía y de agua potable, no son bien valorados por los pobladores, en el sentido de que hay un centro de salud, pero casi siempre está cerrado; hay escuela, pero solo educación primaria; hay servicio de transporte, pero es considerado muy caro y así.., la percepción general es que los servicios son muy básicos. Esta zona es el punto de encuentro de las relaciones de intercambio comercial, la concentración de la población ha permitido el desarrollo del comercio informal, y es aquí donde los pobladores de las otras dos zonas establecen las relaciones comunitarias y acceden a los servicios básicos, siendo el punto de concentración para casos extremos de crisis, Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado reuniones comunitarias y punto de referencia de la comunidad (ubicado, específicamente, en las instalaciones de la Escuela de San Pablo).

B. La conformación territorial de la comunidad Nazareth II Una primera zona se ubicó hacia el norte de la carretera entre los ríos Papagallo y Sisikuas. Es una zona donde los medios de vida principales están relacionados con la producción agropecuaria. Como estrategia de medios de vida, las familias complementan estas actividades con la güirisería y con la venta de fuerza de trabajo familiar. La actividad agrícola se desarrolla en los fondos del valle y en los terrenos más planos que ofrece la topografía irregular y ondulada; la zona cuenta con áreas boscosas en recuperación, principalmente en las laderas y en las simas de los pequeños cerros (se identifican dos). En el área que divide uno y otro cerro se practica la actividad pecuaria. La población en la zona se encuentra distribuida, es decir, que no hay concentraciones poblacionales, existen dos caminos que conectan las unidades de producción con la zona central de la comunidad, donde los pobladores del lugar se abastecen de productos alimenticios y pueden acceder a otros servicios; es importante mencionar que en esta zona no hay servicios de comunicación, de energía, de agua potable ni de transporte, tampoco hay espacios sociales que permitan la conformación de redes, situación que ha fortalecido los lazos sociales y económicos con la zona central de la comunidad. Una segunda zona se ubicó hacia el sur de la carretera, entre los ríos Rosa y Akawas. Se diferencia de la zona anterior porque no hay explotaciones de ganado mayor (potreros), los suelos son considerados menos fértiles y más arenosos, sobre todo en las laderas, por estas razones la zona presenta más cobertura vegetal (bosque en recuperación) que la anterior, no obstante, la producción agrícola se establece en los fondos de valles y de terrenos más planos. Los resultados productivos obtenidos no permiten la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo familiar, por lo que es considerada una agricultura

de subsistencia; al igual que en toda la comunidad, los ingresos se complementan con la actividad de güirisería, venta de fuerza de trabajo y emigración temporal a lo interno y externo del país. La población es dispersa, y existe un camino que conecta la mayoría de las unidades de producción con la zona central de la comunidad, en donde se establecen relaciones para el abastecimiento de alimentos y para la comercialización de los productos; los servicios de salud, de educación, de energía y de agua potable son nulos. Una tercera zona se ubicó a la orilla de la carretera y en la parte central de la comunidad de Nazareth II. Se ha llamado de concentración de la población, no obstante, aunque se encuentran en gestión algunos servicios, los existentes son limitados, por ejemplo, la salud y la educación. Esta zona es el punto de encuentro de las relaciones de intercambio comercial, la concentración de la población ha permitido el desarrollo del comercio informal, y es aquí donde los pobladores de las otras dos zonas establecen las relaciones comunitarias y acceden a los servicios básicos. Es el punto de concentración para casos extremos, reuniones comunitarias y punto de referencia de la comunidad.

Impacto del cambio climático comunidades en estudio

en

las

Para el análisis del impacto del cambio climático, en los capitales territoriales se ha considerado, por una parte, lo que la ciencia del clima expresa mediante el análisis de escenarios locales de clima futuro8, y, por otra, las experiencias vividas por los comunitarios desde su propia observación, de manera que se ha promovido un análisis que combina enfoques científicos y sociales al articular conocimientos y percepciones locales con información científica-técnica. La base para 8: Los escenarios utilizados fueron generados por la Fundación para la Investigación del Clima en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la generación de escenarios de cambio climático, el análisis de sus efectos y la definición de estrategias de adaptación con poblaciones en situación de inseguridad alimentaria en Nicaragua”, iniciativa que se ejecutó con la acción colectiva de la Universidad Centroamericana (UCA), Fundación para la investigación del Clima (FIC) y el instituto de Estudios del Hambre (IEHAM), contando como aliados el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan-UCA, y la Unión de Campesinos Organizados de la Cuenca de San Dionisio”.

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este análisis fue la conformación territorial de las comunidades, y la observación de cómo esta podría cambiar ante el impacto del cambio climático.

A. Escenarios locales de clima futuro Para el desarrollo de los escenarios locales correspondientes al territorio de Tasba Pri, se empleó la metodología de downscaling desarrollada por la Fundación de Investigación para el Clima9 (FIC). Considerando que las principales actividades económicas de ambas comunidades están relacionadas con la producción agropecuaria, el análisis de escenarios se orientó también a los ciclos agrícolas, dicho análisis se ha detallado para el estudio “Análisis climáticos para la toma de decisiones comunitarias y la incidencia en dos comunidades del territorio de Tasba Pri, en la RAAN, Nicaragua”, los principales resultados fueron:  El período de primera es el que mayor cambio negativo experimenta, presentando un posible leve retraso en su inicio y una leve disminución en cuanto a su duración y cantidad de días lluviosos y lluvia acumulada.  Los escenarios simulados para canícula no presentan cambios a lo largo del período.  Las simulaciones desarrolladas para postrera indican un posible adelanto en su inicio, así como una tendencia a presentar un leve aumento en la cantidad de lluvia acumulada y lluvia promedio, la cantidad de días con lluvia durante este período generalmente sobrepasa los 45 días.

