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calidad de la ciudadanía en méxico • ife
de las familias y las empresas. Cuando se pregunta por las razones de esta situación, 41.8% considera que la causa es el desempleo, seguido de la pobreza y el narcotráfico. Si se analiza otro ángulo del problema, como la corrupción en las fuerzas de seguridad, los que ganan en corrupción son los agentes de tránsito, los policías municipales, los agentes del Ministerio Público, los jueces, y las policías estatal y federal. Los únicos que aparecen bien evaluados en el estudio son el Ejército y la Marina. Otro dato preocupante de la Envipe es el incremento de la inseguridad en lugares que antes se consideraban tranquilos, pero que hoy reportan un incremento de inse guridad importante. A estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua se han sumado otros. De 2012 a 2013 el índice de victimización subió 23.4% en Jalisco, 23.8% en Sonora y 29.7% en Tlaxcala; y donde se agudizó el fenómeno fue en estados como Querétaro con 39.9%, Chiapas con 34.6% y, sobre todo, Yucatán con 67.8%. La ola crece y son excepcionales los casos en donde ha bajado, como Nayarit con una disminución de 22.4 por ciento. En la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, del Instituto de Investi gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (iij-unam), se ratifican los resultados del inegi: la seguridad se ha convertido en un problema central; además, para la mayoría de los entrevistados la justicia en México no funciona bien por las razones comentadas de impunidad y corrupción. La hipótesis de ese estudio es cercana a la nuestra: el tipo de relación establecido entre el ciudadano y el Estado ha dado lugar a un desarrollo extra-normas o de arreglos particulares que han evitado que las reglas establecidas para el juego se respeten. […] Esto ha traído como resultado un deterioro de las instituciones y de su legitimidad, […] [y] la restauración o restitución de […] [éstas] implica[n] un rediseño del Estado [http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/].
Entre los hallazgos más importantes de dicho estudio se encontró que la gran ma yoría de la población se siente desprotegida contra el abuso de autoridad, a la vez que asocia la violación a los derechos humanos con el poder y las autoridades. Sin embar go, estas preocupaciones por el abuso y la violencia de las autoridades se corresponden con el territorio discursivo de la población en general. Cuando pasamos hacia el terri torio de los delincuentes o los narcotraficantes nos movemos en un espacio normativo diferente donde el abuso tiene otra legitimidad al conectarse con una visión punitiva de la justicia que es altamente compartida. En el presente estudio y en sintonía con lo anterior, encontramos que uno de cada cuatro encuestados dijo que había sido víctima de la delincuencia, o alguien que vive en su vivienda o ambos (véase gráfica 1.1). Al preguntarles qué delito fue el que más les afectó, 36.5% mencionó que el robo con violencia, mientras que 21% dijo que el robo sin violencia, seguido por la extorsión (11.5 por ciento). Al analizar los resultados por región (véase gráfica 1.2) podemos observar que, se gún los encuestados que mencionaron haber sido victimizados, las regiones Centro y Norte fueron las más afectadas por el delito (26%), mientras que la región Sur fue la me nos afectada por éste (15%). Dichos resultados son acordes con los que arroja la En vipe (2013), según la cual los estados con una mayor tasa de prevalencia e incidencia delictiva per cápita están justamente en esas regiones (Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México y Morelos), con excepción de Michoacán y Jalisco.