B. Percepción comunitaria acerca del impacto del cambio climático Es importante mencionar que no se observaron diferencias significativas entre la comunidad de Nazareth II y San Pablo en cuanto a la 9:

www.ficlima.org

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percepción que los comunitarios tienen ante el cambio climático, en este sentido, todos los participantes de los grupos focales expresaron estar de acuerdo en que el cambio climático existe, y que no es una moda para justificar la situación de bajos rendimientos y la necesidad de nuevos proyectos. Sin embargo, al preguntar cómo definían estas palabras (cambio climático) no se supo dar respuestas, más que algunas que conjugan ambos términos, por ejemplo: “es el cambio que existe en el clima”, “son las lluvias o las sequías”, “son los problemas con la lluvias”, “son los huracanes y tormentas”, y otros que no se aproximan a una definición, pero sí permiten inferir que existe una idea más aproximada a los efectos que al proceso en sí. Entre los principales cambios percibidos y expresados por los comunitarios sobresalieron la intensidad y la recurrencia de eventos extremos, y la intensificación de la variabilidad climática, no obstante, los cambios paulatinos en cuanto al comportamiento de las lluvias y a la temperatura no son percibidos como tales, aunque una vez explicados los conceptos, se expresó que, en efecto, ahora hace más calor que hace 30 años, y que las lluvias ya no son tan distribuidas como antes, es decir, que ahora llueve muy fuerte, y después --en pleno invierno-- hay varios días sin lluvia. “Yo soy originario de León, allá sentía días muy calurosos, pero cuando vine a esta zona hace un poco más de 20 años dejé de sentir esos calores, pero después del Huracán Félix empecé a sentir muchos días muy calurosos como los que sentía en León” (productor de la comunidad de San Pablo). Fue común también la percepción de que el cambio climático llegó al territorio con el Huracán Félix. Existe un antes y un después del Félix, pues antes del evento extremo, según los resultados de los grupos focales, los inviernos eran estables, se establecían las lluvias a inicios de mayo, si no había “pintas” que indicaban que este se adelantaría al menos una semana; sin embargo, al momento de la construcción de las líneas de tiempo algunos expresaron que ya existían cambios en el microclima local desde los Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 80, por ejemplo, la disminución de la humedad de los suelos con repercusiones en los resultados productivos. Estas disyuntivas permiten inferir que los procesos antropogénicos generan cambios paulatinos que dificultan el origen de los efectos, en el sentido de que los procesos paulatinos son relativamente lentos, lo contrario sucede con la variabilidad climática y con los eventos extremos que provocan un trauma mucho más sensible. Referente las percepciones de la relación de los cambios climáticos y de las actividades agropecuarias, no hubo dudas en expresar que están íntimamente relacionados, ya que el comportamiento anual de las lluvias determina los períodos de siembra de los cultivos de ciclos cortos. Así mismo, es percibida la relación entre el microclima y la cobertura boscosa, por lo tanto, hay cierta conciencia en la importancia de los bosques, en la calidad de los suelos, y en la calidad y en la cantidad de las aguas, no obstante, el comportamiento ante situaciones económicas desfavorables es la extracción de recursos naturales, pues son los que están disponibles con poco esfuerzo e ingreso inmediato.

Estrategia para la adaptación al cambio climático en las comunidades en estudio Para este análisis se tomó como referencia tanto la percepción comunitaria ante el cambio climático, como los escenarios locales de clima futuro, ambos sobre la base del análisis de la conformación actual de las comunidades, desde donde se extraen las siguientes conclusiones que deben ser consideradas al momento de la ejecución de la estrategia, y de la formulación de programas y proyectos en materia de adaptación. En la comunidad de Nazareth II, la zona identificada como de mayor vulnerabilidad climática fue la Zona agrícola de subsistencia, considerando que en ella habitan principalmente familias categorizadas como Productores de subsistencia que se encuentran inmersos en trayectorias evolutivas de descapitalización, y, por ende, no pueden reinvertir en los sistemas productivos, esta situación se agudiza considerando que los suelos y las fuentes de

agua ya presentan deterioro como consecuencia de las actividades humanas, y en menor grado, según la percepción comunitaria, por efectos del cambio climático. Así mismo, en esta zona encontramos Productores pobres con tierra, quienes presentan mayor capacidad de respuesta que el tipo anterior, pero que, de igual manera, tienen su capacidad de resiliencia todavía muy baja. El poco acceso a servicios y el deterioro de los caminos ante eventos climáticos exponen aún más a los efectos climáticos a la población de esta zona. La regeneración natural es un potencial que se puede potenciar en aras de la regulación del microclima y de la fertilidad de los suelos. De mediano a largo plazo, una estrategia orientada a la restauración de ecosistemas es viable para esta zona. La Zona de producción agropecuaria es más susceptible a la variabilidad climática. Considerando que es aquí donde se concentra la producción, la economía local y el abastecimiento alimentario local están ligados a la productividad del lugar. En la comunidad de San Pablo, la zona identificada como de mayor exposición a las amenazas climáticas es la Zona alta agropecuaria, de extracción y de recarga hídrica, pues es donde actualmente hay más erosión, y, por ende, suelos más deteriorados. La regeneración natural está siendo amenazada por la ganadería extensiva, y con menor cobertura boscosa, las fuentes de agua que abastecen a toda la comunidad también están amenazadas. Las condiciones de los caminos y la falta de servicios básicos incrementan la vulnerabilidad de la población. El tipo de productor más vulnerable es el Productor de subsistencia, pues las capacidades para responder a las crisis son más limitadas. A continuación, un consolidado de la estrategia concertada por los comunitarios: Consolidado de la estrategia concertada

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5.

Conclusiones

Se ha desarrollado un proceso de construcción participativa de estrategias para la adaptación al cambio climático en el nivel territorial comunitario, incorporando un análisis prospectivo fundamentado en la ciencia del clima y fortalecido con las percepciones comunitarias y con la identificación de procesos de cambio ambiental, con sus interrelaciones con los otros ámbitos del desarrollo. Así mismo, se ha realizado un análisis del impacto del cambio climático en los capitales territoriales que, mediante el método constructivista, se ha centrado en la percepción de la población del territorio en estudio. A partir de los elementos anteriores, se ha definido una estrategia para la cual se consideran diferentes dimensiones, lo que le añade una fortaleza integral. Estos elementos han permitido comprobar la hipótesis planteada al inicio de que, efectivamente, las herramientas del análisis territorial permiten abordar las problemáticas del cambio climático en diferentes dimensiones del desarrollo, y, por ende, definir estrategias participativas para la adaptación con una visión integral. El estudio ha aportado al proyecto “Fortalecimiento de capacidades ante el impacto del cambio climático en las comunidades del territorio de Tasba Pri, RAAN, Nicaragua”, información clave para su gestión, para los análisis de la estructuración del territorio, de los procesos de cambio, del impacto del cambio climático, y de la definición participativa de una estrategia comunitaria para la adaptación al cambio climático; sin duda alguna, fortalecerán el debate interno y contribuirán a la inserción de la variable de cambio climático en las acciones en las líneas de acción de AMC. Se concertaron tres zonas en la comunidad de Nazareth II y tres zonas en la comunidad de San Pablo, lo que permite inferir que la unidad territorial comunitaria, aunque su extensión territorial es relativamente poca, no presenta una distribución homogénea de los elementos constitutivos de los capitales territoriales, y, por lo tanto, las estrategias se deben adecuar a las condiciones de cada una de las zonas identificadas.

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Las zonas más vulnerables al cambio y a la variabilidad climática son las menos productivas del territorio, pero, además, donde se ubican la mayoría de productores de subsistencia y los productores pobres con tierra que han iniciado a descapitalizarse. Debido a que de manera general, cada una de las zonas y cada uno de los tipos de productores tienen sus propias vulnerabilidades y capacidades, las repercusiones del cambio climático no serán generalizadas. Existe una percepción común en cuanto a que el cambio climático es una realidad. En ambas comunidades, se expresó que las condiciones de precipitación y de temperatura están cambiando, sobre todo, la variabilidad climática, sin embargo, los cambios en los promedios de estas variables climáticas son menos percibidos. En estos cambios, es común identificar un antes y un después, teniendo como punto de inflexión el Huracán Félix. Por otra parte, todavía no existe un lenguaje común en materia de cambio climático.

6.

Reconocimientos

A las familias de las comunidades San Pablo y Nazareth II, en el territorio de Tasba Pri, en la RAAN, especialmente a quienes participaron en los eventos organizados en la fase de campo del estudio, pues la mayor parte de resultados son fruto de sus experiencias y visiones. A la Organización Acción Médica Cristiana (AMC), especialmente, a Violeta Hernández Canales y al equipo técnico territorial: Edith Morales González y Augusto Luna Sandoval, quienes acompañan los procesos en las comunidades de estudio. Al Área de Desarrollo Agrario y Rural (ADAA) de la Universidad Centroamericana (UCA), especialmente a Ricardo Ruiz Batres, quien acompañó técnica y metodológicamente el proceso de “Análisis climático para la toma de decisiones y la incidencia en dos comunidades del territorio de Tasba Pri, en la RAAN, Nicaragua”. De manera muy general, a los colegas del curso, con quienes tuve la oportunidad de compartir, de intercambiar experiencias y saberes, y

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado de establecer lazos de amistad que ya han trascendido lo académico. Finalmente, un agradecimiento muy especial a Laurent Dietsch, por su apoyo más allá de la tutoría, por su paciencia y comprensión, por saber dirigir, por ser un maestro. Así mismo, a la Organización Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF), donde a pesar de los compromisos laborales he encontrado apoyo en tiempo para poder escribir este documento, apoyo financiero para mis estudios, y, sobre todo, compañeros colegas que comparten conocimientos y dan ánimos para cumplir metas y actividades.

7.

Referencias bibliográficas

De Loma-Ossorio, E. & Lahoz, C. (2013). Marco conceptual y herramientas para la adaptación al cambio climático y el desarrollo. España:Instituto de Estudios del Hambre.

McGray, H., Bradley, R., & Hammill, A. (2007). Weathering the Storm: Options for Framing Adaptation and Development. Washington, D.C.: WRI. Recuperado de http://www.wri. org/publication/weathering-the-storm Petit, A. (s.f.). Tiempo y clima. Recuperado de http://www.oei.org.co/fpciencia/art06.htm Szalai, S. (2004). El Tiempo. Recuperado de http://www.atmosphere.mpg.de/d/ 00427a75eac1f366f5bad3dc894c46 1d,0/1__Tiempo_y_frentes/-_Tiempo_y_ clima_3b1.ht Tanner, T. M., & Mitchell, T. (eds) (2008). Introduction: Building the Case for Pro-Poor Adaptation. Recuperado de http://www.blds. ids.ac.uk/cf/opaccf/detailed.cfm?RN=27566

Dietsch, L., Novoa, E., Picado, C., & Baires, S., (1996) Diagnóstico Territorial Integral, Municipio Ciudad Darío. (Tesis inédita de maestría). Universidad Centroamericana, Nicaragua. Harmeling, S. (2009). Global Climate Risk Index 2009 Weather-Related Loss Events and Their Impacts on Countries in 2007 and in a Long-Term Comparison. En Briefing Paper Bonn, Alemania: Germanwatch. Hinostroza, M., Laursen N., Medina, G., & Speirs, M. (2008). Climate Change Screening of Danish Development Cooperation with Nicaragua & Central America. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Danish International Development Assistance. IPCC. (2007). Cuarto Informe de Evaluación. Recuperado de http://www.ipcc.ch/ publications_and_data/publications_and_ data_reports.shtml

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Anexos ESQUEMA NO. 1: FASES METODLOGÍCAS DEL PROCESO

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VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado

consolidado de la estrategia concertada por los comunitarios

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La pizarra digital interactiva como recurso tecnológico para crear ambientes de aprendizaje efectivos

Resumen

Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente Especialista Erika María Mejía Carcache Maestría en Gobierno y Gestión de las TIC con Especialización en Gestión y Administración de Bases de Datos emejia@ns.uca.edu.ni

En la UCA, el buen uso de pizarras digitales contribuirá a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, creando espacios donde las y los docentes puedan --a través de la pizarra digital interactiva, PDI-- apoyar sus explicaciones mediante recursos disponibles en la Web, proyectar materiales multimedia de su autoría, o innovar sus estrategias de evaluación. El objetivo principal de este estudio es caracterizar el potencial que tienen las pizarras digitales interactivas para crear entornos efectivos de aprendizaje, y establecer los requisitos mínimos o fundamentales para implementar el uso de las PDI en la UCA. Los hallazgos confirman que las y los docentes aprueban el uso de esta nueva tecnología en la educación, porque hace que las clases sean más dinámicas e interactivas, promueve la innovación y manejo de los recursos TIC, y ayudan al docente a lograr una gestión efectiva del tiempo. La disposición y actitud de los docentes en cuanto a la implementación de esta nueva tecnología es un indicador importante para el éxito de su uso, siempre y cuando la Universidad Centroamericana brinde las condiciones pertinentes y promueva el uso tecnopedagógico de la herramienta.

Palabras claves: •

Pizarra digital

Pizarra digital interactiva

Aulas interactivas

Tecnología educativa

Innovación educativa

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Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado 1.

Introducción

La Universidad Centroamericana es una institución educativa en cuyo proyecto curricular se promueve una docencia que centra su atención en los procesos de aprendizaje, y convierte a los estudiantes en sujetos activos de su propio proceso educativo, por lo que requiere de docentes con apertura a la innovación y a la utilización de nuevas tecnologías que aporten al enriquecimiento de los entornos educativos. De ahí que la UCA, en su proceso de mejora continua, debe ser un referente de calidad en la educación universitaria, actualizando constantemente la tecnología y ofreciendo una formación académica integral y de alta calidad; compromiso que esta Alma Máter evidencia en su misión, visión y proyecto curricular, entre otros, y que actualmente concreta en su Plan Estratégico 2011-2015. En 2015, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) contribuye con la actualización de tecnología de las universidades adscritas, y entrega a la UCA 12 pizarras digitales marca Epson, modelo 1430WI. La implementación de pizarras digitales en la UCA, tanto en las aulas como en la gestión administrativa, significa la mejora del trabajo colaborativo, un ambiente más dinámico y flexible, donde las y los docentes puedan apoyar sus explicaciones mediante recursos disponibles en la Web, tales como imágenes, esquemas, simulaciones virtuales, videos, noticias y presentaciones, pero también proyectar materiales multimedia de su autoría o de autoría institucional; y al personal de la universidad le permitirá optimizar el tiempo de reuniones, de sesiones de trabajo y la toma de decisiones. Las y los estudiantes podrán, entre otras actividades, realizar exposiciones individuales y grupales, así como participar en la resolución de ejercicios o de problemas, de forma colaborativa. En este sentido, este estudio pretende caracterizar el potencial que tienen las pizarras digitales interactivas para crear entornos de aprendizaje y de trabajo mejorados, a través de la revisión

de la bibliografía especializada, de la valoración del potencial de las PDI para lograr ambientes de aprendizaje más efectivos a través de sesiones de uso a estudiantes y docentes, mediante guías de observación, y del establecimiento de los requisitos mínimos o fundamentales para implementar el uso de las PDI en la UCA.  

2.

Marco teórico

En 2002, Area Moreira evidenció que la incorporación de nuevas tecnologías en las instituciones educativas constituye un proceso muy complejo, más allá de la dificultad que representa dotar las aulas, instalaciones y centros educativos de los recursos tecnológicos necesarios, es más bien un proceso con dificultades de naturaleza histórica, política, económica, técnica, cultural y, por supuesto, pedagógica, y que introduce cambios en la estructura y en el funcionamiento de los grupos de trabajo, en la comunicación y en la toma de decisiones. A pesar de esas dificultades, la incorporación de nuevas tecnologías es una necesidad impostergable, marcada por la globalización, y que obedece a lograr la transformación del sistema educativo para que responda a las exigencias de la sociedad de la información; formación del estudiantado para que se adapte a las nuevas formas culturales digitales; incremento y mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y de los entornos de aprendizaje; innovación de los métodos y de los materiales didácticos, entre otros. (Area Moreira, 2002). Sin embargo, de acuerdo con Díaz (2007) citado por Gandol, Carrillo y Prats (2012): “el uso de las TIC no garantiza por sí mismo ni la innovación ni la calidad educativa, como tampoco la inclusión o la equidad social” (p. 2). Tal como afirma Kennewell (2006): “un enfoque pedagógico y didáctico es esencial para comprender el papel de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje”. De allí que la incorporación de la tecnología debe hacerse con criterios pedagógicos para que aporten al logro de los objetivos educativos, y no por planteamientos puramente tecnológicos y menos comerciales.

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Se debe stablecer, realmente, cuáles son las situaciones de aprendizaje a las que no podemos dar la mejor respuesta con los medios tradicionales, y cuáles sí lo logran con las nuevas tecnologías, para entonces utilizarlas de manera crítica y reflexiva, precedidas por la organización de su uso y por la preparación de las y de los usuarios, para no hacerlas inoperantes y provocar su desprestigio y rechazo (García y Tejedor, 1996). Como parte de estas nuevas tecnologías educativas, emerge con fuerza la Pizarra Digital Interactiva (PDI), como una herramienta con gran potencial didáctico y capacidad de aplicación a diversos ámbitos educativos, que supera a su predecesora, la pizarra tradicional, permitiendo la visualización y la manipulación de recursos pasados y presentes (digitales, multimedia, interactivos, 3D, etc.) (Murado Bouso, 2012). Existen numerosas investigaciones que han analizado el uso de la PDI a través de diferentes programas de formación docente en distintos niveles educativos y áreas curriculares. Así, Gallego, Cacheiro y Dula (2009), en su trabajo de tesis “La Pizarra Digital Interactiva como Recurso Docente”, sobre PDI en contextos de lengua inglesa concluyen: La PDI se incorpora al abanico de recursos tecnológicos que puede utilizar el docente, con un importante nivel de posibilidades tecnopedagógicas, creativas e innovadoras que se aumentan y fortalecen cuando se ofrece una formación adecuada a los profesores. La inversión en equipos debe ir siempre acompañada por la inversión en formación. Los equipos son imprescindibles pero servirán de poco sin facilitar la formación a los docentes. (p.18)

Hervás, Toledo y González (2010) citan a Ekhami (2002) y a Levy (2002) al definir que: La pizarra digital interactiva es un recurso tecnológico en su totalidad, pues facilita “la incorporación y uso de un rango de recursos multimedia en las clases

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como textos, imágenes, video, sonido, diagramas, sitios webs en línea”, es decir, en ella se comprenden otros recursos que dejan de presentarse de manera aislada, a fin de encaminarse hacia la optimización del aprendizaje de los estudiantes. (p. 204) Lo anterior implica que los docentes se verán afectados por un proceso de adaptación que los inducirá a desarrollar una formación técnica, pedagógica y metodológica que potencie la creatividad con los materiales didácticos, con una correcta utilización y aprovechamiento de las PDI. Es decir, sería un gran error que la formación universitaria sobre PDI contemple solo los aspectos técnicos sin incluir el enfoque pedagógico y didáctico, ya que el nivel de conocimiento y la habilidad de la tecnología no es un sustituto de la habilidad pedagógica. Por consiguiente, la incorporación de las TIC en las aulas, específicamente, las pizarras digitales, exige que los docentes adquieran habilidades en el uso de estas herramientas, bien sea de forma autodidacta o realizando cursos de formación o de actualización de ellas, que les permitan adaptarse a la evolución de los avances tecnológicos. Ahora bien, algunas competencias que se desarrollan en los estudiantes y que favorecen el aprendizaje significativo con el uso de las pizarras digitales son: competencias intrapersonales, interpersonales, didácticas, trabajo colaborativo, innovación y manejo de recursos TIC.

3.

Metodología

El enfoque de esta investigación es mixto, es cuantitativo porque se utilizan instrumentos para recoger, procesar y analizar estadísticamente los datos obtenidos, y es cualitativo porque se observa la práctica docente y analiza las competencias, recursos y actividades que se apoyan con el uso de las pizarras digitales en los espacios de encuentro académico y de colaboración de la UCA. Su alcance es exploratorio porque caracteriza el potencial que tienen las pizarras digitales

Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado interactivas para crear entornos mejorados de aprendizaje, y el diseño de la investigación es no experimental del tipo transversal o transeccional, puesto que los datos se recolectaron en un único momento (II cuatrimestre de 2015). El universo de la investigación son los docentes de la UCA. La muestra es no probabilística, puesto que se seleccionaron aquellos a los que se tenía fácil acceso y que estaban dispuestos a colaborar, tomando como referencia el perfil académico de las carreras, los recursos didácticos y las actividades evaluativas planificadas.

Potencial que tienen las PDI para crear entornos de aprendizaje efectivos De acuerdo con investigaciones ya realizadas, la PDI --si es incorporada adecuadamente en el ámbito de la educación universitaria-es herramienta muy prometedora para las universidades de Nicaragua. Dentro de las bondades pueden mencionarse: •

Recurso flexible y adaptable a distintas metodologías y recursos didácticos.

Enseñanza de carácter constructivista.

Curva de aprendizaje corta por parte de docentes y de estudiantes.

Acceso a los servicios y recursos de internet (opcional, pero recomendable).

Sesiones de interactivas.

1. Revisión bibliográfica y análisis documental, donde se logró identificar los beneficios que tienen las pizarras digitales interactivas en el aula y cómo esta tecnología favorece el quehacer académico y administrativo.

Variedad de recursos didácticos estrategias de evaluación.

Trabajo colaborativo.

Innovación.

2. Elaboración y aplicación de instrumentos que permitieron recopilar información de docentes, en cuanto al uso potencial de las pizarras digitales.

Motivación e interés del docente y de los estudiantes.

Facilidad de aprendizaje en la educación especial.

Fomento de la disminución de la brecha digital tanto en docentes como en estudiantes.

Promoción de la participación activa.

Desarrollo de competencias intrapersonales e interpersonales, así como informáticas, informacionales y pedagógicas.

Las técnicas de recopilación de datos utilizadas fueron el análisis documental de la bibliografía especializada, la observación, grupos focales, y encuestas que fueron aplicadas mediante la herramienta Drive de Google. El estudio se llevó a cabo en tres fases:

3. Análisis y procesamiento de datos para la generación de resultados y de conclusiones del trabajo investigativo.

4.

Resultados y discusión

En este acápite se encontrarán los resultados de la investigación, los cuales están agrupados en el potencial que tienen las pizarras digitales interactivas para crear entornos de aprendizaje efectivos (lo cual se identificó a través de la revisión de la bibliografía especializada, del quehacer actual y de la percepción del uso de las PDI de las y de los docentes), y con los requisitos mínimos o fundamentales para implementar el uso de las PDI en la UCA.

clases

más

dinámicas y

e de

Por otra parte, el instrumento que se aplicó a las y a los docentes participantes en el estudio permitió recopilar información general de los profesores y de las áreas de conocimiento que imparten, del uso actual de la tecnología que utilizan en el aula, y de cómo perciben la incorporación de las PDI en el salón de clases. A continuación, los resultados obtenidos:

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Se encuestó a 16 docentes (100%): el 44% mujeres y el 56% hombres. El docente es uno de los actores más importantes en la educación de los profesionales que egresan de la UCA, por lo cual, la experiencia es un indicador elemental. Del 100% de los encuestados --que corresponde a 16 docentes--, el 44% tiene de 1 a 5 años de docencia en la UCA, en menor proporción, el 31% tiene de 6 a 10 años en la docencia, y un 25% más de 10 años. Fig. 1: Tiempo de docencia en la UCA

El 27% de los docentes encuestados, afirman que imparten asignaturas para la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, el 17% para Administración de Empresas; en menor proporción a Psicología, a Comunicación Social, a Marketing, a Finanzas y a Contaduría Pública y Auditoría. Fig. 2: Carreras o programas donde los docentes imparten clases

Las y los docentes encuestados imparten diferentes asignaturas. Geografía e Inventarios Turísticos, Tecnología de la Restauración, Tecnología del Hospedaje, Reducción de Riesgo ante Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Herramientas Ofimáticas, Laboratorio de Programación I y II, Diseño de Aplicaciones Orientadas a Objetos, Estructura, Representación y Manejo de la Información, Empresa y Economía del Conocimiento, Herramientas para la Implementación y Verificación de Sistemas, Informática Básica, Taller de Medios Impresos, Cibercomunicación I y II, Fotografía y Teorías de la Comunicación, Semiótica, Ilustración, Dibujo Artístico, Dibujo Anatómico, Metodología de la Investigación, Herramientas para la Programación de Sistemas, Género, Economía y Desarrollo, Taller de Redacción, Introducción a los Estudios de Género, Diseño e Implementación de Sitios Web, Seguridad de Sistemas y Redes, Administración de Sistemas Operativos, Introducción a la Ingeniería, Seminario de Investigación, Filosofía

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y pensamiento contemporáneo, Construcción del conocimiento, Filosofía Social, Administración de Recursos y Costos, Planificación de Proyectos, Ingeniería de Proyectos, Creación de Empresas, Investigación de Mercado, Marketing de Servicio, Administración y Estrategia de Productos, Mercadeo, Plan de Marketing, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Hidrología, Contaminación de Suelos, Manejo de Cuencas Hidrográficas, Meteorología y Climatología. En relación con el nivel de tecnología de la UCA, el 63% de las y de los docentes afirman que esta casa de estudios tiene un nivel tecnológico medio en relación con las instituciones educativas nacionales, un 31% opina que tiene un nivel alto, y solo el 6% indica que es bajo. Aunque el nivel tecnológico sea medio, no puede olvidarse el innovar con mayor rapidez, porque aún hay atrasos en relación con otras universidades, “la primera pizarra interactiva se fabricó por SMART Technologies Inc. en 1991” (Hervás et al., 2010), y es hasta en 2015 que la UCA da los primeros pasos para incorporar estas nuevas tecnologías educativas. Estar a la vanguardia tecnológica y pedagógica evidencia compromiso por formar profesionales competentes para la nueva economía del conocimiento, y por contribuir a la disminución de la brecha digital de nuestro país. La implementación de las PDI y un buen uso de ellas suponen un incremento del nivel tecnológico de la UCA. Actualmente, el 100% de los encuestados desarrolla sus clases utilizando medios tecnológicos como proyectores y computadora, en su mayoría con una frecuencia de siempre y la mayoría de veces. Esto evidencia el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que brinda la UCA a su comunidad universitaria. Fig. 3: Frecuencia semanal con la que el docente hace uso de los medios tecnológicos

En cuanto a las destrezas y habilidades en el manejo de las tecnologías, un 38% de los docentes las categorizan como excelentes, igual Contribuyendo al desarrollo a través de la Investigación


VII Encuentro de Investigación de Posgrado porcentaje las califica como muy buenas. Esto está estrechamente relacionado con la formación en el uso de las TIC que las y los docentes han recibido a lo largo de su formación como tales; el 38% afirma que esta ha sido óptima, pero un 31% la cataloga como insuficiente. La formación docente es uno de los pilares esenciales para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, la cual no debe enfocarse únicamente en el uso operativo de las herramientas, sino también en el uso didáctico y pedagógico.

realizar los trabajos asignados en clase. Un 38% afirma que siempre pide a los estudiantes el uso de tecnologías. El 75% de las respuestas de los docentes encuestados afirma que el uso de las tecnologías facilita el trabajo en grupo y la colaboración con sus alumnos, igual porcentaje indica que es un recurso importante para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Fig. 5: Consideraciones sobre el uso de las TIC

Fig. 4: Formación en el uso de las TIC que han recibido a lo largo de su quehacer docente

Un 63% de docentes utilizan materiales didácticos digitales interactivos, entre los que destacan mapas mentales interactivos, simuladores, test, laboratorios de software, guías de aprendizaje, presentaciones de PowerPoint con link a vídeos o a sitios web de interés, conferencias, cuestionarios, talleres moodle, etc. En cuanto a la creación de materiales didácticos, el 81% de los docentes sí crean estos, mientras que el 19% no lo hace. El 44% afirma que siempre utilizan estos materiales en sus sesiones de clases, un 38% los utiliza frecuentemente, y un 13% raras veces. Vídeos, entradas de blog, laboratorio, presentaciones, tutoriales, guías de trabajo, grabaciones, videotutoriales, manuales, texto básico de la asignatura, guías de aprendizaje y lección en moodle, son algunos tipos de materiales que los docentes crean para sus clases.

Todos los docentes encuestados afirman que la utilización de los medios tecnológicos que la UCA ha puesto a disposición de la comunidad universitaria ha contribuido a la mejora de su quehacer académico. En relación con las pizarras digitales interactivas, un 69% de docentes afirman que han escuchado o leído sobre qué es una PDI, pero aún no han interactuado con una; el 13% no conoce sobre el tema, y solo un 19% sí sabe y ha utilizado pizarras de este tipo. Esto evidencia la necesidad de capacitación en cuanto al uso potencial de esta nueva herramienta, ya que el 69% de los docentes consideran que la utilización de las PDI contribuye a crear ambientes de aprendizaje más efectivos, un 31% indica no saber, y ningún docente afirma que no contribuye. Entre las razones por las que los docentes consideran que las PDI contribuyen a crear ambientes efectivos se pueden mencionar: •

En relación con el uso de las nuevas tecnologías (blogs, correo electrónico, chat, página personal y plataformas educativas) como medio de comunicación con los estudiantes, un 94% de los docentes afirman que sí utilizan estos medios de comunicación, y un 6% indica que no.

Permite captar la atención de los estudiantes, por lo cual, su participación en el proceso de aprendizaje se vuelve más efectiva.

Facilitaría el proceso de enseñanza, siempre y cuando se utilice adecuadamente.

El 56% de los docentes expresan que en sus actividades de aprendizaje, frecuentemente piden a sus estudiantes que utilicen las TIC (www, internet, e-mail, debates en línea, multimedia, etc.), además del procesador de textos para

Es relevante en todo proceso de aprendizaje, tanto en la dinámica presencial como virtual, la interacción-retroalimentación.

Fomentaría la participación y la creación de diagramas de flujos más dinámicos, entre otros.

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Se lograrían mejores aprendizajes al tratar de recrear situaciones reales o al menos modelándolas y presentándolas visualmente (aprendizaje cooperativo).

de la brecha digital y de la asimetría tecnológica en las instituciones, según el país donde están ubicadas.

Facilita presentar imágenes, vídeos, esquemas y otros aspectos didácticos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

crear ambientes de aprendizaje efectivos?

Facilitaría la ejemplificación o la demostración sobre el objeto de estudio.

Conviertiría el aula en un espacio totalmente dinámico e interactivo.

Se podría brindar un ambiente más dinámico y enriquecedor por cuanto las y los estudiantes interactúan con el o con la docente y demás compañeros(as) de una forma atractiva y práctica; además, la PDI puede registrar fácilmente cada instante de la clase para futuras consultas por docentes y por estudiantes.

Promueven, las PDI, la motivación y la participación de los estudiantes al permitir clases más interactivas. Esto contribuye a que el aprendizaje de algunos temas sea más fácil. Contribuyen, las PDI, según lo leido sobre ellas, a crear un ambiente más colaborativo, donde los estudiantes pueden participar y crear un proceso de retroalimentación más ágil y efectivo.

Un 81% de las respuestas de los docentes encuestados afirman que las PDI contribuyen a crear ambientes de aprendizaje efectivos porque hacen que las clases sean más dinámicas e interactivas, en iguales porcentajes, el 75% de las respuestas indican que este tipo de pizarras favorece ambientes de aprendizajes efectivos, porque promueven la innovación y el manejo de los recursos TIC, y ayudan al docente a una gestión efectiva del tiempo. En menores porcentajes, las respuestas indican que las pizarras desarrollan competencias tecnológicas e informacionales para el ciudadano(a) de la Nueva Sociedad de la Información, y que facilitan el debate, lo que puede interpretarse como percepciones producto

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Fig. 6: ¿De qué manera las PDI contribuyen a

Por otra parte, el 75% de los encuestados afirman que la implementación de las PDI en las aulas sí conlleva un cambio de metodología o de estrategias de enseñanza-aprendizaje, un 19% ha indicado que no sabe, y solo un 6% afirma que el uso de esta herramienta no significa un cambio en su quehacer docente. Entre los contenidos que pueden planificarse con las PDI en las asignaturas que imparten los docentes, ellos mencionan: •

Cualquier contenido. Claro que hay contenidos más adecuados que otros, pero, en general, todo depende de los objetivos que se persiguen.

La identificación de riesgos en una cartografía.

Todos los elementos que son de desarrollo y de carácter práctico

Todos los aspectos conceptuales.

Demostraciones, gráficos, procesos, flujos, etc.

Diagramas de flujo de datos, modelo relacional de base de datos, entre otros.

En todos, es cuestión de buscar recursos y actividades que se apoyen con las PDI.

En la clase de geografía sería un excelente recurso para presentar imágenes interactivas de los continentes, y ubicar los sitios turísticos por departamentos a nivel nacional.

Presentación y explicación de esquemas, ciclos y videos

Proceso administrativo, estados financieros, programación física y financiera de proyectos

Metodología de la investigación

procedimentales

y

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Y las actividades de aprendizaje que podrían potenciarse son:

Requisitos mínimos o fundamentales para implementar el uso de las PDI en la UCA.

El aprendizaje colaborativo. El trabajo con imágenes y audio.

Técnicas como presentación de modelos, simulación, elaboración y resolución conjunta de situaciones problemáticas.

Para asegurar el buen uso y aprovechamiento de las PDI donadas por el CNU, debe llevarse a cabo un plan de implementación que incluya los siguientes elementos:

Explicación de esquemas, ciclos, vídeos.

Trabajos prácticos, ejercicios, mapeo de procesos, construcción de organigramas.

Creación de diagramas/modelos, realización de discusiones en clase, casos de estudio, esquemas gráficos, exposiciones, presentación de contenido, depuración de software, ejercicios prácticos, guías, etc.

Las prácticas de campo para presentar ejemplos de otras experiencias y que los estudiantes puedan vincular sus ideas a otras realidades.

Todas, en particular aquellas que requieren la participación del grupo o el trabajo colaborativo en el aula.

En aquellas actividades donde es necesaria un feedback inmediato de lo que se desarrolla en las clases.

Diagramación y modelado, entre otras.

Metodología de la investigación.

En relación con las necesidades de capacitación en el uso de las PDI, el 88% de los docentes afirman que sí es necesario un curso especial de formación en el uso de la herramienta, un 6% indica que no, y un 6% afirma que no sabe, puesto que no conoce del tema. Es importante señalar que el 94% de los docentes están dispuestos a utilizar las PDI en sus clases si reciben la capacitación adecuada, y solo el 6% evidencia dudas al respecto.

a. Garantizar la infraestructura adecuada para la instalación de los equipos, tomando en cuenta las especificaciones generales de las PDI, así como las condiciones eléctricas, ambientales y de seguridad adecuadas. La siguiente tabla contiene algunas de las especificaciones recomendadas por EPSON en su Guía del Usuario: Tabla 1: Algunas especificaciones recomendadas por EPSON.

En el documento proporcionado por EPSON se incluyen otras especificaciones relacionadas a: la lámpara, el control remoto, el lápiz interactivo, la seguridad y las homologaciones del proyector, los formatos de pantalla de vídeo compatibles y los requisitos de sistema de USB Display (pp. 316330). b. Identificar las áreas donde se colocarán las PDI, a partir de la definición de criterios como la disponibilidad y las condiciones del aula, capacidad, áreas con mayor potencial de uso, espacios que fomenten el trabajo colaborativo, etc. Es importante tomar en cuenta que las PDI son recursos institucionales que deben ser compartidos con las áreas que las necesiten. c. Establecer un plan de mantenimiento. Según EPSON, la PDI requiere poco mantenimiento para funcionar en óptimas condiciones. Entre los más comunes se encuentran: limpieza periódica de la ventana de proyección y del sensor de obstáculos, limpieza del filtro y de las salidas de aire para evitar que el proyector se sobrecaliente, en algunos casos el reemplazo de la lámpara, el filtro de aire, las pilas y las puntas del lápiz, las pilas del panel de control de pared y las pilas del control remoto.

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Se recomienda que este mantenimiento esté a cargo de la Dirección de Informática de la UCA, en colaboración con la Oficina de Apoyo Logístico, y que se realice en los períodos intercuatrimestrales (tres veces al año). d. Definir roles y funciones para la asistencia técnica a los usuarios de las pizarras Es importante definir quiénes serán los responsables de asistir a los usuarios de las pizarras. Por ejemplo: para entregar el control remoto y los lápices, problemas de conectividad, configuración para trabajar con equipos en red, etc. Se recomienda que esta asistencia esté a cargo de la Oficina de Apoyo Logístico en aquellas aulas, salas o auditorios que le competen; la Dirección de Informática puede estar a cargo en el caso de instalar equipos en los laboratorios de cómputo y demás áreas de la Universidad. e. Por último, pero no menos importante, para asegurar el buen uso y aprovechamiento de las PDI se debe formular un Plan de Capacitación Docente que se enfoque no solo en aspectos técnicos o en cómo usar las opciones de las PDI, sino también en aspectos pedagógicos y metodológicos, donde el eje central sean los recursos, estrategias, métodos de enseñanza y actividades de que se potencien con el uso de la PDI. Se sugiere que la formación de los profesores y de los usuarios de las PDI esté a cargo de la Dirección de Formación y Desarrollo Académico a través del eCentro, y se propone que se incluya como un Taller / Curso en la Ruta de Formación Docente.

5.

Conclusiones

• La pizarra digital interactiva constituye una herramienta que promueve el aprendizaje significativo de las y de los estudiantes, mediante un ambiente efectivo basado en la interactividad, dinamismo, motivación e innovación. • Los docentes de la UCA utilizan diversos recursos y medios tecnológicos en su práctica educativa, los cuales podrán potenciarse con la implementación y uso adecuado de las PDI.

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• Mediante la Ruta de Formación Docente, las y los profesores han adquirido una variedad de competencias, entre ellas, informáticas e informacionales, pero estas deberán complementarse con el uso de nuevas herramientas tecnológicas como las PDI. • La formación docente es uno de los pilares esenciales para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, y no debe enfocarse únicamente en el uso operativo de las herramientas, sino también el uso didáctico y pedagógico. • Para asegurar el buen uso y aprovechamiento de las PDI en la UCA, se debe formular un plan integral u holístico, enfocándose en garantizar la infraestructura adecuada para la instalación de los equipos, identificar áreas de ubicación de las PDI, establecer un plan de mantenimiento, definir roles y funciones para la asistencia técnica a los usuarios, y formular un plan de capacitación orientado a formar docentes competentes en el uso de la tecnología, pero también con competencias didácticas y pedagógicas que les permitan mejorar su práctica docente y brindar una educación de calidad.

6.

Reconocimientos

La realización de esta investigación fue posible, gracias al apoyo de la Universidad Centroamericana en el préstamo de sus instalaciones y equipos. Al personal de la Dirección de Informática, el eCentro y la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente, quienes de manera conjunta colaboraron en el desarrollo de este estudio. Al tutor, Msc. Mauricio García, por el apoyo, paciencia, dedicación y motivación brindados para culminar esta investigación, y a los docentes participantes, por su disposición y por su confianza, ya que sin ellos no habría sido posible la recolección dee los datos necesarios para el desarrollo de este trabajo.

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Referencias bibliográficas

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Anexos Fig. 1: Tiempo de docencia en la UCA.

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Fig. 2: Carreras o programas donde los docentes imparten clases.

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Fig. 3: Frecuencia semanal con la que el docente hace uso de los medios tecnol贸gicos.

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VII Encuentro de Investigaci贸n de Posgrado Fig. 4: Formaci贸n en el uso de las TIC que han recibido a lo largo de su quehacer docente.

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Fig. 5: Consideraciones sobre el uso de las TIC.

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VII Encuentro de Investigación de Posgrado Fig. 6: ¿De qué manera las PDI contribuyen a crear ambientes de aprendizaje efectivos?

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Tabla 1: Especificaciones recomendadas por EPSON en su Guía del Usuario

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22 de agosto, 2015 Lugar: Aula Magna “P. César Jerez, S.J.” Managua, Nicaragua

Memoria VII Encuentro de Investigación de Posgrado  
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